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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2022-00082-01

Fecha
15 de julio de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2022-00082-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión. 2°) Condénase a la parte actora a pagar a la entidad demandada las costas que se hubieren causado en esta instancia, las cuales serán liquidadas por el tribunal de origen; inclúyanse igualmente las agencias en derecho en segunda instancia en favor de la entidad demandada, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia. 3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 63001-23-33-000-2022-00082-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

15 de julio de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 63-001-23-33-000-2022-00082-01 (73.972)
Actor: DISTRIMETANO DE COLOMBIA LTDA Y OTRO
Demandados: MUNICIPIO DE ARMENIA (QUINDÍO)
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑO POR
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ANULADA

Síntesis del caso: a las sociedades demandantes les fue otorgada una licencia de construcción
para la ampliación de una estación de servicio, acto administrativo que posteriormente fue
anulado en sede judicial por incompatibilidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de
Armenia (Quindío), situación que generó pérdidas económicas por las obras que alcanzaron a
realizarse y la frustración de un negocio que finalmente no pudo llevarse a cabo; en juicio de
las demandantes ello constituyó un daño antijurídico que no están obligadas a soportar porque
la entidad demandada incurrió en falla del servicio por haber expedido la licencia viciada de
nulidad, lo cual defraudó su confianza legítima.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra
de la sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo
del Quindío – Sala Cuarta de Decisión que denegó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 4 de agosto de 2022 (índice 1 SAMAI) las
sociedades Distrimetano de Colombia Ltda e Inversiones Garcar SAS
promovieron demanda de reparación directa en contra del municipio de

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Expediente 63-001-23-33-000-2022-00082-01 (73.972)
Actor: Distrimetano de Colombia Ltda y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

Armenia (Quindío) (índice 4 SAMAI) con las siguientes súplicas:

“PRIMERA: Que, se declare al Municipio de Armenia,
administrativamente responsable de los perjuicios materiales
causados a mis poderdantes DISTRIMETANO DE COLOMBIA
LTDA, identificada con NIT. 900047020-5 e INVERSIONES
GARCAR S.A.S., identificada con NIT. 900.542.614-2, como
consecuencia de la expedición de manera irregular por parte de la
Curaduría Urbana No. 1 de Armenia, la Resolución No. LC2014-1823
del 18 de junio de 2014, pues, omitió e inobservó las normas en las
que debía fundarse, situación que al momento de la expedición
desconocía mi mandante.

SEGUNDA: Debido a este daño, se condene al Municipio de
Armenia, al pago por concepto de indemnización a DISTRIMETANO
DE COLOMBIA LTDA, identificada con NIT. 900047020-5 e
INVERSIONES GARCAR S.A.S., identificada con NIT. 900.542.614-
2 personas jurídicas afectadas de todos los perjuicios materiales de
la siguiente manera:

• Lucro Cesante

Se exige a favor de los demandantes y cuyo monto se desprende de
lo dejado de percibir por los convocantes en virtud a la pérdida de
oportunidad de explotación económica del proyecto de ampliación de
la estación de gasolina, expectativa generada con la expedición de
acto administrativo viciado de nulidad licencia de Construcción No.
LC-2014-1823 de junio de 2014), las cuales se estiman en la suma
de $5.809.224.744; la cual se determinará a través de un perito
especializado, con el fin de poder establecer el parámetro económico
de la conciliación en el daño irrogado.

• Daño Emergente

Se exige a favor de los accionantes y cuyo monto se desprende de
las inversiones y gastos sufragados por los demandantes en virtud a
la expectativa generada con la expedición de acto administrativo
viciado de nulidad (licencia de Construcción No. LC-2014-1823 de
junio de 2014, las cuales se estiman en la suma de $480.139.061.”
(fl. 2 ibidem – mayúsculas sostenidas del texto original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) El 22 de mayo de 2014, el representante legal de las empresas Distrimetano
de Colombia Ltda e Inversiones Garcar SAS inició el trámite legal ante la
Curaduría Urbana no. 1 de Armenia (Quindío) para la expedición de la licencia
de construcción para la ampliación de una estación de servicio de gas ubicada
en la carrera 14 avenida Bolívar calle 18N y 19N que abarca dos bienes

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Expediente 63-001-23-33-000-2022-00082-01 (73.972)
Actor: Distrimetano de Colombia Ltda y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias números 280-171331
y 280-69607, con el fin de construir un canopy en un área de 140 metros
cuadrados.

