Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00091-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00091-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2009-00091-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
26 de julio de 2018
COTEJO MARCARIO – Entre el signo EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ y la marca previamente registrada EL TRIGAL / REGISTRO MARCARIO – Procedencia respecto del signo EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a Sala destaca que en sentencia de 31 de agosto de 2015, con ponencia del Consejero de Estado Doctor Roberto Augusto Serrato Valdez, esta Sección, en un caso de idénticos presupuestos de hecho y de derecho, donde se estudió la posible confundibilidad de las mismas marcas que se estudian en el caso sub examine pero en diferente clase y en donde actuaban las mismas partes, determinó que el signo solicitado GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ y la marca mixta EL TRIGAL, no eran semejantes y, por ende, no generaban riesgo de confusión, siendo posible su registro y su coexistencia en el mercado. (…) Así las cosas, atendiendo a que existe identidad de partes y signos, la Sala reitera las consideraciones precedentes en cuanto al análisis de confundibilidad que se realizó entre el signo mixto solicitado GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ y la marca mixta EL TRIGAL, con base en lo cual, colige que no existe similitud o semejanza entre los signos, motivo por el cual, no se configura el primer presupuesto a que se refiere la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, siendo innecesario de esa manera estudiar el segundo de los supuestos, esto es, la conexidad competitiva entre los servicios que identificaría el signo y los productos que distingue la marca y, en consecuencia, los signos pueden coexistir en el mercado por cuanto no generan riesgo de confusión o asociación entre los consumidores. El cargo no prospera.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00091-00
Actor: MOLINO SANTA MARTA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Referencia: Reiteración de antecedente. Es registrable la marca EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ al no tener semejanza con la marca EL TRIGAL. Criterios de comparación entre marcas mixtas.
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Molino Santa Marta S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 20310 de 20 de junio de 2008.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
ANTECEDENTES
La demanda
Molino Santa Marta S.A., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado especial, presentó demanda que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina, en adelante, Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 20310 de 20 de junio de 2008, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
La demandante solicitó que se ordene a la demandada cancelar el registro de la marca mixta EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ, concedida a favor de Molino Santa Marta S.A., para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, solicitó que se reconozcan las siguientes:
Pretensiones
“[…] 1. Que las marcas EL TRIGAL y EL GRAN TRIGAL son similares en grado de causar confusión y que, por ende, dado que la marca EL TRIGAL (mixta) de MOLINO SANTA MARTA S.A. se encontraba registrada y vigente al momento de expedirse la Resolución 20310 de 20 de junio de 2008 demandada, no es posible registrar la marca EL GRAN TRIGAL (mixta), conforme a la prohibición contenida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. Que es nula la Resolución No. 20310 de 20 de junio de 2008 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada contra la marca EL GRAN TRIGAL (mixta) en la Clase 35 y se concedió el registro de dicha marca.
3. Que, como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se abstenga de expedir el correspondiente Certificado de Registro, si no lo ha hecho, o lo cancele, si ya fue expedido, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”.
Presupuestos fácticos
La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S. en C., el 17 de enero de 2005, solicitó el registro de la marca mixta EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 554 de 29 de junio de 2005, habiendo sido objeto de oposición por parte de Molino Santa Marta S.A. con fundamento en la existencia previa de la marca mixta EL TRIGAL registrada, a su favor, para identificar productos de la clase30de la Clasificación Internacional de Niza, con el certificado núm. 279744.
La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 20310 de 20 de junio de 2008, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Molino Santa Marta S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra lo decidido en la Resolución núm. 20310 de 20 de junio de 2008.
La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 27971 de 31 de julio de 2008, rechazó los recursos interpuestos.
Molino Santa Marta S.A. interpuso recurso de queja contra lo decidido en la Resolución núm. 27971 de 31 de julio de 2008.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 32477 de 29 de agosto de 2008, resolvió el recurso de queja, en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 27971 de 31 de julio de 2008.
Normas violadas
Molino Santa Marta S.A. adujo la vulneración delos artículos 61 de la Constitución Política y 136 literal a) de la Decisión 486.
Concepto de la violación
La demandante, en síntesis, expuso los cargos de violación así:
Afirmó que la demandada vulneró el artículo 61 de la Constitución Política por cuanto “[…] el Estado, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene el deber de velar por los derechos de propiedad intelectual, negando el registro de marcas de terceros que, por ser confundiblemente similares a la marca registrada, violan el derecho de uso exclusivo de su titular […]”.
