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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2018-00336-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2018-00336-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR los numerales 1 y 2 de la sentencia de 7 de noviembre de 2024, proferida por la SUBSECCIÓN “B”, SECCIÓN PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas. 30 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”. Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 75 Número único de radicación: 250002341000 2018 00336 01 Actor: ALEJANDRO ORTIZ PARDO Nulidad y restablecimiento del derecho CUNDINAMARCA y, en su lugar, DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo expuesto en esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2018-00336-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 250002341000 2018 00336 01
Referencia: Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Actor: ALEJANDRO ORTIZ PARDO

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA QUE ACCEDIÓ DE FORMA
PARCIAL A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. LA UAECD NO USÓ UNA
METODOLOGÍA EXTRALEGAL. EN LA VALORACIÓN DEL PREDIO DEBEN
CONSIDERARSE LAS LIMITACIONES URBANÍSTICAS QUE IMPIDEN SU
DESARROLLO. EL AVALÚO OFICIAL GOZA DE UNA PRESUNCIÓN DE
LEGALIDAD, DEBE SER DESVIRTUADO DE FORMA TÉCNICA CON PRUEBA
CONDUCENTE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el INSTITUTO

DE DESARROLLO URBANO – IDU 1 contra la sentencia de 7 de

noviembre de 2024, proferida por la SUBSECCIÓN “B”, SECCIÓN

PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA2, que accedió parcialmente a las pretensiones de

la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA

1
En adelante el IDU.
2
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 250002341000 2018 00336 01
Actor: ALEJANDRO ORTIZ PARDO
Nulidad y restablecimiento del derecho

El señor ALEJANDRO ORTÍZ PARDO, actuando por conducto de

apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el

artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo CPACA3, contra el IDU, con la finalidad

de discutir la legalidad de los siguientes actos administrativos:

▪ Resolución 001870 de 21 de abril de 2017, “por la cual se
ordena una expropiación por vía administrativa”, expedida por la
Dirección Técnica de Predios del IDU.

▪ Resolución 002797 de 8 de junio de 2017, “por la cual se
resuelve un recurso de reposición de fecha 25 de mayo con número
de radicación IDU 20175260365742 contra la Resolución número
001870 del 21 de abril de 2017, por la cual se ordena una
expropiación administrativa”, expedida por la Dirección Técnica de
Predios del IDU.

▪ Resolución 002882 de 14 de junio de 2017, “por la cual se
aclara la resolución número 002797 del 8 de junio de 2017 “por la
cual se resuelve un recurso de reposición de fecha 25 de mayo de
2017 con numero de radicación IDU 20175260365742 contra la
resolución número 001870 del 21 de abril de 2017, por la cual se
ordena una expropiación administrativa”, expedida por la Dirección
Técnica de Predios del IDU.

Además de la nulidad de los referidos actos administrativos, como

restablecimiento del derecho, el actor elevó las siguientes

pretensiones:

“[…] A. Al pago del mayor valor, a título de precio
indemnizatorio sobre el terreno objeto de expropiación, es decir

3
En adelante CPACA.

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3

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Actor: ALEJANDRO ORTIZ PARDO
Nulidad y restablecimiento del derecho

sobre el área cinco mil trescientos veinte punto setenta y tres
metros cuadrados (5.320.73) por cuenta del Instituto de
Desarrollo Urbano- IDU-, el cual se segrega del inmueble
distinguido en la nomenclatura urbana con Transversal 18R No.
69R-01 Sur al cual se le asigna el folio de matrícula inmobiliaria
No. 50S-70230 de la oficina de registro de instrumentos
públicos- Zona Sur- de Bogotá y cédula catastral BS U 27071
(M.E) CHIP AAAOO20PNIH de propiedad de mi representado,
con base en el mismo informe técnico de avalúo comercial No.
2.017-0018 sobre el RT 43027 realizado por el IDU de fecha
15/02/2015, teniendo como factor ponderado de liquidación el
valor de NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS ($97.599.00) por metro cuadrado o el mayor
valor que se determine en el término probatorio.

B. Al pago de indemnización por concepto de daño emergente
en cuantía de SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y
CINCO CENTAVOS ($6.305.449,85).

C. Al pago de indemnización por perjuicios en cuantía de
CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES [ 50 SMLMV].

SEGUNDA. - Que el demandado INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO-IDU- sea condenado al pago de costas y agencias en
Derecho […]”.

I.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Como hechos relevantes de la demanda, el actor señaló los

siguientes:

Manifestó que era propietario del inmueble ubicado en la Transversal

18R # 69R-01 Sur de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con

matrícula inmobiliaria No. 50S-70230 y cédula catastral BS U 27071

(M.E), CHIP AAA0020PNJH.

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Precisó que, en desarrollo de las obras públicas asociadas al sistema

de movilidad de la ciudad, particularmente, para el proyecto de

transporte por cable aéreo en la localidad de Ciudad Bolívar la

administración distrital inició las actuaciones para la adquisición del

referido inmueble.

Aseveró que el IDU expidió la Resolución 112415 de 22 de diciembre

de 2014, mediante la cual determinó la adquisición de una zona de

terreno por el procedimiento de expropiación administrativa y

formuló oferta de compra, con sustento en el avalúo comercial 2014-

1365 de 15 de septiembre de 2014, elaborado por la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD4.

Explicó que en dicho estudio se estableció, mediante la aplicación del

método residual, un valor del terreno de $58.000 por metro

cuadrado, arrojando un valor total de $841.403.100 por la

adquisición de un área de 14.506,95 m2, de los cerca de 35.000 m2

totales del inmueble.

Agregó que, posteriormente, la UAECD elaboró el avalúo comercial

2017-0018 de 15 de febrero de 2017, en el cual fueron modificadas

sustancialmente las condiciones de valoración del predio, al

4
En adelante la UAECD.

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calificarse como zona con amenaza alta por remoción en masa una

extensión aproximada de 28.824 m², equivalente al 81,64% del área

total del inmueble.

Adujo que como consecuencia de dicha clasificación el valor del metro

cuadrado se redujo de manera significativa, mediante la aplicación

de una ponderación entre áreas con distintos niveles de afectación,

arrojando un valor promedio cercano a $21.200 por m2, inferior al

inicialmente determinado.

Explicó que, en atención a modificaciones en el diseño del proyecto

informadas por la Dirección Técnica de Estudios y Proyectos del IDU,

se redujo el área inicialmente prevista para adquisición, razón por la

cual se reformuló la oferta de compra y se estableció que el área

objeto de adquisición correspondía a 5.320,73 m2.

Comentó que con fundamento en el avalúo comercial 2017-0018, el

IDU expidió la Resolución 001870 de 21 de abril de 2017, mediante

la cual ordenó la expropiación por vía administrativa de la porción del

inmueble requerida para el proyecto, fijando como valor

indemnizatorio la suma de $112.799.476 por concepto de terreno y

$1.370.202 por daño emergente.

Sostuvo que interpuso recurso de reposición contra el referido acto
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administrativo, en el cual cuestionó la metodología empleada en el

avalúo, al considerar que la entidad había efectuado una indebida

ponderación del terreno con base en clasificaciones de riesgo no

suficientemente determinadas, lo que condujo a una reducción

injustificada del valor del inmueble.

Afirmó que el recurso de reposición fue resuelto mediante la

Resolución 002797 de 8 de junio de 2017 (aclarada mediante

Resolución 002882 de 14 de junio siguiente), en la que se confirmó

en todas sus partes la decisión recurrida.

Manifestó que, con posterioridad a la expedición de los actos

acusados, se realizaron nuevos ejercicios de valoración sobre el

mismo inmueble que arrojaban resultados significativamente

superiores a los reconocidos en el proceso de expropiación.

Indicó que, en efecto, mediante avalúo comercial 2017-0744 de 31

de julio de 2017, elaborado por la UAECD respecto de una porción

del mismo predio en área de 3.894,26 m², para adquisición por parte

del IDU para infraestructura vial, se determinó un valor unitario de

$47.000 por metro cuadrado, para un total de $183.030.220,

empleando igualmente la técnica residual.

Anotó que, conforme con el boletín catastral expedido el 16 de agosto
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de 2017, el inmueble contaba con un avalúo catastral actualizado a

31 de diciembre de 2016 por valor de $1.091.533.000, lo que

permitía inferir un valor por metro cuadrado cercano a $30.600, cifra

también superior a la reconocida por la administración en el proceso

expropiatorio.

I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo la violación del artículo

71 de la Ley 3885 de 18 de julio de 1997, por cuanto en su sentir el

precio indemnizatorio fijado por la administración no corresponde al

valor comercial real del inmueble.

I.4.- ADMISIÓN Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Por auto de 31 de agosto de 20186, luego de ordenarse su corrección,

el Tribunal a quo admitió la demanda y ordenó la notificación al

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

Luego, por auto del 8 de noviembre de 2019, el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca vinculó como llamado en garantía

del Instituto de Desarrollo Urbano a la Unidad Administrativa Especial

5
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
6
Según se aprecia en el expediente digital. CUADERNO TRIBUNAL_2_20250214163356171.pdf
CUADERNO PRINCIPAL N° 1. FOLIOS 153-155 (.pdf) NroActua 2). Índice 2 SAMAI.

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de Catastro Distrital -UAECD-.

Cumplida las notificaciones ordenadas, la entidad vinculada a este

trámite contestó la demanda bajo los siguientes argumentos:

I.4.1.- INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que se negaran

en su totalidad, por cuanto los actos administrativos acusados fueron

expedidos con fundamento en un avalúo comercial que cumple con los

requisitos técnicos y normativos exigidos.

Adujo que, si bien mediante la Resolución 112415 de 22 de diciembre

de 2014 se determinó inicialmente la adquisición de un área de

14.506,95 m2, con base en el avalúo comercial 2014-1365 que fijó un

valor de $58.000 por m2, posteriormente se presentaron

modificaciones en el diseño del proyecto, lo que dio lugar a la

elaboración del avalúo comercial 2017-0018 de 15 de febrero de 2017,

en el cual se determinó un valor total de $114.169.678 para un área

de 5.320,73 m2.

Explicó que la clasificación del predio en zonas de amenaza por

remoción en masa alta, media y baja no obedecía a decisiones

arbitrarias de la entidad, sino a la información suministrada por la

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Dirección de Prevención y Atención de Emergencias -DPAE-, la cual

identificó el inmueble dentro de dichas categorías, con un porcentaje

significativo en zona de amenaza alta, tal como se evidenciaba en los

planos incorporados al avalúo.