2) La licencia fue expedida a través de la Resolución no. LC2014-1823 del 18
de junio de 2014.

3) La curadora urbana demandó el acto administrativo ante el Juzgado Cuarto
Administrativo de Armenia, quien profirió sentencia de primera instancia el 2 de
junio de 2020 en la cual declaró su nulidad; esa decisión fue confirmada en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Quindío en sentencia
proferida el 5 de agosto de 2021 con fundamento en que el respectivo acto
administrativo fue expedido con violación de las normas en que debía fundarse,
esto es, el artículo 163 parágrafo 5 del Decreto 019 de 2009 (Plan de
Ordenamiento Territorial de Armenia), situación que al momento de su emisión
desconocía el mencionado representante legal.

4) Con ocasión del otorgamiento de dicha licencia las demandantes sufragaron
costos de inversión y celebraron contratos que se ejecutaron; sin embargo, al
dejarse por fuera del ordenamiento jurídico sus inversiones derivaron en
detrimento económico, pues, no pudieron explotar el bien, se les impidió cumplir
sus obligaciones crediticias y el pago a empleados, circunstancias que
generaron el cierre de la estación de hidrocarburos existente.

5) La entidad demandada incurrió en falla del servicio por haber expedido un
acto administrativo viciado de nulidad, lo cual implicó una violación del debido
proceso y la inobservancia de los principios de confianza legítima, igualdad,
proporcionalidad, razonabilidad, derecho de defensa y contradicción; era
necesario que la entidad adoptara medidas administrativas conducentes a la
revisión rigurosa de los documentos allegados con la solicitud, con antelación
a conferir la licencia de construcción para verificar el cumplimiento estricto de
las normas en que debía fundarse.

6) El medio de control judicial de reparación directa es procedente en este caso
porque se ajusta a una de las hipótesis establecidas por la jurisprudencia del

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Reparación directa - apelación de sentencia

Consejo de Estado cuando el origen del daño lo constituye un acto
administrativo, esta es, cuando se pretenda la reparación de perjuicios
causados por la anulación de un acto administrativo que hubiere sido favorable
al actor, cuando dicha anulación hubiere sido causada por la inobservancia de
las normas que regulan la respectiva materia.

2. Posición de la entidad demandada

El municipio de Armenia (índice 24 SAMAI) se opuso a las súplicas de la
demanda para lo cual expuso que la licencia de construcción debía ser anulada
porque desconocía lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial y advirtió
que había venta irregular de gasolina por lo cual las demandantes fueron
sancionadas; el municipio no podía permitir que se desconociera el POT y que
se llevara a cabo una actividad contraria a derecho; asimismo, propuso la
excepción de “hecho superado” con fundamento en que la referida licencia de
construcción fue anulada en sede judicial. Se advierte que el apoderado del
municipio hizo referencia a hechos de la demanda que no corresponden a esta.

3. Audiencia inicial

El magistrado ponente de la primera instancia tuvo por saneado el proceso y
por no haber excepciones previas por resolver procedió a fijar el litigio1, luego
decretó las pruebas documentales aportadas por ambas partes y ordenó la
práctica del dictamen pericial solicitado por la parte actora cuya contradicción
se llevó a cabo en la respectiva audiencia de pruebas, en donde, una vez
concluida ordenó correr traslado para alegar de conclusión (índices 34 y 82
SAMAI). La entidad demandada presentó escrito de alegaciones, la parte
actora lo hizo de manera extemporánea y el Ministerio Público guardó silencio
(índice 85 a 87 SAMAI).

