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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-02763-06

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-02763-06

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte actora y en favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – 34 De conformidad con el folio 23 del C. Principal de primera instancia, el valor de las pretensiones corresponde a $278.697.538. 35 “[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 54 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02763-06 Actor: JOSÉ RUBÉN SOLER OCHOA IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma de $557.395 (equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones), la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora. TERCERO: TENER al doctor BRANDON ESTIVEN LADINO CUERVO como apoderado de la FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA COMPERTIR, parte demandante, de conformidad con el poder de sustitución visible en el índice 13 del expediente digital. CUARTO: TENER a la doctora LEIDY VANESSA TÉLLEZ GONZÁLEZ como apoderada del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, parte demandada, de conformidad con el poder y anexos visibles en el índice 15 del expediente digital. QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2015-02763-06

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02763-06
Actor: JOSÉ RUBÉN SOLER OCHOA

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE
ACTORA NO DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL
AVALÚO OFICIAL REALIZADO POR CATASTRO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora

contra la sentencia de 19 de septiembre de 2024, proferida por la

SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “A”, del TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1, que denegó las

pretensiones de la demanda.

I.- LA DEMANDA

I.1. El señor JOSÉ RUBÉN SOLER OCHOA, a través de apoderado

judicial, promovió demanda ante el TRIBUNAL, en ejercicio de la

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02763-06
Actor: JOSÉ RUBÉN SOLER OCHOA

acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho,

establecida en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en concordancia

con el artículo 138 del CPACA, tendiente a que se declare la nulidad

parcial de las resoluciones núms. 14408 de 26 de febrero de 2015,

“Por la cual se ordena una expropiación por vía

administrativa”; y 36106 de 25 de mayo de 2015, “Por la cual se

resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU.

De manera subsidiaria pidió declarar la nulidad parcial de los actos

acusados en lo que tiene que ver con las normas relacionadas con el

valor del precio indemnizatorio, su forma de pago y las apropiaciones

presupuestales.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó, entre otras pretensiones,

ordenar a la entidad demandada pagar las sumas de $278.697.538.

$6.736.324 y $4.080.000 correspondientes al daño emergente y

$20.400.000 por lucro cesante.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los

siguientes:

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3

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02763-06
Actor: JOSÉ RUBÉN SOLER OCHOA

Indicó que es propietario del inmueble ubicado en la carrera 92 #

131F-21, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 50N-

20345355, el cual para el momento en que inició el trámite

administrativo se encontraba conformado por cuatro pisos2.

Manifestó que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

CATASTRO DISTRITAL - CATASTRO realizó el avalúo comercial

núm. 2014-2896 de 22 de octubre de 2014 con la finalidad de que el

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU formulara oferta de

compra sobre el inmueble, en el que se indicó, entre otros, que este

se encontraba clasificado como de estrato 2.

Señaló que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU,

mediante la Resolución núm. 114363 de 30 de diciembre de 2014,

determinó la adquisición del inmueble y formuló oferta de compra

por la suma de $269.542.990 por concepto del terreno y su

construcción; $19.709.500 por lucro cesante; y $7.630.907 por daño

emergente.

2
Distribuidos así:” […] Primera Planta: Tres locales comerciales que funcionan actualmente. Uno con
una distribuidora de pescado, 1 baño, el segundo tiene una comercializadora de cocinas integrales, 1
baño y el tercer local funciona con una comercializadora de productos desechables y 1 baño. Entrada
independiente al segundo piso. Escaleras de acceso. Segunda Pianta: Apartamento independiente que
consta de; Sala y Comedor, 2 alcobas con closet, cocina integral enchapada a gas natural, 1 baño
enchapado, otro apartamento independiente consta de: Sala comedor, 2 alcobas con closet, 1 baño
complete enchapado, cocina integral enchapada a gas natural. Escaleras de acceso. Tercera Planta:
Sala-comedor, chimenea funcional, 3 alcobas con closet, cocina integral abierta con gas natural, 2
baños completes enchapados. Escaleras de Acceso. Cuarta Pianta: Un apartamento independiente,
consta de 1 alcoba cubierta con teja de fibrocemento, 1 baño complete enchapado, terraza descubierta
con antepecho, zona de lavandería, lavadero y tanque de reserve […]”.

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Actor: JOSÉ RUBÉN SOLER OCHOA

Afirmó que el IDU, a través de la Resolución núm. 14408 de 26 de

febrero de 2015, ordenó la expropiación por vía administrativa del

inmueble y fijó como precio indemnizatorio la suma de

“$323.883.397”, la cual incluía los conceptos de terreno y

construcción, daño emergente y lucro cesante.

Expuso que el anterior acto fue confirmado por la administración a

través de la Resolución núm. 36106 de 25 de mayo de 2015.

Adujo que a la fecha de radicación de la demanda el IDU no había

puesto a disposición el dinero ordenado en la Resolución núm. 14408

de 2015 de 2016, el cual dijo fue disminuido a “$294.244.893” al

descontar el reconocimiento de desconexión de servicios públicos,

impuesto predial y gastos de escrituración.

I.3- Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora afirmó que el IDU trasgredió los artículos 58 de la

Constitución Política; 61, 62 y 71 de la Ley 388 de 1997; 37 de la

Ley 1682 de 2013; 21, 22 y 24 del Decreto núm. 1420 de 1998; 21,

34, 35 y 36 de la Resolución núm. 260 de 2008; y 5º, 9º, 10º, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Resolución 898 de 2014; e incurrió

en falsa motivación.

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Actor: JOSÉ RUBÉN SOLER OCHOA

Afirmó que las resoluciones demandadas están falsamente

motivadas por cuanto se basó en un avalúo que, a su juicio, contiene

falencias respecto de las cuales no pudo ejercer derecho de

contradicción alguno.

Sostuvo que no se tuvo en cuenta lo previsto en los artículos 23 y 37

de la Ley 1682 de 2014, que establecen que la indemnización debe

realizarse de manera integral, no obstante, el dinero reconocido en

los actos acusados fue entregado dos meses después de la

expedición de estos, sin explicación alguna.

Adujo que se trasgredió el artículo 68 de la Ley 388 de 1997, ya que

la indemnización otorgada debía tener en cuenta otros factores

adicionales al del avalúo comercial del bien, tales como la edad del

demandante, quien no puede laborar y depende de los ingresos de

los arrendamientos que producía el bien expropiado.

Manifestó que la autoridad demandada no tuvo en cuenta que el valor

de los inmuebles en la ciudad se incrementó en un 83%, lo que le

hace imposible adquirir uno de características similares; y que se

limitó a ordenar el pago reportado en el avalúo, sin tener en cuenta

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Actor: JOSÉ RUBÉN SOLER OCHOA

que su predio estuvo congelado en estrato 2 cuando en realidad

debería ser 3.

Citó la providencia de 24 de marzo de 20113, proferida por la Sección

Primera del Consejo de Estado, en la que se hace referencia a la

trasgresión de la Declaración de los derechos del Hombre y del

Ciudadano de 1789 y del pacto de San José de Costa Rica, para

indicar que el acto demandado era nulo, por cuanto no se dio una

indemnización previa y justa que cubra los perjuicios ocasionados por

la transferencia del dominio del bien inmueble que era de su

propiedad en favor del Estado.

