Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00524-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00524-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2019-00524-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2019-00524-01
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: SOCIEDAD CORREA & ROSTROM S EN C.
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE
ACTORA NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE
LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE
LOS CUALES SE DECRETÓ LA EXPROPIACIÓN POR VIA
ADMINISTRATIVA. EL CONCEPTO TÉCNICO QUE SE ALLEGA AL
PLENARIO NO ADVIERTE NI DEMUESTRA LOS ERRORES EN
QUE PUDO INCURRIR EL AVALÚO OFICIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 13 de julio de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “B”1, por medio de la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda.
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 25000234100020190052401
Actor: Sociedad Correa & Rostrom S en C.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La Sociedad CORREA & ROSTROM S en C, actuando a través
de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
• CPACA, presentó demanda contra el Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU, en la que formuló las siguientes pretensiones2:
“[…] PRETENSIONES
1. Que se declare la NULIDAD de la Resolución de expropiación
No. 5594 de 28 de noviembre de 2018 por la cual se ordenó la
expropiación por vía administrativa el inmueble ubicado en la
Calle 80 a No. 6-41 apartamento 201 del Edificio Santa Mónica
P.H de la ciudad de Bogotá y a través de la cual se estableció
como valor del precio indemnizatorio, la suma de SETECIENTOS
OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS ($708.710.464) M/cte de
conformidad con el informe de reconocimiento económico RT No.
47463 elaborado por el grupo económico de la Dirección Técnica
de Predios- Instituto de Desarrollo Urbano de fecha 13 de
noviembre de 2018 y el Informe Técnico de Avalúo Comercial
No. 2018-0789 de 2 de octubre de 2018, elaborado por la
Gerencia de Información Catastral- Subgerencia de Información
Económica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital- UAECD.
2. Que se declare la nulidad de la resolución número 006129 de
2018 por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto.
3. Que se deje en firme el concepto hipotético de abril de 2019
elaborado por JORGE ELIECER GAITAN- INGENIERIA,
CONSULTORIA Y VALORACIÓN S.A.S.
4. Que se ordene la elaboración de un nuevo avalúo por parte
del INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC o por un
una LONJA DE PROPIEDAD RAIZ.
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Actor: Sociedad Correa & Rostrom S en C.
5.Que se ordene la expedición de una nueva resolución, por
parte del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU como
entidad expropiante, de conformidad con el nuevo avalúo a
practicar que incluya con integralidad el terreno sobre el cual se
erige el edificio Santa Mónica P.H.
Lo anterior en virtud de lo contemplado en el artículo 26 del
Decreto 1430 de 1998 que determina: “ARTÍCULO 26. Cuando
las condiciones del inmueble objeto del avalúo permitan la
aplicación de uno o más de los métodos enunciados en el artículo
anterior, el avaluador debe realizar las estimaciones
correspondientes y sustentar el valor que se determine”.
6. Que se reconozca el pago del impuesto predial por parte del
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU en razón a que por medio
de la Resolución 5594 de noviembre de 2018, éste es titular del
derecho de dominio del inmueble perteneciente al Edificio Santa
Mónica AP 201 […]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda fueron señalados los
siguientes:
La parte actora es propietaria del inmueble ubicado en la calle 80 A
núm. 6- 41 apartamento 201 del Edificio Santa Mónica PH,
identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-429075 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro.
A través de la Resolución 3111 de 16 de julio de 2018, la directora
técnica de predios del IDU, determinó la adquisición del inmueble a
través de la figura de la expropiación por vía administrativa y
presentó oferta formal de compra con base en el informe de
reconocimiento económico RT 47463 y el avalúo comercial 2018-
0789 elaborado por la gerencia de Información Catastral –
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Subgerencia de Información Económica de la Unidad Administrativa
de Catastro Distrital.
Ante la ausencia de un acuerdo formal para la enajenación
voluntaria, el IDU expidió la Resolución 5594 de 28 de noviembre
de 2018, mediante la cual dispuso la expropiación del inmueble,
fijando como valor indemnizatorio la suma de $708.710.464,
discriminada en $682.815.312 correspondientes al avalúo comercial
del terreno y construcción; $8.096.958 por concepto de
indemnización por daño emergente; y 17.798.194 por concepto de
lucro cesante.
Inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de reposición
manifestando su desacuerdo con los valores contenidos en el avaluó
comercial por resultar, en su criterio, contrarios a lo previsto en el
Decreto 1420 de 1998, la Resolución 620 de 2008 y al concepto
hipotético realizado por la Sociedad Jorge Eliecer Gaitán- Ingeniería,
Consultoría y Valoración SAS de abril de 2019.
Por medio de la Resolución 006129 de 14 de diciembre de 2018
el IDU confirmó en todas sus partes el acto administrativo de
expropiación.
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I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de
los artículos 58 de la Constitución Política; 1°, 3° y 9° de la Ley 675
de 2001; 22 del Decreto 1420 de 1998; 1° del Decreto 422 de 2000;
7° del Decreto 620 de 2008; 4° y 14 de la Resolución 620 de 1998;
y 3°, 5° y 8° de la Resolución 898 de 2014.
En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:
Sostuvo que los actos administrativos acusados se encuentran
viciados de nulidad, por haberse fijado un valor indemnizatorio que
no corresponde al verdadero valor del bien afectado ni satisface el
principio de indemnización plena propio de los procesos
expropiatorios.
Explicó que la entidad demandada determinó el precio indemnizatorio
con fundamento en un avalúo que desconoció la naturaleza jurídica
y económica del inmueble objeto de la expropiación, pues consideró
únicamente el apartamento 201 del edificio y omitió que el terreno
sobre el cual se levantaba la edificación constituía un bien común
esencial dentro del régimen de propiedad horizontal, respecto del
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cual los propietarios de las unidades privadas detentaban derechos
proporcionales derivados de sus coeficientes de copropiedad; y que
al ignorarse dicha circunstancia, el IDU valoró
el terreno como si se tratara de un suelo útil independiente,
desconociendo que el lote soportaba una edificación sometida a
propiedad horizontal y que su valor económico debía distribuirse
entre las unidades privadas que integraban el edificio.
Indicó que la señalada omisión condujo a que el avalúo aplicado para
fijar el precio indemnizatorio no incorporara el valor real del terreno
que sirvió de soporte al edificio ni el potencial urbanístico del predio,
aspecto que sí tuvo en cuenta el concepto que se allegó con la
demanda y que utilizó el método residual determinando un valor
hipotético del lote considerablemente superior. Dicho estudio partió
del supuesto de desarrollo del terreno y estimó el valor total del
proyecto inmobiliario, concluyendo que el valor del suelo es mayor al
reconocido por la parte demandada: y que al distribuirse entre las
unidades inmobiliarias conforme a los coeficientes de propiedad, el
valor correspondiente al inmueble de la demandante resultaba
sustancialmente más alto.
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Precisó que la entidad demandada incurrió en un desconocimiento de
las reglas que gobiernan la elaboración de avalúos comerciales, en
particular, aquellas previstas en la normativa del IGAC y en el Decreto
1420 de 1998, pues el avalúo oficial no consideró integralmente el
terreno, la construcción, la documentación urbanística, ni las
condiciones físicas del inmueble que debían ser evaluadas para
establecer el valor comercial del bien.
Destacó que el valor reconocido en la oferta de compra y
posteriormente en la resolución de expropiación resultaba inferior
frente al valor real del inmueble y vulneraba el derecho constitucional
a recibir una indemnización previa, justa y plena por la privación del
derecho de dominio.
Explicó que el método de comparación de mercado no resultaba
idóneo para el caso bajo examen, en la medida en que no permitía
determinar de manera objetiva el valor comercial del inmueble, dado
que las muestras empleadas carecían de correspondencia con las
condiciones urbanísticas específicas del predio expropiado,
particularmente en lo relativo a su localización, a la circunstancia de
integrar un régimen de propiedad horizontal y a la incidencia de los
coeficientes propios de la copropiedad.
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Destacó que la indemnización debe comprender no solo el valor del
bien expropiado sino también los perjuicios derivados de la afectación
patrimonial, de modo que el precio fijado por la administración
desconoció el carácter reparador de la indemnización en materia
expropiatoria.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que los actos acusados se
encuentran afectados por violación de las normas que regulan la
expropiación administrativa y la determinación del justiprecio, al
haberse fijado la indemnización con base en un avalúo técnicamente
incorrecto que desconoció la naturaleza del terreno como bien común
dentro del régimen de propiedad horizontal, lo cual condujo a un
reconocimiento económico inferior al que realmente corresponde por
el inmueble objeto de expropiación.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
I.4.1.- El IDU contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de
las pretensiones en los siguientes términos3:
3
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Sostuvo que el proceso de expropiación administrativa del inmueble
se desarrolló con fundamento en el artículo 58 de la Constitución
Política y en las disposiciones contenidas en la Leyes 9ª de 1989 y
388 de 1997, normas que facultan a las autoridades para adquirir
inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de
infraestructura y demás obras de interés general. En ese contexto,
precisó que el procedimiento fue habilitado a partir de la declaratoria
de condiciones de urgencia efectuada por el alcalde Mayor de Bogotá
mediante el Decreto 316 de 2007, circunstancia que permitió al
Instituto de Desarrollo Urbano adelantar el trámite administrativo de
adquisición predial y, posteriormente, la expropiación por vía
administrativa.
