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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2009-00212-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2009-00212-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2009-00212-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación número: 25000-23-24-000-2009-00212-01
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: CONTROL TOTAL LTDA – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA QUE DENEGÓ LAS
PRETENSIONES DE LA DEMANDA. LA DEMANDANTE NO LOGRÓ
DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD QUE AMPARA A LOS
ACTOS ACUSADOS. LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA ESTÁ FACULTADA, EN EJERCICIO DE LA
POSTESTAD DISCRECIONAL, PARA CANCELAR LAS LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO A LAS VIGILADAS, EN CUALQUIER MOMENTO,
CUANDO, COMO EN ESTE CASO, VARÍEN LAS CONDICIONES DE SU
OTORGAMIENTO. RECTIFICACIÓN CRITERIO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la

parte actora contra la sentencia de 16 de marzo de 2017, proferida

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las

pretensiones de la demanda.

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Actora: CONTROL TOTAL LTDA – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL

I. ANTECEDENTES

I.1- La sociedad CONTROL TOTAL LTDA., en ejercicio de la acción

de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85

del Código Contencioso Administrativo CCA, mediante apoderado,

presentó demanda contra la SUPERINTENDENCIA DE

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA – MINISTERIO DE

DEFENSA, en la que formuló las siguientes pretensiones:

1°. Que se declare la nulidad de las resoluciones 3289 de 25 de

agosto de 2008 y 3949 de 1º de octubre de 2008, expedidas por la

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

PRIVADA, mediante las cuales canceló la licencia de

funcionamiento de la sociedad CONTROL TOTAL LTDA., y resolvió

el recurso de reposición confirmando la primera decisión.

2º. Que, en consecuencia, la SUPERINTENDENCIA DE

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA y la NACIÓN-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL deben restablecer en el

derecho a la sociedad demandante, lo que implica el pago de los

perjuicios ocasionados con dichas resoluciones, los cuales superan

la suma de $57.000.000.000 o la suma mayor o menor que resulte

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probada en el proceso, más cualquier perjuicio derivado de la

nulidad de dichas resoluciones, principalmente, los relativos a la

imposibilidad de recuperar las inversiones y de ejercer su objeto

social. La cuantía de los perjuicios debe ser tasada pericialmente y

actualizada a la fecha del dictamen y del pago.

3º. Que se condene solidariamente a la SUPERINTENDENCIA DE

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA y a la NACIÓN-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL a reconocer a la sociedad

demandante, cualquier perjuicio derivado de la nulidad de las

resoluciones mencionadas, incluyéndose la pérdida de

oportunidades.

4º. Que en la sentencia se tenga en cuenta lo dispuesto en el

último inciso del artículo 177 del Código Contencioso

Administrativo.

5°. Que se condene en costas a la parte demandada.

I.2- Como sustento de sus pretensiones, en síntesis, la actora,

adujo los siguientes hechos:

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La sociedad demandante inició actividades en el año 1995 bajo la

denominación de VIGILANTES LTDA.; en el año 1999, cuando la

Superintendencia de Vigilancia autorizó la escisión de la compañía y

nació la sociedad que hoy demanda, CONTROL TOTAL LTDA.,

contaba con diferentes clientes que le permitían una facturación

mensual promedio de $62.000.000, de los cuales el 22% provenía

de centros comerciales, sector en donde se logró consolidar como

empresa.

En el mes de diciembre de 2002, la sociedad actora cambió de sede

y se instaló en el municipio de Envigado, Antioquia y la nueva

infraestructura tanto física como de personal, permitió que fuera

creciendo y ampliara su participación en varios sectores, entrando a

los hipermercados de grandes superficies de Colombia como

Carrefour, en septiembre de 2002.

En marzo de 2007, la sociedad inició operaciones en la ciudad de

Bogotá a través de Carrefour, y en virtud del crecimiento en dicha

ciudad se solicitó la creación de la agencia correspondiente, la cual

fue autorizada el 1º de marzo de 2007.

En el mes de septiembre de 2006, CONTROL TOTAL LTDA. inicia

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la prestación de sus servicios al Grupo Éxito en la ciudad de

Envigado, concluyendo la entrega de toda la operación del Grupo

Éxito en el año 2008, con una facturación mensual de

$1.017.015.255.

En el año 2008 la sociedad actora realizó inversiones por el valor de

$97.360.615, para atender nuevos servicios en la zona norte del

país, inversiones que no se pudieron recuperar ante la cancelación

de su licencia de funcionamiento. La sociedad demandante también

prestó sus servicios en el sector educativo y se consolidó en otros

sectores, ingresando al sindicato antioqueño, prestando sus

servicios en el sector de la salud, industrial y residencial.

Al momento de la cancelación de la licencia de funcionamiento a la

sociedad CONTROL TOTAL LTDA., contaba en Bogotá con 388

empleados (17% de los empleados de la compañía) con una

facturación mensual de $498.914.787 que representaban el

15.64% de la facturación de la compañía.

En el año 2006 realizó una negociación con la empresa Jomark

Seguridad, comprando las cuentas de monitoreo, lo que permitió su

ingreso al mercado de la seguridad electrónica y el fortalecimiento

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de dicha área de la compañía; al momento de la cancelación de la

licencia, se estimaba una facturación promedio mensual de

$109.293.021,00, inversiones y gastos que no se pudieron

recuperar por la decisión de la Superintendencia de Vigilancia y

Seguridad Privada.

En el año 2008 la sociedad actora fue la beneficiaria de la

adjudicación del proveedor de los servicios de seguridad de la zona

norte de la empresa cementera Argos S.A., lo que implicó

cuantiosas inversiones, la apertura de la agencia correspondiente

en la ciudad de Barranquilla, la vinculación de 236 empleados, la

operación de diferentes plantas, muelles, puertos y minas en

diferentes ciudades del norte de Colombia, con una facturación

inicial mensual de $491.204.314; este proyecto se vió igualmente

truncado por la cancelación de la licencia de funcionamiento, siendo

imposible la recuperación de la inversión, teniendo presente que

este contrato estaba firmado por tres años.

Al momento de la cancelación de la licencia la sociedad CONTROL

TOTAL LTDA. participaba en la adjudicación de distintos proyectos

para servicios de seguridad en diferentes sectores de la economía,

que le permitirían tener ingresos mensuales adicionales. La

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sociedad actora era la principal compañía de seguridad del

departamento de Antioquia, con una facturación mensual de

$3.244.670.731, distribuidos así: el 37,39% hipermercados, el

20,03% sector comercial, el 16,42% industrial, el 10,34% al de

servicios, y el 15,82% al sector educativo, financiero y propiedad

horizontal. Para entonces, contaba con 2.267 empleados, de los

cuales la mayoría renunciaron por la cancelación de la licencia,

siendo reubicados en otras empresas del sector y,

aproximadamente, 100 empleados están en proceso de liquidación

con indemnización por decisión del liquidador nombrado por la

Superintendencia de Sociedades.

Desde el año 2003 al 2008, las ventas netas, los pasivos, activos,

gastos de operación y patrimonio total, siempre fueron positivos,

dejando una importante utilidad para la sociedad. Para el año 2009

la sociedad CONTROL TOTAL LTDA. presupuestaba una

facturación de $45.790.177.374, teniendo en cuenta que en agosto

de 2008, antes de la cancelación de la licencia, tenía proyectado un

incremento de la tarifa y crecimiento mínimo conservador para la

tendencia progresiva de la compañía, lo que aumenta la magnitud

del perjuicio para la sociedad.

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En los años 2006, 2007 y 2008 la sociedad actora realizó

inversiones en la compra de armas a la Industria Militar (Indumil),

las cuales no se pueden recuperar por la ocurrencia de la

cancelación de la licencia de funcionamiento. De igual forma, en

dichos años celebró contratos de leasing de equipos de cómputo,

radio, entre otros por un valor de $1.372.755.408.

Los socios al momento de la cancelación de la licencia de

funcionamiento eran:

PORCENTAJE DE
SOCIO
PARTICIPACIÓN

Juan Felipe Sierra Fernández 42.5%

Ricardo Andrés Sierra Fernández 5%

Ibsen Ochoa Franco 42.5%

Ricardo Sierra Caro 10%

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mediante

Resolución núm. 2376 de 25 de junio de 2008, renovó la licencia de

funcionamiento de carácter nacional por el término de 5 años a la

empresa de vigilancia y seguridad privada CONTROL TOTAL

LTDA., con domicilio en Envigado, Antioquia, en las modalidades de

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vigilancia fija y escolta a personas y mercancía, con la utilización de

armas de fuego y medio tecnológicos. Durante la vigencia de la

Sociedad no le fue impuesta sanción alguna por la Superintendencia

de Vigilancia y Seguridad Privada.

Sin existir actuación administrativa alguna, la Superintendencia de

Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Resolución núm. 3289 de

25 de agosto de 2008, por medio de la cual se canceló la licencia de

funcionamiento de la empresa de vigilancia y seguridad privada

CONTROL TOTAL LTDA., la cual no estaba debidamente

motivada, sino únicamente justificada en la competencia

discrecional y la arbitrariedad de dicha Superintendencia.

En la mencionada resolución se resolvió cancelar la licencia de

funcionamiento de la sociedad actora, situación que no eximió al

titular de atender las obligaciones pendientes con la

Superintendencia y los terceros de buena fe.

Manifestó que los socios de la empresa de vigilancia y seguridad

privada CONTROL TOTAL LTDA. nunca fueron citados a la

actuación administrativa que culminó con la resolución que canceló

la licencia de funcionamiento, acto administrativo que nunca les fue

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notificado por ningún medio, ni personal ni por edicto. No obstante,

la procedencia del recurso y la interposición del mismo ante la

ausencia de motivación legal del acto era imposible el derecho de

defensa de la sociedad demandante.

Que la resolución de cancelación sólo fue notificada a la empresa de

vigilancia y seguridad privada CONTROL TOTAL LTDA., no

obstante que afecta a terceros, como se concluye de la parte

resolutiva de la misma, concretamente a los socios.

El secretario general de la Superintendencia de Vigilancia y

Seguridad Privada remitió comunicación al representante legal de la

sociedad actora, para efectuar la notificación de la Resolución núm.

3289 de 25 de agosto de 2008, la cual fue recibida el 2 de

septiembre de 2008; sin embargo, éste nunca se presentó para

realizar la notificación personal, por lo cual fue notificada por edicto

fijado el 9 de septiembre de 2008 y desfijado el 22 siguiente.

En la oportunidad procesal correspondiente se interpuso recurso de

reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución núm. 3949 de

1º de octubre de 2008, confirmando la anterior decisión de

cancelación de la licencia.

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Señaló que la Superintendencia estaba en la obligación de

manifestar cuáles eran en concreto los motivos que generaban

desconfianza o inseguridad o que representaban un posible peligro

a la ciudadanía, máxime teniendo en cuenta la trayectoria de la

sociedad a la que se le cancelaba la licencia y la incidencia que ello

tenía en los socios; que independientemente de ser sanción o

decisión administrativa, es imperativo que exista garantía al debido

proceso; y, por lo tanto, el ordenamiento jurídico no permite ni

sanciones ni decisiones de plano.

Expresó que la Resolución que resolvió el recurso interpuesto sólo

se notificó a la sociedad CONTROL TOTAL LTDA., dado que los

socios al no ser notificados de la primera resolución no tuvieron la

oportunidad para interponer recursos, siendo afectados por el

primer acto como se concluye en la parte resolutiva de la misma. El

9 de septiembre de 2008 el secretario general de la

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada remite

comunicación al representante legal de la sociedad actora para que

se presente a fin de efectuar la notificación personal de la

Resolución núm. 3949 de 1º de octubre de 2008.

La sociedad CONTROL TOTAL LTDA. nunca se presentó para la

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notificación personal de la anterior Resolución; y, por ello, la misma

fue notificada por edicto fijado el 22 de octubre de 2008 y desfijado

el 5 de noviembre de 2008.

La decisión administrativa demandada implica la imposibilidad de

ejercer el objeto social y por ello el fin de la sociedad, así como la

imposibilidad de recuperar cuantiosas inversiones realizadas bajo el

amparo de la legalidad de actos administrativos y de la confianza

legitima que ello implica.

Mediante auto 610-001712 de 28 de noviembre de 2008, proferido

por la Superintendencia de Sociedades, inscrito el 11 de diciembre

del mismo año, se decide la convocatoria a liquidación obligatoria

de los bienes que conforman el patrimonio de la empresa de

vigilancia y seguridad privada CONTROL TOTAL LTDA., y se

nombra liquidador al señor Marco Tulio Zapata Giraldo.

