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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-33-34-003-2017-00164-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-33-34-003-2017-00164-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, en esta instancia, por lo expuesto en esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-33-34-003-2017-00164-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110013334003-2017-00164-01
Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Actora: CONSTRUCTORA LEMOINE LTDA

TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA RECURRIDA. NO FUE DESVIRTUADA LA
PRESUNCIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE AVALÚO CATASTRAL NI DE LA
ACTUACIÓN DE REVISIÓN QUE SE FUNDAMENTÓ EN ESTE. LIMITE EN EL
EXAMEN DE LA APELACIÓN. IMPROCEDENCIA DEL EXAMEN DE
PLANTEAMIENTOS NUEVOS. LA POSTESTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA
DECRETAR PRUEBAS NO RESPONDE A LA OMISIÓN DE LA PARTE A LA QUE
LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la actora

contra la sentencia de 21 de mayo de 2021, proferida por

Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca 1, que denegó las pretensiones

de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA

La sociedad CONSTRUCTORA LEMOINE LTDA., por conducto de

apoderado, promovió demanda en ejercicio del medio de control de

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001333400320170016401
Actora: CONSTRUCTORA LEMOINE LTDA
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo CPACA 2 , contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD3, con la finalidad

de discutir la legalidad de los siguientes actos administrativos:

▪ Resolución 88207 de 18 de noviembre de 2015 “por la cual se
confirman unos avalúos catastrales”, expedida por la subgerencia de
información económica de la UAECD.

▪ Resolución 53048 de 8 de septiembre de 2016 “por la cual se
resuelve un recurso de reposición”, expedida por la subgerencia de
información económica de la UAECD.

▪ Resolución 1973 de 26 de octubre de 2016 “por medio de la
cual se decide el recurso de apelación contra la Resolución no 88207
del 18 de noviembre de 2015”, expedida por la Dirección de la
UAECD.

Además de la nulidad de los actos administrativos referidos, como

restablecimiento del derecho, la sociedad actora elevó las siguientes

pretensiones:

“[…] Cuarta principal: Que, a título de restablecimiento
del derecho, se ordene a la entidad Accionada establecer
el avalúo catastral 2015 de La Soñada en una suma no
superior a mil trescientos millones de pesos M/Cte.
($1.300.000.000,00).

2
En adelante CPACA.
3
En adelante el UAECD.

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[…]

Primera subsidiaria: Que, a título de restablecimiento
del derecho, se ordene a la entidad accionada establecer
el valor del avalúo catastral 2015 en la suma que
determine el Despacho conforme lo que en este punto se
acredite en el proceso.

Segunda subsidiaria: Que, a título de restablecimiento
del derecho, se ordene a la entidad accionada practicar un
nuevo avalúo catastral 2015 que refleje la realidad
económica y jurídica de La Soñada y (sic) utilizando el
método de capitalización de rentas o ingresos previsto en
el artículo 2 de la Resolución 620 del 23 de septiembre de
2008, proferida por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi.

Quinta: En caso de oposición, que se condene en costas
y agencias en derecho a Catastro distrital. […]”

I.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Como hechos relevantes de la demanda, la parte actora señaló los

siguientes:

Indicó que es propietaria del predio denominado “La Soñada”,

ubicado en la carrera 76A # 135-50 de la localidad de Suba,

identificado con matrícula inmobiliaria 50N-24374, cédula catastral

SUBA U 12427 y CHIP AAA0121ZWZE.

Explicó que el inmueble corresponde a un lote con una extensión

aproximada de 6.882 m², en el cual existen construcciones que

comprenden 5 unidades de vivienda y áreas de parqueadero,

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clasificado urbanísticamente como bien de interés cultural.

Explicó que en desarrollo del proceso de actualización catastral

adelantado para la vigencia 2015, la UAECD incorporó el avalúo

correspondiente al inmueble, resultado de la aplicación de los valores

por metro cuadrado de terreno y construcción fijados en la

Resolución 1829 de 24 de diciembre de 2014, por valor de

$9.364.864.000.

Puso de presente que, mediante escrito radicado el 4 de junio de

2015, solicitó a la UAECD la revisión del avalúo catastral

correspondiente a la vigencia 2015, manifestando inconformidad con

el valor asignado y allegando un avalúo comercial elaborado por

perito particular, en el que se determinaba como valor del predio

$1.114.951.000.

Aclaró que, en su sentir, el avalúo catastral elaborado por la entidad

demandad era excesivamente alto, porque no se tuvo en cuenta que

en el folio de matrícula inmobiliaria del predio constan dos medidas

cautelares de inscripción de demanda, decretadas en procesos

judiciales de naturaleza civil, además de que el bien fue declarado de

interés cultural, situaciones que afectaban el valor del inmueble.

Indicó que, adelantado el trámite de revisión, la Subgerencia de
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Información Económica de la UAECD, mediante Resolución 88207 de

18 de noviembre de 2015, confirmó el avalúo catastral fijado para la

vigencia 2015, con fundamento en el informe técnico elaborado el 10

de noviembre de 2015.

Anotó que contra dicha decisión interpuso los recursos de reposición

y, en subsidio, de apelación que fueron resueltos a través de

resoluciones 53048 de 8 de septiembre de 2016 y 1973 de 26 de

octubre de 2016, en las se confirmó la decisión inicial.

Insistió en que el avalúo catastral confirmado para la vigencia 2015

ascendió a la suma de $9.364.864.000, valor que, según su sentir,

desconoce la realidad económica y jurídica del inmueble, en

consideración a su explotación efectiva, a la existencia de medidas

cautelares inscritas y a su condición de bien de interés cultural.

I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Como apoyo de las pretensiones de la demanda, la parte actora

señaló como vulnerados los artículos 3º de la Ley 14 de 6 de julio de

1983 4 y 8º (parágrafos 2º y 3º) de la Resolución IGAC 70 de 4 de

febrero de 20115.

4
“Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.
5
“Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación
catastral y la conservación catastral”.

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Sostuvo que conforme con las normas invocadas las autoridades

catastrales tienen a su cargo la correcta identificación económica de

los inmuebles, sin embargo, en su sentir, para la determinación del

avalúo catastral la autoridad demandada no tuvo en cuenta i) la

realidad de la explotación del predio en cuestión; ii) la inscripción de

demandas en su folio de matrícula inmobiliaria y; iii) que se trata de

un inmueble de interés cultural, lo que limita su desarrollo.

Explicó que el inmueble cuenta con 5 unidades de vivienda, de las

cuales para la vigencia 2015 únicamente 2 se encontraban

arrendadas.

Expuso que el primer contrato generaba un canon mensual de

$2.875.000, equivalente a $34.500.000 anuales, mientras que el

segundo generaba un canon mensual de $2.040.000, equivalente a

$24.480.000 en el mismo período, por lo que en consecuencia los

ingresos efectivos por arrendamientos ascendían a $58.980.000 y,

por ende, resultaba desproporcionado que se asignara al predio un

avalúo catastral por $9.364.864.000.

Agregó que, aun suponiendo que las 5 unidades estuvieran

arrendadas, el ingreso total anual habría sido del orden de

$137.760.000, cifra que según afirma representa apenas el 1,4% del

avalúo catastral fijado para 2015.

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Concluyó que el valor asignado por la demandada resulta

desproporcionado y ajeno a cualquier estimación razonable de

mercado, pues implicaría una relación irreal entre renta y valor del

inmueble.

Afirmó que el inmueble registra dos medidas cautelares de

inscripción de demanda, una desde 1979 y otra vigente desde 2003,

dentro de procesos judiciales relacionados con la declaratoria y

liquidación de una sociedad de hecho, situación que en su sentir

incide negativamente en el precio del bien, sin que esto hubiese sido

valorado por la entidad.

Indicó que el predio está sometido al régimen de interés cultural, lo

cual limita sus posibilidades de desarrollo urbanístico, situación que

tampoco fue valorada por la demandada.

Aclaró que si bien, eventualmente, podría modificarse el tratamiento

del bien, lo cierto es que conforme con el artículo 8° (parágrafo 3º)

de la Resolución 70 de 2011 no puede tenerse en cuenta el mayor

valor derivado de una utilización futura del inmueble.

I.4.- ADMISIÓN Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Por auto de 29 de enero de 2018 y luego de ordenar su corrección,

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el magistrado conductor del proceso en el Tribunal a quo admitió la

demanda y ordenó la notificación a la Unidad Administrativa Especial

de Catastro Distrital de Bogotá D.C., como entidad demandada.

También ordenó la notificación a la agencia de Defensa Jurídica de la

Nación.

Cumplidas las notificaciones las entidades vinculadas a este trámite

contestaron la demanda bajo los siguientes argumentos:

I.4.1.- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO

DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C. - UAECD

En su escrito se opuso a la prosperidad de las pretensiones y destacó

que si bien el inmueble origen de la controversia se declaró de interés

cultural, también lo es que puede ser objeto de intervenciones,

ampliaciones, nuevas edificaciones, englobes y subdivisiones, siempre

que se obtengan las licencias respectivas, por lo que no es acertado

sostener que el inmueble esté limitado en su desarrollo.

Añadió que la existencia de medidas cautelares y la incidencia

económica informada por la actora, no pasa de ser una afirmación que

desborda la órbita de competencia de la entidad.

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Explicó que tratándose de un bien de interés cultural el valor total del

inmueble puede obtenerse mediante el método de comparación o de

mercado y/o el método de capitalización de rentas, además de que el

valor del suelo corresponde a la diferencia entre el valor total y el costo

de reposición depreciado de la construcción.

Añadió que el avalúo comercial aportado por la demandante utilizó el

método de capitalización de rentas sin cumplir los requisitos del

artículo 16 de la Resolución 620 de 2008, en particular porque solo

tomó en cuenta dos contratos del mismo inmueble suscritos varios

años atrás. Tampoco se acreditó la tasa de capitalización empleada y

acudió a ingresos hipotéticos para proyectar una renta anual de

$137.760.000 sin respaldo contractual vigente.

