Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2007-03162-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2018 › Radicado 05001-23-31-000-2007-03162-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Expropiación por vía administrativa: indemnización previa, plena y justa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2007-03162-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2007-03162-01
Consejero ponente: María Elizabeth García González
26 de abril de 2018
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA – Indemnización previa, plena y justa
Sobre la indemnización a que hacen referencia los artículos 58 de la Constitución Política y 67 de la Ley 388 de 1997, la Corte Constitucional ha precisado que en tanto la expropiación constituye la limitación más gravosa al derecho de propiedad, resulta indispensable que el Estado, que actuó motivado por razones de utilidad pública e interés social, reconozca una indemnización previa y justa que comprenda no sólo el valor del bien expropiado sino los perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, pues si la indemnización no reúne tales características terminaría por configurarse un acto confiscatorio. […] Esta Sala, en sentencia de 14 de mayo de 2009 (M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), tuvo ocasión de pronunciarse acerca de las características que debe reunir la indemnización que el Estado reconozca al propietario de bienes objeto de expropiación administrativa y precisó que aquella debe ser plena y justa, pues constituye “[…]un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral”: de donde se sigue que los perjuicios cuyo reconocimiento se depreca sean ciertos y que esté probado su nexo de causalidad con el procedimiento de expropiación. […] Así las cosas, aunque el Estado está expresamente facultado para limitar el derecho de propiedad vía expropiación, siempre que existan motivos de utilidad pública e interés general, también le asiste la obligación ineludible de reconocer y pagar una indemnización previa, plena y justa a quien debe ceder su derecho a favor de la comunidad, lo que no obsta para que el afectado acuda a la jurisdicción contencioso administrativa si considera que aquella no lo repara en forma justa y plena, en cuyo caso tendrá la carga de probar, no sólo la existencia de aquellos perjuicios que pretende le sean reconocidos, sino su nexo de causalidad con el acto expropiatorio.
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA - Está sujeta a posterior acción contencioso administrativa incluso en cuanto al precio / INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN - Comprende tanto el valor del bien expropiado como el que corresponda a los demás perjuicios causados / INDEMNIZACION POR EXPROPIACIÓN - Carácter reparatorio justo y pleno / IGUALDAD DEL REPARTO DE CARGAS PUBLICAS - Su ruptura da lugar a la indemnización en materia de expropiación administrativa
[L]os daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la incorporación al dominio público de bienes de propiedad particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés general deba prevalecer sobre los intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede pretenderse que éste deba asumir a título personal un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas. Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión imperativa de su derecho de dominio, constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral. […] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un bien del dominio privado, comporta necesariamente la obligación de indemnizar el daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado por el constituyente. Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción contencioso-administrativa, puesto que esta es procedente respecto del precio, cuando el expropiado considere incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y plena.
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD Y DE CERTEZA DEL AVALÚO CATASTRAL - Se presenta cuando el valor del avalúo es incorporado al acto administrativo / DICTAMEN PERICIAL - Requisitos. Debe señalar los fundamentos técnicos de sus conclusiones / DICTAMEN PERICIAL - Valoración por parte del juez / CARGA DE LA PRUEBA - Le corresponde a quien quiera desvirtuar el avalúo catastral
En el curso del proceso se ordenó por el Tribunal la práctica de una prueba pericial, designándose a la perito Mary Luz Mejía Echavarría, […] Ahora bien, la perito citada, incluye en su informe de avalúo que el método utilizado fue el comparativo de mercado y se tuvo en cuenta la cercanía de un centro comercial. Además, en el experticio de marras se dice que para la descripción de los bienes se tuvo en cuenta “lo que describen los avalúos anexos al expediente, las fotografías, el relato de una vecina y la descripción del demandante”. La Sala observa, y así lo consignó el a quo, que en dicho dictamen no se explican las investigaciones efectuadas en el terreno con las cuales la perito hizo las comparaciones de mercado para establecer o concluir el valor del predio, ni los fundamentos técnicos de las conclusiones como lo prevé el artículo 237 del C.P.C.. Además, la Sala advierte que la perito asigna por error un total de 302.50 M2 al lote, en tanto en los avalúos presentados por el municipio y el actor, el área del lote es de 268 metros cuadrados aproximadamente, error que incremento el área total del terreno en 35 metros cuadrados aproximadamente, y consecuentemente el valor del mismo. Como lo explicó el Tribunal, el avalúo presentado por la perito Mary Luz Mejía Echavarría, no puede considerarse como un valor fundamentado y apoyado en una metodología que conduzca a establecer el valor correspondiente del metro cuadrado en el sector, y no se observan fundamentos técnicos que respalden las cifras señaladas, luego no es apto para que sobre este se fije el valor indemnizatorio por la expropiación; tampoco desvirtúa el avalúo considerado por la Administración. Aunado a lo anterior, el citado avalúo tampoco controvierte en forma directa el rendido por Luis Alberto Mora Rendón a instancias del Municipio de Caucasia, ni menciona de qué modo éste incurrió en fallas o pasó por alto los parámetros establecidos en el Decreto 1420 de 1998, pues simplemente se limita a realizar una nueva valoración que, como se dijo, no evidencia ninguna falencia en el precio indemnizatorio reconocido y pagado al demandante, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 00001de 4 de enero de 2007. Para La Sala el avalúo comercial practicado por la perito Mary Luz Mejía Echavarría, no prueba de manera cierta que las resoluciones acusadas sean contrarias al artículo 67 de la Ley 388 de 1997, pues no logra desvirtuar que el Informe Técnico de Avalúo rendido Luis Alberto Mora Rendón, hubiese pasado por alto los parámetros y criterios para la elaboración de avalúos, contenidos en los artículos 21 y 22 del Decreto 1420 de 1998.
INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN - Comprende tanto el valor del bien expropiado como el que corresponda a los demás perjuicios causados, incluidos el daño emergente y lucro cesante / DAÑOS ACCESORIOS DERIVADOS DE EXPROPIACIÓN - Es deber del interesado probar cuales son los perjuicios y su nexo de causalidad con la expropiación decretada
[A]unque el demandante alega que el avalúo que sirvió de fundamento al Municipio de Caucasia para fijar el precio indemnizatorio, no incluyó el daño emergente y el lucro cesante derivados de que en el predio expropiado funcionaba un establecimiento de comercio de ebanistería desde hacía más de 15 años, lo cierto es que tampoco probaron su existencia, pues dentro del expediente sólo obra como prueba de tales perjuicios la copia del contrato de mandato de 8 de septiembre de 2001, suscrito entre el actor y la señora Claudia Cecilia Muñoz Molina, cuyo objeto era la administración de un lote de terreno con todas sus mejoras ubicado en el Municipio de Caucasia, en la avenida troncal número 5-107 vía a Medellín y alinderado por el frente con la carrera 20 la Troncal, por un costado con propiedad de Luz Marina Jaramillo; por atrás con la carrera 19. Dentro de las obligaciones de la mandataria o administradora está la de adelantar todas las gestiones para arrendar el bien entregado; cobrar las cánones de arriendo respectivos […], contrato este que no constituye medio de convicción alguno que lleve a la Sala a considerar que se causó un daño al propietario expropiado, diferente del valor recibido como indemnización. […] Así las cosas y pese a que es cierto que la indemnización que se reconoce a quienes se ven afectados con la expropiación tiene carácter reparatorio y debe comprender no sólo el precio del bien sino los demás perjuicios que pudieron causarse con tal medida, incluidos el daño emergente y el lucro cesante, es deber del interesado probar ante la jurisdicción contencioso administrativa, (i) cuáles son los perjuicios y (ii) su nexo de causalidad con la expropiación decretada, lo que no ocurrió en el asunto de la referencia.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 4 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 58 / LEY 388 DE 1997 – ARTICULO 63 / LEY 388 DE 1997 – ARTICULO 64 / LEY 388 DE 1997 – ARTICULO 66 / LEY 388 DE 1997 – ARTICULO 67 / LEY 388 DE 1997 – ARTICULO 71 / DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO DE 1789 – ARTÍCULO 17 / PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA – ARTÍCULO 21.2
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 05001-23-31-000-2007-03162-01
Actor: JAIRO DE JESUS GIRALDO JIMENEZ
Demandado: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Referencia: Recurso de apelación contra la sentencia de 6 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, por medio de la cual se niegan las pretensiones de la demanda.
Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el actor contra la sentencia de 6 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1. El ciudadano JAIRO DE JESÚS GIRALDO JIMÉNEZ, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad previsto en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997, y artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, CCA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia con el fin de que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a) La Resolución nro. 00001 de enero 4 de 2007, expedida por la Alcaldía del Municipio de Caucasia Antioquia, por medio de la cual se decreta una expropiación administrativa de predios de su propiedad.
b) La Resolución nro. 00137 de enero 29 de 2017, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se confirma la anterior resolución; y
c) Como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho violado y se le ordene al Municipio de Caucasia elevar el valor de la indemnización, pagando la diferencia entre el valor pagado por los bienes y el valor real de los mismos, diferencia que estima en la cuantía de “Cincuenta y Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Quince Pesos ($54.208.815) (sic)”.
I.2. LOS HECHOS DE LA DEMANDA
El actor fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes hechos:
1º. El Municipio de Caucasia expidió la Resolución nro. 0763 de 9 de agosto de 2006, en la cual declaró las condiciones de urgencia para llevar a efecto la enajenación voluntaria o el procedimiento de expropiación administrativa de los inmuebles afectados por la proyección de la calle 5 con carrera 20, ubicados en el barrio Asovivienda.
2º. Seguidamente, se expidió la Resolución nro. 1078 de 8 de noviembre de 2006, por la cual se hizo la oferta de compra sobre los bienes identificados con los folios de matrícula inmobiliaria nros. 015-25957 y 015-41413, por valor de cuarenta y cuatro millones setecientos setenta y siete mil ciento ochenta y cinco pesos ($44.777.185), según avalúo practicado por señor Alberto Mora Rendón.
3º. Manifestó el actor que, el día 21 de diciembre de 2006 aportó al Municipio de Caucasia avalúo comercial de los inmuebles, elaborado el 6 de diciembre de 2006 por los peritos Carlos Eduardo Maya Ospina y Luis Armando Herrera, que estableció como valor comercial en la suma de noventa y ocho millones novecientos ochenta y seis mil pesos ($98.986.000).
4°. Ante el fracaso de la enajenación voluntaria, el Municipio de Caucasia por medio de la Resolución nro. 00001 de 4 de enero de 2007, dispuso por motivos utilidad pública o de interés social la expropiación administrativa de los inmuebles, estableciendo como monto de la indemnización la suma de cuarenta y cuatro millones setecientos setenta y siete mil ciento ochenta y cinco pesos ($44.777.185), según avalúo practicado por señor Alberto Mora Rendón.
5º. Contra la Resolución nro. 00001 de 4 de enero de 2007, se interpuso recurso de reposición el cual se resolvió desfavorablemente mediante resolución 00137 de 29 de enero de 2007.
6º. Alegó el actor, que el Municipio de Caucasia no se pronunció sobre el avalúo por él aportado el día 21 de diciembre de 2006, en el cual los peritos contratados establecieron un valor comercial de los inmuebles de noventa y ocho millones novecientos ochenta y seis mil pesos ($98.986.000). Además, que el perito que realizó el avalúo por parte de la Alcaldía, no tuvo en cuenta la incidencia alta en la valorización de los inmuebles por su cercanía al Centro Comercial Cauca Centro, tampoco que en los predios expropiados funcionaba un establecimiento de comercio de ebanistería, circunstancias estas que sí fueron consideradas por los peritos Carlos Eduardo Maya Ospina y Luis Armando Herrera, en el avalúo de fecha 6 de diciembre de 2006.
I.3- LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
En síntesis, fundamentó los cargos de violación, así:
Adujo la existencia de vicios de nulidad que fundamentó en las causales de violación de la norma superior y de falsa motivación.
En su opinión se desconocieron los artículos 58 de la Constitución y 67 de la Ley 388 de 1997, ya que si bien jurídicamente la institución de la expropiación administrativa es aceptable, en su caso, se ocasionó un daño del que no ha sido indemnizado en forma plena a lo que tiene derecho en virtud del “principio de reparación integral del daño”, ya que el precio indemnizatorio tazado unilateralmente por la administración del Municipio de Caucasia, no está acorde con el precio real de los inmuebles, por ser el resultado de un dictamen pericial realizado por el perito Alberto Mora Rendón, quien no tuvo en cuenta la incidencia alta en valorización de los inmuebles por la cercanía de un centro comercial, así como tampoco que en el predio funcionaba un taller de ebanistería, por lo cual se incurre en “falsa motivación”.
I.4- Contestación de la demanda.
Dentro del término legal, el Municipio de Caucasia, Antioquia, por conducto de apoderado contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, proponiendo las excepciones de;
“Excepción de petición en indebida forma”, lo cual fundamenta en el hecho de que el demandante pretende la nulidad de los actos administrativos, cuando estos fueron rituados, conforme a la ley y según el tramite pertinente, que para el caso debatido lo procedente sería la reparación directa prescrita en el artículo 86 de CCA. y no la de restablecimiento del derecho.
“Excepción de falta de razón legal”. Cimienta esta en el hecho de que el actor pretende la nulidad de los actos administrativos, sin que exista una razón de hecho o de derecho que los invalide.
“Excepción de inexistencia de violación”, señala que el demandante pretende hacer ver una violación normativa inexistente y falsa motivación.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 6 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, denegó las pretensiones de la demanda, en consideración a lo siguiente:
Inició precisando que se encontraba probado dentro del proceso que el Municipio de Caucasia siguió los trámites legales para lograr la expropiación por vía administrativa, así:
El Municipio de Caucasia, contrató con el señor Luís Alberto Mora el avalúo de los predios de propiedad del demandante identificados con los folios de matrículas 015-25957 y 015-41413, de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Caucasia Antioquia, y allí se asignó un avalúo total $44.777.185.oo.
Señaló que, con fundamento en este avalúo el Municipio expidió la Resolución nro. 01078 de 8 de noviembre de 2006 “Por la cual se determina que el procedimiento a aplicar es el reglado para la expropiación administrativa”, donde se hizo la oferta de compra al demandante por el valor determinado en el avalúo.
Que el Municipio, mediante Resolución nro. 00001 de 4 de enero de 2007, decretó la expropiación administrativa de dos predios que en total tienen un área aproximada de 268 metros cuadrados, edificados con casa de habitación y un cobertizo, distinguidos con nomenclatura urbana 05-07 de Caucasia, con cédulas catastrales nros. 11100000005007000 y 11100000005014000, folios de matrícula inmobiliaria nro. 015-25957 y 015-41413 de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Caucasia, Antioquia, donde figura como propietario Jairo de Jesús Giraldo Jiménez.
Señaló que, el interesado interpuso recurso de reposición frente a la Resolución nro. 00001 por no estar de acuerdo con el precio pagado y el avalúo efectuado para su determinación, recurso que fue resuelto desfavorablemente mediante Resolución nro. 00137 de 29 de enero de 2007.
Manifestó que, se acreditó la propiedad del actor sobre los bienes expropiados acorde con la anotación 1 del Certificado de Libertad y Tradición de los inmuebles, asimismo, se demostró la cancelación por parte del demandado de la suma de $44.777.185, por concepto de indemnización.