II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1.- Admisión. Luego de subsanada4, la demanda fue admitida

por el Tribunal mediante proveído de 14 de febrero de 2017, en el

cual se tuvo como parte demandada al IDU.

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 24 de
marzo de 2011, proceso núm.: 25000-23-24-000-2005-91365-01; M.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta.
4
En auto de 27 de junio de 2016, el a quo ordenó corregir la demanda en el sentido de precisar las
pretensiones y de aportar la constancia de haber recibido el valor reconocido por la administración
como precio indemnizatorio.

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Actor: JOSÉ RUBÉN SOLER OCHOA

Posteriormente, en proveídos de: i) 18 de junio de 2018, resolvió no

admitir la reforma de la demanda presentada por la parte actora5,

por cuanto, el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, no prevé dicha

figura procesal; y ii) 7 de julio de 20236, aceptó el llamamiento en

garantía formulado por el IDU contra la UNIDAD

ADMINISTRATIVAESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL -

UAECD.

II.2.- Contestaciones

II.2.1.- El IDU señaló que obró conforme la normativa

correspondiente y veló por garantizar los derechos del demandante,

otorgándole una indemnización justa por su inmueble, donde se

reconoció el valor por concepto de lucro cesante y daño emergente

por terreno y construcción, sin causar detrimento patrimonial al

Distrito Capital.

Propuso como excepciones de fondo las denominadas “falta de

elementos que desvirtúen la presunción de legalidad del acto

5
El 25 de agosto de 2017, la apoderada a la parte actora, reformó la demanda en cuanto a las
pretensiones subsidiarias, los hechos y las pruebas
6
Proferido en cumplimiento del auto de 19 de mayo de 2023, por el cual la Sección Primera del Consejo
de Estado, revocó lo decidido el 20 de agosto de 2019.

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administrativo atacado”, “legalidad del acto administrativo

demandado” y “ausencia total de imputabilidad del perjuicio al IDU”.

II.2.2.- La UNIDAD ADMINISTRATIVAESPECIAL DE CATASTRO

DISTRITAL – UAECD, no contestó el llamamiento en garantía7.

III.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 19 de septiembre de 2024, el TRIBUNAL

denegó las súplicas de la demanda.

Luego de agrupar los planteamientos del demandante en el cargo de

infracción de las normas en que debían fundarse los actos acusados

y de referirse a las generalidades del predio expropiado, señaló que

la inconformidad del demandante incumbe a que el avalúo realizado

por la administración, que sirvió de fundamento para determinar el

precio indemnizatorio, no era adecuado comoquiera que no

estableció un precio justo.

Sostuvo que de la comparación del avalúo comercial que sirvió de

fundamento a la expedición de las resoluciones controvertidas y el

aportado con la demanda, se evidenciaba que el que sirvió de base

7
Lo anterior consta en el auto de 8 de septiembre de 2023, proferido por el Tribunal.

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al IDU para fijar el precio de indemnizatorio se ajusta a las

exigencias legales, pues empleó el método de comparación o de

mercado para el terreno y el método de costo de reposición para la

construcción, conforme con lo previsto en la Resolución núm. 620 de

2008

Agregó que dicho avalúo también tuvo en cuenta como parámetros

y características al momento de determinar el valor comercial, los

siguientes: “[…] (i) Respecto del terreno: a) la reglamentación

urbanística vigente del inmueble objeto del avalúo; b) la

estratificación socioeconómica del bien; c) aspectos físicos tales

como el área, ubicación, topografía y forma de la reserva vial; y d)

la dotación de redes primaria, secundarias y acometidas de servicios

públicos domiciliarios. (ii) Respecto de las construcciones: a) el área

de construcciones existentes autorizadas legalmente; b) los

elementos constructivos empleados en su estructura y acabados; c)

el estado de conservación física; d) la vida útil de la construcción; y

e) la funcionalidad del inmueble en relación con el objeto para el cual

fue construido […]”.

Agregó que también identificó el predio, señaló su localización,

dirección clara, uso que se le estaba dando, edad y estado de

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conservación; la fecha de realización de la visita al precio -10 de

diciembre de 2015-, la cual permite la identificación de las

características.

Explicó que si bien en el avaluó comercial aportado por la parte actora

se anunció la utilización del método de costo de reposición para

avaluar el inmueble, el documento presentaba falencias en la medida

en que no tuvo en consideraciones los lineamientos técnicos

establecidos en el artículo 10º de la Resolución 620 de 2008, pues

no hizo mención explícita a la fuente a partir de la cual se obtuvo la

información ni los sistemas utilizados para establecer la depreciación,

por lo que no se satisfacían los requisitos técnicos previstos en la

normativa en mención y, por lo tanto, no reviste las características

que permiten desvirtuar la legalidad del avaluó realizado por la

UNIDAD ADMINISTRATIVAESPECIAL DE CATASTRO

DISTRITAL – UAECD.

Finalmente, resolvió no condenar en costas en razón a que el artículo

71 de la Ley 388 de 1997, no las prevé.

IV-. RECURSO DE APELACIÓN

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La parte actora solicitó revocar el fallo recurrido por cuanto, en su

criterio, el Tribunal no tuvo en cuenta que en la demanda se solicitó

el reconocimiento de la indemnización integral o reconocimiento

económico correspondiente con la realidad, lo cual estima que no fue

verificado probatoriamente.

Consideró importante que al momento de revisar que los valores

presentados en el avalúo allegado con la demanda, de manera

secuencial y bajo el ejercicio matemático, comprenden el total

necesario a ser devengado en favor del bien inmueble expropiado,

estudio que, en su criterio, garantiza la protección de los derechos

fundamentales de los propietarios.

Agregó que el avalúo generado por la administración no cumple con

los requisitos que permitan dar veracidad en aquellos datos reales

del bien expropiado ni cuenta con soportes suficientes para

determinar los valores reales del predio.

Expuso que el Tribunal al hacer la comparación entre los avalúos

elaborados por Catastro y la firma valuadora Sarmiento & Osorio

Soluciones Inmobiliarias, no tuvo en cuenta que el realizado por la

administración no se ajusta a las exigencias establecidas por la Corte

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Constitucional en la sentencia c-306 de 2013, sobre el precio

indemnizatorio.

Dijo reiterar que la expropiación administrativa tiene como fin poder

avanzar en obras urgentes mas no dar poder a entidades para fijar

precios, abusando de la facultad conferida.

V-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1- El IDU solicitó declarar desierto el recurso interpuesto por la

parte actora y confirmar el fallo de primera instancia, por cuanto, a

su juicio, las afirmaciones citadas en el escrito de apelación no

pueden ser tenidas en cuenta como fundamentos de la alzada,

conforme con lo previsto en el artículo 322 del Código General del

Proceso8, pues no se dirigen a controvertir los argumentos y

consideraciones del fallo de primera instancia.

Indicó que la recurrente se limitó a reiterar los argumentos expuestos

en la demanda, pues menciona de manera general la presunta

vulneración de los derechos fundamentales de los propietarios, sin

hacer reparos claros y concretos frente a la decisión del Tribunal.

