Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00943-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00943-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2016-00943-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00943-01
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actores: TRINIDAD PINILLA MARTÍNEZ Y CARLOS ALBERTO CLAVIJO LEÓN
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LA PARTE ACTORA
NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL
AVALÚO OFICIAL, QUE FUNDAMENTÓ LA RESOLUCIÓN DE
EXPROPIACIÓN ACUSADA. EL AVALÚO OFICIAL NO FUE
DESVIRTUADO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 8 de febrero de 2024, proferida
por la SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “A”, DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1, que denegó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Los señores TRINIDAD PINILLA MARTÍNEZ Y CARLOS
ALBERTO CLAVIJO LEÓN, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138 del Código
1
En adelante el Tribunal.
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Actores: TRINIDAD PINILLA MARTÍNEZ Y CARLOS ALBERTO CLAVIJO LEÓN
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
• CPACA2, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 388 de 18
de julio de 19973, mediante apoderada, presentaron demanda, y
su reforma, contra el IDU, en la que formularon las siguientes
pretensiones4:
“[…] DECLARACIONES Y CONDENAS
A. PRINCIPALES:
2.1. DECLARACIONES DE NULIDAD
2.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución N° 110987 de
17 de diciembre de 2014, "por la cual se determina la
adquisición de un inmueble, por el procedimiento de la
expropiación por vía administrativa y se formula una oferta
de compra", expedida por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
-IDU-.
2.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución N° 59014 de 29
de agosto de 2015, "por la cual se ordena una expropiación
por vía administrativa RT 42670", expedida por el INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO -IDU-.
2.2. CONSECUENCIALES
2.2.1. Solicito que se restablezca su derecho declarando que existe
lugar a un mayor precio que el que determinó, la resolución N°
59014 de 29 de agosto de 2015, "por la cual se formula una
oferta de compra" (sic), como quiera que el precio por el cual se
expropió no corresponde al precio que debió de ser reconocido en el
proceso expropiatorio conforme a la ley 9 de 1989, ley 388 de 1997,
ley 1682 de 2013, decreto 1420 de 1998 y resolución 620 de 2008
del IGAC, resolución 894 del 19 de agosto de 2014 del IGAC, y
demás normas concordantes y complementarias.
2.2.2. Se ordene pagar a título de restablecimiento del derecho, a
los señores TRINIDAD PINILLA MARTÍNEZ y CARLOS ALBERTO
CLAVIJO LEÓN, la suma que acredite el dictamen pericial que se
2
En adelante CPACA
3
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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Las citadas pretensiones fueron formuladas en la reforma de la demanda, la cual admitió el Tribunal
mediante auto de 5 de mayo de 2017.
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practique dentro del presente proceso, descontando las sumas
recibidas por los demandantes a título de indemnización que hizo el
IDU con base en su proceso expropiatorio, del predio de la
AVENIDA CALLE 63 N° 113 B - 06 de la ciudad de Bogotá, con
cedula catastral 57 A 115 A BIS 2 Chip AAA0072AFOE y matricula
inmobiliaria 50C- 1079312, el cual cuenta con un área de terreno
de 59.35 M2, construcción pisos 1 y 2 con un área de 107.68 M2,
construcción piso 3 con área de 43.97 M2, construcción, piso 4 con
área de 21.48 M2 placa volada con drea de 1.20 M2 muro de
antepecho con área de 6.60 M2 tramo escalera con área de 1.00
M2.
2.3. CONDENAS
2.3.1. PERJUICIOS MATERIALES
A título de perjuicios materiales a favor de mis mandantes
entendiéndose estos como el daño emergente, el cual bajo
juramento se estima en la suma de asciende a la suma de
CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
($147.347.810), teniendo en cuenta que la indemnizatorio que
paga la entidad convocada a mis mandantes de acuerdo a la
Resolución N° 59014 de 2015 fue de ciento treinta millones
setecientos dos mil ciento noventa pesos ($130.702.190] y el valor
comercial del precio debe ser como mínimo DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE
(S275.000.000.o0), así como el valor que mis mandantes han
dejado de percibir por concepto de lucro cesante, ya que el predio
expropiado lo explotaban económicamente y no lo tenían
únicamente para su vivienda, el cual para el momento de la presente
demanda se tasa en TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS
($3.500.000) por consiguiente equivaldría a una diferencia de
CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
($147.347,810) valor que al momento de presentar la presente
demanda en SMMLV son aproximadamente 213.71 o los que
determine el perito nombrado por el despacho para tasar
estos perjuicios.
2.3.2. PERJUICIOS MORALES
Entiéndase los perjuicios morales como el resarcimiento al que
tienen derecho mis mandantes por concepto de los daños y
perjuicios causados a ellos estos últimos años en los cuales se ha
estado llevando a cabo el proceso expropiatorio, más cuando el
predio a expropiar tiene un valor sentimental importante, puesto que
fue el predio en el cual los hijos de mis mandantes nacieron y
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crecieron, así como los demandantes paso momentos importantes y
gratos de su vida personal y familiar.
Estos perjuicios deben ser tasados conforme a lo planteado dentro
de la línea jurisprudencial que señala que igualmente se le afecto la
calidad de vida de mis mandantes, por cuanto se vieron obligados a
cambiar su calidad de vida, al tener que dejar de arrendar su predio,
y además debió pensar en donde comprar uh nuevo predio más
pequeño, el cual no puede arrendar y solamente la pueden destinar
para vivir, teniendo en cuenta que son personas de tercera edad y
que sus ingresos en mayor parte dependían del arriendo recibido, su
calidad de vida se ha visto gravemente afectada.
