Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-01021-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-01021-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2019-01021-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
10 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71
de la Ley 388 de 18 de julio de 19971
Número único de radicación: 25000234100020190102101
Demandante: Sociedad Akargo S.A.S
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano IDU2
Asunto: Expropiación por vía administrativa e incorrección del avalúo del bien
inmueble. Reiteración jurisprudencial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 26 de septiembre de 2024 por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La Sociedad Akargo S.A.S3, en adelante la parte demandante, presentó demanda
contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Urbano – IDU, en ejercicio de la acción
especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 3884.
1 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
2 Cfr. Índice 1 Samai.
3 Por conducto de apoderado
4 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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Núm. único de radicación:25000234100020190102100
Demandante: Sociedad Akargo S.A.S
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
[…]1. Que se declare la nulidad del artículo segundo de la Resolución 1105 de 14 de
marzo de 2019 del IDU “POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR
VÍA ADMINISTRATIVA” que señaló como valor del precio indemnizatorio del terreno
(12.611.07m”) la suma de OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($8.562.916.530),
el cual es inferior al valor comercial del terreno.
2.Que se declare la nulidad de la Resolución 2156 de 23/05/2019, notificada el 7 de
junio de 2019, que, al resolver el recurso de reposición, confirmó el valor del precio
indemnizatorio del terreno.
3. Como consecuencia de lo anterior, que el IDU reconozca y pague la suma de
QUINCE MIL SETESCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($ 15.713.393.220), más lo que
se probare en el proceso; valor que resulta de la diferencia entre el precio
indemnizatorio del terreno reconocido en la resolución expropiatoria, y el valor real
comercial del terreno, que es superior a VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA PESOS ($24.276.309.750).
4. Reconocer y pagar los intereses moratorios comerciales a que haya lugar sobre la
suma de QUINCE MIL SETESCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/СТЕ. ($ 15.713.393.220),
ο la que resulte probada en el proceso, desde el 14 de febrero de marzo de 2019,
hasta que se haga efectivo el pago.
5. La suma reconocida debe ser debidamente indexada bajo los mismos parámetros
consagrados en el anterior numeral.
6. Para el cumplimiento de la Sentencia, se ordenará dar aplicación a los artículos
192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011[…].
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones5:
3.1. La Sociedad AKARGO S.A.S es propietaria del predio ubicado en la AK 86 No.
12-51 IN 1 de la ciudad de Bogotá, del cual hace parte el área de 12.611.07 m2 de
5 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNOTRIBUNAL.pdf.1 (.pdf) Nro
Actua2 (.pdf). Documento: fls.3-34
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terreno identificado con la cédula catastral BS 46916 en mayor extensión con CHIP
AAA01370MAW y matricula inmobiliaria 50C-1334015.
3.2. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU expidió la Resolución 4869 de 16 de
octubre de 2018, por medio de la cual formuló una oferta de compra sobre el terreno
por la suma de OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
($8.562.916.530), conforme al avalúo que realizó la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital – UAECD núm.2018-0869 RT 46986-IDU de fecha 2 de octubre
de 2018.
3.3. Dentro del término de enajenación voluntaria, presentó objeciones al informe
de avalúo relacionadas con el índice de edificabilidad básica que se le otorgó al
predio, la incorrecta aplicación del documento técnico de soporte DTS del Plan
Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental y de la Resolución 978 de 21 de junio de
2017, mediante el cual se otorga viabilidad al proyecto de plan parcial previamente
referido.
3.4. La parte demandada expidió la Resolución 1105 de 14 de marzo de 2019 […]
por la cual ordena una expropiación por vía administrativa […] sobre el terreno y
reconoce como precio indemnizatorio la suma de OCHO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS
TREINTA PESOS ($8.562.916.530), decisión que fue recurrida vía reposición por
razones atribuibles al avalúo comercial que acompañaba la oferta.
3.5. La parte demandada, a través de la Resolución 2156 de 23 de mayo de 2019,
resolvió de manera desfavorable el recurso de reposición.
Normas violadas
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículo 58 de la Constitución Política
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• Artículos 61 y 67 de la Ley 388 de 18 de julio de 19976.
• Artículos 21 y 25 del Decreto 1420 de 19987
• Artículos 1 y 2 del Decreto 422 de 20008
• Artículos 1, 3, 4, 10, 11 y 14 de la Resolución 620 de 20089
Concepto de violación
5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la
violación, así:
5.1. Señaló que el valor del precio indemnizatorio reconocido por el terreno no se
ajusta a la realidad comercial del mismo, pues desconoció los lineamientos y
procedimientos definidos en las normas valuatorias, al adoptar el método residual
sin tener en cuenta el principio de “mayor y mejor uso”, que en este caso se traducía
en aplicar la comparación de altos índices de edificabilidad.
5.2. Indicó que se interpretó de manera errada la reglamentación urbanística vigente
al precisar que […] no es cierto que el predio ni el plan parcial se encuentren en el
rango 3 de edificabilidad, pues se está desconociendo que el rango corresponde a
los predios sobre i) corredores regionales de integración, ii) sobre ejes de la malla
vial arterial principal, y iii) en áreas de centralidad. Para el caso específico la avenida
ciudad de Cali sobre el cual presenta frente directo nuestro predio y por el plan
parcial es un eje de la malla vía arterial principal […].
5.3. Adujo que el predio al encontrarse en la delimitación de un plan parcial de
desarrollo y específicamente dentro […] del plan parcial Tintalito Mazuera Alsacia
Oriente, el cual para la fecha del Avalúo 2018-0869 tenía únicamente pendiente la
firma del correspondiente Decreto, surtidas ya las etapas de delimitación,
determinantes, viabilidad, concertación y formulación, es más que pertinente y
6 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones
7 Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989
8 Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 y los artículos 60, 61 y 62 de la
Ley 550 de 1999
9 Por el cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenado dentro del marco de la Ley 388 de
1997
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razonable que se tuvieran en cuenta en el avalúo comercial los lineamientos ya
definidos y avaluados por la misma Secretaría Distrital de Planeación […]. Para el
efecto, citó la delimitación del Plan Parcial Tintalito Mazuera de fecha 14 de mayo
de 2016, el documento técnico de soporte DTS de marzo de 2017 realizado por la
Firma TRAYECTORIA Urbanismo y Arquitectura, la Resolución 978 de 21 de 2017
“por la cual se decide la viabilidad del proyecto Plan Parcial de Desarrollo “Tintalito
Mazuera Alsacia Oriental ubicado en la ciudad de Kennedy, la aprobación del
estudio de tránsito para el Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriente de 28 de
junio de 2017; y el proyecto de decreto de plan parcial Tintalito Mazuera Alsacia
Oriental de mayo de 2018.
5.4. Refirió que de acuerdo a lo anterior, para la fecha del avalúo comercial 2018-
0869 de 2 de octubre de 2018 ya se encontraban los lineamientos definidos del Plan
Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental y los documentos debidamente aprobados
por la Secretaría Distrital de Planeación para que fueran consultados y adoptados
en el correspondiente ejercicio valuatorio, teniendo en cuenta que ya correspondían
a una realidad del desarrollo de esa parte del territorio de la ciudad, base sobre la
cual se deben realizar y soportar los avalúos.
5.5. Manifestó que, pese a que no se tengan en cuenta las etapas previas a la
adopción del plan parcial, se debe acudir a los lineamientos previstos en los
Decretos 327 de 2004 y 436 de 2006 por tratarse de la valoración de un área
superior a 10 hectáreas de área neta urbanizable.
5.6. Precisó que en manera alguna el Decreto 436 de 2006 señala que debe
adoptarse una edificabilidad o índice básico de construcción (1); por el contrario,
presenta […] los lineamientos y condiciones claras para acceder a la edificabilidad
máxima y en concordancia del cumplimiento del mayor y mejor uso que debe
realizarse el encargo valuatorio bajo el método residual […].
5.7. Solicitó tener en cuenta como referencia el avalúo comercial 2018-1640 de
fecha 19 de octubre de 2018 correspondiente al predio con dirección CL 15 #88D-
60 el cual sí fue incluido dentro del plan parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental.
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5.8. Bajo el principio de equidad e igualdad, solicitó se tengan en cuenta los mismos
criterios de edificabilidad, cesiones de suelo, compensaciones, cargas urbanísticas
y metodología, donde no se parte de un índice básico de 1.
Contestación de la demanda
6. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU10 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones de la parte demandante11 así:
6.1. Sostuvo que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad y
fueron proferidos en cumplimiento de lo previsto en las Leyes 9 de 1989 y 388 de
1997, el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008, en razón a que se
reconoció un valor de $8.605.731.113 por concepto de la indemnización que se
pagó así: $8.562.916.530 por concepto del avalúo comercial del terreno, y la suma
de $42.814.583 por daño emergente y gastos de impuesto de registro, de
conformidad con el informe técnico de avalúo comercial 2018-0869 de 2 de octubre
de 2018 elaborado por la gerencia de información catastral de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital y el informe de reconocimiento
económico de fecha 15 de febrero de 2018 elaborado por el grupo económico de la
Dirección Técnica de Predios del IDU.
6.2. Adujo que se reconoció de oficio los valores por gastos de traslado y bodegaje
de tractocamiones y semirremolques que fueron trasladados del predio por valor de
$287.927.000 y se negó la indemnización por lucro cesante al verificar, a través de
una visita técnica al inmueble, que no se desarrollaba una actividad económica.
6.3. Precisó que las inconformidades planteadas por el demandante frente al precio
indemnizatorio fueron resueltas a través de la Resolución 2156 de 23 de mayo de
2019 en la que se aclaró que de acuerdo a lo previsto en el Decreto 799 de 20 de
diciembre de 2018, la Secretaría Distrital de Planeación adoptó el plan parcial de
10 Por conducto de apoderado
11Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: FL 412 CD CT 2(.zip) NroActua 2(.zip)
NroActua 2. Documento: fls. 1-32
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desarrollo Tintalito Mazuera oriental, siendo este acto administrativo posterior a la
fecha de elaboración del informe técnico de avalúo comercial 2018-0869, 21 de
septiembre de 2018, el cual fue recibido por el IDU el día 2 de octubre de 2018 y
notificado al recurrente el 30 de octubre de 2018; que la metodología aplicada para
la valoración fue el de técnica residual contemplada en la Resolución 620 de 2008;
y que se realizaron estudios comparativos de ofertas y desarrollos potenciales entre
lotes residenciales y lotes dotacionales que se tenían como referencia con el fin de
encontrar la correspondencia porcentual de estos respecto del uso residencial.