1
Lo hizo en los siguientes términos: “1. ¿Se encuentran probados los elementos para declarar
administrativa y patrimonialmente responsable al municipio de Armenia por la expedición
irregular de la Resolución No. LC2014-1823 del 18 de junio de 2014, cuya nulidad se dice le
causó perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) a DISTRIMETANO DE
COLOMBIA LTDA E INVERSIONES GARCAR SAS como beneficiarios del acto administrativo?
2. De existir una conducta imputable a la entidad demandada, ¿existe el deber jurídico de
resarcir o reparar el daño? 3. De probarse la existencia de un daño imputable al municipio de
Armenia, el cual resulte obligada a resarcir, ¿se encuentran probados los perjuicios reclamados
y el monto en el que deben reconocerse?” (fls. 2 y 3 índice 34 SAMAI).

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Actor: Distrimetano de Colombia Ltda y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Quindío - Sala Cuarta de Decisión en sentencia
del 3 de octubre de 2024 (índice 96 SAMAI) denegó las súplicas de la demanda
por considerar que el daño alegado no es cierto ni lícito y, por tal motivo, no es
indemnizable, con base en los siguientes argumentos:

1) El daño consistente en la pérdida de oportunidad que sufrieron los
demandantes por no haber podido continuar con la ampliación de su estación
de servicios que causó la imposibilidad de explotar económicamente el
proyecto frustrado, pese a haber obtenido inicialmente una licencia de
urbanismo para ello, no se acreditó.

2) Si bien la pérdida de oportunidad tiene un componente de incertidumbre,
también tiene un elemento de certeza que es requisito para su reconocimiento,
pero, en este caso concreto el daño alegado no cumple con los requisitos de
certeza y licitud. Aunque se probó la expedición de la licencia y su posterior
anulación en sede judicial, ello no demuestra la certeza de que los actores
contaran con los demás requisitos de conformidad necesarios para construir y
operar la ampliación de la estación de servicios de gasolina.

3) El ordenamiento jurídico reconoce que la licencia de construcción implica la
adquisición de derechos de desarrollo y construcción (artículo 18233 del
Decreto-ley 19 de 2012); sin embargo, para el caso de la modificación o
ampliación de estaciones de servicios el artículo 8 del Decreto 1521 de 1998
prevé que la licencia de construcción se erige como uno de los primeros pasos
para poner en funcionamiento una estación de combustible, tras lo cual se
deberá cumplir con ciertos requisitos técnicos ciertos sin los cuales, no se
permitirá el suministro de este.

4) Lo anterior significa que, para el caso de las estaciones de servicio, el
otorgamiento de la licencia de construcción no constituye un derecho cierto de
construcción, pues, para obtener el derecho a realizar efectivamente las obras
planteadas en el proyecto se debe, además, solicitar autorización a otras
autoridades administrativas, como por ejemplo para la aprobación de planos.

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Actor: Distrimetano de Colombia Ltda y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

5) Las demandantes no realizaron ningún esfuerzo para demostrar, no solo que
de haberse seguido adelante con los trámites subsiguientes tenía altas
posibilidades para obtener los demás permisos, sino, adicionalmente, que de
haberse construido el canopy de ampliación tenía altas posibilidades de
generar un beneficio económico técnicamente calculado y ser un proyecto
viable jurídicamente; ni siquiera se probó que se iniciaron las labores de
ampliación en los términos indicados en la licencia de construcción.

6) Aunque en el proceso se practicó un dictamen pericial que da cuenta de unos
gastos en los que se incurrió, no es posible determinar ni siquiera si el proyecto
constructivo inició porque no se aportó material probatorio que diera cuenta de
ello, más allá de facturas de las cuales no es posible establecer con certeza si
corresponden a los daños reclamados por la parte actora.

7) Aunado a lo anterior, en cuanto a la licitud del daño, para el momento en que
solicitó la ampliación de la licencia de construcción ya no era permitido el uso
del suelo para actividades de explotación comercial de hidrocarburos lo que
llevó a la anulación de la licencia, situación que debía ser conocida previamente
por las demandantes.