Por todo lo anterior se tasan los perjuicios morales en VEINTIDÓS
MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.131.480), valor
que al momento de presentar la presente conciliación en SMMLV son
aproximadamente 30, o los que determine el perito nombrado
por el despacho para tasar estos perjuicios.
A. PRETENSIONES COMUNES:
1. Solicito que los anteriores valores así como los tasados por el
perito nombrado por el despacho sean indexados al momento de su
pago.
2. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo
previsto en el Código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo y se reconocerán los intereses legales
desde la fecha de presentación de esta demanda y hasta el momento
en que quede en firme la sentencia que acoja las peticiones.
3. Que a la sentencia favorable se le dé cumplimiento en el término
previsto por el artículo 195 del Código De Procedimiento
Administrativo y De Lo Contencioso Administrativo, y que
reconocerá los intereses a los que haya lugar, a partir del momento
de ejecutoria de la sentencia, según la normatividad vigente y
concordante […]”.
La Sala aclara que la parte actora presentó la demanda contra las
resoluciones núms. 110987 de 17 de diciembre de 20145, a través
5
“Por la cual se determina la adquisición de un inmueble, por el procedimiento de la expropiación
administrativa por vía administrativa y se formula una oferta de compra”. Los actores indicaron que
esta Resolución ordenó la expropiación de su inmueble; sin embargo, de los hechos narrados de la
demanda, la Sala encuentra que se estaban refiriendo a la Resolución de la oferta de compra, por lo
que fue la allí citada.
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de la cual se formuló la oferta de compra sobre inmueble objeto de
expropiación, y 59014 de 29 de agosto de 20156, que fijó el precio
indemnizatorio y ordenó la expropiación del inmueble; sin
embargo, el Tribunal admitió la demanda respecto de la
Resolución núm. 59014 de 2015 y la rechazó frente a la
Resolución núm. 110987 de 2014, al ser un acto preparatorio no
demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
I.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS
Como hechos relevantes de la demanda, los actores señalaron los
siguientes:
Indicaron que adquirieron el predio ubicado en la avenida calle 63
núm. 113B-06 de la ciudad de Bogotá D.C., a través de la
compraventa celebrada con el señor Wilson Moreno por un valor de
$10.000.000, el cual estaba conformado por una casa con un solo
piso construido.
Señalaron que entre los años 1999 y 2000 iniciaron a construir en
dicho inmueble los pisos dos a cuatro, de forma gradual y a medida
6
“Por la cual se ordena una expropiación administrativa”.
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que sus ingresos lo permitían; sin embargo, fueron notificados por
el IDU que su predio y los de los vecinos se encontraban afectados
y, por lo tanto, no se les permitió seguir con la construcción.
Manifestaron que el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. expidió el
Decreto núm. 316 de 19 de julio de 20077, que declaró las
condiciones de urgencia por razones de utilidad pública e interés
social, para la adquisición de los inmuebles necesarios para llevar
a cabo el proyecto vial de la Avenida José Celestino Mutis (AC 63),
desde la carrera 114 hasta la carrera 122.
Indicaron que el IDU celebró un contrato interadministrativo con la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL - UAECD8, para que realizara el avalúo comercial del
inmueble objeto de expropiación, el cual elaboró bajo el informe
técnico de avalúo comercial núm. 2014-663 de 9 de julio de 2014.
Sostuvieron que, en cumplimiento de lo anterior, el IDU expidió la
Resolución núm. 110987 de 17 de diciembre de 20149, a través de
7
"Por medio del cual se declara la existencia de condiciones de urgencia para la adquisición de predios
para la ejecución de obras de valorización contempladas en el acuerdo 180 de 2005 mediante
expropiación administrativa por razones de utilidad pública e interés social".
8
En adelante la UAECD.
9
“Por la cual se determina la adquisición de un inmueble, por el procedimiento de la expropiación
administrativa por vía administrativa y se formula una oferta de compra”. Los actores indicaron la
Resolución que ordenó la expropiación de su inmueble; sin embargo, de los hechos narrados de la
demanda, la Sala encuentra que se estaba refiriendo a la Resolución de la oferta de compra por lo
que fue la allí citada.
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la cual formuló la oferta de compra sobre su predio, identificado
con la matrícula inmobiliaria núm. 50C-1079312, CHIP
AAA0072AFOE, cédula catastral 57 A 115 A BIS 2, ubicado en la
avenida calle 63 núm. 113B-06 de Bogotá D.C., el cual contaba con
“[…] un área de terreno de 59.35 M2, construcción pisos 1 y 2 con
un área de 107.68 M2, construcción piso 3 con área de 43.97 M2,
construcción piso 4 con área de 21.48 M2 placa volada con área
de 1.20 M2 muro de antepecho con área de 6.60 M2 tramo
escalera con área de 1.00 M2 […]”.
Indicaron al momento de la expropiación que dicho inmueble
contaba con las siguientes construcciones y dependencias: i) el
primer piso con una habitación, cocina, sala comedor, garaje, baño,
patio de ropas, pasillo y escaleras de acceso a la siguiente planta,
ii) el segundo piso con tres habitaciones, sala, baño, pasillo y
escaleras de acceso a la siguiente planta, iii) el tercer piso una
habitación, baño, cocina, terraza y escaleras de acceso a la
siguiente planta y iv) el cuarto piso con tendedero de ropa, el cual
estaba techado, y terraza.