8
En adelante CGP.

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Explicó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 328 del CGP

y los sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-418 de

11 de septiembre de 2019, la sustentación del recurso de apelación

como carga procesal del recurrente, se cumple a partir de la

determinación concreta y precisa de los argumentos que verifiquen

los presuntos errores probatorios o razonamientos jurídicos del juez

de primera instancia, lo cual no ocurrió en el presente caso.

Agregó que en caso de estudiarse el fondo de la controversia debe

tenerse en cuenta que los actos demandados se expidieron con

fundamento en los parámetros y criterios establecidos en la

Constitución Política y la Ley 388 de 1997 y que en esa medida el

avaluó elaborado por la UAECD, para el inmueble de propiedad del

actor, fue realizado por profesionales especializados e

independientes, con imparcialidad y bajo la normativa pertinente.

Sostuvo que el avalúo realizado por la firma Sarmiento & Osorio

Soluciones Inmobiliarias presenta los siguientes errores técnicos: i)

desconoce la metodología que determina el valor de la construcción

mediante un análisis de mercado, ii) no valora de manera

independiente el área de terreno y el área de construcción por ser

una casa no sometida a propiedad horizontal, y iii) las áreas

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construidas se omitieron, desconociendo los lineamientos de las

normas sobre avalúos, así como el valor total de oferta del

inmuebles, pues con este se calcula el valor de terreno descontando

del mismo, el valor de la construcción.

Finalmente, solicito no tener en cuenta el avalúo elaborado en el

trámite del proceso, por cuanto: i) el auxiliar de la justicia Carlos

Armando Jaramillo Ramírez no cuenta con registro abierto de

avaluadores; ii) el método valuatorio de reposición no establece que

se debe contar con la opinión del propietario de la construcción; iii)

los criterios de estrato, norma urbanística, servicios públicos, entre

otros, deben tomarse en el momento de elaborar el avalúo comercial;

iv) para el momento de la oferta de compra el estrato del inmueble

expropiado era 2; v) para calcular el valor del terreno no se tuvo en

cuenta que el bien expropiado es vivienda familiar; y vi) el dictamen

menciona que se trata de una casa de tres pisos pero demuestra que

el cálculo del área construida sobre una construcción de 4 pisos.

VI-. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado solicitó

confirmar la sentencia recurrida, por cuanto, el avaluó aportado con

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la demanda no hizo mención explícita de la fuente a partir de la cual

se obtuvo información, ni los sistemas utilizados para establecer la

depreciación alegada y, por tanto, no satisface los requisitos técnicos

previstos en la Resolución 620 de 2008, ni reviste las características

que permitan desvirtuar la legalidad del avaluó realizado por UAECD.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

Previo a abordar el estudio de fondo del presente asunto, para la Sala

resulta necesario determinar si la sustentación del recurso de

apelación interpuesto por la parte demandante tiene realmente esa

connotación o si, por el contrario, según lo indicado por el IDU, de

su contenido no es posible advertir inconformidad alguna con la

sentencia recurrida.

Para ello, la Sala tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código General

del Proceso sobre la manera en la cual se debe sustentar el recurso

de apelación, normativa aplicable en virtud de lo establecido en el

artículo 306 del CPACA:

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“[…] “Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: (sic) respecto del coadyuvante se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
71.

[…]

Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]”.

De las normas transcritas, la Sala infiere que, en la sustentación del

recurso de apelación, corresponde al recurrente exponer los

argumentos que objetan o controviertan la decisión proferida por el

a quo, pues es sobre estas censuras que el ad quem tiene

competencia para pronunciarse, excepto en los casos de decisiones

de oficio.

Sobre este particular, la Corporación de manera reiterada ha

sostenido que para que el juez de segunda instancia pueda ejercer

la facultad jurisdiccional que la ley le otorga es necesario confrontar

la providencia recurrida con los fundamentos de la apelación

invocados en su contra. Al respecto, se destaca:

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Actor: JOSÉ RUBÉN SOLER OCHOA

“[…] El recurso de apelación es un instrumento judicial, en este
caso, para impugnar una sentencia controvirtiéndola con
argumentos que apunten a desvirtuarla total o parcialmente y
sirvan de marco al juez de segunda instancia para llevar a cabo
la función revisora que comporta tramitar y decidir una
apelación.

Esa función, que no es oficiosa, tiene que apoyarse en la
argumentación contenida en la sustentación del recurso de
apelación, que le debe servir al ad quem para soportar la
decisión de revocar o modificar la sentencia de primera
instancia según lo pretendido por el apelante […]”9.

Conforme con lo anterior y una vez confrontados los considerandos

de la sentencia de primera instancia con los argumentos invocados

por la parte actora en el escrito de apelación, la Sala considera que

dichos planteamientos si están dirigidos a cuestionar la decisión

recurrida, concretamente en lo que tiene que ver con la presunción

de legalidad del avalúo comercial que sirvió de fundamento a la

administración para fijar el precio indemnizatorio, el cual, a juicio de

la recurrente no es justo ni acorde a los lineamientos normativos ni

jurisprudenciales.

En ese orden, la Sala estima que el escrito de apelación interpuesto

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 26 de
noviembre de 2006, C.P. William Giraldo Giraldo, expediente 25000-23-27-000-2007-00024-01. Tesis
reiterada por la Sección Tercera, en providencias de: i) 26 de enero de 2011, C.P. Mauricio Fajardo
Gómez, expediente 1997-13804-01 (19865), y ii) 13 de julio de 2016, C.P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera, expediente 08001-23-33-004-2014-01623-01, en las que se indicó “[…]De conformidad con
el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido
emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón
por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo
impugnado en el respectivo recurso y en el evento de que exceda las facultades que posee en virtud
del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funciona […]”.

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por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal sí

cumple los presupuestos establecidos en el CGP y, por lo tanto,

procederá al estudio de fondo del recurso interpuesto.

Los actos demandados

En el presente asunto se cuestiona la Resolución núm. 14408 de 26

de febrero de 2015, por medio de la cual la directora técnica de

Predios del IDU, ordenó la expropiación por vía administrativa del

inmueble ubicado en la KR 92 # 131F – 21 de Bogotá D.C.,

identificado con la cédula catastral núm. 009204712700000000,

CHIP AAA0154YUHY y matricula inmobiliaria 50N-2035355, en los

siguientes términos:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
del inmueble ubicado en la KR 92 No 131F 21, de la Ciudad de
Bogotá D.C., identificado con la cedula catastral
009204712700000000, CHIP AAA0154YUHY y matricula
inmobiliaria 50N-20345355 conforme al Registro Topográfico
número 44248, donde aparece debidamente delimitado y
alinderado con un área de terreno de (75. m2), Construcción
(3 pisos teja, 4 pisos teja) con un área de 156.89 m2
Construcción ( 3 pisos placa 4 pisos teja) con un área de 103
46 m2 Construcción 2 (Enramada) con un área de 14.38 m2,
placa volada de 1.30 m2, muro de antepecho con un área de
17.80 m2, conforme al Registro Topográfico número 44248
elaborado por la Dirección Técnica de Predios en el mes de
mayo de 2014, cuyos linderos específicos son: POR EL
NORTE: Del punto A al punto B en línea recta y distancia de
(10.03 mts.), con la AC 132; POR EL SUR: Del punto C al punto
D en línea recta y distancia de (9.80 mts.), con la propiedad
particular, POR EL ORIENTE: Del punto B al punto C en línea

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Actor: JOSÉ RUBÉN SOLER OCHOA

recta y distancia de (7.77 mts) con propiedad particular, POR
EL OCCIDENTE: Del punto D al punto E en línea recta y
distancia de (5.06 mts.), con propiedad particular y del punto
E al punto A en línea recta y distancia de (2.50 mts.), con
propiedad particular.

