Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2009-00780-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2009-00780-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2009-00780-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
4 de agosto de 2023
Radicado: 050012331000200900780 01 (59037)
Demandante: Juan Felipe Sierra Fernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Radicado número: 050012331000200900780 01 (59037)
Demandantes: Juan Felipe Sierra Fernández
Demandado: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Tema 1: Daño derivado de la ejecución de actos administrativos
Subtema 1.1. Notificación de acto administrativo al representante legal de la
sociedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 3 de
febrero de 2017, en la que declaró probada la excepción de inepta demanda por
indebida escogencia de la acción y se inhibió para proferir una decisión de fondo.
I. SÍNTESIS
El demandante reclama indemnización de los perjuicios causados como
consecuencia de la falta de notificación de las Resoluciones 3289 del 25 de agosto
de 2008 y 3949 del 1 de octubre de 2008, mediante las cuales la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada canceló la licencia de funcionamiento de la
empresa Control Total Ltda., de la cual era socio.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Pretenden los accionantes que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a
cargo de la Nación-Ministerio de Defensa-Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada como responsable del daño causado con ocasión de la ejecución
de las Resoluciones 3289 del 25 de agosto de 2008 y 3949 del 1 de octubre de
2008, sin que estas hubieran sido notificadas al solicitante. Subsidiariamente,
solicitó la nulidad de dichas resoluciones y el correspondiente restablecimiento del
derecho.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia en auto del 02 de septiembre de 2010,
dispuso la admisión de la demanda, en el entendido en que la acción ejercida es
la de reparación directa. En el auto admisorio se anotó1:
“Resulta evidente para el Despacho que de acuerdo con las pretensiones el
demandante presentó dentro del mismo texto de demanda una acción de
1 Auto admisorio de la demanda, 70 a 72, c. 1.
Radicado: 050012331000200900780 01 (59037)
Demandante: Juan Felipe Sierra Fernández
Reparación Directa y una Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Frente a los mismos hechos (…).
Ante esta ambigüedad del escrito petitorio, reconoce el Despacho que en auto
que inadmite la demanda se consideró la presente acción como una Nulidad
y Restablecimiento del Derecho, y en consecuencia exigió al actor el
cumplimiento de ciertos requisitos, para que encausara su demanda frente a
una u otra acción, sin embargo, como parece desprenderse del recurso, la
acción instaurada es la de Reparación Directa (…).
[E]n consecuencia, se procederá a la admisión de la demanda imprimiendo el
trámite correspondiente a una acción de reparación directa (…)”.
El auto admisorio fue notificado en debida forma2.
Transcurrido el término para contestar la demanda, la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada manifestó que al haber notificado al representante
legal de la empresa Control Total las Resoluciones 003289 del 25 de agosto de
2008 y 003949 de 1 de octubre de 2008, se cumplió tanto con el trámite de
notificación establecido en los artículos 44 y 45 del C.C.A., como con la parte final
del artículo 358 del Código de Comercio, por cuanto la junta de socios delegó la
representación legal al gerente, por lo que era improcedente la notificación a cada
uno de los socios. Por lo anterior, propuso como excepción la inexistencia de la
omisión de notificar los actos administrativos al demandante.
También, afirmó que la Superintendencia canceló la licencia de funcionamiento de
la empresa de vigilancia y seguridad privada Control Total, en ejercicio de la
potestad discrecional que le otorga el artículo 3 del Decreto 356 de 1994, cuando
tuvo conocimiento de la orden de captura dictada en contra de uno de sus socios,
Juan Felipe Sierra, investigado por la Fiscalía, por vínculos con grupos al margen
de la ley, lo que hizo desaparecer la confianza pública que había depositado en
ella, lo cual corresponde con el ejercicio de su función de inspección y vigilancia.
Seguidamente, manifestó que los hechos de la demanda están encaminados a
señalar que los actos administrativos fueron expedidos sin motivación, es decir que
carecen de legalidad, lo que indica que el medio procesal pertinente es la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por último, señaló que el 13 de agosto de 2009, mediante radicado 2009-212, fue
repartida la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho radicada por
Control Total ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra las
resoluciones 3289 del 25 de agosto de 2008 y 3949 del 1 de octubre de 2008, en
la que solicitan el pago de $57.000.000.0003.
Vencida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión4. Así lo hicieron la parte actora y la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada para reiterar los argumentos esgrimidos en la demanda y su
contestación; y, el Ministerio de Defensa para manifestar su falta de legitimación en
la causa por pasiva, debido a que la Superintendencia cuenta con autonomía
administrativa, financiera y personería jurídica, de acuerdo a lo prescrito en la Ley
1151 de 20075. El Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad procesal.