Pusieron de presente que tenían en arriendo el primer y tercer piso
y dos habitaciones del segundo piso a sus familiares, pero como
consecuencia de la expropiación, dejaron de recibir dichas rentas y
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se vieron en la obligación de adquirir un predio más pequeño al que
tenían, sin la posibilidad de arrendar ningún piso o habitación.
Advirtieron que no estuvieron de acuerdo con la oferta de compra,
razón por la cual el IDU continuó con el proceso administrativo de
expropiación y, en consecuencia, expidió la Resolución núm.
59014 de 29 de agosto de 201510, que fijó el precio
indemnizatorio teniendo en cuenta el avalúo núm. 2014-663 de 9
de julio de 2014 elaborado por la UAECD, por un valor de
$130.702.190, conformado por las sumas de $123.477.910 por
concepto de terreno y construcción, $2.638.780 por concepto de
daño emergente y $4.585.500, por concepto de lucro cesante.
Asimismo, precisaron que se descontó de esos valores los gastos
por taponamiento de servicios públicos, gastos de escrituración e
impuesto predial.
Adujeron que pese a que contra la anterior decisión no presentaron
los recursos de ley, lo cierto es que advirtieron algunos errores en
el avalúo comercial que tuvo en cuenta el IDU para fijar el precio
indemnizatorio.
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“Por la cual se ordena una expropiación administrativa”.
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Precisaron que el citado avalúo oficial no determinó ni tuvo en
cuenta los valores objetivo e individuales del predio, al no ser un
inmueble “común y corriente”; por el contrario, sus dimensiones,
ubicación, construcción, acabados, la actividad comercial de la zona
y en general todos los efectos que se causarían por su expropiación
y posterior demolición, aspectos que los afectaban como
propietarios y a la comunidad en general, por lo que, a su juicio, se
debe reconsiderar el valor de la indemnización en el acto
administrativo demandado.
Dijeron que al mencionado inmueble se le realizaron mejoras y se
encontraba en un excelente estado de conservación, por lo que se
debe tener en cuenta el valor de los materiales de construcción,
acabados, el uso actual y posible del predio y el entorno en general.
Afirmaron que el método de comparación o de mercado utilizado
por el avalúo oficial para determinar el valor del terreno no fue
realizado en debida forma, toda vez que solo tuvo en cuenta tres
predios cuando era necesario por lo menos analizar siete dentro del
sector y que tuvieran igualdad de condiciones al predio objeto de
expropiación. Asimismo, no se señaló cuántos y cuáles fueron los
predios en los que se basó el perito en el dictamen, no mostró los
medios o los sitios de donde se recolectó la información en la que
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se basó para realizar el estudio, no se evidenciaron las fórmulas
matemáticas que establece la Resolución núm. 620 de 23 de
septiembre de 200811, expedida por el INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI - IGAC12.
Expusieron que, de igual forma, en el avalúo oficial respecto del
método de reposición utilizado para determinar el valor de la
construcción, se planteó unos valores de costos directos e
indirectos de construcción, como también los costos financieros del
predio, sin que se explicara cómo llegaron a esos valores, pues no
existen anexos ni información al respecto sobre el material
empleado dentro de la construcción.
Alegaron que se debe tener en cuenta que no lograron conseguir
una nueva vivienda en corto tiempo y que se ajustara a sus
necesidades, situación que los obligó a vivir en arriendo por cuatro
meses, lo cual, a su juicio, tenía que ser parte del valor de la
indemnización, de conformidad con la Resolución núm. 898 de 19
de agosto de 201413, expedida por el IGAC.
11
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997”.
12
En adelante el IGAC.
13
“Por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios, y procedimientos para la
elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a
que se refiere la Ley 1682 de 2013”.
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Finalmente, dijeron que dicha carga no la debieron soportar al
existir una desigualdad de la parte que es expropiada y que debía
ser asumida por el IDU, al ser la entidad que llevó a cabo el proceso
administrativo de expropiación.
I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Como apoyo de las pretensiones de la demanda, la parte actora
indicó como vulnerados los siguientes artículos:
• 58 de la Constitución Política.
• 61, 62 y 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 199714.
• 37 de la Ley 1682 de 22 de noviembre de 201315.
• 21, 22 y 24 del Decreto 1420 de 24 de julio de 199816.
• 21, 34, 35 y 36 de la Resolución núm. 620 de 2008.
• 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Resolución
núm. 898 de 2014.
Sostuvieron que el informe técnico de avalúo comercial núm. 2014-
663 de 9 de julio de 2014, elaborado por la UAECD, no tuvo en
14
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
15
“Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte
y se conceden facultades extraordinarias”.
16
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
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cuenta la reglamentación urbanística, comoquiera que no aportó la
Resolución de la legalización del sector para determinar sus usos y
densidad; el valor por metro cuadrado de terreno y de construcción
de los diferentes predios que utilizó para determinar el precio
aplicando el método valuatorio, pues desconoció que para los
inmuebles que presentan diferentes características de terreno y
diversidad de construcciones se debían consignar los valores
unitarios para cada uno de ellos, lo que evidenció que no siguió los
lineamientos y metodologías para la elaboración de avalúos
contenidas en la Resolución núm. 620 de 2008.
Reiteraron que el referido avalúo utilizó el método de comparación
o de mercado para determinar el valor del terreno, el cual, a su
juicio no fue aplicado en debía forma al no analizar por lo menos
siete ofertas de los predios del sector, dado que se hizo solo frente
a tres, además que no se señaló cuáles fueron los predios en los
que se basaron como exige la normatividad y la práctica de dicho
método, no mostró los medios o los sitios de donde se recolectó la
información en la que se basó para realizar el estudio de mercado,
ni se evidenció las fórmulas matemáticas.
