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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2009-00754-02

Fecha
3 de junio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2009-00754-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión y, en su lugar, declárase de oficio la excepción de indebida escogencia de la acción de reparación directa e inhíbese de pronunciarse sobre el mérito de las súplicas de la demanda. 2°) Condénase a la parte demandante a pagar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada las costas que se hubieren causado en esta instancia, las cuales serán liquidadas por el tribunal de origen; inclúyanse igualmente las agencias en derecho en segunda instancia en favor de la 18 Expediente 05001-23-31-000-2009-00754-02 (69.711) Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro Reparación directa - apelación de sentencia entidad demandada, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia. 3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2009-00754-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

3 de junio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-31-000-2009-00754-02 (69.711)
Actor: RICARDO ANDRÉS SIERRA FERNÁNDEZ Y
RICARDO SIERRA CARO
Demandados: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CCA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑO DERIVADO
DE ACTOS ADMINISTRATIVOS – INDEBIDA
ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN

Síntesis del caso: los demandantes no fueron vinculados al procedimiento administrativo que
culminó con los actos administrativos a través de los cuales se canceló la licencia de
funcionamiento de la sociedad Caninos Profesionales Ltda de la cual eran socios, actos que
tampoco les fueron notificados a ellos, todo lo cual les causó un daño antijurídico consistente
en la pérdida de las inversiones en dicha sociedad, el pago de acreencias laborales y
bancarias, afectación a su buen nombre, entre otros, debido a que no pudieron ejercer su
derecho de defensa, pues, los actos administrativos fueron ejecutados sin su contradicción.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida el 2 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Quindío – Sala Primera de Decisión por medio de la cual denegó las súplicas
de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 12 de mayo de 2009 (índice 1 SAMAI), los

2
Expediente 05001-23-31-000-2009-00754-02 (69.711)
Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro
Reparación directa - apelación de sentencia

señores Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro1 promovieron
demanda de reparación directa en contra de la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada con las siguientes súplicas:

“PRIMERA. Se declare que la SUPERINTENDENCIA DE
VIGILANCIA Y SEFGURIDAD PRIVADA y la NACIÓN-MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL son solidariamente responsables por los
perjuicios ocasionados a los señores RICARDO SIERRA CARO y
RICARDO ANDRÉS SIERRA FERNÁDEZ con la ejecución de las
Resoluciones 3288 del 5 de Agosto de 2008 y 3950 del 1 de Octubre
de 2008, sin haber sido notificadas.

SEGUNDA. Declárese que en consecuencia la
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA y
la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL son
solidariamente responsables de los perjuicios ocasionados a los
señores RICARDO SIERRA CARO y RICARDO ANDRÉS SIERRA
FERNÁDEZ, que se concretan respecto al primero al valor de su
inversión en la Sociedad CANINOS PROFESIONALES LTDA. el cual
asciende a la suma OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES
NOVECIENTOS MIL PESOS ($810.900.000,00) y respecto al
segundo al valor de CUATROCIENTOS CINCO MILLONES
CUATROSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS ($405.442.583,00), o a la suma mayor o
menor que resulte probada en el proceso, más cualquier perjuicio
derivado de dicha ejecución, principalmente los siguientes:

a). Cualquier suma que en virtud de su condición de avalista en
créditos de la Sociedad CANINOS PROFESIONALES LTDA. se vea
obligado a pagar durante el trámite de este proceso.

b). Cualquier suma que en virtud de su condición de socio de la
Sociedad CANINOS PROFESIONALES LTDA. se vea obligado a
pagar durante el trámite de este proceso a cualquier extrabajador de
la Sociedad mencionada en virtud de la solidaridad consagrada en el
artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo.

c). Por cualquier perjuicio cierto que resulte probado en el proceso y
que tenga nexo causal con la ejecución de las resoluciones ya
mencionadas.

TERCERA. Condénese solidariamente a la SUPERINTENDENCIA
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA y a la NACION-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL a reconocer a los señores
RICARDO SIERRA CARO y RICARDO ANDRES SIERRA
FERNADEZ los intereses sobre las sumas mencionadas en la
pretensión anterior cuando ello sea procedente, o en todos los casos
la actualización monetaria de las mismas.

CUARTA. Condénese solidariamente a la SUPERINTENDENCIA DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA y a la NACION-MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL a reconocer a los señores RICARDO

1 Se tienen en cuenta tanto la corrección de la demanda como su reforma (fls 75 a 80 y 140 a

150 cdno. ppal. exp. digital índice 2 SAMAI).