Sostuvo que la demandada desconoció el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 toda vez que el signo solicitado “[…] reproduce la totalidad de la parte nominativa de la marca fundamento, presentándose así identidad entre las marcas, la doctrina y la jurisprudencia han fijado una serie de pautas que permiten determinar la confundibilidad, o la ausencia de ella, pautas éstas que son de obligatorio análisis para el funcionario fallador, puesto que no puede dejarse al criterio subjetivo de éste la determinación del riesgo de confusión […]”.
Agregó que “[…] los signos objeto de estudio son confundiblemente similares desde el punto de vista ortográfico y fonético, toda vez que el signo solicitado es la reproducción idéntica de la marca fundamento, salvo por la inclusión de la expresión GRAN, la cual no otorga ninguna distintividad a la marca solicitada, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una expresión absolutamente descriptiva […]”.
Precisó que“[…] ni los elementos gráficos, ni los elementos denominativos secundarios “estamos pa´ servirle sumercé”, le imprimen a la marca solicitada la distintividad requerida, pues no son los dominantes en el conjunto marcario, ni los que el público consumidor va a recordar para identificar o demandar el producto y/o servicio que identifica en el mercado […]”.
Explicó que “[…] en cuanto al carácter débil que el Despacho expone considerar, respecto de la marca EL TRIGAL, en tanto se trata de una expresión descriptiva, es preciso aclarar que la expresión EL TRIGAL no es una marca débil, pues de forma alguna indica un género, cualidad ni característica esencial de productos amprados por la Clase 30 en la cual está registrada la marca EL TRIGAL, pues un vocablo o elemento marcario es débil cuando es fuertemente evocativo del producto al cual corresponde su registro, siendo ésta una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre […]”.
Adujo que “[…] al eliminar el componente descriptivo de la marca solicitada, la resultante es la identidad de las marcas, la cual hace presumir que existe un riesgo de confusión […]”.
Por último, expresó que “[…] los productos de la clase 30 y los servicios para los cuales se solicitó y concedió el registro de la marca EL GRAN TRIGAL (mixta) en la clase 35, son servicios que tienen por finalidad la comercialización y distribución de “productos alimenticios, víveres y bebidas”, todo lo cual indica que se trata de servicios que tienen una relación directa y obligatoria con los productos de la clase 30 internacional en la que se encuentra registrada la marca fundamento […]”.
Contestación de la demanda
La Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de su apoderado especial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante argumentando lo siguiente:
Comparó los signos, con base en lo cual afirmó que “[…] se caracterizan por elementos gráficos, en el signo hoy demandado existen tres franjas de fondo al interior de un circulo, detrás de la representación de una mujer campesina, que además agrupan el aspecto denominativo, para integrar no sólo el mayor espacio del signo, sino también un elemento ideológico propio que evoca el campo colombiano. Por el contrario la marca de la sociedad demandante está compuesto por un molino de color azul que ocupa por lo menos el 70% del espacio, debajo del cual se encuentra el componente nominativo. Lo cual resulta suficiente para concluir que las marcas cuentas con elementos gráficos que le dan a sus conjuntos marcarios gran distintividad y no generan entre ellos riesgo de asociación o confusión […]”.
Explicó que “[…] respecto de los elementos denominativos las marcas en efecto, como ya se advirtió comparten la expresión trigal. No obstante es preciso señalar que existe en el derecho marcario “marcas evocativas con debilidad marcaria”, en cuyos casos se debe respetar el derecho adquirido sobre este tipo de marcas, la comparación debe ser más laxa, en tanto nadie puede apropiarse de un concepto que evoque una característica del producto o servicio […]”.
Sostuvo que “[…] la sociedad demandante podrá ejercer exclusividad sobre el signo en su conjunto, más no sobre los elementos nominativos del conjunto independientemente considerados “trigal”, pues estos corresponden a conceptos débilmente distintivos, se reitera, que pueden ser utilizados por cualquier otro empresario del sector para informar algo sobre el producto, o incluso incorporarlos de forma evocativa en una marca siempre y cuando no sea un signo idéntico o similarmente confundible con la combinación distintiva del signo […]”.
Concluyó que “[…] la marca registrada cuneta con la distintividad suficiente para ser considerada como marca […]”.
Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S. en C., vinculado al proceso como tercero con interés directo en el resultado del proceso, no se pronunció respecto de la demanda.
Interpretación Prejudicial
El Despacho sustanciador, mediante auto de 8 de julio de 2014, ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 329-IP-2015 de 15 de octubre de 2015, en adelante Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debía interpretarse el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.
Desistimiento de la demanda
La demandante, mediante escrito radicado el 14 de octubre de 2014, solicitó el desistimiento de la demanda; respecto de lo cual, este Despacho, a través de auto de 6 de noviembre de 2014, rechazó la solicitud presentada por cuanto la posición de la Sección en ese momento establecía que no era procedente desistir de la demanda cuando se tratara de la acción de nulidad relativa a que se refiere el artículo 172 de la Decisión 486, toda vez que "[...] es el interés general el que prima de acuerdo con las normas comunitarias [...]".
La Sala precisa, en esta oportunidad, que la posición de la Sección, en cuanto a la procedencia del desistimiento de la demanda de nulidad relativa, cambió a partir del auto de 28 de septiembre de 2017, con ponencia del Consejero de Estado Doctor Roberto Augusto Serrato Valdez; sin embargo, atendiendo a que en el presente caso la solicitud de desistimiento ya había sido resuelta, no resulta posible declarar de oficio el desistimiento con base en la nueva posición jurisprudencial y, por ende, corresponde continuar el trámite del proceso hasta su finalización, sin perjuicio de que el demandante, en casos similares, pueda solicitar nuevamente el desistimiento de las pretensiones de la demanda de nulidad relativa para así proceder a su estudio con base en la posición actual de la Sección.
Alegatos de conclusión
Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante Código Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de agosto de 2017, corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial; vencido el plazo, la demandada reiteró los argumentos de defensa; mientras que la demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso no hizo manifestación alguna. El Ministerio Público en esta oportunidad procesal guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011, sobre el régimen de transición y vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 1 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 2003, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) Interpretación Prejudicial 329-IP-2015 de 15 de octubre de 2015 y vii) análisis del caso concreto.
La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado alguna causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.
El acto administrativo demandado
El acto administrativo demandado es el siguiente:
Resolución núm. 20310 de 20 de junio de 2008, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió la solicitud de registro de marca, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por Molino Santa Marta S.A. y, en consecuencia, conceder el registro de la marca mixta EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ, a favor de Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S. en C., para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó:
“[…]
El examen permite concluir que los signos se caracterizan por los elementos gráficos que lo componen; en el signo solicitado, existen tres franjas de fondo al interior de un circulo, detrás de la representación de una mujer campesina, que además agrupan el aspecto denominativo, para integrar no sólo el mayor espacio del signo, sino también un elemento ideológico propio que evoca el campo colombiano. Por el contrario, la marca opositora está compuesta por un molino de color azul que ocupa por lo menos el 70% del espacio, debajo del cual se encuentra el componente nominativo (EL TRIGAL")
Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que los aspectos gráficos son suficientemente distintivos y no generan riesgo de confusión con la marca opositora. Pese a ello, el estudio de los aspectos denominativos permitirá efectuar algunas precisiones. En primer lugar, obsérvese que al comparar el aspecto denominativo se debe atender a una visión de conjunto lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos.
[…]
Del análisis global de la marca solicitada, frente a la marca opositora, se desprende que incluso el elemento denominativo del signo solicitado en registro tiene distintivo suficiente para ser registrada, en tanto se traduce en una expresión con significado propio. El análisis al ser en conjunto obliga a que la marca opositora sea analizada integralmente y si bien existe la coincidencia ortográfica, fonética e ideológica respecto del artículo "EL" y la expresión "TRIGAL", (“EL GRAN TRIGAL…", frente a "EL TRIGAL”) esta recae en la expresión de menor relevancia, dado que, insistimos sobre ellas no es posible conferir exclusividad alguna en su uso y porque el elemento nominativo que otorga toda la distintividad requerida a la marca solicitada se centra en EL GRAN TRIGAL, que además está acompañado de "Estamos pa' servirle sumercé"
Es oportuno anotar que el titular de la marca opositora solamente podrá ejercer exclusividad sobre el signo considerado en su conjunto (EL TRIGAL" GRÁFICO) más no sobre los elementos nominativos del conjunto independientemente considerados "EL" o "TRIGAL", pues estos son conceptos débilmente distintivos que pueden ser utilizados por cualquier otro empresario del sector para informar algo sobre el producto, o incluso incorporarlos de forma evocativa en una marca siempre y cuando no sea un signo idéntico o similarmente confundible con la combinación distintiva del signo nominativo "EL TRIGAL" o cualquier otra marca registrada para los productos idénticos o similares. En otras palabras solo es oponible el conjunto y no puede privarse otros comerciantes de utilizar tales elementos nominativos en otra disposición o separados del contexto marcario que aquí se estudia.