Indicó que la inscripción de demandas en el folio de matrícula

inmobiliaria del bien no lo saca del comercio y constituye una medida

de publicidad jurídica que no afecta el valor del avalúo, motivo por el

cual estimó que no existe respaldo normativo en relación con el hecho

de que la existencia de una medida cautelar deba traducirse en un

detrimento de precio.

Adujo que la determinación del avalúo no se fundó en una utilización

futura del inmueble, además de que el Decreto 606 de 2001, en todo

caso, para ese tipo de inmuebles se permite realizar intervenciones,
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ampliaciones y otros desarrollos, todos con licencia.

Afirmó que para expedir los actos acusados tuvo en cuenta

exclusivamente las características reales del inmueble para ese

momento, en aplicación del artículo 1º (parágrafo 3º) de la Resolución

1055 de 2012, que prohíbe considerar el mayor valor derivado de una

utilización futura.

Sostuvo que en el trámite de revisión del avalúo correspondiente a la

vigencia 2015, se aplicó estrictamente la metodología prevista en la

normativa, efectuando visita técnica el 17 de marzo de 2016 y

complementando el estudio de mercado.

Explicó que, para determinar el valor del terreno, empleó el método de

comparación, ubicando ofertas con condiciones similares, incluyendo

bienes de interés cultural y predios con rango de edificabilidad 4B, y

determinó que el valor de mercado por metro cuadrado ascendía

aproximadamente a $1.424.600, mientras que el valor catastral fijado

fue de $1.105.000 por m2.

Agregó que para revisar el precio de la construcción aplicó el método

de reposición, para lo cual partió de un valor pleno de $1.620.000 por

m², al cual se aplicó depreciación por vetustez, y obtuvo un valor

cercano a $1.489.000 por m², frente a un valor catastral de
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$1.233.586 por m², que además se encuentra por debajo del mercado.

Indicó, además, que el valor integral promedio de mercado para

inmuebles comparables era de aproximadamente $7.870.000 por m²,

mientras que el valor integral catastral del predio fue de $6.562.899

por m², lo que evidenciaría que el avalúo no superó el valor comercial.

Expuso que el avalúo comercial aportado por la actora no cumplió con

los requisitos establecidos en el Decreto 1420 de 1988, el Decreto 422

de 2000 y la Resolución 620 de 2008, en particular porque utilizó el

método de capitalización de rentas sin justificar técnicamente la tasa

de capitalización empleada ni soportar los ingresos proyectados con

contratos recientes y comparables.

Señaló que el cálculo de una renta anual de $137.760.000 se basó en

supuestos hipotéticos y no en contratos vigentes que reflejaran la

verdadera capacidad de generación de ingresos del inmueble, por lo

que dicho avalúo carecía de idoneidad técnica para desvirtuar el valor

catastral confirmado.

Propuso la siguiente excepción de legalidad de los actos

administrativos, bajo el entendido que la demanda no contiene un

verdadero reproche jurídico estructurado, sino apreciaciones

subjetivas frente al valor del inmueble, porque la discrepancia de la
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demandante se limita a la inconformidad con el resultado económico

del avalúo, sin demostrar la vulneración concreta de una norma

jurídica ni el incumplimiento de los procedimientos técnicos aplicables.

Anotó que el debate debe centrarse exclusivamente en aspectos

técnicos propios de la función catastral, sin que exista un cargo jurídico

autónomo que permita declarar la nulidad de los actos acusados.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal denegó las pretensiones de la demanda, mediante

sentencia de 21 de mayo de 2021, para lo cual estructuró su análisis

a partir de los tres cargos planteados en la demanda y examinó,

frente a cada uno, si se había logrado desvirtuar la presunción de

legalidad del avalúo catastral fijado para la vigencia 2015 en la suma

de $9.364.864.000.

En primer lugar, precisó que el avalúo catastral no se determina

exclusivamente a partir de la explotación económica real que el

propietario le esté dando al bien, sino que corresponde a un ejercicio

técnico que toma como referencia el valor de mercado del inmueble

según sus condiciones físicas, jurídicas y económicas.

Examinó los contratos de arrendamiento allegados por la parte

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actora, de los cuales se desprendían ingresos anuales por

$58.980.000 derivados de dos unidades arrendadas, para advertir

que tales documentos no permiten concluir que el valor comercial

del inmueble sea equivalente a la capitalización simple de la renta

efectivamente percibida.

Señaló que la circunstancia de que tres unidades estuvieran

habitadas sin generar renta no constituye un parámetro técnico

válido para disminuir el avalúo, pues la función catastral no se rige

por la rentabilidad concreta del predio sino por la valoración objetiva

en el mercado inmobiliario.

Analizó el avalúo comercial aportado con la demanda 6, elaborado por

el perito Fernando Rodríguez Velandia, que estimó el valor del

inmueble en $1.114.951.000, para señalar que dicho informe utilizó

el método de capitalización de rentas, pero no acreditó

adecuadamente los soportes técnicos exigidos por la normativa

aplicable, particularmente en lo relativo a la determinación de la tasa

de capitalización, la selección de inmuebles comparables y la

justificación estadística de los parámetros utilizados.

Agregó que, además, el referido avalúo usó el método que denominó

6
Esto a pesar de que dicha prueba fue denegada en audiencia de 16 de noviembre de 2018, índice 25
cuaderno tribunal folio 417.

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“Avaluó de renta y comercial”, y al respecto concluyó: “[…] sin

embargo, como lo expuso en la audiencia de pruebas la testigo

técnica María Isabel Cogua Moreno, ingeniera catastral y geodesta

quien se desempeñó como profesional especializado de la

subgerencia de información económica de la UAECD para la época de

los hechos y quien fue la encargada de verificar la consistencia de la

información consignada en los estudios técnicos realizados en la

actuación administrativa, el término “COMERCIAL” mencionado en el

citado avalúo no lo entiende como método porque en la Resolución

620 de 2008 emitida por el IGAC que, es la que regula el tema de los

avalúos no está contemplado […]”.

Destacó que del estudio técnico administrativo se desprendía que el

valor catastral por metro cuadrado era inferior al valor de mercado

estimado, lo que descartaba la alegada vulneración del parágrafo 2°

del artículo 8° de la Resolución 70 de 2011, que prohíbe superar el

valor comercial.

En segundo lugar, en relación con las anotaciones de las medidas

cautelares en el folio de matrícula inmobiliaria, precisó que, conforme

con el artículo 591 del CGP, la inscripción de la demanda no saca el

bien del comercio.

Señaló que la parte actora no aportó prueba técnica que demostrara
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de manera objetiva y cuantificable el impacto de dichas medidas en

el valor comercial del inmueble.

Añadió que no existe disposición normativa que obligue a la autoridad

catastral a disminuir el avalúo por la sola existencia de una

inscripción de demanda; y que la función catastral debe basarse en

parámetros objetivos del mercado inmobiliario.

En tercer lugar, en relación con el desconocimiento de la condición

de interés cultural, indicó que tal circunstancia sí fue considerada

dentro del análisis técnico adelantado por la administración.

Precisó que el régimen de bienes de interés cultural no implica una

prohibición absoluta de intervención o desarrollo, sino que las

actuaciones deben sujetarse a licencia y a las reglas urbanísticas

aplicables, por lo que no era acertado afirmar que el inmueble carecía

totalmente de potencial de aprovechamiento.

Señaló que no se probó que la UAECD hubiese incorporado en la

valoración un mayor valor por utilización futura del inmueble, en

contravía del artículo 8º (parágrafo 3º) de la Resolución 70 de 2011,

pues, por el contrario, del estudio técnico se desprendía que la

entidad valoró el predio con base en sus condiciones reales para la

vigencia 2015.
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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La sociedad actora recurrió la sentencia proferida en primera

instancia, para lo cual desarrolló lo siguientes acápites:

3.1.- COMPARACIÓN COMERCIAL CON PREDIOS DIFERENTES

Aludió que la sentencia impugnada omitió identificar que la

comparación comercial utilizada por la UAECD se realizó sobre

predios que no se asemejan a La Soñada, esto es que el avalúo se

apoyó inicialmente en tres predios que no tienen la condición de

bienes de interés cultural, a diferencia del inmueble origen de la

controversia.

Afirmó que la propia testigo técnico que declaró por solicitud de la

entidad demandada, reconoció que tales inmuebles no estaban

afectados por dicha declaratoria y que fueron seleccionados

únicamente por compartir la misma norma de densidad.

Añadió que tal distorsión, en su criterio, implica que la Resolución

88207 de 18 de noviembre de 2015 sea nula por desconocer el

artículo 1º de la Resolución 620 de 2008, que exige que el método

de comparación se funde en bienes “semejantes y comparables”.

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Manifestó que el Tribunal avaló indebidamente el argumento según

el cual en la Resolución 53048 de 8 de septiembre de 2016, que

resolvió el recurso de reposición, la UAECD complementó el estudio

con inmuebles de interés cultural; sin embargo, desconoció que los

predios incluidos en ese análisis están ubicados en sectores como El

Retiro, La Cabrera, La Porciúncula y Antiguo Country, por lo que

corresponden a zonas de alta valorización económica,

completamente distintas al entorno de La Soñada, de ahí que

tampoco serían comparables.

3.2.- NATURALEZA DEL INMUEBLE. INTERÉS CULTURAL

Al respecto, plantea que la sentencia impugnada no tuvo en cuenta

la calidad de inmueble de interés cultural que tiene La Soñada, pues

omitió analizar adecuadamente la incidencia jurídica y económica

derivada de la declaratoria del predio como bien de interés cultural,

porque dicha condición implica restricciones severas en materia de

uso, ampliaciones y nuevas construcciones, incluso respecto del

jardín, lo que limita de manera significativa su potencial de desarrollo

y, por ende, su valor comercial.

Agregó que esa omisión habilitó que en las resoluciones la

demandada indicara que se trataba de un inmueble estrato 6; sin

embargo, al tratarse de un bien inmueble de interés cultural se

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equipara al estrato 1.