2 Constancias de notificación, f. 75 y 76, c. 1.
3 Contestación de la demanda, f. 77 a 85, c. 1.
4 Auto de pruebas, auto de traslado, f. 120, c. 1 y f. 691, c. 2.
5 Alegatos de conclusión en primera instancia, f. 694 a 711, (parte actora), f. 712 a 728 (Supervigilancia), f. 729
a 731 (Ministerio de Defensa), c. 2.
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Demandante: Juan Felipe Sierra Fernández
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Antioquia se inhibió para proferir una decisión de
fondo, por cuanto encontró probada la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción. Al respecto, señaló que la parte demandante cuestiona la
ausencia de un procedimiento administrativo previo a la resolución atacada, así
como la falta de motivación de la misma, lo que se traduce en la ilegalidad de los
actos administrativos que ordenaron la cancelación de la licencia de funcionamiento,
reclamaciones que son propias de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, ya que resulta imprescindible la realización de un juicio de legalidad sobre
la expedición de los referidos actos administrativos, para evaluar la procedencia de
una eventual reparación de perjuicios.
Así, el Tribunal estableció que en el presente caso no se está atacando solamente
la falta de notificación de los actos administrativos al demandante, sino también la
violación al debido proceso y la ausencia de motivación de estos, lo que indica que
la fuente del daño no es una omisión, sino la ilegalidad de las resoluciones que
ordenaron la cancelación de la licencia de funcionamiento de Control Total Ltda.,
por lo que para que la reparación sea posible, será necesario estudiar su legalidad
para sacarlos del ordenamiento jurídico y eventualmente, reparar los daños
causados.
2.4. El recurso
2.4.1. La parte actora sustentó su recurso de apelación y solicitó la revocación de la
sentencia con el fin de que se acceda a las pretensiones, con fundamento en los
siguientes cargos6:
2.4.1.1. La jurisdicción contencioso administrativa está dispuesta para juzgar
operaciones administrativas, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 83 del
C.C.A., y dispuso la acción de reparación directa para el resarcimiento de los
daños causados por operaciones administrativas (art. 86). Por tanto, señaló
que en el presente caso la acción idónea es la de reparación directa, por
tratarse de un daño causado con una operación administrativa.
2.4.1.2. Esgrimió las diferencias entre los conceptos de operación
administrativa y acto administrativo y, frente a estos últimos, indicó que los
actos de carácter general se publican y los de carácter particular se notifican,
so pena de resultar inoponibles. Esto, para argumentar que cuando la
administración decide ejecutar un acto administrativo particular sin que medie
notificación y, de ello se derivan perjuicios patrimoniales para el administrado,
el medio de control procedente es el de reparación directa.
2.4.1.3. Las pretensiones de la presente reparación directa no tienen como
fundamento jurídico un cuestionamiento contra la legalidad de las decisiones
de la administración, sino los perjuicios que devienen de la ejecución del acto
sin que medie notificación.
2.4.1.4. El hecho generador del daño es la ejecución de los actos
administrativos expedidos sin que mediara notificación alguna al señor Juan
Felipe Sierra Fernández, pues como socio de la persona jurídica, debió ser
notificado de manera individual.
6 Recurso de apelación, f. 746 a 774, c. ppal.
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Demandante: Juan Felipe Sierra Fernández
2.4.1.5. El Tribunal desconoció las pruebas obrantes en el expediente que
demuestran la omisión del deber de vincular en la actuación a Juan Felipe
Sierra Fernández y notificarle la decisión. Además, los testimonios del
gerente general y la gerente administrativa de Control Total Ltda. dan cuenta
de la actuación legítima de la empresa, que la hacía merecedora de la
renovación de la licencia negada por la Superintendencia.
2.4.1.6. Frente al dictamen pericial manifestó que el Tribunal debe apreciar
la prueba en conjunto para llegar a determinar que la Superintendencia fue
arbitraria en su actuación, pues no expuso motivos aparentes, fácticos ni
jurídicos que le habilitaran a cancelar la licencia de funcionamiento de la
empresa Control Total Ltda. Seguidamente argumentó que “el acto
administrativo cuestionado fue ejecutado sin notificarse al demandante quien
se afectaba directamente con sus efectos (…) tema que nos libera incluso de
analizar la legalidad del acto, pues la fuente de responsabilidad es la
ejecución de un acto sin notificar, independientemente de su legalidad (…)”.