6.4. Indicó que la parte demandante no logró precisar los defectos del avalúo oficial,
comoquiera que la Unidad Administrativa de Catastro para determinar las áreas
brutas, netas y útiles así como para establecer el índice de construcción, tuvo como
fuente primaria el documento técnico de soporte del plan parcial Tintalito Mazuera
Alsacia Oriental, sin embargo en lo que se refiere al índice de construcción se ciñó
a lo previsto en el Decreto 4360 de 2006 aclarando que si bien el predio se localiza
en una zona urbana con tratamiento de desarrollo […] forma parte del plan parcial
Tintalito Mazuera Alsacia oriental, lo cual entra a determinar su normatividad, no
como predio individual sino como área urbana susceptible de desarrollo urbanístico
en igualdad de condiciones con los demás predios que conforman el área integral
del PP independientemente de la localización especifica de cada uno […]. En cuanto
a la aplicación de los índices de edificabilidad manifestó que [….] no se hace para
el predio especifico sino para la totalidad del área del PP, discriminada o
desagregada de acuerdo con lo propuesto en el PP y como resultado de tener en
cuenta, a la luz de las normas vigentes, las cargas y beneficios que le den viabilidad
al desarrollo urbanístico que se propone en dicho PP. En este sentido hasta tanto
no se emita un decreto de adopción del plan parcial donde se estipulen las cargas
exigidas por el Distrito para poder acceder al índice de construcción máximo, el
predio tiene la edificabilidad básica de 1 […].
6.5. Refirió que de acuerdo a lo anterior, para lograr acceder a la máxima
edificabilidad permitida, previamente se debe cumplir con los requisitos exigidos en
el Decreto 436 de 2006, en cuanto al reparto equitativo de cargas y beneficios,
realizando aportes adicionales de suelo, los cuales no estaban concertados en el
plan parcial en el momento de realizar el informe técnico de avalúo comercial,
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motivo por el cual no se reglamenta una edificabilidad máxima y, en consecuencia,
se partió del hecho que para ese momento al predio le aplica la edificabilidad básica.
6.6. Como excepciones propuso las de inepta demanda por falta de requisitos
formales, falta de elementos que desvirtúen la presunción de legalidad de los actos
acusados y ausencia total de imputabilidad del perjuicio al IDU.
Del llamamiento en garantía12
6.7. La parte demandada, a través de escrito separado, solicitó el llamamiento en
garantía de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, a fin de que se
declare responsable por el pago de la indemnización […] del posible perjuicio si
llegara a demostrarse, o el reembolso total o parcial del pago que tuviera que hace
el IDU en el evento de existir sentencia condenatoria en contra de la entidad que
represento […].
7. Mediante auto de 14 de marzo de 202213, el despacho sustanciador aceptó el
llamamiento en garantía de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital,
por acreditar los requisitos exigidos en el artículo 225 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
8. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD14, contestó el
llamamiento en garantía en los siguientes términos:
8.1. Las resoluciones cuya nulidad se pretende fueron proferidas de manera
exclusiva por el Instituto de Desarrollo Urbano en ejercicio de una actuación
administrativa tramitada bajo sus propias atribuciones y competencias, por lo que
se abstuvo de formular manifestaciones puntuales respecto de las pretensiones y
condenas objeto de litigio.
12 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: FL 412 CD CT 2(.zip) NroActua 2(.zip)
NroActua 2. Folios 1-4
13 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) Nro Actua
2(.pdf) Folios 7-8
14 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado CUADERNO LLAMAMIENTO EN
GARANTÍA(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 Folios 17-31
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8.2. El trámite de solicitud, elaboración y entrega del avalúo oficial se produjo
atendiendo a las normas que regulan la materia, dentro de las cuales no se
establece que la Unidad se encuentre obligada a vincularse a los procesos judiciales
instaurados contra la parte demandada por los propietarios de los predios
expropiados, máxime si se tiene en cuenta que el vínculo contractual que se
presentó con el IDU se encuentra liquidado mediante acta de fecha 27 de noviembre
de 2018 y se extrae la conformidad en la gestión realizada dentro del convenio
interadministrativo 1321 de 2013 […] cuyo objeto es la realización por parte de la
autoridad catastral de los avalúos comerciales requeridos en el marco del Decreto
583 de 2011, para la adquisición por enajenación voluntaria o expropiación
administrativa destinados para la ejecución de los programas y proyectos de
infraestructura vial asociados al Acuerdo 523 de 2013[…].
8.3. El avalúo comercial 2018-0869 es tan sólo un acto preparatorio o de trámite
dentro de las gestiones que se deben realizar antes de la expedición por parte del
IDU de la decisión de expropiación del respectivo predio, por lo que consideró no
susceptible de ser cuestionado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Sentencia proferida, en primera instancia
9. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante sentencia del 26 de septiembre de 202415, resolvió:
“[…]PRIMERO. – NIÉGANSE las súplicas de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada, a través de apoderado judicial por la sociedad
Akargo S.A.S contra el Instituto de Desarrollo Urbano IDU
SEGUNDO.- Sin condena en costas[…].
15 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) NroActua
2(.pdf) NroActua 2. Documento: folios:470-487
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Consideraciones del Tribunal
9.1. Señaló que, de la valoración del avalúo oficial aportado por la parte demandada
se evidenció el cumplimiento de los requisitos previstos en la Resolución 620 de
2008 proferida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en razón a que empleó
el método de técnica residual para valorar el área de terreno, en la que se tuvo en
cuenta la reglamentación urbanística del mismo, la estratificación socioeconómica,
la ubicación, topografía, forma de reserva vial, la dotación de redes, localización,
edad y estado de conservación, elementos que permitieron la caracterización y
cuantificación del terreno.
9.2. Descartó el dictamen allegado por la parte demandante luego de verificar que
no reviste las características que permiten controvertir la legalidad del avalúo oficial.
Explicó que se utilizó de manera desacertada el método de comparación o de
mercado con la valoración de edificaciones que no eran técnicamente comparables
con el lote sin construcción, y el perito […] tomó el Plan Parcial Tintalito Mazuera
Alsacia Oriental, no obstante, este no se encontraba vigente para la fecha de
realización de la visita por parte del IDU. El plan se adoptó mediante Decreto 799
de 20 de diciembre de 2018, esto es, con posterioridad a la fecha del avalúo
realizado por el IDU […].
9.3. Manifestó que, de acuerdo con lo anterior, tampoco fue debidamente
sustentado el método residual al omitir tener en cuenta la reglamentación
urbanística vigente para el momento en que el IDU realizó la visita correspondiente.
9.4. Consideró innecesario pronunciarse sobre la posición del llamado en garantía
por haberse denegado la prosperidad de las súplicas invocadas por la parte
demandante.
Recurso de apelación
10. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los
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siguientes argumentos16:
Del avalúo aportado con la demanda
10.1. Manifestó que no son acertados los reparos adoptados por el tribunal frente a
la validez del dictamen aportado con el escrito de la demanda. Para el efecto, adujo
que […] cuando el avalúo señala que también emplea el método de comparación o
de mercado lo hace en el marco del método residual para establecer el monto total
de las ventas de un proyecto de construcción en el lote de terreno objeto de avalúo
a través del estudio de ofertas o transacciones recientes de bienes comparables en
el sector, como así lo indica el artículo 1 de la Resolución IGAC 620 de 2008. En
efecto, en el caso específico el avalúo estableció en el “ANALISIS DE VENTA” los
valores del uso dotacional, apartamento VIP, apartamento tipo 4, comercio zonal y
urbano y servicios, por ser los permitidos en el ámbito espacial del plan parcial. Por
lo expuesto, cuando se hace mención del método de mercado o de comparación en
ningún momento se puede sostener que esté considerando la existencia de una
edificación en el terreno como lo predica la sentencia […].
10.2. Dijo que el avalúo aportado con la demanda tuvo en cuenta la normatividad
urbanística vigente para fecha del encargo valuatorio, los cuales se encuentran
contenidos en los Decretos 190 de 2004, 327 y 436 de 2006, el documento técnico
de soporte DTS de marzo de 2017 y la Resolución 978 de 212 de junio de 2017 “por
la cual se da viabilidad al plan parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental”, razón por
la cual se aparta de la argumentación expuesta en la primera instancia que refirió
que la sustentación del avalúo tuvo como fundamento el Decreto que adoptó el plan
parcial de desarrollo de diciembre de 2018.
Inconformidad con el avalúo oficial
10.3. Adujo que el avalúo aportado con la demanda estableció como métodos para
establecer el valor del terreno “el residual y el comparación o de mercado”, los
16Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) NroActua
2(.pdf) NroActua 2. Documento: folios:545-558
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cuales sustentan en debida forma que el precio indemnizatorio a la luz de lo previsto
en los Decretos 327 de 2004, 436 de 2006 y el Decreto 799 de 20 de diciembre de
2018, debió ascender a un monto muy superior al estimado por la parte demandada.
10.4. Destacó que el avalúo oficial calculó la edificabilidad del terreno con
fundamento en un “índice de construcción básico” bajo el argumento errado de que
el plan parcial […] no había sido adoptado mediante decreto cuando fue realizada
la oferta de compra, lo que dio lugar a un menor valor del suelo, ya que entre menos
índice de construcción es menor el área construible y como tal el área vendible, y
en consecuencia da lugar a una menor utilidad, lo cual tiene incidencia en el valor
del suelo, es decir, el valor del suelo se reduce […] pese a que el predio por ser
urbano y estar sometido a un tratamiento de desarrollo, según lo previsto en el
Decreto 327 de 2004, debía tener un índice de construcción máximo -rango 1- por
estar sobre ejes de la malla vía arterial y no con rango 3 como fue catalogado, lo
cual le resta credibilidad a este avalúo.
10.5. Indico que el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá contiene las bases
necesarias para establecer el índice de construcción superior al básico a que tiene
derecho un predio producto del reparto equitativo de cargas y beneficios, por lo cual
no tiene fundamento afirmar que […] como no había sido expedido el plan parcial,
sólo era posible estimar el valor del predio con el índice de construcción básico de
“1”, que gracias a su ubicación estratégica en la intersección de la avenida ciudad
de Cali con la avenida Alsacia tenía todas las posibilidades físicas, normativas y de
mercado, de desarrollar los mayores índices de construcción […].