Al dar aplicación a los criterios antes expuestos, esta oficina considera que entre el signo solicitado "EL GRAN TRIGAL Estamos pa' servirle sumercé" (mixta) y la marca opositora ("EL TRIGAL", mixta), no se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto.
En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se procederá a la concesión del registro solicitado.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición de que da cuenta el considerando segundo de esta resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de:
La marca: EL GRAN TRIGAL + LOGO – estamos pa´ servirle sumercé + GRÁFICO, según el siguiente modelo:
Para distinguir: Servicios prestados a través de establecimientos de comercio, agencias, depósitos o supermercados, servicios de venta al por mayor y al detal, distribución de productos y servicios a través de domicilios y en locales comerciales de: productos alimenticios, víveres, bebidas; productos para el hogar y el uso personal, comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.
Titular: INVERSIONES SÁNCHEZ RIVERA Y CIA. S. en C.
Domicilio: BOGOTÁ D.C.
Dirección: CALLE 130 No. 38 - 44
Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.
[…]”.
El problema jurídico
Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda y la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso, determinar, en primer lugar, si el signo mixto EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ, solicitado por Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S. en C. para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por existir riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta EL TRIGAL registrada previamente a favor de la demandante, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, en segundo lugar, si la actuación de la demandada al conceder el registro marcario, vulneró el artículo 61 de la Constitución Política.
Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial
La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Principios y características del Derecho Comunitario Andino
Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos.
Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración.
Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino.
En relación con el principio de la aplicación y efecto directos, las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado Miembro.
Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso. En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.
En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Interpretación Prejudicial 329-IP-2015 de 15 de octubre de 2015
La Sala procederá a resaltar las conclusiones de la Interpretación Prejudicial, proferida para este caso:
“[…]
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación.
De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “EL GRAN TRIGAL ESTAMOS PA’ SERVIRLE SUMERCÉ (mixto) y la marca registrada “EL TRIGAL” (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
SEGUNDO: Al comparar marcas mixtas, se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el mercado.
En ese sentido, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca “EL GRAN TRIGAL ESTAMOS PA’ SERVIRLE SUMERCÉ” (mixta) y la marca registrada “EL TRIGAL” (mixta).
TERCERO: La Sala Consultante deberá analizar si la expresión “GRAN” perteneciente al signo solicitado “EL GRAN TRIGAL ESTAMOS PA’ SERVIRLE SUMERCÉ (mixto) encaja como una expresión laudatoria o no, efectuando un estudio respecto de los servicios que pretende amparar.
CUARTO: La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. De esta manera, el titular de una marca débil, al contener ésta una palabra débil no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de riesgo de confusión […]”.
Análisis del caso concreto
Corresponde a la Sala determinar la legalidad del acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio del cual concedió el registro del signo mixto GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Sánchez Rivera y Cía. S. en C., para lo cual se estudiará, en primer lugar, si el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por existir riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta EL TRIGAL registrada previamente a favor de la demandante, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, en segundo lugar, se analizará si la demandada vulneró el artículo 61 de la Constitución Política al conceder el registro marcario del signo solicitado.
La demandante, en su líbelo, considera que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto que la demandada concedió el registro del signo mixto sin tener en cuenta que era confundible con su marca mixta EL TRIGAL, en atención a que reproducía íntegramente el elemento denominativo y agregaba la palabra "GRAN", la cual no le otorga distintividad por cuanto es una partícula descriptiva que no debe tenerse en cuenta al momento de realizar el cotejo marcario.
La Sala precisa que el signo solicitado y la marca registrada en conflicto, sobre los cuales se realizará el estudio de semejanza y confundibilidad, son como se muestran a continuación:
SIGNO SOLICITADO
MARCA REGISTRADA
SIGNO NEGADO
Mixta clase 35
Solicitante:
Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S. en C.
MARCAS O POSITORAS
Mixta clase 30
Titular:
Molino Santa Marta S.A.