Indicó que el Tribunal no tuvo en cuenta que la demandada solo

aplicó el método de comparación, como lo confesó a través de la

declaración de su testigo y funcionaria María Isabel Cogua, todo lo

que en su entender demuestra que no se aplicó el método residual

previsto en el artículo 4° de la Resolución 620 de 2008, el cual exige

evaluar la factibilidad técnica, jurídica y comercial del mayor y mejor

uso del inmueble.

Precisó que, a su juicio, de haberse aplicado dicho método se habría

concluido que el predio no tiene posibilidad real de desarrollo

rentable, lo que hubiese llevado a desarrollarse un avalúo

considerablemente inferior.

3.3.- NO SE CONSIDERARON LAS MEDIDAS CAUTELARES
RESPECTO DEL PREDIO

Aseguró que la sentencia impugnada no tuvo en cuenta los efectos

de las medidas cautelares existentes sobre el predio La Soñada, y

con tal fin insistió que desde el 22 de noviembre de 1979 y luego en

el año 2003 existen inscripciones de demanda en el folio de matrícula

inmobiliaria del predio.

Sostuvo que aunque tales medidas no sacan el bien del comercio,

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afectan de manera significativa su valor de mercado, pues conforme

con el artículo 591 del Código General del Proceso, los efectos de la

sentencia se harán extensivos a cualquier adquirente.

Afirmó que ni la UAECD ni el Tribunal valoraron económicamente esta

realidad jurídica; y que la sentencia se limitó a señalar que la

inscripción de demanda no pone el bien fuera del comercio, sin

analizar su impacto en la determinación del avalúo.

3.4. INAPLICACIÓN DEL DECRETO 422 DE 2000

Alegó que la sentencia impugnada no consideró lo preceptuado por

el artículo 1° del Decreto 422 de 2000, con lo cual omitió analizar el

desconocimiento de los criterios que deben regir todo avalúo,

previstos en el artículo 1° del Decreto 422 de 8 de marzo de 20007,

relativos a los parámetros de objetividad, certeza de fuentes,

transparencia, integridad, suficiencia, independencia y

profesionalidad.

Afirmó que las resoluciones demandadas no incluyeron los cálculos,

comparaciones ni referencias normativas suficientes para permitir a

un tercero verificar la determinación del avalúo, lo que compromete

7
"Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 y los artículos 60, 61 y
62 de la Ley 550 de 1999".

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la integridad y suficiencia de la motivación.

Sostuvo además que la UAECD adoptó una postura defensiva frente

al avalúo, sin evaluar de manera objetiva las pruebas aportadas en

sede administrativa, configurándose así una falsa motivación.

3.5.- EL TRIBUNAL OMITIÓ SU DEBER DE DECRETAR PRUEBAS
DE OFICIO

Manifestó que junto con los alegatos de conclusión aportó un informe

técnico de avalúo elaborado por la firma Fidel S. Cuéllar Profesionales

Inmobiliarios, destinado a ilustrar al Tribunal sobre las implicaciones

económicas derivadas de la condición de bien de interés cultural.

Reprochó que el Tribunal además de no valorar dicho dictamen, no

decretó pruebas de oficio para esclarecer los aspectos técnicos del

caso, cuando era su deber legal de conformidad con la jurisprudencia

constitucional que impone al juez la obligación de buscar la verdad

material cuando existan espacios oscuros en la controversia.

Adujo que la omisión de decretar pruebas impidió una adecuada

comprensión de las implicaciones económicas del régimen de

protección cultural sobre el inmueble, lo que condujo a mantener un

avalúo desproporcionado.

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IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Comoquiera que no hubo solicitud de pruebas en esta instancia, no se

corrió traslado para alegar de conclusión, además el MINISTERIO

PÚBLICO tampoco rindió concepto.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 150 del CPACA

y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el artículo

1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la Sección

Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del

asunto de la referencia.

V.2.- ACTOS DEMANDADOS

En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:

V.2.1.- Resolución 88207 de 18 de noviembre de 2015

“Por la cual se confirman unos avalúos catastrales”,
expedida por la subgerencia de información económica

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de la UAECD,

[…] CONSIDERANDO:

Mediante escrito radicado en la Gerencia Comercial y de
Atención al Usuario de la UAECD bajo el número 2015 - 637699
de fecha 04 de junio de 2015, el señor FRANCISCO JOSE
PEREIRA RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 17.064.643, representante legal de la CONSTRUCTORA
LEMOINE LTDA., propietaria del predio identificado con
nomenclatura KR 76A -135 50, cédula catastral No. SUBA U
12427, solicitó la revisión del avalúo catastral vigencias 2015.

Aportó como pruebas avalúo comercial para la vigencia 2015
realizado por persona privada.

[…]

La instancia con el propósito de establecer la verdad del dicho
de la peticionaria y para mejor proveer, ordenó a través de
auto del 10 de noviembre de 2015, la práctica de las
siguientes pruebas: 1.- Establecer si los valores fijados para
el mtr2 de terreno y construcción, se ajusta a las características
del predio y al mercado inmobiliario del sector para la vigencia
2015. 2.- Pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos por el
interesado y las pruebas aportadas. 3.- Revisar los documentos
catastrales que existen en la UAECD, sobre el predio. 4.- Surtir
las demás pruebas que el perito avaluador estime pertinentes,
a las cuales deberá referirse en su informe. 5.-

Diligenciar el correspondiente informe técnico.

Surtidas en su integridad las pruebas decretadas, el funcionario
comisionado para el efecto rinde el correspondiente informe
técnico, cuya parte pertinente se transcribe a continuación:

[…]

4. RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS DEL SOLICITANTE

El peticionario solicita revisión del avalúo para la vigencia del
2015.

Una vez practicada las diligencias respectivas se informa al
peticionario que:

Desde la vigencia 2010 esta entidad se encuentra realizando
anualmente el censo inmobiliario de Bogotá (actualización
catastral) con el objeto de minimizar el rezago de la información
predial y geográfica de la ciudad en asegurar su actualización
de acuerdo con la dinámica inmobiliaria, dicho proceso consiste

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en la renovación del inventario de todos los bienes inmuebles
urbanos de Bogotá, que refleja la situación actual del mercado
inmobiliario y en el que se registran los cambios en la
información física, jurídica y económica de los predios.

[…]

5. Conclusiones

Los valores registrados en la base de datos de la entidad fueron
obtenidos mediante investigación económica del mercado
inmobiliario; analizando el predio objeto de revisión se encontró
que los valores registrados se encuentran acordes con las
características del predio; así mismo el avalúo catastral fijado
no supera el valor comercial del inmueble.

Realizado el nuevo estudio económico inmobiliario con ofertas
de predios en condiciones similares al de la solicitud (Ver
numeral 3), se determinó que el valor m2 de terreno fijado para
la vigencia del 2015 no supera el valor del mercado
inmobiliario.

Para corroborar el valor m2 de construcción se aplicó el
método de costo de reposición, depreciando la construcción
teniendo en cuenta la vetustez de la edificación y su estado de
conservación; con el resultado del ejercicio se pudo determinar
que el valor asignado a la edificación, está acorde con el estado
de conservación, edad y características del predio y no supera
el valor del mercado inmobiliario.
[…]

RESUELVE

Artículo 1. Confirmar para el predio que se contrae en la parte
motiva de la presente Resolución, el siguiente Avalúo Catastral:

N° Nomenclatura Cédula Catastral Vigencia Avalúo

1 Kr 76 A 135 50 SUBA U 12427 2015 $9.364.864.000

Artículo 2. Notifíquese Personalmente del presente Acto
Administrativo al señor FRANCISCO / PEREIRA RODRIGUEZ, ya
identificado, en los términos establecidos en el Artículo 67 de la
Ley 1437 de 2011.

[…]”.

Mediante la Resolución 88207 de 18 de noviembre de 2015, el

Subgerente de Información Económica de la UAECD resolvió la

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solicitud de revisión del avalúo catastral presentada por el señor

Francisco José Pereira Rodríguez, representante legal de la

Constructora Lemoine Ltda., propietaria del predio en cuestión.

La entidad precisó que la solicitud fue radicada el 4 de junio de 2015,

acompañada de un avalúo comercial privado correspondiente a la

vigencia 2015 y afirmó que, conforme con el artículo 30 de la Ley 14

de 6 de julio de 1983 8, las autoridades catastrales tienen a su cargo

las labores de formación, actualización y conservación del catastro,

orientadas a la correcta identificación física, jurídica, fiscal y

económica de los inmuebles.

En el acto administrativo la entidad dejó constancia de que el predio

fue objeto de actualización catastral para la vigencia 2015 en

cumplimiento de la Ley 14 de 1983; y que el avalúo incorporado

resultó de aplicar el valor por metro cuadrado de terreno y

construcción fijado en la Resolución 1829 de 2014 de la UAECD.

Ante la actuación iniciada por la actora, mediante auto de 10 de

noviembre de 2015, la entidad decretó las pruebas dirigidas a

verificar si los valores fijados por metro cuadrado de terreno y

construcción se ajustaban a las características del predio y al

8
“Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.

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mercado inmobiliario del sector.

Como resultado, elaboró el correspondiente informe técnico de

revisión de avalúo, en el cual se identificó el inmueble, su localización

(Localidad de Suba, sector Niza Suba, estrato 6), su condición de lote

con construcción y la norma urbanística aplicable (Decreto 190 de

2004 – POT, UPZ 24 Niza).

En el numeral 3 del informe se expuso la investigación económica del

mercado inmobiliario, en la cual se analizaron ofertas del sector con

condiciones similares y se determinó un promedio de valor por metro

cuadrado de terreno indexado a la vigencia 2015.

La entidad sostuvo que los valores registrados en la base de datos

fueron obtenidos mediante investigación económica del mercado,

que el avalúo catastral no superaba el valor comercial del inmueble

y que el solicitante no aportó pruebas contundentes que desvirtuaran

dicho resultado.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la entidad

resolvió confirmar el avalúo catastral para la vigencia 2015 del predio

identificado con nomenclatura KR 76A 135 50, fijado en la suma de

$9.364.864.000.

