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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2009-01329-01

Fecha
10 de agosto de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2009-01329-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2009-01329-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

10 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 05001-23-31-000-2009-01329-01
Demandantes: María Catalina Echeverry Sánchez, Lina María Moreno de
Uribe, Carlos Enrique Moreno Mejía, Mario Restrepo Arango
y Óscar Ruiz Jiménez
Demandado: Municipio de Medellín
Tema: Procedimientos de formación, actualización y conservación
catastral / Avalúo catastral / Reiteración de jurisprudencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación que, de manera oportuna, presentó la parte
demandante contra la sentencia de 14 de noviembre de 2013, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se
denegaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Los señores María Catalina Echeverry, Lina María Moreno de Uribe, Carlos
Enrique Moreno Mejía, Mario Restrepo Arango y Óscar Ruiz Jiménez (en adelante
actores o parte demandante), a través de apoderado judicial, instauraron demanda1
en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), en la que
pretenden la declaratoria de nulidad de las Resoluciones RR 14 de 30 de enero de
2009, 1412 de 27 de marzo de 2009 y SH-18-185 de 26 de mayo de 2009 y se
accedan a las siguientes declaraciones y condenas:

«[…] PRIMERO.- Declárese la nulidad de la Resolución Número “RR” 14
del 2009, Expedida por la Subsecretaría de Hacienda del Municipio de
Medellín, en lo referente a la vigencia asignada a partir del 26 de
septiembre de 2008 para los avalúos catastrales de los predios
identificados con matrículas inmobiliarias 868727, 868726 y 390934.

1 Folios 3 a 11 del cuaderno 1.

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Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
Actores: María Catalina Echeverry Sánchez y otros
Demandado: Municipio de Medellín

SEGUNDO.- Declárese la nulidad de la Resolución Número 1412 de
2009, Expedida por la Subsecretaría de Hacienda del Municipio de
Medellín, en cuanto a que no repuso la “RR” 14 DEL 2009.

TERCERO.- Declárese la nulidad de la Resolución Número SH- 18- 185
de 2009, Expedida por el Secretario de Hacienda del Municipio de
Medellín, en cuanto a que confirmó la 1412 de 2009.

CUARTO.- Que en forma Subsidiaria consecuencial de las anteriores
declaraciones, se ordene determinar el avalúo catastral y el
correspondiente impuesto predial del Municipio de Medellín con el tipo y
uso de matrículas inmobiliarias 868727, 868726 y 390934, a partir del
primero de enero de 2006, fecha en la cual entró en vigencia la
actualización catastral del Municipio.

QUINTO.- En consecuencia y como restablecimiento del derecho
ordénese al Municipio de Medellín pague a mis poderdantes el valor de
los impuestos cobrados en exceso desde el primero de Enero de 2006.

SEXTO.- Como consecuencia de valor de los impuestos cobrados en
exceso se reconozca a nuestro favor los intereses ocasionados desde el
primero de enero de 2006 hasta que sean canceladas todas las
pretensiones».

I.1.1. Los hechos

2. Los actores fundamentaron sus pretensiones en los siguientes hechos:

• Los demandantes «son propietarios de un predio ubicado en la Cl 16 con la Cr
32 sector de La Asomadera de la ciudad de Medellín, identificado con la matrícula
inmobiliaria 390934, con un área de 25.846 mt2, y avalúo de ($4.148.593.000), uso
8, tipo 11 y una tarifa de 8x1000; lo cual arrojaba un impuesto predial de
$33.188.744 ML anual».

• En el año 2006, con ocasión de la ampliación del proyecto vial Las Palmas, el
Municipio de Medellín compró una faja del predio a los demandantes, lo cual dio
lugar a la reducción en su tamaño, pasando de tener una extensión de 25.856 mt2
a una extensión de 23.703 mt2.

• Como resultado de lo anterior, el municipio de Medellín entregó a los
demandantes dos (2) nuevos predios, identificados con las matrículas inmobiliarias
868727 y 868726, «a los cuales les determina la tarifa máxima permitida legalmente,
siendo el 33x1000 propia de los lotes de engorde o lotes urbanizados no construidos
a partir del tercer trimestre del 2006».

• Inconformes con el avalúo en comento y con la fijación de la tarifa equivalente al
33x1000, el 26 de septiembre de 2008 los propietarios de los predios presentaron
una solicitud de corrección.

3

Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
Actores: María Catalina Echeverry Sánchez y otros
Demandado: Municipio de Medellín

• En respuesta de la petición de los propietarios, la Subsecretaría de Despacho
Catastro de la Secretaría de Hacienda expidió la Resolución RR 14 de 30 de enero
de 2009, mediante la cual modificó los avalúos catastrales a partir del 26 de
septiembre de 2008, fecha en la cual se presentó la referida solicitud.

• Los demandantes interpusieron el recurso de reposición y, en subsidio, el de
apelación contra la decisión, los cuales fueron decididos, en su orden, a través de
las Resoluciones 1412 de 27 de marzo de 2009 y SH-18-185 de 26 de mayo de
2009, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

I.1.2. Normas violadas y el concepto de la violación

3.Los demandantes invocaron como normas violadas las siguientes disposiciones
normativas: el artículo 12 de la Ley 14 de 1983; el artículo 41 del Decreto 3496 de
1983 y los artículos 19, 23 y 112 de la Resolución 2555 de 1988 del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, concepto de violación que justificaron en el
cargo de violación de las normas superiores en que debieron fundarse los actos
administrativos demandados, apoyado en los siguientes argumentos:

• La vigencia de los avalúos de los predios identificados con las
matrículas inmobiliarias 868727, 868726 y 390934 debió ser a partir del
1° de enero de 2006, fecha en la cual entró en vigencia la última
actualización catastral efectuada en el año 2005 y no a partir del 26 de
septiembre de 2008, fecha en la cual se presentó la solicitud.

4. Anotaron que la Resolución 2225 de 1988 expedida por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi - IGAC dispone que los avalúos resultantes de la actualización
catastral tienen vigencia, para efectos fiscales, a partir del 1° de enero del año
siguiente en que fueron ejecutados (artículo 19). Ergo, ni el Municipio de Medellín y
ninguna otra autoridad catastral podían determinar una vigencia con fecha diferente.

5. Subrayaron que las autoridades catastrales se fundamentaron en lo dispuesto en
el Acuerdo 67 de 2008 para determinar la vigencia de los avalúos reclamados; sin
embargo, dicho acuerdo, de carácter municipal, no podía desconocer una norma de
mayor jerarquía como lo es el artículo 19 de la Resolución 2225 de 1988.

6. Luego de hacer hincapié en lo acaecido en la actuación administrativa, señalaron
que «[…] salta a la vista que los funcionarios del municipio de Medellín han olvidado
por completo el sistema jurídico imperante en Colombia, toda vez que a todas luces
y partiendo del derecho constitucional la aplicación del sistema normativo antepone
jerarquías legales y reglamentarias […]». En apoyo de su aserto, transcribieron
apartes de la sentencia C-893 de 1999 de la Corte Constitucional.

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Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
Actores: María Catalina Echeverry Sánchez y otros
Demandado: Municipio de Medellín

• Segundo motivo: La tarifa del 33x1000 fijada para los predios de los
demandantes resulta exagerada

7. Observaron que el «artículo 2° de la Ley 44 de 1990» (sic)2 establece una tarifa
máxima del 33x1000 para los lotes urbanizados no edificados y para los lotes no
urbanizados «a manera de sanción o castigo para los propietarios de los inmuebles
que no cumplan con la función social de la propiedad».

8. Arguyeron que la administración municipal «[…] ha castigado con la tarifa
máxima por lote de engorde, no imputable a su culpa, pues, el Plan Parcial no ha
tomado determinación alguna para los lotes en mención, teniendo en cuenta que el
Curador Urbano Segundo de Medellín ha conceptuado en su Oficio CEC2-0669-08
de octubre 27 de 2008 que “Los predios que se encuentren al interior de estas áreas
o polígonos no podrán desarrollarse hasta que el plan parcial sea adoptado». Así,
concluyeron que «[…] [s]alta a la vista entonces, que si el plan parcial les impide su
desarrollo, mal podrían catalogarse como “Lotes de engorde” pues a la fecha, se
desconocen los equipamientos a los que se tienen proyectados».

9. Finalmente, señalaron:

«[…] [A]l predio con matrícula inmobiliaria 390394 el Municipio de Medellín le
redujo ostensiblemente su avalúo de $4.115.073.000 a $1.039.002.000 debido
a las diferentes afectaciones que presentaba el predio dando como resultado
retiros de quebrada, zonas de alto riesgo y alto riesgo no recuperable, quedando
un ínfimo porcentaje de riesgo recuperable que requiere considerables obras
de ingeniería para la estabilización del terreno sin que esto sea una garantía
suficiente para los propietarios del desarrollo de un proyecto construible y sin
cumplir con la densidad impuesta por la norma para este sector que es de 125
viviendas por hectáreas, razones más que suficientes para determinarle una
tarifa del 8x1000 y no del 33x1000 como en efecto se hizo.

Igualmente, al predio con matricula (sic) inmobiliaria 868726 el Municipio de
Medellín le redujo su avalúo de $320962.000 a $201'257.000 debido a las
afectaciones que presentaba el predio dando como resultado retiros de
quebrada equivalente al 53.28% del total del área del predio, pero le mantuvo
el uso del 8 y el tipo 11 quedando con una tarifa para el pago del impuesto
predial del 33x1000 y no con la solicitada del 8x1000.