Afirmó que la indemnización reconocida a la parte demandante
comprendió el valor comercial del inmueble, entendido en su
integridad como terreno y construcciones, así como el
reconocimiento del daño emergente, de manera que el monto fijado
se ajustó al estándar constitucional de indemnización previa y justa
previsto en el artículo 58 de la Carta Política, lo cual no comporta
necesariamente el reconocimiento de expectativas económicas del
propietario, sino la compensación adecuada y proporcional al valor
real del bien objeto de adquisición.
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Señaló que el documento aportado por la parte actora para sustentar
un mayor valor del inmueble, no constituye un verdadero avalúo
comercial, sino un concepto de valor hipotético construido sobre
supuestos urbanísticos y escenarios de desarrollo del terreno que no
corresponden a la realidad jurídica del predio objeto de expropiación,
pues tal análisis partió de la premisa de valorar el inmueble como si
se tratara de un lote susceptible de desarrollo independiente,
desconociendo que el bien adquirido corresponde a una unidad
privada sometida al régimen de propiedad horizontal.
Sobre este punto, enfatizó que, de conformidad con la Ley 675 de
2001, el terreno sobre el cual se levanta el edificio constituye un bien
común esencial dentro del régimen de propiedad horizontal y su valor
se encuentra incorporado proporcionalmente en cada una de las
unidades privadas mediante el coeficiente de copropiedad.
De acuerdo con lo anterior, sostuvo que el avalúo debía realizarse
respecto de la unidad inmobiliaria objeto de adquisición y no sobre
el lote considerado de manera independiente, criterio que fue
correctamente aplicado en el avalúo elaborado por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital.
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Adicionalmente, indicó que el avalúo oficial tuvo en cuenta las
características físicas, jurídicas y socioeconómicas del inmueble,
entre ellas su localización, las condiciones urbanísticas del sector, el
estrato socioeconómico, la actividad económica predominante en el
área, las características constructivas del edificio y las condiciones de
acceso vial, aspectos que evidencian que la valoración se realizó
conforme a los parámetros técnicos previstos en la normativa
valuatoria aplicable.
Como excepciones propuso la falta de elementos que desvirtúen la
presunción de legalidad de los actos acusados y la ausencia total de
imputabilidad del presunto perjuicio atribuido al IDU.
I.4.2. En escrito separado, el IDU solicitó el llamamiento en garantía4
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD-
por cuanto, conforme con lo previsto en el Decreto 583 de 15 de
diciembre de 2011 y el Contrato Interadministrativo núm. 1321 de 8
de noviembre 2013, dicha entidad elaboró el avalúo comercial que
se adoptó para determinar el precio indemnizatorio establecido en
4
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los actos acusados. La solicitud fue aceptada por el magistrado
sustanciador mediante providencia de 1o. de septiembre de 2021.
I.4.3. La UAEDCD contestó la demanda y se opuso a la prosperidad
de las pretensiones en los siguientes términos5:
Sostuvo que su participación en el proceso de expropiación se limitó
exclusivamente a la elaboración del avalúo comercial solicitado por
el IDU, sin intervenir en la expedición ni notificación de los actos
administrativos demandados.
Explicó que, conforme al Decreto 1420 de 1998 y a la Ley 1682 de
2013, la facultad de solicitar revisiones o impugnaciones de los
avalúos corresponde únicamente a la entidad solicitante, en este
caso el IDU, y no a los propietarios de los predios, de modo que
cualquier inconformidad debía ser presentada ante la citada entidad,
quien a su vez podía trasladarla a la UAECD o al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC).
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Precisó que carece de competencia para adelantar actuaciones
administrativas relacionadas con la adquisición predial, pues su
función se circunscribe a la entrega del avalúo comercial; y que
además que el IDU contaba con mecanismos legales para
controvertir dicho avalúo, por lo que, en consecuencia, era
responsable de las decisiones adoptadas en el trámite de
expropiación.
Adujo que el avalúo oficial fue elaborado conforme a los lineamientos
establecidos en la Resolución 620 de 2008, expedida por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, habida cuenta que tratándose de
inmuebles sometidos a propiedad horizontal, el avalúo debe recaer
sobre las áreas privadas legalmente existentes, teniendo en cuenta
que los derechos sobre el terreno y los bienes comunes se
encuentran incorporados proporcionalmente en cada unidad
inmobiliaria a través del correspondiente coeficiente de copropiedad.
Indicó que la metodología aplicada para la determinación del valor
comercial del inmueble respetó los criterios técnicos previstos para
este tipo de bienes, en los cuales la identificación del inmueble debe
verificarse tanto en relación con la conformidad del régimen de
propiedad horizontal frente a las normas generales, como respecto
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de la correspondencia entre las áreas reales del inmueble y aquellas
establecidas en el reglamento y en los planos del edificio,
circunstancia que refleja que los bienes comunes —incluido el
terreno— son jurídicamente inseparables de las áreas de dominio
particular y, por consiguiente, no pueden ser objeto de
comercialización independiente ni recibir un valor autónomo dentro
del avalúo.
Puso de presente que las referidas consideraciones guardan armonía
con lo dispuesto en la Ley 675 de 2001, norma que regula el régimen
de propiedad horizontal y que define esta forma especial de dominio
como aquella en la cual coexisten derechos exclusivos sobre bienes
privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás
bienes comunes del edificio o conjunto. En ese contexto, destacó que
la propiedad sobre una unidad privada implica necesariamente la
participación proporcional en dichos bienes comunes, la que se
determina mediante el coeficiente de copropiedad y que se encuentra
incorporada en el valor económico del inmueble sin que proceda su
valoración separada.
Por último, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva, dado que no expidió los actos administrativos cuya nulidad
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se demanda, por lo que la responsabilidad recae únicamente en el
IDU, entidad autónoma y competente para adelantar los
procedimientos de adquisición predial y expedir las decisiones
administrativas relacionadas con la expropiación.
II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal, mediante sentencia de 13 de julio de 2023, denegó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
razonamientos6:
Indicó que el avalúo oficial identificado con el núm. 2018‑0789 fue
practicado conforme a los lineamientos técnicos establecidos por el
IGAC en la Resolución 620 de 2008 para la valoración de inmuebles
sometidos al régimen de propiedad horizontal, normativa que
dispone que en este tipo de bienes el avalúo debe realizarse sobre el
área privada legalmente constituida y expresarse en valor por metro
cuadrado de área privada de construcción, sin que resulte procedente
6
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valorar de manera autónoma el terreno o la totalidad de la
edificación.
Destacó, además, que el avalúo oficial se sustentó en el método de
comparación o de mercado previsto en la citada resolución del IGAC;
y que para su determinación se examinaron factores objetivos tales
como la reglamentación urbanística vigente, la estratificación
socioeconómica del sector, las características físicas del predio, la
disponibilidad de servicios públicos, las condiciones constructivas del
inmueble, su estado de conservación, su funcionalidad y su
localización, elementos que fueron corroborados mediante visita
técnica practicada al inmueble.
En contraste con lo anterior, señaló que el documento aportado por
la parte actora denominado “concepto de valor hipotético” partió de
la valoración del método de técnica residual bajo una hipótesis de
aprovechamiento urbanístico futuro que incorporaba
simultáneamente el valor del terreno y de la construcción bajo la idea
de un eventual desarrollo inmobiliario, enfoque que no corresponde
al régimen de valoración aplicable a los inmuebles sometidos a
propiedad horizontal ni al objeto real del bien cuya adquisición se
adelantaba.
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Sostuvo que el análisis probatorio permitió establecer que el propio
autor de dicho estudio reconoció en audiencia que el documento no
correspondía a un avalúo comercial sino a un ejercicio hipotético
construido a partir del coeficiente de copropiedad, circunstancia que
fue valorada junto con la declaración del testigo técnico que explicó
que “un estudio de naturaleza hipotética carece de la idoneidad
técnica necesaria para controvertir un avalúo comercial elaborado
conforme a los parámetros establecidos por el IGAC”.
Expresó que el avalúo oficial se apoyaba en variables verificables
relacionadas con la ubicación, las características físicas del inmueble
y las condiciones reales del mercado, mientras que el estudio
presentado por la parte actora introducía supuestos ligados a la
potencialidad urbanística futura del terreno lo que conducía a una
estimación que sumaba el área del apartamento con el área total del
lote y generaba resultados considerablemente superiores
susceptibles de reproducirse respecto de cada unidad privada del
edificio.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que el estudio hipotético no
satisfacía los requisitos técnicos previstos en la Resolución 620 de
2008 del IGAC y que por ello no tenía la capacidad de desvirtuar la
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legalidad ni la solidez técnica del avalúo comercial practicado por la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, el cual se ajustó
a los parámetros normativos aplicables y se basó en criterios
objetivos verificables al momento de su realización.