Insistieron en que el avalúo oficial, al aplicar el método de
reposición utilizado para determinar el valor de la construcción,
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planteó unos valores de costos directos e indirectos, como también
los costos financieros del predio, sin que se explicara como se llegó
a esos valores, pues no existen anexos ni información para ello y,
de igual forma, mencionó que para ese cálculo se debía tomar el
material individual con el cual se realizó la construcción actual, lo
cual no se hizo, razón por que se desconocieron los artículos 3 y
13, parágrafo 1°, de la Resolución núm. 620 de 2008.
Adujeron que el acto administrativo demandado incurrió en una
falsa motivación, comoquiera que se fundamentó en un avalúo
oficial que no tuvo en cuenta las características importantes del
inmueble, como tampoco calculó su valor comercial real que, a su
juicio, superaba el valor de $130.702.190, así que dicha decisión
no se ajustaba a la realidad.
Señalaron que el avalúo comercial del bien a expropiar debe
contener el valor del terreno y la construcción con las características
que lo identifican en el momento de la expropiación, como las
mejoras o las construcciones levantadas sobre el terreno y,
además, dijeron que el monto de la indemnización debe reconocer
el impacto social, como el traslado de vivienda y el valor por
concepto de arrendamientos.
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Por último, trajeron a colación la sentencia C-153 de 24 de marzo
de 199417, proferida por la Corte Constitucional, que señaló que la
indemnización por expropiación debe ser resarcitoria y no
meramente compensatoria, para lo cual se debe tener en cuenta el
daño emergente y lucro cesante y, en ese sentido, arguyeron que
la resolución censurada no cumplió con el fin de la reparación
integral al no incluir el daño emergente, afectando el valor
indemnizatorio del predio objeto de expropiación.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
I.4.1.- El IDU manifestó su oposición a las pretensiones, debido a
que los actos administrativos demandados gozan de presunción de
legalidad, son de obligatorio cumplimiento y fueron expedidos
cumpliendo los lineamientos del marco constitucional y legal
aplicable.
Aclaró que, contrario a lo manifestado por la parte actora, la
Resolución a través de la cual formuló oferta de compra a los
propietarios del inmueble ubicado en la avenida calle 63 núm.
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M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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113B-06 de Bogotá D.C., fue la núm. 110987 de 2014 y no la núm.
59014 de 2015.
Sostuvo que debido a que no se pudo llegar a un acuerdo con la
parte actora para que enajenaran voluntariamente el inmueble, de
conformidad con la Ley 388 de 1997, expidió la Resolución núm.
59014 de 2015, mediante la cual ordenó la expropiación
administrativa del referido predio y fijó como precio indemnizatorio
por un valor de $130.702.190, discriminado por concepto de
terreno y construcción $123.477.190; por concepto de daño
emergente $2.638.780 y por concepto de lucro cesante
$4.585.500, lo cual se fundamentó en el avalúo comercial núm.
2014-663 de 9 de julio de 2014, elaborado por la UAECD, y el
informe de reconocimientos económicos de 22 de junio de 2015,
elaborado su Grupo de Reconocimientos Económicos.
Señaló que la información por medio de la cual se encontraron las
ofertas de la venta de los terrenos, en aplicación al método de
comparación o de mercado para fijar el precio del terreno, se
encuentra en los anexos del informe técnico núm. 2014-663 de 9
de julio de 2014, en los que se puede identificar la información de
cada oferta, así como el tratamiento estadístico de la información
recaudada, lo cual cumple con lo establecido en el artículo 10 de la
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Resolución núm. 620 de 2008. Asimismo, adujo que en el
tratamiento que se les da a las ofertas se analiza el M2 de terreno
y construcción de forma separada, por lo que el referido informe
técnico no carece de información, como lo sostuvo la parte actora.
Advirtió que la citada Resolución no menciona explícitamente que
se deben considerar por lo menos siete ofertas como lo señalan los
demandantes, toda vez que para aplicar el método de comparación
o de mercado se tiene es en cuenta el valor adoptado al terreno
con las medidas de tendencia central y que el valor este dentro de
los rangos permitidos por los indicadores de dispersión, los cuales
no pueden ser inferior o superior al 7.5% para que sea conveniente
utilizar la media obtenida.
Indicó, en cuanto al método de reposición utilizado en el avalúo
oficial para fijar el valor de la construcción, que se tuvo en cuenta
los componentes constructivos de estructura, fachada, acabados
principales, baños, cocinas e instalaciones especiales, considerando
también la mano de obra que se incurre en la instalación de los
mismos, los cuales componen tipologías de construcción y
presupuestos de obra elaborados por la UAECD, por lo que cumplió
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con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución núm. 620 de
2008.
Aclaró, por un lado, que el estado de conservación de la
construcción es determinado por el avaluador al momento de la
visita técnica y sustentado técnicamente con el registro fotográfico;
y, por el otro, que los costos indirectos no están presentes en la
construcción del predio objeto de expropiación debido a que estos
se refieren a costos financieros, gerencia de proyecto, licencias de
urbanismo y construcción, entre otros, de los cuales no se tiene
evidencia que se hayan incurrido por corresponder a una
construcción que se realizó por desarrollo progresivo, por lo que no
era procedente tenerlos en cuenta para la determinación del valor
del M2 construido.
Concluyó que, en atención a lo precedente, el informe técnico núm.
2014-663 de 9 de julio de 2014, utilizó los métodos y técnicas de
conformidad con lo previsto en el Decreto 1420 de 1998 y la
Resolución núm. 620 de 2008 y fueron desarrollados y explicados
en detalle.