Adujo que la disminución del valor de inmueble obedeció a cambios en

la reglamentación urbanística vigente al momento de la elaboración

del avalúo de 2017, en particular a la Directiva 001 de la Secretaría

Distrital de Ambiente de 17 de enero de 2017, mediante la cual se

suspendieron temporalmente los planes de manejo y recuperación

ambiental, lo que implicaba que el predio no podía desarrollarse

conforme a su máximo potencial urbanístico, debiendo considerarse

las condiciones reales de uso y aprovechamiento.

Expuso que el avalúo comercial 2017-0018 fue elaborado con

fundamento en el método residual previsto en la Resolución 620 de

2008 del IGAC, teniendo en cuenta la reglamentación urbanística

vigente y la factibilidad técnica, jurídica y comercial del proyecto.

Explicó que el valor del metro cuadrado se determinó a partir de la

ponderación de las distintas áreas del predio, según su clasificación en

zonas de amenaza, asignando valores diferenciados a cada una de

ellas y obteniendo un valor promedio de $21.200 por metro cuadrado.

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Precisó que dicho procedimiento consistió en calcular el porcentaje de

incidencia de cada una de las áreas clasificadas como de amenaza alta,

media y baja respecto del área total del predio, para posteriormente

multiplicar dichos porcentajes por los valores unitarios asignados a

cada categoría y obtener así el valor ponderado final del terreno.

Explicó que el avalúo catastral no resultaba procedente como

parámetro de comparación con el avalúo comercial, por cuanto ambos

obedecen a metodologías, finalidades y marcos normativos distintos,

siendo el primero el resultado de procesos masivos de formación o

actualización catastral, mientras que el segundo se determina a partir

del análisis particular de las condiciones del inmueble.

Sostuvo que el avalúo que sirve de fundamento a los actos

administrativos goza de presunción de legalidad y acierto, por lo que

correspondía al demandante demostrar su incorrección, carga que, en

su criterio, no fue cumplida dentro del proceso.

Explicó que, de conformidad con la normativa aplicable, el precio de

adquisición del inmueble se determina con base en el avalúo comercial,

mientras que el precio indemnizatorio puede incluir otros conceptos

como daño emergente y lucro cesante, lo cual, en su criterio, fue

debidamente reconocido en los actos acusados.

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I.4.2.- La UAECD

Esta entidad fue llamada en garantía por el IDU. En su intervención,

adujo que dentro del proceso administrativo de expropiación se limitó

a la elaboración de los avalúos comerciales, en desarrollo del contrato

interadministrativo celebrado entre ambas entidades.

Precisó que el avalúo comercial 2014-1365 de 15 de septiembre de

2014 fue elaborado conforme con las condiciones normativas vigentes

para ese momento, las que permitían el aprovechamiento urbanístico

del predio, razón por la cual arrojó un valor de $58.000 por metro

cuadrado.

Explicó que, posteriormente, en el año 2017, se elaboró el avalúo

comercial 2017-0018 que fundamentó los actos acusados, teniendo en

cuenta cambios en las condiciones normativas y en la clasificación del

suelo, particularmente en lo relativo a la existencia de zonas de

amenaza por remoción en masa, lo que incidió en la determinación del

valor del inmueble.

Señaló que la clasificación del predio en zonas de amenaza alta, media

y baja no fue definida por la UAECD, sino por las entidades

competentes en materia de gestión del riesgo y planeación urbana,

tales como la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias –

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DPAE – y la Secretaría Distrital de Planeación, cuya información fue

incorporada en el avalúo.

La entidad sostuvo que no existía fundamento para el llamamiento en

garantía formulado por el IDU, en la medida en que este recibió a

satisfacción los productos derivados del contrato interadministrativo,

sin haber formulado objeción, solicitud de corrección o declaratoria de

incumplimiento respecto de los avalúos elaborados.

Indicó que aun cuando el propietario del inmueble presentó solicitudes

de revisión del avalúo, estas le fueron trasladadas por el IDU y

atendidas oportunamente, sin que la entidad solicitante hubiese

elevado reparos adicionales o activado los mecanismos legales de

revisión del avalúo.

Afirmó que el IDU no hizo uso de los mecanismos previstos en la

normativa aplicable para controvertir o solicitar la modificación del

avalúo, por lo que resultaba improcedente pretender, en sede judicial,

trasladarle una eventual responsabilidad derivada de decisiones

adoptadas de manera autónoma por dicha entidad.

Anotó que el avalúo comercial tiene naturaleza de acto preparatorio,

en la medida en que constituye un insumo técnico para la toma de

decisiones por parte de la entidad que adelanta el proceso de
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expropiación, sin que por sí mismo resuelva de fondo la situación

jurídica del administrado.

Explicó que la UAECD no tiene competencia para ordenar la

expropiación ni para fijar el precio indemnizatorio en los actos

administrativos, decisiones que corresponden exclusivamente al IDU

en ejercicio de sus funciones, razón por la cual no existe relación

directa entre sus competencias y los actos cuya nulidad se pretende.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 7 de noviembre de 2024, el Tribunal declaró

la nulidad parcial de las resoluciones cuestionadas en cuanto al

valor indemnizatorio fijado.

En consecuencia, ordenó al IDU reajustar el valor reconocido por

concepto de indemnización, disponiendo que debía pagarse al

demandante el valor correspondiente a $97.559 por metro cuadrado

respecto de los 5.320,73 m² expropiados, esto es, la suma total de

$519.085.098, descontando el valor ya entregado ($112.799.476) y

pagando el saldo resultante debidamente actualizado.

Denegó las demás pretensiones de la demanda por falta de

acreditación probatoria de los perjuicios adicionales reclamados; y
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desestimó el llamamiento en garantía formulado por el IDU contra la

UAECD, al no encontrar fundamento contractual o legal que obligara

a esta entidad a asumir el pago de una eventual condena derivada

del proceso.

Para tal efecto, precisó que el IDU inició el trámite de adquisición

mediante la Resolución 112415 de 22 de diciembre de 2014, con

fundamento en el avalúo comercial 2014-1365 de 15 de septiembre

de 2014, que arrojó un valor indemnizatorio de $1.719.575.250.

Expuso que, posteriormente, mediante la Resolución 54170 de 21 de

julio de 2015, el IDU modificó el área inicialmente prevista, al

constatar la existencia de mejoras independientes dentro del predio,

reduciendo la extensión a adquirir a 14.506,95 m² y fijando un valor

de $841.403.100.

Explicó que, con ocasión de un cambio de diseño informado por la

Dirección Técnica de Estudios y Proyectos en diciembre de 2016, la

UAECD practicó el avalúo comercial 2017-0018 de 15 de febrero de

2017, mediante el cual se valoró un área parcial de 5.320,73 m² a

adquirir del total del inmueble, por un valor de $112.799.476 y

$1.370.202 por concepto de daño emergente.

Señaló que en virtud de dicho avalúo se expidió la Resolución 001870
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de 2017, que ordenó la expropiación por vía administrativa, decisión

que fue confirmada mediante las resoluciones 002797 y 002882 de

la misma anualidad.

Advirtió que el reparo del demandante se centró en la inconformidad

con el avalúo comercial 2017-0018 elaborado por la UAECD, por

considerar que el precio indemnizatorio reconocido resultó

considerablemente inferior al valor real del predio.

Analizó el contenido del avalúo 2017-0018 y destacó que fue

elaborado por un ingeniero catastral de la UAECD, quien explicó en

audiencia que el predio se ubicaba en la UPZ 67 Lucero, se

encontraba sometido al POT vigente para 2017 y presentaba una

topografía inclinada y antecedentes de explotación minera, con

aproximadamente el 80% del área global clasificada en amenaza alta

de remoción en masa.

Indicó que el avalúo aplicó el método residual, proyectando un

desarrollo de vivienda de interés prioritario de seis pisos y

determinando un valor del área útil cercano a $97.559 por metro

cuadrado.

Observó que, pese a lo anterior, el avalúo oficial procedió a ponderar

el valor bruto del terreno según categorías de amenaza alta, media
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y baja, asignando al área clasificada en amenaza alta un valor

equivalente al de un predio rural cercano, lo que condujo a un valor

ponderado final de $21.200 por metro cuadrado y, en consecuencia,

a una indemnización total de $112.799.476 por los 5.320,73 m²

expropiados.

Examinó el dictamen pericial rendido dentro del proceso por el

auxiliar de la justicia Juan Andrés Díaz, para establecer que dicho

peritaje también empleó el método residual ante la imposibilidad de

aplicar el método de mercado por ausencia de comparables

homogéneos; y que ante la falta de información histórica suficiente

para reproducir con exactitud las condiciones del año 2017 realizó el

ejercicio con información más reciente, sugiriendo un valor de

referencia de $69.000 por metro cuadrado.

Valoró de manera conjunta ambos estudios y constató que la

discrepancia no radicaba en la aplicación del método residual, sino

en la operación posterior realizada por la UAECD para ponderar el

valor del metro cuadrado según niveles de amenaza.

Estimó que dicha ponderación no encontraba sustento expreso en la

Resolución 620 de 2008, que regula las metodologías valuatorias

aplicables en expropiación administrativa, ni correspondía a una

metodología formalmente prevista para tales efectos.
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Destacó que resultaba contradictorio sostener que el área clasificada

en amenaza alta carecía de viabilidad constructiva, cuando se

encontraba acreditado que sobre la zona expropiada se adelantaron

obras del sistema de transporte TRANSMICABLE, actualmente en

funcionamiento, circunstancia corroborada por el perito judicial y por

el testigo técnico escuchado en audiencia.

Concluyó que si bien el avalúo oficial partió correctamente del

método residual y determinó un valor comercial de $97.559 por

metro cuadrado, la posterior aplicación de una tarifa diferenciada

para el área en amenaza alta, asimilándola al valor de un predio

rural, desnaturalizó el resultado de la metodología empleada y

condujo a una subvaloración del terreno.

Concluyó que se desvirtuó la presunción de legalidad del avalúo

2017-0018 en lo relativo al valor del metro cuadrado reconocido; y

que debió pagarse al demandante el valor de $97.559 por metro

cuadrado respecto de la totalidad del área expropiada, esto es,

5.320,73 m², lo que arrojaba un total de $519.085.098, descontando

el valor ya pagado y ordenando pagar el saldo correspondiente.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El IDU recurrió la sentencia proferida en primera instancia, para lo
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cual destacó que en los antecedentes de la providencia el a quo

afirmó que no presentó alegatos de conclusión, pese a que los

mismos sí fueron radicados desde el 22 de abril de 2024 y con los

cuales se comprenderán “[…] las razones técnico-jurídicas por la cual

se tazó el valor del metro cuadrado y del que se evidencia la legalidad

de los actos administrativos […]”. En este orden, los reiteró.