Finalmente, precisó que tampoco se acreditó la omisión de factores
económicos relevantes para la determinación de la indemnización ni
una incorrecta determinación del área del inmueble objeto de
expropiación, puesto que dicha área fue verificada conforme a lo
previsto en la Ley 1682 de 2013, teniendo en cuenta la naturaleza
jurídica del predio sometido al régimen de propiedad horizontal,
razones por las cuales denegó las pretensiones de la demanda al no
encontrarse desvirtuada la legalidad del avalúo utilizado para fijar el
valor indemnizatorio.
III.- RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia, en
los siguientes términos:7
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Reiteró que la parte demandada omitió un componente esencial del
inmueble objeto de expropiación, esto es, el terreno sobre el cual se
levanta el Edificio Santa Mónica P.H., bien común esencial dentro del
régimen de propiedad horizontal en el que se materializan los
coeficientes de copropiedad de cada una de las unidades privadas.
Manifestó que el avalúo practicado por la UAECD se circunscribió a
valorar exclusivamente el área privada del apartamento objeto del
proceso y dejó de considerar los derechos derivados del coeficiente
de copropiedad que cada unidad ostenta sobre el suelo, aspecto que,
a su juicio, debía ser tenido en cuenta conforme al régimen jurídico
de la propiedad horizontal y a las reglas técnicas que gobiernan la
práctica de avalúos en inmuebles sometidos a dicho sistema.
Alegó, además, que la actuación administrativa no estaba dirigida a
la adquisición de una sola unidad inmobiliaria sino a la obtención de
la totalidad del edificio para la ejecución del proyecto de
infraestructura asociado a la troncal de transporte público por la
carrera séptima, razón por la cual la valoración del inmueble debía
considerar que la adquisición de todas las unidades conduce
necesariamente a la extinción de la propiedad horizontal y a la
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consolidación del terreno como el principal activo económico del
predio.
Sostuvo que la metodología empleada en el avalúo oficial resulta
inadecuada, pues el método de comparación o de mercado utilizado
por la administración parte del análisis de unidades privadas
comparables, mientras que el bien requerido por la entidad
corresponde en realidad al lote sobre el cual se erige la edificación,
circunstancia que impide que dicho método refleje el valor económico
real del inmueble que se pretende adquirir.
Anotó que en el sector donde se ubica el predio no existen referencias
de mercado que permitan establecer el valor del lote mediante
comparaciones directas, por lo que el ejercicio valuatorio debía acudir
a la técnica residual prevista en la normativa aplicable, método que
permite determinar el valor del suelo a partir de la estimación del
potencial de desarrollo urbanístico del terreno conforme a las
condiciones normativas y de mercado.
En ese sentido, expresó que el estudio elaborado por la Empresa
Jorge Eliécer Gaitán desarrolló un ejercicio técnico orientado a
establecer el valor del terreno considerando su potencial de
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desarrollo una vez extinguida la propiedad horizontal, análisis que
debe tenerse en cuenta, por lo que arroja un valor del suelo
sustancialmente superior al fijado en el avalúo utilizado por la
administración.
Afirmó que el citado concepto técnico evidencia que el avalúo oficial
no refleja el valor real del bien requerido para el proyecto de
infraestructura ni el pago de un precio justo, pues la entidad
expropiante no pretende adquirir únicamente un apartamento sino el
lote completo sobre el cual se encuentra edificada la copropiedad.
Manifestó, igualmente, que el terreno constituye el bien común
esencial del edificio y que en él se encuentran representados los
coeficientes de copropiedad de cada unidad privada, de modo que la
valoración del inmueble no puede prescindir del suelo ni de la
participación que cada propietario tiene sobre ese bien común.
Finalmente, insistió en que el avalúo practicado por la administración
desconoció los parámetros jurídicos y técnicos aplicables a los
inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, al no
incorporar el valor del terreno ni los derechos derivados de los
coeficientes de copropiedad, lo que condujo a fijar un precio
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indemnizatorio que no corresponde al valor real del bien expropiado,
razón por la cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia y
reconocer dentro de la indemnización el valor del terreno conforme
al porcentaje de participación que corresponde a cada propietario.
IV.CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
En virtud de lo previsto en el numeral 6 del artículo 247 del CPACA,
la Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto
en el que solicitó confirmar la decisión de primera instancia, en los
siguientes términos8:
Señaló que a partir de la revisión del material probatorio obrante en
el expediente, se evidenció que el avalúo oficial elaborado por la
UAECD tomó como base el área privada legalmente reconocida del
inmueble, en consonancia con los lineamientos técnicos establecidos
en la Resolución 620 de 2008 por el IGAC para la valoración de bienes
sometidos al régimen de propiedad horizontal, y su reglamentación
contenida en el Decreto 1420 de 1998.
8
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Indicó que, conforme a dichas disposiciones técnicas, cuando se trata
de unidades inmobiliarias sometidas al régimen de propiedad
horizontal el avalúo debe practicarse sobre las áreas privadas
legalmente existentes, teniendo en cuenta los derechos derivados del
coeficiente de copropiedad, mas no sobre la totalidad de la edificación
ni sobre el terreno común considerado de manera independiente.
Bajo esa perspectiva, afirmó que el estudio técnico que sirvió de
soporte a los actos administrativos demandados se elaboró siguiendo
los parámetros fijados por la normativa valuatoria vigente, pues
aplicó el método de comparación o de mercado y valoró las
condiciones físicas, urbanísticas y económicas del inmueble,
elementos que permiten concluir que el precio indemnizatorio fijado
por la administración se sustentó en criterios técnicos verificables.
Manifestó que el denominado avalúo hipotético, aportado por la parte
demandante, no satisface las exigencias técnicas establecidas en la
regulación aplicable a los procesos valuatorios, dado que no
demuestra la aplicación rigurosa de los métodos previstos en la
normativa expedida por el IGAC, motivo por el cual carece de la
entidad suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad del
avalúo oficial practicado por la autoridad catastral.
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Añadió que tampoco se acreditó que la parte demandada hubiera
omitido valorar los elementos económicos relevantes para la
determinación de la indemnización ni que hubiese considerado un
área de terreno inferior a la existente, puesto que dentro del
procedimiento se verificó el área correspondiente al bien objeto de
expropiación conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1682
de 2013, disposición que regula la determinación del área real de los
predios objeto de adquisición o expropiación por motivos de utilidad
pública e interés social.
De igual manera, recordó que desde la perspectiva constitucional el
derecho de propiedad, previsto en el artículo 58 de la Constitución
Política, admite limitaciones cuando concurren motivos de utilidad
pública o interés social definidos por el legislador, siempre que la
actuación administrativa respete el principio de legalidad, el debido
proceso y el reconocimiento de una indemnización justa, condiciones
que han sido desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en la Sentencia C‑699 de 2015.