La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación de un signo mixto y una marca mixta, en donde prevalece el elemento figurativo.
Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.
Cargo de nulidad de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486
Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, para la Sala resulta diáfano que para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario que entre los signos en conflicto se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos supuestos: en primer lugar, el signo solicitado debe ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada a favor de un tercero y, en segundo lugar, debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar cada una de las marcas.
Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.
Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia sostuvo en la interpretación proferida para el caso sub examine que “[…] la confusión en materia de marcas se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”.
En este orden de ideas, el Tribunal reiteró que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.
Asimismo, recordó que los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno ampara son: “[…] i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios, iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios, iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos […]”.
En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productos de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”.
En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, toda vez que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. La Sala recuerda que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o asociación, tanto con la relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la causal de irregistrabilidad.
Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los dos requisitos que exige la norma comunitaria para la configuración de la causal de irregistrabilidad.
Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos
Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso, se reiteraron las reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, como se observa a continuación:
“[…] Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos […]”.
En este sentido, el Tribunal de Justicia enfatizó en los criterios que deben considerarse para valorar la similitud de los signos y el riesgo de confusión, esto es, la confusión visual, auditiva e ideológica, en los siguientes términos:
“[…] El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica […]”.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el signo solicitado y la marca registrada tienen la naturaleza de ser mixtos, la Sala recuerda que los signos mixtos se componen de un elemento nominativo, que a su vez puede estar conformado por una o varias palabras, y un elemento figurativo; siendo necesario identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial se indicó:
"[...] Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.
La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica [...]".
Precisado lo anterior, la Sala destaca que en sentencia de 31 de agosto de 2015, con ponencia del Consejero de Estado Doctor Roberto Augusto Serrato Valdez, esta Sección, en un caso de idénticos presupuestos de hecho y de derecho, donde se estudió la posible confundibilidad de las mismas marcas que se estudian en el caso sub examine pero en diferente clase y en donde actuaban las mismas partes, determinó que el signo solicitado GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ y la marca mixta EL TRIGAL, no eran semejantes y, por ende, no generaban riesgo de confusión, siendo posible su registro y su coexistencia en el mercado. En esa oportunidad, la Sala consideró:
"[...] En el presente caso, cada una de las marcas en conflicto, está estructurada de la siguiente forma:
MARCA (Mixta) CUESTIONADA: MARCA (Mixta) REGISTRADA:
En cuanto a la marca cuestionada, se observa la relevancia que ofrece el componente gráfico o figurativo sobre la parte nominal, no solo en su proporción y conformación sino también por el diseño, que es llamativo, y por ello capta la atención del consumidor medio que se centra en el conjunto del dibujo, el cual además no se relaciona conceptualmente con el elemento nominativo, que adicionalmente es proporcionalmente pequeño dentro de la marca vista en su conjunto.
Por lo anterior la marca cuestionada puede considerarse más figurativa que denominativa.
Por su parte, en el signo mixto ya registrado puede decirse que, pese a que la parte figurativa ocupa un espacio importante, la mayor preponderancia la tiene el elemento denominativo, porque en su conjunto se destaca claramente la expresión EL TRIGAL.
Ahora bien, entre ambos signos, vistos en su conjunto y de manera unitaria y sucesiva, hay mas diferencias que semejanzas, pues la marca cuestionada se encuentra dentro de un círculo que tiene tres franjas de colores amarillo, azul y rojo que se asemeja a la bandera de Colombia, y en el centro, sobre ellas, la cara de una mujer campesina peinada con trenzas y que lleva un sombrero, todo lo cual ocupa en el signo el mayor espacio frente a la parte nominativa, mientras la figura en la marca registrada es la de un molino de color azul con cuatro aspas cada una dividida en pequeños cuadros.
Desde esta perspectiva, siguiendo lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso “en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.”