2.4.1.7. La entidad demandada tuvo una conducta procesal desleal al objetar
por error grave el segundo dictamen pericial, máxime cuando al primer
dictamen no se opuso en objeción.
2.4.1.8. En adelante, el recurso de apelación se centró en señalar los motivos
de inconformidad referentes a lo que llamó pretensiones subsidiarias de
nulidad y restablecimiento del derecho, aclarando que es procedente la
acumulación de pretensiones y que las resoluciones expedidas por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada adolecen de sendos
vicios de nulidad por violación de las normas en que debían fundarse y por
una clara ausencia de motivación. Nuevamente insistió en que “las
resoluciones fueron ejecutadas en relación con el demandante sin haber sido
notificadas, lo que vincula la responsabilidad del Estado, independientemente
de la legalidad de las mismas (…). Estamos en presencia de una ejecución
de un acto ilegal, independientemente de la legalidad (…)”.
2.4.1.9. Los jueces tienen la obligación de adoptar decisiones de fondo, pues
la sentencia inhibitoria es la antítesis de la función judicial. Además, la parte
motiva de la sentencia de primera instancia emitió un pronunciamiento de
fondo camuflado, pues anotó que “la Sala ha verificado que la fuente del daño
(…) no es una simple omisión, puesto que la administración realmente no ha
incurrido en el defecto señalado como lo presenta el actor”, lo que oculta una
posición frente a la falta de responsabilidad del Estado que no se resolvió de
fondo.
2.4.1.10. El Tribunal desconoció los presupuestos sustanciales de las
pretensiones pues “no puede pretender la jurisdicción contenciosa que los
debates presentados en vigencia del Código Contencioso Administrativo
Decreto-Ley 01 de 1984 cuya fuente interpretable en el mundo jurídico sea
múltiple, como en el caso de la referencia, se discutan indefinidamente
porque la palabra acción de reparación y la palabra nulidad y
restablecimiento del derecho al parecer comportan fuente de reparación
distintas con desconocimiento y sin contexto alguno con los hechos fácticos
acaecidos en el mundo real, que son solo unos, y es que se observa con
preocupación que el Tribunal Administrativo de Antioquia al parecer sostiene
que la declaración de responsabilidad extracontractual del Estado frente a mi
representado solo sería procedente una vez se desvirtúe la presunción de
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Demandante: Juan Felipe Sierra Fernández
legalidad de las Resoluciones de cancelación de la licencia de Control Total
Ltda.”.
2.4.1.11. Insistió en la solicitud de revocación del fallo de primera instancia,
para que, en su lugar se disponga acceder a las pretensiones de la demanda
declarando a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y a la
Nación-Ministerio de Defensa Nacional solidariamente responsables por los
perjuicios ocasionados a Juan Felipe Sierra Fernández con la ejecución de
las Resoluciones 3289 de 5 de agosto de 2008 y 3949 del 1 de octubre de
2008, sin haber sido notificadas, que ascienden a la suma de
$24.625.775.000 y lo demás que se demuestre en el proceso. Además, anotó
como pretensiones subsidiarias de nulidad y restablecimiento del derecho,
que se declare la nulidad de las resoluciones 3289 de 5 de agosto de 2008 y
3949 del 1 de octubre de 2008 y, en consecuencia, restablecer en el derecho
al demandante con el pago de $24.625.775.000 o la suma mayor que resulte
probada en el proceso.
2.4.1.12. Por último, solicitó que, de encontrarse mérito para desestimar las
pretensiones, deberá considerarse la “pretensión constitucional de excepción
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, como pretensión superior a todas
aquellas legales en virtud de la constitución”. Esto por cuanto una potestad
discrecional absoluta por parte de la Superintendencia para cancelar la
licencia de funcionamiento iría en contra de los artículos 4 y 6 de la
Constitución Política por extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En
el recurso se anotó: “si el Despacho desatiende los argumentos expuestos
anteriormente en el presente escrito, y considera que la potestad ejercida por
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es una potestad o
facultad discrecional mal llamada “de plano”, como sinónimo oscuramente
camuflado de arbitrario, deberá inaplicarlas por inconstitucionales, toda vez
que las mismas violan de manera expresa el referido “principio de legalidad”
(…)”.
2.5. Trámite relevante en segunda instancia
Esta Corporación, en auto del 25 de mayo de 20177, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, el 3 de febrero de 2017.