A partir de esas consideraciones, señaló que en el caso concreto no
se evidencian irregularidades en la expedición de los actos
administrativos acusados ni se logró desvirtuar la legalidad del avalúo
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que determinó el monto de la indemnización, razón por la cual
expresó su coincidencia con las conclusiones adoptadas por el
Tribunal.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Actos demandados
En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:
.- Resolución 5594 de 28 de noviembre de 2018, expedida por
la directora técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano -
IDU, por medio de la cual ordenó la expropiación por vía
administrativa del inmueble ubicado en la Calle 80 A #6-41 AP 201,
en los siguientes términos9:
“[…] RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Identificado con el NIT-899999.081-6 del inmueble ubicado en
la CL 80A 641 AP 201 de la ciudad de Bogotá D.C. e identificado
con cédula catastral 79B 4 15 3 y matrícula inmobiliaria 050C
429075, en un Área Privada 140.22 m2 y un coeficiente de
copropiedad de 14.59% que hace parte del edificio SANTA
MONICA conforme al Registro topográfico No. 47463 elaborado
por la Dirección Técnica de Predios en el mes de agosto de 2017,
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cuyo titular de dominio es la sociedad CORREA & ROSTROM EN
C identificado con NIT 830114599-0 alinderados de conformidad
con la Escritura Pública No. 3469 de fecha 27/12/2002 Notaria
25 del Circuito de Bogotá:
LINDEROS AREA PRIVADA
Partiendo del punto marcado en el plano con la letra B, situado
en el Angulo noreste se sigue en línea recta en dirección oeste
en un metro con ochocientos veinticinco milésimos (1.825mts)
se dobla en ángulo recto y dirección norte un metros con quince
centímetros (1.15mts y en Angulo recto y dirección oeste en
cinco metros noventa centímetros (5.90mts) lindando en las tres
dimensiones con jardineras y rampa del sótano de propiedad
común se dobla en ángulo recto y dirección sur en ocho metros
con cuarenta y cinco centímetros (8.45mts) -lindado con vacío
sobre antejardín y balcón, propiedad común pero este ultimo de
uso exclusivo de este apartamento, sobre este lindero ducto de
la chimenea propiedad común y citado en el balcón cuyo uso
exclusivo se le asigna al dueño de esta unidad; se dobla en
Angulo recto y dirección occidente en quinientos veinticinco
milímetros (0.525mts) lindado con el balcón; se dobla en ángulo
recto en dirección sur en seis metros noventa centímetros
(6.90mts) lindado con jardineras de propiedad común pero de
uso exclusivo del dueño de esta unidad; se dobla en ángulo recto
y dirección oriente en once metros con ochocientos setenta y
cinco milímetros (11.875mts), lindando en parte con el inmueble
número ochenta sesenta (80- 60) de la carrera séptima (7),
sobre este lindero ducto de ventilación de propiedad común; se
dobla en ángulo recto y dirección norte en tres metros con
cuarenta y cinco centímetros (3.45mts) con alcoba del
apartamento número doscientos dos (202), se dobla en ángulo
recto y dirección oeste, un metro con ochocientos veinticinco
milésimos (1.825mts) y en ángulo recto dirección norte, en seis
metros con quince centímetros (6.15mts), lindando en las dos
dimensiones con vacío sobre el patio de propiedad común, se
continua en dirección norte lindando en dos metros con cuarenta
centímetros (2.40mts), con zona de escaleras propiedad común,
se dobla en ángulo recto y dirección oeste un metro con ciento
setenta y cinco milésimas (1.175mts),y en ángulo recto y
dirección norte en dos metros con cinco centímetros (2.05mts)
lindando en las dos dimensiones con hall de escaleras, propiedad
común y encierra por el nádir, con el apartamento 101 por el
Cenit, con apartamento trescientos uno (301), altura libre en
toda su extensión de dos metros con treinta y cinco centímetros
(2:35mts)
LINDEROS GENERALES El inmueble sobre el cual recae el
presente contrato de promesa de compraventa que hace parte
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del "Edificio Santa Mónica", Escritura Pública No. 927 de fecha
15/04/2004 Notaría 34 del Círculo de Bogotá que corresponde a
la reforma al reglamento de propiedad horizontal y sus linderos
son:
Por el NORTE: En extensión de veinticuatro metros con noventa
centímetros (24.90 mts) con la calle ochenta A (80 A); Por el
SUR: En veinticuatro metros con cincuenta y nueve centímetros
(24.59 mts) con el lote número seis (6) de la misma manzana,
hoy edificado, que es o que fue de Alberto Posada; Por el
OCCIDENTE: En extensión de veinte metros con cuatro
centímetros (20.04mts) con la carrera séptima (7); Por el
ORIENTE: En extensión de veinte metros (20 mts) con el lote
número uno (1), hoy edificio Tamesis, distinguido con los
números seis veintiuno (6-21) de la calle ochenta A (80 A).
ARTÍCULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO
.- El valor del precio indemnizatorio de la expropiación que se
ordena por la presente resolución es de SETECIENTOS OCHO
MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y CUATRO PESOS ($708.710.464)-MONEDA CORRIENTE, el
citado valor comprende: A) La suma de SEISCIENTOS OCHENTA
Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS
DOCE PESOS ($682.815.312) MONEDA CORRIENTE por
concepto de avalúo comercial terreno y construcción, B) La suma
de OCHO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO ($8.096.958) MONEDA CORRIENTE por
concepto de indemnización por daño emergente, C) La suma de
DIESICIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($17,798.194) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de lucro cesante, de conformidad con
el informe de reconocimiento económico RT Nº 47463, elaborado
por el grupo económico de la Dirección Técnica de Predios-
Instituto de Desarrollo Urbano del 13/11/2018 y el Informe
Técnico Avalúo Comercial No.2018-0789 del 05/10/2018
complementando el INFORME TECNICO 2018-0789 del
19/06/2018. elaborado por la Gerencia de Información Catastral
• Subgerencia de Información
Económica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital - UAECD.
PARÁGRAFO PRIMERO: Que la presente resolución de
expropiación no implica la aplicación del artículo 129 de la ley
142 de 1994 que establece la cesión de los contratos de servicios
públicos con ocasión a la transferencia del dominio: "En la
enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión
de todos los contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo
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que las partes acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno
derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por
adhesión o destinación utilizados para usar el servicio", teniendo
en cuenta que los predios adquiridos por el IDU por motivos de
utilidad pública e interés social son destinados exclusivamente a
la construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble
con vocación de domicilio para convertirse en un bien de uso
público dejando por ello de ser destinatario de servicios públicos
domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo responsable
del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos la sociedad CORREA & ROSTROM S
EN C Identificado con NIT 830114599-0.
ARTÍCULO TERCERO. - FORMA DE PAGO. - El trámite de pago
se efectuará por la Tesorería de TRANSMILENIO S.A., previa
autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de Predios,
una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago en TRANSMILENIO
S.A. asi; Un cien por ciento del valor del precio indemnizatorio,
o sea la cantidad de SETECIENTOS OCHO MILLONES
SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS ($708.710.464) MONEDA CORRIENTE, el citado valor,
será puesto a disposición de CORREA & ROSTROMS EN C
Identificado(a) con NIT 830114599-0, por parte de la Tesorería
de TRANSMILENIO S.A, una vez ejecutoriada la presente
resolución y efectuados los respectivos trámites financieros.
PARÁGRAFO PRIMERO .- Si el valor del precio indemnizatorio,
una vez puesto a disposición de CORREA & ROSTROM S EN C
Identificado(a) con NIT 830114599-0 por parte de la tesorería
de TRANSMILENIO S.A, no es retirado dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes, este se consignará en la entidad
financiera autorizada para el efecto, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 2° del artículo 70 de la ley 388 de
1997, remitiendo copia de la consignación al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, considerándose que de esta
manera ha quedado formalmente efectuado el pago por
TRANSMILENIO S.A.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se efectuarán los descuentos correspondientes a
impuestos, tasas y contribuciones aplicables, contemplados en
la normatividad vigente, además de la partida equivalente al
Daño Emergente, se descontará el valor que tenga que asumir
en TRANSMILENIO S.A por concepto de los pagos que haya
realizado con motivo del traslado de acometidas o
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taponamientos de servicios públicos que hay necesidad de
realizar en el predio objeto de la presente expropiación.
PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de
dinero correspondiente al único contado, se deberá verificar el
estado de cuenta por la contribución de valorización; en caso de
existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a la
compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del
código civil colombiano.
PARÁGRAFO CUARTO: Para el desembolso de la suma de
dinero correspondiente al único contado, se deberá verificar el
estado de cuenta del predio por concepto de cuotas de
administración causadas hasta la fecha de entrega real y
material del inmueble, en caso de existir saldo alguno por este
concepto, TRANSMILENIO S.A., descontará el monto
correspondiente y pagará directamente a la Administración del
Edificio del cual hace parte el predio objeto de la Expropiación,
en virtud de lo contemplado en el Ley 675 de 2001.
ARTÍCULO CUARTO. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES - El
valor total de la adquisición se ampara en el presupuesto de
TRASMILENIO S.A., con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2337 del 11/07/2018 y Certificado de
Disponibilidad presupuestal No 2826 del 24 de octubre de 2018,
expedidos por TRANSMILENIO S.A.
ARTÍCULO QUINTO - DESTINACIÓN: El inmueble será
destinado para la obra: TRONCAL CARRERA SÉPTIMA DESDE LA
CALLE 32 HASTA LA CALLE 200
ARTÍCULO SEXTO - SOLICITUD CANCELACION OFERTA,
GRAVÁMENES LIMITACIONES AL DOMINIO, INSCRIPCIONES Y
MEDIDAS CAUTELARES: Con el objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, se
solicita se cancelen las siguientes anotaciones del folio de
matrícula inmobiliaria 050C 429075 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá- Zona Centro:
· Anotación 12 donde se encuentra registrada la Resolución No.
3111 del 16 de julio de 2018 "POR LA CUAL SE FORMULA UNA
OFERTA DE COMPRA Y SE DA INICIO AL PRECESO DE
ADQUISICIÓN PREDIAL EN LOS TÉRMINOS DEL CAPITULO VIII
DE LA LEY 388 DE 1997"
. Anotación 13 donde se encuentra registrada la Resolución No.
5140 del 30 de octubre de 2018 "POR LA CUAL SE MODIFICA LA
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RESOLUCION 3111 DEL 16 DE JULIO DE 2018, POR LA CUAL SE
FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA Y SE DA INICIO AL
PRECESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL EN LOS TÉRMINOS DEL
CAPITULO VI DE LA LEY 388 DE 1997".
ARTÍCULO SÉPTIMO- ORDEN DE INSCRIPCION: De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 núm. 4 de la ley
388 de 1997, ORDENASE al señor Registrador de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos Zona CENTRO, inscribir la
presente resolución en el folio de matrícula inmobiliaria
050C00429075, con lo que se surtirán los efectos atinentes a la
transferencia del derecho de dominio en cabeza del INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO identificado con el NIT-899.999.081-
6.
ARTÍCULO OCTAVO. ENTREGA. - De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70 No. 3 de la Ley 388 de 1997,
efectuado el registro de la presente resolución el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO exigirá la entrega del inmueble
identificado en el artículo primero (1"), para lo cual en caso de
renuencia del expropiado, acudirá al auxilio de las autoridades
de policía.