Por último, al momento de la cancelación de la licencia de

funcionamiento, la sociedad actora había asumido distintos créditos

y celebrados contratos de leasing, siendo imposible su pago por

prohibición para ejercer su objeto, lo que demuestra los cuantiosos

perjuicios que sufrió la sociedad demandante en virtud de la

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expedición de los actos demandados.

I.3- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La sociedad demandante consideró que los actos acusados violaron

las siguientes disposiciones: los artículos 2º, 29 y 38; 2º, 3º y 36

del Código Contencioso Administrativo; 3º, 75 y 76 del Decreto 356

de 1994; Decreto 2355 de 2006 y el artículo 31 del Código Civil.

Además, alegó ausencia de motivación, violación al principio de

confianza legítima y desviación de poder.

I.3.1 Violación de normas constitucionales

La sociedad actora sostuvo que las resoluciones núms. 3289 de 25

de agosto de 2008 y 3949 de 1º de octubre de 2008, al ser actos

administrativos impuestos de plano, sin la observancia mínima de

bilateralidad de audiencia ni ofrecer oportunidad alguna de

probanza y contradicción, constituyen sin duda alguna, decisiones

violatorias al debido proceso, previsto en el artículo 29 de la

Constitución Política.

Manifestó que el núcleo esencial del debido proceso no se agota con

la interposición de los recursos de la vía gubernativa, sino que se

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convierte en un limitante material a la actuación administrativa

pública que le impone, de manera previa, agotar un procedimiento

en el que se establezcan oportunidades de contradicción mediante

formulación de descargos, así como de pedir practicar los medios

probatorios que resulten procedentes.

Indicó que las exigencias derivadas del artículo 29 de la

Constitución Política, no pueden ser obviadas ni ignoradas, ni

desconocidas aun tratándose de eventuales facultades

discrecionales, como erradamente lo entendió la entidad

demandada. Que, en efecto, la Superintendencia entendió

erradamente que basta invocar su competencia discrecional para

omitir la necesidad de una actuación administrativa previa a la

resolución de cancelación, en la que se salvaguardan los derechos

de probanza y contradicción.

Manifestó que los actos acusados impiden no solo la estructuración

de la contradicción por la omisión de motivación en relación con las

supuestas conductas graves o peligrosidad social derivada de la

actuación de la sociedad CONTROL TOTAL LTDA., sino que

omitieron el derecho de probanza, notificación y defensa, aspecto

suficiente para concluir su nulidad y restablecer el derecho.

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Respecto de los artículos 2º y 38 de la Constitución Política, indicó

que el principio de proporcionalidad o prohibición de exceso,

previsto en el citado artículo 2º, fue flagrantemente desconocido

con la actuación de la entidad demandada, dado que, sin mediar

una razón necesaria, útil y proporcionada, se anuló el derecho de

libre asociación establecido en el artículo 38 de la Constitución

Política.

Señaló que es claro que la cancelación de la licencia de

funcionamiento de la sociedad, cuando hacía sólo 2 meses le había

sido renovada y sin que mediara falta u omisión grave por parte de

la actora, es una actuación que por sí sola carece de toda

razonabilidad, resulta una intervención innecesaria y

desproporcionada del derecho de libertad de asociación y de

presunción de inocencia.

I.3.2 Violación de normas legales

En relación con los artículos 2º y 3º del CCA, manifestó que la

actuación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

evidencia un claro desconocimiento de los principios de efectividad

y de los derechos constitucionales y legales que se mencionaron

previamente, especialmente el debido proceso, aspecto que afecta

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la validez de la actuación administrativa adelantada por la entidad

demandada.

Además, las resoluciones demandadas omitieron un procedimiento

previo y claro para la imposición de la sanción y el acto

administrativo no se encuentra motivado, por lo cual se violaron los

principios señalados en el artículo 3º del CCA y se dificulta

intencionalmente la defensa de la sociedad demandante.

Manifestó que la entidad demandada desconoce el hecho de que a

pesar de que una competencia sea discrecional, no implica que sea

arbitraria ni carente de límite alguno, por el contrario, de manera

expresa el artículo 36 del CCA establece dos límites claros a las

potestades discrecionales: que sea adecuada a los fines que la

norma autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa.

Indicó que los límites de la potestad de cancelación de licencias de

funcionamiento se sobrepasaron y fueron desconocidos por la

actuación de la Superintendencia, dado que no se trató de una

decisión adecuada a los hechos que supuestamente le sirvieron de

causa, por no encontrarse probados ni tener sustento alguno, ni

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mucho menos a los fines establecidos en el Decreto 2355 del 20061.

Señaló que, al tenor del artículo 3º del Decreto 2355 de 2006, es

falso que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se

encuentre facultada discrecionalmente para ejercer en cualquier

momento y con una simple alusión al interés general la cancelación

de la licencia como si se tratara de una facultad que no conoce de

límites y que carece de condicionamientos fácticos, como

erradamente lo entendió la entidad demandada; por el contrario,

del Decreto 2355 de 2006, es posible concluir que los supuestos de

hecho que eventualmente dieran lugar a la potestad discrecional en

cabeza de la Superintendencia no se encuentran ni probados ni

acreditados.

Adujo que la Superintendencia tiene claras facultades para la

cancelación de la licencia, pero en los casos en los cuales encuentre

probada la comisión de graves faltas que dan lugar a dicha

cancelación como sanción. Además, si eventualmente resultara

procedente la facultad discrecional en cabeza de la

Superintendencia, ésta violó las exigencias contenidas en el artículo

36 del CCA, por no consultar actuación “injurídica” (sic) en cabeza
1
Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se
dictan otras disposiciones.

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de la sociedad actora que hiciera procedente la cancelación, ni

mucho menos su gravedad, aspecto suficiente para concluir en la

nulidad de las resoluciones demandadas.

Manifestó que el artículo 31 del Código Civil establece que lo

favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para

ampliar o restringir su interpretación, la extensión que deba darse a

toda ley se determinará por su genuino sentido y según las reglas

de interpretación precedentes. En este orden, la actuación de la

Superintendencia parte de una interpretación extensiva de las

normas que establecen las facultades discrecionales, dado que

injustificadamente entendió que tales facultades eran atemporales,

ilimitadas y sin que mediara falta alguna por parte de la sociedad

actora, aspecto inaceptable, y que constituye una clara ampliación

de los supuestos taxativamente señalados en el artículo 76 del

Decreto 356 de 1994.

Precisó que en el presente caso la Superintendencia recurrió a una

interpretación extensiva de normas sancionatorias y procedió a

cancelar la licencia de funcionamiento de la sociedad actora, sin

considerar que tal sociedad no incurrió en falta alguna, ni mucho

menos existió prueba en relación con este tema, en contravía de lo

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establecido en el artículo 76 del Decreto 356 de 1994.

I.3.3 Ausencia de Motivación

En relación con esta causal, la sociedad actora señaló que es claro

que las resoluciones demandadas no cumplieron los requisitos

establecidos en la ley y desarrollados por la jurisprudencia de esta

Corporación, que impone como elemento esencial del acto

administrativo la expresión de los motivos de hecho y de derecho

que sirven de fundamento para la adopción de la decisión. Además,

indicó que este aspecto afecta el elemento formal del acto de

adjudicación, en cuanto es claro que cuando se alude a una

motivación general por comodín el requisito esencial no se ha

satisfecho y la supuesta motivación se considera como inexistente,

tal y como ocurre en el presente caso.

Argumentó que en los actos acusados no media ni la más mínima

referencia en relación con las supuestas conductas de la

demandante que darían lugar a esta circunstancia, aspecto que no

es una mera omisión formal, sino que impide estructurar la

contradicción en relación con las aparentes razones que tuvo la

Superintendencia para adoptar las decisiones impugnadas.

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I.3.4 Violación al principio de Confianza Legítima.

Señaló que la confianza legítima es aquella situación jurídica de

certeza y seguridad creada de manera justificada en el

administrado, debido a la reiterada actuación y trato de la

administración pública, frente a unas mismas circunstancias de

hecho y de derecho.

Afirmó que la realidad de los hechos y la descripción que de éstos

realiza la Superintendencia en la parte motiva de las resoluciones

demandadas, demuestra que la sociedad CONTROL TOTAL LTDA.

no tenía ningún motivo para considerar que la entidad demandada

cancelaría en el intervalo de dos meses la licencia que había

renovado por cinco años, por considerar que cumplía con la

totalidad de los requisitos legales exigidos por las normas vigentes.

Además, no era previsible para la sociedad demandante que el

Estado, por un lado, el día 25 de junio de 2008 accediera a la

renovación y, por el otro, sin una variación fáctica o normativa, en

el término de dos meses cancelara dicha licencia sin justificación o

fundamento y trámite administrativo alguno.

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I.3.5 Desviación de poder

Por último, señaló que el fin establecido para el ejercicio de la

competencia discrecional en cabeza de la Superintendencia es el de

salvaguardar la seguridad y convivencia ciudadana; por tanto, la

comprobación de dicho fin y de las acciones u omisiones que lo

amenacen, se convierte en un límite material para la actuación de

la administración, en los términos del artículo 36 del Código

Contencioso Administrativo; que es claro que en virtud del principio

de necesidad de prueba, la verificación de tal fin, es condición sine

qua non para el ejercicio de la potestad discrecional, debe ser claro,

grave y actual, no una simple suposición o afirmación temeraria

como erradamente lo establecieron las resoluciones demandadas.

Finalmente, indicó que la doctrina ha manifestado que para que se

evidencie desviación de poder no es necesario que el fin perseguido

con el acto administrativo sea privado o particular del agente que lo

expide, dado que cabe también estimar existente el vicio en los

supuestos que dicho fin aun siendo público, es diverso del fin

previsto por la norma que atribuye potestad.

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I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

PRIVADA, por conducto de apoderado, contestó la demanda y se

opuso a las pretensiones de esta, en los siguientes términos:

Inició señalando que los actos administrativos demandados no

vulneran los artículos de la Constitución Política y del CCA que alega

la sociedad demandante, por cuanto la Superintendencia de

Vigilancia y Seguridad Privada no está en el deber de convocar a

audiencias previas o a trámites de contradicción para adoptar

medidas discrecionales, lo cual no significa que el administrado no

tenga acceso a los controles de legalidad de los actos

administrativos, como ocurre con la presente demanda que es

prueba de su acceso a la justicia.

Argumentó que el Estado cumple con sus funciones ejerciéndolas

dentro del marco de la ley como lo hizo en esta oportunidad y

nunca ha desconocido el derecho a desarrollar una actividad que

autorizó, pero tuvo que ejercer su poder discrecional para evitar

abusos del interesado con los cuales se compromete la seguridad

pública, la seguridad ciudadana y los intereses del Estado.

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Señaló que la discrecionalidad es la expresión de poder o facultad

del administrador dentro de un marco cuyo límite es el de no dañar

al otro en forma deliberada o con intención nociva, lo cual

constituiría un desvió de poder y obrar dentro del marco legal de la

discrecionalidad, es la expresión de la legitimidad.

Manifestó que le corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y

Seguridad Privada ejercer la inspección y vigilancia permanente

sobre las empresas de vigilancia y seguridad privada, personas

naturales y jurídicas, legalmente habilitadas con el fin de que no

sólo cumplan eficientemente con sus funciones, sino que también

brinden confianza y no generen un peligro para la comunidad.

Sostuvo que la actividad de vigilancia y seguridad privada no

constituye una actividad común, dado que se trata de la seguridad

ciudadana delegada en los particulares de manera que deben ser

personas idóneas sobre las cuales no se vislumbre falta de

honestidad ni de reputación, en el sentido de que el Estado a través

de una licencia permite el porte de elementos restrictivos como las

armas de fuego, elementos que en manos indebidas generan un

peligro para el resto de la ciudadanía.

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Aseveró que el legislador revistió a dicha Superintendencia de la

facultad discrecional con el fin de prevenir y contrarrestar hechos o

circunstancias de uno de sus vigilados que pongan en peligro a la

comunidad, en este sentido tiene la potestad para cancelar la

licencia de funcionamiento que haya otorgado a un particular

cuando éste genere desconfianza o inseguridad o represente un

posible peligro para la sociedad.

Indicó que, de conformidad con lo anterior, una vez se tuvo

conocimiento de la orden de captura de uno de los socios y

representante legal de la empresa CONTROL TOTAL LTDA., el

señor Juan Felipe Sierra que se encontraba siendo investigado por

la Fiscalía General de la Nación por vínculos con grupos al margen

de la ley, canceló su licencia de funcionamiento de conformidad con

la potestad discrecional que le otorga el artículo 3º del Decreto 356

de 1994 y en las condiciones establecidas en el artículo 36 del CCA.