10.6. Manifestó que, con los avalúos aportados como prueba en el escrito de la
demanda, se evidenció que la metodología, lineamientos y parámetros
contemplados en los Decretos 190 de 2004, 327 de 2004 y 436 de 2006, aplicaron
un “índice de construcción superior al básico” a predios que se encuentran ubicados
dentro del ámbito especial de un plan parcial que ni siquiera ha sido formulado y
corrobora que estas normas son suficientes para estimar un índice de construcción
superior al máximo.
10.7. Señaló que, cuando fue elaborado el avalúo oficial ya había sido definida la
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edificabilidad que resulta del reparto de cargas y beneficios en el Decreto 327 de
2004, artículo 26 literal d) y en la Resolución 978 de 21 de junio de 2017 que decide
sobre la viabilidad del proyecto del plan parcial del desarrollo Tintalito Mazuera
Alsacia oriental ubicado en la localidad de Kennedy.
10.8. Preciso que los efectos vinculantes de los actos administrativos previos a la
adopción del plan parcial igualmente surgen de manera palmaria en el avalúo
comercial elaborado y aprobado por las mismas entidades (2018-1640 de fecha 19
de octubre de 2018) respecto del predio ubicado en la Calle 15 #88D-60 con CHIP
AAA0143YCRU que también hace parte del Plan Parcial Tintalito Mazuera Oriental,
donde, con fundamento en el documento técnico de soporte, la viabilidad del mismo
y el Decreto 436 de 2006 señaló el valor $1.949.031 por metro de suelo urbano
reflejo de la aplicación de un índice de construcción superior al básico, a diferencia
del predio que en esta litis estimo como valor $679.000 por metro de suelo urbano.
10.9. Argumentó que que en la contestación del llamamiento en garantía se avisoró
un posible error en el avalúo que dejo abierta la posiblidad de una conciliación o el
trámite de revocatoria directa, lo cual evidencia falencias en el avalúo oficial.
10.10. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 219 del CPACA y 71 de la
Ley 388 de 1997, solicitó se decrete un dictamen pericial a cargo del Instituto
Colombiano Agustín Codazzi, o el profesional que se considere calificado, para que
dictamine el valor real de suelo al momento en que Catastro Distrital practicó la visita
al predio. Ello con la finalidad de esclarecer las posturas técnicas adoptadas por el
Distrito Capital de Bogotá, con ocasión de los diferentes avalúos obrantes en el
proceso.
Actuación en segunda instancia
11. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 4 de marzo de 2025,
denegó la prueba solicitada por la parte actora como quiera que no se subsume
dentro de los supuestos fácticos previstos en el inciso 4 del artículo 212 de la Ley
1437 de 2011.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
12. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de la expropiación
administrativa; y v) el análisis del caso en concreto.
Competencia de la Sala
13. Vistos el artículo 15017 de la Ley 1437, sobre la competencia del Consejo de
Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos del artículo 30818 de la Ley
1437 de 201119, sobre el régimen de transición y vigencia; y el artículo 1320 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto, en segunda instancia.
14. Agotados los trámites inherentes a la acción especial contencioso administrativa
prevista en el artículo 71 de la Ley 388, sin que se observe causal de nulidad que
pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.
15. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 26 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
17 “[…] Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código […]”.
18 “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012. […] Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la
entrada en vigencia. […] Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el
régimen jurídico anterior […]”.
19 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
20 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, ”por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
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Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de conformidad con los artículos
320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201221, norma aplicable al presente caso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el juez se limitará a conocer de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso.
Actos acusados
16. Los actos acusados son los siguientes:
16.1. La Resolución núm. 1105 de 14 de marzo de 201922 […]Por la cual se ordena
una expropiación por vía administrativa […] expedida por la Directora Técnica de
Predios del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá que resolvió:
[…]ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía administrativa en favor del
Instituto de Desarrollo Urbano IDU NIT 899.999.081-6, de una zona de -terreno que hace
parte de un inmueble de mayor extensión ubicado en la AK 86 12 51 IN 1 de la ciudad
de Bogotá D.C., con un área de 12611,07 M2 de terreno identificado con la cédula
catastral No. BS 46916 en mayor extensión, CHIP No. AAA01370MAW en mayor
extensión y matrícula inmobiliaria No. 50C-1334015 en mayor extensión, cuyo titular
inscrito del derecho de dominio objeto de expropiación es la sociedad AKARGO S.A.S
identificado con el Nit: 800.092.020-3 con una extensión de 12611.07 M2 de terreno,
conforme al registro topográfico 46986 elaborado por la Dirección Técnica de Predios
en el mes de marzo de 2018, y al informe técnico No. 3418 del 25 de febrero del 2019,
donde aparece delimitado y alinderado así: NORTE: del punto C al punto F, pasando
por el punto E, en línea quebrada y distancias sucesivas de 56.79 metros y 84.55 metros,
lindando en parte con área sobrante del mismo predio y en parte de propiedad particular,
ORIENTE: del punto F al punto A, en línea recta y distancia de 97.91 metros lindando
con la Avenida Ciudad de Cali, SUR: del punto A al punto lindero occidental con área de
expropiación E.A.A.B., en línea quebrada y distancias sucesivas de 13.26 metros, 18.54
metros y 124.01 metros, lindando en parte con área del predio en proceso de
expropiación por la E.A.A.B (2347.33 m²), y en parte con la Avenida Calle 12,
OCCIDENTE: del punto Cal punto lindero con área de expropiación E.A.A.B., en Línea
recta en distancia de 86.53 metros, lindando con propiedad particular y encerrando un
área de 12611.07 m², área de terreno objeto de la presente y que no hace parte de la
zona de terreno que es objeto de expropiación por vía judicial por la EAAB.
PARÁGRAFO PRIMERO: Se ordena al señor Registrador de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos Zona Centro, abrir folio de matrícula inmobiliaria al área objeto de
expropiación, precisando que los gravámenes, limitaciones e inscripciones que afecten
el inmueble en mayor extensión no deben ser trasladados al folio de matrícula
inmobiliaria segregado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez descontada la zona de terreno objeto de
expropiación por el IDU, de conformidad a los linderos descritos en la Escritura Pública
21 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
22Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) NroActua
2(.pdf) NroActua 2. Documento: folios:76-85
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N° 2072 de fecha 20 de diciembre de 2001, otorgada en la Notaria 50 del círculo de
Bogotá, queda un área restante de 3.177,4 m², de propiedad de la sociedad AKARGO
S.A.S identificado con el Nit: 800.092.020-3, los cuales se comprende de dos zonas de
terreno así: el área de 2.347,33 m², que actualmente se encuentra en proceso de
expropiación por parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y
un área de terreno de 830.07 m², que no es objeto de expropiación conforme al RT
46986, elaborado por la Dirección Técnica de Predios y reconocidos como cuerpo cierto;
los linderos del área restante se delimitan en dos zonas así: Zona 1: con área de 2347,33 m², alinderado así: POR EL NORTE: del punto D al punto E, en línea recta y distancia de 40.97 metros
lindando con propiedad particular. POR EL SURORIENTE: del punto E al C, en línea
recta y distancia de 56.79 metros lindando con área del predio afectada por la Reserva
Vial y que es objeto de adquisición. POR EL OCCIDENTE: del punto C al D en línea
recta y distancia de 39.79 metros lindando con propiedad particular. Zona 2: con un área de 830.07 M², alinderado así: POR EL NORTE: del punto lindero occidental comprendido entre el punto B y C, hacia
el lindero oriental, en línea recta de 124.01 metros lindando con área objeto de
adquisición. POR EL SUR: del punto B en dirección al punto A, en línea recta y distancia
de 139.52 metros lindando con la Avenida Calle 12.POR EL ORIENTE: desde el lindero
sur comprendido del punto intermedio entre el punto B y A, en línea recta de 18.54
metros hacia el lindero norte, lindando con área objeto de adquisición. POR EL
OCCIDENTE: del punto B en dirección al punto C en línea recta y distancia de 20.59
metros lindando con propiedad particular. PARÁGRAFO TERCERO: Que en cumplimiento a los lineamientos señalados en la
Instrucción Administrativa Número 10 del 18 de abril de 2018, mediante la cual indica
los lineamientos establecidos, para la validación de los documentos radicados por el
Instituto de Desarrollo Urbano IDU, con ocasión del proceso de adquisición de bienes
inmuebles para desarrollo vial, en la presente Resolución con relación al inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 50C-1334015 en mayor extensión y RT 46986 de
la Dirección Técnica de Predios se deja constancia que: La identificación del inmueble como jurídicamente obra en su antecedente registral es
cabida y linderos: "LOTE DE TERRENO CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIARIA DE
27.788.47 M2 CUYOS LINDEROS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES OBRAN EN LA
ESCRITURA 1848 DE 28-05-93 NOTARIA 32 DE SANTAFÉ DE BOGOTA, SEGÚN
DECRETO 1711 DE 06-07-84"
La descripción cabida y linderos indicados en el folio de matrícula inmobiliaria no
corresponde a la actual realidad física del inmueble. La zona de terreno objeto de adquisición corresponde al proyecto vial con destino a la
obra Av Alsacia desde la Av Tintal (Ak89) hasta Av Ciudad de Cali (Ak 86). No obstante, el objeto de la presente Resolución, se deja constancia que su descripción
no constituye declaración de la construcción que actualmente se encuentra en la zona
de terreno, construcción que será demolida atendiendo a los motivos de utilidad pública
y destinación específica para la realización obras de infraestructura vial del Distrito
Capital. ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. - El valor del precio
indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es de OCHO
MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO
TRECE PESOS ($8.605.731.113) MONEDA CORRIENTE el citado valor comprende: A)
La suma de OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS. ($ 8.562.916.530) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de valúo comercial de terreno. B) la suma de CUARENTA
Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($42.814.583) MONEDA CORRIENTE, por concepto de daño emergente., de
conformidad con el Informe Técnico de Avalúo Comercial No.