Expresó que, con relación al precio del inmueble, el valor de la indemnización es el motivo de la controversia y, se precisó en el acto administrativo:
“[…]
“ARTICULO TERCERO: El monto de la indemnización que se reconocerá al propietario de los inmuebles es de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETANTA Y SIETE MIL CIENTO OCENTA Y CINCO PESOS MC ($44.777.185), según el avalúo comercial practicado, los cuales se cancelarán en su totalidad en dinero, mediante cheque y en un solo contado.”
Que el avalúo de los inmuebles fue practicado por LUIS ALBERTO MORA RENDÓN, afiliado a Asolonjas y a la Asociación Colombiana de Avaluadores, con Registro Nacional de Evaluador nro. MI-0150, y registro de evaluador en la Superintendencia de Industria y Comercio nro. 281277, por lo que se encontraba legalmente habilitado para hacerlo, tal como lo dispone el artículo 27 del Decreto 2150 de 1995.
Precisó que, en dicho avalúo se identifican y describen los inmuebles por sus características físicas, situación jurídica, antigüedad, estado de conservación, vida útil, área construida, destinación, ubicación, servicios públicos, vías de acceso, áreas, desarrollo económico del sector, explotación económica del Municipio, oferta y demanda, desarrollo económico de los predios.
Explicó el Tribunal que se tuvieron en cuenta los métodos “costos de reposición”, “método (técnica) residual” y que los predios están afectados por una obra pública, que la persona es poseedora pasiva del predio hace más de veinte años y el Plan de Ordenamiento Territorial de Caucasia, arrojando un el avalúo total de $44.777.185.
Anotó que, en el avalúo claramente se exponen los valores que se tuvieron en cuenta, según el método de reposición, para calcular el costo de la construcción por metro cuadrado, con base en la depreciación y para calcular el valor de los terrenos, los costos directos de construcción e indirectos, los costos financieros, la utilidad del promotor de las ventas etc. según las tablas que se observan a folios 128 a 129.
Precisó que, en el proceso se decretó una prueba pericial y en ella se le asignó a los bienes expropiados un valor de $107.500.000; se tuvo en cuenta la localización del bien, los servicios y la construcción cercana de un centro comercial y se señaló que el método utilizado fue el comparativo del mercado.
Agregó que, en el experticio referido, se dice que para la descripción de los bienes se tuvo en cuenta “lo que describen los avalúos anexos al expediente, las fotografías, el relato de una vecina y la descripción del demandante”. Sin embargo, en dicho dictamen, no se explican las investigaciones efectuadas ni los fundamentos técnicos de las conclusiones, como lo exige el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil.
Manifestó que, el actor presentó a la entidad demandada un avalúo que aportó al proceso, realizado por un perito inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores, que asignó al inmueble un valor de $98.986.000. Que este dictamen por haberse practicado sin citación y audiencia del Municipio de Caucasia y no haberse sometido a contradicción en el proceso, no tiene valor probatorio y el efecto jurídico será el previsto en el artículo 238, numeral 7 del CPC., según el cual, éste se tendrá como alegaciones de la parte que las aportó.
Agregó que, dentro del proceso se escuchó la declaración de LUIS ARMANDO HERRERA PATERNINA, quien participó en el dictamen presentado por el evaluador contratado por el demandante, describió los bienes y señaló que el dictamen se había realizado por el método comparativo del mercado, y por el valor de la renta que para esa época era de $500.000; explicó, además, que los inmuebles están ubicados en zona de crecimiento urbano y comercial y que específicamente en el valor de estos bienes tenía que incidir la existencia del Centro Comercial cercano.
Consideró el Tribunal que, de las pruebas apreciadas en su conjunto no logra desvirtuarse la presunción de legalidad del acto administrativo atacado puesto que no se obtiene certeza de que el avalúo oficial es equivocado.
También observó que en el sustento de las conclusiones de la perito designada, no se advierte la razón por la cual atribuye el valor del metro cuadrado ni la relación de oferta o transacciones en el mismo sector para inmuebles de similares características atendiendo el método “valorativo del mercado” escogido y, tampoco se tiene en cuenta que se trata de dos predios diferentes.
Manifestó además que, la auxiliar de la justicia no dio cuenta de las reales dimensiones del bien, pues se apoyó en afirmaciones que existían en el plenario, lo que tuvo incidencia en el valor total asignado al inmueble.
Adujó que el testigo se limitó a justificar los fundamentos del dictamen pericial que el mismo elaboró a instancias de la parte demandante antes de presentarse la demanda, dictamen que como se dejó dicho, carece de valor probatorio.
Concluyó el a quo que como era de cargo de la parte demandante desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo de los inmuebles demostrando con precisión su incorrección, tal como lo señala el Consejo de Estado en providencia de 14 de mayo de 2009 y lo previsto en el artículo 177 del CPC., se estará en lo que respecta al monto de la indemnización a lo señalado por el Municipio.
Finalmente manifestó que, con relación a la prueba de los demás perjuicios reclamados, no existe medio de convicción alguno en el expediente que lo lleve a concluir que en efecto se les causó a las propietarias expropiadas un perjuicio diferente del valor ya recibido como indemnización.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El actor fundamentó su inconformidad con la sentencia de 6 de octubre de 2011, proferida por Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, así:
Alegó que, contrario al pensamiento del Juez de Primera Instancia, considera que los medios de convicción existentes en el proceso son suficientes para concluir que al señor Jairo de Jesús Giraldo Jiménez, se le causó un daño al recibir como indemnización un pago que no es proporcional al valor real de los bienes expropiados. Que en su concepto, el a quo incurrió en error al momento de apreciar las pruebas periciales que sirvieron de criterio para fijar la indemnización. En su sentir, el Juez incurre en error de apreciación al conceder plena eficacia probatoria al dictamen practicado en la etapa prejudicial por el perito designado por el Municipio de Caucasia y, restar eficacia probatoria a la experticia ordenada por el mismo juzgado, la cual determinó, que el valor de los bienes expropiados era de $107.500.000.oo, y no $44.777.185.oo, y que siendo así las cosas, el problema fundamental a resolver en la segunda instancia es determinar cuál de los peritajes practicados constituye la prueba medular para determinar la procedencia del derecho a la reparación a favor del demandante.
Consideró que, el motivo de la controversia consiste en el valor de la indemnización, la cual se resuelve concediéndole eficacia probatoria a la experticia realizada por la auxiliar de justicia Mary Luz Mejía Echeverría, la cual determinó en el debate procesal, que el valor real de los predios expropiados era de $107.500.000.oo.
Argumentó que, dicho avalúo se realizó adecuadamente, acorde con la ritualidad prevista el artículo 237 del CPC.; que de una simple lectura del trabajo realizado por la perito se concluye la rigurosidad con el cual se practicó el dictamen, el contexto histórico, la identificación de los inmuebles, desarrollo económico del sector y de los predios. Manifestó, además, que la perito se desplazó hasta el Municipio de Caucasia para realizar el trabajo de campo, concluyendo que los inmuebles expropiados se encontraban ubicados en polos de desarrollo económico; aplicó el método comparativo de la evolución del mercado, y que, a pesar de que la práctica del dictamen cumplió la ritualidad del artículo 237 y ss del CPC., el a quo no lo tuvo en cuenta. Que en su sentir, esta posición es incongruente por que se guardó silencio en el momento procesal de la práctica del dictamen, y no se aplicó la aclaración, adición y ampliación del dictamen por iniciativa del Juez, como lo establece el artículo 240 del CPC.
Recalcó que, con la prueba pericial el demandante cumplió con el deber procesal de probar el hecho que origina la responsabilidad así como individualizar el daño, por lo que la suma de $44.777.185, no es proporcional al daño, y es necesario para cumplir con el principio de indemnización integral reconocer una suma adicional de $72.722.815 pesos.