PARÁGRAFO. El titular del derecho de dominio objeto de la
presente Resolución de Expropiación será responsable de las
obligaciones adquiridas por concepto de cuota de administración
causadas hasta la fecha de entrega real y material del inmueble.
ARTÍCULO NOVENO.- Notifíquese la presente resolución de
acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 66 y
subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo al titular inscrito, CORREA &
ROSTROMS EN C Identificado(a) con NIT 830114599-0
haciéndole(s) saber que contra la presente resolución solo
procede el recurso de reposición, el cual puede interponerse en
la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10)
días siguientes a la fecha de notificación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 69 de la ley 388 de 1997, en
concordancia con el artículo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
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.- Resolución 006129 de 14 de diciembre de 2018, expedida por
la directora técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano -
IDU, por medio de la cual resolvió lo siguiente10:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la
Resolución número 5594 del 28 de noviembre de 2018, por la
que se ordenó la expropiación administrativa del inmueble
ubicado en CL 80A 6 41 AP 201 de la ciudad de Bogotá D.C. e
identificado con cédula catastral 79B 4 15 3 y matrícula
inmobiliaria 050C 429075, en un Área Privada 140,22 M2, y un
coeficiente copropiedad de 14.59% que hace parte del edificio
SANTA MONICA conforme al Registro topográfico No. 47463
elaborado por la Dirección Técnica de Predios en el mes de
agosto de 2017, cuyo titular de dominio es la sociedad CORREA
& ROSTROM S EN Identificado con NIT 830114599-0.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución a la
sociedad CORREA& ROSTROM S EN C, propietario del inmueble
objeto de expropiación, de acuerdo con las reglas establecidas
en el artículo 68 y ss del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, informándole que contra la
presente providencia no procede recurso alguno y queda
agotada la actuación administrativa, según lo establecido en el
artículo 87 numeral 2 de la Ley 1437 de 2011. […]”.
V.2.- Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos planteados por la actora en su
recurso de apelación, le corresponde a la Sala establecer si en el
marco de la expropiación administrativa regulada por la Ley 388 de
10
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1997 y demás normas concordantes, la parte actora logró desvirtuar
la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos
demandados, mediante los cuales se fijó el precio indemnizatorio con
fundamento en el avalúo 2018-0789 -RT 47463, practicado por
Subgerencia de Información Económica de la Unidad Administrativa
Especial Catastro Distrital.
Para resolver el interrogante planteado, la Sala hará referencia al
marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,
para enseguida abordar el estudio del caso concreto.
Del procedimiento de expropiación administrativa,
generalidades
El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la
propiedad privada, en los siguientes términos:
“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
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Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.
Con base en la norma en cita se tiene que i) la garantía a la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos se hace con arreglo a las
leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las formas
asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido el
carácter limitable de la propiedad; iv) hay condiciones en que
prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la
propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y vi)
están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.
Acorde con el desarrollo de este precepto constitucional, inicialmente
la Ley 9ª de 1989 estableció instrumentos para la adquisición y
expropiación de inmuebles por motivos de utilidad pública e interés
general, potestad que luego se reguló por la Ley 388 de 1997.
Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el procedimiento
que debe ser atendido con el propósito de llevar a cabo la
expropiación por vía administrativa.
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El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el
proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30
días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin
llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, la
autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación
administrativa correspondiente.
El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe
contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)
el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la destinación
que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto administrativo
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; y v) la orden de
notificar a los titulares del derecho de dominio u otros derechos
reales del predio y la información sobre los recursos procedentes.
Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada el
artículo 70 ibidem, prevé:
“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por
no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en
forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:
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1.El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán
de las personas titulares de ellos a la entidad que ha dispuesto
la expropiación, para lo cual bastará con el registro de la decisión
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El registrador
exigirá que la entidad acredite que el propietario o los titulares
de otros derechos reales SOBRE EL INMUEBLE, han retirado el
valor de la indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la consignación
correspondiente conforme a lo previsto en el numeral 2 de este
artículo.
2.La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según sea el
caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del precio
indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de
deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales
del saldo. Si el particular no retira dichos valores y los
documentos de deber dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad
financiera autorizada para el efecto a disposición del particular,
y entregara copia de la consignación al Tribunal Administrativo
en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble
dentro de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.
3.Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá
exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE EXPROPIADO, sin
necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al
auxilio de las autoridades de policía si es necesario.
4.En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen dentro
de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la
decisión de expropiación por vía administrativa no producirá
efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el
procedimiento expropiatorio.
5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa, adquiere la obligación de
utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que
hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3) años
contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión
correspondiente en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos.
Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario
del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal Administrativo en
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cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la
verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante
proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica
de las pruebas que deberán solicitarse exclusivamente en la
demanda, durante un término no superior a un mes,
transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable.
En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación
por parte de la entidad, la sentencia así lo declarará y ordenará
su inscripción en la respectiva Oficina de Registro, a fin de que
el demandante recupere la titularidad del bien expropiado. En la
misma sentencia se determinará el valor y los documentos de
deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá
reintegrar a la entidad pública respectiva, siendo necesario para
los efectos del registro de la sentencia que se acredite mediante
certificación auténtica que se ha efectuado el reintegro
ordenado […]”.
En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el
artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el
carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor
del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual
será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos
en el artículo 61 de la presente ley […]”.
De acuerdo con esta normativa, una de las características esenciales
de la expropiación radica en el hecho de que la actuación del Estado
se hace por razones de utilidad pública e interés social, previa y justa
indemnización del inmueble, en cuanto comprende su valor y los
perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, con el fin de
alejarse de un acto confiscatorio.
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Al respecto esta Sección11 ha precisado:
“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la
autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual
es sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho de
que en estos casos el interés general deba prevalecer sobre
los intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha
circunstancia queden excluidas las garantías que la Constitución
reconoce en favor del propietario, pues no puede pretenderse
que éste deba asumir a título personal un detrimento en su
patrimonio, como consecuencia de la ruptura del principio de
igualdad en el reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”.
Asimismo, para la Sala se hace necesario traer a colación los criterios
expuestos por esta Sección en relación con la acción especial
contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho
que procede contra la decisión de expropiación por vía
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril de
2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01
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administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso
interpuesto. Al respecto, se ha manifestado12:
“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma inadecuada
las normas superiores invocadas como violadas y las pruebas
allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción especial
contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el
precio indemnizatorio reconocido, en la medida en que el valor
de la indemnización es incorporado en el acto administrativo
que ordena la expropiación es analizar su legalidad, aun cuando
la demanda esté encaminada solo a obtener la revisión o ajuste
del precio indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el
principio de legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho,
es uno de los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o de
interés social constituyen un presupuesto para la legalidad de la
expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de legalidad
sobre la decisión de expropiación al verificar su cumplimiento,
como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no implica, como aduce
el recurrente, que la acción especial contencioso administrativa
se aborde como una acción ordinaria de nulidad. […]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta. Bajo esa lógica, resulta
también acertado verificar que el avalúo técnico que da soporte
legal y fáctico al acto administrativo que ordena la expropiación
se ajusta a la normativa aplicable […]”.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación
25000232400020110019601
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Actor: Sociedad Correa & Rostrom S en C.
Igualmente, cabe advertir que esta Sección ha sostenido que al haber
sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo acusado,
que decretó la expropiación, este se encuentra amparado por la
misma presunción de legalidad y certeza, que se predica de las
decisiones definitivas de la Administración, y debe tenerse como
válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien
recurre, en este caso, al demandante, demostrar en el proceso que
el avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus
incorreciones. Sobre el particular, la Sala ha indicado:
“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el
sub lite. Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009,
al analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de
certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo
cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso
que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente
su incorrección”.13
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección14sostuvo que
13
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta
14
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias
la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
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“todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe tenerse
como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que sirvió de
base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser
objeto de modificación dado que la actora, quien tenía la carga
probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como
lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que
lo incorporó […]”15.
Es preciso destacar que a través del Decreto 1420 de 1998 fueron
reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y criterios
para la elaboración de los avalúos por los cuales debe determinarse
el valor comercial de los bienes inmuebles, entre otros, para el caso
de expropiaciones administrativas.
Ahora bien, mientras en el artículo 2016 del decreto en mención está
establecido que en el avalúo debe indicarse el método utilizado, el
artículo 2317 de la misma norma facultó al IGAC para expedir a través
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011
00196 01
16
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y las
personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación […]”.
17
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que trata el
presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución que
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de resolución las disposiciones metodológicas para la realización de
estos.
En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente expidió
las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones que
fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 2008, que en la
actualidad establece los procedimientos para los avalúos ordenados
dentro del marco de la Ley 388 de 1997.
Dicha resolución establece como métodos para la elaboración de los
avalúos el de comparación o de mercado, el de capitalización de
rentas o ingresos, el residual, el de consulta de encuestas y el de
costo o reposición.