3
Expediente 05001-23-31-000-2009-00754-02 (69.711)
Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro
Reparación directa - apelación de sentencia

SIERRA CARO y RICARDO ANDRES SIERRA FERNADEZ los
perjuicios morales ocasionados con la ejecución de las resoluciones
mencionadas.

QUINTA. Condénese solidariamente a la SUPERINTENDENCIA DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA y a la NACION-MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL a reconocer a los señores RICARDO
SIERRA CARO y RICARDO ANDRES SIERRA FERNADEZ
cualquier perjuicio derivado de la ejecución de las resoluciones
mencionadas en esta demanda sin haber sido notificadas,
incluyéndose la pérdida de oportunidades.

SEXTO. Que en la sentencia se tenga en cuenta lo dispuesto en el
último inciso del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
(…)” (fls. 149 a 150 cdno. ppal. exp. digital índice 2 SAMAI –
mayúsculas sostenidas del texto original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis2, lo siguiente:

1) Mediante la Resolución no. 3288 del 25 de agosto de 2008, la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada canceló la licencia de
funcionamiento de la sociedad Caninos Profesionales Ltda de la cual eran
socios los demandantes, a quienes dicho acto no les fue notificado.

2) La sociedad Caninos Profesionales Ltda interpuso recurso de reposición en
contra de la aludida resolución, el cual fue resuelto por la entidad demandada
en Resolución no. 3950 del 1 de octubre de 2008 a través de la cual la confirmó;
este acto administrativo tampoco fue notificado a los actores.

3) A los demandantes no se los vinculó al procedimiento administrativo que
culminó con dichos actos administrativos.

Con base en los anteriores hechos la parte demandante hizo el siguiente
razonamiento de responsabilidad:

2
Se tienen en cuenta tanto la corrección de la demanda como su reforma (fls 75 a 80 y 140 a
150 cdno. ppal. exp. digital índice 2 SAMAI).

4
Expediente 05001-23-31-000-2009-00754-02 (69.711)
Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro
Reparación directa - apelación de sentencia

1) Los actos administrativos afectaron directamente a los socios y por esa razón
ellos debían ser notificados y no solamente la sociedad, por ser terceros
interesados, razón por la cual no pudieron interponer el recurso
correspondiente, de modo que se ejecutaron unos actos que son ineficaces y,
por lo tanto, se presentó una vía de hecho, pues, se violó su derecho al debido
proceso y al de contradicción.

2) La cancelación de la licencia constituyó un acto de plano. Al respecto, en la
demanda se afirmó lo siguiente:

“Sin existir actuación administrativa alguna la SUPERINTENDENCIA
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA expidió la resolución No.
3288 de 25 de agosto de 2008, por medio de la cual se cancela la
licencia de funcionamiento de la Empresa de Vigilancia y Seguridad
Privada denominada CANINOS PROFESIONALES LTDA. Se trató
en consecuencia de un acto de plano, en relación con la sociedad y
con los señores SIERRA CARO y SIERRA FERNANDEZ, al igual
que con los demás socios, pues ninguno fue vinculado al
procedimiento administrativo que culmina con la expedición de la
resolución mencionada.

(…).

Es importante anotar que los socios de CANINOS
PROFESIONALES LTDA nunca fueron citados a la actuación
administrativa que culmina con la expedición de la resolución que
nos ocupa, es más no hubo dicha actuación, pues se trata de un acto
de plano, y dicha resolución nunca le fue notificada por ningún medio,
ni personal ni por edicto a los señores SIERRA CARO y SIERRA
FERNANDEZ” (fls. 5 y 9 demanda – mayúsculas sostenidas
originales).

3) Como consecuencia de ello, los demandantes sufrieron los siguientes daños:
i) imposibilidad de ejercer el objeto social y por ello el fin de la sociedad; ii) la
imposibilidad de recuperar cuantiosas inversiones realizadas sobre el amparo
de la legalidad de actos administrativos y de la confianza legítima que ello
implicaba; iii) utilidades que dejaron de percibir; iv) como codeudor de algunas
obligaciones de la sociedad (créditos bancarios) que eventualmente en el
proceso de liquidación resulten insolutas tendrán que ser asumidas por los
demandantes, por valor de $209’350.600; v) las demandas laborales que
eventualmente los trabajadores interpongan contra la sociedad y que como
socios solidarios deben responder, a la fecha de presentación de la demanda
estaban en curso cuatro demandas ordinarias en su contra; vi) pérdida de las

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Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro
Reparación directa - apelación de sentencia

cuotas sociales; vii) pérdida de la inversión de aproximadamente $810’900.000
por parte de Ricardo Sierra Caro y de $405’442.583 por parte de Ricardo
Andrés Sierra Fernández; viii) debido a la gran difusión en medios de
comunicación social de la cancelación de la licencia se afectó el buen nombre
de los demandantes.