Reiteró que, la conclusión final de la perito ratifica la tesis propuesta de elevar el precio indemnizatorio estableciendo el derecho a la reparación a favor del actor. En su sentir, no cabe duda según el dictamen, que las resoluciones sometidas a control jurisdiccional ocasionaron un daño antijurídico, toda vez que se produjo en virtud de una actuación administrativa que equivocadamente determinó el valor indemnizatorio de los predios propiedad del demandante, surgiendo el derecho a la reparación integral de perjuicios, además de que, el precio indemnizatorio impuesto unilateralmente por la administración del Municipio de Caucasia, no obedece al precio real de los predios identificados con la matricula inmobiliaria nro. 015-25957 y 015-41413, toda vez que el mismo es el resultante de un presunto y, cuestionado dictamen pericial realizado por el perito Alberto Mora Rendón, el cual fue tenido en cuenta por la administración de Caucasia a pesar de haber sido aportado al proceso administrativo con un año de antigüedad, sin observar, la incidencia alta en la valorización de los inmuebles por su cercanía al Centro de Comercio Cauca Centro, como tampoco valoró que en los predios expropiados funcionaba un establecimiento de comercio de ebanistería desde hacía más de 15 años.
Concluyó que es importante analizar el avalúo comercial practicado por los peritos Carlos Eduardo Maya Ospina y Luis Armando Herrera, en el cual se estableció que el valor comercial de los inmuebles era equivalente a $98.986.000, por la proximidad del valor comercial de los inmuebles determinado en el peritaje de la auxiliar de la justicia Mary Luz Mejía Echavarría, que fue de $107.500.000, en contraste con el dictamen realizado por el perito Alberto Mora Rendón, que sirvió al Municipio de Caucasia para determinar el valor a indemnizar en la suma de $44.777.185.
IV. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO
En esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El actor pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones nros. 00001 de enero 4 de 2007, expedida por la Alcaldía del Municipio de Caucasia Antioquia, por medio de la cual se decreta una expropiación administrativa de predios de su propiedad y 00137 de enero 29 de 2017, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se confirma la anterior resolución; y que como consecuencia, se restablezca el derecho violado y se le ordene al Municipio de Caucasia elevar el valor de la indemnización, pagando la diferencia entre el valor pagado por los bienes y el valor real de los mismos, diferencia que estima en la cuantía de $54.208.815.
La inconformidad del actor, frente a la sentencia apelada, se centra en los siguientes aspectos:
Alegó que, contrario al pensamiento del Juez de Primera Instancia, los medios de convicción existentes en el proceso son suficientes para concluir que se le causó un daño al recibir como indemnización un pago que no es proporcional al valor real de los bienes expropiados. Que en su concepto, el a quo incurrió en error al momento de apreciar las pruebas periciales que sirvieron de criterio para fijar la indemnización; incurrió en error de apreciación al conceder plena eficacia probatoria al dictamen practicado en la etapa prejudicial por el perito designado por el Municipio de Caucasia y, restar eficacia probatoria a la experticia ordenada por el mismo Juzgado, la cual determinó, que el valor de los bienes expropiados era de $107.500.000.oo, y no $44.777.185.oo, y que siendo así las cosas, el problema fundamental a resolver en la segunda instancia es determinar cuál de los peritajes practicados constituye la prueba medular para determinar la procedencia del derecho a la reparación a favor del demandante.
Para dilucidar la controversia, la Sala tiene en cuenta lo siguiente:
Conforme al artículo 63 de la Ley 388 de 1997, “Se considera que existen motivos de utilidad pública o de interés social para expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre terrenos e inmuebles, cuando, conforme a las reglas señaladas por la presente ley, la respectiva autoridad administrativa competente considere que existen especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad corresponda a las señaladas en las letras a), b), c), d), e), h), j), k), l) y m) del artículo 58 de la presente ley”.
Bajo ese entendido, el Concejo Municipal de Caucasia, atendiendo lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 388 de 1997, mediante Acuerdo nro. 006 de 25 de junio de 2006, facultó al Alcalde Municipal, para declarar las condiciones de urgencia.
Mediante Resolución 0763 de 9 de agosto de 2006, el Municipio de Caucasia declaró la urgencia, por razones de utilidad pública e interés social, en la adquisición de los inmuebles para la proyección de la calle 5 con carrera 20, ubicada en el Barrio Asovivienda, para la ejecución de proyectos viales [literal e) del artículo 58 citado].
Con fundamento en lo anterior, mediante Resolución 01078 de 8 de noviembre de 2006, el Municipio determinó la adquisición, por el procedimiento de negociación directa, de los inmuebles ubicados en la carrera 20 nro. 05 – 07 del barrio Asovivienda del Municipio de Caucasia (propiedad del demandante) y formuló oferta de compra, fijando como precio indemnizatorio la suma de $44.777.185.oo, de acuerdo con el informe técnico de avalúo practicado por Luis Alberto Mora Rendón.
Al no haber consenso entre la administración y el propietario, no habiéndose llegado a un acuerdo de enajenación voluntaria en los términos del artículo 66 de la Ley 388 de 1997, mediante Resolución 00001 de 4 de enero de 2007, el Municipio dispuso la expropiación administrativa de los inmuebles propiedad del demandante y el pago del precio indemnizatorio, decisión que fue confirmada mediante Resolución 00137 de 29 de enero de 2007.
Así pues, con el fin de resolver el problema jurídico que se plantea, la Sala abordará los siguientes aspectos; i) La expropiación por vía administrativa y la indemnización previa; ii) el carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias; iii) el caso concreto.
V.1. La expropiación por vía administrativa y la indemnización previa.
La expropiación por vía administrativa y su respectiva indemnización, encuentran sustento en el artículo 58 de la Constitución Política, a cuyo tenor “por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio.”
En desarrollo del anterior precepto constitucional, la Ley 9ª de 1989 estableció instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por motivos de utilidad pública e interés general y, posteriormente, la Ley 388 de 1997, que modificó la Ley 9ª de 1989, dispuso en sus artículos 63 a 72 lo atinente al procedimiento de expropiación por vía administrativa. Particularmente, sobre el reconocimiento y pago de la indemnización, el artículo 67 establece “[…] en el mismo acto que determine el carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 de la presente ley.”
Sobre la indemnización a que hacen referencia los artículos 58 de la Constitución Política y 67 de la Ley 388 de 1997, la Corte Constitucional ha precisado que en tanto la expropiación constituye la limitación más gravosa al derecho de propiedad, resulta indispensable que el Estado, que actuó motivado por razones de utilidad pública e interés social, reconozca una indemnización previa y justa que comprenda no sólo el valor del bien expropiado sino los perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, pues si la indemnización no reúne tales características terminaría por configurarse un acto confiscatorio.
Al respecto, en sentencia C-227 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), dijo la Corte:
“[…] Esta Corte ha establecido que la expropiación puede ser definida “como una operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa”. Dado que esta es la limitación más gravosa que puede imponerse sobre el derecho de propiedad legítimamente adquirido, la Carta ha rodeado la figura de la expropiación de un conjunto de garantías, entre las más importantes: i. el principio de legalidad, ii. el respeto al derecho de defensa y el debido proceso y, ii. la indemnización previa y justa al afectado que no haga de la decisión de la Administración un acto confiscatorio, expresamente prohibido en el artículo 34 de la Constitución.
[…]
En ese orden, cuando un particular se ve constreñido por el Estado a transferirle una porción de su patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés social debidamente determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una indemnización previa, que comprenda tanto el valor del bien expropiado, como el que corresponda a los demás perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo ha precisado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.”