V.3. Caso concreto
Del avalúo comercial en la determinación del valor a
reconocer por la expropiación.
deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de este decreto, la
cual deberá publicarse en el Diario Oficial. [...]”.
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1. En el presente asunto se controvierte si dentro del proceso de
expropiación adelantado por el IDU, se garantizó el pago del justo
precio respecto del inmueble identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria 050C-429075, por lo que resulta necesario establecer si
el avalúo oficial 2018-0789 se ajusta a lo previsto en la Ley 388 de
1997 y sus disposiciones complementarias; o si, por el contrario,
debe ser desvirtuado con fundamento en el concepto hipotético 694
de abril de 2019 elaborado por la Empresa Jorge Eliecer Gaitán,
Ingeniería, Consultoría y Valoración.
La relevancia de esta discusión radica en que un avalúo que emplee
los métodos integrales previstos por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) tiene la aptitud de controvertir la presunción de
acierto del avalúo oficial y de garantizar la indemnización plena
prevista en la Constitución Política y desarrollada en los términos de
la Ley 388 de 1997. En consecuencia, corresponde a la parte
recurrente demostrar dentro del proceso que el avalúo oficial carece
de validez.
En el presente caso, se encuentra acreditado que la Dirección Técnica
de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, mediante la
Resolución 5594 de 28 de noviembre de 2018, ordenó la
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expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en la Calle
80 A núm. 6-41 apartamento 201, de la ciudad de Bogotá,
identificado con Chip AAA093FKFZ y matrícula inmobiliaria núm.
050C-429075. La destinación del inmueble referenciado estuvo
vinculado a la ejecución de la obra “Troncal Carrera Séptima desde
la calle 32 a la calle 200”.
Para efectos indemnizatorios, en la Resolución 5594 de 2018,
confirmada por la Resolución 006129 de ese año, se fijó como
indemnización la suma de $708.710.464, en la que se discriminó un
valor de $682.815.312 por concepto de terreno y construcción;
por daño emergente $8.096.958; y por lucro cesante $17.798.194,
valoración que se realizó conforme al avalúo comercial núm. 2018-
0789 RT núm. 47463 de 27 de abril de 2018, complementado el 2 de
octubre de ese año por la UAECD18.
El análisis contenido en el avalúo oficial permitió verificar que para la
determinación del valor comercial del inmueble, se tuvieron en
cuenta y ponderaron aspectos tales como: i) la información general
en la que se identificó el solicitante del avalúo, la radicación, el
18
Índice 2 del sistema digital SAMAI. 4 CUADERNO PRINCIPAL DEL(.pdf)folios 72-104 y folios 433 a
440 6.CONTESTACION CUADERNO (.pdf) Nro. Actua 2.
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propósito del avalúo, tipo de inmueble, dirección, chip, cédula
catastral, código barrio y/o sector catastral, destino económico,
fecha visita; ii) la información jurídica; iii) la descripción del sector,
la actividad predominante, la actividad edificadora, las vías de
acceso; iv) la reglamentación urbanística; v) La descripción del
inmueble, en la que se determinó la ubicación, linderos, topografía,
forma geométrica – irregular-, área del terreno; y vi) las
características generales de la construcción, la que incluyó la
descripción, el área de construcción y el equipamiento comunal.
En cuanto al método de avalúo, cálculos y justificación de los
resultados se precisaron los siguientes aspectos:
“[…] El presente informe cumple con las normas legales del
Decreto 1420 de 1998 y las metodologías establecidas en la
Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi. En desarrollo del trabajo se utilizaron los siguientes
métodos para determinar los valores reportados.
7.1. PARA EL VALOR DEL TERRENO: No aplica.
7.2. PARA EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN: Para la
determinación del valor comercial del predio en estudio y de
acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 1420 del 24 de julio
de 1998, expedido por la Presidencia de la República. Ministerios
de Hacienda y Desarrollo y su correspondiente Resolución
Reglamentaria No. 0620 de octubre de 2008, expedido por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, así como también por las
premisas básicas del presente informe, se utilizó el método de
comparación de mercado.
Para el efecto el Artículo 1° de la Resolución 620 de 2008 del
IGAC define y establece:
"ARTICULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO:
Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial
del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones
recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de
avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas,
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analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor
comercial."
"ARTICULO 18. AVALÚOS DE BIENES SOMETIDOS AL RÉGIMEN
DE PROPIEDAD HORIZONTAL. El avalúo se practicará
únicamente para las áreas privadas que legalmente existan,
teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes
de copropiedad.
En los bienes que están sometidos al régimen de propiedad
horizontal, la identificación debe hacerse en dos sentidos:
1. Conformidad del régimen de propiedad con las normas
generales. Las cubiertas son bienes comunes, así se hayan
establecido como área privada
2. La conformidad de las áreas existentes con las establecidas
en el régimen de propiedad horizontal.
3. Cuando el bien se refiera a parqueaderos o garajes es
necesario establecer si tienen restricciones tales como
servidumbres, o se refieren a bienes comunes de uso exclusivo,
que aun cuando influyen en el avalúo, no se les debe asignar
valor independiente.
4. Los bienes comunes son inseparables de las áreas de derecho
privado, lo que restringe su comercialización independiente y
esto influye en su valor comercial, así estos sean de uso
exclusivo".
Propiamente se obtuvo información de 20 apartamentos en el
mismo sector de localización y en zonas cercanas al inmueble
objeto de avalúo, las cuales presentan características
comparables de uso y cercanía a la Avenida Carrera 7. (Ver
anexo Datos de mercado)
Si bien el estudio de mercado se compone de 20 ofertas, 17 de
ellas se consideran que no son directamente comparables con el
predio objeto de avalúo bajo las siguientes consideraciones:
• El predio objeto de avalúo se encuentra remodelado y está
localizado en un edificio que presenta frente directo a la Avenida
Carrera 7, el cual tiene escasas zonas comunes, sin ascensor,
altura inferior a los cinco (5) niveles, y vetustez de más de 40
años.
• Las ofertas que presentan condiciones similares de estado de
conservación (remodelado), localización, escasos servicios
comunales y vetustez de alrededor de 40 años son las número
108, 112 y 127, pero se resalta el hecho de que los edificios
donde se localizan estas ofertas cuentan con ascensor.
• Las ofertas restantes se localizan en edificios con mejores
servicios comunales (Zonas verdes, portería, salón comunal,
ascensor, otros), un mejor estado de conservación en general
de la edificación y de vetustez más reciente, por lo que no son
directamente comparables con el predio objeto de avalúo.
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Teniendo en cuenta las ofertas número 108, 112 y 127 se
obtiene un valor promedio de $4.700.485/m2 con una
desviación estándar de $80.809m2 y un coeficiente de variación
de 1.72% y límite inferior de $4.619.676m2, ahora bien, como
el edificio no cuenta con ascensor, se adopta como valor integral
de área privada un valor cercano al límite inferior de
$4.620.000/m2.
Al valor adoptado de $4.620.000 por m2 se le adiciona el uso
exclusivo del parqueadero.
7.3. PARA EL VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES
Para la determinación del valor del uso exclusivo del
parqueadero del predio en estudio y de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1420 de 24 de julio de 1998, expedido
por la Presidencia de la República, Ministerios de Hacienda y
Desarrollo y su correspondiente Resolución Reglamentaria No.
0620 de octubre de 2008, expedido por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi.
Teniendo en cuenta que el mercado de parqueaderos y de
depósitos es un mercado restringido, debido a que no existe una
amplia comercialización de forma independiente de este tipo de
bienes, sino que en la mayoría existe una amplia
comercialización de forma independiente de este tipo de bienes,
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sino que en la mayoría de casos se comercializan conjuntamente
con una unidad privada principal (Apartamento, oficina, local,
etc), por lo que no es posible utilizar el método de comparación
o de mercado de forma directa.
Para la determinación del valor de los parqueaderos y debido a
que solo se pudieron obtener valores de cuatro ofertas que no
pueden ser procesadas estadísticamente porque se localizan en
edificios con destinos económicos diferentes, solo son utilizadas
como validadores del valor obtenido mediante la aplicación del
índice de crecimiento.
A partir de las ofertas residenciales de la ciudad se determinaron
los incrementos de valorización real de los predios, el cual
muestra los siguientes incrementos porcentuales:
Estos índices se aplican sobre los valores establecidos para los
parqueaderos por la UAECD para el año 2016 y el valor indexado
es el que se obtiene a continuación:
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Con base en este criterio se determina un valor global para el
parqueadero objeto de avalúo de $35.000.000.
De acuerdo a lo anterior, se adopta para el apartamento un valor
integral sobre área privada de $4.869.600/m2, que incorpora el
parqueadero de uso exclusivo.
(…)
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De la revisión del referido informe, la Sala evidencia que se ajustó a
las exigencias previstas en el Decreto 1420 de 1998 y en la
Resolución 620 de 2008, expedida por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi —IGAC—, disposiciones que regulan la metodología aplicable
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para la elaboración de avalúos con fines de adquisición predial y
determinación del valor comercial de los inmuebles sujetos a
propiedad horizontal.