Para la Sala, el cotejo de las marcas en conjunto, esto es, como una unidad, efectuada en forma simultánea y sucesiva, nos lleva a concluir que la impresión visual que se tiene de cada uno es distinta y no surge la similitud que alega la actora, porque si bien se advierte que se trata de dos signos que incluyen expresiones que se asemejan, pues una de ellas se denomina EL TRIGAL, y otra EL GRAN TRIGAL, ésta constituye su única semejanza, y es claro que pesan más las diferencias que ofrecen los elementos gráficos [...]" (Destacado de Sala)
Así las cosas, atendiendo a que existe identidad de partes y signos, la Sala reitera las consideraciones precedentes en cuanto al análisis de confundibilidad que se realizó entre el signo mixto solicitado GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ y la marca mixta EL TRIGAL, con base en lo cual, colige que no existe similitud o semejanza entre los signos, motivo por el cual, no se configura el primer presupuesto a que se refiere la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, siendo innecesario de esa manera estudiar el segundo de los supuestos, esto es, la conexidad competitiva entre los servicios que identificaría el signo y los productos que distingue la marca y, en consecuencia, los signos pueden coexistir en el mercado por cuanto no generan riesgo de confusión o asociación entre los consumidores. El cargo no prospera.
Cargo de nulidad de violación del artículo 61 de la Constitución Política
Por último, visto el artículo 61 de la Constitución Política, que establece la obligación del Estado de proteger la propiedad intelectual, y atendiendo los supuestos analizados a lo largo de la sentencia, la Sala considera que no le asiste razón a la demandante en atención a que procedía el registro marcario del signo mixto GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ por no configurarse la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y, por lo tanto, acceder al registro del signo, no desconoció el deber del Estado de proteger la propiedad intelectual y los derechos de terceros, toda vez que, se insiste, el signo solicitado no presenta semejanzas con la marca registrada de la demandante. El cargo no prospera.
Conclusión
La Sala prohíja el antecedente jurisprudencial de esta Sección de fecha de 31 de agosto de 2015 relativo al estudio de confundibilidad entre el signo solicitado y la marca registrada, en donde se determinó que el elemento predominante del signo mixto solicitado era el gráfico y no el denominativo, motivo por el cual se concluyó que no existía riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y, en ese sentido, podían coexistir en el mercado al no configurarse la causal de irregistrabilidad.
En suma, la Sala en el caso sub examine reitera que no existe similitud entre el signo mixto solicitado GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PA´ SERVIRLE SUMERCÉ y la marca previamente registrada EL TRIGAL, en atención a que el signo solicitado cuenta con elementos que lo dotan de distintividad, que impide que se genere el riesgo de confusión o de asociación previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, siendo procedente sus registro marcario.
Atendiendo a que no se configuró el primer requisito que establece la normativa andina para la irregistrabilidad del signo, no resultaba necesario, por sustracción de materia, analizar la conexidad entre los servicios que pretendía distinguir el signo solicitado y los productos de la marca registrada.
En criterio de la Sala, la demandada aplicó adecuadamente las normas que regulan el registro de los signos, concediendo el registro solicitado y, por ende, no se configuró la violación del artículo 61 de la Constitución Política alegada por la demandante, por cuanto, no se afectaron derechos de terceros al no ser confundible el signo con ningún registro marcario previamente concedido.
Así las cosas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, toda vez que no se demostró que el signo mixto solicitado generara riesgo de confusión con la marca registrada, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara los actos demandados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Cfr. Folio 23.
“[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Cfr. Folios 24 y 25
Servicios prestados a través de establecimientos de comercio, agencias, depósitos o supermercados, servicios de venta al por mayor y al detal, distribución de productos y servicios a través de domicilios y en locales comerciales de: productos alimenticios, víveres, bebidas; productos para el hogar y el uso personal. Cfr. Folio 62
Cfr. Folio 108
Cfr. Folio 116
Cfr. Folio 118
Cfr. Folio 128
“[…] Artículo 61.- El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”.
“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”
Cfr. Folio 31
Cfr. Folio 32
Cfr. Folio 33
Cfr. Folio 34
Ibidem. Cfr. Folio 36
Cfr. Folio 37
Cfr. Folio 137
Cfr. Folio 140
Ibidem. Cfr. Folios 140 y 141
Cfr. Folio 141
Notificación Cfr. folio 49
Cfr. Folio 148
Cfr. Folio 158
Cfr. Folio 171 a 175
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 28 de septiembre de 2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdez. Núm. único de radicación 11001032400020110025800.
“Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. Cfr. Folio 192
“[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.
“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. Cfr. Folios 12 a 18
El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.
El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[…] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. Cfr. Folios 178 a 185
Cfr. Folio 181
Cfr. Folio 181 v. Ibidem. Cfr. Folio 80 v. Cfr. Folio 182
Cfr. Folio 181 v. Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2015. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdez. Núm. único de radicación 11001032400020090009000. Ibidem.
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