4) Procede la acción de reparación directa porque no se enjuicia la legalidad de
los actos sino su ejecución sin haberse notificado, lo cual causó unos perjuicios
patrimoniales; en nada se afecta la presunción de validez, la notificación del
acto administrativo no es un elemento de validez sino de eficacia y oponibilidad,
por lo que, en principio, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no
es la idónea cuando el perjuicio deviene de la ejecución de un acto no
notificado.

2. Posición de la entidad demandada

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (fls. 196 a 209 cdno.
ppal. exp. digital índice 2 SAMAI) se opuso a las súplicas de la demanda y
propuso las siguientes excepciones: i) “ruptura del nexo causal por inexistencia
de la omisión actos administrativos al demandante”, porque el acto
administrativo a través del cual se canceló la licencia de funcionamiento fue
notificado al representante legal de la sociedad, quien interpuso recurso de
reposición; ii) “cumplimiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada de las funciones asignadas a la entidad por la constitución
y la ley”, toda vez que, la licencia se canceló por haber desaparecido la
confianza pública que tenía cuando se la otorgó, de manera que se debía
preservar la seguridad ciudadana que primaba sobre el interés particular; iii)
“indebido ejercicio de la acción impetrada”, porque la demanda se centró en
señalar que los actos administrativos no se notificaron a los demandantes en
su condición de socios y que en virtud de esta omisión se le causaron perjuicios
patrimoniales, sin embargo, como dicha notificación sí se realizó, desaparece
la razón de ser de la acción de reparación directa y solo resta el argumento de
que los actos se expidieron sin motivación y por lo tanto carecen de legalidad,
de modo que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del
derecho; iv) “interposición de acción de nulidad y restablecimiento del derecho

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Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro
Reparación directa - apelación de sentencia

por las mismas causas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, el 25
de mayo de 2009 mediante radicación 2009-199, instaurada por Caninos
Profesionales Ltda en liquidación, mediante la cual se pretende la nulidad de
las resoluciones números 3288 del 25 de agosto de 2008 y 3950 del 1 de
octubre de 2008 y como restablecimiento el pago de los perjuicios materiales y
morales por una cuantía superior $8’000.000.000; v) por todo lo anterior,
también propuso la excepción de “inepta demanda”.

3. Alegatos de conclusión de primera instancia

1) La entidad demandada (fls. 887 a 906 cdno. ppal. exp. digital índice 2
SAMAI) insistió en las excepciones propuestas y manifestó que no es lógico
que la parte actora considere que existe una vulneración del debido proceso
por no haber notificado a cada uno de los socios de la decisión tomada por la
superintendencia, debido a que la sociedad era una persona jurídica, con un
representante legal que era el indicado para realizarle las notificaciones
correspondientes; además, hizo referencia a varios procesos iniciados en
contra de la entidad por esos mismos hechos en los que se ha fallado en su
favor.

2) La parte actora (fls. 907 a 915 cdno. ppal. exp. digital índice 2 SAMAI) solicitó
que se acceda a sus pretensiones, porque con las pruebas practicadas se
acreditó que los actos administrativos no les fueron notificados lo cual le generó
los daños y perjuicios alegados en la demanda, los cuales se probaron con el
dictamen pericial practicado en el proceso que es extensivo a ambos
demandantes, pese a que se realizó solamente respecto del señor Ricardo
Sierra Caro.

2) El Ministerio Público (fls. 918 a 933 cdno. ppal. exp. digital índice 2 SAMAI)
consideró que la omisión alegada no se presentó, pues, los actos
administrativos a través de los cuales se canceló la licencia de funcionamiento
de la empresa Caninos Profesionales Ltda fue notificada a su representante
legal, quien fue delegado por la junta de socios para dicha representación; por
lo tanto, era su deber comunicarle a los socios respecto de la existencia de
dichos actos y no de la entidad demandada; en todo caso, el daño alegado no

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Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro
Reparación directa - apelación de sentencia

lo causó la supuesta falta de notificación, la cual solo le impidió la oportunidad
de defenderse en la actuación administrativa, sino que, su origen fueron los
actos administrativos en sí mismos, por lo que la acción procedente es la de
nulidad y restablecimiento del derecho que, incluso, ya se tramita en otro
proceso, motivos por los cuales solicita que se denieguen las súplicas de la
demanda.