En efecto, del examen del informe y de sus anexos se advierte que
la determinación del valor comercial del terreno se efectuó mediante
la aplicación del método de comparación o de mercado, mecanismo
expresamente admitido por la normativa valuatoria y
particularmente idóneo para establecer el valor de aquellos
inmuebles cuyo aprovechamiento económico se encuentra
determinado por las condiciones del mercado inmobiliario y por las
características físicas y jurídicas del bien objeto de estimación, de
conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 10° y 18 de la
Resolución núm. 620 de 2008, que prevén:
“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor
comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al
del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial.
[…]
Artículo 10. MÉTODO DE COMPARACION O DE MERCADO.
Cuando para la realización del avalúo se acuda a información de
ofertas y/o transacciones, es necesario que en la presentación
del avalúo se haga mención explícita del medio del cual se
obtuvo la información y la fecha de publicación, además de otros
factores que permitan su identificación posterior.
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Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios.
Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal
se debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada
de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.”
[…]
ARTÍCULO 18. AVALÚOS DE BIENES SOMETIDOS AL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL. El avalúo se
practicará únicamente para las áreas privadas que legalmente
existan, teniendo en cuenta los derechos provenientes de los
coeficientes de copropiedad.
En los bienes que están sometidos al régimen de propiedad
horizontal, la identificación debe hacerse en dos sentidos:
1. Conformidad del régimen de propiedad con las normas
generales. Las cubiertas son bienes comunes, así se hayan
establecido como área privada.
2. La conformidad de las áreas existentes con las establecidas
en el régimen de propiedad horizontal.
3. Cuando el bien se refiera a parqueaderos o garajes es
necesario establecer si tienen restricciones tales como
servidumbres, o se refieren a bienes comunes de uso exclusivo,
que aun cuando influyen en el avalúo, no se les debe asignar
valor independiente.
4. Los bienes comunes son inseparables de las áreas de derecho
privado, lo que restringe su comercialización independiente y
esto influye en su valor comercial, así estos sean de uso
exclusivo. […]”.
En el caso concreto, por el hecho de tratarse de un inmueble sujeto
a propiedad horizontal, el terreno sobre el cual se levanta la
edificación constituye un bien común esencial cuya titularidad se
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encuentra incorporada proporcionalmente en cada una de las
unidades privadas a través del respectivo coeficiente de copropiedad,
conforme a lo dispuesto en el artículo 26 Ley 675 de 200119. En esa
medida, la valoración económica no se realiza respecto del lote
considerado de manera independiente, sino frente a la unidad
inmobiliaria objeto de adquisición, dentro de la cual se encuentra
implícitamente comprendida la participación proporcional sobre el
terreno.
Bajo este entendimiento, el avalúo elaborado por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital observó adecuadamente
la naturaleza jurídica del bien objeto de expropiación, al reconocer
que el valor del suelo se encuentra integrado en el valor de las
unidades privadas mediante el coeficiente de copropiedad,
circunstancia que resulta coherente con la estructura del régimen de
propiedad horizontal y con los criterios técnicos establecidos en la
normativa valuatoria aplicable.
Adicionalmente, se evidencia que el estudio valuatorio consideró las
características físicas, jurídicas y socioeconómicas del inmueble,
19
“[…] Artículo 26. Determinación: Salvo lo dispuesto en la presente ley para casos específicos, los
coeficientes de copropiedad se calcularán con base en el área privada construida de cada bien de
dominio particular, con respecto al área total privada del edificio o conjunto. […]”.
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entre ellas su localización, las condiciones urbanísticas del sector, la
actividad económica predominante en el área, las características
constructivas del edificio, las condiciones de acceso vial y las ofertas
que se adecuaban en mejor manera a las características del
inmueble, factores que permiten concluir que la determinación del
precio indemnizatorio se efectuó con sujeción a lo previsto en el
citado artículos 1°, 10° y 18 de la Resolución IGAC 620 de 2008.
Ahora bien, dentro del plenario la parte actora allegó un Concepto
Hipotético de Valor elaborado por la Empresa Jorge Eliecer Gaitán,
Ingeniería, Consultoría y Valoración20, en el que, a su juicio, desvirtuó
la presunción de legalidad de los actos acusados según los cuales
tuvieron como sustento el avalúo oficial expedido por la UACED.
De la revisión del citado informe, la Sala transcribe los siguientes
aspectos:
“[…] Bien a conceptuar: Lote de terreno sobre el cual
actualmente se edifica la unidad inmobiliaria denominada
EDIFICIO SANTA MÓNICA, edificación de vivienda sometida al
régimen de propiedad horizontal, bajo el escenario que se
disuelva la propiedad horizontal englobando todas las unidades
privadas y produciendo un lote de área útil susceptible de
desarrollo bajo las normas urbanísticas actuales
(…)
20
Índice 2 del sistema digital SAMAI. 4 CUADERNO UNO DEL TRIBUN (.pdf)Folios 114-140.
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1.2. TIPO DE BIEN INMUEBLE: El bien inmueble objeto de
valuación en el presente concepto corresponde al componente
suelo sobre el cual existe una edificación de vivienda compuesta
por ocho (8) unidades inmobiliarias. El presente concepto
analizará este bien bajo el escenario en que la propiedad
horizontal se disuelve y de origen a un suelo de área útil
susceptible de ser desarrollado en altura bajo las normas
urbanísticas actuales.
(…)
6.3. MEMORIA DE CÁLCULO CONCEPTO DE VALOR
Atendiendo que para el escenario hipotético propuesto el Edificio
Santa Mónica se desafecta del Régimen de Propiedad Horizontal,
se plantea que esta supuesta unidad jurídica, sufra una
reconstrucción, con el ánimo de aprovechar el máximo potencial
normativo y así llegar a su mayor y mejor uso, desarrollando
una edificación de vivienda multifamiliar acorde con las
exigencias actuales del sector especialmente en lo concerniente
a los servicios comunales incorporados al inmueble, como son
zonas comunes, ascensores, espacios de parqueo, entre otros.
Para la correcta determinación del valor del inmueble atendiendo
su potencial de desarrollo se emplea el método de la Técnica
Residual: "Es el que busca establecer el valor comercial del
bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto
total de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con
la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el
mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de avalúo.
Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar, al
monto total de las ventas proyectadas, los costos totales y la
utilidad esperada del proyecto constructivo. Es indispensable
que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la
factibilidad comercial del proyecto, es decir la real posibilidad de
vender lo proyectado.
PARÁGRAFO. Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el
principio de mayor y mejor uso, según el cual el valor de un
inmueble susceptible de ser dedicado a diferentes usos será el
que resulte de destinarlo, dentro de las posibilidades legales y
físicas, al económicamente más rentable, o si es susceptible de
ser construido con distintas intensidades edificatorias, será el
que resulte de construirlo, dentro de las posibilidades legales y
físicas, con la combinación de intensidades que permita obtener
la mayor rentabilidad, según las condiciones de mercado.
En aplicación del método de Potencial de desarrollo, se debe
establecer cuál es el mayor y mejor uso que la normatividad
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urbanística le permite al inmueble en globo y que sea
económicamente viable.
En análisis de la actividad inmobiliaria del sector, se encuentra
que el producto que se comercializa en el sector es de vivienda
multifamiliar de estrato alto.
Dado que el inmueble presenta frente sobre la Avenida Carrera
7a, se presumiría que sobre él se podría efectuar algún tipo de
desarrollo comercial, sin embargo, tal como se encuentra
descrito en este documento, estos usos no se encuentran
permitidos.
En tal medida, se capturaron ofertas de proyectos de vivienda
en el sector, en donde se encontró que el sector ofrece
apartamentos nuevos con valores unitarios de entre 9 millones
y 14 millones de pesos por metro cuadrado integral privado, sin
incluir unidades de parqueo. Para el presente ejercicio se estima
que el valor de las unidades de parqueo se encuentra alrededor
de los 35 millones por cada espacio de parqueo.
Analizando estos proyectos y la incidencia de la localización en
el valor de venta, se estimó que dada la ubicación del predio
sobre la Avenida Carrera 7a el producto inmobiliario presenta un
valor de 12.1 millones de pesos por metro cuadrado de área
privada, sin incluir las unidades de estacionamiento.
Para encontrar el valor del terreno se debe descontar al monto
total de las ventas proyectadas, los costos totales y la utilidad
esperada del proyecto constructivo.
Para la estimación de los costos del desarrollo del proyecto, se
calcularon los costos totales de construcción con base en
presupuestos de obra desarrollados para tal fin:
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De esta manera, mediante el método de técnica residual se
estima un valor de suelo de 12.850.000 pesos por metro
cuadrado de terreno.
Es de anotar que el valor resultante de la técnica residual es el
valor total del inmueble, es decir, el valor del terreno incluyendo
el valor de las edificaciones que sobre el mismo se encuentren,
atendiendo que este método asume que el inmueble
corresponde a un lote de terreno disponible para ser
desarrollado y/o edificado.