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V.2.2.- Resolución 53048 de 8 de septiembre de 2016,

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición,
La subgerencia de información económica de la UAECD,

CONSIDERANDO QUE:

[…]

A través del escrito radicado bajo el número 2016-108095
de 27 de enero de 2016, el señor FRANCISCO JOSÉ
PEREIRA RODRÍGUEZ ya identificado interpone dentro del
término procesal, el recurso reposición en subsidio
apelación contra el acto administrativo señalado en el
acápite anterior. Teniendo como argumentos principales
los siguientes:

[…]

• Las demandas vigentes inscritas en el folio de Matricula
Inmobiliaria del predio SON-24374, corresponden a actos
jurisdiccionales provisionales a través de los cuales se
asegura el cumplimiento de las determinaciones que
adopte el Juez; En el ordenamiento jurídico Colombiano,
las medidas cautelares relacionadas con los bienes
inmuebles son objeto de registro en el Certificado de
Libertad, por disposición de la Ley no 1579 de 2012; esto
no implica que los inmuebles con este tipo de demandas
queden por fuera del comercio, ni que la autoridad
Catastral deba liquidar el avalúo de una manera diferente
a lo estipulado en la normatividad vigente.

En el avalúo comercial aportado como prueba, se utilizó el
Método de Capitalización de Rentas o Ingresos, establecido
en la Resolución no. 620 de 2008:
[…]
6. Conclusiones

Se valida la investigación efectuada en la revisión inicial, y
como complemento a la misma, en el punto 4° se-
observa un estudio inmobiliario efectuado con
ofertas de inmuebles la mayoría catalogados como
bienes de interés cultural, a las que se les calcularon
los valores integrales (resultado de dividir el avalúo total
entre el área construida-de cada predio) y se les aplicaron
las estadísticas del caso, encontrando que el valor integral
de mercado de este tipo de inmuebles está alrededor de
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los $7.870.000M?, para la vigencia 2015, mientras que el
valor integral catastral del predio está en $6.562.899.

Por lo tanto, el avalúo catastral de la vigencia 2015 se
confirma.

[…]

Tenga presente que la inscripción de la demanda en el
proceso de pertenencia es una medida cautelar decretada
por un Juez, cuya acción es incoada por el poseedor
material quien pretende adquirir la pertenencia del bien por
prescripción ordinaria o extraordinaria contra el presunto
titular del derecho real según el certificado de libertad.
Ahora bien, se le aclara que dicha medida cautelar, si bien
no pone el bien afectado fuera del comercio, si tiene por
finalidad advertir a quienes deseen adquirir el bien con
posterioridad o gravar o limitar el dominio del mismo, que
estará sujeto a los efectos de la sentencia que se profiera
en el respectivo proceso ordinario, es decir, que le será
oponible dicha sentencia con efectos de cosa juzgada como
si hubiera sido parte en él.

RESUELVE

Artículo 1. Confirmar en todas y cada una de sus
partes la Resolución No. Resolución No. 88207 de 18
de noviembre de 2015, a través de la cual se confirmó
el avalúo catastral vigencia 2015, fijado al predio KR 6A
135 50, cédula catastral No. SUBA U 12427, de acuerdo
con la parte motiva del presente proveído […]”.

Mediante la Resolución 53048 de 8 de septiembre de 2016, el

Subgerente de Información Económica de la UAECD resolvió el

recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 88207 de 18

de noviembre de 2015, que había confirmado el avalúo catastral del

predio en cuestión.

En la parte motiva, la entidad dejó constancia de que el recurso fue

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interpuesto oportunamente por el representante legal de la sociedad

propietaria, reiterando los motivos de inconformidad expuestos en la

solicitud inicial de revisión, particularmente, los relativos a i) que no

se tuvo en cuenta la existencia de una demanda registrada en el folio

de matrícula inmobiliaria; ii) a la vulneración del artículo 3° de la Ley

14 de 1983 y; iii) que no resultaba razonable comparar el inmueble

con otros predios del sector que no tuvieran limitaciones jurídicas.

Con el propósito de verificar los argumentos del recurrente, la

entidad decretó pruebas mediante auto de 22 de febrero de 2016,

para lo cual ordenó una visita técnica al inmueble, verificación de

áreas de terreno y construcción, estado de conservación, vetustez,

usos, afectaciones, limitaciones y análisis del avalúo para la vigencia

2015, así como la revisión integral de la información catastral y del

estudio económico inmobiliario.

Como resultado de dichas actuaciones se elaboró el correspondiente

Informe Técnico de Avalúo Catastral, en el cual se identificó el predio

como casa, bien de interés cultural, ubicado en la localidad de

Suba, estrato 6, con área de terreno de 6.682 m² y área

construida de 1.426,24 m², con vetustez de 37 años y estado de

conservación aceptable.

En el acápite de investigación económica del mercado inmobiliario se
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analizaron diversas ofertas del sector correspondientes a bienes de

interés cultural y se calcularon valores integrales por metro

cuadrado.

El estudio concluyó que el valor integral de mercado para este tipo

de inmuebles en la vigencia 2015 se encontraba alrededor de

$7.870.000 por m², mientras que el valor integral catastral del predio

era de $6.562.899 por m², por lo cual el avalúo oficial no superaba

el valor comercial.

Frente al argumento relativo a la inscripción de demanda en el folio

de matrícula inmobiliaria, la entidad explicó que se trata de una

medida cautelar de carácter jurisdiccional que no excluye el bien del

comercio ni obliga a la autoridad catastral a liquidar el avalúo de

manera distinta a la prevista en la normativa vigente.

Además, la entidad señaló que el avalúo catastral debe determinarse

con base en investigación y análisis estadístico del mercado

inmobiliario, conforme a la Ley 14 de 1983, el Decreto 3496 de 1983

y las resoluciones 70 de 2011 y 1055 de 2012 del IGAC.

Respecto del avalúo comercial aportado por el recurrente, indicó que

este fue elaborado mediante el método de capitalización de rentas,

previsto en la Resolución 620 de 2008, pero consideró que dicho
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método no era el más apropiado en el caso concreto, en la medida

en que partió de la premisa de ingresos mínimos derivados de la

ocupación por poseedores y de la incertidumbre asociada a las

demandas inscritas, lo cual no desvirtuaba el resultado del estudio

de mercado efectuado por la entidad.

Con fundamento en lo anterior, la entidad resolvió confirmar en todas

sus partes la Resolución 88207 de 18 de noviembre de 2015,

mediante la cual se confirmó el avalúo catastral del predio para la

vigencia 2015.

V.2.3.- Resolución 1973 de 26 de octubre de 2016

“Por medio de la cual se decide el recurso de apelación contra
la Resolución núm. 88207 del 18 de noviembre de 2015”
La Dirección de la UAECD

[…] CONSIDERANDO
[…]

5. Análisis técnico

En atención a lo solicitado por el recurrente y para confirmar la
información contenida en los archivos de la entidad, el 17 de
marzo de 2016 se realizó visita técnica puntual al inmueble
objeto de la solicitud por parte de un funcionario de la Unidad
(folio 84 y siguientes), con base en la cual la Subgerencia de
Información Económica de la UAECD elaboró informe técnico el
31 de agosto de 2016, el cual tuvo por objeto revisar el avalúo
catastral del predio en cuestión a la luz de los argumentos
presentados por el recurrente en el memorial mediante el cual
interpuso los recursos. (Folio 97 y siguientes).

Las pruebas anteriormente indicadas, constituyeron el soporte
técnico de la Resolución no 53048 del 8 de septiembre de 2016,
por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, en el

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sentido de confirmar la resolución objeto del recurso.
[…]

6. Análisis del despacho

Una vez efectuado el análisis técnico respectivo y respondidas
las inquietudes al recurrente, es de señalar que la determinación
del avalúo catastral se hizo conforme a las disposiciones legales
y reglamentarias vigentes, en especial las siguientes:

[…]

así, valoradas las pruebas y de acuerdo con el informe técnico
que obra en el expediente, el valor que figura en la base catastral
está acorde con las características del predio, el sector donde se
ubica, la norma de uso y el mercado inmobiliario del sector,
entre otros aspectos, y su liquidación se efectuó conforme a las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
[…]

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la Resolución núm. 53048 del
8 de septiembre de 2016; mediante la cual se resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra la Resolución no 882077 del 18
de noviembre de 2015, esta última que a su vez había
confirmado el avalúo catastral vigencia 2015 para el predio
ubicado en la KR 76A 135 50 […]”.

Mediante la Resolución 1973 de 26 de octubre de 2016, la directora

de la UAECD decidió el recurso de apelación interpuesto en subsidio

contra la Resolución 88207 de 18 de noviembre de 2015.

En desarrollo del análisis técnico, la directora señaló que el 17 de

marzo de 2016 se realizó visita técnica puntual al inmueble; y que

con base en dicha diligencia, la Subgerencia de Información

Económica elaboró informe técnico el 31 de agosto de 2016, el cual

sirvió de sustento a la decisión adoptada en reposición.

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Frente a las medidas cautelares inscritas y el avalúo allegado por la

actora, dicha instancia insistió en los argumentos esbozados en la

resolución recurrida.

Posteriormente, reiteró que la determinación del avalúo se efectuó

conforme con el artículo 8° de la Resolución 70 de 2011 del IGAC,

que establece que el valor de los predios se obtiene mediante

investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario y que el

avalúo catastral no puede superar el valor comercial.

Con apoyo en el artículo 1º de la Resolución 620 de 2008, refirió que

el método de comparación o de mercado exige el estudio de ofertas

o transacciones recientes de bienes semejantes y comparables.