Finalmente, al predio con matricula (sic) inmobiliaria 868727 el Municipio de
Medellín le redujo su avalúo de $144'096.000 a $14'410.000 debido a la
afectación que presentaba el predio dando como resultado alto riesgo no
recuperable equivalente al 100% del total del área del predio, pero le cambio
(sic) el uso 8 y el tipo 12 quedando con una tarifa para el pago del impuesto
predial del 14.5x1000 y no con la solicitada del 8x1000.

Irregular la actuación del Municipio de Medellín en el caso presente debido a
que en el momento de la negociación les hace a mis poderdantes una
transacción económica de un promedio por un valor para luego reconocer que
es de inferior valor como ocurrió con los predios de matrículas inmobiliarias
868727 y el 868729; en otras palabras, el Municipio de Medellín con la compra

2 Corresponde en realidad al artículo 4° de la Ley 44 de 1990.

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Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
Actores: María Catalina Echeverry Sánchez y otros
Demandado: Municipio de Medellín

de una faja de terreno a mis poderdantes y la permuta de otro, para la
ampliación del proyecto vial de las Palmas, determinó modificarles los avalúos
a un precio extremadamente inferior y las tarifas al máximo milaje que es del
33x100».

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

10. El municipio de Medellín, por conducto de apoderada judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda3.

11. Señaló que, ciertamente, el Municipio de Medellín, a través de la Subsecretaría
de Despacho Catastro de la Secretaría de Hacienda, y con ocasión de la
actualización catastral realizada a los predios de su circunscripción, fijó unos
avalúos con vigencia a 1º de enero de 2006, entre los cuales se encuentran los
predios de propiedad de los demandantes.

12. Sostuvo que, en respuesta a la solicitud formulada por los accionantes, la
Subsecretaría de Despacho Catastro de la Secretaría de Hacienda expidió la
Resolución RR 14 de 30 de enero de 2009, según la cual modificó los avalúos
catastrales a partir de la fecha de solicitud, subrayando que para las matrículas
inmobiliarias 390934 y 868726 se conservó la tarifa del 33x1000 y no la solicitada
del 8x1000, mientras que para la matrícula inmobiliaria 868727 se varió el «tipo» de
11 a 12, y se redujo la tarifa al 14.5%.

13. Indicó que la anterior decisión fue confirmada mediante las Resoluciones 1412
de 2009 y SH-18-185 de 2009, las cuales, en su orden, desataron los recursos de
reposición y de apelación, confirmando la decisión recurrida.

14. Observó que según los artículos 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley 14 de 1983, las
autoridades catastrales deben realizar labores de formación, actualización y
conservación de los catastros para la correcta identificación física, jurídica, fiscal y
económica, función que se encuentra sujeta a las normas técnicas establecidas por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, específicamente, la Resolución 2555 de
1988, a su vez acogida por el Acuerdo 44 de 1989 del municipio de Medellín.

15. Aclaró que la actualización de los avalúos tuvo como fundamento un estudio
económico realizado por la División de Catastro para cada uno de los sectores de
la ciudad de Medellín, con el fin de establecer valores por metro cuadrado para
«lote» y «construcción», mediante el análisis de investigación directa e indirecta de
precios en el mercado inmobiliario. Para ello, se consultó con diferentes agencias
inmobiliarias, cámaras de construcción, constructores, corporaciones de ahorro y
vivienda, agencias de arrendamiento, particulares, periódicos y revistas
especializadas en el tema.

3 Folios 123 a126 cuaderno 1.

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16. Agregó que el estudio que permitió establecer el valor en el mercado inmobiliario
de cada uno de los predios comprendió las siguientes etapas: identificación predial,
determinación de zonas homogéneas geoeconómicas, determinación de valores
unitarios para los tipos de edificaciones y liquidación de avalúos. Además, efectuó
una descripción detallada del proceso surtido en cada una de estas etapas.

17. Subrayó que «la Subsecretaría de Catastro es una entidad autónoma que hace
las veces de la Lonja de propiedad Raíz, para lo cual está integrada por un grupo
de profesionales idóneos encargados de realizar avalúos catastrales según los
parámetros y las técnicas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi».
Seguidamente, hizo referencia a los artículos 96, 129 y 130 de la Resolución 2555
de 1988 que regulan, específicamente, la rectificación, la revisión de los avalúos y
la forma de petición de la revisión.

18. En esta ilación, recordó que el inciso segundo del artículo 129 de la Resolución
2555 de 1988 establece que «[…] el propietario o poseedor podrá presentar la
correspondiente solicitud de revisión del avalúo de su predio o mejora a partir del
día siguiente al de la fecha de la resolución mediante la cual se inscribe el predio o
la mejora en el Catastro, acompañándola de las pruebas que la justifiquen». Al
respecto, señaló que «[…] no se entiende el por qué los demandantes presentan la
reclamación pasados dos años, y es a partir de la reclamación o solicitud, que se
les hace efectivo el cobro con el nuevo avalúo».

19. Finalmente, anotó que la administración municipal procedió a efectuar la
reliquidación del impuesto predial unificado para disminuirlo, de conformidad con los
nuevos avalúos.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

20. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, profirió fallo el
día 14 de noviembre de 20134, mediante el cual denegó las súplicas de la demanda.
Los argumentos se sintetizan de la siguiente manera:

21. Explicó que la función catastral constituye una función pública desarrollada por
las autoridades públicas encargadas de adelantar la formación, actualización y
conservación de los catastros del país según la normatividad en esta materia, la
cual se encuentra contenida en la Ley 14 de 1983, el Decreto Reglamentario 3496
de 1983 y la Resolución 2555 de 1988 dictada por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, IGAC.

22. Comentó que existe la posibilidad de que los avalúos catastrales resultantes del
sometimiento de un predio a un proceso de formación catastral o de actualización
de la formación catastral puedan ser revisados mediante el mecanismo conocido
como la revisión del avalúo, el cual se surte dentro del proceso de conservación

4
Folios a 184 del cuaderno 1.

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catastral. La revisión del avalúo, indicó, se inicia al día siguiente a la fecha de
clausura del proceso de formación catastral o de actualización de la misma (Ley 14
de 1983, artículo 9°; Decreto Reglamentario 3496 de 1983, artículo 30 y Resolución
2555 de 1988, artículo 129).

23. Subrayó que, según la Ley 44 de 1990: (i) la base gravable del Impuesto Predial
Unificado es el avalúo catastral o el autoavalúo de los bienes cuando se establece
la declaración anual (artículo 3°); (ii) la tarifa del Impuesto Predial Unificado debe
ser fijada por los respectivos concejos y la misma oscila entre el 1% y 16% de la
base gravable, atendiendo los estratos socioeconómicos, los usos del suelo en el
sector urbano y la formación o actualización del catastro. Además, los terrenos
urbanizables no urbanizados y los urbanizados no edificados pueden estar sujetos
a tarifas superiores, sin que excedan el 33 por mil.

24. Explicó que los «predios urbanizados no edificados» corresponden a aquellos
predios que han cumplido su proceso de desarrollo por urbanización, pero en los
que no se han levantado construcciones o edificios. Son conocidos como «lotes de
engorde» y, para ello, el artículo 4° de la Ley 44 de 1990 previó una tarifa del
impuesto predial mayor frente a los demás predios edificados, al amparo del artículo
58 de la Constitución Política, que reconoce que la propiedad es una función social
que implica obligaciones. De esta manera se cumple con la finalidad de estimular el
desarrollo urbano, de restringir fenómenos de especulación sobre la tierra y de
superar problemas ambientales, de salubridad y de seguridad que regularmente se
presentan con este tipo de lotes.

25. Seguidamente abordó los argumentos planteados en la demanda.

III.1. Análisis del primer argumento: la vigencia de los avalúos

26. Expuso que, según el artículo 8° de la Ley 14 de 1983, en consonancia con el
artículo 19 de la Resolución 2555 de 1988, los avalúos resultantes de la formación,
actualización de la formación o de la conservación, debidamente ajustados, tendrán
vigencia para efectos fiscales a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en
que fueron ejecutados.

27. Explicó que, acorde con el artículo 106 de la Resolución 2555 de 1988, los
cambios individuales que sobrevengan en la conservación catastral se inscribirán
en los registros catastrales conforme a la resolución que los ordena, y que en la
misma providencia se indicará la fecha de vigencia fiscal del avalúo.

28. Dicho lo anterior, aseguró que «[…] la entidad demandada se encontraba
facultada en principio para fijar como vigencia fiscal a la modificaciones (sic) en
estudio, la de la fecha de la solicitud presentada para tal finalidad por los
copropietarios de los predios objeto de ello, sin embargo, y de una lectura literal de
los antes aludidos artículos 8° de la Ley 14 de 1983 y 19 de la Resolución No. 2555
de 1988, aquella sólo podría haber sido fijada a partir del 1° de enero de 2007, por

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cuanto el avalúo catastral resultante de la etapa de conservación se ejecutó en el
año 2006, lo cual, además, se sustenta en el principio de irretroactividad de las
normas tributarias, en tanto, tal y como lo ha considerado el Consejo de Estado “los
avalúos entran en vigencia por ministerio de la ley y surten los efectos fiscales en la
fecha señalada” y “la revisión del avalúo catastral permite la rectificación para que
se tenga en cuenta como base gravable mínima del impuesto, la situación real del
inmueble a 1° de enero del respectivo año».