Esta Sala, en sentencia de 14 de mayo de 2009 (M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), tuvo ocasión de pronunciarse acerca de las características que debe reunir la indemnización que el Estado reconozca al propietario de bienes objeto de expropiación administrativa y precisó que aquella debe ser plena y justa, pues constituye “[…]un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral”: de donde se sigue que los perjuicios cuyo reconocimiento se depreca sean ciertos y que esté probado su nexo de causalidad con el procedimiento de expropiación.
En dicha oportunidad, sostuvo la Sala:
“Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un bien del dominio privado, comporta necesariamente la obligación de indemnizar el daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado por el constituyente.
Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente respecto del precio, cuando el expropiado considere incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y plena.
Por otra parte, no sobra precisar que para poder obtener la reparación de los daños accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
[…]
Los anteriores comentarios llevan a señalar que los daños anejos a la pérdida del derecho de dominio, deben ser acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de lesiones ya causadas o de daños que si bien no se han producido todavía, existe un alta probabilidad en torno a su ocurrencia.”
Así las cosas, aunque el Estado está expresamente facultado para limitar el derecho de propiedad vía expropiación, siempre que existan motivos de utilidad pública e interés general, también le asiste la obligación ineludible de reconocer y pagar una indemnización previa, plena y justa a quien debe ceder su derecho a favor de la comunidad, lo que no obsta para que el afectado acuda a la jurisdicción contencioso administrativa si considera que aquella no lo repara en forma justa y plena, en cuyo caso tendrá la carga de probar, no sólo la existencia de aquellos perjuicios que pretende le sean reconocidos, sino su nexo de causalidad con el acto expropiatorio.
En efecto, en sentencia C-227 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), la Corte Constitucional precisó que el requisito constitucional de que la indemnización sea justa, no comporta necesariamente una reparación integral, mas sí una razonable, de modo que en ciertos eventos la indemnización “(…) puede cumplir una función meramente compensatoria, en otras, una función reparatoria que comprenda tanto el daño emergente como el lucro cesante, y ocasionalmente una función restitutiva, cuando ello sea necesario para garantizar la efectividad de derechos especialmente protegidos en la Carta”.
V.2. El carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30 de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto del precio.” (Negrillas ajenas al texto)
En ese orden de ideas, cuando un particular se ve constreñido por el Estado a transferirle una porción de su patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés social debidamente determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una indemnización de carácter reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien expropiado, como el que corresponda a los demás perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han precisado en forma reiterada la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública, debidamente justificada y previa una justa indemnización.” (Negrillas ajenas al texto)
El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte del llamado <<bloque de constitucionalidad>>, prevé igualmente en su artículo 21.2 el pago de una indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior significa que el valor que se determine con esa finalidad, debe ser comprensivo de todas las ablaciones patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la línea divisoria que marca las fronteras entre el enriquecimiento y el menoscabo.
Como bien se puede observar, el principio general que subyace en estas normas de rango superior, indica que los daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la incorporación al dominio público de bienes de propiedad particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés general deba prevalecer sobre los intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede pretenderse que éste deba asumir a título personal un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión imperativa de su derecho de dominio, constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral.
Partiendo de las anteriores consideraciones, La Corte Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994, señaló que el quantum de la expropiación debe abarcar, además del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado.” (Cursivas de la Corte).
Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un bien del dominio privado, comporta necesariamente la obligación de indemnizar el daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado por el constituyente.
Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción contencioso-administrativa, puesto que esta es procedente respecto del precio, cuando el expropiado considere incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y plena.
Lo anteriormente expuesto explica el porqué el artículo 71° de la Ley 388 de 1997, en el cual se regula el proceso contencioso administrativo especial de expropiación por vía administrativa, establece textualmente lo siguiente en el inciso 1° y el numeral 6°:
[…]
Artículo 71º.- Proceso contencioso administrativo. Contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas particulares: (Subrayado fuera de texto)
[…]
6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, en el proceso no podrán controvertirse los motivos de utilidad pública o de interés social, pero sí lo relativo al precio indemnizatorio. (Subrayado fuera de texto)
Como bien se puede observar, los dispositivos legales que se acaban de indicar, permiten a los propietarios afectados demandar ante la justicia administrativa el pago de los daños derivados de una expropiación por vía administrativa, cuando quiera que el precio indemnizatorio reconocido por la administración a título de indemnización no alcance a proporcionar una reparación justa y plena, esto es, cuando la suma decretada no sea suficiente para cubrir el valor comercial del inmueble y los demás daños irrogados (Ablatio dominii), con lo cual se quiere evitar una ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas.
Asimismo, no sobra precisar que para poder obtener la reparación de los daños accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe ninguna duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta completamente indiferente que aquél ya se haya presentado como un hecho existente en plano ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual. Al fin y al cabo el daño futuro no es sino una modalidad del daño cierto, tal como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades la Sección Tercera de esta Corporación.
Los anteriores comentarios llevan a señalar que los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio, deben ser acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de lesiones ya causadas o de daños que si bien no se han producido todavía, existe un alta probabilidad en torno a su ocurrencia.
V.3. Asunto Concreto
El demandante estima que el a quo incurrió en error al momento de apreciar las pruebas periciales que sirvieron de criterio para fijar la indemnización. En su sentir, el Juez incurre en error de apreciación al conceder plena eficacia probatoria al dictamen practicado en la etapa prejudicial por el perito designado por el Municipio de Caucasia y, restar eficacia probatoria a la experticia ordenada por el mismo Despacho, la cual determinó, que el valor de los bienes expropiados era de $107.500.000.oo, y no $44.777.185.oo, y que siendo así las cosas, el problema fundamental a resolver en la segunda instancia es determinar cuál de los peritajes practicados constituye la prueba medular para determinar la procedencia del derecho a la reparación a favor del demandante.
V.3.1. Dentro del expediente, obra copia del avalúo comercial realizado por el perito avaluador Luis Albero Mora Rendón, de enero de 2006, el cual consta de los siguientes datos:
GENERALIDADES
Inspección Ocular
Documentos
MEMORIA DESCRIPTIVA
Dirección
Objeto del Avalúo
Propietario
Clase de sector
Vías de Acceso
Servicios públicos
ASPECTOS JURÍDICOS
Titulo observado
Matricula inmobiliaria
Avalúo catastral
Ficha catastral
DETERMINACIÓN FISICA DEL INMUEBLE
Descripción
Linderos
Áreas
Terreno Aprox. 268 Metros cuadrados.
Casa habitación Aprox. 60 metros cuadrados.
Cobertizo 60 metros cuadrados.
ASPECTOS ECONÓMICOS
Desarrollo económico del sector
Explotación económica del municipio
Oferta y demanda
Desarrollo económico del predio
AVALÚO
Concepto del valor inmobiliario
Que es valuación de un inmueble
Corriente del plurivalor
Corriente del univalor
Importancia de los avalúos y cálculos técnicos
Generalidades del avalúo
Método valuatorio
Método de costo de reposición. Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar la utilidad.
Método (técnica) residual Es el que busca establecer el valor comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar que el valor de éste, es una porción del monto total de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de avalúo.
Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar al monto total de las ventas proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la comercial del proyecto o sea la real posible de vender lo proyectado.
Además se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
Que el predio está afectado por una obra pública
Que la persona es poseedora pasiva del predio hace más de 20 años.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Caucasia.
Decreto 1420 de 24 de julio de 1998 del Ministerio de Desarrollo Económico.
Resolución 0762 de 23 de octubre de 1998 del Instituto Agustín Codazzi.
VALORES
Valor de la construcción (casa de habitación).
METODO DEL COSTO DE REPOSICIÓN COMO NUEVO
AREA CONSTRUIDA (Aprox.)