Con base en las pruebas obrantes en el expediente y el informe

técnico, la dirección de la UAECD concluyó que el valor registrado en

la base catastral estaba acorde con las características del predio, su

ubicación, la norma de uso y el mercado inmobiliario del sector; y

que su liquidación se efectuó conforme a las disposiciones legales y

reglamentarias vigentes, por lo que confirmó la decisión recurrida.

V.3.- PROBLEMAS JURÍDICOS

La Sala advierte que la decisión en esta instancia estará limitada a

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los aspectos que fueron objeto de impugnación en el recurso de

apelación interpuesto por la parte actora.

A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,

corresponde a la Sala determinar, si la sentencia de primera instancia

debe confirmarse, modificarse o revocarse, en razón a que la parte

actora insiste en que debió considerarse en la fijación del valor

catastral: i) la condición de bien interés cultural del inmueble que

fue actualizado; ii) la existencia de medidas cautelares inscritas en

su folio de matrícula inmobiliaria; iii) el estudio de mercado que

sirvió de fundamento al avalúo oficial; iv) el desconocimiento de los

presupuestos del artículo 1º del Decreto 422 de 2000 y; v) si el

Tribunal debía valorar el avalúo allegado por la actora con sus

alegatos de conclusión o decretar pruebas de oficio.

V.4.- EL ASUNTO BAJO EXAMEN

Para resolver los reproches planteados, la Sala hará referencia al

marco jurídico aplicable a la revisión de avalúo catastral, para

enseguida resolver los cargos planteados en el recurso de apelación.

V.4.1.- De la función catastral y el proceso administrativo
especial de formación, actualización y conservación catastral

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La función catastral constituye una función pública orientada a la

correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los bienes

inmuebles, cuyo fundamento legal se encuentra principalmente en la

Ley 14 de 1983 y el Decreto 3496 de 26 de diciembre 1983 9, aspectos

sobre los cuales esta Sección ha indicado 10:

“[…] 53. El catastro es el inventario o censo –debidamente
actualizado y clasificado– de los bienes inmuebles
pertenecientes al Estado y a los particulares, con el
objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica,
fiscal y económica.

54. El aspecto físico consiste en la identificación de los linderos
del terreno y edificaciones del predio sobre documentos
gráficos o fotografías aéreas u ortofotografías y la descripción
y clasificación de las edificaciones y del terreno; el aspecto
jurídico consiste en indicar y anotar en los documentos
catastrales la relación entre el sujeto activo del derecho, o sea
el propietario o poseedor, y el objeto o bien inmueble, mediante
la identificación ciudadana o tributaria del propietario o
poseedor, y de la escritura y registro o matrícula inmobiliaria
del predio respectivo.

55. El aspecto fiscal consiste en la preparación y entrega a las
tesorerías municipales y a las administraciones de impuestos
nacionales respectivas, de los listados de los avalúos sobre los
cuales ha de aplicarse la tasa correspondiente al impuesto
predial y demás gravámenes que tengan como base el avalúo
catastral de conformidad con las disposiciones legales
vigentes19, mientras que el aspecto económico consiste en la
determinación del avalúo catastral del predio […]”

La Ley 14 de 1983 reguló aspectos concernientes al catastro, el

impuesto predial y otros impuestos, tendientes a fortalecer el erario

9
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 14 de 1983 y se dictan otras disposiciones”
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
agosto de 2023. Número único de radicación 05001-23-31-000-2009-01329-01. MP Roberto Augusto
Serrato Valdés.

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de las entidades territoriales y en relación con la gestión catastral,

diferenció las etapas de formación, actualización y conservación, así:

“[…] Artículo 5. Las autoridades catastrales tendrán la
obligación de formar los catastros o actualizarlos en el
curso de períodos de siete (7) años, en todos los municipios del
país, con el fin de revisar los elementos físico y jurídico del
catastro y eliminar las posibles disparidades en el avalúo
catastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso
o de productividad, obras públicas o condiciones locales de
mercado inmobiliario”.11

“Artículo 9°. El propietario o poseedor podrá obtener la
revisión del avalúo en la Oficina de Catastro correspondiente,
cuando se demuestre que el valor no se ajusta a las
características y condiciones del predio. Dicha revisión se hará
dentro del proceso de conservación catastral y contra la
decisión procederán por la vía gubernativa los recursos de
reposición y apelación […]». (Resaltado fuera del texto
original).

Por su parte, el Decreto 3496 de 1983 definió el catastro como “el

inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los

bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con

el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y

económica”12, definiendo las etapas de i) formación, ii) actualización

y iii) conservación catastral, así:

“[…] Artículo 11. Formación catastral. La formación
catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a
obtener la información sobre los terrenos y edificaciones en los
aspectos físico, jurídico, fiscal y económico de cada predio.

11
Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 223 de 1995.
12
Artículo 2°. Decreto derogado por el Decreto 148 de 2020.

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La información obtenida se anotará en la ficha predial y en los
documentos gráficos, listados y formatos de control estadístico
que diseñen las autoridades catastrales.

El proceso de formación termina con la resolución por predio
de la cual las autoridades catastrales, a partir de la fecha de
dicha providencia, ordenan la inscripción en el catastro de los
predios que han sido formados y establecen que el proceso de
conservación se inicia al día siguiente, a partir del cual, el
propietario o poseedor podrá solicitar la revisión del avalúo de
acuerdo con el artículo 9° de la Ley 14 de 1983”.

“Artículo 12. Conservación catastral. La conservación
catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a
mantener al día los documentos catastrales de conformidad con
los cambios que experimente la propiedad raíz en sus aspectos
físico, jurídico, fiscal y económico.

La conservación se inicia al día siguiente en el cual se inscribe
la formación o la actualización de la formación en el catastro, y
se formaliza con la resolución que ordena la inscripción en los
documentos catastrales de los cambios que se hayan
presentado en la propiedad raíz”.

“Artículo 13. Actualización de la formación catastral. La
actualización de la formación catastral consiste en el conjunto
de operaciones destinadas a renovar los datos de la formación
catastral, revisando los elemento físico y jurídico del catastro y
eliminando en el elemento económico las disparidades
originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de
productividad, obras públicas, o condiciones locales del
mercado inmobiliario.

La actualización de la formación catastral se debe realizar
dentro de un período máximo de cinco (5) años, a partir de la
fecha en la cual se termina la formación de un catastro, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 14 de
1983 y el artículo 11 del presente Decreto.

La información obtenida y los cambios encontrados se anotarán
en los documentos catastrales pertinentes. El proceso de
actualización termina con la resolución por medio de la cual las
autoridades catastrales, a partir de la fecha de dicha
providencia, ordenan la renovación de la inscripción en el
catastro de los predios que han sido actualizados y establecen
que el proceso de conservación se inicia el día siguiente a partir

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del cual, el propietario o poseedor podrá solicitar la revisión del
avalúo de acuerdo con el artículo 9° de la Ley 14 de 1983 […]”.

Conforme con la normativa aludida, la formación catastral es el

proceso inicial mediante el cual la autoridad obtiene y registra la

información física, jurídica, fiscal y económica de cada predio y

comprende el levantamiento de datos sobre el terreno y las

edificaciones, la identificación del titular del derecho y la

determinación del avalúo catastral correspondiente.

Dicha etapa culmina con una resolución por predio que ordena su

inscripción en el catastro y a partir del día siguiente se inicia la etapa

de conservación.

Por su parte, la actualización consiste en la renovación periódica de

los datos incorporados en la formación, con el fin de revisar los

elementos físico y jurídico y eliminar, en el aspecto económico, las

disparidades originadas por mutaciones físicas, variaciones de uso,

obras públicas o cambios en las condiciones del mercado inmobiliario.

La conservación es el conjunto de actuaciones destinadas a

mantener actualizada la información catastral frente a cambios

particulares que experimente un predio en sus aspectos físico,

jurídico o económico e inicia al día siguiente de la inscripción derivada

de la formación o de la actualización y opera de manera permanente.

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Sobre este aspecto, esta Sección ha indicado 13:

“[…]

ii) El proceso de formación catastral que adelantan las
autoridades catastrales, tiene por finalidad obtener la
información de los distintos terrenos, entre otros, en los
aspectos físico y jurídico; el primero para “[…] la identificación
de los linderos del terreno y edificaciones del predio sobre
documentos gráficos o fotografías aéreas u
ortofotografías y la descripción y clasificación de las
edificaciones y del terreno […]”; y el segundo consistente “[…]
en indicar y anotar en los documentos catastrales la
relación entre el sujeto activo del derecho, o sea el
propietario o poseedor, y el objeto o bien inmueble,
mediante la identificación ciudadana o tributaria del
propietario o poseedor, y de la escritura y registro o
matrícula inmobiliaria del predio respectivo […]”; para
estos fines, la autoridad catastral debe identificar el predio,
ubicarlo, numerarlo dentro de la carta catastral del municipio,
levantar un plano e indicar los predios colindantes; lo anterior,
con sustento en el análisis de los documentos con que cuente,
entre ellos, las escrituras públicas que se le entreguen por parte
de los propietarios o poseedores con el fin de determinar sus
eventuales derechos sobre los inmuebles y que quedarán
registrados en la ficha catastral (Destacado fuera de texto).

iii) El proceso de formación finaliza con el acto administrativo
por medio del cual se ordena la inscripción de todos los predios
en el catastro y en él se establece que la conservación del
catastro inicia al día siguiente.

iv) Las autoridades catastrales, por disposición legal, están en la
obligación de revisar la información de la formación catastral
cada cinco años, mediante el procedimiento de actualización
catastral, con el fin de renovar, si a ello hubiere lugar, los datos
de los inmuebles, entre otros aspectos, en el jurídico; en
consecuencia, es indispensable que efectúen el estudio de la
titulación que la parte involucrada en el procedimiento
administrativo les presente y, con fundamento en ella, adopten
la decisión que sea pertinente.

v) Los procedimientos de formación y actualización catastral
concluyen mediante la expedición de un acto administrativo de
carácter general; sin embargo, por tratarse del inventario de
inmuebles existentes en un determinado municipio,
determinados desde sus aspectos físicos, jurídicos y fiscales,

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 18 de marzo
de 2021. Número único de radicación Radicado: 17001-23-31-000-2010-00435-01. M.P. Hernando
Sánchez Sánchez.