[…]”.
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Del examen del concepto técnico allegado por la parte demandante,
la Sala advierte que dicho documento carece de la entidad suficiente
para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el avalúo
oficial practicado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, por las siguientes razones:
En primer lugar, se evidencia que el concepto reconoce expresamente
que el análisis referenciado no constituye un avalúo comercial en
sentido estricto, sino un ejercicio hipotético de estimación de valor.
En efecto, en el referido informe se indica de manera explícita que el
concepto allí consignado no puede considerarse bajo ninguna
circunstancia como un avalúo comercial, sino como una aproximación
hipotética elaborada a partir de supuestos teóricos sobre una unidad
jurídica inexistente, circunstancia resulta particularmente relevante,
pues evidencia que el documento no fue concebido como un estudio
valuatorio con vocación de determinar el valor comercial real del
inmueble, sino como un ejercicio especulativo basado en hipótesis de
desarrollo inmobiliario que no corresponden a la situación jurídica ni
material del bien objeto de adquisición.
Cabe mencionar que para elaborar el avalúo y determinar el valor del
bien inmueble objeto de expropiación administrativa, la autoridad
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no puede incorporar meras expectativas sino hechos ciertos y
verificables, tal y como lo ha sostenido esta Sección en varios
pronunciamientos, entre ellos, en la sentencia de 25 de febrero de
202121.
En segundo término, el concepto no se refiere propiamente al
inmueble objeto del proceso, sino que parte de la premisa de valorar
el predio como si se tratara de un lote susceptible de desarrollo
urbanístico o edificatorio independiente, supuesto que desconoce la
realidad jurídica del bien expropiado, que corresponde a una unidad
inmobiliaria específica sometida al régimen de propiedad horizontal,
respecto de la cual el terreno no constituye una unidad autónoma
susceptible de valoración independiente, sino un bien común esencial
cuya titularidad se encuentra incorporada proporcionalmente en cada
una de las unidades privadas mediante el respectivo coeficiente de
copropiedad.
Bajo tales condiciones, la metodología residual utilizada por el
concepto allegado por la parte actora resulta incorrecta para efectos
de establecer el valor comercial del bien objeto de adquisición, en la
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
febrero de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2012-
00483-01.
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medida en que parte de una unidad jurídica inexistente, consistente
en la valoración integral del terreno como si este constituyera un lote
independiente susceptible de explotación urbanística futura. Este
enfoque, además de desconocer la estructura jurídica propia de los
inmuebles sometidos a propiedad horizontal, introduce en el ejercicio
valuatorio variables hipotéticas relacionadas con eventuales
escenarios de desarrollo inmobiliario que no tienen correspondencia
con la realidad del bien al momento de la oferta de compra ni con la
finalidad pública que motivó su adquisición.
En efecto, el inmueble fue adquirido por la administración para la
ejecución de una obra de infraestructura pública destinada a la
construcción de una vía, circunstancia que implica que el predio, una
vez incorporado al patrimonio público, queda afectado al uso público
y, por consiguiente, no resulta jurídicamente susceptible de
desarrollo urbanístico o edificatorio en los términos supuestos por el
estudio presentado por la parte demandante. De allí que el valor
comercial del bien deba establecerse con base en su situación real al
momento de la adquisición y no a partir de expectativas hipotéticas
de aprovechamiento económico que no corresponden a su condición
jurídica ni a la finalidad pública que justificó la expropiación.
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A lo anterior se suma que la diferencia sustancial entre el valor
estimado en el concepto allegado por la parte actora y el determinado
en el avalúo oficial obedece precisamente a la incorporación de tales
supuestos hipotéticos. Mientras el avalúo practicado por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, mediante la aplicación
del método de comparación o de mercado, arrojó un valor cercano a
$708.710.464, el estudio presentado por la demandante estimó un
valor aproximado de $6.331.195.000, cifra que surge de valorar el
inmueble como si se tratara de un lote disponible para desarrollo
inmobiliario. Esta forma de cálculo no solo desconoce la naturaleza
jurídica del bien objeto de adquisición, sino que además conduce a
resultados artificialmente elevados, al incorporar en la valoración
variables relacionadas con potenciales proyectos urbanísticos que no
existen ni se encontraban aprobados para el predio en cuestión.
Debe resaltarse, además, que la metodología empleada en el
concepto aportado por la demandante conduce a una distorsión del
valor real del inmueble, pues al valorar el terreno como una unidad
independiente y posteriormente incorporar dicha estimación al valor
de cada apartamento, se genera el riesgo de multiplicar
artificialmente el valor del suelo tantas veces como unidades privadas
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existan en el edificio, circunstancia que resulta incompatible con la
lógica económica y jurídica del régimen de propiedad horizontal.
Resulta pertinente advertir que para controvertir un avalúo oficial
practicado mediante la aplicación del método de comparación o de
mercado, lo procedente es aportar un estudio valuatorio elaborado
con base en el mismo método técnico, que permita contrastar los
parámetros utilizados en la estimación del valor comercial del bien.
La utilización de un método distinto impide realizar una comparación
técnica válida entre los resultados obtenidos y, por ende, no resulta
idónea para desvirtuar el avalúo oficial.
En estas condiciones, las inconsistencias metodológicas advertidas,
la falta de soporte técnico en aspectos esenciales del ejercicio
valuatorio y la ausencia de una controversia concreta frente a la
metodología empleada por Catastro Distrital conducen a concluir que
el avalúo presentado por la parte actora no desvirtúa la presunción
de legalidad que ampara los actos administrativos demandados.
Al respecto, cabe mencionar que en los procesos de expropiación
administrativa el avalúo comercial del inmueble constituye el soporte
técnico esencial para la determinación del precio indemnizatorio que
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se consigna en el acto administrativo de oferta de compra y en la
resolución que dispone la expropiación.
Asimismo, debe señalarse que una vez dicho valor es incorporado en
el acto administrativo, opera en su favor la presunción de legalidad,
razón por la cual cuando el administrado pretende controvertirlo en
sede judicial le corresponde asumir la carga de la prueba,
demostrando, mediante elementos técnicos idóneos, que el avalúo
oficial adolece de errores, se aparta de las normas técnicas que
regulan la actividad valuatoria y no refleja el valor comercial real del
bien objeto de expropiación.
Frente a esta materia, es del caso indicar que esta Sección en
sentencia de 23 de julio de 201622 puntualizó que es deber del
interesado probar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
cuáles son los perjuicios y su monto y su nexo de causalidad con la
expropiación decretada.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de julio
22
de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 05001-23-33-000-2013-
01598-01.
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De ahí que la mera discrepancia subjetiva del expropiado frente al
valor asignado al inmueble, así como la aportación de elementos
probatorios desprovistos de sustento técnico suficiente, no resultan
idóneos para desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial
que sirve de fundamento al precio indemnizatorio.
En este orden, habida cuenta que la parte actora no demostró en el
proceso que el avalúo oficial era equivocado e incorrecto, ni acreditó
la corrección del justiprecio presentado en el concepto elaborado
por la Empresa Jorge Eliecer Gaitán, Ingeniería, Consultoría y
Valoración, debe tenerse como válido, creíble y debidamente
fundamentado, el avalúo oficial que sirve de sustento a las
resoluciones acusadas.
Al respecto, debe destacarse que esta Sección ha sostenido que al
haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo,
este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,
creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en
este caso, a la parte demandante, demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, acreditando, precisamente, sus
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incorreciones. Sobre el particular, la Sala en sentencia de 15 de
agosto de 201923 indicó:
“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el
sub lite.
Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción
de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba
en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la
carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su
incorrección”24.
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección25 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que
debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, el
avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin
que el mismo pueda ser objeto de modificación dado que
la actora, quien tenía la carga probatoria de desvirtuarlo,
no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como
lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-2011-
00196-01.
24
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
25
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias
la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
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Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que
lo incorporó […]” (Destacado fuera de texto).
Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados
por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad
necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a
los actos administrativos acusados, toda vez que en el plenario no se
encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección
del avalúo oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio
indemnizatorio reconocido y pagado a la demandante, con ocasión
de la expropiación administrativa dispuesta mediante las
resoluciones acusadas.
Por último, y en lo que corresponde a la fijación de costas en la
segunda instancia, -de conformidad con lo previsto en el artículo
18826 del CPACA en armonía con el numeral 8 del artículo 365 del
CGP27, esto es, en aplicación de un criterio objetivo valorativo28-,
26
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
27
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
28
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
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corresponde a la Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a
la parte a la que se le resolvió desfavorablemente el recurso de
apelación, en los términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 4 29 del
artículo 365 ibidem, habida cuenta de la decisión que aquí se
profiere.
Al respecto se tiene que en esta instancia, y según las reglas
previstas en el artículo 365 del CGP, la Sala no condenará en costas
procesales en el componente de agencias en derecho ni expensas por
no encontrarse probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
29
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.
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expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR EN COSTAS, en esta instancia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 16 de abril de 2026.
PABLOANDRESCÓRDOBAACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDOOSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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