El titular inscrito del inmueble objeto de expropiación es el
Señor JOSE RUBEN SOLER OCHOA identificado con cedula de
ciudadanía No 2.868.465.

ARTICULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO. - El valor del precio indemnizatorio de la
expropiación que se ordena por la presente resolución es de
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS ($294,244,893.00) MONEDA
CORRIENTE, de acuerdo con el Avalúo Comercial No. 2014-
2896 de fecha 22 de octubre del 2014, elaborado por la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL -
Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de
Información Económica y el informe de Reconocimiento
Económico del 26 de febrero de 2015, el citado valor incluye:

1. La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
($269.452.990.oo) MONEDA CORRIENTE, por
concepto de terreno más construcción.
2. La suma de CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS TRES PESOS ($5.082.403.oo)
MONEDA CORRIENTE por concepto de daño
emergente.
3. suma de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS
NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($19.709.500.oo)
MONEDA CORRIENTE por concepto de lucro cesante.

PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación no
implica la aplicación del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que
establece la cesión de los contratos de servicios públicos con
ocasión a la transferencia del dominio; En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los
contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las
partes acuerden otra cosa. La cesión operara de pleno derecho,
e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio”, teniendo en cuenta
que los predios adquiridos por el IDU por motivos de utilidad
pública e interés social son destinados exclusivamente a la
construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un

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Actor: JOSÉ RUBÉN SOLER OCHOA

cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble
con vocación de domicilio para convertirse en un bien de uso
público dejando por ello de ser destinatario de servicios
públicos domiciliarios, motivo por el cual continuara siendo
responsable del consumo, deudas y demás cargos que se
generen hasta la cancelación de los mismos el Señor JOSE
RUBEN SOLER OCHOA identificado con cedula de ciudadanía
No. 2.868.465.

ARTÍCULO TERCERO.- FORMA DE PAGO.- El trámite de
pago se efectuará por la Tesorería del Instituto de Desarrollo
Urbano, previa autorización expresa y escrita de la Dirección
Técnica de Predios, una vez esta radique la(s) orden(es) de
pago así: Un cien por ciento del valor del precio indemnizatorio,
o sea la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
($294,244,893.00) MONEDA CORRIENTE el citado valor,
será puesto por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo
Urbano a disposición del Señor JOSE RUBEN SOLER OCHOA
identificado con cedula de ciudadanía No 2.868.465, una vez
ejecutoriada la presente resolución y efectuados los respectivos
tramites financieros.

PARAGRAFO PRIMERO.- Si el valor del precio
indemnizatorio, una vez puesto a disposición del Señor JOSÉ
RUBÉN SOLER OCHOA identificado con cédula de ciudadanía
No 2.868.465, no es retirado dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes, este se consignará en la entidad financiera
autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 2° del artículo 70 de la ley 388 de 1997, remitiendo
copia de la consignación al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, considerándose que de esta manera ha
quedado formalmente efectuado el pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se efectuarán los descuentos correspondientes
a impuestos, tasas y contribuciones aplicables, contemplados
en la normatividad vigente.

PARAGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de
dinero correspondiente al único contado, se deberá verificar el
estado de cuenta por la contribución de valorización; en caso
de existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a
la compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del
código civil colombiano.

ARTICULO CUARTO.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El

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valor total de la adquisición se ampara en el presupuesto del
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, según Certificado de
Registro Presupuestal No. 5600 del 30 de diciembre de 2014,
emitidos por la Dirección Técnica Administrative y Financiera,
Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad.

ARTICULO QUINTO - DESTINACIÓN.- El inmueble referido,
será destinado para la construcción de la obra: AVENIDA EL
RINCON (AK 91 Y AC 131 A) DESDE LA CARRERA 91
HASTA LA AVENIDA LA CONEJERA (TRANSVERSAL 97),
de acuerdo con la Resolución No. 0811 del 15 de Julio de 2014,
expedida por la Secretaria Distrital de Planeación.

ARTICULO SEXTO.- SOLICITUD CANCELACION OFERTA,
GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL DOMINIO.- Con el objeto de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 núm. 4 de
la ley 388 de 1997, se ordena cancelar la Anotación número 3
de fecha 19 de enero de 2015, Radicación: 2015-3109 del
Folio de Matricula Inmobiliaria 50N-20345355 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte, donde se
encuentra registrada la Resolución No 114362 del 30 de
diciembre de 2014, “POR LA CUAL SE DETERMINA LA
ADQUISICION DE UN INMUEBLE, POR EL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA
OFERTA DE COMPRA”, cuya inscripción se solicitó mediante
oficio con RAD. IDU No 20153250111411 el 14 de enero de
2015.

ARTICULO SEPTIMO - ORDEN DE INSCRIPCIÓN.- De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 núm. 4 de la ley
388 de 1997, ORDENASE al (a) señor (a) Registrador (a) de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte,
inscribir la presente resolución en el folio de matrícula
inmobiliaria 50N-20345355 con lo que se surtirán los efectos
atinentes a la transferencia del derecho de dominio en cabeza
del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, identificada con
Nit. 899.999.081-6.

ARTICULO OCTAVO. ENTREGA.- De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70 numeral 3 de la Ley 388 de 1997,
efectuado el registro de la presente resolución el INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO exigirá la entrega del inmueble
identificado en el artículo primero (1°), para lo cual, en caso de
renuencia del expropiado, acudirá al auxilio de las autoridades
de policía.

ARTICULO NOVENO - Notifíquese la presente resolución de
conformidad con las reglas establecidas en el artículo 66 y ss

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del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo al señor JOSÉ RUBÉN SOLER OCHOA
identificado con cedula de ciudadanía No 2.868.465,
haciéndole saber que contra la presente solo procede el recurso
de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha
de notificación […]”.

Asimismo, se cuestiona la Resolución núm. 36106 de 25 de mayo de

2015, por la cual la directora técnica de Predios del Instituto del IDU

confirmó lo decidido en la Resolución núm. 14408 de 26 de febrero

de ese año, así:

“[…] ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes
la Resolución No 14408 del 26 de febrero de 2015, por la que
se ordenó la expropiación administrativa del inmueble ubicado
en la KR 92 No 131F 21, de la ciudad de Bogotá D.C.,
identificado con la cedula catastral 009204712700000000,
CHIP AAA0154YUHY y matricula inmobiliaria 50N-
20345355, la cual fue notificada personalmente al Señor
JOSÉ RUBÉN SOLER OCHOA, identificado con la cedula de
ciudadanía N° 2.868.465 de Bogotá D.C., el día 24 de abril de
2015, conforme al registro topográfico número 44248,
elaborado por la Dirección Técnica de Predios en el mes de
mayo de 2014, por las consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo […]”

Problema jurídico

Con base en los argumentos planteados por el actor en su recurso de

apelación, corresponde a determinar si el avalúo aportado con la

demanda desvirtúa la presunción de legalidad que ampara los actos

administrativos acusados en lo concerniente al precio de la

indemnización reconocida a este.