Mencionó que actuó conforme al artículo 58 de la Constitución
Política y la Ley 388 de 1997, en observancia de la buena fe,
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evitando la vulneración de los derechos de los propietarios, y
precisó que el hecho de que no se esté de acuerdo con el valor
fijado por el avalúo oficial no significa que exista una vulneración a
los mismos.
Resaltó que expidió la Resolución demandada en cumplimiento del
proceso administrativo de expropiación establecido en los artículos
61, 62 y 71 de la Ley 388 de 1997, por lo que insistió en que no le
vulneró ningún derecho a la parte actora.
Afirmó que el avalúo oficial respecto de la aplicación del método de
comparación o de mercado se realizó en atención al artículo 10 de
la Resolución 620 de 2008, explicando los detalles y el anexo de la
tabla de mercado asociado, lo cual se tuvo en cuenta para
determinar el valor comercial del terreno del inmueble objeto de
expropiación, siguiendo de igual forma los parámetros y criterios
establecidos en los artículos 21, 22 y 24 del Decreto núm. 1420 de
1998.
Puso de presente que, contrario a lo señalado por la parte actora,
el avalúo oficial se ajustó a los lineamientos del IGAC expuestos en
la Resolución núm. 620 de 2008.
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Dijo que el concepto de la violación expuesto por los demandantes
no es claro, pues solo se limita a transcribir lo manifestado en los
artículos citados en líneas anteriores sin indicar las razones por las
cuales se le vulneraron sus derechos.
Además de los anteriores argumentos de defensa, propuso las
excepciones que denominó:
-. Falta de elementos que desvirtúen la presunción de legalidad del
acto administrativo atacado, por cuanto la resolución demandada fue
expedida con todos los requisitos legales y en observancia estricta
del procedimiento de expropiación administrativa previsto en la Ley
388 de 1997 y sus normas reglamentarias. En ese sentido, resaltó
que la Resolución demandada fue expedida por la autoridad y el
funcionario competente y no se desconocieron los fines estatales ni
incurrió en una falsa motivación o desviación de poder.
Manifestó que el acto administrativo demandado goza de presunción
de legalidad y no existe prueba que desvirtué la misma, máxime si
el avalúo oficial fue elaborado por una entidad diferente a la suya y
se garantizaron los derechos a los propietarios del inmueble
expropiado.
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-. Legalidad de los actos administrativos demandados, comoquiera
que se realizó la expropiación conforme al trámite legal, teniendo en
cuenta la utilidad o interés público que reposa sobre el predio y,
asimismo, dijo que se tuvo en cuenta el avalúo oficial elaborado por
la UAECD, el cual no tiene ninguna vinculación con la entidad, y fue
realizado por profesionales especializados sin tener algún tipo de
vicio.
Finalmente, expresó que la resolución censurada no estaba inmersa
en ninguna de las causales de nulidad previstas en el CPACA.
I.4.2.- La UAECD se opuso a los hechos y pretensiones que
motivaron su llamamiento en garantía por parte del IDU, con
ocasión del vínculo contractual que tiene como fin elaborar los
avalúos comerciales solicitados por la misma.
Precisó que suscribió con el IDU el contrato interadministrativo
núm. 1321 de 2013, cuyo objeto era la realización de los avalúos
comerciales requeridos dentro del marco del Decreto núm. 583 de
15 de diciembre de 201118, por lo que elaboró el avalúo comercial
núm. 2014-663 de 9 de julio de 2014, con ocasión del proceso de
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“Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de avalúos comerciales de inmuebles,
de que trata el literal e) del artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006”.
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expropiación administrativa adelantado contra los demandantes.
Advirtió que el hecho de que la oferta de compra y el
reconocimiento indemnizatorio por la expropiación administrativa
del predio se hayan realizado con fundamento en el citado avalúo
que elaboró, a su juicio, no constituye mérito suficiente para
declarar que el IDU se encuentra facultado para llamarla en
garantía ni para afirmar que debe responder por los perjuicios que
los demandantes reclaman.
Mencionó que, de conformidad con el referido contrato
interadministrativo, es obligación del IDU, entre otras, elaborar el
acta de recibo y revisar y aceptar el avalúo conforme a las normas
y parámetros establecidos en el Decreto núm. 1420 de 1998 y la
Resolución núm. 620 de 2006, razón por la cual no se le puede
endilgar alguna responsabilidad por la realización del avalúo.
Sostuvo que no ha recibido notificación alguna de incumplimiento
del contrato o de que haya faltado a la calidad de los avalúos
comerciales entregados, como tampoco se observa que el IDU
haya hecho efectivas las garantías contractuales por
incumplimiento o mala calidad con ocasión de la relación
contractual y, en consecuencia, a su juicio, no es admisible que
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ahora en sede judicial se pretenda endilgarle responsabilidad con
ocasión de las decisiones expedidas por dicha entidad.
Explicó que no está prevista la posibilidad de que el propietario le
solicite directamente la revisión o impugnación del avalúo
comercial que sirve de base para la oferta, pues esa facultad solo
está prevista para la entidad solicitante y que pretende la
adquisición del bien.
Dijo que, no obstante, ello no implica imposibilidad de controvertir
el avalúo, pues las inconformidades del propietario deben
presentarse ante el IDU, quien se las traslada para su atención y
respuesta, aspecto que no sucedió, de conformidad con lo que se
encuentre acreditado y las normas y procedimientos aplicables,
situación que no se dio en el presente caso.