60 metros cuadrados
EDAD:
25 años
VIDA UTIL
70 años
ESTADO DE CONSERVACIÓN
buena
METODOLIGÍA: Costo de reposición como nuevo, Tabla Fitto y Corvini
C.D.C (Costos directos de construcción)(Construdata nov. 2005)
367.262
A.I.U. (administración, imprevistos y utilidad del constructor) 20%
73.452
COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN
440.714
MENOS UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR (no es depreciable) 6%
22.036
VALOR A DEPRECIAR
418.678
% DE DEPRECIACIÓN
43.64%
COEFICIENTE DE DEPRECIACIÓN
0.5636
VALOR DEPRECIADO
235.967
MAS UTILIDAD CONSTRUCTOR
22.036
VALOR NETO DE REPOSICIÓN por metro cuadrado
258.003
VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN
$15.480.180
Valor de la construcción (cobertizo)
METODO DEL COSTO DE REPOSICIÓN COMO NUEVO
AREA CONSTRUIDA (Aprox.)
60 metros cuadrados
EDAD:
25 años
VIDA UTIL
50 años
ESTADO DE CONSERVACIÓN
regular
METODOLIGÍA: Costo de reposición como nuevo, Tabla Fitto y Corvini
C.D.C (Costos directos de construcción)(Construdata nov. 2005)
102.425
A.I.U. (administración, imprevistos y utilidad del constructor) 20%
20.485
COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN
122.910
MENOS UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR (no es depreciable) 6%
6.145
VALOR A DEPRECIAR
116.765
% DE DEPRECIACIÓN
48.81%
COEFICIENTE DE DEPRECIACIÓN
0.5119
VALOR DEPRECIADO
59.772
MAS UTILIDAD CONSTRUCTOR
6.145
VALOR NETO DE REPOSICIÓN por metro cuadrado
65.917
VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN
$3.955.020
Valor del Terreno
Se proyecta a construcción de una casa de interés social tipo I área construida de 34 metros cuadrados, en obre negra.
MÉTODO RESIDUAL
VENTAS Nuevo por metro cuadrado
545.600
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN – (Construdata nov. 2005). 432.533x0.85x0.82=301.476
301.476
COSTOS INDIRECTOS
84.829
Honorarios de construcción 4%cdc
12.059
Honorarios de diseño 1%cdc
3.015
Honorarios de interventoría 1%cdc
3.015
Honorarios de programación 1%cdc
3.015
Honorarios de gerencia 2.5% sobre ventas
13.640
Comisiones de ventas 3% sobre ventas
16.368
Publicidad 1.5%
8.184
Gastos legales y derechos 2.5%
13.640
Notario y registro 1% sobre ventas
5.456
Imprevistos 1% sobre ventas
5.456
Seguro todo riesgo 0.018% sobre las ventas
982
3. COSTOS FINANCIEROS (De las ventas) 4.8% sobre las ventas
26.189
4.UTILIDAD PROMOTOR DE VENTAS 7%
38.192
VALOR VENTAS METRO CUADRADO
$ 545.600
VALOR COSTOS Y GASTOS GENERALES x M2
$ 450.686
VALOR METRO CUADRADO
$ 94.914
AREA DEL TERRENO APROX.
267 mts2
VALOR TOTAL DEL TERRENO
$25.341.985
RESUMEN GENERAL
VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Casa Hab.
$15.480.180
VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Cobertizo
$3.955.020
VALOR DEL TERRENO
$25.341.985
VALOR TOTAL DEL INMUEBLE
$44.777.185
SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS MC.
Al anterior informe se le anexaron fotografías del predio con el objeto de su mejor visualización.
En dicho avalúo, y así lo manifestó el a quo, se identifican y describen los inmuebles por sus características físicas, situación jurídica, antigüedad, estado de conservación, vida útil, área construida, destinación, ubicación, servicios públicos, vías de acceso, áreas, desarrollo económico del sector, explotación económica del Municipio, oferta y demanda, desarrollo económico de los predios.
Explicó el Tribunal que allí se expresa que de conformidad con los métodos “costos de reposición”, “método (técnica) residual” y teniendo en cuenta que los predios están afectados por una obra pública, que la persona es poseedora pasiva del predio hace más de veinte años y el Plan de Ordenamiento Territorial de Caucasia, el avalúo total corresponde a la suma de $44.777.185.
En el avalúo claramente se exponen los valores que se tuvieron en cuenta, según el método de reposición, para calcular el costo de la construcción por metro cuadrado, con base en la depreciación y para calcular el valor de los terrenos, los costos directos de construcción e indirectos, los costos financieros, la utilidad del promotor de las ventas etc. según las tablas que se observan de folios 128 a 129
La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de los avalúos comerciales practicados por las entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la indemnización en los eventos de expropiación por vía administrativa y ha concluido que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las operaciones o la forma como fueron calculados los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la medida que dicho precio hace parte del acto administrativo mediante el cual se dispone la expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde al interesado desvirtuar tal presunción.
En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009 (M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Exp. Nº 2005-03509-01), dijo la Sala:
“[…]Observa esta Corporación que si bien en el avalúo elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el precio del inmueble establecido por la administración se determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, lo cual permite concluir que contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo probatorio.
No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección […].”
En tal sentido, para la Sala es claro que, en este caso, correspondía al demandante probar que el valor comercial del inmueble calculado por la Luis Alberto Mora Rendón, afiliado a Asolonjas y la Asociación Colombiana de Avaluadores, con Registro Nacional nro. MI-0150, y registro de evaluador en la Superintendencia de Industria y Comercio nro. 281277, que lo habilita legalmente para realizarlo, tal como se desprende del artículo 27 del Decreto 2150 de 1995, a instancias del Municipio de Caucasia, no estaba ajustado a los parámetros y criterios expuestos en el Decreto 1420 de 1998 y que, por tanto, no indemnizaba de manera justa y plena los perjuicios causados con la expropiación.
Con tal propósito, el actor había presentado a la entidad demandada, un avalúo comercial efectuado por el perito Carlos Eduardo Maya Ospina con Registro Nacional de Evaluador nro. 1973, quien le asignó un valor al inmueble de $98.986.000, dictamen que por haberse practicado sin citación y audiencia del Municipio de Caucasia y no haberse sometido a su contradicción en el proceso, y como bien lo manifestó el a quo, no podía tener valor probatorio y el efecto jurídico es el previsto en el artículo 238, numeral 7 del C.P.C.
En el curso del proceso se ordenó por el Tribunal la práctica de una prueba pericial, designándose a la perito Mary Luz Mejía Echavarría, y cuyo dictamen consta de los siguientes datos:
1. OBJETO DEL DICTAMEN
2. POLITICA EMPLEADA
3. MEMORIA DESCRIPTIVA
• Localización
• Tipo de bien
• Descripción del bien
• Descripción del sector
4. COMENTARIOS GENERALES
5. FACTORES QUE INCIDEN EN EL VALOR DE LA PROPIEDAD
6. DOCUMENTOS CONSULTADOS Y OTRAS FUENTES
7. LO SOLICITADO POR EL DESPACHO
“Hechas las consideraciones anteriores, teniendo en cuenta la conformación de lo que era la propiedad, el siguiente es mi concepto sobre el valor comercial del predio para el año 2006.”
LOTE
302.50 M2 * $280.000 M2 $ 84.700.000.oo
CONSTRUCCIONES
CASA 60.00 M2 * $ 320.000 M2 $ 19.200.000.oo
VALOR GLOBAL RAMADA $ 3.600.000.oo
VALOR TOTAL $ 107.500.000.oo
Ahora bien, la perito citada, incluye en su informe de avalúo que el método utilizado fue el comparativo de mercado y se tuvo en cuenta la cercanía de un centro comercial. Además, en el experticio de marras se dice que para la descripción de los bienes se tuvo en cuenta “lo que describen los avalúos anexos al expediente, las fotografías, el relato de una vecina y la descripción del demandante”.