2018-0869 de 02/10/2018,
elaborado por la Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información
Económica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, y el
informe de reconocimiento económico de fecha 15 de febrero del 2019, elaborado por
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el grupo económico de la Dirección Técnica de Predios- Instituto de Desarrollo Urbano.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del cálculo del impuesto de Registro
(Beneficencia) y derechos de Registro se establece que el valor del precio
indemnizatorio del inmueble objeto de expropiación es la suma de OCHO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA PESOS. ($8.562.916.530) MONEDA CORRIENTE, por
concepto de avalúo comercial terreno, el anterior valor será el único que se deberá tener
en cuenta para todos los efectos derivados o inherentes a los costos del impuesto de
registro (beneficencia) y derechos de registro.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Que la presente resolución de expropiación, no implica la
aplicación del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que establece la cesión de los contratos
de servicios públicos con ocasión a la transferencia del dominio: "En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los contratos de servicios
públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa. La cesión operará de
pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio", teniendo en cuenta que los predios
adquiridos por el IDU por motivos de utilidad pública e interés social son destinados
exclusivamente a la construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble con vocación de
domicilio para convertirse en un bien de uso público dejando por ello de ser destinatario
de servicios públicos domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo responsable del
consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta el traslado de los mismos a los
señores AKARGO S.A.S identificado con el Nit: 800.092.020-3.
ARTICULO TERCERO.- FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se efectuará por la
Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, previa autorización expresa y escrita de la
Dirección Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: un cien
por ciento del valor del precio indemnizatorio, ósea la cantidad de OCHO MIL
SEISCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO
TRECE PESOS ($8.605.731.113) MONEDA CORRIENTE, el cual será puesto por parte
de la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano a disposición del Juzgado 14 Laboral
del Circuito de Barranquilla de acuerdo al oficio No. 798 del 8 de julio de 2011, dirigido
al proceso radicado 2010-00177 instaurado por VALERIO SUAREZ BADILLO
identificado con cédula de ciudadanía No. 721247725 en contra de TRASPORTES
ESPECIALES A.R.G. S.A. identificado con el Nit: 8000920203 acto debidamente
registrado en la anotación No.15 del folio de matrícula Inmobiliaria 50C- 1334015, si
quedare remanente se pondrá a disposición del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Colombia S.A. BBVA antes Banco Ganadero de Colombia identificado con el Nit
8600030201, en atención a las anotaciones No. 4 y 12 hipoteca abierta del Folio de
Matricula Inmobiliaria 50c-1334015 en mayor extensión, de quedar algún remanente
luego de cancelar las anteriores obligaciones se colocara a disposición de los señores
AKARGO S.A.S identificado con el Nit: 800.092.020-3, en calidad de titular del derecho
real del dominio, una vez ejecutoriada la presente resolución y efectuados los
respectivos tramites financieros.
PARÁGRAFO PRIMERO. Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto a
disposición Juzgado 14 laboral del circuito de Barranquilla de acuerdo al oficio No. 798
del 8 de julio de 2011 acto debidamente registrado en la anotación No.15 del folio de
matrícula Inmobiliaria 50C-1334015, o acreedor hipotecario o AKARGO S.A.S, no es
retirado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, éste se consignará en la entidad
financiera autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del
artículo 70 de la ley 388 de 1997, remitiendo copia de la consignación al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, considerándose que de esta manera ha quedado
formalmente efectuado el pago.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se
efectuarán los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones
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aplicables, contemplados en la normatividad vigente, además de la partida equivalente
al Daño Emergente, se descontará el valor que tenga que asumir el Instituto de
Desarrollo Urbano por concepto de los pagos que haya realizado con motivo del traslado
de acometidas o taponamientos de servicios públicos que hay necesidad de realizar en
el predio objeto de la presente expropiación.
PARAGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de dinero correspondiente al
único contado, se deberá verificar el estado de cuenta por la contribución de
valorización; en caso de existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a la
compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del código civil colombiano.
PARÁGRAFO CUARTO: De igual manera se descontará del rubro equivalente al Daño
emergente, el valor correspondiente al pago de los derechos de registro predio a adquirir
por IDU y del impuesto de Beneficencia predio a adquirir por IDU, cuyo pago el Instituto
de Desarrollo Urbano efectuará directamente a las entidades correspondientes.
ARTÍCULO CUARTO. APROPIACIONES PRESUPUESTALES. - El valor total de la
adquisición se encontraba amparado en el presupuesto del Instituto de Desarrollo
Urbano I.D.U. Según certificado de registro presupuestal No. 3977 del 22 de octubre del
2018, expedido por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad, la Dirección
Técnica Administrativa Financiera.
ARTÍCULO QUINTO. DESTINACIÓN. La zona de terreno objeto de expropiación será
destinada para la construcción de la Obra Av Alsacia desde la Av Tintal (Ak89) hasta Av
Ciudad de Call (Ak 86),
ARTICULO SEXTO. SOLICITUD CANCELACIÓN OFERTA, GRAVÁMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO. - Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, se ordena cancelar las siguientes
anotaciones del Folio de Matricula Inmobiliaria 50C-1334015 en mayor extensión de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Centro:
Anotación No. 17 del Folio de Matricula Inmobiliaria 50C-1334015 en mayor
extensión de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Centro,
donde se encuentra registrada el oficio 3251066171 del 6 de noviembre del 2018
la Resolución No. 4869 del 16 de octubre del 2018 "POR LA CUAL SE
DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UNA ZONA DE TERRENO QUE SEGREGA
DEL INMUEBLE EN MAYOR EXTENSION POR EL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA DE
COMPRA".
ARTÍCULO SÉPTIMO. ORDEN DE INSCRIPCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 68 núm. 4 de la Ley 388 de 1997, ORDENASE al (a) señor (a) Registrador (a)
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Centro, inscribir la presente
resolución en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1334015 en mayor extensión,
con lo que se surtirán los efectos atinentes a la transferencia del derecho de dominio de
la zona de terreno en cabeza del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU,
identificada con Nit No. 899.999.081-6.
PARÁGRAFO: Se ordena al Señor Registrador de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, Zona Centro, abrir folio de matrícula inmobiliaria al área objeto
de expropiación, precisando que de acuerdo con lo ordenado en el artículo anterior, los
gravámenes, limitaciones e inscripciones que afecten el inmueble en mayor extensión
no deben ser trasladados al folio de matrícula inmobiliaria segregado.
ARTICULO OCTAVO. ENTREGA. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70
numeral 3 de la Ley 388 de 1997, efectuado el registro de la presente resolución el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO exigirá la entrega de la zona de terreno
identificada en el artículo primero (1°), para lo cual, en caso de renuencia del expropiado,
acudirá al auxilio de las autoridades de policía.
ARTÍCULO OCTAVO (sic).- Notifíquese la presente resolución de conformidad con las
reglas establecidas en el artículo 66 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo a los señores AKARGO S.A.S identificado con el Nit:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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800.092.020-3, haciéndole saber que contra la presente solo procede el recurso de
reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 69 de la ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo
76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
PARAGRAFO: Comuníquese del presente acto administrativo al Juzgado 14 Laboral del
Circuito de Barranquilla y al Banco ganadero ahora Banco BBVA, y a la empresa de
Acueducto Alcantarillado de Bogotá, para los fines pertinentes. […].
16.2. La Resolución núm. 2156 de 23 de mayo de 201923 […]"Por la cual se resuelve
un recurso de reposición […]." expedida por la Directora Técnica de Predios del
Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá que resolvió:
[…]ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución número
1105 del 14 de marzo del 2019 "Por la cual se ordena una expropiación por vía
administrativa" a favor del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, de la zona de terreno que
hace parte del inmueble ubicado en la AK 86 12 51 IN 1 de la ciudad de Bogotá D.C.,
con un área de 12611,07 M2 de terreno identificado con 7 la cédula catastral No. BS
46916 en e mayor extensión, CHIP No. AAA0137OMAWen en mayor extensión y
matrícula inmobiliaria No. 50C-1334015 en mayor extensión, cuyo titular inscrito del
derecho de dominio objeto de expropiación es la sociedad AKARGO S.A.S identificado
con el Nit: 800.092.020-3, conforme al registro topográfico 46986 elaborado por la
Dirección Técnica de Predios en el mes de Marzo de 2018, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución al doctor JORGE PABLO
CHALELA ROMANO, Identificado con cedula de ciudadanía No. 13.361.594 de
Norte Santander en su condición de apoderada la sociedad AKARGO S.A.S
identificado con el Nit: 800.092.020-3, de acuerdo con las reglas establecidas en el
artículo 68 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, informándole que contra la presente providencia no procede recurso
alguno y queda agotada la actuación administrativa, según lo establecido en el
artículo 69 de la Ley 388 de 1997[…].
Problema jurídico
17. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación
interpuesto, determinar si: i) la parte demandada incurrió, en el avalúo oficial, en
alguna incorrección o defecto que afectara el precio indemnizatorio; y ii) si se
desconocieron las pruebas presentadas por la parte demandante encaminadas a
desvirtuar el avalúo oficial.
18. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la
23
. Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) NroActua
2(.pdf) NroActua 2. Documento: folios:52-63
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nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho
solicitado y, en consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
19. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:
Marco normativo de la expropiación administrativa
20. Visto el artículo 58 de la Constitución Política, “[…] [p]or motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador,
dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior
acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. […]”.
21. El capítulo VIII de La Ley 388 regula la expropiación administrativa, la cual está
compuesta por varias etapas: i) la declaratoria de urgencia, de conformidad con los
artículos 63 a 65 ibidem, que indica que por motivos de utilidad pública o interés social
se puede expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás
derechos reales sobre terrenos e inmuebles; ii) la oferta de compra, en los términos
del artículo 66 ibidem; iii) la negociación del precio; iv) la enajenación voluntaria; y v)
la decisión de expropiación, en caso de no lograrse un acuerdo en la etapa de
enajenación voluntaria, como se explicará infra.
22. Visto el artículo 66 ibidem, la decisión de expropiación por la vía administrativa
deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento correspondiente, mediante
acto administrativo formal, el cual se notificará al titular del derecho de propiedad
sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la entidad
expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto constituirá la oferta de
compra dirigida a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.
23. Visto el artículo 67 ibidem, en el acto que determine el carácter administrativo
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de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se
reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza
para los efectos previstos en el artículo 61 ibidem24. Además, la entidad deberá
precisar las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán
prever el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento
(60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco
(5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés
bancario vigente en el momento de la adquisición voluntaria.
24. El pago del precio indemnizatorio se podrá realizar en dinero o títulos valores,
derechos de construcción y desarrollo, de participación en el proyecto o permuta.
En todo caso el pago se hará siempre en su totalidad de contado cuando el valor de
la indemnización sea inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
al momento de la adquisición voluntaria o de la expropiación.