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Para resolver el interrogante planteado, la Sala hará referencia al

marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,

para enseguida abordar el estudio del caso concreto.

Del procedimiento de expropiación administrativa,
generalidades

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la propiedad

privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.

Con base en la norma en cita se tiene que10 i) la garantía a la

propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con

10
Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11, proferidas por la
Corte Constitucional.

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arreglo a las leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las

formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido el

carácter limitable de la propiedad; iv) hay condiciones en que

prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la

propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y, vi)

están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.

Ahora, acorde con el desarrollo de este precepto constitucional,

inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció instrumentos para la

adquisición y expropiación de inmuebles por motivos de utilidad

pública e interés general, potestad que luego se reguló por la Ley 388

de 1997.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el procedimiento

que debe ser atendido con el propósito de llevar a cabo la

expropiación por vía administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria11, la

11
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.

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autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la destinación

que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto administrativo

en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; v) la orden de

notificar a los titulares del derecho de dominio u otros derechos reales

del predio y la información sobre los recursos procedentes.

Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada el

artículo 70 ibidem, prevé:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por
no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en
forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:

1.El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán
de las personas titulares de ellos a la entidad que ha dispuesto
la expropiación, para lo cual bastará con el registro de la decisión
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El registrador
exigirá que la entidad acredite que el propietario o los titulares
de otros derechos reales SOBRE EL INMUEBLE, han retirado el
valor de la indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la consignación
correspondiente conforme a lo previsto en el numeral 2 de este
artículo.

2.La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según sea el

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caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del precio
indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de
deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales
del saldo. Si el particular no retira dichos valores y los
documentos de deber dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad
financiera autorizada para el efecto a disposición del particular,
y entregara copia de la consignación al Tribunal Administrativo
en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble
dentro de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.

3.Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá
exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE EXPROPIADO, sin
necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al
auxilio de las autoridades de policía si es necesario.

4.En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen dentro
de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la
decisión de expropiación por vía administrativa no producirá
efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el
procedimiento expropiatorio.

5.La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa, adquiere la obligación de
utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que
hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3) años
contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión
correspondiente en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario
del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal Administrativo en
cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la
verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante
proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica
de las pruebas que deberán solicitarse exclusivamente en la
demanda, durante un término no superior a un mes,
transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable.

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación
por parte de la entidad, la sentencia así lo declarará y ordenará
su inscripción en la respectiva Oficina de Registro, a fin de que
el demandante recupere la titularidad del bien expropiado. En la
misma sentencia se determinará el valor y los documentos de
deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar
a la entidad pública respectiva, siendo necesario para los efectos

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del registro de la sentencia que se acredite mediante
certificación auténtica que se ha efectuado el reintegro ordenado
[…]”.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el

carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor

del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual

será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos

en el artículo 6112 de la presente ley […]”.

De acuerdo con esta normativa, una de las características esenciales

de la expropiación radica en el hecho de que la actuación del Estado

se hace por razones de utilidad pública e interés social, previa y justa

indemnización del inmueble, en cuanto comprende su valor y los

perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, con el fin de

alejarse de un acto confiscatorio.

12
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION VOLUNTARIA. Se
introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley
9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad
con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos
expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir,
y en particular con su destinación económica. […].

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Al respecto esta Sección13 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la
autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la
cual es sometido de manera forzada. En otras palabras, el
hecho de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno que
por dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la
Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que éste deba asumir a título personal un
detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la ruptura
del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”.

Por otro lado, para la Sala se hace necesario traer a colación los

criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción especial

contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho

que procede contra la decisión de expropiación por vía

administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril de
2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.

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interpuesto. Al respecto, se ha manifestado14:

“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma inadecuada
las normas superiores invocadas como violadas y las pruebas
allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción especial
contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el
precio indemnizatorio reconocido, en la medida en que el valor
de la indemnización es incorporado en el acto administrativo que
ordena la expropiación es analizar su legalidad, aun cuando la
demanda esté encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del
precio indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio
de legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o de
interés social constituyen un presupuesto para la legalidad de la
expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de legalidad
sobre la decisión de expropiación al verificar su cumplimiento,
como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no implica, como aduce
el recurrente, que la acción especial contencioso administrativa
se aborde como una acción ordinaria de nulidad. […]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta. Bajo esa lógica, resulta
también acertado verificar que el avalúo técnico que da soporte
legal y fáctico al acto administrativo que ordena la expropiación
se ajusta a la normativa aplicable […]”.

Igualmente, cabe advertir que esta Sección ha sostenido que al haber

sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo acusado,

que decretó la expropiación, este se encuentra amparado por la

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011 00196
01.

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30

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02763-06
Actor: JOSÉ RUBÉN SOLER OCHOA

misma presunción de legalidad y certeza, que se predica de las

decisiones definitivas de la Administración, y debe tenerse como

válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien

recurre, en este caso, al demandante, demostrar en el proceso que

el avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus

incorreciones. Sobre el particular, la Sala ha indicado:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el
sub lite. Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009,
al analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de
certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo
cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso
que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente
su incorrección”.15
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección16 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que
sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo
pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien tenía
la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como
lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la

15
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
16
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias
la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.

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indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que
lo incorporó […]”.

Es preciso destacar que a través del Decreto 1420 de 1998 fueron

reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y criterios

para la elaboración de los avalúos por los cuales debe determinarse

el valor comercial de los bienes inmuebles, entre otros, para el caso

de expropiaciones administrativas.

Ahora bien, mientras en el artículo 2017 del decreto en mención está

establecido que en el avalúo debe indicarse el método utilizado, el

artículo 2318 de la misma norma facultó al IGAC para expedir a través

de resolución las disposiciones metodológicas para la realización de

estos.

En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente expidió

las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones que

fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 2008, que en la

actualidad establece los procedimientos para los avalúos ordenados

17
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y las
personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación […]”.

18
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que trata el
presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución que
deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de este decreto, la
cual deberá publicarse en el Diario Oficial.

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dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

Dicha resolución establece como métodos para la elaboración de los

avalúos el de comparación o de mercado, el de capitalización de

rentas o ingresos, el residual, el de consulta de encuestas y el de

costo o reposición.

Análisis del caso

Del avalúo comercial en la determinación del valor a
reconocer por la expropiación.

En el presente asunto se controvierte si, dentro del proceso de

expropiación adelantado por el IDU, se garantizó el pago del justo

precio respecto del inmueble identificado con el folio de matrícula

inmobiliaria 50N-2035355, por lo que resulta necesario establecer si

el avalúo comercial núm. 2014-2896 de 22 de octubre de 2014,

elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital – UAECD, se ajusta a lo previsto en la Ley 388 de 1997 y

sus disposiciones complementarias, o si, por el contrario, debe ser

desvirtuado con fundamento en el avalúo comercial núm.