5. El recurso de apelación

La parte actora (índices 103 y 104 SAMAI2) solicita que se revoque la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, se acceda a sus súplicas, para lo cual
expuso lo siguiente:

1) No es cierto que la licencia de construcción no generaba certeza sobre la
viabilidad del proyecto, pues, ese acto administrativo definitivo sí otorgaba
derechos de desarrollo y construcción por lo cual no se trataba de una simple
expectativa sino de una situación jurídica consolidada que habilitó el inicio de
las obras y la realización de inversiones; aproximadamente durante seis años

2
Aunque fueron presentados dos escritos por separado, uno en nombre de Distrimetano de
Colombia Ltda e Inversiones Garcar SAS y, el otro, solamente en nombre de Distrimetano de
Colombia Ltda en liquidación judicial, los dos contienen el mismo texto, con la única diferencia
en que en el segundo se agregó al final la consideración relacionada con la falla del servicio.

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la licencia produjo efectos jurídicos, período en el cual las demandantes
actuaron con base en el principio de confianza legítima, ejecutaron contratos y
asumieron obligaciones económicas que luego no pudieron cumplir.

2) No es correcta la interpretación del tribunal respecto de los requisitos
técnicos adicionales para la operación de la estación de servicio; dichos
requisitos no eran exigibles como condición previa para la expedición de la
licencia sino posteriores a la ejecución de la obra; por lo tanto, correspondía a
la curaduría urbana verificar el cumplimiento de los requisitos al momento de
otorgar la licencia, sin que pueda trasladarse esa carga al administrado; la
estación ya se encontraba en funcionamiento y contaba con certificaciones y la
exigencia de otros permisos debía surtirse en etapas posteriores del proyecto.

3) Contrario a la valoración probatoria en torno al daño efectuada por el tribunal,
sí se acreditaron inversiones, contratos -incluido uno con Chevron Petroleum
Compsny- y actividades de obra iniciadas; además, la paralización del proyecto
obedeció a la actuación del propio municipio, quien, primero expidió la licencia
y luego promovió su control de legalidad y suspensión de las obras, situación
que impidió culminar el proyecto dentro del término otorgado.

4) Es imprecisa la afirmación del tribunal según la cual no se demostró la
viabilidad técnica y económica del proyecto, pues, la expedición misma de la
licencia constituye prueba de cumplimiento de requisitos y de viabilidad inicial,
de modo que no se trataba de una probabilidad sino de una certeza derivada
de un acto administrativo definitivo.

5) Hubo error en la concepción del daño antijurídico; su configuración no
depende de la licitud o ilicitud de la actuación administrativa sino de la no
soportabilidad del daño por la víctima; en ese sentido, la anulación posterior de
la licencia (expedida con vicios imputables a la administración) generó un
desequilibrio en las cargas públicas por el hecho de privar a las demandantes
de la posibilidad de explotar económicamente el proyecto; existe jurisprudencia
del Consejo de Estado sobre pérdida de oportunidad y sobre la irrelevancia de
la licitud del acto frente a la antijuridicidad del daño.

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6) El tribunal omitió analizar de fondo la falla del servicio; la curaduría urbana,
como delegataria de funciones públicas, tenía el deber de verificar el
cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial con antelación a la
expedición de la licencia, por lo cual la emisión irregular del acto y su posterior
anulación configuran una omisión imputable a la administración; el deber estatal
de inspección, vigilancia y control no se agota con la expedición de la licencia.

7) Se configuran los elementos de la responsabilidad extracontractual: daño
antijurídico, hecho imputable a la administración (expedición irregular de la
licencia y omisión de control) y nexo causal; el municipio generó el daño por
autorizar el proyecto y luego invalidarlo sin haber verificado previamente el
cumplimiento normativo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido
a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y
anuncio de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) Presentada la demanda de manera oportuna3, corresponde a la Sala
determinar si en este asunto la entidad demandada es patrimonialmente
responsable de los perjuicios causados a las demandantes con ocasión de la
anulación de la licencia de construcción que impidió el desarrollo de su proyecto
de ampliación de la estación de servicio, debido a la falla del servicio en que
habría incurrido consistente en la expedición irregular de dicha licencia.

3
Como la decisión que anuló la licencia de urbanismo quedó ejecutoriada el 11 de agosto de
2021, por haber sido notificada la sentencia de segunda instancia el 6 de agosto anterior (según
información cotejada en SAMAI de ese proceso), la solicitud de conciliación prejudicial se
presentó el 3 de marzo de 2022, la cual se declaró fallida según constancia del 27 de abril
siguiente (archivo 7 índice 5 SAMAI), y la demanda se presentó el 4 de agosto de 2022, se
impone concluir que lo fue antes del vencimiento de los dos (2) años de caducidad para impetrar
el medio de control de reparación directa de que trata el artículo 164 del CPACA.