25. Visto el artículo 68 de la Ley 388, sobre la decisión de la expropiación, que
dispone:
“[…] Artículo 68º.- Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose determinado
que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía administrativa, y
transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo de que trata el artículo 66 de la presente Ley, sin que se haya llegado
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de
promesa de compraventa, la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado
la expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo
siguiente:
1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación.
2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.
3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de
utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las condiciones de
urgencia que se hayan declarado.
4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado en la
correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los efectos de
que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que
haya dispuesto la expropiación.
24
Artículo 67 Ley 388.
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5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos
reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que legalmente
procedan en vía gubernativa […]”.
26. De acuerdo con las normas indicadas supra, el Estado puede adquirir el bien
inmueble por medio de una enajenación voluntaria que implica un acuerdo formal
de voluntades entre las partes; sin embargo, si esto no es posible dentro del término
de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo
que determina que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía
administrativa, la autoridad competente, mediante un acto administrativo motivado,
debe ordenar la expropiación.
27. La expropiación por vía administrativa conlleva la obligación, a cargo de la
entidad, de reconocer una indemnización justa y plena que comprenda el valor del
bien inmueble objeto de expropiación y los perjuicios toda vez que esta “[…]
constituye “[…] un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral” […]”25.
28. La Ley 388 fue reglamentada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto
1420 de 1998, cuyas disposiciones regulan los procedimientos, parámetros y
criterios para la elaboración de los avalúos que determinan el valor comercial.
29. Visto el artículo 2.° ibidem, el valor comercial de un inmueble es el precio más
favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el
vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y
jurídicas que afectan el bien. En efecto, la determinación del valor comercial de los
inmuebles la debe realizar, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de
carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar
donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración26.
30. Visto el artículo 20 ibidem, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de febrero de 2020, C.P. Dra.
Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 08001233100019971225601.
26
Artículo 3.° Decreto 1420 de 1998.
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que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y
autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método
utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las
edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal
estimación.
31. Visto el artículo 21 ibidem, para determinar el valor comercial se deben tener en
cuenta los siguientes parámetros:
“[…] La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.
La destinación económica del inmueble.
Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se
realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de
los coeficientes de copropiedad.
Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad
de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada
uno de ellos.
Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el
inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación
para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se
determinará en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte
afectada del inmueble para establecer su valor comercial.
Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de
ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se
dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.
Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado,
el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la
depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de
conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho
inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien,
utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse
en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.
La estratificación socioeconómica del bien […]”
32. Visto, el artículo 22 ibidem, para la determinación del valor comercial de los
inmuebles, se deberá tener en cuenta, por lo menos, las siguientes características:
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33. Para el terreno:
• Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma.
Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección.
• Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio.
• Tipo de construcciones en la zona.
• La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios
públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de
transporte.
• En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse
en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
• La estratificación socioeconómica del inmueble.
34. Para las construcciones:
• El área de construcciones existentes autorizadas legalmente.
• Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados.
• Las obras adicionales o complementarias existentes.
• La edad de los materiales.
• El estado de conservación física.
• La vida útil económica y técnica remanente.
• La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido.
35. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas
comunes.
36. Visto el artículo 25 ibidem, para la elaboración de los avalúos que se requieran
con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388, se deberá aplicar uno de los
siguientes métodos: el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual.
37. En suma, para elaborar el avalúo y determinar el valor del bien inmueble objeto
de expropiación administrativa, la autoridad debe tener en cuenta la reglamentación
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urbanística municipal vigente y criterios de carácter objetivo; además, este no puede
incorporar meras expectativas sino hechos ciertos y verificables.
Precio indemnizatorio justo: Reconocimiento del daño emergente y el lucro
cesante
38. Visto el artículo 58 de la Constitución Política prevé que, por motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, el Estado podrá adelantar una
expropiación por vía judicial o administrativa, mediante una indemnización previa,
la cual se debe fijar consultado los intereses de la comunidad y del afectado.
39. Visto el artículo 67 de la Ley 388, sobre la indemnización y forma de pago, prevé
que en “[…] el mismo acto que determine el carácter administrativo de la
expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá
a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los
efectos previstos en el artículo 61 de la presente ley. Igualmente se precisarán las
condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el
pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento (60%)
del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco (5)
contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario
vigente en el momento de la adquisición voluntaria […]”.
40. La Corte Constitucional ha considerado que la indemnización debe ser justa y
ponderar los intereses de la persona afectada y de la comunidad; asimismo, es
necesario atender el principio de igualdad para que los particulares no tengan que
soportar una carga pública desproporcionada que afecte el acceso a la propiedad.
41. En la sentencia C-476 de 2007, esa Corporación explicó que, por regla general,
la indemnización no se limita al precio del bien, toda vez que esta puede incluir los
daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la expropiación; sin embargo,
esta es diferente a la indemnización prevista en el artículo 90 de la Constitución
Política porque el artículo 58 ibidem no se refiere a un daño antijurídico, sino a una
carga que debe soportar el particular.
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42. Además, reiteró que la indemnización que procede como consecuencia de la
expropiación no se fundamenta exclusivamente en los intereses privados, toda vez
que esta debe tener en cuenta el bienestar común. Por lo tanto, en algunos casos,
cuando los intereses de la comunidad asumen una relevancia especial, la
indemnización cumple una función compensatoria; no obstante, también puede
ocurrir que los intereses de la persona afectada tengan una importancia
constitucional especial y, en este caso, la indemnización tiene una función
restitutiva.
43. La Corte Constitucional explicó en la sentencia C-1074 de 2002 las reglas
generales que rigen la indemnización, en el marco de la expropiación, así:
“[…] De lo anterior, a la luz de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional en
la materia, se deducen las siguientes conclusiones:
1. No puede haber expropiación sin indemnización;
2. La indemnización debe ser previa al traspaso del dominio del bien del particular al
Estado;
3. La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser fijada teniendo en cuenta los
intereses de la comunidad y del afectado y, por lo tanto, esos intereses deben ser
ponderados caso por caso. La ponderación dentro del marco legal y constitucional la
hará el juez civil en el evento de expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante
o el juez contencioso en el evento de la expropiación por vía administrativa;
4. La función de la indemnización es, por regla general, de orden reparatorio.
Comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. No obstante, en algunas
circunstancias, al ser consultados los intereses de la comunidad y asumir dichos
intereses un peso especial, ésta puede reducirse y cumplir tan sólo una función
compensatoria. De otra parte, en circunstancias diversas, al ser consultados los
intereses del afectado y adquirir éstos una relevancia constitucional especial, como
en el evento de la vivienda familiar y en otros que serán precisados en esta sentencia,
la indemnización puede, tanto en su monto como en su forma de pago, asumir una
modalidad que la lleve a cumplir una función restitutiva.
5. La indemnización no tiene que ser siempre pagada en dinero en efectivo, pero si se
paga la indemnización con instrumentos distintos al dinero, éstos han de reunir por lo
menos las siguientes características: i) No pueden transformar el pago de la
indemnización previa, en un pago futuro, posterior a la trasmisión del dominio del bien
expropiado; (ii) deben garantizar un pago cierto de la obligación y no meramente
simbólico o eventual; (iii) deben constituir un medio legal de pago de obligaciones, de
tal forma que realmente constituyan para el afectado una indemnización; (iv) deben
permitir que el valor de la indemnización por expropiación reconocido como justo, en
el caso concreto, se mantenga en el tiempo, si el expropiado actúa en los negocios
diligentemente; (v) deben ser libre y efectivamente negociables, a fin de garantizar
que el afectado pueda convertirlos, en dinero en el momento en que lo desee,
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inclusive al día siguiente del traspaso del dominio del bien; (vi) no pueden ser
revocados unilateralmente por la entidad que los emite […]”27.
44. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 6
de febrero de 2020, con fundamento en los artículos 21.228 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos29 y 1730 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, reiteró que la expropiación conlleva la obligación de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio. Además, esta Corporación explicó lo siguiente:
“[…] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un
bien del dominio privado comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por
defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o
que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado
por el constituyente.
[…]
No sobra precisar que, para poder obtener la reparación de los daños accesorios que
hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos
sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la
decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su
ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no
pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido
entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento,
pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar
lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos
aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe
ninguna duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta
completamente indiferente que aquél ya se haya presentado como un hecho existente
en el plano ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y directa de un
estado de cosas actual. Al fin y al cabo, el daño futuro no es sino una modalidad del
daño cierto, tal como lo ha sostenido, en reiteradas oportunidades esta Corporación.
En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser
acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de
27 Corte Constitucional C-1074 de 4 de diciembre de 2002, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
28 “[…] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa,
por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley […]”
29 Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30 de
diciembre de 1972.
30 “[…] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo
cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya
una justa y previa indemnización […]”
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lesiones ya causadas o de daños que, si bien no se han producido todavía, existe una
alta probabilidad en torno a su ocurrencia […]”31.
45. De acuerdo con lo expuesto, cuando la persona afectada acude a la jurisdicción
contenciosa administrativa porque, a su juicio, la indemnización no fue justa y plena,
le asiste la carga de probar la existencia de los perjuicios que reclama -daño
emergente y lucro cesante- y su nexo de casualidad con el acto que dispuso la
expropiación.
Acervo probatorio
46. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub examine
son las siguientes32:
• Resolución núm. 4869 de 16 de octubre de 2018 […]Por la cual se formula
una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición predial […]."
expedida por la Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo
Urbano de Bogotá.
• Resolución núm. 1105 de 14 de marzo de 2019 […] Por la cual se ordena una
expropiación por vía administrativa RT 46986 […]." expedida por la Directora
Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá.
• Resolución núm. 2156 de 23 de mayo de 2019 […] Por la cual se resuelve
un recurso de reposición […]” expedida por la Directora de Predios del
Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá.
• Informe técnico de Avalúo Comercial 2018-0869 de 21 de septiembre de
2018 proferido por la Gerencia de Información Catastral- Subgerencia de
Información Económica de la Unidad Administrativa Especial Catastro
Distrital.
• Avalúo Comercial realizado por el Ingeniero Catastral Henry Alberto Pino
Ruiz de fecha 12 de agosto de 2019.
• Informe de avalúo 2018-1640 RT.505593 (CHIP AAA-0143 YCRU) Calle 15
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña
Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 08001233100019971225601
32 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) NroActua
2(.pdf) NroActua 2.
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29
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#88D-60.
47. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas obrantes en el expediente,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.