Por auto del 22 de junio de 20178, corrió traslado a las partes, para que presentaran
alegatos de conclusión, y al Ministerio Público, para que rindiera concepto. La
parte actora presentó alegatos de conclusión9, en los que reiteró los argumentos
esgrimidos en el recurso de apelación. La Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada en sus alegatos de conclusión señaló que la notificación de los
actos administrativos a la persona jurídica se realizó por intermedio de su
representante legal quien era el facultado para estos eventos tal como lo dicta el
Código de Comercio10. El Ministerio Público rindió su concepto en el que solicitó
confirmar la decisión de primera instancia, por cuanto consideró que en el presente
asunto hay una indebida escogencia de la acción, por cuanto no es correcto afirmar
que las resoluciones expedidas no podían ser ejecutadas en tanto no se surtiera la
notificación a cada uno de los socios, pues estas fueron debidamente notificadas al
7 Auto que admite recurso de apelación, f. 779, c. ppal.
8 Auto de traslado, f. 475, c. ppal.
9 Alegatos de conclusión, parte actora, f. 790 a 824, c. ppal.
10 Alegatos de conclusión, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, f. 825 a 829, c. ppal.
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representante legal de la sociedad Control Total Ltda., por tanto, los argumentos
referentes a la falta de motivación de las resoluciones debieron ser expuestos
mediante una acción de nulidad y restablecimiento del derecho11.
En auto de 9 de julio de 2019, el despacho declaró fundado el impedimento
manifestado por el magistrado Nicolás Yepes Corrales para conocer el presente
asunto, por estar inmerso en la causal que dispone el numeral 12 del artículo 141
del CGP12.
III. PROBLEMA JURÍDICO
3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) —
aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 13-14— el
“recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia
funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo
establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece,
“cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta
Sección, el juzgador tiene la potestad de “pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales
como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de
la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos
de su inconformidad con la providencia censurada”15.
3.2. En este orden de ideas, de acuerdo con los cargos de la apelación, es preciso
resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿Es la reparación directa la acción pertinente para incoar las pretensiones de
resarcimiento del daño que la parte actora considera sufrió con la ejecución de actos
administrativos que fueron notificados al representante legal de la empresa Control
Total Ltda., pero que aduce que no le fueron notificados al socio Juan Felipe Sierra?
Si resulta afirmativa la respuesta al anterior interrogante, tendrá que definirse si la
falta de notificación a Juan Felipe Sierra como socio de la empresa Control Total
Ltda. constituye un hecho generador de un daño antijurídico atribuible a las
entidades demandadas.
11 Concepto Ministerio Público, 830 a 840, c. ppal.
12 Auto del 9 de julio de 2019, f. 844, c. ppal.
13 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones. […]” (subrayado fuera del texto original).
14 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio
de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.
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Cabe aclarar que no hay lugar a analizar los argumentos que la parte actora
denomina como “pretensiones subsidiarias” y que tienen fundamento en la solicitud
de declaratoria de ilegalidad de los actos administrativos en mención por la que
considera “falta de motivación” y otras causales esbozadas, pues estas son propias
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que fueron descartadas
desde el auto de admisión de la demanda. Además, de acuerdo con la revisión
del sistema de información judicial SAMAI, existe un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por Control Total Ltda. contra la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, con radicado 25000232400020090021201, que tiene como
pretensión la nulidad de las Resoluciones 3289 del 25 de agosto de 2008 y 3949
del 1 de octubre de 2008, por medio de las cuales se canceló la licencia de
funcionamiento como empresa de vigilancia de Control Total Ltda., luego entonces,
se trata de un asunto que ya está siendo ventilado a través del medio procesal
procedente.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito
4.1.1. La Sala procede a resolver el problema atinente al fondo de la controversia,
habida consideración de la competencia que le asiste para ello, por tratarse del
recurso de apelación presentado en contra de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en un proceso con vocación de doble instancia16
4.2. Acción procedente
En reiterada jurisprudencia17, la Sección ha indicado que la escogencia de la acción
o medio de control judicial no depende de la discrecionalidad del demandante, sino
del origen del perjuicio alegado, de forma tal que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho resulta pertinente para traer a esta jurisdicción
pretensiones de restablecimiento e incluso reparación de perjuicios que hayan
venido consecuenciales a un acto administrativo ilegal, al tiempo que la acción de
reparación directa resulta ser el medio idóneo para dar cauce a pretensiones de
reparación de daños que han tenido por fuente a un hecho, omisión u operación
administrativa. Sin embargo, ha reconocido que, excepcionalmente, la de
reparación directa procede para demandar la reparación de daños que se hubieren
causado por un acto administrativo legal, excepción que se explica en cuanto se
edifica con base en el desconocimiento del principio del equilibrio que debe regir la
distribución de las cargas públicas, sin perjuicio de la observancia de la legalidad
formal por el acto; como que también viene pertinente para la reparación de aquellos
daños que han tenido causa i) en un acto administrativo particular que no sea
susceptible de control judicial por haber sido revocado en sede administrativa; o ii)
en un acto administrativo de carácter general, previa declaratoria de nulidad y
siempre que entre el daño y el acto general no medie uno de carácter subjetivo que
pueda ser objeto de cuestionamiento en sede judicial, “lo que quiere decir que si la
16 La cuantía estimada en la demanda ($24.625.775.000) supera el monto establecido en el artículo 132 del
C.C.A., para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble
instancia ante esta Corporación, -500 smlmv- considerados al momento de presentación de la demanda-, que
para el 2009 ($496.900) ascendía a $284.500.000.