4. Trámite relevante en primera instancia

El tribunal de primera instancia rechazó la demanda por indebida acumulación
de pretensiones, decisión contra la cual la parte actora interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto en auto proferido el 26 de enero de 2011 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado a través del cual
se revocó la decisión y, en su lugar, admitió la demanda formulada en ejercicio
de la acción de reparación directa y solo en relación con las pretensiones
formuladas como principales3 (fls. 115 a 135 cdno. ppal. exp. digital índice 2
SAMAI).

Para el efecto explicó que la parte actora elevó distintas pretensiones pero
como principales y subsidiarias, de manera que no hubo acumulación de
pretensiones; sin embargo, solo admitió las pretensiones principales debido a
que “el planteamiento de las subsidiarias revela la indefinición del actor frente
a la conducta causante de los daños cuya reparación pretende, lo que conduce
a que si el actor afirma de manera principal que ellos provienen de la indebida
ejecución de unos actos administrativos, no puede, a renglón seguido, afirmar
que los daños no provienen de su ejecución irregular sino de la ilegalidad de
tales actos, porque ello entraña una contradicción insalvable en la causa
petendi que conduciría a la ineptidud de la demanda” (fl. 133 ibidem); le dio
aplicación al principio pro damnato para garantizar el derecho fundamental de
acceso a la justicia.

3 En la demanda inicial se habían solicitado pretensiones subsidiarias de nulidad y
restablecimiento del derecho, las cuales no se transcribieron, por ser innecesario.

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Expediente 05001-23-31-000-2009-00754-02 (69.711)
Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro
Reparación directa - apelación de sentencia

5. La sentencia apelada

1) El Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión, en
sentencia del 2 de diciembre de 2021 (índice 149 SAMAI primera instancia)
denegó las pretensiones de la demanda debido a que no se acreditó el daño,
consistente en las afectaciones materiales supuestamente padecidas por los
actores con ocasión de la ejecución de las Resoluciones números 3288 y 3950
de 2008 mediante las cuales se canceló la licencia de funcionamiento de la
sociedad Caninos Profesionales Ltda.

2) En efecto, no se acreditó lo siguiente: i) la supuesta pérdida de la inversión
realizada en la empresa, ii) el pago por parte de los actores de las supuestas
deudas bancarias adquiridas por la sociedad respecto de las cuales eran
codeudores, y iii) el pago de alguna condena emitida por la jurisdicción ordinaria
laboral en virtud de las demandas interpuestas por los antiguos trabajadores de
la sociedad.

3) A su turno, tampoco se acreditó el hecho dañoso, esto es, la indebida
ejecución de los actos administrativos, toda vez que, se probó que al gerente y
general y representante legal de la sociedad se les remitió citación para
notificación personal y ante su omisión de concurrir a notificarse se surtió
mediante edicto, incluso se interpuso recurso de reposición; contrario a lo
afirmado por la parte actora, dichos actos no debían notificarse a cada uno de
los socios porque, si bien en las sociedades de responsabilidad limitada la
representación corresponde a todos y cada uno de los socios, el numeral 5 del
artículo 358 del Código de Comercio prevé que se delegue dicha atribución a
un gerente.

6. El recurso de apelación

1) La parte actora (índice 154 SAMAI primera instancia), en primer lugar, hizo
una precisión en el sentido de advertir que la sociedad Caninos Profesionales
Ltda presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para que se declarara la
nulidad de las Resoluciones números 3288 del 25 de agosto de 2008 y 3950

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Expediente 05001-23-31-000-2009-00754-02 (69.711)
Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro
Reparación directa - apelación de sentencia

del 1 de octubre de 2008 expedidas por dicha entidad, y como consecuencia
que se restableciera su derecho; el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
denegó las pretensiones de la demanda, sin embargo, en virtud del recurso de
apelación interpuesto por la entonces actora, el Consejo de Estado la revocó y,
en su lugar, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
condenó en abstracto a la entidad a pagar la indemnización por concepto de
perjuicios materiales, decisión que se encuentra en firme, solo está pendiente
el incidente de liquidación de perjuicios.