Señaló que la sentencia de primera instancia omitió considerar

fundamentos técnicos relevantes al analizar el avalúo 2017-0018,

dado que conforme con los artículos 2º, 3º y 21 del Decreto 1420 de

1998, debe tenerse en cuenta la reglamentación urbanística vigente

al momento de determinarse el precio y/o valoración del inmueble.

Sostuvo que el predio presentaba restricción normativa por

remoción en masa categoría alta, definida por el entonces DEPAE,

circunstancia que restringía los usos permitidos.

Indicó que dicha remoción en masa era “no mitigable”, por lo cual

no era posible adelantar obras de recuperación que habilitaran

construcciones en esa zona; y que, en consecuencia, el valor

comercial de tales áreas no podía equipararse al de suelos donde sí

es posible edificar vivienda, comercio o bodegas.

Señaló que el único uso posible era la conservación o restauración de

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cobertura vegetal por lo que el predio debía tener como referencia

predios con limitaciones similares, esto es, destinado a cultivo o

actividades asociadas a la renta diferencial del suelo.

Afirmó que era desacertada la afirmación del Tribunal a quo relativa

a que era ilógico sostener que en el área de remoción en masa alta

no se podían realizar actividades, dado que allí se construyeron obras

del sistema Transmicable.

Aclaró que en materia de avalúos no pueden hacerse apreciaciones

generales como “en su mayoría”, sino que deben analizarse áreas

exactas, determinadas mediante levantamientos topográficos.

Afirmó que, además, las pilonas 22 y 23 del Transmicable no

ocuparon toda el área catalogada como amenaza alta, sino zonas

específicas; y que parte del terreno adquirido cumplía funciones de

soporte y operatividad del sistema, aunque allí no se hubieran

construido estructuras visibles.

En consecuencia, sostuvo que fue incorrecto concluir que la

existencia de las obras desvirtuara la clasificación del suelo como

remoción en masa alta ni que eliminara la restricción normativa que

debía tenerse en cuenta para fijar el valor comercial del predio.

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Manifestó que el Tribunal se equivocó al considerar que la

ponderación utilizada en el avalúo no correspondía a una metodología

válida para procesos de expropiación.

Afirmó que la forma en que se valoró el área clasificada como

remoción en masa categoría alta, sí tenía respaldo en la Resolución

IGAC 620 de 2008, por lo que no se trató de una operación irregular

o arbitraria.

Sostuvo que asignar el valor de $97.559 por metro cuadrado a la

totalidad del área expropiada implicaba desconocer que dentro de los

5.320,73 m² existía una porción donde, por disposición urbanística

vigente, no era permitido desarrollar construcciones ni usos

edificatorios.

Indicó que equiparar el valor de esa zona restringida al de las áreas

en amenaza media o baja supondría ignorar la reglamentación

urbanística aplicable al momento del avalúo, lo cual contraviene el

artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 que obliga a tener en cuenta

las condiciones normativas del suelo.

Explicó que como el predio no estaba jurídicamente dividido (no tenía

desenglobe), lo correcto desde el punto de vista técnico era valorar

la totalidad del área bruta, establecer el valor correspondiente a cada
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tipo de suelo según su categoría de amenaza y, posteriormente,

realizar una ponderación para obtener un único valor comercial.

Expuso que la diferencia entre el avalúo practicado en 2014 y el

realizado en 2017 no obedeció a un error técnico, sino a un cambio

en las condiciones normativas aplicables al predio.

Señaló que ambos avalúos se realizaron con fundamento en el

Decreto 1420 de 1998 y en la Resolución 620 de 2008, es decir, bajo

el mismo marco jurídico; no obstante, para el año 2017 se produjo

un cambio relevante a partir de la Directiva 001 de 17 de enero de

esa anualidad, expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente, en

la que se suspendió temporalmente los Planes de Manejo,

Recuperación y Restauración Ambiental.

Agregó que esa circunstancia afectó directamente las posibilidades

de intervención y desarrollo del suelo, además de que el predio había

estado sometido a actividad minera; y que para esa vigencia debía

preverse la mitigación de los efectos derivados de dicha actividad, lo

cual incidía en sus condiciones de aprovechamiento.

Sostuvo que, entonces, para el año 2017 el inmueble no podía

desarrollarse con su máximo potencial urbanístico, lo que justificaba

la variación en el valor por metro cuadrado frente al avalúo
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practicado en 2014.

Afirmó que no era legal ni técnicamente procedente acoger el

dictamen rendido por el perito Juan Andrés Díaz en el proceso como

fundamento para modificar el valor indemnizatorio, porque aquel

aplicó una directriz que no se encontraba vigente para el año 2017,

por lo que el ejercicio no reflejaba las condiciones normativas

aplicables al momento en que se practicó el avalúo oficial.

Señaló, además, que el dictamen no realizó una valoración específica

del inmueble objeto del proceso en las condiciones propias de la

expropiación, sino que partió de referencias generales, lo que, a su

juicio, lo apartaba de la metodología estrictamente individualizada

que exige la normativa valuatoria.

Cuestionó la decisión del Tribunal de negar el llamamiento en

garantía formulado contra la UAECD, para lo cual expuso que el

contrato interadministrativo 1981 de 2016, celebrado entre ambas

entidades, establecía como objeto la elaboración de los avalúos

comerciales de los inmuebles requeridos para proyectos de

infraestructura vial, incluidos aquellos adquiridos por enajenación

voluntaria o expropiación.

Indicó que, conforme a dicho contrato, la UAECD tenía, entre otras
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obligaciones, elaborar los informes técnicos de avalúo, anexar los

soportes correspondientes, pronunciarse sobre las solicitudes

presentadas por los afectados o por el IDU, aplicar los lineamientos

de la Resolución 620 de 2008 del IGAC, velar por la calidad técnica

de los trabajos y responder ante cualquier instancia por la labor

encomendada.

Sostuvo que en ese orden de ideas sí existía un vínculo jurídico que

permitía exigir a la UAECD asumir las consecuencias económicas de

una eventual condena judicial derivada de errores en el avalúo, por

lo que consideró que el llamamiento en garantía debió prosperar.

IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación se admitió por auto de 14 de febrero de 2025

y en razón a que no se solicitaron pruebas en esta instancia el

Despacho conductor se abstuvo de correr traslado para alegar.

El MINISTERIO PÚBLICO no rindió concepto.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

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Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 150 del CPACA

y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el artículo

1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la Sección

Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del

asunto de la referencia.

V.2.- ACTOS DEMANDADOS

En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:

V.2.1.- Resolución 001870 de 21 de abril de 2017

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 001870 DE 2017
“POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA”

LA DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS DEL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C., en uso de la facultades
legales y reglamentarias, en especial las que confiere la Ley 9
de 1989, Ley 388 de 1997, los Acuerdos del Consejo Directivo
número 001 y 0002 de 2009, modificado por los acuerdos 01 y
02 del 2017 y la Resolución 7903 del 05 de agosto de 2016 y
demás normas concordantes vigentes, y

CONSIDERANDO

[…]
Que en virtud de dicha competencia y al tenor de lo dispuesto
en el artículo 66 de la ley 388 de 1997, la Dirección Técnica de
Predios del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO expidió la
Resolución 112415 de 22 de Diciembre de 2014, “POR LA CUAL
SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UNA ZONA DE TERRENO
QUE HACE PARTE DE UN INMUEBLE, POR EL PROCEDIMIENTO
DE EXPROPIACION ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA
OFERTA DE COMPRA”, determinó como precio indemnizatorio la
suma de MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS($ 1.719.575.250.00) MONEDA CORRIENTE, notificada
por aviso el 20 de febrero 2015, publicada en la cartelera de la

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institución fijado el día 29 de abril del 2015 y desfijado el 7 de
mayo de 2015, por concepto de avaluó comercial de terreno,
construcción indemnización daño emergente, de conformidad
con el avalúo comercial No. 2014-1365; R.T 43027- IDU del 15
de septiembre de 2014, expedido por la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital - UAECD, dirigida al señor
ALEJANDRO ORTIZ PARDO identificado con cedula de ciudadanía
número 2.861.091.

Que mediante Resolución No. 54170 del 21 de julio de 2015, se
modificó la resolución No. 112415 de 22 de Diciembre de 2014,
teniendo en cuenta que “revisado los expedientes sociales que
conforman el proceso de gestión social del Proyecto Cable Aéreo
• Ciudad Bolivar, se pudo constatar que dentro del predio del
señor ALEJANDRO ORTIZ PARDO se encuentra 26 mejoras y que
cada una cuenta con un poseedor, de conformidad con los
soportes que hacen parte del componente social practicado por
el IDU", determinando por esta razón que solo se adquiere el
terreno con área de 14.506,95M2 y se determina como precio
indemnizatorio la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIEN PESOS ($
841.403.100.00) MONEDA CORRIENTE.

Que la Resolución No. 54170 del 21 de julio de 2015, se notificó
de forma personal el día 12 de agosto de 2015 a titular el
derecho de propiedad señor ALEJANDRO ORTIZ PARDO
identificado con cedula de ciudadanía número 2.861.091.

Que por medio del memorando 20163150307063 del 16 de
diciembre de 2016 enviado por la Dirección Técnica de Estudios
y Proyectos, en el cual informa el cambio de diseño, lo que tuvo
como consecuencia la disminución del área objeto de
adquisición.

Que por lo anterior por medio del radicado No 20175280104022
de 18 de febrero de 2017 se presentó por parte de la Unidad
Administrativa Catastro Distrital (UAECD) un nuevo avaluó
cambiando el área a adquirir la cual es de 5.320,73 M2 de
terreno por un valor de CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS ($112.799.476) MONEDA CORRIENTE y por daño
emergente UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL
DOSCIENTOS DOS PESOS ($1.370.202) MONEDA CORRIENTE
para un total de CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($
114.169.678) MONEDA CORRIENTE, según avaluó comercial
número 2017 — 0018 del 15 de febrero de 2017.