Señaló que el informe técnico de avalúo no constituía acto
administrativo; además, puso de presente que fue elaborado por
el funcionario competente y se realizó bajo la reglamentación
vigente para avalúos, de conformidad con las leyes 388 de 1997 y
682 de 2013, el Decreto núm. 1420 de 1998 y las resoluciones
núms. 620 de 2008, 898 y 1044 de 2014.
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Manifestó que el avalúo es un acto preparatorio o de trámite,
comoquiera que no resuelve de forma definitiva la expropiación
administrativa, sino que simplemente contribuye a formar el juicio
o criterio para tomar la decisión, por lo que este no es susceptible
de control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Insistió en que no debió ser llamada en garantía, toda vez que no
expidió la resolución demandada a través de la cual se decidió el
proceso administrativo de expropiación adelantado por el IDU y
sus gestiones al interior de este solo fueron actos preparatorios o
de trámite que no resolvieron de fondo el asunto.
II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El TRIBUNAL, en sentencia de 8 de febrero de 2024, decidió
denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que una vez
comparó el avalúo oficial y el allegado por la parte demandante que
elaboró la evaluadora MARTHA YODANI DÍAZ AVENDAÑO, concluyó
que aquel, esto es, el informe técnico de avalúo comercial núm.
2014-663 de 9 de julio de 2014, elaborado por la UAECD, que fijó
el precio indemnizatorio, se ajusta a las exigencias legales, como
consta de los documentos aportados con el expediente y teniendo
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en cuenta que utilizó los métodos de comparación o de mercado y
de costo de reposición previstos en los artículos 10 y 13 de la
Resolución núm. 620 de 2008.
Sostuvo que, de igual forma, el avalúo oficial tuvo en cuenta las
características y parámetros al momento de determinar el valor
comercial del inmueble objeto de expropiación así: “[…] (i) Respecto
del terreno: a) la reglamentación urbanística vigente del inmueble objeto
del avalúo; b) la estratificación socioeconómica del bien; c) aspectos
físicos tales como el área, ubicación, topografía y forma de la reserva vial;
y d) la dotación de redes primaria, secundarias y acometidas de servicios
públicos domiciliarios. (ii) Respecto de las construcciones: a) el área de
construcciones existentes autorizadas legalmente; b) los elementos
constructivos empleados en su estructura y acabados; c) el estado de
conservación física; d) la vida útil de la construcción; y e) la funcionalidad
del inmueble en relación con el objeto para el cual fue construido […]”.
Mencionó que al elaborar el citado avalúo se realizó la visita al
predio, lo que corroboró las características del mismo, y también
se identificó físicamente, señalando su localización, la dirección, el
uso que se le estaba dando al inmueble, la edad y su estado de
conservación.
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Advirtió que lo anterior no ocurrió con el avalúo comercial elaborado
por la evaluadora MARTHA YODANI DÍAZ AVENDAÑO, allegado por
la parte demandante, debido a que si bien anuncia la utilización del
método de costo de reposición para evaluar el inmueble, el
documento tiene falencias en la medida que no tuvo en cuenta los
lineamientos técnicos previstos en el artículo 13 de la Resolución
núm. 620 de 2008, al no aportar o hacer mención explícita del
medio del cual obtuvo la información para aplicar dicho método.
Indicó que debido a lo anterior y comoquiera que el avalúo aportado
por los demandantes no satisface los requisitos técnicos de la citada
Resolución, no logró desvirtuar el avalúo oficial elaborado por la
UAECD.
Señaló que los dineros correspondientes al pago como
consecuencia de la expropiación administrativa a la parte actora
fueron puestos a disposición dentro de un término razonable, pues
la Resolución núm. 59014 de 2015 fue notificada el 14 de
septiembre de 2015 y dicho pago se realizó el 29 de octubre del
mismo año.
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III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Los actores interpusieron recurso de apelación contra la sentencia
proferida en primera instancia, para lo cual manifestaron que, de
conformidad con el artículo 19 del Decreto núm. 1420 de 1998, los
avalúos tienen vigencia de un año, contados a partir de la fecha de
su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión de
impugnación, razón por la cual el acto administrativo demandado
se fundamentó en un avalúo oficial que ya no estaba vigente al
momento de su expedición.
Explicaron que la Resolución núm. 59014 de 29 de agosto de
2015 ordenó la expropiación administrativa de su inmueble e indicó
que el precio indemnizatorio fue fijado con fundamento en el
informe técnico de avalúo comercial núm. 2014-663 de 9 de julio
de 2014, complementado por el informe técnico de avalúo
comercial núm. 2014-663 de 24 de marzo de 2015, y en ese sentido
aquel avalúo estuvo vigente hasta el 9 de julio de 2015 y la citada
Resolución fue notificada el 14 de septiembre del mismo año, por
lo que, a su juicio, la decisión tuvo en cuenta un avalúo sin vigencia.
Refirieron que si bien es cierto que existió la complementación del
avalúo inicial este no modificó el anterior, sino que solo agregó un
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valor para tener en cuenta en el precio indemnizatorio, por lo que
insistieron en que el acto administrativo se expidió de forma ilegal
al no contar con un avalúo oficial vigente.
Advirtieron que el avalúo comercial elaborado por la avaluadora
MARTHA YODANI DÍAZ AVENDAÑO, allegado por ellos, determinó
que tenía un valor comercial para el 2014 por la suma de
$139.300.180 y ese valor actualizado al 2022 se fijó en
$223.964.766; y que, contrario a lo manifestado por el Tribunal, el
avalúo aportado para controvertir el avalúo oficial sí cumplió con
todos los requisitos legales, fijando un valor similar a la época de
valoración inicial del predio.