2) Como el restablecimiento del derecho solo opera respecto de la persona
jurídica pero no en relación con los socios como personas naturales, en este
caso solo procede analizar el restablecimiento de los derechos de los ahora
demandantes vía reparación directa.

3) En ese orden de ideas, solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia,
para lo cual insiste en el deber que tenía la entidad de notificarles los actos
administrativos debido a que sus efectos jurídicos afectaban directamente a los
socios de la empresa, por cuanto los inhabilitaba para ejercer las actividades
propias del sector de vigilancia4 (eran terceros con interés); de manera que, si
se pretendía inhabilitar a los demandantes se debían vincular a la actuación
administrativa o realizar una separada para tal efecto, pero nunca inhabilitarlos
sin su participación en la actuación administrativa correspondiente.

4) Por otra parte, los daños alegados sí se demostraron, pues, los testigos que
declararon en el proceso dieron cuenta de las afectaciones de la empresa y en
consecuencia de sus socios debido al tipo societario de la misma (sociedad
limitada); la compañía fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades
y el liquidador debió gestionar el cobro de la cartera y la venta de algunos
activos para solventar en parte el pago de las acreencias, principalmente las
laborales; la compañía fue liquidada totalmente por parte de dicha entidad, por
lo que al momento de su cierre la compañía no tuvo saldos que pudieran haber
sido repartidos a los socios, sino, por el contrario, estos debieron asumir de
forma personal algunos compromisos, particularmente con los bancos;

4 El Decreto Ley 356 de 19943 dispone la prohibición indirecta de los socios de una empresa a

la que se le cancele la licencia para participar en el sector de vigilancia en otra empresa durante
un término de cinco (5) años.

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Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro
Reparación directa - apelación de sentencia

además, se acreditó la proyección económica y comercial que tenía la empresa
para el momento de la renovación de la licencia debido al crecimiento
económico de la sociedad mercantil y, sobre todo, se habló de la excelente
reputación que de la empresa y sus socios en el mercado específico.

5) De otra parte, con el dictamen pericial se probaron los perjuicios, el cual no
fue objetado por ninguna de las partes y, como en este no se calculó el perjuicio
derivado de la inhabilidad declarada en cabeza de los socios demandantes, en
virtud del deber de indemnización plena debe ser calculada por el juez, con
fundamento en el arbitrio judicial y una valoración equitativa, pues, de lo
contrario, se generaría una violación del derecho de indemnización integral; el
daño materializado en la inhabilidad está probado solo que no pudo ser
calculado por la parte demandante interesada, a pesar de los intentos de
hacerlo, pues, el perito argumentó imposibilidad de cuantificar dichos perjuicios;
ello no implica una liberación de la carga de la prueba sobre el daño, solo otorga
facultad al juzgador para precisar el monto indemnizatorio cuando el mismo no
ha podido probarse de forma exacta.

6) Por último, solicita que en el evento de considerar que las pretensiones
principales no son procedentes, es deber del ad quem, ante la omisión del a
quo, analizar las súplicas de nulidad y restablecimiento que fueron propuestas
de manera subsidiaria, con observancia de que las Resoluciones números 3288
y 3950 del año 2008 adolecen de serios vicios de nulidad.

7) En consecuencia, pide que se revoque la sentencia apelada y se acceda a
sus pedimentos, especialmente condenar al pago de los perjuicios calculados
mediante prueba pericial no objetada, más los perjuicios que determine el juez,
relacionados con la inhabilidad declarada, los cuales debe tasar en equidad.

6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia

1) La parte demandante (índice 16 SAMAI primera instancia) insistió en los
argumentos presentados en el recurso de apelación.

2) La entidad demandada (índice 17 SAMAI primera instancia) recordó que en

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Expediente 05001-23-31-000-2009-00754-02 (69.711)
Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro
Reparación directa - apelación de sentencia

este caso la demanda solo fue admitida respecto de las pretensiones de
reparación directa, y que la omisión alegada no fue probada porque la
notificación de los actos administrativos se realizó debidamente al
representante legal de la sociedad, y los perjuicios alegados por los
demandantes no son consecuencia de la operación administrativa, de manera
que no se configuró un daño antijurídico y, por lo tanto, no se puede endilgar
responsabilidad a la entidad, por esos motivos solicitó que se denieguen las
pretensiones de la demanda.