17 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 13 de abril
de 2013, Exp. 26437; de cuatro (4) de noviembre de dos mil quince (2015), Exp. 34254; y los autos de 24 de
agosto de 1998, Exp. 13685; de 19 de abril de 2001, Exp. 1951; de 15 de mayo de 2003, Exp. 23205; y de 5 de
julio de 2006, Exp. 21051.
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causa directa del perjuicio no es el acto administrativo anulado, sino un acto
administrativo particular expedido a su amparo, debe acudirse a la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho debido [a] que sólo a través de ella puede destruirse
la presunción de ilegalidad que lo caracteriza”. Asimismo, la Sección ha señalado
que este medio de control -reparación directa- es el mecanismo procesal idóneo
para pedir el resarcimiento en la ejecución de un acto administrativo que haya sido
objeto de revocación directa o de anulación judicial18.
El hecho que el accionante señala en la demanda como fuente del daño materia de
su pretensión de reparación, se concreta en la falta de notificación del acto
administrativo que denegó la licencia de funcionamiento a la empresa Control Total
Ltda. de la cual el demandante era socio. De esta manera manifiesta que su
pretensión principal deriva de dicha omisión y no de la ilegalidad del acto, la cual
constituye solamente una pretensión subsidiaria. Por tanto, la Sala analizará si la
existencia de dicha omisión en la notificación daría lugar al estudio de las
pretensiones mediante la vía de la reparación directa.
La notificación es un acto procesal que constituye una garantía al debido proceso.
Por tanto, la falta de notificación o la notificación irregular de un acto administrativo
puede generar un daño antijurídico, en la medida en que el incumplimiento del
principio de publicidad podría impedir que el acto produzca los efectos para los que
fue proferido. Sin embargo, como la publicidad de los actos administrativos no es
un requisito para su existencia ni para su validez, si un acto administrativo se ejecuta
con vicios de publicidad, por irregularidades en su notificación, el reproche tendrá
que recaer sobre la operación administrativa que constituye su ejecución, y no sobre
la ilegalidad del acto administrativo, ya que su validez no se ve afectada por la
ineficacia causada por la irregularidad en la publicidad.
En consecuencia, si un administrado considera que el daño que sufrió deviene de
una irregularidad en la notificación del acto administrativo que lo afecta, lo
procedente es incoar sus pretensiones mediante la acción de reparación directa,
teniendo en cuenta que dicha irregularidad no tiene efectos en la legalidad del acto.
Así lo expresó esta Subsección en sentencia de 8 de agosto de 2012:
“[S]i el acto administrativo que se encuentra viciado en su publicidad no le
produce efectos al destinatario, es conclusión obligada que si lo en él
previsto de todas maneras se ejecuta o se lleva a efecto, tal situación no
puede tenerse como la consecuencia de un acto administrativo sino como el
resultado de una operación administrativa que será ilegal por consistir en la
ejecución de un acto que aún no puede producir sus efectos por haberse
omitido la notifica.ción o por haber sido ésta indebidamente realizada.
Siendo la existencia y la validez del acto cuestiones diferentes a su
ejecución, es también lógico concluir que la ilegalidad de ésta no determina
la invalidez de aquel y por ende lo que procede en ese caso es cuestionar
el acto de ejecución pues es éste quien ostenta el vicio de ilegalidad y con
fundamento en ello solicitar la reparación del daño que con él se hubiere
causado. Y la acción procedente no es otra que la acción de reparación
directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo,
si es que con esa operación administrativa se causó un daño (…)”19.
18Cfr., entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, Exp.
16079; y del
cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018), Exp. 60502
19 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, sentencia del 8 de agosto de 2012, exp. 23358.