9.938/2015 de 12 de marzo de 2015 elaborado por la firma

Sarmiento y Osorio Soluciones Inmobiliarias.

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La relevancia de esta discusión radica en que un avalúo que emplee

los métodos integrales previstos por el Instituto Geográfico Agustín

Codazzi (IGAC) tiene la aptitud de controvertir la presunción de

acierto del avalúo oficial y de garantizar la indemnización plena

consagrada en la Constitución Política y desarrollada en los términos

de la Ley 388 de 1997. En consecuencia, corresponde a la parte

recurrente, demostrar dentro del proceso que el avalúo oficial carece

de validez.

En el presente caso, se encuentra que la Dirección Técnica de Predios

del IDU, mediante resoluciones núms. 14408 de 26 de febrero de

2015 y 36106 de 25 de mayo de 2015, ordenó la expropiación por

vía administrativa, del inmueble ubicado en la KR 92 # 131F – 21 de

Bogotá D.C., identificado con la cédula catastral núm.

009204712700000000, CHIP AAA0154YUHY y matricula inmobiliaria

50N-2035355.

El predio objeto de adquisición estuvo vinculado al proyecto vial con

destino a la obra Avenida El Rincón (AK 91 y AC 131 A) desde la

carrera 91 hasta la avenida la Conejera (Transversal 97), de acuerdo

con el trazado y las zonas de reserva vial definidas por la Secretaría

Distrital de Planeación, a través de la Resolución núm. 0811 de 15

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de julio de 2014.

Para efectos indemnizatorios, en las resoluciones 14408 de 26 de

febrero y 36106 de 25 de mayo de 2015, fijaron como precio la suma

de $294.244.893, en las que se discriminó un valor de $269.452.990

por concepto terreno más construcción, $5.082.403 por daño

emergente y $ 19.709.500 por lucro cesante, valoración que se

realizó conforme al avalúo comercial núm. 2014-2896 de fecha 22

de octubre de 2014 elaborado por la Unidad Administrativa Especial

Catastro Distrital - UAECD, Gerencia de Información Catastral,

Subgerencia de Información Económica19.

El análisis contenido en el referido avalúo permitió verificar que, para

la determinación del valor comercial del predio de propiedad del

actor, se tuvieron en cuenta aspectos como: i) la información general

en la que se identificó el solicitante del avalúo, la radicación, tipo

avalúo, tipo de inmueble, dirección, chip, cédula catastral, código

barrio y/o sector catastral (Rincón Norte), destino económico y fecha

de visita; ii) la información jurídica; iii) la descripción del sector en

el que se analizó la delimitación del sector, la actividad

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predominante, la actividad edificadora, la estratificación

socioeconómica, vías acceso e infraestructura de servicio; iv)

reglamentación urbanística; v) descripción del inmueble, vi)

características generales de la construcción; vii) método del avalúo

para determinar el valor del terreno, de la construcción y de otras

construcciones; viii) consideraciones generales; y ix) resultado del

avalúo, aspectos de los que se destaca:

-Reglamentación urbanística:

“[…] Ante la suspensión provisional del Decreto 364 de 2013,
Modificación excepcional del Decreto 190 de 2004, Plan de
Ordenamiento Territorial POT; por parte del Consejo de Estado,
el Ministerio de Vivienda, emitió concepto donde considera que
entra en vigencia de nuevo el Decreto 190 de 2004, que para
este predio reglamenta:

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4.1 USOS PRINCIPALES: Vivienda unifamiliar; bifamiliar’ y
multifamiliar.
4.2 USOS COMPLEMENTARIOS: Comercio y servicios.
4.3 USOS RESTRINGIDOS: Servicios de alto impacto e industria
[…]”.

• Descripción del inmueble, ubicación:

[…] El predio se localiza sobre el costado oriental de la CR 92, es
de ubicación ESQUINERO en la manzana, se encuentra entre la
CL 131 y CL 132 posee frente sobre la KR 92. Corresponde a una
casa de cuatro (4) pisos de altura […]

• Área de terreno:

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• Características generales construcción

[…] 6.1. Descripción: Se trata de una casa de tres (3) pisos de
altura destinado al uso residencial. Es una construcción
levantada aproximadamente en el año 1998, 2003 y 2008, y una
edad aproximada de 16, 11 y 6 años, constatada con la persona
que atendió la visita y verificada con el sistema integrado de
información catastral SIIC. Estructura en concreto con
entrepisos en placa maciza, pañete y pintura, cubierta en palca.
Enchapes en baño y cocina sencillos, enramada en madera y teja
de zinc.

6.1. Área de construcción: […] (274,73 m2 que corresponden al
área total construida, en cuatro (4) niveles.

Áreas tomadas del RT no. 44248 suministrado por el IDU y
verificadas al momento de la visita.

Nota: Se incluye 4 pisos placa dentro del área de 3 pisos placa
y 4 pisos teja dentro del área de tres pisos teja y el área de 3
pisos + enramada como enramada (sic), para efectos del cálculo
del avalúo.

6.3. Equipamiento comunal: No presenta

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6.4. Otros: El predio presenta otras construcciones tales como:
muro de cerramiento y muros internos distribuidos así:

[…]”.

• Respecto del método de avalúo y su aplicación determinó los

siguientes aspectos:

“[…] El presente informe cumple con las normas legales del
Decreto 1420 de 1998 y las metodologías establecidas en la
Resolución 620 de 2008 del Instituto geográfico Agustín Codazzi.
En desarrollo del trabajo se utilizaron los siguientes métodos
para determinar los valores reportados:

7.1 Para el valor del terreno:

Para la determinación del valor de m2 se aplicó el método de
comparación o de mercado según la Resolución 620 de 2008
IGAC “ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor
comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al
del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial”.

Se realizó estudio de mercado con predios de similares
características físicas del mismo sector catastral y sectores
aledaños, a las que se les descuenta el valor de la construcción,
a los valores resultantes de m2 de terreno se les aplica un
tratamiento estadístico según lo contemplado en el artículo 11
de la Resolución 620 de 2088 del IGAC, con esta información
económica, se procedió a calcular el valor comercial del terreno
del predio de la referencia:

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El valor de terreno asignado corresponde a valores evaluados de
ofertas de predios en el sector y sectores aledaños que
presentan características similares. Los predios ofertados
encontrados arrojaron una estadística que no supera el 7.74%
de coeficiente de variación por m2. Motivo por el cual se adopta
un valor de m2 de terreno de $1.850.000,oo m2. Ya que este
valor que se adopta teniendo en cuenta las condiciones del
predio objeto de avaluó con respecto a las características como
el área del terreno, el estado de las vías, las condiciones de
acceso, topografía y la ubicación en corredor comercial.

7.2. PARA EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Para la determinación del valor de la construcción se aplicó el
método de Costo de Reposición según la Resolución 620 de 2008
IGAC “ARTICULO 3o. METODO DE COSTO DE REPOSICION. Es

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el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avaluó a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avaluó, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le
debe adicionar el valor correspondiente al terreno...,” tomando
como referencia la tabla de tipologías de construcción de la
UAECD, y aplicando la depreciación según la tabla de FittoCorvini
y un estado de conservación según lo encontrado en el momento
de la visita.