3) El Ministerio Público guardó silencio en esta instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido
a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y
anuncio de la decisión, 2) análisis de procedencia de la acción ejercida con la
demanda, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Corresponde a la Sala determinar si en este asunto la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada es patrimonialmente responsable del daño
causado a los demandantes por la falta de vinculación al procedimiento
administrativo que culminó con las resoluciones a través de las cuales se
canceló la licencia de funcionamiento de la sociedad Caninos Profesionales
Ltda de la cual eran socios y que tampoco les fueron notificadas a ellos.

La Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará de oficio la
indebida escogencia de la acción ejercida con la demanda por ser evidente que
el origen de la imputación se encuentra en unos actos administrativos respecto
de los cuales hay reproches de nulidad, razón por la cual ha debido
interponerse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de
reparación directa.

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Expediente 05001-23-31-000-2009-00754-02 (69.711)
Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro
Reparación directa - apelación de sentencia

Para el efecto la Sala precisa que, conforme a lo resuelto en primera instancia,
en este proceso solo fueron admitidas las pretensiones principales de
reparación directa, por lo cual no habrá lugar a pronunciarse sobre las súplicas
subsidiarias de nulidad y restablecimiento del derecho, que no integran el objeto
del litigio en esta instancia.

2. Análisis de procedencia de la acción ejercida con la demanda

1) En la demanda se reclama que la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad privada incurrió en una omisión consistente en la falta de notificación
de unos actos administrativos que afectaron directamente a los demandantes,
a través de los cuales se canceló la licencia de funcionamiento de una sociedad
que prestaba servicios de vigilancia, de la cual aquellos eran socios, además
de su no vinculación al procedimiento administrativo que culminó con dichos
actos.

2) En ese contexto, la Sala encuentra que en realidad el fundamento de la
demanda es la expedición ilegal de los actos administrativos, en consecuencia,
la Sala debe pronunciarse sobre la procedencia de la acción ejercida con
aquella.

3) La acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código
Contencioso Administrativo5 está concebida para demandar la reparación del
daño derivado de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la
ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos
o por cualquiera otra causa, siempre que esta última no consista en un acto
administrativo, porque, cuando este constituye la fuente de un daño, por regla
general, la ley prevé como medio de control generalmente pertinente el de
nulidad y restablecimiento del derecho.

Sin embargo, existen casos excepcionales en los que la acción de reparación
directa es procedente cuando el daño proviene de actos administrativos, los
cuales esta Subsección ha precisado así:

5 Estatuto procesal aplicable en este caso, por ser el vigente al momento de interposición de la

demanda.

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Expediente 05001-23-31-000-2009-00754-02 (69.711)
Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro
Reparación directa - apelación de sentencia

“A modo de epílogo, son cuatro las excepciones que hasta este
momento se han identificado en la jurisprudencia y que permiten
afirmar que la acción de reparación directa es el cauce procesal idóneo
cuando el origen del daño lo constituya una actuación
administrativa: (i) reparación de perjuicios causados por la ejecución
de actos administrativos consonantes con el ordenamiento jurídico en
los que no se controvierta su legalidad y se atente contra el principio
de igualdad frente a las cargas públicas; (ii) reparación de perjuicios
causados por la expedición y ejecución del acto administrativo ilegal
que haya sido anulado o haya sido objeto de revocatoria directa por la
propia administración, sin incidencia de la conducta del sujeto pasivo
del acto administrativo; (iii) reparación como consecuencia de la
configuración de un daño derivado de una manifestación de la
administración contra la cual no procede la acción de legalidad
pertinente, como ocurre con los actos preparatorios o de
trámite; (iv) reparación de los perjuicios causados por la anulación o
revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere beneficiado
al actor, cuando la anulación o revocatoria directa hubiere sido
causada por la inobservancia de las reglas propias del procedimiento
administrativo o de las normas que rigen el ejercicio de la actividad
administrativa.

Con relación a la primera de las excepciones, se debe distinguir si las
pretensiones cuestionan o no el acto administrativo; de suerte que si
no se discute la legalidad de aquél sino los efectos que produce y que
ponen al afectado en una situación de desequilibrio frente a las cargas
públicas, la reparación directa se torna viable para encausar las
pretensiones así formuladas, bajo el título de imputación de daño
especial por provenir de una actividad lícita y legítima del Estado. A
contrario, si lo que en el fondo se produce es un ataque contra el acto
administrativo, así se invoque una acción diferente, la que procede es
la de nulidad y restablecimiento.”6.