Agregó que el acto administrativo, emitido por la Superintendencia

de Vigilancia y Seguridad Privada, no es el resultado de un proceso

sancionatorio como mal entiende la parte actora, sino como

consecuencia del ejercicio de la facultad discrecional que le otorga

la ley al Superintendente y que en virtud de esta facultad no

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existen más motivos y razones que la seguridad ciudadana y el

interés colectivo de la sociedad; asimismo, la ley no tiene previsto

para esta clase de actos administrativos un procedimiento y es de

resaltar que según la Jurisprudencia la carga de la prueba la tiene

el administrado.

Explicó que las resoluciones núms. 3289 de 25 de agosto de 2008 y

3949 de 1º de octubre de 2008 tienen una sólida legitimidad y una

clara argumentación jurídica que no tiene que estar reglada como

bien lo dispone la Corte Constitucional, dado que la decisión de

carácter particular se encuentra adecuada a los preceptos

constitucionales en el sentido de cumplir con la finalidad del Estado

en el aseguramiento de los integrantes de la nación, en la vida,

convivencia, libertad y la paz dentro de un marco democrático y

participativo que garanticen un orden político económico y social

justo y además de no pasar por alto que el interés general prima

sobre el particular, preceptos previstos en la Constitución Política.

Afirmó que, según jurisprudencia de esta Corporación, la

discrecionalidad en cuanto a potestad abierta se caracteriza

precisamente por esa cobertura de actuación o margen de mayor o

menor amplitud para la realización de los objetivos trazados por el

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legislador, en algunos casos, podrá consistir en el análisis de la

oportunidad para decidir facultarla o abstenerse según las

circunstancias, entre otros, la norma podrá otorgar opción para

escoger alternadamente entre varias formas de decisión, asimismo

la ley podrá fijar los presupuestos para poner en ejercicio la

atribución de que se trate, dándole al órgano la potestad para

adelantar la decisión que más convenga a los administrados.

Enfatizó en que en ningún momento la Superintendencia de

Vigilancia y Seguridad Privada ha sido arbitraria, por el contrario, la

intención del legislador es facultar al ente controlador para utilizar

la potestad discrecional de otorgar, suspender o cancelar la licencia

de funcionamiento teniendo como base fundamental el bienestar y

la seguridad de los ciudadanos.

Agregó que se encuentra en el ejercicio legítimo de una actividad

que no requiere para su cumplimiento o validez de un conjunto de

instancias judiciales previamente determinadas, como sería el caso

del régimen sancionatorio, el cual establece un régimen y un

trámite correspondiente a la imposición de sanciones, dado que el

principio de discrecionalidad únicamente se encuentra limitado

dentro de los parámetros de las normas legales y constitucionales

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descritas que autorizan dicha decisión.

Adujo que el artículo 3º del Decreto 356 de 19942 encuentra toda

justificación en el hecho de que la licencia de funcionamiento que

expide la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es la

expresión de la entrega de confianza pública del Estado a un

particular, para que preste los servicios de seguridad y vigilancia a

los ciudadanos, y en este sentido, indica la norma, que con el fin de

proteger la seguridad ciudadana esta licencia se puede otorgar o

cancelar de manera discrecional; y que si el legislador hubiera

querido que dicha facultad discrecional encontrara sus fuentes en

razones diferentes a la misma, lo habría dispuesto en la norma.

Precisó que la cancelación de la licencia de funcionamiento de la

sociedad CONTROL TOTAL LTDA., cumple con todos los

presupuestos legales establecidos; i) el fin perseguido por la

Superintendencia fue el de proteger la seguridad ciudadana,

cancelando la licencia de funcionamiento de un servicio en el cual

no se tiene la confianza para entregar la seguridad de sus

asociados, ii) la decisión adoptada se encuentra expresamente

establecida en la norma y por tanto cumple con la proporcionalidad

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Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada

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dispuesta por el legislador y iii) precepto Contencioso

Administrativo que rige el actuar del Estado, el cual es la

cancelación de la licencia de funcionamiento (sic).

Indicó que el artículo 106 del Estatuto de Vigilancia y Seguridad

Privada, establece que dicha Superintendencia podrá en todo

momento consultar los archivos de los organismos de seguridad del

Estado, así como los de la Policía Nacional, con el fin de tomar las

medidas que considere necesarias, cuando se establezca que los

hechos y demás circunstancias que dieron lugar a la expedición de

la licencia de funcionamiento o credencial hubieren variado.

Finalmente, sostuvo que el acto administrativo expedido por la

Superintendencia tiene una sólida legitimidad, una clara

argumentación jurídica y se encuentra debidamente motivado como

bien lo señala la Corte Constitucional, dado que la decisión de

carácter particular se encuentra adecuada a los preceptos

constitucionales, toda vez que la facultad discrecional, motivación

misma, se deriva de la necesidad del legislador de otorgar facultad

a los entes estatales para realizar juicios de valor y apreciaciones

con el objeto de cumplir las obligaciones estatales, el bien común y

el interés general, todo de acuerdo con los hechos concretos que se

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presentan de un momento a otro.

II. FALLO IMPUGNADO

Para denegar las pretensiones de la demanda, el Tribunal a quo

razonó, así:

En cuanto al cargo relacionado con la violación de los artículos de la

Constitución Política, adujo que no se evidencia vulneración a los

fines del Estado que desarrollan dichos artículos superiores, dado

que en la actuación administrativa adelantada por la

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se respetaron el

debido proceso y el principio de proporcionalidad.

Señaló que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

expidió los actos administrativos demandados en ejercicio de las

facultades que le confirieron las normas del Decreto 356 del año

1994, por el cual se expidió el Estatuto de Vigilancia y Seguridad

Privada; el Decreto 2187 de 2001, por el cual se reglamentó el

citado Estatuto; y el Decreto 2355 de 2006, por el cual se modifica

la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

Privada.

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Fundamentado en jurisprudencia de esta Sección, argumentó que el

ejercicio de la facultad discrecional no corresponde a un proceso

sancionatorio por lo cual no está sujeto a un procedimiento previo,

por lo que la Superintendencia está facultada para intervenir en

cualquier momento respecto de la actividad de vigilancia y

seguridad privada, con fundamento en el riesgo social que genera

la prestación de este servicio público y en ejercicio del principio de

precaución.

En este orden, señaló que se puede concluir que las resoluciones

demandadas, mediante las cuales se le cancela la licencia de

funcionamiento a la empresa demandante y confirma su decisión al

resolver el recurso de reposición, se expidieron en ejercicio de la

potestad discrecional de la Superintendencia de Vigilancia y

Seguridad Privada, en desarrollo de la obligación del Estado de

preservar la seguridad y confianza ciudadana.

Argumentó que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

Privada ostenta la potestad discrecional para otorgar, modificar,

suspender o cancelar licencias de funcionamiento a los

establecimientos vigilados, de conformidad con las normas de los

decretos 356 de 1994, 2187 de 2001 y 2355 de 2006, con el fin de

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garantizar la seguridad y confianza ciudadanas en desarrollo de lo

establecido por los artículos 2º y 223 de la Constitución Política,

contrario a lo manifestado por la demandante.

En relación con el cargo de ausencia de motivación, el Tribunal

manifestó que de la motivación del acto administrativo de

cancelación de la licencia de funcionamiento se puede establecer

que una vez consultados los archivos de la Policía Nacional y de

otros organismos de seguridad del Estado, la Superintendencia

advirtió un cambio de las circunstancias que dieron lugar a la

concesión del permiso de funcionamiento y procedió a su

cancelación. Que de la indagación realizada se pudo establecer que

la empresa demandante hizo mal uso del permiso de

funcionamiento dado que mediante sus actuaciones ha violado la

convivencia y atentado contra el justo orden social, político y

económico, en detrimento de la seguridad y confianza de la

comunidad.

De lo anterior, sostuvo que los actos administrativos fueron

emitidos en ejercicio de la facultad discrecional de la

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la cual no es

absoluta, estando sustentada en la competencia otorgada por la

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Constitución y la Ley, y con el fin de garantizar la seguridad y

confianza ciudadana.

En relación con la vulneración del derecho de asociación, indicó que

de la lectura de los actos administrativos demandados no se

evidencia comoquiera que no se mencionan restricciones al derecho

de creación, vinculación, retiro o participación de algún tipo de

organizaciones privadas o públicas.

Respecto de la violación de los artículos del CCA y del Código Civil,

sostuvo que la Superintendencia demandada goza de potestad

discrecional para el otorgamiento de permisos, para la prestación

del servicio de vigilancia y seguridad privada, orientada a proteger

la seguridad ciudadana, potestad de que goza, igualmente, para

renovar o no las licencias o credenciales expedidas con el objeto

antes mencionado, facultad que debe ser adecuada a los fines de la

norma que la autoriza, proporcional a los hechos que le sirven de

causa y supeditada a los postulados del buen servicio para adoptar

una u otra decisión.

Afirmó que los hechos que le sirvieron de causa a la cancelación de

la licencia, consistieron en que una vez consultados los archivos de

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la Policía Nacional y de otros organismos de seguridad del Estado,

la Superintendencia advirtió un cambio en las circunstancia que

dieron lugar a la concesión del permiso de funcionamiento,

concretamente que la empresa hizo mal uso del permiso, dado que

mediante sus actuaciones violó la convivencia y atentó contra el

justo orden social, político y económico, en detrimento de la

seguridad y confianza de la comunidad.

Manifestó que de las pruebas aportadas al expediente no encontró

demostrado que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

Privada, mediante el acto administrativo que canceló la licencia de

funcionamiento de la sociedad CONTROL TOTAL LTDA., haya

actuado bajo motivaciones diferentes al buen servicio, por lo que no

se desvirtuó la presunción frente a la cual los actos expedidos en

desarrollo de facultades discrecionales son dictados en ejercicio del

buen servicio y la garantía de la seguridad y confianza ciudadanas.

Respecto de la violación del artículo 31 del Código Civil, el Tribunal

señaló que, contrario a lo manifestado por la demandante, la

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, no excedió su

facultad al no encontrarse en ejercicio de funciones sancionatorias.

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Seguidamente, argumentó que no es aceptable la presunta falsa

motivación. Que el hecho de invocar en los considerandos el

propósito de evitar el desarrollo de una actividad que genere

desconfianza o inseguridad o represente un posible peligro a la

ciudadanía, encaja en la facultad y cometidos invocados, como son

los de ejercer la supervisión y control de los servicios de vigilancia y

seguridad privada, y consecuentemente, velar por el

mantenimiento de proteger la seguridad ciudadana. En este orden,

concluyó que no se demostró que la facultad discrecional ejercida

por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se

desarrolló con fines ajenos al buen servicio y, en consecuencia, no

existe falsa motivación.

Respecto de la violación del principio de la confianza legitima,

consideró que de las pruebas allegadas al proceso no se puede

determinar que, efectivamente, se hayan violado los principios de

buena fe y confianza legitima, comoquiera que la decisión

administrativa adoptada por la Superintendencia de Vigilancia y

Seguridad Privada por las acciones del administrado, se dio por la

modificación de las situaciones de hecho, generando la consecuente

cancelación del permiso para la sociedad CONTROL TOTAL LTDA.,

ya que al evidenciarse un cambio en las condiciones de la sociedad,

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la Superintendencia se encontraba facultada para evaluar la

continuidad de la licencia de funcionamiento otorgada, en ejercicio

de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

Agregó que pese a haberse renovado la licencia en junio de 2008,

las circunstancias sobrevinientes, que fueron plasmadas en el acta

de análisis del estado de la información de la empresa demandante,

del día 25 de agosto de ese año, fueron la causa por las que se

evidenció la motivación que conllevó la cancelación de la licencia de

funcionamiento.

Finalmente, respecto del cargo de desviación de poder adujo que no

encontró prueba que lo demostrara, comoquiera que las

resoluciones núms. 3289 de 25 de agosto de 2008 y 3949 de 1º de

octubre de ese año, están debidamente sustentadas en la

protección a la seguridad ciudadana, justificando el buen servicio y

la confianza en las actividades comerciales de vigilancia y seguridad

privada, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la

seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y

los bienes propios o de terceros, conforme se establece en el inciso

1º del artículo 2º del Decreto 356 de 1994, actividades que son

privativas del Estado.