Análisis del caso concreto
Argumentos objeto de pronunciamiento
48. De conformidad con los marcos normativos y desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Incorrección del avalúo respecto al valor comercial de los bienes inmuebles
objeto de expropiación
49. La parte demandante indicó que el avalúo oficial calculó la edificabilidad del
terreno con fundamento en un índice de construcción básico, que afecto
directamente en la estimación del precio de indemnización, bajo el argumento de la
inaplicación de la norma que adoptó el plan de desarrollo Tintalito Mazuera Alsacia
Oriental y que condujo a desconocer lo previsto en el Decreto 327 de 2004.
50. Para resolver este argumento de apelación, la Sala recuerda que la
jurisprudencia, con fundamento en la normativa que regula el asunto, ha
considerado que el precio indemnizatorio está amparado por la presunción de
legalidad al ser incorporado al acto administrativo que ordena la expropiación, por
lo tanto, la parte demandante tiene la carga de probar cuál es error o la incorrección
del avalúo oficial. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante sentencia proferida el 20 de febrero de 2020, precisó lo siguiente:
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30
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“[…] Esta Corporación ha sostenido que al haber sido incorporado el avalúo
comercial al acto administrativo, este goza de presunción de legalidad y debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien
recurre, en este caso, demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección. La Sala ha indicado sobre este
particular:
«[…] la Sala recuerda que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de esta
Corporación en la cual se ha sostenido que el precio establecido en los actos
acusados se encuentra amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser desvirtuada a través de
los diferentes medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no
ocurrió en el sub lite.
Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al analizar objeciones frente
al avalúo que sirvió de fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la
misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección”33 (negrillas
fuera de texto).
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección34 sostuvo que “todo lo
anterior conduce a la Sala a considerar que debe tenerse como válido, creíble
y fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin
que el mismo pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien tenía
la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como lo concluyó
el juez de primera instancia, el actor no logró demostrar la incorrección del
avalúo en virtud del cual el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo
precio de la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que lo incorporó
[…]»35 […]”36. (Destacado fuera de texto)
51. Además, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que el
dictamen pericial es la prueba idónea para acreditar la incorrección del avalúo
oficial; en la sentencia proferida el 30 de abril de 2020, indicó lo siguiente:
33
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Radicado:
2005-03509. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 17 de marzo de 2011. Radicado:
2005 – 00273. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias la 31 de mayo de 2018,
Rad.: 2008 – 0074. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
35
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS. Sentencia de quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 25000-23-24-
000-2011-00196-01. Actor: Daniel Patiño Parra. Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López; sentencia de
20 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 25000232400020110011501.
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“[…] Con fundamento en las anteriores premisas, en nuestro ordenamiento jurídico
la prueba idónea para demostrar la incorrección del avalúo oficial que determinó el
valor comercial de un bien inmueble objeto de expropiación es el dictamen pericial
y, en consecuencia, tal y como lo estimó el a quo, el avalúo presentado por el actor
con la demanda, siendo una prueba documental, no resulta conducente para esa
finalidad […]”37.
52. La determinación del valor comercial del bien inmueble tiene un carácter técnico,
toda vez que este se fundamenta en varios criterios y parámetros como la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente, la destinación económica
del inmueble, los valores unitarios para cada una de las construcciones del terreno,
aspectos físicos, la clase del suelo, las construcciones en la zona, la estratificación
socio económica del bien inmueble, las construcciones existentes, entre otros;
asimismo, para establecer el valor comercial del bien inmueble debe acudirse a los
métodos previstos en la normativa.
53. En este orden de ideas, la parte demandante debe realizar un esfuerzo
probatorio para desvirtuar la corrección del avalúo oficial.
54. El artículo 67 de la Ley 388, sobre la indemnización y forma de pago, prevé que
en “[…] el mismo acto que determine el carácter administrativo de la expropiación,
se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los
propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos
previstos en el artículo 61 de la presente ley. Igualmente se precisarán las
condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el
pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento (60%)
del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco (5)
contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario
vigente en el momento de la adquisición voluntaria […]”.
55. La Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital, a través del Avalúo 2018-
0869 RT 46986-IDU de fecha 21 de septiembre de 2018 determinó el valor del
terreno identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-1334015 en $8.562.916.530,
en los siguientes términos:
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés;
sentencia de 30 de abril de 2020; núm. único de radicación: 05001233100020030050001
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56. Respecto de la reglamentación urbanística precisó:
[…]Ante la suspensión provisional del Decreto 364 de 2013, modificación excepcional
del Decreto 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial POT; por parte del Consejo
de Estado, el Ministerio de Vivienda, emitió concepto donde considera que entra en
vigencia de nuevo el Decreto 190 de 2004, que para este predio reglamenta:
NORMATIVIDAD URBANISTICA UPZ 78 sin Decreto, Decreto Distrital 327
de 2004 y el Decreto Distrital 436 de 2006
AREA DE ACTIVIDAD Urbana Integral – Zona Residencial
[…]
Para determinar los usos del suelo se requiere conocer la categoría del suelo a la que
pertenece, encontrando que el predio se encuentra localizado dentro de la demarcación
definida como suelo urbano según la Ley 388 de 1997.
En lo especifico, según el Decreto Distrital 190 de 2004 y los planos de clasificación del
suelo que lo complementan, el predio objeto de estudio se encuentra formando parte de
los suelos de área urbana de Bogotá localizados al sur occidente de la ciudad.
De otra parte y con miras al desarrollo urbanístico, el predio objeto de avalúo hace parte
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del Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental, el cual a la fecha del presente informe
se encuentra en formulación, razón por la cual para el avalúo del predio se aplica el
Decreto 327 de 2007 (Tratamiento de desarrollo) y el Decreto 436 de 2006 (Planes
parciales de tratamiento de desarrollo)
[…]
Según el plano adoptado por el Decreto 469 de 2003 denominado “índices de desarrollo”
el inmueble objeto de avalúo se encuentra clasificado dentro del RANGO 3
El índice de construcción se calculará sobre el área neta Urbanizable, tal como la define
el Glosario del Plan de Ordenamiento Territorial vigente. Para acceder a un índice de
construcción mayor al básico establecido en el presente artículo, se aplicarán los
mecanismos definidos en el capítulo 8 del presente Decreto.
a) La edificabilidad de los sectores sometidos a planes parciales será el resultado del
reparto de cargas y beneficios, sin superar los índices de construcción máximos
establecidos en el cuadro anterior, cumpliendo con las normas volumétricas, el
equipamiento comunal privado, los estándares de habitabilidad establecidos en el
presente decreto, y los índices de ocupación y previstos en el presente artículo,
b) Los índices de ocupación para proyectos que se desarrolle por el sistema de
agrupación de vivienda y los usos complementarios de escala vecinal, resultarán de la
aplicación de las normas volumétricas y de equipamiento comunal privado y en ningún
caso serán superiores a 0,28 sobre el área neta urbanizable, con excepción de los
proyectos de vivienda desarrollados como máximo en tres pisos, los cuales podrán
alcanzar un índice máximo de ocupación de 0.33 sobre el área neta urbanizable.
c. Los índices de ocupación para los predios con usos dotacionales, usos industriales o
usos de comercio y servicios de escala metropolitana, urbana y zonal, resultaron de la
correcta aplicación de las normas volumétricas, de equipamiento comunal privado y
demás normas que definan los planes parciales, los planes de implantación u otros
instrumentos de planificación y en ningún caso serán superiores a 0,45 del área neta
urbanizable
[…]
4.1. USOS PRINCIPALES: Residencial
4.2. USOS COMPLEMENTARIOS: Uso múltiple, es decir, se permite la mezcla de usos
de vivienda, comercio, servicios, industria y dotaciones. Los usos diferentes de la
vivienda no podrán superar el 35 del área útil del plan parcial o del proyecto.
4.3. USOS RESTRINGIDOS: Aquellos no explícitos como uso principal o
complementario
57. Respecto de los métodos del avalúo, cálculos y justificación de resultados
manifestó:
El presente informe cumple con las normas legales del Decreto 1420 de 1998 y las
metodologías establecidas en la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi. En desarrollo del trabajo se utilizaron los siguientes métodos para
determinar los valores reportados.
7.1 PARA EL VALOR DEL TERRENO: Para la determinación del valor comercial del
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terreno en estudio y de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 1420 del 24 de julio
de 1998, expedido por la Presidencia de la República, Ministerios de Hacienda y
Desarrollo y su correspondiente Resolución Reglamentaria No. 0620 de octubre de
2008, expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, así como también por las
premisas básicas del presente informe, se utilizó el método (técnica) Residual.
[…]
Ahora bien, tal como se mencionó en el capítulo 4 del presente informe, el predio objeto
de avalúo se encuentra en suelo urbano, en el Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia
Oriental, el cual se encuentra en proceso de formulación, por tanto, rige lo dispuesto en
el Decreto 327 de 2004 (Tratamiento de desarrollo) y el Decreto 436 de 2006 (Planes
parciales de Tratamiento de desarrollo).
Aplicación del Método: Aclarado lo anterior, para la aplicación de este método se parte
del principio de mayor y mejor uso el cual se logra establecer a partir de evaluar las
actuales condiciones de uso, actividad edificadora y proyectos en desarrollo en la zona.
Tal como menciona la normativa, es indispensable que además de la factibilidad técnica
y jurídica se evalúe la comercial del proyecto o sea la real posibilidad de vender lo
proyectado.
Proyecto Constructivo: Una vez evaluado lo anterior, la factibilidad técnica, jurídica y
comercial del proyecto, acorde con los títulos del predio, la normatividad vigente y de
conformidad con el mercado del bien final vendible, se establece el proyecto constructivo
a proyectar sobre el inmueble de la siguiente manera:
Potencial de desarrollo: Se establece el potencial de desarrollo así:
Las áreas a considerar en el presente ejercicio se tomaron del Documento Técnico de
Soporte del Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental, en proceso de formulación,
que cuenta con concepto favorable de viabilidad de la Secretaria Distrital de Planeación
SDP, mediante la Resolución No. 978 de 2007.
El Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental presenta un área bruta total de
563.398,48 metros cuadrados.
Esta área se presenta a su vez en dos Unidades de Gestión: la UGI con un área de
274.878,19 metros cuadrados y la UG2, con un área de 288.520,29 metros cuadrados.
Estas unidades están diferenciadas por la obligatoriedad de la UGI de plantear el uso
dotacional, adicional a otros usos, mientras que la G2 plantea únicamente otros usos.