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2) Al respecto se advierte que, si bien en el recurso de apelación la parte actora
refirió una falla del servicio por omisión de control, ello no fue alegado en la
demanda, y por tal motivo, tampoco quedó fijado en el litigio en primera
instancia, razón por la cual la impugnante incurre, indebidamente, en
modificación de la causa petendi.

3) También se pone de presente que el medio de control judicial de reparación
directa ejercido con la demanda es procedente porque el caso encuadra en una
de las hipótesis que la jurisprudencia ha establecido para dicha procedencia
cuando hay actos administrativos de por medio, como en este caso, toda vez
que la licencia de construcción fue anulada en sede judicial por solicitud de la
curadora urbana que la expidió y no por la parte actora4.

4) La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las
pretensiones de la demanda, por cuanto, se constató que mucho antes de
declararse la nulidad de la licencia de construcción en sede judicial se había
sancionado a las demandantes en un proceso administrativo urbanístico por la
ampliación de la estación de servicio en contravención con las disposiciones
del POT, motivo por el cual el daño alegado no puede ser objeto de reparación
en los términos demandados.

2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

1) La imputación de responsabilidad consignada en la demanda se centra en
argüir que el daño es atribuible a la entidad demandada por el hecho de haber
expedido una licencia de construcción viciada de nulidad que privó a las
demandantes de desarrollar su proyecto comercial; el tribunal de primera
instancia denegó las súplicas de la demanda porque el daño alegado no es
cierto ni lícito y, por tal motivo, que no es indemnizable.

2) En el recurso de apelación la parte actora solicita que se revoque el fallo de
primera instancia debido a que, contrario a lo considerado por el tribunal, el acto

4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019,
proceso no. 25000-23-26-000-2008-10182-01(46806), MP Ramiro Pazos Guerrero. Postura
reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de junio de
2025, proceso no. 05001-23-31-000-2009-00754-02 (69.711), MP Fredy Ibarra Martínez, entre
otras.

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Actor: Distrimetano de Colombia Ltda y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

administrativo otorgaba derechos de desarrollo y construcción, por lo cual no
se trataba de una simple expectativa sino de una situación jurídica consolidada
que habilitó el inicio de las obras y la realización de inversiones que con la
anulación se perdieron.

3) En ese contexto, de conformidad con las pruebas válidamente aportadas al
proceso se encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes para la
adopción de la decisión de la controversia:

a) Mediante la Resolución no. LC-2014-1823 del 18 de junio de 2014 el curador
urbano no. 1 de Armenia de la época aprobó la licencia de construcción en la
modalidad ampliación para la construcción de un canopy en la estación de
servicio ubicada en la carrera 14 (Avenida Bolívar) no. 15 – 18N/19N, sobre dos
predios identificados con las matrículas inmobiliarias números 280-171331 y
280-69607, en favor de las sociedades Inversiones Garcar SAS y/o
Distrimetano de Colombia Ltda (archivo 9 índice 5 SAMAI).

b) La Inspección Municipal de Control Urbano del Departamento Administrativo
de Planeación de Armenia inició un proceso administrativo sancionatorio en
contra de las sociedades demandantes por presunta contravención del POT,
en virtud del cual se efectuó una inspección al lugar el 22 de abril de 2015 y se
procedió a la suspensión provisional y sellamiento de las obras en ejecución,
por motivo de no cumplir con las normas urbanísticas vigentes al momento de
la expedición de la licencia; en el acta respectiva se consignó lo siguiente:

“En sitio se observa la construcción del canopy, movimientos de tierra y
nivelación y la instalación de un tanque de almacenamiento para el
combustible (...). La estación de servicio actual presta servicios de tanqueo
para gas vehicular y la ampliación proyectada plantea el suministro de
combustibles líquidos” (fls. 42 y 43 archivo
“30_6300123330002022000820010MemorialWeb202212713531” índice
24 SAMAI).