Que de conformidad con la antes señalado se profirió la
resolución número 000728 21 de febrero de 2017 “POR LA CUAL
SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NÚMERO 112415 DEL 22 DE

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DICIEMBRE DE 2014, QUE FUE MODIFICADA POR LA
RESOLUCION NUMERO 54170 DEL 21 DE JULIO DE 2015 POR LA
CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE, POR
EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACION ADMINISTRATIVA Y SE
FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA” la cual determina que el
área objeto de oferta es 5.320,73 M2 de terreno y como valor di
precio indemnizatorio la suma de CIENTO CATORCE MILLONES
CIENTO SESENTA NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS ($ 114.169.678) MONEDA CORRIENTE, el citado valor
comprende: avaluó comercial de terreno por un valor de
CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($112.799.476)
MONEDA CORRIENTE por daño emergente UN MILLÓN
TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DOS PESOS
($1.370.202) MONEDA CORRIENTE […]

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa en favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
NIT 899.999.081-6, de una zona de terreno que se segrega del
inmueble ubicado en la TV 18 R 69 R 01 SUR (M.E) de la ciudad
de Bogotá D.C., con cédula catastral BS U 27071 (M.E), CHIP
AAA0020PNJH, y matrícula inmobiliaria 50S- 70230, conforme al
Registro Topográfico número 43027 de diciembre de 2016,
elaborado por la Dirección Técnica de Predios del Instituto de
Desarrollo Urbano, donde aparece debidamente delimitado y
alinderado en un área de terreno de 5.320,73 M2 […]

ARTICULO SEGUNDO. - VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.
• El valor del precio indemnizatorio de la expropiación que se
ordena por la presente resolución es la suma de CIENTO DOCE
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($112.799.476)
MONEDA CORRIENTE, por concepto de avaluó comercial de
terreno, de acuerdo al Informe Técnico Avalúo Comercial 2017-
0018 R.T 43027 de febrero 15 de 2017, expedido por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD junto con
el informe de reconocimiento económico RT N°43027 de abril 7
de 2017, elaborado por el Grupo Económico de la Dirección
Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano […]”.

A través del acto administrativo en cita, el IDU ordenó la expropiación

por vía administrativa de un área de 5.320,73 m2 que se segregó del

inmueble origen de controversia cuya área total era 35.671m2.

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En el mismo acto el IDU fijó como precio indemnizatorio la suma de

$112.799.476, correspondiente al avalúo comercial del terreno

según el Avalúo Comercial 2017-0018 de 15 de febrero de 2017

expedido por la UAECD; y señaló que el inmueble sería destinado a

la construcción del Sistema de Transporte Público de Pasajeros por

Cable Aéreo desde el Portal Tunal hasta la Estación Illimani, en la

localidad de Ciudad Bolívar.

En el acto consta que inicialmente, mediante la Resolución 112415

de 22 de diciembre de 2014, el IDU determinó la adquisición de una

zona del inmueble y se formuló oferta de compra por valor de

$1.719.575.250, con fundamento en el avalúo comercial No. 2014-

1365, expedido por la UAECD.

No obstante, también consta que dicha decisión fue modificada por

la Resolución 54170 de 21 de julio de 2015, luego de verificarse que

dentro del predio existían 26 mejoras con poseedores

independientes, razón por la cual se limitó la adquisición al terreno y

se fijó un nuevo valor indemnizatorio de $841.403.100.

Evidencia el acto que mediante memorando de 16 de diciembre de

2016, la Dirección Técnica de Estudios y Proyectos informó un cambio

de diseño que implicó la disminución del área objeto de adquisición,

por lo que, con fundamento en ello, la UAECD presentó un nuevo
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avalúo comercial 2017-0018 de 15 de febrero de 2017, en el que se

determinó que el área a adquirir era de 5.320,73 m², con un valor

de $112.799.476 por concepto de terreno y $1.370.202 por daño

emergente, para un total de $114.169.678.

V.2.2.- Resolución 002797 de 8 de junio 2017

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 002797 DE 2017

“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN DE
FECHA 25 DE MAYO DE 2017 CON NÚMERO DE RADICACIO IDU
20175260365742 CONTRA LA RESOLUCIÓN NUMERO 001870
DEL 21 DE ABRIL DE 2017, POR LA CUAL SE ORDENA UNA
EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA”.

[…]

Que, en razón del recurso impetrado por el recurrente,
apoderado del propietario de la zona de terreno objeto de
expropiación y en aras de garantizar los derechos
constitucionales que le asisten, la DTDP del Instituto realizará un
pronunciamiento sobre los planteamientos expuestos por el
recurrente así:

En cuanto al PUNTOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y
CUARTO: Así aparece en los actos administrativos enunciados
por el recurrente.

Con relación a los puntos QUINTO, SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO:
Reiteramos lo manifestado por medio del oficio radicado IDU
20173250471851 del 2 de junio de 2017.

Adicionalmente para un mejor entendimiento realizamos un
estudio más profundo sobre el tema y le señalamos lo siguiente:

En cuanto al PUNTO SEIS: Con respecto a las áreas que adquirirá
el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, su localización en las
zonas de amenaza y los valores establecidos para estas es
conveniente aclarar lo siguiente:

Es importante tener en cuenta que el desarrollo urbanístico de
un lote está limitado por el suelo protegido establecido en el Plan
de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Es así como en el marco
de sus competencias misionales, la Dirección de Prevención y

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Atención de Emergencias de Bogotá – DPAE, idéntica el predio
dentro de tres zonas de Amenaza (alta, media y baja), con un
gran porcentaje en la categoría Alta, tal como se muestra en la
ilustración 1.

[….]

Ahora bien, la ilustración 2, muestra las áreas requeridas por
esta entidad para la ejecución del proyecto Transmicable
(achurado), enmarcadas dentro de las zonas de amenaza, según
la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá
DPAE. Igualmente se indican los valores de terreno adoptado
para cada una de estas zonas, los cuales están soportados en el
informe técnico de avalúo comercial No 2017 0018, folios 8 al
12.

[…]

En lo concerniente al PUNTO SIETE: Con respecto a su
afirmación sobre el valor catastral en la que asegura que el valor
para el año 2016 es de $31.535,47 / m2 de terreno, es
conveniente aclarar que La UAECD, mediante oficio IDU No
20175260326582 del 11 de mayo de 2017, dio respuesta en los
siguientes términos:

“[...] particularmente para este caso, el avalúo catastral, para
vigencia 2017 fue realizado durante el año 2016, año en el cual
aún no se había expedido la Directiva 001/2017 por parte de la
secretaria de Ambiente, por esta razón el valor asignado
corresponde al estudio realizado para una fecha anterior a la del
avalúo comercial.”
[…]
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Confirmar en todas sus partes la
Resolución 3586 de 11 de agosto de 2011, por medio de la cual
se dispuso la expropiación por vía administrativa de la zona de
terreno inmueble ubicado en la TV 18 R 69 R 01 SUR, de la
ciudad de Bogotá D.C., con cédula catastral, BS U 27071 (M.E)
CHIP AAA0020PNJH, y matrícula inmobiliaria 50S-70230,
conforme al registro topográfico número 43027, cuyo titular del
derecho real de dominio es ALEJANDRO ORTIZ PARDO
identificado con cedula de ciudadanía número 2.861.091 […]”.

A través de la Resolución 002797 de 8 de junio de 2017, el IDU

resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución

001870 de 21 de abril de 2017, por medio de la cual se había

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Actor: ALEJANDRO ORTIZ PARDO
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ordenado la expropiación administrativa del área de 5.320,73 m² del

inmueble referido.

El IDU indicó que el propietario, por conducto de apoderado,

interpuso recurso de reposición solicitando la revocatoria o

modificación del acto, principalmente por desacuerdo con el avalúo

comercial 2017-0018, el cual había fijado el valor del terreno con

base en la clasificación del suelo según zonas de amenaza por

remoción en masa (alta, media y baja), aplicando una ponderación

que condujo a un valor de $21.200 por metro cuadrado.

En el análisis del recurso, la Dirección Técnica de Predios reiteró que

el avalúo comercial se había efectuado conforme al Decreto 1420 de

1998 y a la Resolución 620 de 2008 del IGAC; y que la determinación

del valor por metro cuadrado obedeció a la ponderación de las áreas

del predio total (35.671 m²) según su localización en zonas de

amenaza, multiplicando el porcentaje de incidencia de cada categoría

por el valor unitario correspondiente, para finalmente obtener el

valor ponderado adoptado.

Igualmente, indicó que no era procedente asignar de manera

uniforme el valor de $97.559 por metro cuadrado a la totalidad del

área expropiada, como lo pretendía el recurrente, pues tal afirmación

no estaba acompañada de pruebas técnicas que desvirtuaran el
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informe técnico de avalúo; y que el método aplicado había sido el

residual, conforme se explicaba en el informe respectivo.

También aclaró que el avalúo catastral para la vigencia 2017 había

sido realizado durante el año 2016, antes de la expedición de la

Directiva 001 de 2017 de la Secretaría de Ambiente, razón por la cual

no era comparable en los términos planteados por el recurrente.

Con fundamento en tales consideraciones, la Resolución 002797 de

2017 resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución 001870 de

21 de abril de 2017 y declaró agotada la “vía gubernativa”.

V.2.3.- Resolución 002882 de 14 de junio de 2017

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 002882 DE 2017

“POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCION NUMERO 002797
DEL 8 DE JUNIO DE 2017 “POR LA CUAL SE RESUELVE UN
RECURSO DE REPOSICION DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017 CON
NUMERO DE RADICACION IDU 20175260365742 CONTRA LA
RESOLUCION NUMERO 001870 DEL 21 DE ABRIL DE 2017, POR
LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACION ADMINISTRATIVA”

[…]

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aclarar la Resolución 002797 del 8 de junio
de 2017 […] la cual quedará así:

ARTICULO PRIMERO. - Confirmar en todas sus partes la
Resolución 001870 del 21 de abril de 2017, por medio de la cual
se dispuso la expropiación por vía administrativa de la zona de
terreno inmueble ubicado en la TV 18 R 69 […]”.

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Mediante la Resolución 002882 de 14 de junio de 2017, el IDU aclaró

la Resolución 002797 de 8 de junio de 2017, al advertir que en su

artículo primero se había incurrido en un error formal al mencionar

equivocadamente el número y la fecha del acto confirmado.

V.3.- PROBLEMAS JURÍDICOS

La Sala advierte que la decisión en esta instancia estará limitada a

los aspectos que fueron objeto de impugnación en el recurso de

apelación presentado por el IDU, que se deriven de la discusión

surtida en primera instancia.

Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida en primera

instancia debe confirmarse, modificarse o revocarse, en razón a que,

en sentir de la entidad apelante: i) el Tribunal incurrió en una

indebida valoración probatoria al concluir que la metodología

empleada en el avalúo oficial no tenía soporte normativo; ii) dio valor

a un dictamen pericial practicado en el proceso que no cumplió con

la regulación prevista para tal efecto; y iii) negó indebidamente el

llamamiento en garantía formulado contra la UAECD pese a existir,

en criterio del recurrente, un fundamento contractual y legal que

habilitaba dicha vinculación.

V.4.- EL ASUNTO BAJO EXAMEN

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Para resolver los reproches planteados, la Sala hará referencia al

marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,

para luego abordar el estudio de los problemas planteados a título

de cuestionamientos contra el fallo del Tribunal.