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irradia en los propietarios, poseedores etc., efectos particulares;
es allí donde a partir del día siguiente a la expedición del acto
administrativo de carácter general, se abre paso el
procedimiento de conservación del catastro.

vi) Conforme con lo anterior y en los precisos términos
dispuestos en la normativa citada supra, tan pronto
finalicen las etapas de formación o actualización
catastral, será el procedimiento administrativo de
conservación catastral el idóneo para que los propietarios
o poseedores soliciten a la autoridad la revisión y
modificación de cualquier inconsistencia que entiendan
se presentó en la determinación de los aspectos físicos,
jurídicos, fiscales o económicos de sus inmuebles;
petición que se deberá resolver mediante acto
administrativo de carácter particular contra el cual
proceden los recursos de reposición y de apelación […]”.
(Destacado fuere de texto)

En ese contexto, una vez culminan las fases de formación y

actualización catastral, esto es, durante la etapa de conservación es

que se enmarca la revisión individual del avalúo, prevista en el

artículo 9° de la Ley 14 de 1983, que permite al propietario o

poseedor solicitar la modificación del avalúo cuando demuestre que

no se ajusta a las características y condiciones del inmueble.

La norma en comento prevé:

“[…] Artículo 9°. El propietario o poseedor podrá obtener la
revisión del avalúo en la Oficina de Catastro correspondiente,
cuando se demuestre que el valor no se ajusta a las
características y condiciones del predio. Dicha revisión se hará
dentro del proceso de conservación catastral y contra la
decisión procederán por la vía gubernativa los recursos de
reposición y apelación […]”.

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Por su parte, los artículos 133 y subsiguientes de la Resolución IGAG

70 de 2014 14 , respecto del procedimiento de revisión del avalúo

catastral preveían:

“[…] De la revisión del avalúo catastral

Artículo 133. Revisión del avalúo. El propietario o poseedor
podrá obtener la revisión del avalúo ante la autoridad catastral
correspondiente, cuando demuestre que el valor no se ajusta a
las características y condiciones del predio y/o de la mejora.

El propietario o poseedor podrá presentar la correspondiente
solicitud de revisión del avalúo de su predio o mejora según
corresponda, a partir del día siguiente al de la fecha de la
resolución mediante la cual se inscribe el predio o la mejora en
el Catastro, acompañándola de las pruebas que la justifiquen.

Parágrafo. Las características y condiciones del predio se
refieren a: límites, tamaño, uso, clase y número de
construcciones, ubicación, vías de acceso, clases de terreno y
naturaleza de la construcción, condiciones locales del mercado
inmobiliario y demás informaciones pertinentes.

Artículo 134. Forma de la petición de revisión. Los propietarios
o poseedores podrán pedir por escrito, ante la respectiva
autoridad catastral, bien directamente o por conducto de sus
apoderados o representantes legales, la revisión del avalúo
catastral, con las pruebas de que el mismo no se ajusta a las
características y condiciones del predio y/o de la mejora.

Parágrafo: En la petición de revisión del avalúo, el solicitante
debe indicar la o las vigencias sobre las cuales hace la petición
y las pruebas deben corresponder a las vigencias solicitadas.

Artículo 135. Naturaleza de las pruebas. La petición de revisión
podrá apoyarse en pruebas que demuestren que el avalúo
catastral no se ajusta a las características y condiciones del
predio y/o de la mejora, conforme a lo previsto en el Parágrafo
del artículo 133 de esta resolución.

Parágrafo. En las peticiones de revisión de avalúo que se
adelanten ante las autoridades catastrales, el propietario o
poseedor podrá presentar documentos tales como: planos,
certificaciones de autoridades administrativas, aerofotografías,
escrituras públicas y otros documentos que demuestren los

14
Derogada por el artículo 72 de la Resolución 1149 de 2021, pero vigente para el momento de
expedición de los actos acusados.

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cambios en los predios y la existencia de mejoras o desmejoras
de la construcción.

Artículo 136. Sitio de presentación de la solicitud de revisión. El
propietario o poseedor presentará la solicitud de revisión ante
la autoridad catastral de la jurisdicción de ubicación del
inmueble, y donde esta autoridad no exista, ante el Tesorero
Municipal.

Artículo 137. Radicación de las peticiones de revisión de
avalúos. La autoridad catastral correspondiente llevará un
sistema de registro de las peticiones de revisión para cada
unidad orgánica catastral, donde se encuentren como mínimo
las siguientes anotaciones:
a) Número de radicación y fecha.
b) Número catastral.
c) Nombre e identificación del propietario o poseedor, o de su
representante legal o apoderado, según el caso.
d) Síntesis de la petición.
e) Nombre del o de los funcionarios que intervinieron en la
revisión.
f) Número y fecha de la providencia que la resuelva.
g) Resultado de la solicitud (confirmación, modificación y
cuantía de la modificación).
h) Lugar y fecha de notificación.
i) Nombre e identificación de los notificados.
j) Recursos interpuestos.
k) Número y fecha de las providencias que resuelvan los
recursos.
l) Lugar y fecha de notificación.
m) Nombre e identificación de los notificados.
Parágrafo 1°. Cuando la solicitud de revisión aceptada implique
mutación o rectificación, deberá radicarse en el registro de que
trata el artículo 122 de esta resolución.
Parágrafo 2°. El trámite de las solicitudes de revisión de avalúo
se deberá efectuar respetando el orden de su presentación.

Artículo 138. Expediente administrativo. Con las peticiones de
revisión y junto con las pruebas allegadas, la respectiva
autoridad catastral llevará un expediente que contenga la
actuación administrativa.

Artículo 139. Modificado por el art. 17, Resolución 1055 de
2012. <El nuevo texto es el siguiente> Trámite de la solicitud
de revisión de avalúo. Las solicitudes de revisión de los avalúos
deben presentarse por escrito y su trámite, plazos y
condiciones se regirán por lo dispuesto en la parte primera del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437/11) o en las normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyan.

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De conformidad con estas disposiciones, de manera general y
sin excluir las normas reguladoras del procedimiento
administrativo, el trámite se inicia por petición escrita, si
cumple con los requisitos y se aportan o solicitan pruebas se
procede a su análisis y al decreto y práctica de las pedidas,
cumplido lo anterior se expide el acto administrativo que decide
la solicitud de revisión del avalúo, que se notificará y contra el
cual proceden los recursos en la vía gubernativa.

En el evento de que la solicitud de revisión del avalúo esté
incompleta se dará aplicación al artículo 17 de la Ley 1437 de
2011.

Las pruebas se pueden aportar hasta antes de que se profiera
la decisión que resuelve la solicitud de revisión del avalúo.
Contra el acto que decreta pruebas no proceden recursos. Los
gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta
de quien las pidió. Si son varios los interesados, los gastos se
distribuirán en cuotas iguales.

El trámite de los recursos en la vía gubernativa y de las pruebas
en ellos, si hubiese lugar, se regirán por lo dispuesto en el
artículo 79 de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. En los casos en que se deban realizar mutaciones en
el aspecto físico y/o jurídico, estas se resolverán de oficio o a
petición de parte, antes de tramitar la revisión del avalúo, para
este efecto se suspenderá el plazo para resolver sobre la
solicitud de revisión del avalúo catastral.

Artículo 140. Avalúos resultantes del trámite de la petición de
revisión. Los avalúos resultantes del trámite de la petición de
revisión tendrán la vigencia fiscal que se indique en la
providencia en firme, correspondientes a las vigencias objeto
de la solicitud […]”.

Conforme al artículo 133 ibidem, el propietario o poseedor podía

solicitar la revisión del avalúo cuando demostrará que el valor no se

ajustaba a las características y condiciones del predio y/o de la

mejora.

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La norma precisaba que tales características comprendían, entre

otros aspectos, los límites, tamaño, uso, clase y número de

construcciones, ubicación, vías de acceso, clase de terreno,

naturaleza de la construcción, condiciones locales del mercado

inmobiliario y demás informaciones pertinentes.

La solicitud podía presentarse a partir del día siguiente a la

inscripción del predio en el catastro y debía acompañarse de las

pruebas que la justificaran.

El artículo 134 establecía que la petición debe formularse por escrito

ante la autoridad catastral competente, directamente o por conducto

de apoderado o representante legal, indicando expresamente la

vigencia o vigencias respecto de las cuales se solicita la revisión y

aportando pruebas correspondientes a dichas anualidades.

A su turno, el artículo 135 señalaba que la revisión podría apoyarse

en documentos tales como planos, certificaciones de autoridades

administrativas, aerofotografías, escrituras públicas u otros que

acreditaran cambios físicos o jurídicos del predio, mejoras o

desmejoras, sin que se trate de un listado taxativo.

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Desde el punto de vista procedimental, el artículo 139 disponía que

el trámite se regiría por la parte primera de la Ley 1437 de 2011, sin

excluir las normas especiales que regulan la materia catastral.

En términos generales, la actuación se iniciaba con la presentación

de la solicitud escrita; si esta reunía los requisitos formales, se

procedía al análisis de las pruebas aportadas y, de ser necesario, al

decreto y práctica de las solicitadas o de las que la autoridad estimara

pertinentes.

Las pruebas podían allegarse hasta antes de la decisión definitiva;

contra el auto que las decretaba no procedían recursos, y los gastos

de su práctica corrían por cuenta de quien las solicitó.

La actuación culminaba con la expedición de un acto administrativo

motivado que decidía la solicitud.

De este marco normativo se desprende que la revisión del avalúo

catastral constituye un procedimiento administrativo especial,

de carácter técnico, que se adelanta dentro de la etapa de

conservación catastral y que impone al solicitante la carga de

demostrar, con prueba idónea, que el avalúo no refleja

adecuadamente las características físicas, jurídicas o económicas del

inmueble.
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Visto el marco jurídico general aplicable, procede la Sala a resolver

los cargos de la apelación.