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III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

En memorial visible a folio 576 del cuaderno núm. 2, la sociedad

CONTROL TOTAL LTDA. solicitó revocar el fallo de primera

instancia y, en su lugar, declarar la nulidad de las resoluciones

3289 de 25 de agosto de 2008 y 3949 de 1º de octubre de 2008; y

que, como consecuencia de ello, se proceda al restablecimiento del

derecho indemnizando perjuicios acreditados dentro del proceso por

la suma de $37.142.780.287, con fundamento en lo siguiente:

Señaló que el a quo comete el yerro de no declarar la nulidad de las

resoluciones demandadas a pesar de que su argumentación en la

parte motiva evidencian las mismas inconsistencias y, en la parte

resolutiva, de manera contradictoria, resuelve no declarar la

nulidad que resulta incluso sustentada en su parte motiva.

Que el Tribunal desconoció que las resoluciones demandadas al ser

actos administrativos impuestos de plano, sin observancia mínima

de bilateralidad de audiencia ni oportunidad de probanza y

contradicción, constituyen decisiones violatorias al debido proceso,

aspecto suficiente para concluir su nulidad.

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Que lamentablemente el a quo entendió que con la abstracción y

formalidad excesiva de los actos demandados y la mención de

poder interponer los recursos de vía gubernativa, la garantía del

debido proceso quedaba incólume, desconociendo las garantías

fundamentales a favor de la desidia de la administración, olvidando

que los recursos en vía gubernativa están instituidos a favor de la

administración para darle la ocasión de enmendar errores con la

virtualidad de desencadenar la responsabilidad patrimonial del

Estado y no son propiamente una oportunidad imparcial y previa

para el ejercicio del derecho de defensa, como garantía también

iusfundamental.

Que si bien puede no tratarse de un procedimiento sancionatorio

como lo aduce el a quo, se está frente a una actuación

administrativa en la que debe respetarse el derecho al debido

proceso, con las garantías y principios que ello implica.

Sostuvo que el a quo desconoció la jurisprudencia de esta

Corporación, la cual ha considerado que la administración, dentro

de lo reglado de las potestades que admiten un margen

discrecional, debe respetar la proporcionalidad como límite para la

arbitrariedad proscrita en el estado de derecho. Que, en este orden,

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la administración se encuentra con la posibilidad de aplicar la

sanción de cancelación de la licencia o, sin considerarlo sanción,

simplemente el ejercicio de dicha potestad, que debe atender a la

proporcionalidad o gradualidad de los daños efectivamente sufridos

por la sociedad o el atentado contra la seguridad pública, y los

hechos generadores, que se considere por ella, dando aplicación

plena e irrestricta a lo preceptuado en el artículo 36 del CCA.

Consideró que si bien la Constitución Política y la Ley han

autorizado la existencia de facultades discrecionales en casos

específicos, también éstas han limitado el uso de dichas potestades,

dado que nunca pueden ser de carácter absoluto y además deben

ser acordes con los fines de las normas que las crean.

Indicó que aunque se encuentre frente a facultades o potestades

discrecionales y se atenúa la exigencia de motivación de ciertos

actos, jamás se libera al funcionario del deber de obrar conforme a

los principios constitucionales y legales que rigen la función

administrativa y podrían dar lugar a la nulidad de actos por las

causales previstas en la ley; y, finalmente, por la comprobación de

que los actos se alejaron completamente de los límites a las

potestades discrecionales, lo que permitiría declarar la desviación

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de poder.

Señaló que, si se observan con atención las normas contenidas en

el Decreto 2355 de 2006, es posible concluir, sin lugar a duda, que

los supuestos de hecho que eventualmente dieron lugar a la

potestad discrecional en cabeza de la Superintendencia no se

encuentran probados ni acreditados.

Adujo que la sociedad CONTROL TOTAL LTDA. no fue escuchada y

sus conductas no fueron establecidas de manera clara y expresa en

las resoluciones demandadas y tampoco se hizo uso de medio

probatorio alguno de manera previa a la decisión demandada, lo

que dejó en evidencia que en este proceso no existe prueba de los

fundamentos fácticos con base en los cuales se decidió cancelar la

licencia de funcionamiento. En pocas palabras, la ausencia de

medios probatorios que den lugar a la cancelación de la licencia y

sin la acreditación de las condiciones establecidas en el artículo 75

del Decreto 2355 de 2006, fueron “la gran estrella” dentro de la

actuación administrativa impugnada.

Sostuvo que es claro que las resoluciones demandadas no

cumplieron con los requisitos exigidos en la ley, que impone como

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elemento esencial del acto administrativo la expresión de los

motivos que le sirven de fundamento para la adopción de la

decisión; que cuando se alude a una motivación general, es decir,

argumentos genéricos susceptibles de aplicarse a todos los casos,

se está en presencia de una motivación por comodín y en

consecuencia, la motivación es inexistente, dado que para el caso

en concreto la Superintendencia debía explicar cuáles eran las

razones de orden público y seguridad ciudadana que hacía

imperiosa la cancelación de la licencia de funcionamiento de la

sociedad CONTROL TOTAL LTDA., cosa que brillo por su ausencia.

Manifestó que hay una indebida valoración de la prueba documental

obrante en el expediente, respecto de la motivación de los actos

administrativos demandados, pues no basta que la entidad

demandada enunciara la potestad discrecional para cancelar la

licencia de funcionamiento cuando existen situaciones que vulneren

la convivencia, atenten contra el justo orden social, político y

económico en detrimento de la seguridad y confianza de la

comunidad, sino que debía poner de manifiesto al administrado

cuáles eran dichas situaciones en concreto. Que, en este orden, no

existe motivación en los actos administrativos demandados y los

argumentos expuestos no constituyen motivación y no suplen el

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deber de motivar en forma clara, precisa y suficiente la decisión

administrativa.

Agregó que la cancelación de la licencia de funcionamiento debería

tener una motivación que implicara simplemente explicar las

razones por las cuales dicha sociedad generó desconfianza o

inseguridad o representó un posible peligro para la ciudadanía,

explicación que brilla por su ausencia en el caso en concreto.

Insistió en que no hubo variación normativa, ni antecedentes

fácticos nuevos que justificaran el cambio incomprendido e

inesperado de la entidad demandada; en ese orden, no era

previsible que el Estado por un lado, accediera a la renovación y

por el otro, que la misma entidad, sin que mediara variación fáctica

o normativa, en el término de dos meses decidiera cancelar dicha

licencia sin justificación o fundamento y sin trámite administrativo

alguno.

Indicó que con base en el artículo 83 de la Constitución Política las

actuaciones de la administración deben ceñirse a la buena fe, como

lo desarrollaron las sentencias de la Corte Constitucional y de esta

Corporación, T-827 de 1999, T-475 de 1992, T-295 de 1999 y

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sentencia de 13 de agosto de 1992 de la Sección Tercera del

Consejo de Estado (Expediente núm. 15596, C.P. Mauricio Fajardo

Gómez), en la que se desarrolló el principio de la buena fe con

relación al acto propio, estableciendo que si una entidad reconoce

una situación jurídica dicho acto produce efectos y no puede ser

desconocido unilateralmente sin justificación alguna, como ocurrió

en el caso en concreto. Lo anterior, implica que se está no sólo en

presencia de una violación al principio de confianza legitima, sino

de la teoría de los actos propios.

Por último, argumentó que la desviación de poder en el presente

caso se materializa en la utilización del aparato del Estado para la

consecución de unos fines distintos a los designados por la ley para

su competencia, dado que del supuesto fáctico de la norma se

desprende que la misma le atribuye la discrecionalidad para efectos

de garantizar la seguridad de los ciudadanos, elemento fáctico que

brilla por su ausencia en el presente proceso. Por lo tanto, no existe

un solo insumo probatorio que demuestre que se puso en riesgo la

seguridad ciudadana.

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IV. ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.1. La parte actora, en la oportunidad pertinente, presentó

alegatos de conclusión en los cuales, en síntesis, reitera los cargos

de anulación de los actos administrativos demandados invocados en

la demanda.

IV. 2. La parte demandada presentó alegatos de conclusión en los

cuales reiteró los argumentos de defensa expuestos en la

contestación de la demanda.

IV. 3. El Ministerio Público, en memorial obrante a folio 67 del

cuaderno núm. 3 del expediente, consideró que debe ser

confirmada la sentencia de primera instancia, de conformidad con

los siguientes argumentos:

Inició señalando que, en relación con el cargo de la violación al

debido proceso, de la confrontación realizada de los actos

administrativos demandados, las normas aplicables y la

jurisprudencia, no se tienen elementos que constituyan vulneración

al debido proceso como lo señala la sociedad actora, teniendo en

cuenta que en el caso en concreto, los actos administrativos fueron

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comunicados y notificados por edicto en la oportunidad procesal

correspondiente; y que la misma Resolución 3289 de 25 de agosto

de 2008, previó la procedencia de interponer recurso de reposición

ante el Superintendente, recurso que fue resuelto por medio de la

Resolución 3949 de 1º de octubre de 2008.

En lo que respecta al cargo de la falta de motivación, argumentó

que observando la Resolución 3289 de 2008 la Superintendencia de

Vigilancia y Seguridad Privada tuvo en cuenta la consulta realizada

a los archivos de la Policía Nacional y de otros organismos de

seguridad del Estado, como la Fiscalía, para adoptar las medidas

necesarias cuando determinó que las circunstancias que dieron

lugar a la concesión de la licencia de funcionamiento habían

variado.

Además, señaló que la motivación de cada uno de los actos

demandados estuvo basada en la facultad discrecional y el respaldo

probatorio para llevar a la certeza incontrovertible que los motivos

que la administración tuvo para expedir los actos enjuiciados son

aquellos que la ley señala para tal efecto, por lo que la falta de

motivación no tiene vocación de prosperar, toda vez que los actos

demandados contaban con los requisitos legales de hecho y de

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derecho que permitían expedir las resoluciones cuestionadas.

En cuanto a la vulneración del principio de confianza legitima,

observó que bajo los preceptos fácticos y normativos la entidad

tenía la facultad de cancelar la licencia de funcionamiento de la

empresa demandante, así esta se hubiese renovado con

anterioridad. Además, porque en el caso en concreto, el

administrado no es titular de un derecho adquirido sino que

simplemente tiene una expectativa, es decir, que una determinada

situación de hecho no será modificada intempestivamente, pero su

situación jurídica sí puede ser modificada por la administración en

cualquier momento, más aún cuando variaron las circunstancias

que dieron lugar a la concesión, por lo que de acuerdo con la

facultad discrecional la entidad procedió a cancelar la licencia de

funcionamiento.

Por último, en lo que tiene que ver con el cargo de la desviación de

poder, señaló que no tiene vocación de prosperar, toda vez que los

actos demandados son consecuentes con el fin que persigue la

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como lo es

adoptar las medidas necesarias que conduzcan a la protección de la

seguridad ciudadana, debido a que en el caso bajo estudio la

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empresa de seguridad privada CONTROL TOTAL LTDA., generó

desconfianza e inseguridad en los administrados, con hechos que

produjeron la cancelación de la licencia de funcionamiento por parte

de dicha Superintendencia.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Los actos administrativos demandados

Se transcriben las resoluciones objeto de nulidad, así:

• Resolución núm. 003289 de 25 de agosto de 2008,

expedida por el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

“Por la cual se cancela la licencia de funcionamientos de la

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada denominada

CONTROL TOTAL LTDA.”

“[…] EL SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA

En ejercicio de las facultades que le confieren en el
Decreto Ley 356 de 1994 y Decreto Reglamentario 2187 de
2001, el Decreto 2355 de 2006 y,

CONSIDERANDO

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
mediante Resolución No 2376 del 25 de Junio de 2008, le
renovó licencia de funcionamiento de carácter nacional por el
término de cinco (5) años, a la Empresa de Vigilancia y
Seguridad Privada denominada CONTROL TOTAL LTDA, con

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NIT. 811.016.051-8 con domicilio en la Carrera 45 No 23 A
SUR- 32 Envigado -Antioquia, en las modalidades de
vigilancia fija y escolta a personas, y mercancías, con la
utilización de armas de fuego y medios tecnológicos.

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
como organismo del orden nacional, de carácter técnico,
adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía
administrativa y financiera, le corresponde ejercer el control,
inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de
vigilancia y seguridad privada.

Que en ejercicio de la potestad discrecional, consagrada en el
artículo tercero del Decreto Ley 356 de 1994, ésta
Superintendencia decide sobre la cancelación de la licencia
de funcionamiento de la empresa de vigilancia y seguridad
privada CONTROL TOTAL LTDA., con el NIT. 811.016.051-8 y
aplica el precepto más adecuado y justo a la situación
concreta, ateniéndose a los objetivos fijados por la
Constitución y la ley, ajenos a su libre capricho, en
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares, a fin de proteger la vida, honra y bienes de los
asociados, así como sus derechos y libertades.