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Así, teniendo en cuenta que la parte actora alegó que el daño que sufrió se deriva
de la operación administrativa de notificación irregular del acto administrativo por
medio del cual se canceló la licencia de funcionamiento a la empresa Control Total
Ltda., la Sala considera procedente analizar los presupuestos de la responsabilidad
por vía de reparación directa.
4.3. Caducidad de la acción
La parte demandante hizo un oportuno ejercicio del medio de control de reparación
directa, ya que presentó su demanda dentro de los dos (2) años previstos en el
artículo 136.8 del CCA20, teniendo en cuenta que la Resolución 3949 del 1 de octubre
de 2008, en la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la empresa
Control Total Ltda., y se confirmó la decisión de cancelar la licencia de
funcionamiento, fue notificada mediante edicto desfijado el 5 de noviembre de
200821, y, de acuerdo con lo consignado en el acta de la audiencia de conciliación
extrajudicial22, el comité de conciliación de la Superintendencia tomó la decisión de
no conciliar, el 9 de marzo de 2009, lo que quiere decir que para esa fecha ya se
había interrumpido el término de caducidad con la solicitud de conciliación, el cual
se reanudó el 18 de mayo de 2009, cuando se declaró fallida la respectiva audiencia,
misma fecha en la que fue presentada la demanda, antes de que venciera el término
de caducidad.
4.4. Legitimación en la causa
La presente decisión tendrá alcance respecto de Juan Felipe Sierra Fernández, que
la Sala encuentra legitimado en la causa por activa, por cuanto acreditó ser uno de
los socios de la empresa Control Total Ltda., afectada con la cancelación de la
licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada23.
Y, en lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra legitimada en la
causa a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por ser el órgano al
que la parte actora le atribuye la omisión en el trámite de la notificación del acto
administrativo mediante el cual se canceló la licencia de funcionamiento de la
empresa Control Total Ltda.
No ocurre lo mismo frente al Ministerio de Defensa Nacional, pues mediante la Ley
1151 de 2007, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”, se
dotó de personería jurídica a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
lo que implica que dicho órgano puede acudir al proceso sin la intermediación del
Ministerio al que se encuentra adscrita. Por lo anterior, y en atención a que ningún
hecho referido en la demanda tiene relación con las funciones del Ministerio de
20 Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en los que se pretende la indemnización de
los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años previsto en el
artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo inicia a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de
la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la preclusión de la
investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un daño
antijurídico. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación de 15 de agosto de 2018 y 18 de
julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En igual sentido, Sección Tercera, auto de 19 de
julio de 2010, expediente 37410).
21 Constancia de notificación por edicto, f. 33, c. 1.
22 Acta de audiencia de conciliación extrajudicial,
23 Copia del Certificado Único Nacional de Cámara de Comercio en el que figura el demandante como socio de
la empresa Control Total, f. 40, c. 1.
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Demandante: Juan Felipe Sierra Fernández
Defensa Nacional, se declarará su falta de legitimación por pasiva en el presente
asunto.
4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada
4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u
omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad
patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico
y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas.
En el presente caso, el demandante alude a que la indebida notificación de las
Resoluciones 003289 de 25 de agosto de 2008 y 003949 del 1 de octubre de 2008,
por medio de las cuales se canceló la licencia de funcionamiento de la empresa
Control Total Ltda., de la cual era socio, le generó el daño antijurídico por el cual
pretende reparación.
Al respecto, la Sala advierte que las notificaciones dentro del procedimiento
administrativo adelantado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada se realizaron de la siguiente manera:
▪ El 25 de agosto de 2008, el secretario general de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 44 y 45 del C.C.A., remitió oficio de citación para notificación
personal al representante legal de la empresa Control Total Ltda., con
ocasión de la expedición de la Resolución 003289 de 25 de agosto de 2008,
mediante la cual se canceló la licencia de funcionamiento de la empresa24.
▪ El 9 de septiembre de 2008, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada fijó edicto para surtir la notificación a la empresa Control Total Ltda.
de la Resolución 003289 de 25 de agosto de 2008, teniendo en cuenta que
no se notificó personalmente, a pesar de haberse enviado por correo
certificado la comunicación de citación. El edicto se desfijó el 22 de
septiembre de 2008 en cumplimiento del término legal previsto para el
efecto25.