V.4.1.- GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la propiedad

privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.

Con base en la norma en cita se tiene que 7 i) La garantía a la

propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con

arreglo a las leyes civiles; ii) la Constitución Política protege y

7
Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11, proferidas por la
Corte Constitucional.

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promueve las formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) se

reconoce el carácter limitable de la propiedad; iv) se establecen las

condiciones en que prevalece el interés público o social sobre el

interés privado; v) se le asigna a la propiedad una función social y

ecológica; y vi) se fijan las modalidades y los requisitos de la

expropiación.

Ahora, acorde con el desarrollo de este precepto constitucional, la

Ley 9ª de 11 de enero de 1989 8 estableció instrumentos para la

adquisición y expropiación de inmuebles por motivos de utilidad

pública e interés general, potestad que luego se reguló por la Ley 388

de 1997.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 regulan el procedimiento que se

adelanta con el propósito de llevar a cabo la expropiación por vía

administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria 9 , la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

8
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”.
9
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.

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administrativa correspondiente.

El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado, ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago, iii) la destinación

que se dará al inmueble expropiado, iv) la inscripción del acto

administrativo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,

sobre la transferencia del derecho de dominio, v) la orden de notificar

a los titulares del derecho de dominio u otros derechos reales sobre

el bien expropiado, y vi) la información sobre los recursos

procedentes.

Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada el

artículo 70 ibidem, prevé:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no
haberse formulado el recurso de reposición dentro del término legal
o por haber sido decidido el recurso interpuesto en forma negativa,
la decisión producirá los siguientes efectos:

1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la
entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual
bastará con el registro de la decisión en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos. El registrador exigirá
que la entidad acredite que el propietario o los
titulares de otros derechos reales SOBRE EL
INMUEBLE, han retirado el valor de la
indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la
consignación correspondiente conforme a lo previsto en el
numeral 2 de este artículo.

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2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según
sea el caso, el valor total correspondiente o el
porcentaje del precio indemnizatorio que se paga de
contado y los documentos de deber
correspondientes a los cinco contados sucesivos
anuales del saldo. Si el particular no retira dichos
valores y los documentos de deber dentro de los diez días
siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá consignarlos
en la entidad financiera autorizada para el efecto a
disposición del particular, y entregara copia de la
consignación al Tribunal Administrativo en cuya área de
jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro de
los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.

3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública
podrá exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE
EXPROPIADO, sin necesidad de intervención
judicial, para lo cual podrá acudir al auxilio de las
autoridades de policía si es necesario.

4. En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen
dentro de los términos señalados en el numeral 2 de este
artículo, la decisión de expropiación por vía administrativa
no producirá efecto alguno y la entidad deberá surtir
nuevamente el procedimiento expropiatorio.

5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa adquiere la obligación
de utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés
social que hayan sido invocados, en un término máximo
de tres (3) años contados a partir de la fecha de
inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de
propietario del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal
Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado
el inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha
obligación, mediante proceso abreviado que se limitará
exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán
solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un
término no superior a un mes, transcurrido el cual se
pronunciará sentencia inapelable.

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la
obligación por parte de la entidad, la sentencia así lo
declarará y ordenará su inscripción en la respectiva
Oficina de Registro, a fin de que el demandante recupere

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la titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia
se determinará el valor y los documentos de deber que la
persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a la
entidad pública respectiva, siendo necesario para los
efectos del registro de la sentencia que se acredite
mediante certificación auténtica que se ha efectuado el
reintegro ordenado […]”.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el

carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor

del precio indemnizatorio que se reconocerá A LOS PROPIETARIOS,

el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los

efectos previstos en el artículo 6110 de la presente ley […]”.

(Destacado fuera de texto).

De acuerdo con esta normativa, una de las características esenciales

de la expropiación radica en el hecho de que la actuación del Estado

se hace por razones de utilidad pública e interés social, previa y

justa indemnización del inmueble, en cuando comprende su valor y

los perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, con el fin

de alejarse de un acto confiscatorio.

10
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION
VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria
regulado por la Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad
con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos
expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir,
y en particular con su destinación económica. […].

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Sobre el particular, esta Sección11 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete
la incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de
interés general, presupone necesariamente la
obligación a cargo de la autoridad que ostenta la
potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación
patrimonial a la cual es sometido de manera forzada.
En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés
general deba prevalecer sobre los intereses privados, no
significa en modo alguno que por dicha circunstancia queden
excluidas las garantías que la Constitución reconoce en
favor del propietario, pues no puede pretenderse que
éste deba asumir a título personal un detrimento en
su patrimonio, como consecuencia de la ruptura del
principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral […]”. (Destacado fuera de
texto).

En el mismo sentido, la Sala recuerda que el Decreto 1420 de 199812

fijó los lineamientos técnicos y metodológicos que rigen los avalúos

para efectos de expropiación administrativa, cuya reglamentación

delegó en el IGAC, entidad que expidió la Resolución 620 de 200813,

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril de
2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 05001-23-31-000-2007-03162-
01.

12
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”
13
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley
388 de 1997”.

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por la cual se establecieron los métodos y los parámetros para la

elaboración de los avalúos presentados en relación con los

procedimientos de que trata la Ley 388 de 1997, que se distinguen

bajo las siguientes características:

MÉTODO NORMA TÉCNICA PARA APLICACIÓN REQUISITOS
IDENTIFICAR EL (PROCEDIMIENTO
VALOR TÉCNICO)
COMERCIAL
Comparación Art. 1º Se desarrolla Homogeneización de Se deben usar
o de Mercado mediante el muestras: Se toman los fuentes verificables.
estudio de ofertas datos de mercado y se Si el mercado es
o transacciones ajustan mediante variables activo, este método
recientes de bienes (zona, edad, área, tiene prioridad
comparables y estado). Se busca un valor respecto de los
similares al del unitario promedio por m2. demás.
avalúo. ARTÍCULO 10.
Capitalización Art. 2º Determina el Fórmula de Valor Los cánones
de Rentas valor con base en Presente: Se calcula la deben ser de
los ingresos o renta líquida y se divide mercado. No se
rentas que el bien por una tasa de deben incluir
puede producir. capitalización (V = R / i). muebles o equipos
En este método se a menos que sea
considera la vida necesario para la
remanente del inmueble renta.
(70 o 100 años según la
construcción).
Costo de Art. 3º Calcula el costo Depreciación Requiere
Reposición de construir hoy Lineal/Técnica: Se tasa presupuesto
una estructura la construcción "como detallado de obra
igual, descontando nueva" y se le resta la (materiales, mano
el desgaste. depreciación usando las de obra,
Tablas de Fitto y honorarios) y el
Corvini. Se suma el valor estado de
del terreno. conservación.
ARTÍCULO 13
Técnica Art. 4º Valora el terreno Proyecto Hipotético: Se rige por el
Residual a partir del Se calcula el valor total de principio de "Mayor
potencial de ventas del proyecto, se y Mejor Uso". Solo
desarrollo de un restan costos de aplica si el proyecto
proyecto construcción, financieros y es legalmente
inmobiliario. utilidad del promotor. El permitido y
sobrante es el valor del financieramente
suelo. viable. ARTÍCULO
14
Consulta de Arts. Procedimiento de Tratamiento
Se aplica si NO hay
Encuestas 11 y 12 apoyo basado en la Estadístico: Se realizan
ofertas o ventas
opinión de entrevistas en número
reales. El perito
expertos ante la plural. Se debe calcular
debe haber visitado
falta de datos obligatoriamente la
el predio antes de
reales. Media, la Varianza y el
realizar las
Coeficiente de Variación
encuestas.
para validar la muestra.

V.4.2.- CASO CONCRETO

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La Sala pasa a resolver cada uno de los problemas jurídicos

planteados, que corresponden a los reproches que la entidad

demandada plasmó en el recurso de apelación.

V.4.2.1.- Del método usado por la UAEDC en el avalúo oficial

El a quo sostuvo que si bien el avalúo 2017-0018 aplicó el método

residual previsto en la Resolución 620 de 2008 y determinó un valor

unitario de $97.559 por metro cuadrado, posteriormente introdujo

una ponderación que no encontraba respaldo expreso en la

normativa técnica aplicable.

En particular, cuestionó que al área clasificada en amenaza de

remoción en masa alta se le asignara un valor de $4.300 por metro

cuadrado, asimilándola a suelo rural, para luego calcular un valor

ponderado de $21.200 por metro cuadrado, al estimar que esa

operación no correspondía a una metodología reglada para

efectos de expropiación administrativa.

Asimismo, consideró incoherente la justificación según la cual en el

área de amenaza alta no era posible desarrollar actividad alguna,

pues se acreditó que en el terreno expropiado se ejecutaron obras

del sistema Transmicable.

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Por su parte, el IDU reprochó esa conclusión al sostener que no era

cierto que la ponderación careciera de respaldo normativo, pues la

valoración diferenciada del suelo obedeció a la necesidad de reflejar

las condiciones jurídicas reales del predio, particularmente las

restricciones derivadas de la clasificación en remoción en masa alta,

media y baja.

Igualmente, afirmó que la ponderación no constituyó la aplicación de

una metodología inexistente, sino una operación técnica derivada del

propio método residual, orientada a establecer un valor comercial

ajustado a la heterogeneidad del terreno.

Los actos administrativos cuestionados están soportados en el avalúo

2017-0018 de 15 de febrero de 201714, elaborado por la UAECD, del

cual se destaca:

“[…]

14
SAMAI índice 2, cuaderno 1 Tribunal, folios 45 a 64.

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[…]

[…]”

[…]

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[…]”

[…]”

El avalúo comercial 2017-0018 fue elaborado por la UAECD a

solicitud del IDU, con el objeto de determinar el valor comercial de

un área parcial de 5.320,73 m2, segregada del predio matriz ubicado

en la Transversal 18R No. 69R-01 Sur de la ciudad de Bogotá.

El avalúo se practicó para efectos de adquisición por vía

administrativa dentro del proyecto de infraestructura del sistema de

transporte Transmicable y debía determinar el valor comercial

conforme al régimen aplicable.

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En este se describieron las condiciones físicas y normativas del predio

matriz, señalando que se trataba de un terreno de gran extensión de

35.671 m2 y área objeto de adquisición en 5.320,73 m2, con

topografía inclinada y antecedentes de actividad minera, ubicado en

la UPZ 67 Lucero, bajo tratamiento de desarrollo conforme al POT

vigente para la época (Decreto 190 de 2004).

Indicó que el predio presentaba zonas clasificadas con amenaza de

remoción en masa en categorías alta, media y baja, circunstancia

que incidía directamente en la potencialidad edificatoria y, por ende,

en la determinación del valor comercial.