Los valores de reposición tomados para la edificación son de
$663.000, 680.000 y 100.000 por m2 tipología de la UAECD para
una construcción que es la que más se asemeja a las
características de la construcción del predio.

Luego se procedió aplicar lo estipulado en la Resolución 620 de
2008 IGAC "ARTICULO 37. Las fórmulas que se presentan a
continuación servirán de apoyo para la mejor utilización de los
métodos valuatorios (…) Depreciación. Ecuaciones para estimar
el valor del porcentaje (%) a descontar del valor nuevo. Estas
fórmulas relacionan el porcentaje de la viday el estado de
conservación basadas en las tablas de Fittoy Corvini... […].

Quedando un valor de reposición ya depreciado por m2 de:

7.3. PARA EL VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES

Para la determinación del valor de la construcción se aplicó el
método de Costo de Reposición según la Resolución 620 de 2008
IGAC “ARTICULO 3o. METODO DE COSTO DE REPOSICION. Es
el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le
debe adicionar el valor correspondiente al terreno...” tomando
como referencia la tabla de tipologías de construcción de la
UAECD y presupuestos realizados, y aplicando la depreciación
según la tabla de Heidecke y un estado de conservación según
lo encontrado en el momento de la visita.

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De lo anterior, la Sala observa que el avalúo oficial fue elaborado con

sujeción a lo previsto en el Decreto 1420 de 24 de junio de 1998, la

Resolución IGAC 620 de 2008, para lo cual se analizaron factores

como: i) la localización del inmueble en un sector con área de

actividad residencial con actividad, económica en la vivienda y un

tratamiento de mejoramiento integral modalidad complementaria; ii)

la destinación residencial, en buen estado de conservación y

mantenimiento; iii) las condiciones físicas del sector, las cuales son

regulares debido a que cuenta con vías vehiculares locales en regulas

estado de conservación: iv) las características físicas del terreno; v)

el espacio público y el entorno general, en el que se observan

edificaciones con destinación comercial; vi) las condiciones propias

del predio, en el cual se evaluaron factores exógenos que incidieron

en la determinación del valor, así:

“[…] seguridad, estado y cobertura de la infraestructura
urbana, servicio de transporte y distancia a otros centres de
desarrollo económico de la ciudad.

El valor asignado corresponde al valor comercial de venta,
entendiendo por valor comercial aquel que un comprador y un
vendedor están dispuestos a pagar y recibir de contado o en

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términos razonablemente equivalentes, en forma libre y sin
presiones, en un mercado normal y abierto, existiendo
alterativas de negociación para las partes.

El valor asignado al terreno corresponde a terrenos con la
situación jurídica resulta, y con la correspondiente adecuación
de topográfica de este, como lo evidencia el mercado de la
zona.
[…]

[…]”.

Para debatir el avalúo oficial, la parte actora allegó un avalúo núm.

9.938/2015 de 12 de marzo de 2015, suscrito por la firma

Sarmiento y Osorio Soluciones Inmobiliarias20, en el que según

se informa en el recurso de apelación, desvirtúa la presunción de

legalidad del precio indemnizatorio reconocido por el bien

expropiado.

20
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De la revisión de dicho informe, la Sala evidencia que contiene i) la

información básica en la que se señala que el tipo de avalúo es

comercial, que el uso del bien es residencial y comercial (tiendas de

barrio y locales con área no mayor de 60 m2), la fecha de visita -6

de marzo de 2015- y la fecha del informe -12 de marzo de 2015-,

entre otros; ii) observaciones jurídicas, en donde se indica que el

estudio corresponde al valor comercial del inmueble sin tener en

cuenta estudio de títulos, afectaciones jurídicas ni vicios ocultos; iii)

características generales del inmueble: iv) especificaciones

constructivas y acabados; y v) consideraciones generales en el que,

frente a la metodología aplicada, consignó lo siguiente:

[…] Según Resolución número 620 de 2008
(23 de septiembre de 2008)

MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN

Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto del avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le
debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se
utilizará la siguiente formula:

Vc=(Ct -D) + Vt
En donde

VC= Valor comercial
Ct= Costo total de la construcción
D= Depreciación
Vt= Valor del terreno

El presente avalúo comercial, corresponde al valor
comercial del respectivo inmueble expresado en dinero;

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entendiéndose por valor comercial aquí que un
comprador y un vendedor estarían dispuestos a pagar y
recibir de contado respectivamente por la propiedad, en
un mercado de alternativas de negociación.

Para efectos de la conformación del justiprecio del bien
avaluado, el presente avaluó comercia, entre otros criterios, se
ha tenido en cuenta las transacciones del sector e identifica el
inmueble homogéneamente.

El presente avalúo NO tiene carácter jurídico.

De acuerdo a lo anterior se ha estimado el siguiente
avalúo comercial:

VALOR TOTAL AVALÚO COMERCIAL

$548.150.528,
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS
MONEDA CORRENTE […]”.

Frente a las consideraciones del avalúo y los factores tenidos en

cuenta, se consignó lo siguiente:

“[…] Adicionalmente a las características más relevantes de la
propiedad expuestas en los capítulos anteriores, se han tenido
en cuenta las siguientes consideraciones generales:

La localización del terreno, en donde se encuentra ubicada la
casa.
El inmueble en mención se encuentra en una zona de uso
residencial y comercial zonal del sector, respecto a la ciudad y
el potencial de construcción.
Las vías de acceso directo y/o indirecto de la casa, como las
anteriormente mencionadas.
Características propias y relevantes del sector.
Alternativas de integración con respecto al sector comercial.
potencial de explotación y de apropiación económica del terreno
en su totalidad.
Las características propias del inmueble, tales como ubicación,
extensión adecuada para el desarrollo del uso que tiene
actualmente, conformación espacial, proporción y topografía, y
distribución espacial interna de la casa.

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Rentabilidad y comerciabilidad con respecto a sus perspectivas
de valorización.
El estado de aprovechamiento actual del inmueble.
Los materiales y acabados de construcción.
El inmueble es típico lo cual facilita su comercialización […]”.

Para la Sala, lo anterior no logra demostrar que el avalúo oficial

elaborado por la Unidad de Catastro Distrital fuese erróneo, toda vez

que no controvirtió ni desvirtuó los fundamentos fácticos, técnicos y

metodológicos que lo soportan. En efecto, omitió referirse de manera

precisa a la diferencia sustancial evidenciada entre el valor tasado

por metro cuadrado del terreno y el ajuste efectuado en razón de su

localización en zona de reserva vial, limitándose a exponer de

manera general un avalúo que pretende establecer el valor de un

área de terreno con base en un ejercicio vinculado al desarrollo de

un proyecto urbanístico.

En esas condiciones, el avalúo aportado por la demandante, lejos de

controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el

avalúo oficial practicado por la UAECD y que sirvió de fundamento

para la expedición de los actos administrativos acusados, se

circunscribe a presentar características generales propias de

cualquier avalúo, sin ofrecer elementos técnicos o metodológicos que

permitan cuestionar su validez. Por ello, no le asiste razón cuando

afirma que el a quo omitió valorar lo consignado en el documento

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allegado con la demanda, pues dicho escrito no controvierte de

manera concreta el avalúo comercial realizado y, en consecuencia,

no logra desvirtuar la presunción de legalidad que cobija el acto

acusado.