Lo anterior teniendo en cuenta que los servidores públicos
cuentan con un margen de apreciación importante que les
confiere movilidad en el juicio para adoptar una decisión
determinada, sin que ello comporte arbitrariedad ni
subjetividad, toda vez que la arbitrariedad hace caso omiso
de los fines de la ley para evadirlos o contrariarlo, lo cual no
se aplica en el presente caso.

Uno de los postulados constitucionales resalta como finalidad
del Estado el aseguramiento de los integrantes de la Nación
"(...) en la vida, convivencia, el trabajo la justicia, la
igualdad, el conocimiento la libertad y la paz dentro de un
marco democrático y participativo que garantice un orden
político, económico y social justo.", y como fines esenciales
de Estado "(...) servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los
derechos y deberes consagrado en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afecten y en
la vida económica, política y administrativa y cultural de la
Nación; defender la independencia Nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia del orden justo. Las autoridades de la Republica
están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia en su vida honra, bienes, creencia y

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demás derechos (...)". En este sentido, fue creada la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y como
tal, le corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia
sobre la industria y servicios de vigilancia y seguridad
privada con el f in de alcanzar los siguientes objetivos: (a)
Mejorar los niveles de seguridad y confianza pública
mediante la acción coordinada con las diferentes entidades y
organismos estatales; (b) Asegurar que en desarrollo de
las actividades de vigilancia y seguridad privada se respeten
los derechos y libertades de la comunidad; c) Proveer
información confiable, oportuna y en tiempo real para que el
Estado tome las decisiones de formulación de política,
regulación e inspección, vigilancia y control relacionadas con
los servicios de vigilancia y seguridad privada; (d) Proveer
información, confiable, oportuna y en tiempo real para los
usuarios de los servicios de vigilancia y seguridad privada,
relacionada con la legalidad, idoneidad y capacidades
técnicas de los prestadores de dichos servicios; (e) Brindar
una adecuada protección a los usuarios de servicios de
vigilancia y seguridad privada.

Bajo esta perspectiva le corresponde a la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad ejercer la inspección y vigilancia
permanente sobre los servicios de vigilancia y seguridad
privada, legalmente habilitados con el fin de que no solo
cumplan eficientemente con sus funciones sino que también
brinden confianza y no generen un peligro para la
comunidad.

La actividad de la vigilancia y seguridad privada no
constituye una actividad común, ya que se trata de la
seguridad ciudadana delegada en los particulares (personas
jurídicas o naturales), toda vez que a ellos el Estado les
permite el porte de elementos restrictivos (como son las
armas de fuego) a través de una licencia. En este sentido,
resulta claro que no debe existir ninguna duda sobre la
idoneidad de dichas personas, y en tal sentido no ha de
vislumbrarse falta alguna de los mismos, siempre que
elementos que en manos indebidas pueden generar un riesgo
que esta Entidad se encuentra en la obligación de minimizar.

El legislador, con el fin de conjurar de una manera pronta y
eficaz una situación que ponga en peligro o vulnere derechos
constitucionales jurídicamente tutelados, revistió a la
Administración de una facultad o potestad discrecional, en
virtud de la cual sin salirse de lo preceptuado en la norma-
principio de legalidad- le permite moverse con el fin de
conjurar o prevenir dicha situación.

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En este sentido tiene potestad para cancelar o negar la
licencia de funcionamiento que haya otorgado a un particular
(bien sea persona natural o jurídica) cuando este genere
desconfianza o inseguridad o represente un posible peligro a
la ciudadanía.

Por una parte, el artículo 36 del Código Contencioso
Administrativo señala: "En la medida en que el contenido de
una decisión de carácter general o particular, sea discrecional
debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y
proporcional a los hechos que el sirven de causa", y por otra,
el artículo 3° del Decreto 356 de 1994 establece que: "Los
servicios de vigilancia y seguridad privada solamente podrán
prestarse mediante la obtención de licencia o credencial
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, con base en la potestad discrecional orientada a
proteger la seguridad ciudadana"(subrayado fuera de texto).

Que el artículo 106 de Decreto Ley 356 de 1994, faculta a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
reconsultar en todo momento los archivos de la Policía
Nacional y de otros organismos de seguridad del Estado y
adoptar las medidas necesarias, cuando se determine que las
circunstancias que dieron lugar a la concesión de la licencia
de funcionamiento o credencial hubieren variado. (Subraya
fuera de texto).

Que con fundamento en la potestad discrecional que le asiste
a esta Superintendencia, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Cancelar la licencia de
funcionamiento de la Empresa de Vigilancia y Seguridad
Privada denominada CONTROL TOTAL LTDA con NIT.
811.016.051-8 con domicilio en la Carrera 45 N° 23 A SUR -
32 Envigado- Antioquia, en las modalidades de vigilancia fija
y escolta a personas, y mercancías, con la utilización de
armas de fuego y medios tecnológicos, por las razones
expuestas en la parte considerativa del presente acto
administrativo.

PARÁGRAFO: La cancelación de la licencia de
funcionamiento de la Empresa de Vigilancia y Seguridad
Privada denominada CONTROL TOTAL LTDA, con NIT.
811.016.051-8, no exime a su titular de atender obligaciones
pendientes, con la Superintendencia de Vigilancia y

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Seguridad Privada y con terceros de buena fé.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada se abstendrá de expedir licencia de
funcionamiento o credenciales a servicios de vigilancia y
seguridad privada cuyos socios hubieran pertenecido a la
Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada denominada
CONTROL TOTAL LTDA, con NIT. 811.016.051-8, en los
términos establecidos en el artículo 79 del Decreto 356 de
1994.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme el presente acto
administrativo, el representante legal de la empresa de
vigilancia y seguridad privada denominada CONTROL TOTAL
LTOA, con NIT. 811.016.051-8, deberá dar cumplimiento
inmediato a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 94 del
Decreto 356 de 1994, en lo referente a la devolución de las
credenciales del personal operativo y directivo, quienes
deberán cesar en forma inmediata sus actividades
relacionadas con la vigilancia y seguridad privada.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez se encuentre en firme el
presente acto administrativo, por Secretaria General se dará
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 102 del Decreto
356 de 1994, en relación con la solicitud del retiro del
armamento al Comando General de las Fuerzas Militares y la
información al Ministerio de la Protección Social.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede
el recurso de reposición ante el Superintendente de Vigilancia
y Seguridad Privada, en los términos de los artículos 50 y
s.s. del Código Contencioso Administrativo, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente proveído de
conformidad con lo establecido en los Artículos 44 y 45 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir
de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., […]”.

• Resolución núm. 003949 de 1º de octubre de 2008,

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proferida por el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición a la

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada denominada

CONTROL TOTAL LTDA.”

“[…]EL SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA

En ejercicio de las facultades legales en especial de las
conferidas por los Decretos 2355 de 2006 y 356 de 1994 y,

CONSIDERANDO

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
mediante Resolución No 02376 del 25 de junio de 2008,
concedió la renovación de licencia de funcionamiento de
carácter nacional a la empresa de Vigilancia y seguridad
privada CONTROL TOTAL LTDA., identificada con Nit
811.016.051-8, domiciliada en la carrera 45 No. 23 A
SUR- 32 de la ciudad de Envigado- Antioquia en la modalidad
de vigilancia fija y escolta a personas y mercancías, con la
utilización de armas de fuego y medios tecnológicos.

Que mediante Resolución No 03289 de 25 de agosto de 2008
la Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada, con
base en la potestad discrecional orientada a proteger la
seguridad ciudadana, resolvió cancelar la licencia de
funcionamiento de la sociedad denominada CONTROL TOTAL
LTDA., identificada con Nit 811.016.051-8.

Que en escrito presentado ante esta Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada el 26 de septiembre de 2008,
el señor Jorge Alonso Botero Mesa, identificado con cedula de
ciudadanía No. 71.649.198, actuando como Representante
Legal de la empresa CONTROL TOTAL LTDA., Interpuso
Recurso de Reposición en contra de la resolución No 3389 del
25 de agosto de 2008 bajo los siguientes argumentos.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

Manifiesta el recurrente, que la resolución por medio de la
cual se cancela la licencia de Funcionamiento a la empresa
CONTROL TOTAL LTOA., constituye un acto administrativo de
plano, ya que no está antecedido de una actuación

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administrativa en la cual la sociedad afectada con el acto
hubiera tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa,
limitando de esta manera el debido proceso.

Que la decisión de cancelar la licencia de funcionamiento a la
Sociedad CONTROL TOTAL LTDA., debería ser motivada de
forma seria y clara, no siendo así en el caso que nos ocupa,
ya que los considerandos de la resolución son generales y se
refieren al fundamento normativo y conceptual de la
competencia para cancelar la licencia y no explican los
motivos concretos para la adopción de dicha decisión.

Señala el recurrente que un estudio cuidadoso de la
motivación aducida por la Superintendencia para cancelar la
licencia a la empresa CONTROL TOTAL LTDA., permite
apreciar, que dicha decisión carece de fundamentación
fáctica sólida, que es el resultado de una reacción emotiva y
ligera, frente a una serie de hechos que apenas se
encuentran en la primera etapa de investigación y que no
guarda la debida y equitativa proporción entre los hechos
que le sirven de causa y los fines de la normas legales que la
autorizan.

Que el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo
consagra esa adecuación para los actos discrecionales de las
autoridades públicas, a fin que estas acaten los principios
que rigen el estado de derecho y no incurran en vías de
hecho, en arbitrariedades y el abuso del poder en sus
variadas manifestaciones y que ese precepto no fue el que
rigió la actuación de la Superintendencia cuando expidió la
Resolución 03289 del 25 de agosto del 2008.

Adicionalmente, aduce el Representante Legal de la empresa
en comento que sin en defensa de la convivencia pacífica la
Superintendencia resuelve cancelar la licencia de CONTROL
TOTAL LTDA, es porque administrativamente se encuentra
demostrado que la empresa hizo mal uso del permiso de
funcionamiento, ya que mediante sus actuaciones,
debidamente comprobadas, ha violado dicha convivencia y
ha atentando contra el justo orden social y político y
económico, en detrimento de los intereses de la comunidad.
Que así debería ser, tratándose de un estado de derecho
como es el nuestro, pero llama la atención que en la
resolución 03289 ya referida no se aducen los hechos
imputables a Control Total Ltda, susceptibles de ser
calificados como contrarios o atentatorios contra la
convivencia pacífica.

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En resumen, el señor Jorge Alonso Botero Mesa, aduce como
motivos de inconformidad, la violación al debido proceso, la
ausencia de motivación, la vulneración al principio de
proporcionalidad, la ausencia de presupuestos fácticos, falsa
motivación, responsabilidad objetiva y abuso de poder por
parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, al expedir la cancelación de la Licencia de
Funcionamiento de la empresa que él representa.

Que como consecuencia de lo anterior solicita el recurrente
se revoque la resolución No. 03289 del 25 de agosto del
2008 y se mantenga la licencia de funcionamiento a la
empresa de Vigilancia y Seguridad Privada CONTROL TOTAL
LTDA

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición
interpuesto en contra de la Resolución número 03289 del 25
de agosto del 2008, asistiéndole competencia en los términos
previstos en el Decreto 2355 de 2006 y 356 de 1994, y no
advirtiendo causal que la invalide.

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
mediante Resolución No.03289 de 25 de agosto de 2008
canceló la licencia de funcionamiento de la empresa de
Vigilancia y Seguridad Privada denominada CONTROL TOTAL
LTDA, en virtud del artículo 3° del Decreto Ley 356 de 1994.

Que una vez analizados los argumentos presentados por el
recurrente, se puede establecer que aduce como motivos de
inconformidad el hecho que la resolución No.03289 del 25 de
agosto del 2008 no atiende una actuación administrativa
donde se respete el derecho de defensa por un lado y de otra
parte aduce ser un acto donde no existe motivación alguna
soportada en fundamentos de hecho. Aunado a lo anterior el
Representante Legal de la sociedad en comento alega falsa
motivación, vulneración del principio de proporcionalidad,
abuso de poder y responsabilidad objetiva, aduciendo que la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha
incurrido en las mencionadas irregularidades con ocasión de
la cancelación de la licencia de Funcionamiento de la
empresa CONTROL TOTAL LTDA.

Al respecto, éste Despacho aclarará que ésta
Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada no ha
incurrido en ninguna de las irregularidades mencionadas por
el recurrente y por lo tanto no hay lugar a ninguna de las

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causales de anulación del acto administrativo enunciadas en
el recurso de reposición interpuesto.