En particular, el avalúo describe que el predio matriz tenía 898,8 m²

en suelo protegido por remoción en masa no mitigable, así como

tres áreas clasificadas en amenaza por remoción en masa:

• Alta: 28.824,60 m²

• Media: 1.345,90 m²

• Baja: 5.134,60 m²

En el informe consta que la totalidad del predio se encontraba en

categoría de recuperación morfológica; y, además, conforme a la

Directiva 001 de la Secretaría de Ambiente, no era posible otorgar

Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental al

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momento del avalúo.

El informe explica que se optó por aplicar el método residual, previsto

en la Resolución 620 de 2008, el cual consiste en determinar el valor

del terreno a partir del uso más probable y económicamente viable,

descontando los costos de construcción y demás erogaciones

necesarias para desarrollar el proyecto hipotético conforme a la

normativa urbanística vigente.

Para tal efecto, se planteó una proyección hipotética de un proyecto

de vivienda de interés prioritario (VIP), ajustado a las condiciones

normativas aplicables al predio, estimando áreas edificables, costos

de construcción y demás variables técnicas necesarias para arribar a

un valor residual del terreno, para determinar un valor comercial

unitario del área útil equivalente a $97.559 por metro cuadrado.

Además, en el informe consta que al tratarse de un predio con áreas

diferenciadas por niveles de amenaza de remoción en masa (alta,

media y baja), el avaluador procedió a efectuar una ponderación del

valor bruto del terreno, asignando valores diferenciados a cada

categoría de amenaza.

Así, aplicó al área catalogada como amenaza alta un valor de $4.300

por metro cuadrado, mientras que para las áreas de amenaza media
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y baja mantuvo el valor resultante del ejercicio residual ($97.559),

operación que condujo a un valor ponderado final de $21.200 por

metro cuadrado para el área total del predio matriz.

Determinó, con base en ese valor ponderado, que los 5.320,73 m²

objeto de expropiación ascendían a un valor total de $112.799.476,

suma que fue incorporada en los actos administrativos demandados

como precio indemnizatorio.

Visto lo anterior, la Sala advierte que el artículo 21 del Decreto 1420

de 1998 establece que para la determinación del valor comercial de

un inmueble debe tenerse en cuenta, entre otros parámetros, la

reglamentación urbanística vigente al momento del avalúo; y que

cuando el bien presente diferentes características de terreno o

diversidad de construcciones, debe consignarse los valores unitarios

correspondientes a cada una de ellas.

De igual forma, el artículo 22 ibidem prevé que en la determinación

del valor comercial deben considerarse las clases de suelo, las

normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio, así como los

aspectos físicos tales como área, topografía, ubicación y demás

condiciones particulares del inmueble, así:

“[…] Artículo 21.- Los siguientes parámetros se tendrán en

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cuenta en la determinación del valor comercial:

1. La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al
momento de la realización del avalúo en relación con el inmueble
objeto del mismo.
2. La destinación económica del inmueble.
3. Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad
horizontal, el avalúo se realizará sobre las áreas privadas,
teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes
de copropiedad.
4. Para los inmuebles que presenten diferentes
características de terreno o diversidad de construcciones,
en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios
para cada uno de ellos.
[…]
Artículo 22.- Para la determinación del valor comercial de los
inmuebles se deberán tener en cuenta por lo menos las
siguientes características:

1. Para el terreno
2. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y
forma
3. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana,
suburbano y de protección
4. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el
predio
5. Tipo de construcciones en la zona
6. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de
servicios públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial
y servicio de transporte
7. En zonas rurales, además de las anteriores características
deberá tenerse en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
8. La estratificación socioeconómica del inmueble
9. Para las construcciones:
10. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente
11. Los elementos constructivos empleados en su estructura y
acabados
12. Las obras adicionales o complementarias existentes
13. La edad de los materiales
14. El estado de conservación física
15. La vida útil económica y técnica remanente
16. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido
[…]”. (Destacado fuera de texto)

De ese marco normativo se desprende que el avalúo comercial no

puede desconocer las condiciones jurídicas y físicas reales del predio

al momento de su elaboración, ni tratar como homogéneo un terreno

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que presenta características diferenciadas.

Por el contrario, la norma impone al avaluador el deber de considerar

las restricciones urbanísticas y las particularidades del suelo; y que

cuando existan áreas con condiciones distintas, consignar los valores

unitarios que correspondan a cada una.

En esa medida, la existencia de zonas clasificadas con diferentes

niveles de amenaza de remoción en masa constituía una

circunstancia jurídicamente relevante para la determinación del valor

comercial, en tanto incide en la potencialidad edificatoria y, por

consiguiente, en el aprovechamiento económico del terreno, en

particular para la fecha en que fue elaborado el avalúo, comoquiera

que para ese momento había sido expedida la Directiva 001 de 17

de enero de 2017 que dispuso no aprobar Planes de Manejo,

Recuperación y Restauración Ambiental.

La referida directiva dispuso15:

“[…] La Secretaría Distrital de Ambiente suspende todos los
trámites administrativos ambientales, que sobre: otorgamiento
de instrumentos ambientales Mineros cursan en la Entidad, en
consecuencia:

• La Secretaría Distrital de Ambiente no podrá otorgar nlngun
permiso ni, licencia ambiental en materia. minera hasta tanto el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Acción Popular 2001-
90479) decida sobre la suspensión de la Resolución No.2001 de
2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

15
SAMAI índice 2, cuaderno llamamiento, folios 99 a 102.

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• La Secretaría de Ambiente no podrá otorgar siquiera
Planes de Manejo Recuperación y Restauración
ambiental, hasta tanto ‘el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resuelva la situación jurídica en materia de
Minería […]”. (Destacado fuera de texto)

Dicho antecedente normativo resultaba relevante para determinar el

precio del inmueble, comoquiera que al encontrarse en una zona con

riesgos de remoción de masas su desarrollo urbanístico requería de

procesos de estabilización previos, para los cuales los Planes de

Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental, estaban

suspendidos.

Ahora, el marco técnico particular para la aplicación de la técnica

residual está previsto en los artículos 4° y 14 de la Resolución 620

de 2008, así:

“[…] ARTÍCULO 4o. MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL. Es el
que busca establecer el valor comercial del bien, normalmente
para el terreno, a partir de estimar el monto total de las ventas
de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación
urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien
final vendible, en el terreno objeto de avalúo.

Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar, al
monto total de las ventas proyectadas, los costos totales y la
utilidad esperada del proyecto constructivo. Es indispensable
que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la
factibilidad comercial del proyecto, es decir la real posibilidad de
vender lo proyectado.

PARÁGRAFO. Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el
principio de mayor y mejor uso, según el cual el valor de un
inmueble susceptible de ser dedicado a diferentes usos será el
que resulte de destinarlo, dentro de las posibilidades legales y
físicas, al económicamente más rentable, o si es susceptible de
ser construido con distintas intensidades edificatorias, será el

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que resulte de construirlo, dentro de las posibilidades legales y
físicas, con la combinación de intensidades que permita obtener
la mayor rentabilidad, según las condiciones de mercado.

[…]

ARTÍCULO 14. MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL. En
desarrollo de este método (técnica), se debe tener en cuenta:

Para el cálculo de ventas totales, se debe analizar el tipo de
producto que por efectos del principio de mayor y mejor uso se
pueda dar sobre el predio, para lo cual se deben referenciar las
ofertas de inmuebles comparables y semejantes al proyecto
planteado, así como las características de áreas, valores de
venta, elementos del proyecto, entre otros que este tenga.

El costo total es la suma del costo de urbanismo asociado al
proyecto y/o plan parcial y el costo de la construcción siendo
este la suma de los costos directos, costos indirectos, los
financieros y los de gerencia del proyecto, teniendo en cuenta
los volúmenes y unidades requeridas para el proyecto planteado.
El costo de urbanismo se establece como la suma de los costos
para habilitar el suelo a usos específicos e incluye las cargas
asociadas a su desarrollo.

La utilidad esperada debe ser concordante con los usos y su
estratificación, ubicación espacial, especificaciones del tipo de
proyecto que sobre el predio se plantee, teniendo en cuenta las
condiciones de renta fija presentes en el momento del cálculo,
así como la tasa interna de retorno y que el valor presente de
este proyecto sea como mínimo igual a cero.

El valor resultante de esta técnica es el valor total del inmueble,
es decir, del valor del terreno y del valor de la construcción sobre
él edificada, por lo tanto, al valor obtenido no se debe agregar
el valor de la construcción.

Cuando se requiera presentar en el avalúo de forma
independiente, tanto el valor del terreno como el de la
construcción, se deberá hacer de la siguiente forma: calcular por
el método de reposición el valor de la construcción y descontarla
al valor total del inmueble […]”.

El método residual busca establecer el valor comercial del bien,

normalmente del terreno, a partir de estimar el monto total de las

ventas de un proyecto de construcción acorde con la reglamentación

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urbanística vigente y con el mercado del producto final vendible.

Para encontrar el valor del terreno, debe descontarse del monto total

de las ventas proyectadas los costos totales del proyecto (urbanismo,

construcción, financieros, gerencia) y la utilidad esperada, evaluando

tanto la factibilidad técnica y jurídica como la factibilidad comercial

del proyecto.

De este marco técnico se desprende que el método residual exige:

1. Identificar el uso jurídicamente permitido.

2. Proyectar un desarrollo inmobiliario viable.

3. Estimar ingresos esperados por ventas.

4. Descontar costos y utilidad.

5. Arribar al valor residual del terreno.

De ahí que el valor del suelo no se determina en abstracto, sino en

función de su capacidad real de desarrollo conforme a la normativa

vigente.

En tal sentido, el avalúo reconoce que el predio matriz presentaba

zonas con amenaza de remoción en masa en categorías alta, media

y baja, circunstancia que incidía en su potencial de desarrollo, por lo

que distribuyó el área total según esas categorías y asignó valores

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diferenciados para luego calcular un valor ponderado final del metro

cuadrado.

Por ello, la utilización del método residual como técnica de valoración

se ajustó, en principio, a lo previsto en la Resolución 620 de 2008,

además, la consideración de las distintas categorías de amenaza se

encontraba alineada con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del

Decreto 1420, que exigen valorar el inmueble atendiendo a sus

condiciones reales y a las normas urbanísticas aplicables.

Cabe anotar que el hecho de que el predio estuviese clasificado como

suelo urbano no implicaba que la totalidad de su superficie fuese

edificable ni que todas sus áreas tengan igual potencial de

aprovechamiento, pues como lo identificó la UAECD: 28.824,60 m²

del predio estaban catalogados como suelo con amenaza alta por

remoción en masa, sin que fueran mitigables por la suspensión los

planes para tal efecto, conforme con la Directiva 001 de 2017

aludida.