De conformidad con lo anterior, cuando se encuentra que la fuente u origen del
daño es un acto administrativo y que la acción ejercida es la de reparación
directa, es necesario examinar si el caso se ajusta a alguna de las cuatro
excepciones que jurisprudencialmente se han identificado, sin perjuicio de que
puedan presentarse otros eventos.

4) La Sala observa que la omisión alegada constituye un verdadero
cuestionamiento de legalidad de los actos administrativos por desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, causal de nulidad consagrada
expresamente en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo; se trata
de un juicio de legalidad porque los actores arguyen que no fueron citados a la
actuación administrativa, de manera que los actos administrativos solamente

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. sentencia del 24 de enero de 2019,

proceso No. 25000-23-26-000-2008-10182-01(46806), MP Ramiro Pazos Guerrero.

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Expediente 05001-23-31-000-2009-00754-02 (69.711)
Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro
Reparación directa - apelación de sentencia

se ejecutaron frente a la sociedad de la cual eran socios.

5) En efecto, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la
Resolución 3288 del 25 de agosto de 2008 por medio de la cual canceló la
licencia de funcionamiento de la empresa Caninos Profesionales Ltda, decisión
que fue confirmada a través de la Resolución 3950 del 1 de octubre de 2008 en
virtud del recurso de reposición que interpuso la sociedad; ninguno de los dos
actos administrativos fue notificado a los demandantes ni fueron citados para
que concurrieran a la respectiva actuación administrativa que concluyó con
tales decisiones administrativas (fls. 31 a 42 cdno. ppal. exp. digital índice 2
SAMAI).

6) Según se observa en las consideraciones de dichos actos, la actuación
administrativa inició de oficio por la entidad demandada (artículo 4 CCA), pues,
lo hizo con fundamento en la facultad discrecional prevista en el Decreto-ley
356 de 1994 (Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada), en ese orden de
ideas, la entidad se encontraba en la obligación de comunicar la apertura de
dicho procedimiento a los terceros interesados que podían verse afectados con
dicha actuación, de conformidad con lo expresa e inequívocamente dispuesto
para ese tipo de actuaciones en los artículos 147, 288 y 359 (inciso primero) del
Código Contencioso Administrativo, esto es, el Decreto-ley 01 de 1984.

7) Al margen de que la entidad hubiere incumplido o no con dicha obligación,
lo relevante para este caso concreto es que, aunque la parte actora fundamenta
la interposición de la demanda a través de la acción de reparación directa en el
hecho de que se trató de una omisión que le ocasionó un daño antijurídico, lo
cierto es que su argumentación se reduce a que esos actos fueron expedidos

7 “Artículo 14. Cuando de la misma petición o de los registros que lleve la autoridad, resulte que

hay terceros determinados que pueden estar directamente interesados en las resultas de la
decisión, se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. La citación
se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz. (…)”.

8 “Artículo 28. Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay

particulares que pueden resultar afectados en forma directa, a éstos se les comunicará la
existencia de la actuación y el objeto de la misma. (…)”.

9 “Artículo 35. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y

con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al
menos en forma sumaria si afecta a particulares. (…)”.

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Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro
Reparación directa - apelación de sentencia

sin haber vinculado a los demandantes a la actuación administrativa, es decir,
sin intervención ni audiencia de los ahora demandantes.

de manera que, si se pretendía inhabilitar a los demandantes se debían vincular
a la actuación administrativa o realizar una separada para tal efecto, pero nunca
inhabilitarlos sin su participación en la actuación administrativa
correspondiente.

8) En esa perspectiva, para la Sala es claro que se controvierte la legalidad de
dichos actos, pues, se efectuó una imputación de la que expresamente se
deriva tal cuestionamiento, imputación que fue reafirmada en el recurso de
apelación cuando se manifestó que si se pretendía inhabilitar a los
demandantes se los debía vincular a la actuación administrativa o realizar una
separada para tal efecto, pero nunca inhabilitarlos sin su participación en la
actuación administrativa correspondiente y mucho menos sin notificarles los
actos administrativos, porque sus efectos jurídicos afectaban directamente a
los socios de la empresa, en el sentido de que los inhabilitaba para ejercer las
actividades propias del sector de vigilancia durante cinco años, al punto de que
solicitaron que, en el caso de considerarse que las pretensiones principales no
fueran procedentes, que se analizaran las súplicas de nulidad y
restablecimiento que fueron propuestas de manera subsidiaria, porque los
actos administrativos “adolecen de serios vicios de nulidad”, de modo que la
apelación se centra precisamente en la falta de vinculación de los socios a la
actuación administrativa que culminó con los actos aludidos.