La Sala observa, y así lo consignó el a quo, que en dicho dictamen no se explican las investigaciones efectuadas en el terreno con las cuales la perito hizo las comparaciones de mercado para establecer o concluir el valor del predio, ni los fundamentos técnicos de las conclusiones como lo prevé el artículo 237 del C.P.C.. Además, la Sala advierte que la perito asigna por error un total de 302.50 M2 al lote, en tanto en los avalúos presentados por el municipio y el actor, el área del lote es de 268 metros cuadrados aproximadamente, error que incremento el área total del terreno en 35 metros cuadrados aproximadamente, y consecuentemente el valor del mismo.
Como lo explicó el Tribunal, el avalúo presentado por la perito Mary Luz Mejía Echavarría, no puede considerarse como un valor fundamentado y apoyado en una metodología que conduzca a establecer el valor correspondiente del metro cuadrado en el sector, y no se observan fundamentos técnicos que respalden las cifras señaladas, luego no es apto para que sobre este se fije el valor indemnizatorio por la expropiación; tampoco desvirtúa el avalúo considerado por la Administración.
Aunado a lo anterior, el citado avalúo tampoco controvierte en forma directa el rendido por Luis Alberto Mora Rendón a instancias del Municipio de Caucasia, ni menciona de qué modo éste incurrió en fallas o pasó por alto los parámetros establecidos en el Decreto 1420 de 1998, pues simplemente se limita a realizar una nueva valoración que, como se dijo, no evidencia ninguna falencia en el precio indemnizatorio reconocido y pagado al demandante, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 00001de 4 de enero de 2007.
Para La Sala el avalúo comercial practicado por la perito Mary Luz Mejía Echavarría, no prueba de manera cierta que las resoluciones acusadas sean contrarias al artículo 67 de la Ley 388 de 1997, pues no logra desvirtuar que el Informe Técnico de Avalúo rendido Luis Alberto Mora Rendón, hubiese pasado por alto los parámetros y criterios para la elaboración de avalúos, contenidos en los artículos 21 y 22 del Decreto 1420 de 1998.
Asimismo, aunque el demandante alega que el avalúo que sirvió de fundamento al Municipio de Caucasia para fijar el precio indemnizatorio, no incluyó el daño emergente y el lucro cesante derivados de que en el predio expropiado funcionaba un establecimiento de comercio de ebanistería desde hacía más de 15 años, lo cierto es que tampoco probaron su existencia, pues dentro del expediente sólo obra como prueba de tales perjuicios la copia del contrato de mandato de 8 de septiembre de 2001, suscrito entre el actor y la señora Claudia Cecilia Muñoz Molina, cuyo objeto era la administración de un lote de terreno con todas sus mejoras ubicado en el Municipio de Caucasia, en la avenida troncal número 5-107 vía a Medellín y alinderado por el frente con la carrera 20 la Troncal, por un costado con propiedad de Luz Marina Jaramillo; por atrás con la carrera 19. Dentro de las obligaciones de la mandataria o administradora está la de adelantar todas las gestiones para arrendar el bien entregado; cobrar las cánones de arriendo respectivos […], contrato este que no constituye medio de convicción alguno que lleve a la Sala a considerar que se causó un daño al propietario expropiado, diferente del valor recibido como indemnización.
Con relación con la función reparatorio de la indemnización, la Corte Constitucional, en sentencia C-1074 de 4 de diciembre de 2002, expresó:
[…].
“3.3.1.3 La indemnización por expropiación puede ser reparatoria
El artículo 58 de la Carta no dice que la indemnización debe ser plena. En cuanto al alcance de la indemnización en el caso de expropiación, esta Corte aclaró, en la misma sentencia C-153 de 1994 citada, que comprende el daño emergente y el lucro cesante, pues puede cumplir, en principio, una función reparatoria. Dijo entonces la Corte:
La indemnización es pues una consecuencia de la facultad expropiatoria del Estado. Ella se explica por el deber de reparación que surge a raíz del ejercicio de dicha facultad: la producción de un daño generado por una actividad legítima de la acción administrativa.
La actividad es legítima porque la expropiación sólo opera por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, prevaleciendo así el interés general para cumplir los fines esenciales del Estado, de que trata el artículo 2° superior: promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
Pero ese daño legítimo debe en principio ser indemnizado [...], porque la persona expropiada no tiene por qué soportar una carga específica que debe asumir toda la sociedad, en razón del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas, cuyo fundamento es el derecho de igualdad establecido en el artículo 13 de la Carta. Esto explica entonces que el ordenamiento superior haya consagrado el derecho a la indemnización reparatoria en cabeza del afectado.
[...]
Por todo lo anterior, es evidente que la indemnización prevista por el artículo 58 de la Constitución es reparatoria (...), ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado. Y en caso de que no haya forma de comprobar el lucro cesante, se puede indemnizar con base en el valor del bien y el interés causado entre la fecha de entrega del mismo y la entrega de la indemnización. (subrayado fuera de texto)
De lo anterior surge que la indemnización no se limita al precio del bien expropiado. Si bien la jurisprudencia reconoce que el particular también sufre daños adicionales a la pérdida patrimonial del inmueble, el cálculo del resarcimiento que deba recibir el particular, no se limita a considerar el valor comercial del bien, sino que puede abarcar los daños y perjuicios sufridos por el afectado por el hecho de la expropiación.
No obstante lo dicho aquí, la Corte constata que el artículo 58 Superior no exige que quien sea expropiado reciba además de la indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, también el pago de todos los costos adicionales que sean necesarios para adquirir un bien de las mismas características al expropiado y restituir al particular a condiciones similares a las que tenía antes de la expropiación. La indemnización en caso de expropiación no debe cumplir siempre una función restitutiva y, por eso, no tiene que ser integral.
La indemnización que establece el artículo 58 constitucional en caso de expropiación es distinta de la que señala el artículo 90 de la Carta en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por las acciones u omisiones de las autoridades públicas. En primer lugar, el artículo 58 se refiere a un daño que no es antijurídico, puesto que el mismo texto constitucional establece que el particular debe soportar la carga de ser expropiado, es decir, el daño resultado de la expropiación sí debe ser soportado por el expropiado, lo cual no significa que dicho daño no deba también ser indemnizado, por mandato expreso de la Constitución. La existencia de tal deber justifica que la indemnización en caso de expropiación no tenga siempre que ser integral –como si lo exige el artículo 90 Superior. En segundo lugar, el artículo 58 Superior regula expresamente la fijación de la indemnización en caso de expropiación para indicar que ésta no se basa exclusivamente en los intereses del afectado, es decir, en el interés privado en que la indemnización sea lo más elevada posible y comprenda todas las cargas que ha soportado, sino que ha de fundarse también en los intereses de la comunidad. La fijación de la indemnización se hará “consultando los intereses de la comunidad y del afectado”, cuando el perjuicio es resultado de una expropiación, no de un daño antijurídico previsto en el artículo 90. En tercer lugar, tradicionalmente la indemnización en caso de expropiación no ha comprendido el daño moral, como por ejemplo el que puede resultar del especial afecto que el propietario tuviera por el bien expropiado. Ello indica que en este caso la expropiación no tiene que ser integral. En cambio, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos, la indemnización sí comprende el daño moral.