29. Determinó que «[…] [s]in embargo, por la habilitación que a juicio de esta Sala
otorga el canon 106, ya indicada, y atendiendo al principio de favorabilidad, y no
reforma en peor, no resulta procedente entrar a desmejorar la situación de los
demandantes en el aspecto en concreto, sino que se mantendrá la legalidad de los
actos acusados en lo pertinente, por ende, no prospera el cargo».

• Segundo motivo: la fijación de la tarifa del 33x1000 para los predios
resulta exagerada

30. El juez de primera instancia consideró que la parte actora se limitó a efectuar
cuestionamientos generales sobre la tarifa, pues reprocha la asignación del
33x1000 y reclama la equivalente al 8x1000 sin cumplir de manera oportuna con la
carga de citar y desarrollar la normatividad del orden municipal que sirve de sustento
a sus afirmaciones, lo cual revestía de especial importancia en el presente caso
considerando que la tarifa del Impuesto Predial Unificado es fijada por los
respectivos concejos municipales entre el 1% y el 16% de la base gravable; además,
los terrenos urbanizables no urbanizados y los urbanizados no edificados pueden
estar sujetos a tarifas superiores, sin que excedan el 33 por mil.

31. Estimó que, en consecuencia, «[…] correspondía a los solicitantes, en vía
gubernativa acreditar que los predios identificados con las matrículas inmobiliarias
Nros. 001-390934, 001-867726 y 001-868727 no podían ser considerados como
lotes de engorde, y no simplemente limitarse a realizar cuestionamiento en cuanto
a la tarifa que por ley corresponde a estos, en tanto, analizadas las probanzas que
obran en el proceso, si bien, es dable derivar que los mismos se encuentran
afectados en importantes porcentajes, por riesgo recuperable y no recuperable, así
como por retiro de quebrada, y que el Plan Parcial ocasionó problemas de
inestabilidad a los mismos, lo cierto es, que la premisa referente a la posibilidad de
urbanizar en éstos, no fue desvirtuada, siendo ello lo que precisamente sustenta la
clasificación en cuestión».

32. Señaló que, aunado a lo anterior, en el plenario no se practicó prueba técnica
que diera cuenta de las características y demás aspectos relacionados con terrenos,
para poder derivar la imposibilidad de construir sobre los mismos, aclarando que la
prueba testimonial decretada en la primera instancia no suplía dicha deficiencia
probatoria.

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33. En síntesis, en criterio del Tribunal, la parte actora no sustentó el concepto de
violación y, además, no aportó pruebas para demostrar que el avalúo determinado
por la administración no se ajustó a las condiciones y a las características reales de
los predios. Por ende, determinó que el cargo de nulidad analizado carecía de
vocación de prosperidad.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

34. Los demandantes, por conducto de apoderado judicial apelaron la decisión de
primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

• Primer motivo: La vigencia fiscal asignada a las modificaciones de los
avalúos

35. Los actores mostraron su inconformismo frente a lo decidido en la sentencia de
primera instancia, pues con la actuación administrativa adelantada por la entidad
demandada se formalizó el proceso de actualización catastral y no el de
conservación catastral.

36. Argumentaron que, según el artículo 19 de la Resolución 2555 de 1988, los
avalúos resultantes de la actualización catastral tienen vigencia, para efectos
fiscales, el 1° de enero del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados. En
consecuencia, los avalúos catastrales fijados en el marco de dicho procedimiento
debieron ser modificados a partir del 1° de enero de 2006, fecha en que entró en
vigencia la última actualización catastral del municipio de Medellín y, no a partir del
26 de septiembre de 2008.

• Segundo motivo: la fijación de la tarifa del 33x1000 para los predios sí
resulta exagerada

37. Expusieron que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, sí identificaron en la
demanda las normas infringidas y sustentaron el concepto de violación. En apoyo
de tal afirmación, transcribieron los argumentos del libelo introductorio.

38. Añadieron que junto con la demanda fueron aportados informes de los terrenos
emitidos por la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Medellín, en los
cuales «[…] se identifican los diseños y cálculos estructurales con las respectivas
restricciones de usos del suelo en las obras de estabilización que realizaron en los
predios de los demandantes».

39. Hicieron hincapié, de manera especial, en los siguientes documentos: (i) el
«Informe sobre vías obligadas T-205»; (ii) el «Informe de Emergencias SS.OO.PP
de Medellín y vías las Palmas» y (iii) el «Informe Geológico de Ingeniero José
Bernardo Álvarez Pulgarín», los cuales piden sean valorados.

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Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
Actores: María Catalina Echeverry Sánchez y otros
Demandado: Municipio de Medellín

V. TRÁMITE DEL PROCESO

40. Según auto de 15 de enero de 20145, fue concedido el recurso de apelación
interpuesto de manera oportuna por la parte demandante y admitido por la segunda
instancia mediante proveído de 21 de julio de 20146.

41. El despacho sustanciador del proceso en segunda instancia, mediante auto de
25 de febrero de 20167, accedió al decreto de pruebas en segunda instancia,
consistente en que sean allegados los antecedentes administrativos de las
Resoluciones RR 14 de 2009, 1412 de 2009 y SH- 18-185 de 2009, al señalarse
que se configuraba la causal prevista en el numeral 1° del artículo 214 del CCA,
esto es, porque habiendo sido decretadas en primera instancia se dejaron de
practicar sin culpa de la parte que las pidió.

42. Mediante auto de 25 de mayo de 2016 se corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto.

43. Dentro de la oportunidad otorgada para alegar de conclusión, la parte
demandante allegó escrito reiterando, en esencia, los argumentos esbozados en el
escrito de impugnación.

44. La parte demandada y el señor Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

45.Esta Sala de Decisión, para desatar la presente controversia, abordará: (i) la
competencia; (ii) el problema jurídico a resolver; (iii) la identificación de los actos
demandados; (iv) lo probado en el expediente y, (vi) el caso concreto.

VI.1. Competencia

46. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo8 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado
es competente para decidir en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias dictadas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos.

5 Folio 193 del Cuaderno 1.
6 Folio 4 del Cuaderno 2.
7 Folios 9 a 11 del Cuaderno 2.

8 Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión.

11

Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
Actores: María Catalina Echeverry Sánchez y otros
Demandado: Municipio de Medellín

VI.2. El problema jurídico a resolver

47. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 287 y 328 del Código General
del Proceso,9 a esta Sala de Decisión le corresponde analizar la legalidad de los
actos administrativos demandados, mediante los cuales se modificaron los avalúos
catastrales de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 868727,
868726 y 390934 a partir del 26 de septiembre de 2008. Con ese propósito, y en
los términos del recurso de apelación, la Sala deberá determinar: (i) si los avalúos
debieron empezar a regir a partir del 1º de enero de 2006, fecha en que entró en
vigencia la actualización catastral que llevó a cabo el Municipio de Medellín en el
año 2005, y (ii) si la tarifa del impuesto predial unificado fijada en 33x1000 para los
predios resulta exagerada.

VI.3. Los actos administrativos demandados

48. En el presente proceso se pretende la declaratoria de nulidad de los siguientes
actos administrativos:

(i) Resolución RR 14 de 30 de enero de 2009, expedida por el Subsecretario de
Despacho Catastro de la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín, cuya
parte resolutiva es del siguiente tenor:

[…] ARTÍCULO 1°. Modificar los avalúos catastrales asignados a los predios
identificados con las matrículas inmobiliarias 868727, 868726 y 390934, a partir
del veintiséis (26) de Septiembre de 2008 (solicitud del peticionario, teniendo
en cuenta el informe de emergencias S.S. O.O. P.P. de Medellín. Vía Las
Palmas Km 2, Sector Rancherito) por encontrarse afectadas por alto riesgo
no recuperable, por retiro de quebrada, asignándole los siguientes datos:

Componentes Datos Datos
Actuales Nuevos
Matrícula 868727
Dirección CL 28 CR 16
Barrio LA
ASOMADERA
Cobama 09150030114
Área Total de 664,00
Lote
Área Total 0,00
Construida
Área privada 0,00

9 «[…] Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá
hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia
[…]».

12

Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
Actores: María Catalina Echeverry Sánchez y otros
Demandado: Municipio de Medellín

Afectación por 664,00M2
zona de alto
riesgo no
recuperable
% Afectación 100%
Uso 8 8
Tipo 11 12
Puntaje 0
Porcentaje 100,000
Deseng
Zona 5011309
Geoeconómica
Avalúo total $ $14.410.000
2008 144.096.000
Avalúo total $151.301.000 $15.131.000
2009

Componentes Datos Datos
Actuales Nuevos
Matrícula 868726
Dirección CL 16 CR 32
LT 63
Barrio LA
ASOMADERA
Cobama 09150030111
Área Total de 1,479,00 M2
Lote
Área Total 0,00
Construida
Área privada 0,00
Afectación por 787,96M2
zona de alto
riesgo no
recuperable
% Afectación 53,28%
Uso 8
Tipo 11
Puntaje 0
Porcentaje 100,000
Deseng
Zona 5011309
Geoeconómica
Avalúo total $320.962.000 $201.257.000
2008
Avalúo total $337.010.000 $211.320.000
2009

Componentes Datos Datos Nuevos
Actuales
Matrícula 390934
Dirección CL 16 CR 32
LT 64
Barrio LA
ASOMADERA
Cobama 09150030041

13

Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
Actores: María Catalina Echeverry Sánchez y otros
Demandado: Municipio de Medellín

Área Total de 23.703M2
Lote
Área Total 0,00
Construida
Área privada 0,00
Afectación por 15.437,33M2
zona de alto
riesgo no
recuperable
% Afectación 65,13%
Afectación por 5.136,38M2
zona de alto
riesgo
recuperable
Afectación por 327,43M2
Retiro de
Quebrada
% Afectación 21,67%
zona de alto
riesgo
% Afectación 1,38%
por Retiro de
Quebrada
Uso 8
Tipo 11
Puntaje 0
Porcentaje 100,000
Deseng
Zona 5011309
geoeconómica
Avalúo 2008 $4.115.073.000 $1.039.002.000
Avalúo 2009 $4.320.827.000 $1.090.952.000

[…]

ARTÍCULO 3°. Ordenar el ajuste pertinente en el debido cobrar.