V.4.2.- CASO CONCRETO

La Sala pasa a resolver los problemas jurídicos planteados en el

recurso de apelación, previa mención que el estudio se despachará

en el siguiente orden y que aquellos reproches respecto de los cuales

proceda un pronunciamiento conjunto, será estudiado de esta

manera por la Sala, como en efecto se procede:

V.4.2.1.- De la incidencia de la condición de interés cultural
del bien y la existencia de medidas cautelares inscritas en su
folio de matrícula inmobiliaria

La actora insistió en que ni las resoluciones demandadas ni la

sentencia de primera instancia valoraron de manera adecuada la

condición del inmueble origen de la controversia como bien de interés

cultural, cuya declaratoria, en su sentir, impone restricciones

urbanísticas y constructivas que limitan su potencial de desarrollo y

explotación económica, además que al tener esa connotación el

inmueble no era estrato 6 sino 1, circunstancias que debían incidir

en la fijación del avalúo.

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Como quedó visto, la actuación administrativa cuestionada tuvo

como fundamento el Informe Técnico de Avalúo Catastral 2016-

108095 de 31 de agosto de 2016, elaborado por la UAECD con

ocasión del trámite de revisión promovido por la actora y del cual se

destaca lo siguiente 15:

"[…]

15
SAMAI índice 25, cuaderno Tribunal folio 363.

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[…]

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[…]»

El Informe Técnico de Avalúo Catastral 2016-108095 en cita fue

integrado a la actuación cuestionada, incluso en su contenido literal,

en la Resolución 88207 de 18 de noviembre de 2015, confirmada

posteriormente mediante la Resolución 1973 de 26 de octubre de

2016.

En el estudio se describe el predio como casa catalogada como bien

de interés cultural, señalando las normas urbanísticas aplicables,

entre ellas el Decreto 190 de 2004 (POT) y el Decreto 606 de 2001,

así como sus características físicas verificadas en visita técnica

practicada el 17 de marzo de 2016.

Se precisan el área de terreno (6.682 m²), el área construida

(1.426,24 m²), la estructura, materiales predominantes, vetustez

estimada en 37 años y estado general de conservación aceptable.

En el componente económico, el informe desarrolla una investigación

del mercado inmobiliario basada en ofertas de inmuebles con

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condiciones similares, varios de ellos igualmente clasificados como

bienes de interés cultural.

A partir de dichos datos se calcularon valores integrales por metro

cuadrado y se aplicaron herramientas estadísticas promedio,

desviación estándar, coeficiente de variación y depuración de datos

atípicos para determinar un rango representativo del mercado.

El informe también respondió a los argumentos del solicitante,

señalando que la existencia de inscripciones de demanda en el folio

de matrícula no excluye el bien del comercio ni impone la aplicación

de un método diferente al previsto en la normativa catastral; y que

el avalúo privado aportado basado en capitalización de rentas no

desvirtuaba el resultado del estudio técnico adelantado por la

entidad.

El estudio concluyó que el valor integral de mercado para inmuebles

de esta naturaleza en la vigencia 2015 se ubicaba alrededor de

$7.870.000 por m², mientras que el valor integral catastral del predio

ascendía a $6.562.899 por m², razón por la cual el avalúo oficial no

superaba el valor comercial estimado

A la luz de lo dispuesto en el artículo 8º de la Resolución 70 de 2011

del IGAC, el avalúo catastral debe fundarse en investigación y análisis
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estadístico del mercado inmobiliario y no puede superar el valor

comercial del inmueble.

Dicha norma preveía:

“[…] Artículo 8°. Modificado por el art. 1, Resolución 1055 de
2012. <El nuevo texto es el siguiente> Avalúo catastral. El
avalúo catastral consiste en la determinación del valor de los
predios, obtenido mediante investigación y análisis estadístico
del mercado inmobiliario. El avalúo catastral de cada predio se
determinará por la adición de los avalúos parciales practicados
independientemente para los terrenos y para las edificaciones
en él comprendidos.

Las autoridades catastrales realizarán los avalúos para las áreas
geoeconómicas, dentro de las cuales determinarán los valores
unitarios para edificaciones y para terrenos.

Para la determinación del avalúo catastral las autoridades
catastrales se apoyarán en la información que provean los
observatorios inmobiliarios.

Parágrafo 1°. Conforme al artículo 11 de la Ley 14 de 1983, en
ningún caso los inmuebles por destinación constituirán base para
la determinación del avalúo catastral.

Parágrafo 2°. El avalúo catastral es el valor asignado a cada
predio por la autoridad catastral en los procesos de formación,
actualización de la formación y conservación catastral, tomando
como referencia los valores del mercado inmobiliario, sin que en
ningún caso los supere. Para el efecto, las autoridades
catastrales desarrollarán los modelos que reflejen el valor de los
predios en el mercado inmobiliario de acuerdo a sus condiciones
y características.

Parágrafo 3°. En el avalúo catastral no se tendrá en cuenta el
mayor valor por la utilización futura del inmueble en relación con
el momento en que se efectúe la identificación predial asociada
a los procesos catastrales.

Parágrafo 4°. En el avalúo catastral no se tendrán en cuenta
los valores histórico, artístico, afectivo, good will y otros valores
intangibles o de paisaje natural que pueda presentar un
inmueble […]”.

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Desde esta perspectiva, el estudio técnico oficial identificó las

características físicas, jurídicas y normativas del predio, realizó una

investigación de mercado con bienes comparables, aplicó criterios

estadísticos para la depuración de ofertas y verificó que el valor

catastral se encuentre por debajo del valor comercial estimado, por

lo que en términos formales, el avalúo se ajustó al esquema

metodológico previsto en la regulación técnica vigente para la época,

esto es, al previsto en la Resolución IGAC 070 de 2011.

Ahora, al estudiar casos en los que se cuestionan avalúos oficiales

sobre bienes inmuebles, esta Sección ha sostenido que al haber sido

incorporado el valor de aquel en el acto administrativo, este goza

de presunción de legalidad y debe tenerse como válido, creíble y

fundamentado, por lo que corresponde a la parte que se siente

afectada probar en el proceso que aquel es equivocado, demostrando

precisamente sus incorreciones y, en particular, la incidencia de estas

en el valor que se ha atribuido al bien por la autoridad respectiva, de

la siguiente manera 16:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 15 de 2019. Núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00196-01. C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés,

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establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en
el sub-lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción
de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba
en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la
carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su
incorrección”.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección sostuvo que
“todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo
que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que
el mismo pueda ser objeto de modificación dado que la
actora, quien tenía la carga probatoria de desvirtuarlo,
no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó
la presunción de legalidad del acto administrativo demandado,
que lo incorporó […]”. (Destacado fuera de texto).

Ahora, en lo que concierne al alcance de la carga de la prueba para

desvirtuar un avalúo oficial, esta Sala 17 ha precisado lo siguiente:

“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración, no es del caso que el escrito de
demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos
desvirtuar el realizado por la entidad pública; para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base en
las normas que regulan la materia, indique el defecto en

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020. Núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00115-01. C.P. Oswaldo Giraldo
López.

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que se ha incurrido y su impacto en el precio oficialmente
establecido, pues de lo que se trata es precisamente de
llevar al convencimiento del juez de que se ha incurrido
en error al establecer el monto de la indemnización, y no
simplemente de identificar otras alternativas probables
[…]” (Destacado fuera de texto).

En este orden, comoquiera que el avalúo oficial deriva de un informe

técnico, no basta con atribuirle deficiencias basadas en simples

afirmaciones, por lo que esta Sección ha reiterado que la prueba

idónea para desvirtuar la corrección, por regla general, es el

dictamen pericial; y que un avalúo aportado como simple documento

no reemplaza esa carga probatoria.

Al respecto, en sentencia de 10 de abril de 2025 18 , esta Sección

indicó:

“[…] 50. Para resolver este argumento de apelación, la Sala
recuerda que la jurisprudencia, con fundamento en la
normativa que regula el asunto, ha considerado que el precio
indemnizatorio está amparado por la presunción de legalidad al
ser incorporado al acto administrativo que ordena la
expropiación, por lo tanto, la parte demandante tiene la carga
de probar cuál es error o la incorrección del avalúo oficial […]

51. Además, la Sección Primera del Consejo de Estado ha
precisado que el dictamen pericial es la prueba idónea para
acreditar la incorrección del avalúo oficial; en la sentencia
proferida el 30 de abril de 2020, indicó lo siguiente:

[…] Con fundamento en las anteriores premisas, en nuestro
ordenamiento jurídico la prueba idónea para demostrar la
incorrección del avalúo oficial que determinó el valor comercial
de un bien inmueble objeto de expropiación es el dictamen
pericial y, en consecuencia, tal y como lo estimó el a quo, el
avalúo presentado por el actor con la demanda, siendo una

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de abril
de 2025. Número único de radicación 25000234100020190102101. M.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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prueba documental, no resulta conducente para esa finalidad
[…]”.

En ese orden de ideas, para desvirtuar el valor incorporado en los

actos administrativos en los que la administración determina el valor

catastral de un inmueble, no basta con que a la demanda se anexen

otros avalúos del bien sobre el cual recayó la medida, sino que

corresponde al interesado probar los errores del avalúo oficial

y, en particular, la incidencia de estos en el precio que fue

determinado.

Ahora, con la demanda la actora aportó un avalúo privado con la

finalidad de que fuera tenido en cuenta como prueba pericial; sin

embargo, dicha solicitud fue denegada19 por cuanto incumplió con los

requisitos previstos en los artículos 226 y 227 del CGP y 219 del

CPAC, decisión contra la cual no interpuso recurso alguno y, por

ende, el informe no fue incorporado al proceso como elemento de

juicio ni siquiera como prueba documental.