Dijeron que el avalúo oficial, contrario a lo manifestado por el a
quo, sí utilizó dos métodos valuatorios, esto es, el método de
comparativo o de mercado y el de costo de reposición, para lo cual
también se aportaron todas las pruebas y anexos necesarios para
soportar la fijación de los valores.
Precisaron que el avalúo allegado por ellos tenía toda la información
de respaldo para la valoración del inmueble, incluyendo los soportes
y cálculos que el a quo echó de menos, así que, a su juicio, sí
cumplió con todos los requisitos legales.
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IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1. La parte actora, el IDU y la UAECD guardaron silencio.
IV.2.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Destacó, luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales
en el medio de control de la referencia, que el avalúo elaborado por
la UAECD, que sirvió de fundamento para la expedición de los actos
administrativos censurados, cumplió con los requisitos y aplicó en
debida forma el método de mercado y de reposición, de
conformidad con la Resolución núm. 620 de 2008.
Adujo que, en defensa del interés general y del patrimonio público,
debían denegarse las pretensiones de la demanda y confirmarse la
sentencia de primera instancia.
IV.3. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado del IDU, el 20 de enero de 2025, presentó memorial
de “PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN
PRESENTADO POR EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE”, el
cual será tenido en cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 4 del artículo 247 del CPACA, por cuanto fue radicado
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oportunamente, esto es, dentro del término comprendido entre la
concesión del recurso y la ejecutoria del auto que lo admitió en
segunda instancia, providencia que fue notificada electrónicamente
el 16 de enero de 2025 y por estado el 20 de ese mismo mes y año.
Conforme a lo anterior, manifestó que si bien el acto administrativo
acusado fijó el precio indemnizatorio basado en el informe técnico
de avalúo comercial núm. 2014-663 de 9 de julio de 2014, y que
fue complementado por el informe técnico de avalúo comercial
núm. 2014-663 de 24 de marzo de 2015, ello no implica que el
avalúo inicial no fuera tenido en cuenta para expedir la oferta de
compra dentro del año siguiente del avalúo, pues la misma fue
realizada el 17 de diciembre de 2014, a través de la Resolución
núm. 110987.
Manifestó que no le asiste razón a la parte actora al indicar que
comoquiera que la Resolución núm. 59014 de 2014 fue
notificada hasta el 14 de septiembre de 2015, el avalúo perdió
vigencia pues insistió en que eso no implica que el avalúo oficial no
haya sido usado el 17 de diciembre de 2014 para presentar la oferta
de compra que fue rechazada por los actores, razón por la cual no
es procedente que se analice la pérdida de vigencia del mismo,
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máxime si fue elaborado con todas las garantías constitucionales y
legales.
Adujo que le asistió razón al Tribunal al concluir de su estudio
comparativo entre el avalúo oficial y el allegado por la parte actora
que este último no cumplía con los requisitos técnicos establecidos
en la Resolución núm. 620 de 2008 y, por consiguiente, no contenía
las características que hayan permitido desvirtuar la legalidad del
avalúo oficial.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- PROBLEMAS JURÍDICOS
La Sala advierte que la decisión en esta instancia estará limitada a
los aspectos que fueron objeto del recurso de apelación interpuesto
por la parte actora.
A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar, si la sentencia de primera
instancia debe confirmarse, modificarse o revocarse, en razón a que
los demandantes manifestaron que el avalúo oficial no estaba
vigente para el momento en que se expidió el acto administrativo
demandado; y que debía tenerse en cuenta el avalúo elaborado por
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la avaluadora MARTHA YODANI DÍAZ AVENDAÑO porque, a su
juicio, cumplió con los requisitos legales y técnicos para controvertir
el avalúo oficial elaborado por la UAECD, el cual fue tenido en
cuenta por el IDU para fijar el precio indemnizatorio.
V.2.- ACTO DEMANDADO
La Sala advierte que la parte actora presentó la demanda contra las
resoluciones núms. 110987 de 17 de diciembre de 201419, a través
de la cual se formuló la oferta de compra sobre inmueble objeto de
expropiación, y 59014 de 29 de agosto de 201520, que fijó el
precio indemnizatorio y ordenó la expropiación del inmueble, razón
por la cual el Tribunal admitió la demanda respecto de la
Resolución núm. 59014 de 2015 y la rechazó frente a la
Resolución núm. 110987 de 2014, al ser un acto preparatorio no
demandable.
En ese entendido, el presente asunto solo cuestiona la siguiente
Resolución:
V.2.1.- RESOLUCIÓN NÚM. 59014 DE 29 DE AGOSTO DE 2015
19
“Por la cual se determina la adquisición de un inmueble, por el procedimiento de la expropiación
administrativa por vía administrativa y se formula una oferta de compra”. Los actores indicaron que
esta era la Resolución que ordenó la expropiación de su inmueble; sin embargo, de los hechos
narrados de la demanda, la Sala encuentra que se estaban refiriendo a la Resolución de la oferta de
compra, por lo que fue la allí citada.
20
“Por la cual se ordena una expropiación administrativa”.
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“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 59014 DE 2015
“POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA”
[…]
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 64 de la Ley
388 de 1997, el Concejo Distrital de Bogotá D.C., mediante
Acuerdo 15 de 1999, facultó al Alcalde Mayor para declarar las
condiciones de urgencia que autorizan la Expropiación
Administrativa.