▪ El 1 de octubre de 2008, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada profirió la Resolución 003949, en virtud del recurso de reposición
interpuesto por el señor Jorge Alonso Botero Mesa, actuando como
representante legal de la empresa Control Total Ltda., en contra de la
Resolución 003289 de 25 de agosto de 2008. En el numeral quinto de la
parte resolutiva de este acto administrativo se ordenó la notificación de la
decisión de confirmar la Resolución mediante la cual se canceló la licencia
de funcionamiento de la empresa Control Total Ltda., nuevamente, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 del C.C.A.26.
▪ Obra en el expediente copia del oficio enviado el 2 de octubre de 2008, por
la Superintendencia, a la dirección de la empresa Control Total Ltda., carrera
45 n. 23 a sur-32, dirigido a su representante legal, con el fin de solicitarle
24 Citación para notificación personal, 25 de agosto de 2008, f. 45, c. 1.
25 Edicto de notificación de la Resolución 003289 de 25 de agosto de 2008, f. 46, c. 1.
26 Resolución 3949 de 1 de octubre de 2008, f. 47, c. 1.
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Demandante: Juan Felipe Sierra Fernández
que compareciera para notificarle personalmente la Resolución 3949 del 1
de octubre de 200827.
▪ Más adelante consta el edicto de notificación de la Resolución 3949 del 1 de
octubre de 2008, fijado el 22 de octubre de 2008, en el cual se anotó que no
fue posible efectuar la notificación personal, a pesar de haberse enviado
mediante correo certificado la comunicación de citación para notificación 28.
▪ Obra en el expediente copia del oficio enviado por la oficina PQR de Soporte
Corporativo de la empresa de correos 472 a la interventoría del contrato en
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en atención a su
requerimiento, en el que informó que el envío certificado con destino a
Control Total Ltda., fue entregado, en la dirección señalada, el día 9 de
octubre de 2008 y recibido por la señora Viviana López29.
El demandante alega que, como socio de la empresa Control Total Ltda., debía ser
notificado de manera individual de la decisión de cancelar la licencia de
funcionamiento, por lo que considera que la ejecución de este acto administrativo
sin que medie dicha notificación, constituye una omisión en el deber de vincularlo
al procedimiento administrativo adelantado por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Sobre la notificación de las decisiones que pongan fin a una actuación
administrativa el artículo 44 del C.C.A. dispone que esta se hará de manera
personal “al interesado o a su representante o apoderado”. Además, señala que
“para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación
a la dirección que haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación”.
Seguidamente, la citada norma procesal, en su artículo 45, establece que “si no se
pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de
diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia”.
En este caso, está demostrado que la citación para la notificación personal fue
enviada por correo certificado al representante legal de la empresa Control Total
Ltda., a la dirección que figura como dirección comercial y judicial en el certificado
de matrícula mercantil30.
No obstante lo anterior, advierte la Sala que la notificación personal no se concretó
porque la parte interesada, habiéndo sido debidamente noticiada, no concurrió a
recibir directamente la notificación, teniendo que la Superintendencia acudir a la
notificación por edicto, el cual fue fijado durante el término previsto en la ley.
De lo expuesto no se desprende ninguna irregularidad por parte de la
Superintendencia en el trámite de la notificación de las Resoluciones 003289 de 25
de agosto de 2008 y 003949 del 1 de octubre de 2008, pues, por el contrario agotó
todos los requisitos señalados en la ley para cumplir con el mismo, y como muestra
de que la notificación surtió efectos, se evidencia que el representante legal de la
empresa Control Total Ltda. interpuso recurso de reposición en contra de la
Resolución 003289 de 25 de agosto de 2008.
27 Citación para notificación personal, 2 de octubre de 2008, f. 52, c. 1.
28 Edicto de notificación de la Resolución 3949 de 1 de octubre de 2008, f. 33, c. 1.
29 Respuesta a requerimiento a la empresa de correos 472, f. 54, c. 1.
30 Certificado de existencia y representación legal de la empresa Control Total Ltda., f. 40, c. 1.
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Demandante: Juan Felipe Sierra Fernández
Ahora bien, frente a la omisión en la que el demandante alega incurrió el órgano
demandado al no efectuar la notificación de manera individual al señor Juan Felipe
Sierra Fernández como socio de la empresa Control Total Ltda., la Sala advierte
que el procedimiento administrativo adelantado por la Superintendencia tiene
fundamento en el ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia sobre la
mencionada empresa como persona jurídica, cuyo representante legal está llamado
a comparecer, en nombre de los socios que la integran, ante las instancias
administrativas y judiciales que la requieran, para hacer efectiva su participación,
notificación y defensa en los diferentes trámites en los que se vea involucrada.