En consecuencia, en el trámite judicial no obra una prueba técnica

regularmente incorporada que permita desvirtuar el estudio

económico que sirvió de fundamento a los actos acusados, lo cual es

relevante y necesario, en la medida en que la revisión del avalúo

19
SAMAI índice 25, Audiencia de 16 de noviembre de 2018, folio 417 cuaderno Tribunal.

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catastral es un procedimiento de naturaleza eminentemente técnica,

y, por lo tanto, la carga de la prueba recae en el solicitante, quien

debe demostrar, con elementos objetivos y verificables, que el valor

fijado no se ajusta a las características físicas, jurídicas o económicas

del inmueble.

No basta, entonces, con formular reproches genéricos frente a la

metodología empleada por la autoridad catastral o con afirmar que

determinadas circunstancias, como la declaratoria de bien de interés

cultural o la existencia de inscripciones de demanda inciden en el

valor del predio, pues era necesario acreditar, mediante prueba

conducente, que tales factores generaban un desajuste concreto en

la determinación del avalúo.

En el caso bajo estudio, además, el informe técnico que sustentó las

resoluciones demandadas se pronunció de manera expresa sobre los

reparos formulados por la actora, pues identificó al inmueble como

bien de interés cultural y tomó como referencia ofertas de

mercado de inmuebles con características semejantes, varios de ellos

igualmente catalogados bajo esa condición.

De igual forma, el informe técnico dejó constancia de las anotaciones

cautelares inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria y concluyó

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que tales medidas no excluían el bien del comercio ni constituían, por

sí mismas, un factor que obligara a modificar el avalúo catastral.

Así las cosas, ante la inexistencia de pruebas que desvirtúen el

estudio oficial y frente a la motivación técnica contenida en el informe

que soporta los actos acusados, no se configura la ilegalidad alegada

por la apelante en relación con la incidencia de la condición de bien

de interés cultural ni de las medidas cautelares inscritas en el folio

de matrícula inmobiliaria.

La Sala reitera que la actora no probó con prueba técnica las

presuntas falencias del avalúo oficial y, en particular, la incidencia de

estas en el precio final del inmueble.

V.4.2.2.- Del estudio de mercado que sirvió de fundamento al
avalúo oficial y el presunto desconocimiento de los
presupuestos del artículo 1º del Decreto 422 de 2000

La actora cuestionó la validez del estudio de mercado que sirvió de

fundamento al avalúo oficial, al sostener que los inmuebles utilizados

como comparables no eran semejantes al inmueble de la

controversia, en particular, por no compartir en algunos casos su

condición de bien de interés cultural ni su entorno urbano, lo que, en

su criterio, vulnera el artículo 1º de la Resolución IGAG 620 de 2008,

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que exige que el método de comparación se funde en bienes

semejantes y comparables.

También sostuvo que la sentencia omitió analizar el desconocimiento

de los criterios de objetividad, certeza, transparencia, integridad,

suficiencia e independencia previstos en el artículo 1º del Decreto

422 de 2000, al estimar que las resoluciones demandadas no

contienen una motivación técnica verificable ni permiten reconstruir

los cálculos y fuentes empleadas para la determinación del avalúo,

lo que, a su juicio, configura una falsa motivación.

Al respecto la Sala advierte que en la primera instancia la actora

estructuró los fundamentos de su demanda en tres cargos i) la

realidad de la explotación del predio en cuestión; ii) la inscripción de

demandas en su folio de matrícula inmobiliaria y; iii) que se trata de

un inmueble de interés cultural, lo que limita su desarrollo

económico.

No obstante, la Sala advierte que los argumentos relativos al

desconocimiento al artículo 1º del Decreto 422 de 2000 y al estudio

de mercado que sirvió de fundamento al avalúo oficial solo fueron

aducidos en el recurso de apelación, lo que constituyen nuevos

cargos contra los actos acusados que no fueron invocados en la

demanda, situación que a todas luces es improcedente, no solo por
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extemporáneos, pues se insiste que el momento procesal oportuno

era la demanda o su adición, sino también porque de acogerse su

estudio se violaría el derecho de defensa y contradicción de la parte

demandada en el proceso, siendo deber del juez hacer efectiva la

igualdad de estas en el mismo.

Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre

ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201820, en la que se señaló:

“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron invocadas
en la demanda como violadas, pues las indicadas en ésta se
circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la Constitución
Política y 66 de la Ley 388.

A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,
ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
momento procesal es en la demanda o su adición, sino en razón
a que de acometer su estudio se estaría violando el derecho de
defensa de la parte demandada en el proceso y el deber del
juez de hacer efectiva la igualdad de las partes en el mismo.

Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de
la Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los
artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación
[…]”. (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, la Sala se abstiene de hacer pronunciamiento de

fondo alguno sobre los nuevos cargos, habida cuenta que solo fueron

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo
de 2018. Núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-00074-02. C.P. María Elizabeth García González.

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invocados como argumentos en el recurso de apelación y proceder

de manera contraria rompería el equilibrio procesal y la igualdad de

las partes, pues la parte demandada no tendría la posibilidad de

controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue

planteado en la demanda21.

V.4.2.3.- Del dictamen pericial aportado con los alegatos de
conclusión en primera instancia y la presunta omisión del a
quo en decretar pruebas de oficio

La sociedad actora sostuvo que el Tribunal incumplió su deber de

decretar pruebas de oficio, al no disponer la práctica o valoración del

informe técnico de avalúo elaborado por la firma Fidel S. Cuéllar

Profesionales Inmobiliarios, el cual aportó junto con los alegatos de

conclusión para ilustrar las implicaciones económicas derivadas de

la condición de bien de interés cultural del inmueble.

En su criterio, ante la complejidad técnica del asunto, el juez debía

adoptar medidas probatorias oficiosas para esclarecer los aspectos

controvertidos, y su omisión condujo a mantener un avalúo que

estima desproporcionada.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de marzo
de 2017. Número único de radicación 23001233300420160014301. C.P. María Elizabeth García González.

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Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, no había lugar a que el

Tribunal decretará la incorporación del dictamen allegado por la

actora con los alegatos de conclusión, porque tal solicitud resultaba

extemporánea de cara a las oportunidades señaladas para tal efecto

en el artículo 212 del CPACA.

Ahora, tampoco es de recibo el reparo de la actora según el cual el

Tribunal debía decretar pruebas de oficio para aclarar la situación,

porque si bien dicha autoridad tenía tal potestad, esta no responde a

un remedio ante la omisión de las partes de probar los supuestos de

hecho en que fundamentan sus pretensiones; en otras palabras, la

recurrente no puede pretender que el juez haga uso de facultades

oficiosas para suplir la pasividad de su propia actividad procesal.

En este sentido se pronunció esta Sección en sentencia de 3 de abril

de 202522:

“[…] 5.2.2.3. Ahora bien, con relación a la solicitud del actor
de que era obligación del juez de oficio requerir al perito para
que aclare o complemente el dictamen pericial, es necesario
recordar lo expuesto por esta Sección en sentencia de 21 de
mayo de 202013, en la cual se indica que, si bien es cierto el
juez puede por iniciativa propia, ordenar la aclaración o
complementación de este medio probatorio, tal facultad no
puede desplazar el deber de las partes de adelantar esta
actuación de conformidad con el artículo 238 C.P.C.

En otras palabras, el recurrente no puede pretender que el juez
haga uso de sus facultades oficiosas ante la pasividad de su

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP Oswaldo Giraldo
López, número único de radicación 5001 2331 005 2011 00630 01.

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actuación, más aún cuando la carga de desvirtuar el avalúo
técnico que brindó soporte legal y fáctico al acto administrativo
que ordenó la expropiación administrativa recae en la parte
actora, sin que pueda ser trasladada a la autoridad judicial a
cargo de la dirección o decisión del proceso […]”.

En consecuencia, no se configura el yerro atribuido al a quo, pues la

incorporación del dictamen allegado con los alegatos de conclusión

resultó extemporánea y, además, la facultad del juez para decretar

pruebas de oficio no comporta una obligación de suplir la inactividad

o deficiencia probatoria de las partes.

Ante la no prosperidad de alguno de los fundamentos del recurso de

apelación se impone confirmar la decisión de primera instancia, como

en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

V.5.- DE LAS COSTAS PROCESALES

De conformidad con lo previsto en el artículo 188 23 del CPACA en

armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP24, esto es, en

aplicación de un criterio objetivo valorativo 25, corresponde examinar

23
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
24
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
25
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.

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si hay lugar a condenar a la parte apelante, en los términos del

numeral 3 del artículo 365 26 ibidem, al pago de las costas en esta

instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso 27 y por las agencias en derecho 28“. Así, producto de la

comprobación de la gestión útil de la parte vencedora, le

correspondería a la Sala fijar el valor de las costas en el componente

de agencias en derecho de verificarse en esta instancia la

intervención de la parte vencedora.

Por su parte, aunque las expensas y los gastos del proceso, por ser

previamente determinados por auto o acto que lo acredite durante la

actuación procesal, su fijación se sujeta a la revisión que el secretario

del Tribunal a quo realice frente previo al reconocimiento judicial a

26
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
27
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
28
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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fin de proceder a su liquidación 29. De la revisión del expediente se

aprecia que no surgieron expensas en esta instancia.

Entonces, según estas reglas, y en cumplimiento de lo previsto en

los numerales 1 y 830 del artículo 365 y 4 del 366 del CGP 31, la Sala

se abstendrá de fijar costas procesales en el componente de agencias

en derecho y expensas, toda vez que de la revisión del expediente

se advierte que la entidad demandada no realizó gestión alguna

dentro de esta instancia 32 y no se incurrió en ningún gasto en el

trámite de la apelación, motivos más que suficientes para adoptar

esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

29
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la primera
instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem.
30
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.”
31
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a
lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o
la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
32
De la revisión del expediente se observa que la parte demandada no alegó de conclusión ni realizó
gestión alguna en el trámite de segunda instancia.

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, en esta instancia,

por lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de marzo de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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