En ese orden, le asistió razón al Tribunal al afirmar que el avaluó

aportado con la demanda presentaba falencias en la medida en que

no tuvo en cuenta los lineamientos técnicos establecidos en el

artículo 10º de la Resolución 620 de 2008, pues no hizo mención

explícita a la fuente a partir de la cual se obtuvo la información ni los

sistemas utilizados para establecer la depreciación.

Sobre el particular, resulta pertinente destacar que el precio

indemnizatorio se encuentra amparado por la presunción de legalidad

al estar incorporado en el acto administrativo que ordena la

expropiación, circunstancia que impone a la parte demandante la

carga de demostrar el error o la incorrección del avalúo oficial. Al

respecto, esta Corporación21 ha reiterado de manera pacífica y

uniforme en su jurisprudencia que el precio fijado en los actos

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 15 de
agosto de 2019; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés; núm. único de radicación:
25000232400020110019601

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acusados goza de la presunción de legalidad y de certeza propia de

las decisiones de la administración, presunción que únicamente

puede ser desvirtuada mediante los medios de prueba previstos en

el ordenamiento jurídico, lo cual no aconteció en el sub lite.

En ese orden, en la medida que los argumentos plasmados en el

recurso de apelación estudiado no tienen vocación de prosperar.

Ahora, en cuanto al argumento expuesto en el recurso de apelación

consistente en la finalidad de la expropiación administrativa y la

presunta desviación de poder de la administración al fijar de manera

abusiva los precios indemnizatorios, la Sala advierte que dicho

planteamiento solo fue aducido en el recurso de apelación, lo que

constituye un nuevo cargo contra el acto acusado, que no fue

invocado en la demanda, situación que a todas luces improcedente,

no solo por extemporáneo, pues se insiste que el momento procesal

oportuno era la demanda o su adición, sino también porque de

acogerse su estudio se violaría el derecho de defensa y contradicción

de la parte demandada en el proceso, siendo deber del juez hacer

efectiva la igualdad de estas en el mismo.

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Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre

ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201822, en la que se señaló:

“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de
inconformidad de la parte apelante involucran normas que no
fueron invocadas en la demanda como violadas, pues las
indicadas en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58
de la Constitución Política y 66 de la Ley 388.

A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia
significa, ni más ni menos, la formulación de nuevos
cargos contra los actos acusados, lo cual resulta a
todas luces improcedente, no solamente por
extemporáneos, pues el momento procesal es en la demanda
o su adición, sino en razón a que de acometer su estudio se
estaría violando el derecho de defensa de la parte
demandada en el proceso y el deber del juez de hacer
efectiva la igualdad de las partes en el mismo.

Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los
cuestionamientos que formula el recurrente con base en los
artículos 29 y 58 de la Constitución Política y 66 de la Ley
388, y no así a los artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo
de falsa motivación. […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en sentencia de 8 de octubre de 202023, la Sección

consideró que el ad quem no puede abordar materias o cuestiones

que se plantean en la apelación, que no hacen parte del concepto de

violación del libelo, ni de lo que la sentencia de primera instancia

estudió, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-00074-02.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de octubre
de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-00135-
01.

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al debido proceso y de defensa de la contraparte en el proceso, en

los siguientes términos:

“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los procesos
ordinarios el recurso de apelación tiene límites, toda vez que
debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda,
los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los
argumentos de oposición a la misma y las consideraciones
que sirven de sustento al a quo para fundamentar la
sentencia. Sobre el particular, esta Sección precisó:

“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente
de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho
recurso, pues los mismos, en el caso de apelante único,
definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta
instancia. […] Sobre el particular, esta Sección en diversas
oportunidades ha puesto de presente que “[…] el juez de la
segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que
esté facultado para pronunciarse sobre aspectos o puntos de
la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede
abordar materias o cuestiones que se plantean en la
apelación, pero que no hacen parte del concepto de
violación del libelo, ni que la sentencia de primera
instancia estudió” […] La Sala reitera que en virtud de
los principios de lealtad procesal, contradicción y de
defensa y la congruencia que debe existir entre el
recurso, la sentencia censurada, el concepto de
violación de la demanda y los argumentos expuestos
en la contestación de la misma, imponen que al
apelante le esté vedado exponer en el recurso de
apelación hechos, cargos y presentar pretensiones
nuevas que no alegó ni en la demanda ni en la
contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede
abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es
su deber salvaguardar los derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso […]”24. (Resaltado fuera de texto).

Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
diciembre de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 08001 23 31 000
2009 01122 01.

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probatorio, para que el superior funcional las revoque,
modifique o adicione; en esa medida, no es un instrumento
para incluir cargos nuevos en contra del acto
administrativo acusado porque ello desconocería los
principios de lealtad procesal, contradicción, defensa y
congruencia que debe existir entre el recurso y la sentencia
apelada. […]” (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo

alguno sobre el nuevo cargo, habida cuenta que solo fue invocado

como argumento de defensa en el recurso de apelación. Proceder de

manera contraria rompería el equilibrio procesal y la igualdad de las

partes, pues la parte demandada no tendría la posibilidad de

controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue

planteado en la demanda25.

Conclusión

Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados

por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad

necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a

los actos administrativos acusados, toda vez en el plenario no se

encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección

del avalúo oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio

indemnizatorio reconocido y pagado al actor, con ocasión de la

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de marzo
de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 23001233300420160014301.

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expropiación administrativa dispuesta mediante las resoluciones

acusadas.

Costas procesales

Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con lo

previsto en el artículo 18826 del CPACA en armonía con el numeral 8

del artículo 365 del CGP27, esto es, en aplicación de un criterio

objetivo valorativo28, la Sala condenará a la parte apelante, en los

términos del numeral 3 del artículo 36529 ibidem, al pago de las

costas en esta instancia.

26
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”

27
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.

28
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.

29
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.

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Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso30 y por las agencias en derecho31”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención de la parte demandante a través de apoderado

judicial. Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se

sujetará a la liquidación32 que realice el secretario del Tribunal a quo

y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP33, se fijan como agencias en derecho, la suma

30
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

31
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
32
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la primera
instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem.
33
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a
lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o
la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.

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de $557.395 (equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones34) a

favor del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU.

Lo anterior, de conformidad con las tarifas establecidas en el del

artículo 6°35 del Acuerdo núm. 1887 de 26 de junio de 2003,

expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, según la

naturaleza del proceso, la calidad y duración de la gestión realizada

por la parte vencedora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte

actora y en favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –

34
De conformidad con el folio 23 del C. Principal de primera instancia, el valor de las pretensiones
corresponde a $278.697.538.
35
“[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia […]”.

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IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma de $557.395

(equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones), la cual deberá

incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora.

TERCERO: TENER al doctor BRANDON ESTIVEN LADINO CUERVO

como apoderado de la FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA

COMPERTIR, parte demandante, de conformidad con el poder de

sustitución visible en el índice 13 del expediente digital.

CUARTO: TENER a la doctora LEIDY VANESSA TÉLLEZ GONZÁLEZ

como apoderada del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU,

parte demandada, de conformidad con el poder y anexos visibles en

el índice 15 del expediente digital.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de marzo de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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