9) De otro lado, se debe tener en cuenta también que los mencionados actos
administrativos en cuestión no son actos preparatorios o de trámite ni han sido
objeto de revocatoria directa por la propia administración y, si bien fueron
anulados, ello ocurrió cuando ya estaba en curso el presente proceso10, de

10 La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de mayo de 2019 del

proceso con radicación no. 25000232400020090019901, declaró la nulidad de las
Resoluciones 3288 y 3950 de 2008 por falta de motivación y condenó en abstracto a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a pagar en favor de la entonces
demandante sociedad Caninos Profesionales Ltda la indemnización por concepto de perjuicios
materiales, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante (esta providencia fue
consultada en el aplicativo SAMAI, con fundamento en la información proporcionada por la
misma parte actora en el recurso de apelación y la entidad accionada en la contestación de la
demanda).

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Expediente 05001-23-31-000-2009-00754-02 (69.711)
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Reparación directa - apelación de sentencia

manera que este caso no está cubierto por ninguna de las excepciones
previstas para que proceda la acción de reparación directa cuando el origen del
daño lo constituye un acto administrativo.

10) Por lo tanto, si el daño tiene origen en un acto administrativo de carácter
particular y concreto la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento
del derecho, pues, para obtener el resarcimiento del perjuicio es indispensable
el pronunciamiento y decisión preliminar acerca de la anulabilidad del acto por
violación de los preceptos superiores, para efectos de desvirtuar la presunción
de legalidad y veracidad que revisten tales actos jurídicos, que hacen
obligatorio su cumplimiento y obedecimiento en los términos del artículo 66 del
CCA.

9) En ese orden de ideas, aunque la parte actora dijo ejercer, nominalmente, la
acción de reparación directa, lo cierto es que, del contenido de los hechos, de
las pretensiones de la demanda y de la causa petendi de la misma, así como
también del recurso de apelación, la Sala advierte, sin hesitación alguna, que
en este caso el fundamento de la demanda se encuentra en la expedición de
unos actos administrativos sin los requisitos de ley y, por ende, ello implicaba
cuestionar su legalidad.

10) En consecuencia, desde el punto de vista material, la acción que debió
interponerse era la de nulidad y de restablecimiento del derecho, razón por la
cual la Sala encuentra que se incurrió en indebida escogencia de la acción,
situación que torna improcedente un pronunciamiento de fondo por cuanto la
adecuada escogencia de la acción constituye presupuesto de la sentencia de
mérito, tal como lo ha sostenido esta Sección del Consejo de Estado11.

11) Además, no es de recibo la solicitud efectuada en el recurso de apelación
de que se analicen las súplicas de nulidad y restablecimiento que fueron
propuestas de manera subsidiaria, porque estas no fueron admitidas en el
trámite de la primera instancia, decisión contra la cual la parte actora guardó

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de abril de 2010,
proceso No. 17811 - 88001-23-31-000-1997-00207-01 (17.811), MP Mauricio Fajardo Gómez.

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Expediente 05001-23-31-000-2009-00754-02 (69.711)
Actor: Ricardo Andrés Sierra Fernández y Ricardo Sierra Caro
Reparación directa - apelación de sentencia

silencio en su debida oportunidad y, por consiguiente, adquirió fuerza ejecutoria
vinculante para las partes, pues, no fue objeto de impugnación.

3. Conclusión

Por haberse interpuesto la demanda con indebida escogencia de la acción
legalmente procedente, se impone revocar la sentencia apelada, para en su
lugar declarar esa excepción de oficio y, consecuencialmente, inhibirse de
pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a juicio.

4. Condena en costas

La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 1 del artículo
365 del CGP porque a la parte demandante se le resolvió desfavorablemente
el recurso de apelación interpuesto, para lo cual el tribunal de origen liquidará
la condena en costas de manera concentrada, según lo previsto en los artículos
365 y 366 del CGP, con inclusión de las agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Revócase la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión y, en su lugar, declárase
de oficio la excepción de indebida escogencia de la acción de reparación directa
e inhíbese de pronunciarse sobre el mérito de las súplicas de la demanda.

2°) Condénase a la parte demandante a pagar a la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada las costas que se hubieren causado en esta
instancia, las cuales serán liquidadas por el tribunal de origen; inclúyanse
igualmente las agencias en derecho en segunda instancia en favor de la

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Reparación directa - apelación de sentencia

entidad demandada, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera
instancia.

3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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