[…]»

(ii) Resolución 1412 de 27 de marzo de 200910 por medio de la cual la
Subsecretaría de Catastro de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín,
confirmó en su integridad el contenido del acto recurrido, al desatar el recurso de
reposición, en el siguiente sentido:

«[…] a). Que para dar la vigencia correspondiente al Acto Administrativo
impugnado, se realizó teniendo en cuenta la fecha de la solicitud de
revisión que presentó el peticionario en su momento, toda vez que el
acuerdo 67 de 2008, estipula que las afectaciones se deben realizar a
petición de parte, además se tuvo en cuenta el certificado emitido por la
Unidad de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Geología con fecha del
31 de Octubre de 2008.

10 El contenido de la Resolución 1412 de 27 de marzo de 2009 fue notificado por edicto fijado el día 23 de abril

de 2009 y desfijado el 7 de mayo de 2009 (Folio 62 del Cuaderno del Consejo de Estado).

14

Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
Actores: María Catalina Echeverry Sánchez y otros
Demandado: Municipio de Medellín

b) Con respecto a las afectaciones de los predios, le comunicamos, que la
Subsecretaria de Catastro, tuvo en cuenta el informe emitido por la Unidad de
Cartografía, GT-10036 del 17 de diciembre de 2008, mediante el cual se
certificó unas afectaciones de los inmuebles relacionados las cuales se tuvieron
en cuenta para la valoración de estos.

Sin embargo el hecho de que estos inmuebles se encuentren afectados
por zona de alto riesgo o retiro de quebrada no significa que en ellos no
se pueda desarrollar ningún tipo de constructivo, como edificios o
urbanizaciones, por lo tanto la destinación económica es de lote, como se
puede sustentar con el informe suministrado por Planeación

4. Que el proceso de conservación catastral consiste en el conjunto de
operaciones destinadas a mantener al día los documentos catastrales de
conformidad con los cambios que experimente la propiedad raíz en cualquiera
de sus aspectos físico, jurídico, fiscal y económico, de conformidad con el
Decreto 3496 de 1983 y la Resolución 2555 de 1988, del Instituto Agustín
Codazzi máxima autoridad catastral del país.

5. En los términos del artículo 129 de la Resolución Nacional 2555 de 1988:
"El propietario o poseedor podrá obtener la revisión del avalúo en la
Oficina de Catastro correspondiente, cuando demuestre que el valor no se
ajusta a las características y condiciones del predio".

"PARÁGRAFO. Las características y condiciones del predio se refieren a:
Límites, tamaño, uso, clase y número de construcciones, ubicación, vías de
acceso, clases de terreno y naturaleza de la producción, condiciones locales del
mercado inmobiliario y demás informaciones pertinentes".

6. La Subsecretaria de Catastro tiene la base de datos tanto cartográfica como
sistematizada, con la que puede demostrar las novedades que dan lugar a los
actos administrativos que expide, son el producto de actividades bien
fundamentadas, por lo tanto cuando el propietario o poseedor de inmuebles en
Medellín no está de acuerdo con la información recopilada, bien puede atacar
los actos administrativos, pero debe cumplir con los preceptos legales, y para
el caso que nos ocupa, se trata de hacer un aporte de las pruebas contundentes,
con el objeto de demostrarle a este Despacho en donde radican las diferencias.

7. La petición carece de pruebas esto es, faltó un aporte de documentos
demostrativos y acordes con lo solicitado, para poder entrar a confrontar
los datos que existen en la base de datos del Catastro.

8. Que así las cosas está (sic) instancia no encuentra de recibo las pretensiones
del recurrente con fundamento en los datos críticos de los inmuebles y que
fueron registrados en el Sistema de Información Catastral. En consecuencia los
datos críticos se ajusta (sic) a las normas que regulan la materia y no existen
elementos probatorios diferentes a los tenidos en cuenta que permitan modificar
el avalúo impugnado.

Por lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la Resolución N° 014 expedida el 30 de
enero de 2009, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
resolución.

15

Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
Actores: María Catalina Echeverry Sánchez y otros
Demandado: Municipio de Medellín

[…]»

(iii) Resolución SH-18-185 de 26 de mayo de 2009, a través de la cual el Secretario
de Hacienda del municipio de Medellín resolvió el recurso de apelación interpuesto,
confirmando en su integridad el acto recurrido, en los siguientes términos:

«[…] a). Que para dar la vigencia correspondiente al Acto Administrativo
impugnado, se realizó teniendo en cuenta la fecha de la solicitud de
revisión que presentó el peticionario en su momento, toda vez que el
acuerdo 67 de 2008, estipula que las afectaciones se deben realizar a
petición de parte, además se tuvo en cuenta el certificado emitido por la
Unidad de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Geología con fecha del
31 de Octubre de 2008.

b) Con respecto a las afectaciones de los predios la Subsecretaria de Catastro,
tuvo en cuenta el informe emitido por la Unidad de Cartografía, GT 10036 del
17 de diciembre de 2008, mediante el cual se certificó unas afectaciones de los
inmuebles relacionados las cuales se tuvieron en cuenta para la valoración de
estos.

Sin embargo el hecho de que estos inmuebles se encuentren afectados por
zona de alto riesgo o retiro de quebrada no significa que en ellos no se pueda
desarrollar ningún tipo de constructivo (sic), como edificios o urbanizaciones,
por lo tanto la destinación económica es de lote, como se puede sustentar con
el informe suministrado por Planeación.

4. Que así las cosas este Despacho encuentra ajustado a derecho la decisión
del inferior plasmada en la resolución N° 1412 de marzo 27 de 2009, en tanto
los datos críticos se ajustan a las normas que regulan la materia y no existen
elementos probatorios diferentes a los tenidos en cuenta que permitan modificar
el avalúo impugnado, todo lo anterior con base en el informe emitido por la
Unidad de Cartografía, GT-10036 del 17 de diciembre de 2008 y el certificado
emitido por la Unidad de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Geología con
fecha del 31 de Octubre de 2008, los cuales se tuvieron en cuenta para fijar
nuevos avalúos catastrales.

Por lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Confirmar la resolución 1412 de marzo 27 de 2009, que no
repuso la resolución No. 14 de 2009, emitida por la Subsecretaría de Catastro,
que modificó los avalúos catastrales asignados a los predios identificados con
las matrículas inmobiliarias 868727, 868726 y 390934 a partir del 26 de
septiembre de 2008.

[…]»

VI.5. El caso en concreto

VI.5.1. Análisis del primer motivo de alzada

49. La parte actora alegó en el proceso que la modificación de los avalúos
catastrales de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 868727,

16

Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
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Demandado: Municipio de Medellín

868726 y 390934 no debió regir a partir del 26 de septiembre de 2008, como se
dispuso en los actos administrativos acusados, sino a partir del 1º de enero de 2006,
cuando entró en vigencia la actualización catastral efectuada por el municipio de
Medellín en el año 200511.

50. A juicio de los demandantes, en la sentencia impugnada el a quo «confunde los
avalúos determinados en la conservación del catastro con los avalúos corregidos
con ocasión de la actualización catastral» interpretando erróneamente el artículo
106 de la Resolución 2555 y desconociendo el artículo 19 ibidem.

51. Para resolver, debe señalarse, de manera inicial, que los actos administrativos
acusados se expidieron en vigencia de la Ley 14 de 1983 12, el Decreto
Reglamentario 3496 de 198313 y la Resolución 2555 de 198814 del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.

52. De acuerdo con dicha normativa, las autoridades catastrales tienen a su cargo
las labores de formación, actualización y conservación de los catastros, tendientes
a la correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles15.

53. El catastro es el inventario o censo –debidamente actualizado y clasificado– de
los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de
lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica16.

54. El aspecto físico consiste en la identificación de los linderos del terreno y
edificaciones del predio sobre documentos gráficos o fotografías aéreas u
ortofotografías y la descripción y clasificación de las edificaciones y del terreno17; el
aspecto jurídico consiste en indicar y anotar en los documentos catastrales la
relación entre el sujeto activo del derecho, o sea el propietario o poseedor, y el
objeto o bien inmueble, mediante la identificación ciudadana o tributaria del
propietario o poseedor, y de la escritura y registro o matrícula inmobiliaria del predio
respectivo18.

55. El aspecto fiscal consiste en la preparación y entrega a las tesorerías
municipales y a las administraciones de impuestos nacionales respectivas, de los
listados de los avalúos sobre los cuales ha de aplicarse la tasa correspondiente al
impuesto predial y demás gravámenes que tengan como base el avalúo catastral,

11 Resolución de Actualización de la Formación Catastral No. 004 de 30 de diciembre de 2005.
12 «Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones».
13 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 14 de 1983 y se dictan otras disposiciones».
14 «Por la cual se reglamenta la formación, actualización de la formación y conservación del Catastro Nacional,

y subroga la resolución No. 660 de 30 de marzo de 1984».
15 Artículo 1º del Decreto 3496 de 1983.
16 Artículo 2º del Decreto 3496 de 1983 y artículo 1º de la Resolución 2555 de 1998 del IGAC.
17
Artículo 3º del Decreto 3496 de 1983 y artículo 2º de la Resolución 2555 de 1998 del IGAC .
18
Artículo 4º del Decreto 3496 de 1983 y artículo 3º de la Resolución 2555 de 1998 del IGAC .