En primer lugar con relación a la falta de motivación y
ausencia de presupuestos fácticos esta no se configura en
el caso que nos ocupa, toda vez que esta causal procede
en los casos de competencia reglada pero no en los de poder
discrecional y en este sentido es de vital importancia resaltar
que las licencias de funcionamiento otorgadas por esta
Superintendencia, son expedidas en virtud del poder
Discrecional otorgado por el artículo 3° del Decreto 356 de
1994, en consecuencia por la naturaleza del acto
administrativo que concede la licencia de funcionamiento, el
cual es discrecional y no reglado, no procede la aplicación de
falta de motivación, como causal de anulación del acto
administrativo que la cancela. Cabe recordar que la facultad
discrecional se deriva de la necesidad del legislador de
otorgar facultad a los entes estatales para realizar juicios de
valor y apreciaciones con el objeto de cumplir con las
obligaciones estatales, el bien común y el interés general,
todo de acuerdo a hechos concretos que se presentan de un
momento a otro.

En segundo lugar, la afirmación del recurrente en cuanto a
que existió desviación de poder en la expedición de la
Resolución recurrida no es aplicable al caso que nos ocupa,
debido a que solo puede hablarse de desvío de poder cuando
se emplea una facultad otorgada por la ley con un fin distinto
del que la ley quería otorgarla, entonces es preciso buscar la
intención que tuvo la ley al crear una competencia y el fin
que ha querido el funcionario al dictar el acto.

En este sentido, el mismo artículo 3° del Decreto 356 de
1994 nos señala que los permisos del estado para prestar
los servicios de vigilancia y seguridad privada, tienen como
fin proteger la seguridad ciudadana, y como quedo plasmado
en la Resolución 03289 del 25 de agosto del 2008, la
licencia de funcionamiento de la empresa CONTROL TOTAL
LTDA., fue cancelada teniendo en cuenta éste mismo fin,
toda vez que cuando la persona natural o jurídica a quien en
algún momento se le ha otorgado un permiso para operar,
genere desconfianza o inseguridad o represente un posible
peligro a la ciudadanía, éste permiso que una vez fue
otorgado debe ser retirado en aras de la seguridad
ciudadana. Así las cosas de lo anteriormente mencionado se
evidencia que no se empleó una facultad en interés personal
cuando quiera que no se obró buscando un fin distinto que la
seguridad ciudadana y por tanto no hay lugar a que se

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configure la desviación de poder argumentada por el
recurrente.

En tercer lugar, no es de recibo por esta entidad el
argumento del recurrente en el cual indica que existió
vulneración al debido proceso en la expedición de la
resolución recurrida, toda vez que la cancelación de la
licencia para operar como servicio de vigilancia y seguridad
privada no es una sanción, sino una decisión administrativa,
por tanto no podría seguirse un proceso previo,
administrativo y sancionatorio, debido a que lo que se
buscaba no era imponer una sanción a la empresa CONTROL
TOTAL LTDA., sino tomar una decisión administrativa en
ejercicio de la potestad discrecional aplicando el precepto
más adecuado y justo a la situación concreta, ateniéndose a
los objetivos fijados por la Constitución y la ley, ajenos a su
libre capricho, en cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares, a fin de proteger la vida, honra
y bienes de los asociados, así como sus derechos y
libertades.

Lo anterior teniendo en cuenta que como fue mencionado en
la resolución número 03289 del 25 de agosto del 2008, los
servidores públicos cuentan con un margen de apreciación
importante que les confiere movilidad en el juicio para
adoptar una decisión determinada, sin que ello comporte
arbitrariedad ni subjetividad, toda vez que la arbitrariedad
hace caso omiso de los fines de la ley para evadirlos o
contrariarlo, Jo cual no se aplica en el presente caso.

Finalmente, es importante resaltar que contrario a
lo señalado por él recurrente, en la decisión tomada
mediante resolución No.03289 del 25 de agosto del
2008; no existió vulneración al principio de proporcionalidad,
toda vez que éste principio, corresponde sencillamente a
que en todo acto administrativo que afecte libertades,
garantías individuales y derechos particulares, debe existir
tres elementos: (1) La adecuación de los medios escogidos
para la consecución del fin perseguido; (2) La necesidad de
la utilización de esos medios para el logro del fin, esto es,
que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que
sacrifique en menor medida los principios constitucionales
afectados por uso de esos medios y (3) la proporcionalidad
en sentido estricto, entre medios y fin, es decir que el
principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique
principios constitucionalmente más importantes.

Contrario a lo señalado por el recurrente existió

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proporcionalidad entre el fin perseguido, que para el caso
que nos ocupa corresponde a la seguridad ciudadana y al
interés general, y el medio utilizado, el cual corresponde a la
decisión administrativa de cancelar la licencia de
funcionamiento otorgada a la empresa CONTROL TOTAL
LTDA.

Lo anterior en virtud de conjurar de manera pronta y eficaz
una situación que ponga en peligro o vulnere derechos
constitucionales jurídicamente tutelados, cuando la persona
natural o jurídica a quien se le haya otorgado un permiso o
licencia para operar como empresa prestadora de los
servicios de vigilancia y seguridad privada, generen
desconfianza o inseguridad o represente un posible peligro a
la ciudadanía.

De esta manera resulta evidente que el acto administrativo
emitido por esta Superintendencia, tiene una sólida
legitimidad y una clara argumentación jurídica, que no tiene
que estar reglada, como bien lo dispone la Corte
Constitucional, pues la decisión de carácter particular objeto
del presente recurso se encuentra adecuada a los preceptos
constitucionales en el sentido cumplir con la finalidad del
Estado en el aseguramiento de los integrantes de la nación
en la vida, convivencia, libertad y paz dentro de un marco
democrático y participativo que garantice un orden político
económico y social justo, además de no pasar por alto que
el interés general prima sobre el particular preceptos
consagrado en la Constitución Política Nacional.

Partiendo del hecho que la Potestad Discrecional no nace
ante la ausencia de ley o de derecho que la sustente sino de
la existencia de una norma que la atribuya se entiende que el
acto Administrativo recurrido da estricto cumplimiento a la
ley.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, este Despacho

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la Resolución No 03289
del 25 de agosto de 2008. mediante la cual se cancela la
licencia de funcionamiento a la empresa de Vigilancia y
seguridad privada CONTROL TOTAL LTDA., identificada con
Nit 811.016.051-8, domiciliada en la carrera 45 No. 23 A
SUR- 32 la ciudad de envigado- Antioquia, en la modalidad
de vigilancia fija y escolta a personas y mercancías, con la
utilización de armas de fuego y medios tecnológicos, por las

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razones expuestas en la parte considerativa de este acto
administrativo.

PARAGRAFO: La cancelación de la licencia de
funcionamiento de la empresa de Vigilancia y seguridad
privada CONTROL TOTAL LTDA, identificada con Nit.
811.016.051- 8, no exime a su titular de atender
obligaciones pendientes, con la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada se abstendrá de expedir licencia de
funcionamiento o credenciales a servicios de vigilancia y
seguridad privada cuyos socios hubieran pertenecido a la
empresa de vigilancia y seguridad privada CONTROL TOTAL
LTDA., identificada con Nit. 811.016.051-8, en los términos
establecidos en el artículo 79 del Decreto 356 de 1994.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme el presente acto
administrativo, el Representante Legal de la empresa
CONTROL TOTAL LTDA., identificada con Nit.811.016.051-8,
deberá dar cumplimiento inmediato a Jo dispuesto en el
Parágrafo del Artículo 94 del Decreto 356 de 1994, en lo
referente a la devolución de las credenciales del personal
operativo y directivo, quienes deberán cesar en forma
inmediata sus actividades relacionadas con la vigilancia y
seguridad privada.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez se encuentre en firme el
presente acto administrativo, por secretaria general se dará
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 102 del Decreto
356 de 1994, en relación con la solicitud del retiro del
armamento al Comando General de las Fuerzas Militares y la
información al Ministerio de Protección Social.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente proveído de
conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del
CCA, al señor Jorge Alonso Botero Mesa, identificado con la
cédula de ciudadanía No 71.649.198 de Bogotá, en calidad
de Representante Legal de la Empresa denominada CONTROL
TOTAL LTDA., identificada con Nit. 811.016.051-8, con
dirección de notificación en la ciudad de Envigado-
Antioquia., en la carrera 45 No. 23 A sur- 32.

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo rige a
partir de la fecha de su expedición y contra ella no procede
recurso alguno, quedando agotada la vía gubernativa en los
términos previstos en el artículo 51 del CCA.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., […]”.

Problema Jurídico

Aclarado lo anterior, corresponde a esta Sala con fundamento en

los reproches planteados por el apoderado de la sociedad apelante,

determinar si, revoca, modifica o confirma la providencia de 16 de

marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, para lo

cual resulta necesario establecer si los actos administrativos

acusados, por medio de los cuales la Superintendencia de Vigilancia

y Seguridad Privada canceló la licencia de funcionamiento de la

empresa de vigilancia CONTROL TOTAL LTDA., están viciados o

no de nulidad por la violación del debido proceso, la violación de los

artículos 2º y 38 de la Constitución Política; 2º, 3º y 36 del C.C.A.;

los decretos 356 de 1994 y 2355 de 2006; artículo 32 del Código

Civil, la ausencia de motivación de los actos, la violación al principio

de confianza legítima y la desviación de poder en la expedición de

los mismos.

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Antecedentes normativos frente a la cancelación de las

licencias de funcionamiento de las empresas de vigilancia y

seguridad privada

Según el artículo 189, núm. 22, de la Constitución Política, respecto

de la función de inspección, vigilancia y control asignada al

Presidente de la República en materia de la prestación de los

servicios públicos, entre los que se encuentran los servicios de

vigilancia y seguridad privada, se considera la misma como una

manifestación del intervencionismo propio del Estado Social de

Derecho y del Poder de Policía -de reglamentación y vigilancia- que

le corresponde ejercer, sobre los servicios públicos que afectan

directamente a los asociados en su diario vivir, y con miras a la

protección de sus derechos y a garantizar el cumplimiento de los

cometidos estatales constitucionalmente establecidos y dirigidos

básicamente a la satisfacción del interés general.

Ahora, el artículo 7º del Decreto Ley 356 de 11 de febrero de

19943, establece que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

Privada ejercerá control, inspección y vigilancia sobre todas las

3
“Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”

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personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de

vigilancia y seguridad privada y sus usuarios, de conformidad con lo

establecido en la ley, facultades estas que le permiten verificar, en

cualquier momento, que las empresas que prestan el servicio de

vigilancia y seguridad privada desarrollen sus funciones teniendo en

cuenta los principios, deberes y obligaciones establecidos en el

artículo 74 de dicho estatuto.

Por su parte, el parágrafo inciso 2º del artículo 39 de la misma

normatividad autoriza a la Superintendencia para ejercer un control

permanente al vigilado; y, a su vez, en el artículo 136 se le faculta

a esta última para RECONSULTAR, en todo momento, los archivos

de la Policía Nacional y de otros organismos de seguridad del

Estado, con miras a garantizar que las circunstancias que dieron

lugar a la concesión de la licencia de funcionamiento del vigilado no

hubieren variado.

En ese sentido, si la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

Privada verifica el incumplimiento de los principios, deberes y

obligaciones previstos en la ley, por parte de las empresas que

prestan dichos servicios, puede imponer las medidas cautelares o

sanciones a que haya lugar, de conformidad con los artículos 75 y

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76 del Decreto Ley 356 de 11 de febrero de 1994, dentro de las

cuales se encuentra la suspensión o cancelación de la licencia, entre

otros.

Conforme a lo anterior y atendiendo la naturaleza de los servicios

que prestan las empresas privadas de vigilancia y seguridad privada

a la ciudadanía, los permisos, la suspensión y cancelación de las

licencias de funcionamiento, se deciden con base en la facultad

discrecional.

Ahora, para que una empresa de vigilancia y seguridad privada

obtenga una licencia de funcionamiento, deberá cumplir con los

requisitos descritos en el artículo 114 del Decreto Ley 356 de 11 de

febrero de 1994.

4
ARTÍCULO 11.- Licencia de funcionamiento. La Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento, de carácter nacional, previo
el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del solicitante:
1. Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el
Representante Legal, en la cual se informe:
a. Sede principal, sucursales o agencias que pretende establecer.
b. Modalidad del servicio que pretende ofrecer.
c. Medios que pretende utilizar para la prestación del servicio, con sus características
técnicas, si es del caso.
2. Adjuntar los siguientes documentos:
a. Copia de la escritura de constitución y reformas de la misma.
b. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de uso
indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada, no
inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía de
seguros legalmente autorizada.
3. Solicitud de aprobación de instalaciones y medios por parte de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

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El otorgamiento de la licencia de funcionamiento es una decisión

fundada en la potestad discrecional del Estado, que está dirigida a

la protección de la seguridad ciudadana (artículo 3° del Decreto Ley

356 de 1994), de tal suerte que el sólo cumplimiento de los

requisitos formales que debe contener toda petición que se eleve en

tal sentido no resulta suficiente para obtener en forma automática

la licencia respectiva, consideración esta aplicable también

tratándose de la renovación de la misma.