En efecto, de conformidad con las normas procesales, las sociedades comparecen
ante los procesos a los que sean vinculadas como personas jurídicas, por medio
de sus representantes legales31. Además, como requisito para la participación de
una sociedad en cualquier procedimiento administrativo es necesario señalar el
nombre y domicilio de su representante legal y acompañar la prueba de tal
representación, que, para el caso de las sociedades comerciales es el certificado
expedido por la Cámara de Comercio32.
Al respecto, el Código de Comercio, establece, en su artículo 196, que “la
representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se
ajustarán a las estipulaciones del contrato social, según el régimen de cada tipo de
sociedad” y, para la constitución de la sociedad es obligatorio expresar en la
escritura “el nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar
legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta
función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o algunos de los
asociados”33. Todo esto, con el fin de que la sociedad tenga una representación
legal definida para celebrar contratos y ejecutar todos los actos comprendidos
dentro del objeto social.
La Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad de los artículos 164 y 442 del
Código de Comercio, referentes a la responsabilidad que endilgan a los
representantes legales salientes de sus cargos, mientras se registra un nuevo
nombramiento, señaló que “La necesidad de que cada sociedad tenga definido
quién ejercerá su representación legal y en qué condiciones lo hará estribar en que,
como personas jurídicas y entes colectivos que son, requieren de un órgano llamado
a expresar la voluntad societaria, a través del cual puedan actuar en el mundo
jurídico adquiriendo derechos y obligaciones para el logro de su objeto social. Frente
a terceros y aun frente a los mismos socios, la sociedad no podrá celebrar contratos,
adquirir obligaciones o responder jurídicamente sino a través de su representante
legal”34.
Por todo lo anterior, la Sala no encuentra que la notificación, por parte de la
Superintendencia, de la resolución en la que canceló la licencia de funcionamiento
de la empresa Control Total Ltda., a su representante legal, contravenga ninguna
norma dispuesta en el ordenamiento jurídico, pues, por el contrario, así se encuentra
establecido para una persona jurídica de esta naturaleza. Tampoco se demostró en
el proceso que existiera alguna condición o estipulación por parte de los socios, que
impidiera realizar la referida notificación mediante el representante legal de la
31 Código de Procedimiento Civil, artículo 44: “Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de
sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos”.
32 Corte Constitucional, sentencia C-621 de 2003.
33 Artículo 110, numeral 12, Código de Comercio.
34 Corte Constitucional, sentencia C-621 de 2003.
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Demandante: Juan Felipe Sierra Fernández
empresa, por lo que no se encuentra configurada alguna falla u omisión que pudiera
dar origen al daño que el demandante alega haber padecido con ocasión de una
indebida notificación del acto administrativo en mención.
Basta con verificar que la Resolución 003289 del 25 de agosto de 2008 fue
impugnada por el representante legal, quien, en ejercicio de las facultades que
reviste como tal, interpuso el correspondiente recurso de reposición, el cual fue
resuelto desfavorablemente mediante acto administrativo que fue debidamente
notificado por edicto, para encontrar demostrado que el representante legal de la
empresa Control Total Ltda., para la época en que fueron expedidas las
Resoluciones 003289 de 25 de agosto de 2008 y 003949 del 1 de octubre de 2008,
ejercía su labor de representación, por lo que le correspondía ser notificado de los
actos administrativos que afectaban a la empresa Control Total Ltda.
Así las cosas, y en atención a la delimitación del presente asunto a la solución del
problema jurídico correspondiente a la acción de reparación directa ejercida, no
habrá lugar al estudio de los demás cargos del recurso de apelación referentes a
los vicios de contenido de los actos administrativos expedidos por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
De la misma manera, no es procedente el análisis de una excepción por
inconstitucionalidad, tal como lo planteó el demandante en su recurso de apelación,
pues ello supone necesariamente un estudio de legalidad de los actos
administrativos expedidos que, como se dijo, no son objeto de análisis en el
presente asunto, máxime cuando se radicó una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra dichas Resoluciones ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Por consiguiente, la Sala revocará la decisión de primera instancia en la que el
Tribunal Administrativo de Antioquia se declaró inhibido para proferir una decisión
de fondo y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.
V. COSTAS
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se encuentra en el caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 3
de febrero de 2017 y, en su lugar:
PRIMERO: DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Ministerio de Defensa Nacional en el presente asunto.
SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas.
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Radicado: 050012331000200900780 01 (59037)
Demandante: Juan Felipe Sierra Fernández
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devolver el expediente al
Tribunal de origen.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Salvo voto
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Conjuez
Firmado electrónicamente
R2
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