17

Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
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de conformidad con las disposiciones legales vigentes19, mientras que el aspecto
económico consiste en la determinación del avalúo catastral del predio20.

56. El avalúo catastral, a su vez, consiste en la determinación del valor de los predios,
obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. El
avalúo catastral de cada predio se determina por la adición de los avalúos parciales
practicados independientemente para los terrenos y para las edificaciones en él
comprendidos21.

57. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de 16
de octubre de 201822, señaló lo siguiente en relación con el avalúo catastral:

«El avalúo catastral consiste en la determinación del precio de los predios
pertenecientes a una “unidad orgánica catastral” o parte de ella, mediante la
aplicación de investigaciones y “análisis estadístico del mercado inmobiliario”,
cuyo fin primordial es conocer la riqueza inmueble del país, facilitando el
recaudo de impuestos y su “transferencia o adquisición (…) por parte del Estado
y de los particulares.” Los elementos del avalúo catastral son: (i) El valor de los
terrenos; y (ii) El valor de las edificaciones».

58. Las actuaciones administrativas atinentes a la formación catastral, la
actualización de la formación catastral y la conservación catastral se encuentran
desarrolladas en el Decreto 3496 de 1983 y en la Resolución 2555 de 1988 del
IGAC. Así, los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 3496 de 1983 disponen:

«ARTÍCULO 11.- Formación catastral. La formación catastral consiste en el
conjunto de operaciones destinadas a obtener la información sobre los terrenos
y edificaciones en los aspectos físico, jurídico, fiscal y económico de cada
predio.

La información obtenida se anotará en la ficha predial y en los documentos
gráficos, listados y formatos de control estadístico que diseñen las autoridades
catastrales.

El proceso de formación termina con la resolución por medio de la cual las
autoridades catastrales, a partir de la fecha de dicha providencia, ordenan la
inscripción en el catastro de los predios que han sido formados y establecen
que el proceso de conservación se inicia al día siguiente, a partir del cual, el
propietario o poseedor podrá solicitar la revisión del avalúo de acuerdo con el
artículo 9 de la Ley 14 de 1983».

«ARTÍCULO 12.- Conservación catastral. La conservación catastral consiste
en el conjunto de operaciones destinadas a mantener al día los documentos
catastrales de conformidad con los cambios que experimente la propiedad raíz
en sus aspectos físico, jurídico, fiscal y económico.

19
Artículo 5° del Decreto 3496 de 1983 y 6°artículo 4º de la Resolución 2555 de 1988 del IGAC.
20
Artículo 6º del Decreto 3496 de 1983 y artículo 5º de la Resolución 2555 de 1998 del IGAC
21
Artículo 7° del Decreto 3496 de 1983 y artículos 5º y 6° de la Resolución 2555 de 1988 del IGAC.
22 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 16 de octubre de 2018, radicado: 11001-

03-06-000-2018-00099-00, MP: Edgar González López.

18

Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
Actores: María Catalina Echeverry Sánchez y otros
Demandado: Municipio de Medellín

La conservación se inicia al día siguiente en el cual se inscribe la formación o
la actualización de la formación en el catastro, y se formaliza con la resolución
que ordena la inscripción en los documentos catastrales de los cambios que se
hayan presentado en la propiedad raíz».

«ARTÍCULO 13.- Actualización de la formación catastral. La actualización
de la formación catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a
renovar los datos de la formación catastral, revisando los elementos físico y
jurídico del catastro y eliminando en el elemento económico las disparidades
originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras
públicas, o condiciones locales del mercado inmobiliario.

La actualización de la formación catastral se debe realizar dentro de un período
máximo de cinco (5) años, a partir de la fecha en la cual se termina la formación
de un catastro, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 14
de 1983 y el artículo 11 del presente Decreto.

La información obtenida y los cambios encontrados se anotarán en los
documentos catastrales pertinentes. El proceso de actualización termina con la
resolución por medio de la cual las autoridades catastrales, a partir de la fecha
de dicha providencia, ordenan la renovación de la inscripción en el catastro de
los predios que han sido actualizados y establecen que el proceso de
conservación se inicia el día siguiente a partir del cual, el propietario o
poseedor podrá solicitar la revisión del avalúo de acuerdo con el artículo
9 de la Ley 14 de 1983» (negritas de la Sala).

59. De lo expuesto se tiene que la formación, la actualización y la conservación son
procesos de gestión catastral que difieren entre sí. Al respecto, la Sección Primera
del Consejo de Estado, en sentencia de 12 de diciembre de 2019, que ahora se
reitera, precisó:

«Para el referido propósito fueron creados varios procedimientos; el primero,
el de inscripción de la formación catastral, considerado como la primera
oportunidad en que se hace un censo de inmuebles, o la primera vez que un
inmueble aparece incorporado en el catastro (v. g.r. construcción nueva,
englobes, desenglobes); el segundo, la actualización de la formación
catastral que tiene como objeto el de renovar los datos recolectados en la
formación catastral inicial, con el fin de eliminar, del elemento económico, las
disparidades ocurridas por cambios físicos, variaciones de uso o de
productividad, o de obras públicas o condiciones locales del mercado
inmobiliario que lo ameriten; y, el tercero, la conservación catastral que sirve
para mantener al día los documentos catastrales, conforme a los cambios
que experimente el inmueble en sus dimensiones física, jurídica, fiscal o
económica.

La conservación catastral inicia al día siguiente al de la inscripción de la
formación o la actualización catastral; formalización que se agota con la
expedición del acto que ordena inscribir los documentos catastrales y los
cambios presentados por el inmueble […]»23 (negritas de la Sala)

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de diciembre

de 2019. Radicado: 08001-23-31-000-1993-07864-01. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez. Actor: Alejandro
Orjuela Hernández.

19

Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
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60. Cabe destacar que la actualización de la formación catastral se debe realizar en
el curso de periodos de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el artículo
5º de la Ley 14 de 198324 y el artículo 13 del Decreto 3496 de 1986.

61. Dentro del proceso de conservación catastral está previsto el de revisión del
avalúo a petición del propietario o poseedor. Así lo dispone el artículo 9º de la Ley
14 de 1983, norma que es del siguiente tenor:

«ARTÍCULO 9.- El propietario o poseedor podrá obtener la revisión del avalúo
en la Oficina de Catastro correspondiente, cuando demuestre que el valor no se
ajusta a las características y condiciones del predio. Dicha revisión se hará
dentro del proceso de conservación catastral y contra la decisión
procederán por la vía gubernativa los recursos de reposición y apelación»
(negritas de la Sala).

62. En cuanto al trámite de revisión del avalúo, el artículo 30 del Decreto 3496 de
1983 señaló que el propietario o poseedor podrá presentar la correspondiente
solicitud de revisión del avalúo de su predio o mejora a partir del día siguiente al de
la fecha de la resolución mediante la cual se inscribe el predio o la mejora en el
catastro, acompañándola de las pruebas que la justifiquen. La norma precisó,
además, que las características y condiciones del predio se refieren a: límites,
tamaño, uso, clase y número de construcciones, ubicación, vías de acceso, clases
de terreno y naturaleza de la producción, condiciones locales del mercado
inmobiliario y demás informaciones pertinentes.

63.Sobre el particular, esta Sección del Consejo de Estado, en sentencia de 18 de
marzo de 2021, que se reitera, indicó:

«[…]

v) Los procedimientos de formación y actualización catastral concluyen
mediante la expedición de un acto administrativo de carácter general; sin
embargo, por tratarse del inventario de inmuebles existentes en un determinado
municipio, determinados desde sus aspectos físicos, jurídicos y fiscales, irradia
en los propietarios, poseedores etc., efectos particulares; es allí donde a partir
del día siguiente a la expedición del acto administrativo de carácter
general, se abre paso el procedimiento de conservación del catastro.

vi) Conforme con lo anterior y en los precisos términos dispuestos en la
normativa citada supra, tan pronto finalicen las etapas de formación o
actualización catastral, será el procedimiento administrativo de
conservación catastral el idóneo para que los propietarios o poseedores
soliciten a la autoridad la revisión y modificación de cualquier
inconsistencia que entiendan se presentó en la determinación de los
aspectos físicos, jurídicos, fiscales o económicos de sus inmuebles;

24 Artículo 5.- Las autoridades catastrales tendrán la obligación de formar los catastros o actualizarlos en el

curso de períodos de cinco (5) años en todos los municipios del país, con el fin de revisar los elementos físico
y jurídico del catastro y eliminar las posibles disparidades en el avalúo catastral originadas en mutaciones
físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario.

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Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
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petición que se deberá resolver mediante acto administrativo de carácter
particular contra el cual proceden los recursos de reposición y de apelación.

vii) La normativa no deja lugar a dudas en cuanto a que el procedimiento de
conservación solamente tiene lugar una vez finalice el de actualización
catastral; es decir, salvo que se presente una petición de revisión del catastro,
antes de que se inicie la etapa de actualización y esta no se haya decidido o se
encuentre en curso, cualquier reparo a los aspectos físico, jurídico, fiscal o
económico, deberá aclararse dentro del procedimiento de actualización o con
posterioridad a la expedición del acto administrativo de carácter general, toda
vez que si bien ambos trámites, en principio tienen la misma finalidad, por ley,
el inicio del procedimiento de conservación está sujeto a la finalización
del de formación o actualización25» (negritas de la Sala).