En cuanto a la suspensión y a la cancelación de la licencia de

funcionamiento, el artículo 3º del citado Decreto Ley 356 señala

que podrá disponerse una u otra medida por parte de la

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con

fundamento en la potestad discrecional, que se orienta a la

protección de la seguridad ciudadana.

Frente a la cancelación de la licencia de funcionamiento del vigilado,

sus sucursales o agencias, o de las credenciales respectivas, el

artículo 765 ibidem establece, igualmente, que la cancelación

5
ARTÍCULO 76.- Sanciones. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada impondrá a los
vigilados que infrinjan lo dispuesto en este Decreto t en especial lo dispuesto en los títulos V y VII de
este Decreto, las siguientes sanciones:
1. Amonestación y plazo perentorio para corregir las irregularidades.
2. Multas sucesivas en cuantía de 5 hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial hasta por seis meses.

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constituye una sanción, que se impondrá por parte de la

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a los vigilados

que, por ejemplo, infrinjan los principios, deberes y obligaciones

que rigen la prestación del servicio de vigilancia y seguridad

privada.

En ese sentido, por disposición del Legislador, es claro que la

suspensión y la cancelación de las licencias de funcionamiento de

las empresas de vigilancia y seguridad privada son decisiones o

medidas que puede adoptar la Superintendencia de Vigilancia y

Seguridad Privada en ejercicio de su potestad discrecional.

Descendiendo al caso concreto, como ya se dijo, el Tribunal denegó

las pretensiones de la demanda al no hallar demostrados los cargos

de violación endilgados.

La recurrente insiste en las censuras planteadas en la demanda,

para lo cual la Sala precisa lo siguiente:

4. Cancelación de la licencia de funcionamiento del vigilado, sus sucursales o agencias, o de
las credenciales respectivas.

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Mediante los actos acusados la entidad demandada canceló la

licencia de funcionamiento de la actora.

En la parte motiva de los mencionados actos, se expresó que sus

facultades propician el cumplimiento de un deber o imperativo

categórico establecido para los servicios de seguridad privada,

como es el de actuar de manera que fortalezca la confianza pública

en la prestación de tales servicios. Se puso de presente,

igualmente, que la potestad discrecional fue ejercida con el objeto

de prevenir y contrarrestar hechos o circunstancias que puedan

presentar en la comunidad una situación que ponga en peligro o

vulnere derechos constitucionales jurídicamente tutelados.

Concretamente, en la Resolución núm. 3289 de 25 de agosto

de 2008, se lee que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

Privada hizo uso de la facultad prevista en el artículo 106 del

Decreto Ley 356 de 1994, particularmente, lo relacionado con

RECONSULTAR los archivos de los organismos del Estado y en

virtud de ello encontró, según se extrae del texto del acta de 25 de

agosto de 2008, visible a folios 1 y 2 del cuaderno de antecedentes

administrativos, que, conforme a publicaciones de prensa y del

informe de la Fiscalía General de la Nación, se tuvo conocimiento de

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que uno de los socios de la actora (JUAN FELIPE SIERRA) fue

detenido con medida de aseguramiento, por los punibles de

concierto para delinquir en concurso con homicidio agravado, por

supuestos vínculos con actividades delictivas de narcotráfico,

hechos que, por lo demás, posteriormente, fueron aceptados por el

incriminado al acogerse a sentencia anticipada, según se expresó

en los alegatos de conclusión por parte de la entidad demandada.

En efecto, en la citada acta de 25 de agosto de 2008 consta lo

siguiente:

“[…] Sobre el particular, los presentes analizan los
siguientes documentos:

Sobre el particular, los presentes se refieren a la
información publicada en la Revista Semana del día 8 de
agosto de 2008, bajo el título de “Los infiltrados” en la cual
se hace mención al señor Juan Felipe Sierra, quien fuera
detenido por vínculos con actividades delictivas con el
narcotráfico.

El oficio remitido por la Fiscalía General de la Nación bajo el
número 436 D- 22 UNAIM de fecha 20 de agosto de 2008,
suscrito por la Asistente de Fiscalía DAYANNE GARCÍA
GÓMEZ, en la que nos informa que mediante resolución del
12 de agosto de la corriente anualidad se le resolvió
situación jurídica imponiéndosele medida de
aseguramiento por los punibles de Concierto para
delinquir en concurso con homicidio agravado.

El Delegado para la Operación, en virtud de las atribuciones
concedidas por el decreto 2355 de 2006 en su artículo 11,
adjunta los informes ejecutivos que ilustran sobre la
situación actual de los servicios de vigilancia y seguridad
privada CONTROL TOTAL LTDA […].

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Adicionalmente, la Delegatura para el Control, actuando
dentro de su competencia y de conformidad con el decreto
2355 de 2006 en su artículo 12, mediante Memorando 159
de fecha 22 de agosto del año en curso, remitió al Asesor
de Despacho, doctor Christian Kruger Sarmiento la
documentación relacionada con la empresa CONTROL
TOTAL, a saber:

1.“Antecedentes de:

. SIERRA FERNÁNDEZ JUAN FELIPE
[…]
También se allegó el oficio número 2000/0739/2008 con
radicado 1697 de fecha 25 de agosto de 2008, suscrito por
el Asesor Teniente coronel Fernando Augusto Torres
Guzmán y la Intendente Jefe Alba Ruth Álvarez Ortiz, en el
cual se remiten las respuestas de las bases de datos de la
DIJIN, de la Fiscalía General de la Nación y el DAS de las
personas vinculadas con los servicios de vigilancia y
seguridad privada antes mencionados.

En virtud de lo anterior, se llegó a concluir en aras de
asegurar la confianza pública y protegiendo el interés
general en cumplimiento de las funciones de esta
Superintendencia, se recomendó cancelar la licencia de
funcionamiento de las empresas de vigilancia y seguridad
denominada CONTROL TOTAL LTDA. y […]” (Destacado
fuera de texto).

Lo expuesto en líneas anteriores descarta la censura consistente en

la falta de motivación, e igualmente la desviación de poder, por

cuanto no existe prueba alguna en el expediente que demuestre

que con la expedición de los actos acusados se hubieran pretendido

finalidades distintas a las de asegurar la confianza pública y

proteger el interés general.

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Ahora, la decisión de cancelar la licencia de funcionamiento a la

actora resulta proporcional a los hechos que sirven de causa, toda

vez que la actividad de vigilancia y seguridad privada, mediante la

utilización de las armas, requiere un control permanente y estricto

por parte de las autoridades, en este caso, la Superintendencia de

Vigilancia y Seguridad Privada, por el riesgo que dicha actividad

conlleva.

De ahí que sea susceptible de revisión continua, para garantizar

que no varíen las circunstancias que acompañaron la concesión de

la licencia y su posterior renovación.

Cabe señalar que en sentencia de 9 de mayo de 20196, al decidir un

asunto similar, la Sección consideró que los actos administrativos

acusados estaban viciados de nulidad por falta de motivación, toda

vez que en los mismos no se señalaron los fundamentos fácticos

que manifestó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

Privada, en el escrito de contestación de la demanda, consistentes

en que para la fecha en que se profirieron esos actos existía una

orden de captura dictada por la Fiscalía General de la Nación contra

un socio de la empresa demandante, -el señor JUAN FELIPE
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 mayo de
2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009- 00199-01.

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SIERRA-, por tener vínculos con grupos al margen de la ley, quien

además estuvo privado de la libertad por estos mismos hechos y se

encontraba prófugo de la justicia, en los siguientes términos:

“[…] La Sala encuentra que, en la citada sentencia, se
considera que los referidos actos administrativos
discrecionales deben estar motivados tanto jurídica como
fácticamente y que dicha motivación debe estar contenida
en el texto de respectivo acto administrativo, así los
puestos(sic) fácticos que sirven de fundamento a la decisión
estén contenidos en documentos que, por mandato de la
Constitución Política o de la ley, que tengan carácter de
reservados.

122. Esta Corporación, en el mencionado pronunciamiento
sostuvo que más allá de que la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada fundamente jurídicamente su
decisión administrativa con la potestad discrecional de la
cual es titular debe existir siquiera sumariamente una
referencia que permita poner en evidencia los hechos
que le sirvieron de causa para ejercerla, con lo cual
resultaría posible determinar si la medida adoptada
fue proporcional a los mismos.
[…]

En ese orden de ideas, la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, en el escrito de contestación de
demanda señala que, en el presente caso, los actos
administrativos acusados tuvieron como fundamento el
hecho consistente en que, para la fecha en que se
profirieron esos actos, existía una orden de captura contra
un socio de la empresa demandante por tener vínculos con
grupos al margen de la ley, quien además estuvo privado
de la libertad por estos mismos hechos y se encontraba
prófugo de la justicia, motivo por el cual la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, en ejercicio de
la facultad discrecional, procedió a cancelar la licencia de
funcionamiento que se le había otorgado a la demandante,
debido a que esta circunstancia representaba un peligro e
inseguridad para la comunidad en la prestación del servicio
de seguridad privada. En este sentido, para la Sala, estos
fundamentos fácticos que manifestó la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, en el escrito de contestación

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de demanda, no se encuentran contenidos en los actos
administrativos demandados.

134. Contrario a lo anterior, para el demandante y
apelante, los actos administrativos acusados fueron
expedidos de plano por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada sin mediar procedimiento administrativo
alguno, presupuesto indispensable del derecho al debido
proceso.

135. En ese sentido, resalta la Sala, la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada debió sustentar los actos
acusados en la información reservada que conocía en
materia de seguridad ciudadana y, hacerlos saber en esos
términos al implicado o a los implicados, para que tuvieran
la oportunidad, en el evento de ser pertinente, de oponerse
en su momento a dicha información objeto de reserva. No
obstante, siendo esto lo que determinó el sentido de las
decisiones enjuiciadas, ello no fue lo que ocurrió en el
presente caso.

136. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que
los actos administrativos acusados están viciados de nulidad
a causa de la falta de motivación de la que adolecen y así
se declarará. En consecuencia, se ordenará el
restablecimiento del derecho, tal y como pasa a exponerse.
[…]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, si bien es cierto que se está frente a un asunto similar, la

Sala en esta oportunidad considera que debe rectificarse dicha

posición, para, en su lugar, señalar que los actos acusados no están

viciados de nulidad por falta de motivación, pues pese a que, en el

caso bajo examen, las resoluciones acusadas no se encuentran

contenidos los hechos relativos a que uno de los socios de la actora

(JUAN FELIPE SIERRA) fue detenido con medida de

aseguramiento, por los punibles de concierto para delinquir en

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concurso con homicidio agravado, por supuestos vínculos con

actividades delictivas de narcotráfico, también lo es que dicha

circunstancia de hecho existió y se encuentra demostrada,

conforme consta en el texto del acta de 25 de agosto de 2008, que

precedió los actos acusados, visible a folios 1 y 2 del cuaderno de

antecedentes administrativos, y que sí se hizo alusión a razones de

protección a la seguridad ciudadana, en dichos actos.

Ciertamente, se hizo referencia a esas razones de protección a la

seguridad ciudadana en la Resolución núm. 3289 de 25 de

agosto de 2008, acusada, cuando se indicó:

“[…] La actividad de la vigilancia y seguridad privada no
constituye una actividad común, ya que se trata de la
seguridad ciudadana delegada en los particulares (personas
jurídicas o naturales), toda vez que a ellos el Estado les
permite el porte de elementos restrictivos (como son las
armas de fuego) a través de una licencia. En este sentido,
resulta claro que no debe existir ninguna duda sobre la
idoneidad de dichas personas, y en tal sentido no ha de
vislumbrarse falta alguna de los mismos, siempre que
elementos que en manos indebidas pueden generar un
riesgo que esta Entidad se encuentra en la obligación
de minimizar.
[…]

En este sentido tiene potestad para cancelar o negar la
licencia de funcionamiento que haya otorgado a un particular
(bien sea persona natural o jurídica) cuando este genere
desconfianza o inseguridad o represente un posible peligro a
la ciudadanía.