La Ley 388 en su artículo 35 reconoce la existencia de suelo de

protección, categoría que puede encontrarse incluso dentro del

perímetro urbano cuando concurren restricciones ambientales o

riesgos que impiden su urbanización, así:

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“[…] ARTÍCULO 35.- Suelo de protección. Constituido por
las zonas y áreas de terreno localizados dentro de
cualquiera de las anteriores clases, que, por sus
características geográficas, paisajísticas o ambientales, o
por formar parte de las zonas de utilidad pública para la
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios
públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y
riesgo no mitigable para la localización de
asentamientos humanos, tiene restringida la
posibilidad de urbanizarse […]”.

La limitación de urbanización que afectaba al predio justificaba que

al área carente de potencial edificatorio se le asignara un valor acorde

con su limitada aptitud económica, para lo cual el avaluador tomó

como referencia el valor del suelo rural más cercano, no para

reclasificar el predio, sino para estimar el valor de una franja urbana

sin posibilidad de desarrollo urbanístico.

Ahora, el Tribunal sostuvo que resultaba ilógico afirmar que en el

área clasificada en amenaza alta por remoción en masa no era

posible desarrollar actividad alguna, cuando en el terreno expropiado

se ejecutaron obras del sistema de transporte Transmicable,

circunstancia que, a su juicio, desvirtuaba la justificación técnica de

la reducción del valor por metro cuadrado aplicada en el avalúo 2017-

0018.

La Sala no comparte dicha conclusión, dado que el avalúo oficial no

partió de afirmar una imposibilidad física absoluta de intervención

sobre el terreno, sino de reconocer la existencia de una restricción
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normativa que limitaba su desarrollo urbanístico privado, conforme

a la reglamentación vigente para el año 2017.

La clasificación del suelo en amenaza alta por remoción en masa

comporta una limitación jurídica en cuanto a los usos y

aprovechamientos edificatorios ordinarios, lo cual no equivale a

afirmar que el terreno no pueda ser objeto de intervención bajo un

régimen especial de obra pública.

Así las cosas, la Sala concluye que la ejecución de obras públicas en

el terreno no desvirtúa, por sí sola, la valoración diferenciada

aplicada en el avalúo oficial respecto del área clasificada en amenaza

alta, ni constituye argumento suficiente para invalidar la ponderación

efectuada con base en las condiciones normativas vigentes al

momento jurídicamente relevante del avalúo.

De igual forma, el actor sostuvo que conforme con el boletín catastral

expedido el 16 de agosto de 2017, el inmueble contaba con un avalúo

catastral actualizado a 31 de diciembre de 2016 por valor de

$1.091.533.000, lo que según su cálculo permitía inferir un valor por

metro cuadrado cercano a $30.600, cifra superior a la reconocida por

la administración en el proceso expropiatorio.

El certificado catastral aludido por el actor evidencia:
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“[…]

[…]”.

Al respecto, la Sala advierte que el avalúo catastral no es un

parámetro para determinar el precio comercial de un inmueble;

además, como el actor lo pone de presente, aquel fue elaborado en

el mes de diciembre de 2016, esto es, con anterioridad a la

expedición de la Directiva 001 de 17 de enero de 2017, disposición

que suspendió la aprobación de instrumentos ambientales necesarios

para la recuperación morfológica de suelos con antecedente minero

y remoción de masas.

En esa medida, la simple comparación aritmética entre el valor

catastral global del inmueble y el valor comercial determinado en el

avalúo oficial no demuestra, por sí misma, error técnico alguno en

este último ni resulta suficiente para desvirtuar la presunción de

legalidad que lo ampara, aspecto sobre el cual pasa la Sala a

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profundizar.

Esta Sección ha sostenido que al haber sido incorporado el valor de

aquel en el acto administrativo, este goza de presunción de legalidad

y debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, por lo que

corresponde a la parte que se siente afectada probar en el proceso

que aquel es equivocado, demostrando precisamente sus

incorreciones y, en particular, la incidencia de estas en el valor que

se ha atribuido al bien por la autoridad respectiva, de la siguiente

manera16:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en
el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción
de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba
en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la
carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su
incorrección”.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección sostuvo que

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 15 de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-
000-2011-00196-01.

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“todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo
que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que
el mismo pueda ser objeto de modificación dado que la
actora, quien tenía la carga probatoria de desvirtuarlo,
no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó
la presunción de legalidad del acto administrativo demandado,
que lo incorporó […]”. (Destacado fuera de texto).

Ahora, en lo que concierne al alcance de la carga de la prueba para

desvirtuar un avalúo oficial, esta Sala17 ha precisado lo siguiente:

“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración, no es del caso que el escrito de
demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos
desvirtuar el realizado por la entidad pública; para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base en
las normas que regulan la materia, indique el defecto en
que se ha incurrido y su impacto en el precio oficialmente
establecido, pues de lo que se trata es precisamente de
llevar al convencimiento del juez de que se ha incurrido
en error al establecer el monto de la indemnización, y no
simplemente de identificar otras alternativas probables
[…]” (Destacado fuera de texto).

De igual forma, comoquiera que el avalúo oficial deriva de un informe

técnico, no basta con atribuirle deficiencias basadas en simples

afirmaciones, por lo que esta Sección ha reiterado que la prueba

idónea para desvirtuar la corrección, por regla general, es el

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00115-
01.

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dictamen pericial, y que un avalúo aportado como simple documento

no reemplaza esa carga demostrativa.

Al respecto en sentencia de 10 de abril de 2025 18 , esta Sección

indicó:

“[…] 50. Para resolver este argumento de apelación, la Sala
recuerda que la jurisprudencia, con fundamento en la
normativa que regula el asunto, ha considerado que el precio
indemnizatorio está amparado por la presunción de legalidad al
ser incorporado al acto administrativo que ordena la
expropiación, por lo tanto, la parte demandante tiene la carga
de probar cuál es error o la incorrección del avalúo oficial […]

51. Además, la Sección Primera del Consejo de Estado ha
precisado que el dictamen pericial es la prueba idónea para
acreditar la incorrección del avalúo oficial; en la sentencia
proferida el 30 de abril de 2020, indicó lo siguiente:

[…] Con fundamento en las anteriores premisas, en nuestro
ordenamiento jurídico la prueba idónea para demostrar la
incorrección del avalúo oficial que determinó el valor comercial
de un bien inmueble objeto de expropiación es el dictamen
pericial y, en consecuencia, tal y como lo estimó el a quo, el
avalúo presentado por el actor con la demanda, siendo una
prueba documental, no resulta conducente para esa finalidad
[…]”.

En ese orden de ideas, para desvirtuar el valor incorporado en los

actos administrativos en los que la administración determina el valor

catastral de un inmueble, no basta aducir la existencia de otros

avalúos del bien sobre el cual recayó la medida, sino que

corresponde al interesado probar los errores del avalúo oficial

y, en particular, la incidencia de estos en el precio que fue

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de abril
de 2025, MP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 25000234100020190102101.

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determinado.

Visto lo anterior, la Sala advierte que, prima facie, no se evidencia

que el avalúo comercial 2017-0018 riña con el principio de legalidad,

esto es, con los criterios normativos y técnicos que le resultaban

aplicables al momento de su elaboración.

Dado que el avalúo oficial constituye un elemento técnico

incorporado al acto administrativo y se encuentra amparado por

presunción de legalidad, todo lo cual conlleva que para que sea

desvirtuado se requiere el análisis de los medios de prueba

igualmente técnicos obrantes en el plenario, con el fin de establecer

si estos identifican con precisión defectos metodológicos concretos y,

en especial, si demuestran la incidencia de tales supuestas falencias

en el valor final atribuido al área expropiada.

En consecuencia, la Sala procederá a examinar las pruebas técnicas

aportadas al proceso para determinar si efectivamente logran

desvirtuar la corrección del avalúo oficial o si, por el contrario, este

mantiene incólume su fuerza demostrativa.

V.4.2.2.- De los demás avalúos elaborados por la UAECD y el
practicado en el curso del proceso

Dentro del expediente obran 3 avalúos más practicados al inmueble
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en cuestión así:

V.4.2.2.1.- Avalúo 2014-1365 de 15 de septiembre de 2014

En este se destaca19:

“[…]

[…]

[…]”

El avalúo 2014-1365 fue elaborado el 15 de septiembre de 2014 por

la UAECD a solicitud del IDU sobre un área de 14.506,95 m2 de

terreno del inmueble matriz origen de la controversia.

En el informe se describe que para la determinación del valor del

terreno se utilizó el método residual, bajo el supuesto de un

19
SAMAI índice 2, cuaderno 1 Tribunal, folios 22 a 32.

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proyecto de vivienda de interés prioritario (VIP), ajustado a la

reglamentación urbanística vigente para ese momento, el cual arrojó

un valor por metro cuadrado de $58.000, con una vigencia de 1 año.

Al respecto, la Sala advierte que dicho avalúo fue practicado en el

año 2014, es decir, tres años antes del avalúo 2017-0018 que

fundamentó los actos administrativos acusados y, en consecuencia,

su punto de referencia normativo, las condiciones de mercado y las

circunstancias urbanísticas vigentes eran distintas a las que regían

en 2017, momento jurídicamente relevante para fijar el precio

indemnizatorio.

Así las cosas, no se trató simplemente de una diferencia temporal

entre avalúos, sino de una variación relevante en las condiciones

normativas del suelo, particularmente en lo atinente a las

restricciones por riesgo geotécnico, circunstancia que, conforme al

artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, debía necesariamente ser

considerada en la determinación del valor comercial.

En ese contexto, no resultaba jurídicamente procedente trasladar de

manera automática el valor unitario obtenido en 2014, calculado bajo

un supuesto de desarrollo urbanístico integral del lote, a la valoración

efectuada en 2017, cuando el análisis debía efectuarse con base en

la reglamentación urbanística vigente para ese momento y en las
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limitaciones efectivas del suelo.

V.4.2.2.2.- Avalúo comercial 2017-0744

En este se precisó20:

“[…]

[…]

[…]

[…]

20
SAMAI, índice 2, cuaderno 1 Tribunal, folios 100 a 122.

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[…]

[…]”.

El avalúo 2017-0744 fue elaborado por la UAECD el 31 de julio de

2017 a solicitud del IDU, con el propósito de valorar una franja de

terreno de 3.894,26 m², correspondiente a un área de reserva vial

del inmueble matriz objeto de la controversia.