64. En el caso concreto, la Sala constata que en el municipio de Medellín se llevó a
cabo un proceso de actualización catastral en el año 2005, como se evidencia en la
Resolución de Actualización de la Formación Catastral No. 0004 de Diciembre 30
de 2005 - Vigencia a partir del 1 de Enero de 200626.

65. Asimismo, se verifica que el señor Óscar Ruiz Jiménez, copropietario de los
predios identificados con las matrículas inmobiliarias 390934, 868726 y 868727,
solicitó ante la Subsecretaría de Catastro del Municipio de Medellín la revisión de la
destinación económica de los mismos. La copia de la petición allegada que obra en
el expediente no tiene constancia de la fecha de radicación. Ahora bien, en la
demanda, la parte actora manifiesta que la solicitud fue presentada el 26 de
septiembre de 2008, hecho que es reafirmado en los actos administrativos objeto
de demanda. La solicitud se elevó en los siguientes términos:

«[…] [O]rdenar a quien corresponda la revisión de la destinación económica
asignada a los predios ubicados en el kilómetro 3 vía a Las Palmas,
identificados con las matrículas 001-390934; 001-868726 y 001-868727, en
atención a los siguientes

FUNDAMENTOS DE HECHO:

1.- La intervención de la Secretaría de Obras Públicas dentro del predio,
debido a los deslizamientos que se vienen presentando frecuentemente en la
vía a Las Palmas.

2.- La falta de definición del Plan Parcial que se viene estudiando desde el año
2006 y que a la fecha continúa sin determinación por parte de sus sectores
del cual no existe un proyecto aprobado para la zona.

3.- La afectación a los predios por parte del INVAL de Medellín que data desde
el año 1997.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 18 de marzo de

2021. Radicado: 17001-23-31-000-2010-00435-01. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Actor: Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.
26 Folio 43 del cuaderno 1.

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Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
Actores: María Catalina Echeverry Sánchez y otros
Demandado: Municipio de Medellín

4.- La medida cautelar a la oferta de compra decretada por oficio del 10 de julio
de 2003 de la Secretaría de Hacienda de Medellín y cancelada mediante oficio
del 6 de julio de 2004 de la Alcaldía de Medellín27 (negritas de la Sala).

[…]».

66.La petición del señor Óscar Ruiz Jiménez fue resuelta por el Subsecretario de
Despacho Catastro de Medellín mediante la Resolución RR 14 de 30 de enero de
2009, en cuya parte motiva se expuso:

«[…]

5. Que mediante informes GT-10036 de Diciembre 17 de 2008, y GE- 124 de
Enero 20 de 2009, emanados del Equipo de Cartografía y Conservación
adscrito a la Subsecretaria de Catastro, se constató lo siguiente:

• Que se trata de tres lotes de terreno, parte de los cuales se utilizaron
para la construcción de la ampliación de la vía las Palmas o doble
calzada La Palma, topografia inclinada y cubierto con pastos naturales.
• En la actualidad se vienen haciendo trabajos de estabilización por
parte de la Secretaria de Obras Públicas Municipal, y se le dio
respuesta mediante oficio con radicado 200800391582 del 23 de
Octubre de 2008.
• Los predios poseen las siguientes afectaciones:

[…]

• El predio identificado con la matrícula 868727 cambia de uso, tipo de 08-
11 a 08-12, por encontrarse afectado en un 100% por alto riesgo no
recuperable.
• En la actualidad el valor del metro cuadrado comercial en el sector,
alcanza valores que oscilan entre $180.000 y $250.000, los valores
fijados para la compra de los predios, incluye la faja que se compro
(sic) de los predios del caso y oscilaron entre $180.000 y $220.000.
• Que en la actualidad, se viene efectuando las obras de
estabilización de los predios, por parte de Obras Públicas
Municipales, trabajos que según información obtenida directamente en
la Secretaria, suman unos costos iniciales de $2.700.000.000 y que se
debe tener en cuenta que estos terrenos de por si no son firmes y no es
que el Municipio les haya restado su potencialidad de desarrollo».
(negritas de la Sala).

67. Conforme a tales consideraciones, el Subsecretario de Despacho Catastro
decidió «[m]odificar los avalúos catastrales asignados a los predios identificados
con las matrículas inmobiliarias 868727, 868726 y 390934, a partir del veintiséis (26)
de Septiembre de 2008 (solicitud del peticionario, teniendo en cuenta el informe
de emergencias S.S. O.O. P.P. de Medellín. Vía Las Palmas Km 2, Sector
Rancherito) por encontrarse afectadas por alto riesgo no recuperable, por retiro de
quebrada […]» (negritas de la Sala).

27 Folio 13 cuaderno 1.

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Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
Actores: María Catalina Echeverry Sánchez y otros
Demandado: Municipio de Medellín

68. La decisión fue confirmada, en su integridad, mediante la Resolución 1412 de
27 de marzo de 2009, expedida igualmente por el Subsecretario de Despacho
Catastro y la Resolución SH -18-185 de 26 de mayo de 2009, emanada por el
Secretario de Hacienda del municipio de Medellín, a través de las cuales se
resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente.

69. De lo anteriormente expuesto, la Sala puede establecer que la actuación
administrativa adelantada por la Subsecretaría de Catastro de Medellín no se
enmarcó en el mecanismo de rectificación por errores provenientes de la
actualización, previsto en el artículo 112 de la Resolución 2555 de 1988 del IGAG,
y cuya violación se adujo en la demanda, sino que se dio en el ámbito del proceso
de revisión del avalúo, en razón de cambios que sufrieron las propiedades de los
actores entre una actualización catastral y otra, valga resaltarlo, durante el proceso
de conservación catastral.

70. Así se desprende de los argumentos expuestos por el señor Óscar Ruiz
Jiménez en la petición que originó la actuación administrativa, en tanto solicitó la
revisión de la destinación económica asignada a los predios identificados con las
matrículas 001-390934; 001-868726 y 001-868727, en atención, entre otros
argumentos, a la «intervención de la Secretaría de Obras Públicas dentro del predio,
debido a los deslizamientos que se vienen presentando frecuentemente en la vía
a Las Palmas», así como a la «falta de definición del Plan Parcial que se viene
estudiando desde el año 2006 y que a la fecha continúa sin determinación por
parte de sus sectores del cual no existe un proyecto aprobado para la zona» (negritas
de la Sala).

71. Por su parte, el Subsecretario de Despacho Catastro y el Secretario de
Hacienda de Medellín, en los actos administrativos demandados, se basó en los
informes GT – 10036 de 17 de diciembre de 2008 y GE – 124 de 20 de enero de
2008, emitidos por el Equipo de Cartografía y Conservación adscrito a la
Subsecretaría de Catastro, los cuales dieron cuenta de que, para ese entonces, se
adelantaban trabajos de estabilización de los predios por parte de la Secretaría de
Obras Públicas. Asimismo, las autoridades catastrales tuvieron en consideración el
valor del metro cuadrado comercial en el sector para el momento de la actuación
administrativa.

72. Como ya se expuso, el trámite de revisión del avalúo catastral, a solicitud del
propietario o poseedor, se lleva a cabo dentro del proceso de conservación
catastral, entendido como el conjunto de operaciones destinadas a mantener al día
los documentos catastrales.

73. De conformidad con el artículo 22 del Decreto 3496 de 1983, «[l]as autoridades
catastrales ordenarán por resolución la vigencia de los avalúos resultantes de
los procesos de formación y de la actualización de la formación y de los cambios
individuales debidamente ajustados que sobrevengan en la conservación
catastral» (negritas de la Sala).

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Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
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74. En el mismo sentido, el artículo 106 de la Resolución 2555 de 1988 del IGAC
señaló que: «[l]os cambios individuales que sobrevengan en la conservación
Catastral, se inscribirán en los registros catastrales conforme a lo dispuesto en la
resolución que los ordena. En la misma providencia se indicará la fecha de vigencia
fiscal del avalúo».

75. En esos términos, puede determinarse que, tal y como lo consideró el a quo, en
el asunto bajo examen la entidad demandada se encontraba facultada para definir
la vigencia de los avalúos que resultaron del proceso de revisión adelantado a
solicitud del señor Óscar Ruiz Jiménez. Por ende, al disponer la modificación de los
avalúos de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 868727, 868726
y 390934, a partir del 26 de septiembre de 2008 –fecha de la solicitud de revisión–,
la autoridad catastral se ajustó al ordenamiento jurídico vigente para el momento.

76. Ahora bien, en virtud del artículo 8º28 de la Ley 14 de 1983, el artículo 2229 del
Decreto 3496 de 1983 y el artículo 19 de la Resolución 2555 de 1988 del IGAC,
para efectos fiscales, los avalúos resultantes de la formación, actualización de la
formación o de la conservación debidamente ajustados, tienen vigencia a partir del
1° de enero del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados.

77. Así, el artículo 19 de la Resolución 2555 de 1988 del IGAC señala:

«Artículo 19°. Vigencia Fiscal. Los avalúos resultantes de la formación,
actualización de la formación, o de la conservación debidamente ajustados,
tendrán vigencia para efectos fiscales a partir del 1º de enero del año siguiente
a aquel en que fueron ejecutados».

78. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, sobre el particular, ha señalado:

[…] [T]odo cambio o mutación que sufra el predio en el periodo fiscal,
aplica para la declaración del año subsiguiente.