c) A través de la Resolución no. 105 del 31 de octubre de 2015 la Inspección
Municipal de Control Urbano del Departamento Administrativo de Planeación
de Armenia declaró contraventoras del Acuerdo 019 de 2009 (POT) a las
sociedades Inversiones Garcar SAS y a Distrimetano de Colombia Ltda por el
predio ubicado en la Avenida Bolívar con carrera 15 calles 18N y 19N donde

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funciona una estación de servicio, lo cual no se encuentra dentro de los usos
clasificados para ese sector; en consecuencia, ordenó la demolición de la obra
construida en el área identificada con la matrícula inmobiliaria no. 280-69607 y
les impuso a las infractoras una multa dineraria como sanción urbanística. En
las consideraciones del acto se aclaró que si bien sobre el predio identificado
con matrícula inmobiliaria número 280-171331 de propiedad de Distrimetano
de Colombia Ltda ya funcionaba una estación de servicio con preexistencia,
para el predio de matrícula número 280-69607 de Inversiones Garcar SAS se
originó una nueva implantación lo cual no era compatible con el POT vigente
(fls. 56 a 60 índice 24 SAMAI5).

Ese acto administrativo fue confirmado mediante la Resolución no. 129 de 2017
en sede de reposición (fls. 65 a 68 ibidem), así como también se confirmó en
sede de apelación administrativa por parte del director del Departamento
Administrativo de Planeación en la Resolución no. 051 del 14 de febrero de
2019, por las mismas razones de la primera instancia (índice 24 SAMAI6).

d) La licencia de construcción contenida en la Resolución no. LC-2014-1823 del
18 de junio de 2014 fue objeto de demanda por parte de la nueva curadora
urbana no. 1 de Armenia y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Armenia en sentencia proferida el 2 de junio de 2020 declaró su nulidad por
contravenir lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia
(Acuerdo no. 019 de 2009, artículo 163), debido a que se otorgó para la
ampliación de la estación de servicio, cuyo uso de suelo no es compatible con
la ficha normativa aplicable a la zona. Esa decisión fue confirmada en segunda
instancia judicial por el Tribunal Administrativo del Quindío en sentencia dictada
el 5 de agosto de 2021 por la misma razón (archivos 10 y 11 índice 5 SAMAI).

e) Al expediente fueron allegados unos documentos con los cuales la parte
actora pretende acreditar los perjuicios alegados, tales como un certificado del
patrimonio de Distrimetano de Colombia Ltda y otros soportes contables
expedidos por la revisora fiscal de la empresa (fls. 16 y siguientes, archivo 4

5
Archivo “30_630012333000202200082008MemorialWeb2022127135258”.
6
Archivo “30_630012333000202200082009MemorialWeb202212713530”.

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índice 5 SAMAI); asimismo, se practicó un dictamen pericial para los mismos
efectos (índice 71 SAMAI).

4) Con fundamento en el anterior panorama probatorio, la Sala encuentra que
efectivamente la licencia de construcción para la ampliación de la estación de
servicio otorgada a las sociedades demandantes fue anulada en sede judicial;
sin embargo, no es cierto que al dejarla por fuera del ordenamiento jurídico no
pudieron desarrollar su negocio comercial, como se alegó en la demanda.

5) Las pruebas dan cuenta que la Inspección Municipal de Control Urbano del
Departamento Administrativo de Planeación de Armenia inició un proceso
administrativo sancionatorio en contra de las sociedades demandantes mucho
antes de que se declarara la nulidad de la licencia, el cual culminó con orden
de sanción y demolición de las obras ejecutadas mediante acto administrativo
que se encuentra en firme, pues, no hay prueba en el expediente de lo contrario,
inclusive, en el curso de dicho proceso se practicó una medida de suspensión
provisional de las obras.

6) Lo anterior pone en evidencia que el daño alegado ya existía cuando se
anuló la licencia de construcción y, por tal motivo, no es posible indemnizarlo
por la falla imputada al municipio de Armenia (Quindío).