De tal manera que el requisito constitucional de que la indemnización sea justa, lleva necesariamente a no exigir que siempre responda integralmente a los intereses del afectado. En ciertas ocasiones dicha indemnización puede cumplir una función meramente compensatoria, en otras, una función reparatoria que comprenda tanto el daño emergente como el lucro cesante, y ocasionalmente una función restitutiva, cuando ello sea necesario para garantizarle efectividad de derechos especialmente protegidos en la Carta, como se verá a continuación[…]”.
Así las cosas y pese a que es cierto que la indemnización que se reconoce a quienes se ven afectados con la expropiación tiene carácter reparatorio y debe comprender no sólo el precio del bien sino los demás perjuicios que pudieron causarse con tal medida, incluidos el daño emergente y el lucro cesante, es deber del interesado probar ante la jurisdicción contencioso administrativa, (i) cuáles son los perjuicios y (ii) su nexo de causalidad con la expropiación decretada, lo que no ocurrió en el asunto de la referencia.
Finalmente, la Sala reitera lo expresado en un proceso de similares circunstancias a las del caso sub júdice, en el que mediante sentencia de 27 de octubre de 2011, (Expediente núm. 2005-00027 -01, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), sostuvo:
“La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de los avalúos comerciales practicados por las entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la indemnización en los eventos de expropiación por vía administrativa y ha concluido que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las operaciones o la forma como fueron calculados los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la medida que dicho precio hace parte del acto administrativo mediante el cual se dispone la expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde al interesado desvirtuar tal presunción.
En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009 (M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Exp. Nº 2005-03509-01), dijo la Sala:
“Observa esta Corporación que si bien en el avalúo elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el precio del inmueble establecido por la administración se determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, lo cual permite concluir que contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo probatorio.
No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección.” (resaltó la providencia)
En tal sentido, para la Sala es claro que, en este caso, correspondía a los demandantes probar que el valor comercial del inmueble calculado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá a instancias del IDU, no estaba ajustado a los parámetros y criterios expuestos en el Decreto 1420 de 1998 y que, por tanto, no indemnizaba de manera justa y plena los perjuicios causados con la expropiación….
… .
Aunado a lo anterior, el citado avalúo tampoco controvierte en forma directa aquél rendido por la Lonja de Propiedad Raíz a instancias del IDU, ni menciona de qué modo éste incurrió en fallas o pasó por alto los parámetros establecidos en el Decreto 1420 de 1998, pues simplemente se limita a realizar una nueva valoración que, como se dijo, no evidencia ninguna falencia en el precio indemnizatorio reconocido y pagado a los demandantes, de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones 4717 de 2004, 6812 de 2004 y 7907 de 2004.
… .
De otro lado, aunque los demandantes alegan que el avalúo que sirvió de fundamento al IDU para fijar el precio indemnizatorio, no incluyó el daño emergente y el lucro cesante derivados de la interrupción sobreviniente de los contratos de arrendamiento de los locales comerciales que funcionaban en el inmueble expropiado, lo cierto es que tampoco probaron su existencia, pues dentro del expediente sólo obra como prueba de tales perjuicios, la copia del contrato de arrendamiento del local comercial suscrito el 23 de agosto de 1999 por los señores Florentino Martínez Hernández (arrendador) y Carlos Alberto Pulido B. y Carmen Rosa Barrera Cuervo (arrendatarios), contrato en el que se fijó un canon de arrendamiento de trescientos mil pesos ($300.000.oo), pactándose como término de duración seis (6) meses, lo cual significa que para el 15 de abril de 2004, fecha en que se dispuso la expropiación por vía administrativa, no estaba vigente.
Así las cosas y pese a que es cierto que la indemnización que se reconoce a quienes se ven afectados con la expropiación, tiene carácter reparatorio y debe comprender no sólo el precio del bien sino los demás perjuicios que pudieron causarse con tal medida, incluidos el daño emergente y el lucro cesante, es deber del interesado probar ante la jurisdicción contencioso administrativa, (i) cuáles son los perjuicios y (ii) su nexo de causalidad con la expropiación decretada, lo que no ocurrió en el asunto de la referencia”.
Las consideraciones precedentes conducen a la Sala a confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A
CONFÍRMASE la sentencia apelada.
En firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de abril de 2018.
HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
Folios 101a 106 del cuaderno principal.
“Artículo 64. Las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía administrativa serán declaradas por la instancia o autoridad competente, según lo determine el Concejo Municipal, o la Junta Metropolitana según sea el caso, mediante Acuerdo. Esta instancia tendrá la competencia general para todos los eventos”.
Folio 14 a16
Folio 17 a 18.
Folio 22 a 24.
Folio 29 a 41.
ARTICULO 66. DETERMINACION DEL CARACTER ADMINISTRATIVO. La determinación que la expropiación se hará por la vía administrativa deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento que legalmente deba observarse por la autoridad competente para adelantarlo, mediante acto administrativo formal que para el efecto deberá producirse, el cual se notificará al titular del derecho de propiedad sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la entidad expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto constituirá la oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.
Folio 8 a 10.
ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica.
[…].
Ver Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Tercera. Consejera Ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Sentencia de 3 de marzo de 2010, Radicación nro. 47001-23-31-000-1997-05195-02(37269).
Folios 66 a 67
Constata la Corte que otras normas constitucionales que refieren diferentes casos y formas de privación de la propiedad, unidas a la imposibilidad de continuar ejerciendo en el territorio nacional una actividad lícita, exigen tanto el pago de una indemnización como que ésta sea plena. Así, en materia de creación de monopolios, el artículo 336 constitucional exige “la indemnización plena de los individuos que, en virtud de la ley que establece el monopolio, deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita”. También cuando se permite la reserva estratégica de determinadas actividades o servicios públicos, “por razones de soberanía o de interés social,” ‑según lo que establece el artículo 365, inciso 2. Superior‑ es necesario que se indemnice “previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”.
En la sentencia C-153 de 1994, la Corte entendió que la naturaleza reparatoria de la indemnización en caso de expropiación era sinónimo de indemnización “plena”. También señaló que dada esa naturaleza reparatoria, quedaba excluida la posibilidad de una indemnización meramente compensatoria, término que interpretó de la siguiente manera: “Así las cosas, la indemnización no es compensatoria, esto es, ella no es un presupuesto o una condición de la indemnización que genera una compensación a cargo del Estado y a favor del expropiado, por el enriquecimiento patrimonial del primero. Si así fuera, la indemnización se fijaría con base en el valor objetivo del bien y no, como ordena la Constitución ‑inciso 4° del art. 58‑, "consultando los intereses de la comunidad y del afectado". De aceptarse la tesis del carácter compensatorio de la indemnización se tendría que concluir que la expropiación es una simple conversión de valores: los bienes expropiados se reemplazan por su equivalente en dinero y no comprendería por tanto los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación. La indemnización en tal caso no sería entonces justa, como lo ordena el artículo 21 numeral segundo del Pacto de San José.”
Este criterio establecido en la sentencia C-153 de 1994, recoge la posición sostenida por la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena el 11 de diciembre de 1964, MP: Julián Uribe Cadavid, donde dijo lo siguiente: “Sobra agregar que el concepto de indemnización por expropiación no puede confundirse con el concepto de precio, como prestación de la venta. Esta es un acuerdo bilateral, de derecho privado, fruto de la libertad contractual (...). La expropiación no es un contrato, no es una venta, ni siquiera forzada, como la que se verifica en subasta pública en determinados casos; es una figura esencialmente distinta, de derecho público, enderezada al bien de la comunidad y en virtud de la cual, por motivos superiores, la Administración toma la propiedad particular, y como esta medida genera un daño, y no un precio, se satisface mediante una indemnización. Se indemniza el perjuicio en diferentes órdenes de la responsabilidad contractual y extracontractual, y se indemniza al expropiado el daño que para él implica esta forma de expropiación –que opera contra su voluntad‑ pero en provecho público (...).”
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.