Por una parte, el artículo 36 del Código Contencioso
Administrativo señala: "En la medida en que el contenido de

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una decisión de carácter general o particular, sea discrecional
debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y
proporcional a los hechos que el sirven de causa", y por otra,
el artículo 3° del Decreto 356 de 1994 establece que: "Los
servicios de vigilancia y seguridad privada solamente podrán
prestarse mediante la obtención de licencia o credencial
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, con base en la potestad discrecional orientada a
proteger la seguridad ciudadana"(subrayado fuera de
texto).

Que el artículo 106 de Decreto Ley 356 de 1994, faculta a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
reconsultar en todo momento los archivos de la Policía
Nacional y de otros organismos de seguridad del Estado y
adoptar las medidas necesarias, cuando se determine que
las circunstancias que dieron lugar a la concesión de la
licencia de funcionamiento o credencial hubieren
variado. […]” (Destacado fuera de texto).

En igual sentido, también se hizo referencia en la Resolución

núm. 0039493289 de 1º de octubre de 2008, demandada,

cuando se señaló:

“[…] En este sentido, el mismo artículo 3° del Decreto 356 de
1994 nos señala que los permisos del estado para prestar
los servicios de vigilancia y seguridad privada, tienen como
fin proteger la seguridad ciudadana, y como quedo
plasmado en la Resolución 03289 del 25 de agosto
del 2008, la licencia de funcionamiento de la empresa
CONTROL TOTAL LTDA., fue cancelada teniendo en
cuenta éste mismo fin, toda vez que cuando la persona
natural o jurídica a quien en algún momento se le ha
otorgado un permiso para operar, genere desconfianza
o inseguridad o represente un posible peligro a la
ciudadanía, éste permiso que una vez fue otorgado
debe ser retirado en aras de la seguridad ciudadana.
Así las cosas de lo anteriormente mencionado se evidencia
que no se empleó una facultad en interés personal cuando
quiera que no se obró buscando un fin distinto que la
seguridad ciudadana y por tanto no hay lugar a que se
configure la desviación de poder argumentada por el

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recurrente.

[…]

Contrario a lo señalado por el recurrente existió
proporcionalidad entre el fin perseguido, que para el caso
que nos ocupa corresponde a la seguridad ciudadana y al
interés general, y el medio utilizado, el cual corresponde a
la decisión administrativa de cancelar la licencia de
funcionamiento otorgada a la empresa CONTROL TOTAL
LTDA.

Lo anterior en virtud de conjurar de manera pronta y
eficaz una situación que ponga en peligro o vulnere
derechos constitucionales jurídicamente tutelados,
cuando la persona natural o jurídica a quien se le haya
otorgado un permiso o licencia para operar como
empresa prestadora de los servicios de vigilancia y
seguridad privada, generen desconfianza o inseguridad
o represente un posible peligro a la ciudadanía […]”
(Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala considera que la decisión de cancelar la licencia

de funcionamiento, señalada en los actos acusados, sí se encuentra

motivada, habida cuenta que además de que en los mismos se hizo

alusión a los hechos o razones de protección de seguridad

ciudadana, que deben servir de sustento para hacer uso de la

potestad discrecional, estos quedaron debidamente acreditados.

Asimismo, se observa que la referida decisión se fundamentó en la

facultad prevista en el artículo 106 del Decreto Ley 356 de 1994, de

RECONSULTAR los archivos de los organismos del Estado para

garantizar que las circunstancias que dieron lugar a la concesión de

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la licencia de funcionamiento no hubieren variado; y que las

razones o fundamentos señalados en dichos actos permiten

determinar que la medida de cancelación de la licencia de

funcionamiento adoptada es:

(i) razonable y proporcional a los hechos que le sirvieron de causa,

en tanto que la actividad de vigilancia y seguridad privada requiere

un control permanente y estricto por parte de las autoridades, por

el riesgo que dicha actividad conlleva;

(iii) responde a los fines de asegurar la confianza pública y proteger

el interés general; y

(iii) se adecua al fin de la protección de la seguridad ciudadana,

esto es, preservar el orden público evitando que mediante la

actividad de vigilancia privada personas vinculadas directa o

indirectamente a grupos delictivos obtengan licencia para portar

armas7.

7
Al respecto ver sentencia de 27 de abril 1994, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Miguel González Rodríguez, núm. único de radicación 2723), en
la que se consideró:

“[…] La actora se limita a afirmar: que hubo extralimitación de funciones por falta de
motivación, lo cual no acontece en este caso dado que la decisión se fundamentó en el
Oficio mencionado y en la facultad que le otorga al Ministerio de Defensa Nacional el artículo 4o. del
Decreto 334 de 1988; que la motivación es falsa y las pruebas no son veraces, pero no demuestra
que la empresa de seguridad "EXPRESS" y los usuarios que recibió de ésta no tienen vinculación
directa o indirecta con actividades de narcotráfico.

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En tal sentido, la Sala debe modificar la posición, para en su lugar

señalar que la medida de cancelación de la licencia de

funcionamiento no adolece de falta de motivación, cuando en la

misma se alude al ejercicio de la potestad discrecional y a la

facultad prevista en el artículo 106 del Decreto Ley 356 de 1994 de

RECONSULTAR los archivos de los organismos del Estado para

determinar que las circunstancias que dieron lugar a la concesión

de la licencia de funcionamiento variaron, y además lo hace a partir

de la consideración de unos hechos bajo la óptica de la protección a

la seguridad ciudadana, que logran ser demostrados por el juez y le

permiten verificar que la medida es razonable y proporcional a los

hechos que le sirvieron de causa, responde a los fines de asegurar

la confianza pública y proteger el interés general y se adecua al fin

de la protección de la seguridad ciudadana.

Siendo el Oficio referido un medio probatorio apto para demostrar el acaecimiento de una
de las causales que prevé el artículo 4o. del Decreto Legislativo 334 de 1988, en este caso,
prestar el servicio de vigilancia a personas vinculadas directa o indirectamente con el
tráfico de estupefacientes, no encuentra la Sala la transgresión del artículo 36 del C.C.A., toda
vez que la medida de cancelación de la licencia de funcionamiento de la actora se adecua a
los fines de la norma que la autoriza, cuales son preservar el orden público evitando que a
través de la actividad de vigilancia privada personas vinculadas directa o indirectamente a
grupos delictivos obtengan licencia para portar armas; y es proporcional a los hechos que
te sirven de causa, hechos estos que, como ya se dijo, no fueron controvertidos por la
demandante. […]” (Destacado fuera de texto).

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Al respecto, cabe mencionar que en sentencia de 22 de marzo de

20128, esta Sección precisó que la cancelación de la licencia de

funcionamiento es una decisión discrecional, que debe ser adecuada

a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos

que le sirven de causa y que puede tomarse a partir de la

consideración de unos hechos bajo la óptica de la protección a la

seguridad ciudadana.

Así discurrió la Sala en dicha oportunidad:

“[…] Según se examinó previamente en esta providencia,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º del Decreto
Ley 356 de 1994, los servicios de vigilancia y seguridad
privada solo podrán prestarse mediante la obtención de
licencia o credencial expedida por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, con base en potestad
discrecional, orientada a proteger la seguridad
ciudadana, potestad con fundamento en la cual también se
podrá suspender o cancelar las licencias o credenciales
expedidas.

Esta potestad discrecional, se reitera, no es en todo caso
una potestad absoluta, sino una discrecionalidad relativa,
que le permite a la Administración apreciar las
circunstancias de hecho y las de oportunidad y conveniencia
que rodean la toma de la decisión, concediéndole la
posibilidad de actuar o de no hacerlo, o de escoger el
contenido de su determinación, siempre dentro del marco

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de
marzo de 2012, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2004-
00325-02

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de las finalidades generales inherentes a la función pública
(el interés general, el interés público, el bien común, etc.) y
las particulares implícitas en la norma que autoriza la
decisión discrecional. En este caso, valga recodar, dicha
finalidad particular se concreta en un interés público
como lo es la protección de la seguridad ciudadana, la
cual, como supuesto del orden y de la paz social y del
disfrute de los derechos y libertades de las personas,
constituye un fin esencial dentro de nuestro Estado.

La cancelación de la licencia de funcionamiento, por
ser una decisión discrecional, debe ser adecuada a los
fines de la norma que la autoriza y proporcional a los
hechos que le sirven de causa. Por ende, cuando la
Administración en el ejercicio de esta potestad
discrecional decide cancelar la licencia de
funcionamiento de una empresa de vigilancia y
seguridad privada, lo hace a partir de la
consideración de unos hechos bajo la óptica de la
protección a la seguridad ciudadana y aplicando
criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

En la presente actuación, en criterio de la Sala, no existió
violación a las normas invocadas por la demandante, puesto
que la decisión discrecional de cancelación de su
licencia de funcionamiento se ajustó a los fines de la
norma que la autoriza y fue proporcional a los hechos
que le sirvieron de causa.

[….]

En este contexto, reitera la Sala, no se advierte que en la
decisión discrecional de cancelación de la licencia de
funcionamiento de la empresa SERES LTDA. haya existido
violación de las normas invocadas en la demanda, en
cuanto que se trató de una medida que respondió a la
finalidad superior de protección de la seguridad
ciudadana. […]”.

Posteriormente, en sentencia de 24 de mayo de 20129, la Sala

sostuvo que la Superintendencia en mención puede, en ejercicio de

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
mayo de 2012, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-24-000-
2006-00169-01.

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la facultad discrecional, que le otorga expresamente la Ley para

conceder, negar o suspender licencias para prestar los servicios de

vigilancia y seguridad privada, decidir libremente entre “la acción o

la abstención”, sin más límites que la finalidad de “proteger la

seguridad ciudadana”.

Asimismo, puntualizó que la circunstancia que se tuvo en cuenta,

en el caso analizado en dicha oportunidad, relativa a la sindicación

de homicidio a un miembro de la Junta Directiva de la sociedad

actora, implicó considerar la misma como una situación que era

razonablemente valorable frente al principio de protección de la

seguridad ciudadana que subyace en la actividad vigilada, así como

proporcional del riesgo que implica que uno de sus miembros, quien

ostentaba el permiso para prestar los servicios de vigilancia y

seguridad privada, se encuentre procesado por el delito de

homicidio, de la siguiente manera:

“[…] Para la Sala, se encuentra plenamente demostrado
que la entidad demandada, Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, expidió el acto administrativo acusado
en ejercicio de la facultad discrecional que le otorga
expresamente la Ley para conceder, negar o

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suspender licencias para prestar los servicios de
vigilancia y seguridad privada.

En virtud de dicha facultad, la entidad demandada puede
decidir libremente entre “la acción o la abstención”,
sin más límites que la finalidad de “proteger la
seguridad ciudadana”, objetivo éste que, como quedó
visto en los apartes transcritos, sirvió de sustento
jurídico a la Resolución acusada, ante la valoración
subjetiva, pero razonable y proporcional, del riesgo
que implica que uno de los miembros de la Junta
Directiva de APSMAR LTDA, quien ostentaba el
permiso para prestar los servicios de vigilancia y
seguridad privada, se encuentre procesado por el
delito de homicidio, hecho que, dicho sea de paso, no
fue desvirtuado por la actora.

[…] esta entidad ejerció su facultad discrecional de
negar la renovación de la licencia de funcionamiento
del Departamento de Seguridad de APOSMAR LTDA., con
observancia de los fines de la norma que le otorga
dicha facultad; y la circunstancia que tuvo en cuenta,
relativa a la sindicación de homicidio a un miembro
de la Junta Directiva de la actora, no implicó
considerar la misma como un antecedente judicial,
sino una situación que era razonablemente valorable
frente al principio de protección de la seguridad
ciudadana que subyace en la actividad vigilada.

Lo anterior, conduce a la Sala a confirmar el fallo apelado,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia. […]” (Destacado fuera de texto).

En lo que respecta al cargo de violación de la confianza legítima, el

mismo tampoco tiene vocación de prosperidad, toda vez que los

permisos o licencias de funcionamiento para las actividades de

vigilancia y seguridad privada no pueden ser inmodificables. Todo lo

contrario, están sujetos al continuo y permanente escrutinio de la

entidad vigilante y cuando varíen las condiciones de su

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otorgamiento, como en este caso, no queda camino distinto que la

cancelación o suspensión, según corresponda.

Finalmente, en lo que toca con el cargo relativo a la violación del

artículo 38 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a la

libre asociación, de los actos acusados y de sus antecedentes no se

infiere la prohibición o coacción de vinculación a organizaciones

sindicales o de índole similar, de ahí que tampoco tenga vocación

de prosperidad.

Por lo precedente, debe la Sala confirmar la sentencia apelada,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Ahora, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta

asumida por las partes no se evidenció temeridad ni mala fe en la

actuación procesal, razón por la cual no hay lugar a ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de marzo de 2017,

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez

ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de abril de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Aclara voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Salva voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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