2.2 Que los efectos fiscales de los avalúos catastrales apliquen a partir del
1 de enero del año siguiente al que fueron ejecutados, no es un asunto
aislado, porque esta previsión guarda coherencia con el momento de
causación del impuesto predial unificado, que aunque se surte el primer día
de enero de cada año30, comprende la liquidación anual (el periodo gravable del
tributo está comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada
año)31.

28 Artículo 8º.- Los avalúos establecidos de conformidad con los artículos 4, 5, 6 y 7 entrarán en vigencia el 1º

de enero del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados.
29 Artículo 22.- Vigencia fiscal. Los avalúos establecidos en conformidad con los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley

14 de 1983, entrarán en vigencia el 1 de enero del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados.
30 En el artículo 14 del Acuerdo 032 de 30 de noviembre de 2012, por el cual se adopta el Estatuto Tributario

del municipio de Floridablanca, Santander, está previsto que el impuesto predial unificado se causa el primero
de enero de cada año gravable. Folio 127.
31 En el artículo 18 del citado acuerdo, se señaló que el periodo gravable del impuesto predial unificado es anual

y está comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del respectivo año. Folio 128.

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Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
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Además, esto imprime certeza sobre la base gravable del tributo, porque
cuando es la propia administración la que liquida el tributo, como ocurre en este
caso, mediante el sistema de facturación32, este avalúo, en los términos del
artículo 3 de la Ley 44 de 1990, constituye la base para su cuantificación.

Por esto, es importante que la administración verifique el avalúo catastral
vigente para el primero de enero de cada año fiscal33 (negritas de la Sala).

79. En conclusión, las modificaciones de los avalúos catastrales fijadas a través de
los actos administrativos demandados no podían tener vigencia a partir del 1º de
enero del año 2006, como erróneamente lo aduce la parte actora, toda vez que se
efectuaron en el marco del procedimiento de conservación catastral a partir de una
solicitud de revisión formulada el 26 de septiembre de 2008 y sustentada en
cambios sufridos por las propiedades que fueron objetos de avalúo.

80. En consecuencia, no está llamado a prosperar el argumento de impugnación
analizado.

VI.5.1. Análisis del segundo motivo de alzada

81.En la demanda, los actores aseveraron que la tarifa del 33x1000 fijada por el
municipio de Medellín para los predios de su propiedad «resulta exagerada y en
consecuencia deberá declararse nula».

82. En sustento de lo dicho, adujeron que: «se les ha castigado con la tarifa máxima
por lote de engorde, no imputable a su culpa, pues, el Plan Parcial no ha tomado
determinación alguna para los lotes en mención, teniendo en cuenta que el Curador
Urbano Segundo de Medellín ha conceptuado en su Oficio CEC2-0669-08 de
octubre 27 de 2008 que “Los predios que se encuentren al interior de estas áreas
o polígonos no podrán desarrollarse hasta que el plan parcial sea adoptado».

83. Argumentaron que: «si el plan parcial les impide su desarrollo, mal podrían
catalogarse como “Lotes de engorde”, pues a la fecha, se desconocen los
equipamientos a los que se tienen proyectados».

84. Seguidamente, se refirieron a la reducción (modificación) de los avalúos que
realizó el municipio de Medellín con base en las afectaciones que sufrieron los tres
predios en cuestión y afirmaron que, para cada uno estos, debió fijarse una tarifa
de 8x1000, y no la de 33x1000 fijada para el predio con matrícula inmobiliaria
390934; la de 33x1000 fijada para el predio con matrícula inmobiliaria 868726 y la
de 14.5x1000 fijada para el predio con matrícula inmobiliaria 868727.

32 El artículo 34 del Acuerdo 032 de 30 de noviembre de 2012 señala que la Secretaría de Hacienda del

municipio de Floridablanca “inicialmente liquidará el impuesto mediante el sistema de facturación (…), sin
perjuicio de que el contribuyente lo determine mediante auto avalúo (…)”. Folio 136.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 10 de abril de

2019, radicado: 68001-23-33-000-2015-00366-01(22637), MP: Jorge Octavio Ramírez. Actor: Inversiones
Inmobiliarias Bucaramanga Arauco S.A.S.

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Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
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85. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, en la
sentencia apelada, desestimó el cargo de nulidad por considerar que la parte actora
no citó ni desarrolló la normativa del orden municipal en la que sustenta sus
apreciaciones, lo cual impide arribar a la conclusión de que la tarifa realmente
asignada a los predios de los demandantes fue la del 33x1000.

86. Asimismo, el a quo estimó que la parte actora no desvirtuó la premisa referente
a la posibilidad de urbanizar los predios, bajo la cual se sustentó su clasificación
como «lotes de engorde».

87. En el recurso de apelación contra la sentencia, el apoderado de los actores
transcribió los argumentos expuestos en la demanda.

88. En punto a resolver, la Sala pone de presente que los actos administrativos
objeto de enjuiciamiento –Resoluciones RR No 14 de 30 de enero de 2009 y No 1412
de 27 de marzo de 2009, expedidas por el Subsecretario de Despacho Catastro de
la Secretaría de Hacienda y Resolución SH-18-185 de 26 de mayo de 2009,
expedida por el Secretario de Hacienda del Municipio de Medellín– no contienen
determinaciones sobre la tarifa del impuesto predial de los predios de los
demandantes.

89. Lo anterior resulta lógico considerando que, tal y como se ha expuesto en esta
providencia, la actuación administrativa que culminó con la expedición de los
referidos actos administrativos demandados se originó en la solicitud de revisión de
los avalúos catastrales de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias
868727, 868726 y 390934, formulada por el señor Óscar Ruiz Jiménez.

90. En este escenario debe recordarse que, como lo ha precisado la Sección Cuarta
de esta Corporación, aunque la determinación de los avalúos por parte de las
oficinas de catastro tiene incidencia en la determinación del impuesto predial, una y
otra función se encuentran asignadas a diferentes autoridades, de modo que las
autoridades fiscales no pueden modificar los avalúos catastrales, que constituyen
la base gravable del impuesto predial34. En igual sentido, las autoridades que
ejercen la función catastral no están facultadas para fijar la tarifa del impuesto
predial.

91. Por lo tanto, las actuaciones de fiscalización y determinación del impuesto
predial unificado son ajenas a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
incoada para discutir la legalidad de actos administrativos expedidos en el marco de
la actuación administrativa catastral.

92. En todo caso, se reitera que, en el asunto sub lite, los actos acusados nada
disponen sobre la fijación de la tarifa del impuesto predial unificado de los
inmuebles de los demandantes.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 4 de febrero de

2010. Radicado: 25000-23-27-000-2003-01655-02(16634). M.P. (E): Marta Teresa Briceño de Valencia.

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93. Por lo expuesto, la Sala considera que no tiene asidero la aseveración de la
parte actora según la cual la tarifa del 33x1000 fijada por el municipio de Medellín
para los predios de su propiedad «resulta exagerada y en consecuencia deberá
declararse nula».

94. Por otro lado, la Sala observa que, como lo indicó el a quo, en la demanda la
parte actora no expuso argumentos encaminados a demostrar que, al determinar
las condiciones y características de los predios dando lugar a que se consideren
como «lotes de engorde», la autoridad catastral desconoció los parámetros de
clasificación de los predios.

95. Sin perjuicio de lo anterior, valga resaltar que, dentro de la actuación
administrativa encaminada a efectuar la revisión de los avalúos, la administración
ordenó la práctica de una inspección ocular a los citados predios, cuyos resultados
aparecen consignados en los Informes GT-10036 de 17 de diciembre de 2008 y GE-
124 de 20 de enero de 2009, suscritos por el Equipo de Cartografía y Conservación
de la Subsecretaría de Catastro.

96. En los Informes GT-10036 de 17 de diciembre de 2008 y GE-124 de 20 de enero
de 2009, quedaron consignadas las siguientes conclusiones:

«[…] GT- 10036

[…]

Le informo que los predios identificados con los códigos de propiedad
09115003-41 y 0915003-111/114 poseen las siguientes afectaciones:

Matrícula Cobama Tipo de Área Afectada %
Afectación (m2)
390934 0915003-41 Alto riesgo no 15.437.33 65.13%
recuperable

Alto riesgo 5136.38 21.67
recuperable

Retiro de 327.43 1.38
Quebrada
868726 0915003-111 Retiro de 787.96 53.28
quebrada
868727 0915003-114 Alto riesgo no 664.00 100
recuperable

Adicionalmente le informo que el predio identificado con matrícula 868727
cambia de uso tipo 08-11 a 08-12 ya que el predio se encuentra afectado en un
100% por alto riesgo no recuperable».

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GE-124, I-20/09

[…]

2. Clase de inmueble:

Se trata de tres lotes de terreno, parte de los cuales se utilizaron para la
construcción de la ampliación de la vía las Palmas o doble calzada Las Palmas,
de topografía inclinada y cubierto con pastos naturales. En la actualidad se
vienen haciendo trabajos de estabilización por parte de la Secretaría de Obras
Públicas Municipales.

3. Configuración de áreas

Certifican área como sigue:

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Matrícula: 868727

Área de lote: 664,00Mts2.

Afectación por Zona de alto 664,00 Mts (100%).
riesgo no recuperable

Matrícula: 868726

Área de lote: 1.479,00 Mts2.