Con base en estas unidades de gestión se plantea el análisis normativo de ocupación
del suelo, de afectaciones y cesiones con el fin de determinar el área neta urbanizable
y el área útil así:
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Realizado el análisis anterior, tenemos como resultado un cuadro de áreas consolidado
por usos del suelo, donde, los otros usos del suelo se definen como uso residencial dado
que es el uso básico y que el Plan Parcial no está reglamentado y no podemos suponer
cesiones adicionales para desarrollo de otros usos diferentes a vivienda.
Tenemos entonces un área útil:
Para usos dotacionales de 135.085.96 m2
Para uso residencial de 108.914.27 m2
Una vez consolidadas las áreas potenciales por usos, se plantea el análisis del potencial
de desarrollo del uso dotacional de la unidad de gestión UGI bajo indicadores de valor
como uso residencial, para lo cual, al valor del suelo obtenido para el uso residencial, se
le aplicará un factor (0.58, obtenido éste a partir de estudios realizados por la UAECD
para desarrollos urbanísticos en el conjunto CIUDADELA EL RECREO III).
Proyecto Residencial Multifamiliar Estrato 3 Tope.
Aclarado lo anterior, procedemos con el análisis de edificabilidad para un producto
multifamiliar por agrupación de vivienda así:
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Con base en la viabilidad comercial, técnica y financiera del proyecto, específicamente
para cada uno de sus usos, se plantean los índices de construcción, ocupación y área
construida, en concordancia con el Decreto 327 de 2004 (Tratamiento de desarrollo) y
el Decreto 436 de 2006 (Planes parciales de Tratamiento de desarrollo).
Estimación del monto total de las ventas: Se analiza el tipo de producto definido como
Proyecto Residencial Multifamiliar Estrato 3 Tope, permitido en el Decreto 327 de 2004
(Tratamiento de desarrollo) y el Decreto 436 de 2006 (Planes parciales de Tratamiento
de desarrollo).
Se considera el producto residencial de mayor comercialización en la zona, posterior a
su costeo y descuento de utilidad. Para este resultado, es necesario contar como insumo
con el valor de ventas de un proyecto residencial multifamiliar de demanda en el sector
objeto de análisis, el cual se determina como estrato 3 con características máximas.
En el sector de la Avenida Ciudad de Cali, a escasas calles del predio objeto de avalúo
se localizan diversos proyectos de construcción nueva tipo apartamento, de los cuales
es posible hallar los siguientes productos:
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Del análisis de la muestra se obtiene un valor promedio de venta de $ 4.448.486/m2,
con un límite inferior de venta de $ 4.203.983/m2 y superior de $ 4.692.989/m2.
Teniendo en cuenta las características del proyecto en estudio se toma el valor
promedio, es decir, $ 4.448.486/m2 Valor que incluye I parqueadero.
Estimación de los Costos Totales
Costo total unitario de construcción: Para los ejercicios potenciales se realizaron los
correspondientes presupuestos por parte de la UAECD los cuales arrojaron los
siguientes valores unitarios de costo directo:
Costos financieros y de gerencia del proyecto: teniendo en cuenta los volúmenes y
unidades requeridas para el proyecto planteado, los costos financieros se han
determinado sobre el 60% de los costos indirectos a una tasa que corresponde al DTF
actual para proyectos. Estos valores se ven reflejados en los ejercicios potenciales
anexos.
Utilidad esperada: La utilidad esperada se establece en concordancia con el uso,
estratificación. El documento se ha guardado por última vez: Ahora mismo lo planteado,
condiciones de renta fija presentes en el momento del cálculo, así como la tasa interna
de retorno con valor presente de este proyecto como mínimo igual a cero. Acorde a lo
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anterior se ha establecido una utilidad esperada del 14% sobre el proyecto residencial
tipo 3.
Valor residual: Finalmente, una vez efectuados los cálculos de: Area Útil, Edificabilidad,
Equipamiento Comunal, Exigencia de Estacionamientos tanto privados como
comunales, Análisis de Ventas y Análisis de Costos, se obtiene el valor del terreno para
uso residencial.
Teniendo en cuenta el planteamiento inicial, para el potencial del uso dotacional
aplicamos los indicadores al valor del suelo correspondiente y tenemos:
58. De la transcripción parcial del avalúo oficial, se tiene que para efectos de
determinar las áreas brutas, netas y útiles y el índice de construcción si bien se tuvo
como “fuente primaria” el documento técnico de soporte del Plan Parcial Tintalito
Mazuera Alsacia Oriental, en lo que se refiere al índice de construcción se atendió
a lo previsto en el artículo 12 del Decreto 436 de 2006 “ por el cual se dictan
disposiciones comunes a los planes parciales en tratamiento de desarrollo, y se
establece la metodología para el reparto equitativo de cargas y beneficios” que
dispone:
[…]Artículo 12. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD
EN PLANES PARCIALES. De conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral
6 del artículo 362 del Decreto 190 de 2004, la edificabilidad de los predios sometidos a
planes parciales será resultante del reparto de cargas y beneficios, cumpliendo con los
estándares de habitabilidad, sin superar los índices de construcción máximos
establecidos en los cuadros de los numerales 6 y 7 del mismo artículo.
Para garantizar la equidad entre los propietarios de suelos y dar cumplimiento a los
lineamientos del Decreto 190 de 2004, que asume dicho reparto como un mecanismo
de financiación de los costos del desarrollo urbano, se establece lo siguiente:
1. Se define un índice de construcción resultante del reparto equitativo de cargas y
beneficios según producto inmobiliario tipo, que permite a los propietarios del suelo, en
proporción a los beneficios urbanísticos autorizados, la financiación de las cargas
locales y la cesión de suelo para los elementos definidos como cargas generales
señalados en el artículo 14 del presente Decreto.
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2. El índice de construcción resultante se descompone entre aquel necesario para la
financiación de las cargas locales y aquel que asegura las cesiones de suelo para las
cargas generales que requiere el modelo de ordenamiento de la ciudad.
3. En todo caso, en los planes parciales se deberá concretar la edificabilidad resultante
del reparto equitativo de cargas y beneficios, con el fin de asegurar la política de uso
eficiente del suelo establecida por el Decreto 190 de 2004. En consecuencia, el DAPD
no podrá autorizar planes parciales en los que la edificabilidad propuesta no atienda el
lineamiento de política señalado, salvo cuando el propietario manifieste expresamente
su intención de realizar las cesiones adicionales de suelo para elementos de cargas
generales, a pesar de concretar una edificabilidad inferior a la resultante del reparto
equitativo de cargas y beneficios.
4. Los propietarios podrán acceder a índices adicionales de construcción a los previstos
en el artículo 20 de este Decreto, los cuales corresponden al índice de construcción
resultante del reparto equitativo de cargas y beneficios, realizando aportes adicionales
de suelo, en función del mayor aprovechamiento que se les autorice, sin exceder los
máximos establecidos en el cuadro del numeral seis del artículo 362 del decreto 190 de
2004.[…]
59. En efecto, en el avalúo se precisaron los criterios para la determinación de la
edificabilidad del predio como resultado del reparto de cargas y beneficios,
cumpliendo con los estándares de habitabilidad, sin superar los índices de
construcción máximos establecidos en el citado decreto, aspecto que no podría
considerar la aplicación de mayores índices de construcción, como se estableció en
el Decreto 799 de 20 de diciembre 2018 “ por medio del cual se adopta el plan
parcial de desarrollo “Tintalito Mazuera Alsacia Oriental ubicado en la Localidad de
Kennedy y se dictan otras disposiciones” como quiera que su entrada en vigencia
fue posterior a la elaboración del avalúo oficial.
60. Se destaca que, según la norma previamente citada, los índices máximos de
construcción están condicionados al reparto equitativo de cargas y beneficios
urbanísticos entre los predios involucrados en un plan parcial, que únicamente
quedarán reglamentados una vez el plan parcial esté en la etapa de adopción
mediante decreto Distrital, mientras este hecho no se presentara el índice a tener
en consideración sería el básico.
61. Argumenta el recurrente que el avalúo aportado con la demanda estableció
como métodos para establecer el valor del terreno “el residual y el comparación o
de mercado”, los cuales sustentan en debida forma que el precio indemnizatorio a
la luz de lo previsto en los Decretos 327 de 2004, 436 de 2006 y el Decreto 799 de
20 de diciembre de 2018, debió ascender a un monto muy superior al estimado por
la parte demandada.
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62. La Sala, al examinar el avalúo aportado por la parte demandante de fecha 12
de agosto de 2019 rendido por el Ingeniero Catastral Henry Alberto Pino Ruiz
destaca los siguientes apartes del documento:
[…]Para determinar el valor comercial de terreno del inmueble, empleamos el siguiente
procedimiento que nos lleva a determinar su resultado final,
11.1.2. Método Residual. Es el que busca establecer el valor comercial del bien,
normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total de las ventas de un
proyecto de construcción, acorde con la reglamentación urbanística vigente y de
conformidad con el mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de avalúo.
Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar al monto total de las ventas
proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es
indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la factibilidad
comercial del proyecto, es decir la real posibilidad de vender lo proyectado.
En tal caso se planteó un proyecto acorde al sector y con la normatividad urbanística y
lineamientos establecidos en el Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental, con
concepto de viabilidad y estudio técnico de norma para la configuración de hechos
generadores de Plusvalía aprobados, para la fecha de valoración (Septiembre de 2018).
Así las cosas, se parte de los cuadros de áreas, índices y usos, mencionados en el
numeral 4 de Normatividad Urbanística, donde el desarrollo constructivo se proyecta a
ser realizado en 11 manzanas, con usos Dotacionales, Comerciales, Servicios y
Residenciales.
Para tal efecto, el área de delimitación del Plan Parcial presenta un área bruta de
563.398,48 m2, en donde 29.444,15 m2 se excluyen por corresponder a suelo no objeto
de reparto, para un suelo bruto final objeto de reparto de 533.954,33 m2, de los cuales
se realizan los descuentos establecidos de Reservas Viales, Estructura Ecológica
Principal que suman un total de 60.958,27 m2, para obtener de esta manera un Área
Neta Urbanizable (ANU) de 472.996,06 m2.
Se contemplan unas áreas de Control Ambiental de 20.221,51 m2, por lo cual el área
base para el Cálculo de cesiones es (ANU Control Ambiental), es decir 452.774,55 m2.