El avalúo se practicó bajo el método residual, con fundamento en

el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 del IGAC,

planteando un proyecto hipotético de vivienda VIP de seis pisos sin

ascensor, desarrollable en las áreas con amenaza media y baja,

dejando el área de amenaza alta como suelo no urbanizable y como

resultado, fijó un valor unitario de $47.000 por metro cuadrado, para

un valor total de $183.030.220.

Aunque este avalúo es contemporáneo al año 2017, la Sala advierte

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que no corresponde al mismo objeto técnico valorado en el avalúo

2017-0018.

En efecto, el avalúo 2017-0744 se refiere a una franja de 3.894,26

m² destinada a reserva vial, mientras que el avalúo 2017-0018 tuvo

por objeto una franja distinta, tanto en extensión como en

delimitación física, segregada del predio matriz.

De igual forma, el ejercicio residual se construyó sobre un escenario

urbanístico distinto, pues, aunque el avalúo en cita menciona la

existencia de amenaza por remoción en masa, el planteamiento del

proyecto parte de una estructuración hipotética de vivienda VIP

con determinados índices de ocupación y construcción que no

necesariamente coinciden con las condiciones reales del suelo

específico valorado en el avalúo que fundamentó los actos acusados.

Desde el punto de vista probatorio, este avalúo no resulta idóneo

para desvirtuar las conclusiones técnicas del avalúo 2017-0018 que

fundamentó los actos administrativos acusados, porque i) no valora

el mismo objeto material ni la misma área; ii) no parte de idénticas

premisas de delimitación técnica del suelo; iii) responde a una

finalidad procedimental distinta y, en particular; iv) no demuestra

error técnico, inconsistencia metodológica ni desconocimiento

normativo en el avalúo base de los actos acusados.
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V.4.2.2.3.- Avalúo practicado en el proceso

En este se indicó21:

“[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

21
SAMAI índice 2, cuaderno 1 Tribunal, folios 306 a 349.

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[…]

[…]”.

Dentro del trámite probatorio se practicó dictamen pericial a solicitud

de la parte actora, elaborado por el señor JUAN ANDRÉS DÍAZ

ESPITIA, quien rindió el informe de 10 de septiembre de 2021, con

el propósito de determinar el valor comercial del terreno objeto de

expropiación.

En el informe, el perito identificó el inmueble y señaló que el predio

matriz contaba con un área total de 35.671 m², indicando que el área

objeto de expropiación correspondía a 3.894,26 m2, por un valor

aproximado de $79.000 por m2.

Posteriormente, mediante escrito de 10 de octubre de 2022 22 , el

22
SAMAI, índice 2, cuaderno 1 Tribunal, folio 423.

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mismo perito aclaró que había liquidado equivocadamente el avalúo

y precisó que el área real objeto de expropiación era de 5.320,73 m²,

conforme con la Resolución 001870 de 21 de abril de 2017.

Asimismo, en el dictamen el perito reconoció que el predio se

encontraba en zona de amenaza por remoción en masa categoría

alta, conforme a consulta del sistema SINUPOT, aunque en el

desarrollo metodológico no incorporó factores relativos a dicha

condición.

En audiencia de contradicción de 17 de abril de 2024 23, el perito

reconoció que i) no revisó el avalúo 2017-0018 elaborado por la

UAECD, ii) no tuvo en cuenta la Circular 001 de 2017 de la Secretaría

Distrital de Ambiente; y iii) no incluyó costos de mitigación por

riesgo.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que dicho avalúo se limitó

a señalar de manera autónoma un valor comercial distinto al

determinado en el avalúo oficial, sin explicar técnicamente las

razones por las cuales este último sería incorrecto o contrario a los

métodos previstos en la Resolución 620 de 2008, además de no

incorporar el cambio normativo aplicable para 2017 ni calcular la

23
SAMAI, índice 2, cuaderno 1 Tribunal, folios 481 a 490.

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incidencia de la limitación urbanística del bien.

En tales condiciones, el avalúo practicado en el proceso tampoco

desvirtúa de manera técnica y concreta la presunción de legalidad

que ampara el avalúo oficial, pues no demuestra la existencia de un

error metodológico específico ni la indebida aplicación de los métodos

valuatorios reglamentados.

V.4.2.3.- De la vinculación de la UAECD

Finalmente, se ocupa la Sala de resolver el cuestionamiento de la

entidad apelante respecto de la negativa de acceder al llamamiento

en garantía, que alegó se soporta en la relación contractual entre la

UAECD y el IDU, según el contrato interadministrativo 1981 de 2016,

celebrado entre ambas entidades, cuyo objeto establecía la

elaboración de los avalúos comerciales de los inmuebles requeridos

para proyectos de infraestructura vial, incluidos aquellos adquiridos

por enajenación voluntaria o expropiación.

Al respecto y para contextualizar el asunto, se tiene que la

vinculación de la UAECD a este proceso se cumplió por auto de 8 de

noviembre de 2019, lo cual garantizó la concurrencia de la entidad al

mismo, y en su defensa determinar si le correspondía

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responsabilizarla de las posibles condenas24 producto del examen de

legalidad de los actos acusados.

Así, se aprecia que la garantía al debido proceso de las entidades se

observó; y en ese sentido, la determinación del Juez de primera

instancia de no aceptar el llamamiento de la UAECD obedeció a

los siguientes argumentos:

“[…] En el asunto, está claro que el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO expidió los actos administrativos
demandados con sustento en el informe técnico de avalúo
elaborado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CATASTRO DISTRITAL en virtud del Contrato
Interadministrativo N° 1981 del 19 de diciembre de 2016
suscrito entre estos con el objeto de que Catastro Distrital
elaborara los avalúos comerciales incluidas las indemnizaciones
para obras de infraestructura del sistema de transporte masivo
de Bogotá; sin embargo, revisado las cláusulas del referido
contrato, no obra disposición alguna en donde se indique que
dicha entidad responda ante una eventual condena en sede
judicial.

En esa medida, las controversias que entre las partes que
suscribieron dicho convenio se presenten, deben ser
zanjadas entre estas en los términos de la cláusula
duodécima del contrato y escapan la controversia de
legalidad de los actos administrativos en virtud de los
cuales el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, dispuso la
expropiación administrativa de una fracción del bien inmueble
de propiedad del señor ORTIZ PARDO […]”.

24
En efecto: “El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia
de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante y llamado y permite traer a éste
como tercero, para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la
indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia.
Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que
lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual
condena en contra del llamante. El objeto del llamamiento en garantía lo es “que el tercero llamado en
garantía se convierta en parte del proceso, a fin de que haga valer dentro del mismo proceso su defensa
acerca de las relaciones legales o contractuales que lo obligan a indemnizar o a rembolsar, y al igual
del denunciado en el pleito, acude no solamente para auxiliar al denunciante, sino para defenderse de
la obligación legal de saneamiento.” Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección
Tercera. Sentencia de 28 de julio de 2010. Radicación número: 15001-23-31-000-2007-00546-
01(38259) Actor: RAUL ENRIQUE MARTINEZ SANABRIA. Demandado: Municipio de Tunja. C.P. Ruth
Stella Correa Palacio.

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En este orden, está claro que, como discurrió la primera instancia, la

entidad que expidió el acto y quien tiene competencia de adelantar

el procedimiento expropiatorio no corresponde a la UAECD, de ahí

que no sea posible trasladarle las responsabilidades frente al

cuestionamiento de la legalidad de los actos acusados, en tanto su

participación responde a un contrato interadministrativo que no

obliga a la UAECD frente al administrado.

Entonces, sin desconocer el vínculo jurídico que permitía exigir a la

UAECD las obligaciones por parte del IDU, lo aquí relevante es que

las consecuencias económicas de una eventual condena judicial, de

presentarse porque el administrado desvirtuara la legalidad del

avalúo que soporta la decisión expropiatoria, no son suficientes para

la Sala a efectos de acceder el llamamiento en garantía porque esta

función no corresponde a una delegación y, en ese orden, la

responsabilidad de la elaboración del referido avalúo no se trasladó

fuera del IDU.

Además, y como consecuencia de la revocatoria parcial del fallo de

primera instancia, ocurre que tales errores no se evidenciaron, lo

que tampoco equivale a que el IDU se haya allanado a estos, sino

que su defensa se restringió a rebatir el pago de la condena y que

bajo sus argumentos dicho restablecimiento se le trasladara a la

UAECD.
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Por lo expuesto este reproche no prospera.

V.5.- CONCLUSIÓN

Del examen abordado, la Sala advierte que si bien el a quo accedió

de forma parcial a las pretensiones de la demanda al considerar

desvirtuado el avalúo 2017-0018 que sirvió de fundamento a los

actos administrativos acusados, también lo es que tal conclusión

producto del estudio de la apelación logró desvirtuarse, de allí que

proceda la revocatoria parcial de la sentencia en cuanto se

accedió a la nulidad parcial de los actos acusados y al

restablecimiento conferido.

Entonces, esta Sala concluye que el dictamen pericial practicado en

el proceso no constituyó una contradicción técnica estructurada del

avalúo elaborado por la UAECD, ni demostró error metodológico

concreto en la aplicación del método residual previsto en el Decreto

1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 del IGAC, como tampoco

lo demostraron los demás avalúos analizados.

Además, revisados los fundamentos de la demanda, la Sala tampoco

encuentra que deba examinarse un reproche adicional que no se

hubiere estudiado.

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En consecuencia, al prosperar el recurso de apelación y, por

ende, al no quedar desvirtuada la legalidad de los actos

administrativos demandados ni la existencia de un error técnico en

la determinación del precio indemnizatorio, la sentencia recurrida en

los aspectos cuestionados será REVOCADA y, en su lugar, se

denegarán las pretensiones de la demanda y así se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

V.6. COSTAS PROCESALES

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso25 y por las agencias en derecho26“.

De conformidad con lo previsto en el artículo 188 27 del CPACA en

armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP28, esto es, en

aplicación de un criterio objetivo valorativo 29 , corresponde a la

25
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
26
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
27
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
28
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
29
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto

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Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a la parte a la que

se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, en los

términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 430 del artículo 365 ibidem,

habida cuenta de la decisión que aquí se profiere.

Al respecto se tiene que, en esta instancia, y según las reglas

previstas en el artículo 365 del CGP la Sala no condenará en costas

procesales en el componente de agencias en derecho ni expensas por

no encontrarse probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR los numerales 1 y 2 de la sentencia de 7 de

noviembre de 2024, proferida por la SUBSECCIÓN “B”, SECCIÓN

PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
30
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.

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CUNDINAMARCA y, en su lugar, DENEGAR las pretensiones de la

demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo

expuesto en esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de abril de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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