Área afectada por retiro de 787,96 Mts (53,28%)
quebrada

Matrícula: 390934

Área de lote: 23.703.00 Mts2 (65,13%)

Afectación por Zona de alto 15.437,33 Mts2 (65,13%)
riesgo no recuperable
Afectación por Zona de Alto 5.136,38 Mts2 (21,67%)
riesgo recuperable
Área afectada por retiro de 327,43 Mts2 (1,38%)
quebrada

4. Avalúo catastral.

Luego de analizados los argumentos del propietario, y los datos obtenidos en
visita, se concluye lo siguiente:

• Que en la actualidad el valor metro cuadrado en el sector alcanzan valores
que oscilan entre $180.000 y $250.000, y que los valores fijados para las
compras de los predios, incluyendo la faja que se compro (sic) de los predios
del caso, osciló entre $180.000 a 220.000 Mts2.
• Que los propietarios solicitan revisión del avalúo y cambio en la destinación
económica de los inmuebles. Según el POT, Acuerdo 46 de 2006, los predios
se encuentran ubicados en suelo Urbano, polígono de tratamiento Z3-D1, con
aprovechamientos máximos con Plan Parcial, índice de construcción 1,25 y
una densidad de 125 viviendas por hectárea. Los predios que se encuentran
al interior de áreas o polígonos, no podrán desarrollarse hasta que el plan
parcial sea adoptado.
• Que aportan estudio geológico de los predios, de septiembre de 2008, así
mismo del Departamento Administrativo de Planeación, informe M-
358965/08, radicado 2008004415810 del 31 de octubre de 2008,
pronunciándose ambos informes sobre la aptitud de suelos involucrados en la
presente reclamación.
• Que en la actualidad, se vienen efectuando las obras de estabilización de los
predios por parte de Obras Públicas Municipales, trabajos que según
información obtenida directamente en la Secretaría, suman unos costos

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Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
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iniciales de $2.700.000.000 y que se debe tener en cuenta que estos terrenos
de por si no son firmes y no es que el municipio les haya restado nada a su
potencial de desarrollo.
• Con base en lo anterior, se sugiere lo siguiente:

[…]

Dirección Cl 28 Cr 16

Cobama 09150030114

Barrio LA ASOMADERA 2

Matrícula 868727.
Área de lote: 664.00 Mts2/
Área afectada por Alto 664,00 Mts2/(100%)
riesgo no recuperable
Uso - Tipo - Puntaje: 8-12
Zona Geoeconómica: 5011309.
Porcentaje %: 100%
Avalúo 2006: $13.322.000
Avalúo 2007 $13.856.000.
Avalúo 2008: $14.410.000
Avalúo 2009: $15.131.000

Dirección Cl 16 Cr 32
Cobama 09150030111

Barrio LA ASOMADERA 2

Matrícula 868726
Área de lote: 1.479.00 Mts2 /
Área afectada por retiro de 787.96 Mts2 (53,28%)
quebrada
Uso - Tipo - Puntaje: 8-11
Zona Geoeconómica: 5011309
Porcentaje %: 100%
Avalúo 2006: $186.074.000
Avalúo 2007 $193.516.000
Avalúo 2008: $201.257.000
Avalúo 2009: $211.320.000

Dirección CI 16. Cr 32
Cobama 09150030041

Barrio LA ASOMADERA 2

Matrícula 390934
Área de lote: 23.703,00 Mts2

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Demandado: Municipio de Medellín

Área afectada por alto 15.437,33 Mts2
riesgo no recuperable (65,13%)
Área afectada por alto 5.136,38 MEs2
riesgo recuperable: (21,67%)
Área afectada por retiro de 327,43 MIS2 (1,38%)
quebrada:
Área total construida -O- Mts2
Uso - Tipo - Puntaje: 8-11
Zona Geoeconómica: 5011309.
Porcentaje %: 100%
Avalúo 2006: $960.616.000
Avalúo 2007 $999.040.000
Avalúo 2008: $1.039.0002.000
Avalúo 2009: 1.090.952.000

97. Además, si bien dentro de la actuación administrativa de revisión de los avalúos
fueron aportados el Informe sobre Vías Obligadas T-205, suscrito por funcionarios
de la Unidad de Vías, Transporte y Movilidad; el Informe de Emergencias
SS.OO.PP. de Medellín Vía Las Palmas, km 2 + 600 sector Rancherito del mes de
octubre de 2008; y, finalmente, el concepto geológico «Predio los Álticos» km 3 +
000 Vía las Palmas suscrito por el ingeniero José Bernardo Álvarez Pulgarín 35, no
es menos cierto que dichos documentos no permiten desvirtuar las conclusiones de
los informes GT-10036 de 17 de diciembre de 2008 y GE- 124 de 20 de enero de
2009, suscritos por el Equipo de Cartografía y Conservación adscrito a la
Subsecretaría de Catastro y que sirvieron de sustento para expedir los actos
demandados.

98. Precisamente, el informe sobre Vías Obligadas T-205 incluye datos sobre las
vías obligadas del lote ubicado en la calle 16 con la carrera 32 carretera a las
Palmas, las obligaciones del titular en lo referente a la construcción de las vías
indicadas; la vinculación a la malla vial; el tratamiento de las corrientes naturales de
agua; las autorizaciones ambientales; y finalmente, las consideraciones generales
para desarrollar el inmueble.

99. Por su parte, el Informe de Emergencias SS.OO.PP. de Medellín Vía Las
Palmas, km 2 + 600 sector Rancherito del mes de octubre de 2008 incorpora una
serie de recomendaciones para la disposición provisional de drenajes superficiales
dentro del sector Rancherito.

100. Finalmente, el concepto geológico «Predio los Álticos» km 3 + 000 Vía las
Palmas suscrito por el ingeniero José Bernardo Álvarez Pulgarín arriba a las
siguientes recomendaciones:

35 Documentos visibles desde los folios 63 a 80 del Cuaderno 1.

31

Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
Actores: María Catalina Echeverry Sánchez y otros
Demandado: Municipio de Medellín

«[…] CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los terrenos del lote los Álticos, km 3+000 de la vía al Alto de las Palmas, son
de pendiente montañosa y cuentan con una cobertura en bosque y rastrojos
altos.

Geológicamente están conformados por un flujo de lodos maduro, depositado
sobre suelos residuales de rocas metamórficas, principalmente anfibolitas.

Asociado a las características geológico- geotécnicas de los terrenos, se
presentan allí manifestaciones de un complejo problema de inestabilidad o
movimientos de masas que vienen ocasionando el deslizamiento de grandes
proporciones que además está afectando la estructura de la vía al Alto de las
Palmas.

Esta situación impone severas limitaciones de uso a estos terrenos, afectando
directamente su precio y comercialidad.

Las posibilidades de recuperación de terrenos suponen cuantiosas obras de
estabilización».

101. Resulta importante destacar, además, que las conclusiones contenidas en los
informes GT-10036 de 17 de diciembre de 2008 y GE-124 de 20 de enero de 2009
antes mencionados y que sirvieron a la administración para resolver la solicitud de
revisión de los avalúos antes mencionados resultaron favorables a los peticionarios.
Asimismo, de su análisis, es posible inferir que para la modificación de los avalúos
se tuvo en cuenta el hecho consistente en que sobre dichos predios se estaban
efectuando obras de estabilización de los predios por parte de Obras Públicas
Municipales.

102. En efecto, el Informe GE-124 de 20 de enero de 2009 resultó favorable a las
pretensiones de revisión, por cuanto (i) frente al predio identificado con la matrícula
inmobiliaria 868727, el porcentaje de afectación por zona de alto riesgo no
recuperable era del 100%, lo que se tradujo en una reducción notoria del avalúo
total que pasó de ser de $144.096.000 a $14.410.000 (año 2008) y de $151.301.000
a $15.131.000 (año 2009); (ii) para el predio identificado con la matrícula
inmobiliaria 868376, el porcentaje de afectación por retiro de quebrada fue del
53,28%, lo que comportó una reducción del avalúo que pasó de la suma de
320.962.000 a $201.257.000 (año 2008) y de 337.010.000 a $211.320.000 (año
2009) y, (iii) frente al predio identificado con la matrícula inmobiliaria 390934, el
porcentaje de afectación por zona de alto riesgo fue del 21,67% y por retiro de
quebrada del 1,38%, lo que comportó una reducción notaria del avalúo de la suma
de $4.115.073.000 a $1.039.002.000 (año 2008) y de la suma de $4.320.827.000 a
$1.090.952.000 (año 2009).

103. Además de lo anterior, cabe destacar que los demandantes, en sede judicial,
no solicitaron la práctica de alguna prueba útil, pertinente y conducente encaminada
a desvirtuar las conclusiones de dichos informes, motivo por el cual le asiste razón
al Tribunal de primera instancia cuando indicó que la parte actora no cumplió con el
deber de «[…] probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto

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Expediente No. 05001-23-31-000-2009-01329-01
Actores: María Catalina Echeverry Sánchez y otros
Demandado: Municipio de Medellín

jurídico que ellas persiguen […]», previsto en el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil.

104. Como quiera que los argumentos de la alzada carecen de la entidad suficiente
para conseguir la revocatoria de la decisión de primera instancia, la Sala procederá
a confirmar la sentencia de 14 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se
denegaron las pretensiones de la demanda como, en efecto quedará consignado
así en la parte resolutiva de esta providencia.

105. Sobre la condena en costas prevista en el artículo 171 del CCA, esta Sala
considera que no se configuran los presupuestos para que la parte actora sea
obligada al reconocimiento de las mismas, en tanto no se observa en su proceder
un actuar doloso o temerario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de noviembre de 2013, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual
se denegaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutada esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
P: 9 y 5.

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