Se realizan los correspondientes descuentos de vías locales, Cesiones obligatorias de
Parques y Equipamientos Públicos y una cesión adicional de parque por Incremento de
Edificabilidad, para de esta manera obtener finalmente un área útil de 254.708,70 m2.
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Las áreas útiles se desarrollan conforme a la propuesta urbanística del Plan Parcial así
Los índices planteados son los correspondientes a la propuesta urbanística y a los
establecidos en el Estudio Técnico y Análisis Comparativo de Norma sobre la
Configuración de Hechos Generadores de Plusvalía Plan Parcial Tintalito Mazuera
Alsacia Oriental de fecha Junio 28 de 2017, así:
Obteniendo de esta manera un área total construida sin puntos fijos (que no incluye
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los cálculos por I.C.) de 704.698,16 m2.
Del área anterior se descuentan las correspondientes circulaciones adicionales que
van de acuerdo a cada tipo de producto inmobiliario para llegar a un Área Vendible
total de 599.449,16 m2.
El Equipamiento Comunal se calcula según la exigencia del Decreto 327. conforme al
tipo de proyecto.
Para el Cálculo de los Estacionamientos, se parte de la Exigencia de Estacionamientos
del Anexo 4 del POT, así como del comportamiento del mercado inmobiliario
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[…]
Realizando el siguiente cálculo con base en las áreas predeterminadas en el Estudio
Técnico y análisis comparativo de norma sobre la configuración de hechos generadores
de plusvalía:
[…]
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63. Conforme a lo anterior, la Sala considera que, el dictamen más alla de
controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial sobre el cual
se sustentó la expedición de los actos administrativos se basó en los lineamientos
establecidos en el plan parcial tintalito Mazuera Alsacia Oriental y en estudios
técnicos que configuran hechos generadores de plusvalía reglamentados a través
del Decreto 799 de 20 de diciembre 2018, el cual, como ya se vió, fue expedido con
posterioridad al precitado avalúo oficial. En razón a ello, no se controvierte de
manera clara y precisa las falencias que se presentaron en el informe técnico de
avalúo comercial 2018-0869 de fecha 21 de septiembre de 2018, proferido por la
Unidad de Catastro Distrital.
64. Sobre el particular, esta Sección ha indicado que se presume la legalidad del
acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando en el informe técnico
no se precisan las operaciones o la forma como fueron calculados los valores
correspondientes, por ello la parte demandante debe aportar las pruebas para
demostrar los errores de este. En este contexto, esta Sección, mediante sentencia
proferida el 6 de febrero de 2020, expuso lo siguiente:
“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de los avalúos
comerciales practicados por las entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar
el valor de la indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido que, aun
cuando en el informe técnico no se precisen las operaciones o la forma como fueron
calculados los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en
la medida en que dicho precio hace parte del acto administrativo mediante el cual
se dispone la expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a la ley y,
por ende, corresponde al interesado desvirtuar tal presunción.
En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala, sobre el particular, expresó
lo siguiente:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo elaborado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal,
se anuncia que el precio del inmueble establecido por la administración se determinó
como resultado de la aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”,
que “Consiste en deducir el precio por comparación de transacciones, oferta y
avalúos de inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de tiempo,
conformación y localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se han
consultado las estadísticas y avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a
la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en ninguno
de los apartes de dicho documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron
en cuenta para hacer la anunciada comparación, lo cual permite concluir que contra
el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían exactamente las
mismas críticas que el apoderado del Municipio demandado formula en su apelación
contra el dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada
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información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de Catastro Municipal
también estaría desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo probatorio.
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En
tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección […].”(la Sala
destaca) […]”
65. En el mismo sentido, con anterioridad a la sentencia que se cita, esta
Corporación había sostenido que con fundamento en la normativa que regula el
asunto, el precio indemnizatorio está amparado por la presunción de legalidad al ser
incorporado al acto administrativo que ordena la expropiación, por lo tanto, la parte
demandante tiene la carga de probar cuál es error o la incorrección del avalúo oficial,
así:
“[…] Sin embargo, tal y como lo estimó el a quo en la sentencia apelada, el
documento presentado por el auxiliar de la justicia designado, valga decir, el Avalúo
M-0225-03-12 del 28 de marzo de 2012, que reposa en folios 215 a 222 del cuaderno
N.o 1 del expediente, constituye un nuevo avalúo, según el cual el valor comercial
del inmueble, incluido el daño emergente, asciende a la suma de $238.878.657, sin
que en el mismo se analizara y desvirtuara el realizado por la entidad demandada.
En efecto, como lo advirtió el Tribunal de instancia, el documento en análisis no hizo
alusión alguna a la diferencia del precio de indemnización con relación al avalúo que
se había practicado y, muchos menos, se refirió a las conclusiones a las cuales se
habían llegado.
[…]
Así pues, el avalúo no contiene un razonamiento que soporte tal diferencia de precio,
en los términos solicitados por la propia parte demandante, sujeto procesal
peticionario de la prueba.
[…]
Sobre el particular, la Sala recuerda que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de
esta Corporación en la cual se ha sostenido que el precio establecido en los actos
acusado se encuentra amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser desvirtuada a través de
los diferentes medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no
ocurrió en el sub-lite […]” (Resaltado fuera de texto).
66. En el caso sub examine, la parte demandante no probó que el avalúo oficial
realizado por el Unidad de Catastro Distrital 20189-0869 es equivocado, máxime
cuando el dictamen allegado no analiza ni desvirtua los fundamentos facticos,
técnicos y de método que fueron allegados en el avalúo oficial. En efecto, el
documento no hizo alusión a la diferencia del precio del terreno con relación al
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avalúo que se había realizado, la inconformidad con el método aplicado y las
conclusiones de las discrepancias encontradas, lo que permite inferir que lo otros
avalúos aportados en la demanda, a título de referencia, tampoco tendrán vocación
de discrepar los fundamentos técnicos y jurídicos en los que se adoptó el dictamen
oficial.
67. De este modo, se destaca que, es obligación de la parte demandante demostrar
en el proceso judicial los errores que se cometieron en el avalúo por lo que no basta
entonces con que se argumente que los mismos no cumplieron con lo determinado
en la norma para atacar la presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo oficial. Resulta indispensable que se indique el defecto en que se ha incurrido
y cuál es el impacto en el precio que se ofreció por la administración conforme las
normas que regulan la materia.
68. De la revisión del avalúo oficial 2018-0869 proferido por la Unidad Administrativa
Especial Catastro Distrital se evidenció una valoración armónica de los diversos
aspectos que rodeaban al terreno, como la delimitación del sector, las vías de
acceso, la reglamentación urbanistica contenida, y a través del método de técnica
residual se consolidó como valor a pagar la suma de $ 8.562.916.530. Adicional a
ello, atendió a la reglamentación vigente contenida en los Decretos 327 de 2004 y
436 de 2006, el cual, con base en la viabilidad comercial, técnica y financiera de un
proyecto de construcción, planteó los índices de construcción, ocupación, área
construida, monto total de las ventas para arrojar que el área objeto de avalúo de
12.611.07 m2 arrojó como valor unitario de terreno la suma de $679.000 por metro
cuadrado. Veamos:
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69. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que se atendió a lo previsto en el
artículo 23 de la Resolución 620 de 2008, que prevé que el avalúo de un inmueble
sujeto a expropiación debe realizarse con base en la reglamentación urbanística
vigente al momento de la determinación del valor comercial, supuesto que implica
que, al calcular la compensación por un predio expropiado debe considerarse las
disposiciones urbanísticas aplicables al momento de su realización, incluyendo los
planes de ordenamiento territorial.
70. Argumenta el apelante que en la contestación del llamamiento en garantía se
avisoró un posible error en el avalúo que dejó abierta la posiblidad de una
conciliación o el trámite de revocatoria directa, lo cual evidencia falencias en el
avalúo oficial.
71. De la revisión del escrito aportado por la Unidad Administrativa de Catastro, en
la contestación del llamado en garantía, no evidencia en manera alguna las
afirmaciones presentadas por la parte demandante en el escrito de la apelación. No
obstante, destaca la Sala que en el plenario obra la Resolución 5643 de 19 de
septiembre de 2019 […] por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa
[…] expedida por la Directotra Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano
– IDU en la que resolvió:
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ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes las Resoluciones números
1105 del 14 de marzo del 2019, por la cual se ordenó la expropiación por vía
administrativa y la Resolución No. 2156 del 23 de mayo del 2019 "Por la cual se ordena
una expropiación por via administrativa" a favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU,
de la zona de terreno ubicado en la en AK 86 12 51 IN 1 de la ciudad de Bogotá D.C.,
con un área de 12611,07 M2 de terreno identificado con la cédula catastral No. BS 46916
en mayor extensión, CHIP No. AAA0137OMAW en mayor extensión y matrícula
inmobiliaria No. 50C-1334015 en mayor extensión, la cual fue notificada personalmente
el día el 1 de abril del 2019, y el 7 de junio del 2019, los señores la sociedad AKARGO
S.A.S identificado con el Nit: 800.092.020-3, en su condición de titulares del derecho
real de dominio de la zona de terreno.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución la sociedad AKARGO S.A.S
identificado con el Nit: 800.092.020-3 de acuerdo con las reglas establecidas en el
artículo 68 y ss del Código de Procedimiento Administrativo, informandole que contra la
presente providencia no procede recurso alguno según lo establecido en el artículo 69
de la Ley 388 de 1997
72. De acuerdo a las consideraciones previstas en los numerales anterior, se
evidencia que el proceso de expropiación garantizó el reconocimiento de una
indemnización justa y plena en la que comprendió el valor del bien inmueble objeto
de expropiación y los perjuicios que se derivaron de ella.
73. En consecuencia, se concluye que el a quo valoró las pruebas presentadas por
la parte demandante, determinando que en el plenario no existen elementos de
prueba que demuestren que el avalúo fijado por la parte demandada fue incorrecto
y, por ende, no hay motivo para decretar la nulidad solicitada
Conclusiones
74. La Sala considera que la parte demandante no desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos acusados; en consecuencia, se confirmará la sentencia
proferida, en primera instancia.
Condena en costas
75. Vistos el artículo 18838 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
38
Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080
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Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso39, sobre la
condena en costas y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a que
en el expediente no aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en
costas a la parte demandante, en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2024 por la
Sección Primera Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuesta en la parte motiva de esta providencia
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado Ausente con permiso
39 Atendiendo a la remisión efectuada a las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del
proceso.
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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