7) No tiene razón el tribunal de primera instancia en afirmar que la construcción
de las obras no se probó, pues, con el acta de la visita efectuada por la
Inspección Municipal de Control Urbano del Departamento Administrativo de
Planeación de Armenia se pudo constatar que en abril de 2015 ya estaba la
construcción del canopy y la instalación de un tanque de almacenamiento para
el combustible; no obstante, desde ese mismo momento se ordenó la
suspensión de las obras y en febrero de 2019 su demolición, momento a partir
del cual de manera definitiva las demandantes no pudieron llevar a cabo su
plan de negocio.

8) Cuando quedó en firme la decisión que declaró la nulidad de la licencia, esto
es, en agosto de 2021, el daño ahora alegado ya estaba consumado, de modo
que este no se concretó con la anulación de la licencia, como lo alegan las

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Actor: Distrimetano de Colombia Ltda y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

demandantes, sino con el proceso administrativo sancionatorio que culminó
con acto administrativo que las sociedades debieron demandar y no lo hicieron.

9) Esperar a que la administración demandara su propio acto para pretender la
reparación de unos perjuicios que a la postre fueron causados por una situación
jurídica irregular de su negocio, debido al incumplimiento de lo previsto en el
POT, no es ni puede ser justificación para que el daño sea indemnizable.

10) En ese orden de ideas, esta Sala considera que la imposibilidad de ejecutar
el plan de negocio por parte de las demandantes no constituye un daño
indemnizable en ese asunto por no haberse generado con la anulación de la
licencia, como se alegó en la demanda, sino con la sanción urbanística
impuesta en su contra.

11) Sin perjuicio de lo anterior que es más que suficiente para confirmar la
denegación de las súplicas de la demanda, es igualmente relevante advertir
que el daño reclamado con la demanda no tiene la connotación de ser
antijurídico porque las peticionarias de la licencia eran y debían ser
conocedoras de las restricciones que sobre el uso del suelo pesaban sobre los
inmuebles respecto de los cuales en su momento solicitaron la licencia de
construcción, por tratarse de normas contenidas en un acto administrativo
general como lo es el POT de Armenia, que, dada su condición de acto general
era exigible y oponible a los ciudadanos; por lo tanto, en modo alguno se puede
pretender ahora reclamar la indemnización de un daño por la expedición de un
acto en el que para su trámite y adopción participaron de manera directa y
consciente las sociedades que integran la parte actora de este proceso; en
otros términos, no es factible predicar la existencia de derechos cuando el daño
producido tiene igualmente por fuente la propia torpeza o injuria de quienes en
su momento pretendieron obtener indebidamente una licencia de
construcción.

12) En todo caso, la Sala también comparte las razones del tribunal respecto
de que la sola anulación de la licencia de construcción no implicaba la
generación de un daño cierto consistente en la imposibilidad de explotar la
estación de servicio, toda vez que requería el cumplimiento de requisitos

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Actor: Distrimetano de Colombia Ltda y otro
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adicionales para su funcionamiento y operación. En efecto, conforme al artículo
8 del Decreto 1521 de 1998, cualquier construcción, modificación o ampliación
de una estación de servicio requiere no solo la aprobación de la licencia de
construcción, sino además el cumplimiento satisfactorio de las pruebas
hidrostáticas de los tanques y tuberías, así como la calibración de los
surtidores.

13) La Sala advierte que los demás reparos alegados en el recurso de
apelación de la sentencia de primera instancia no serán analizados por
sustracción de materia.

3. Conclusión

Como no se comprobó la causación de un daño antijurídico imputable a la
entidad demandada, no hay lugar a declarar su responsabilidad patrimonial y,
en ese sentido, se impone confirmar la sentencia apelada que denegó las
súplicas de la demanda.

4. Condena en costas

La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 3 del artículo
365 del CGP, porque se confirma en todas sus partes la providencia de primera
instancia, para lo cual el tribunal de origen liquidará la condena en costas de
manera concentrada, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP,
incluidas las agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

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FALLA:

1º) Confírmase la sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión.

2°) Condénase a la parte actora a pagar a la entidad demandada las costas
que se hubieren causado en esta instancia, las cuales serán liquidadas por el
tribunal de origen; inclúyanse igualmente las agencias en derecho en segunda
instancia en favor de la entidad demandada, tásense de manera concentrada
por el tribunal de primera instancia.

3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala

ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Aclara voto

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los
artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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