Que mediante el Decreto No 316 del 19 de julio de 2007, el Alcalde
Mayor declaró las condiciones de urgencia por razones de utilidad
pública e interés social, para la adquisición de los inmuebles
requeridos para la ejecución de obras de valorización
contemplados en el acuerdo 180 de 2005 mediante expropiación
administrativa, entre los que se cuenta la obra:
Avenida José Celestino Mutis (AC 83) desde la Carrera S14 hasta
la Carrera 122, de acuerdo con la Resolución 0374 del 15 de abril
de 2013, expedida por la Secretaria Distrital de Planeación.
Qua declaradas las condiciones de urgencia y con base en lo
previsto en el artículo 59 de la ley 323 de 1997, el artículo 435 de
Decreto Distrital 190 de junio 22 de 2004 y el artículo 2° del
Decreto 318 del 19 de julio de 2007, el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO, como Establecimiento Público del orden
Distrital, creado por el Acuerdo 19 de 1.872 del Concejo de
Bogotá, es el encargado de ejecutar las obras viales y de espacio
público para el desarrollo urbano de la capital y goza de la
competencia para decretar la expropiación de inmuebles con
miras a cumplimiento de los fines previstos ser el artículo 63 de
la Ley 288 de 1997, dentro de las cuales se encuentra:
El inmueble ubicado en la AVENIDA CALLE 63 No. 113 B - 06 de
la ciudad de Bogotá D.C. con cédula catastral 57 A 115 A BIS 2
CHIP AAA0072AFOE y matrícula inmobiliaria 60C-1079312,
conforme al registro topográfico número 42670, donde aparece
debidamente delimitado y alinderado, en un área de 59.35 M2 de
terreno, construcción pisos 1 y 2 con un área 107.88 M2
construcción piso 3 con área de 43.97 M2 construcción, piso 4 con
área de 21.48 M2, placa volada con área de 1.20 M2, muro de
antepecho con área de 6.60 M2 tramo escalera con área de 1.00
M2.
Que en virtud de dicha competencia, y al tenor de lo dispuesto en
el artículo 66 de la ley 388 de 1997, la Dirección Técnica de
Predios de INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO expidió la
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Resolución No. 110987 del 17 de diciembre de 2014, por la cual
se formuló una oferta de compra sobre el precio antes
identificado, dirigida a los señores: TRINIDAD PINILLA MARTÍNEZ
[…] y CARLOS ALBERTO CLAVILO LEÓN […] en calidad de titulares
del derecho de dominio, notificada de forma personal el día 26 de
diciembre de 2014.
Que el valor del precio indemnizatorio establecido en la Resolución
oferta de compra No. 110987 del 17 de diciembre de 2014 es la
suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
($127.196.266.00) MONEDA CORRIENTE, el citado valor
comprende: A) La suma ce CIENTO VEINTITRÉS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ
PESOS ($123.477.910.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
avalo comercial terreno y construcción, B) La suma da TRES
MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($3.718.358.00) MONEDA CORRIENTE
por concepto de indemnización daño emergente, de conformidad
con el informe técnico de avalúo 2014-0663 de 9 de julio de 2014,
elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital de Bogotá, Gerencia de Información Catastral,
Subgerencia de Información Económica.
Que la entidad avaluadora, Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital de Bogotá D.C. mediante Informe Técnico
Avalúo Comercial No. 2014-0663 del 24 de marzo de 2015,
complementó el Informe Técnico Avalúo Comercial No. 2014-
0663 del 9 de julio de 2014, por medio del cual liquidó y determinó
el valor de la indemnización correspondiente al lucro cesante, en
la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO
WIL QUINIENTOS PESOS ($4.585.500.00) MONEDA CORRIENTE
de acuerdo con los parámetros y criterios establecidos en la
normatividad vigente.
Que mediante la ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan
medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de
transporte y se conceden facultades extraordinarias" a través de
los artículos 23 y 37, se estableció la procedencia de
indemnizaciones o compensaciones para afectar el patrimonio de
los particulares, indicando que el valor comercial del predio debe
hacerse de manera íntegra, debiéndose incluir en este el lucro
cesante y el daño emergente, cuando haya lugar a su
reconocimiento.
Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante Resolución
N° 898, reglamentó la ley 1682 de 2013, en lo que refiere a los
parámetros que deben aplicarse en la realización de los avalúos
requeridos, dentro del proceso de adquisición predial. De esta
manera, estableció en el artículo 16 los parámetros a tener en
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cuenta al momento de realizar el avalúo comercial de los predios
sujetos al proceso de adquisición predial.
Que la Resolución 1044 del 29 de septiembre de 2014, el Instituto
Geográfico Agustin Codazzi modificó parcialmente y adicionó la
Resolución 898 del 19 de agosto de 2014, en el sentido de
efectuar los ajustes tendientes a garantizar el cumplimiento del
procedimiento en ella establecido.
Que los señores TRINIDAD PINILLA MARTÍNEZ […] y CARLOS
ALBERTO CLAVIJO LEÓN […] en calidad de titulares del derecho
de dominio del predio objeto de la adquisición, mediante oficio
No. 20155260172322 del 10 de febrero de 2015, aceptaron la
oferta compra, elaborándose por parte de la Dirección Técnica de
Predios la promesa de compra No. 1030, la cual no fue suscrita
por los propietarios, teniendo en cuenta que revocaron la
aceptación de la oferta mediante el oficio con radicado IDU No.
20155260843562 del 2 de junio de 2015.
Que en atención a lo anterior y de conformidad con lo previsto en
el artículo 68 de la Ley 388 de 1997, el término para la
enajenación voluntaria venció sin que se haya llegado a un
acuerdo formal contenido en un contrato de promesa de
compraventa, por lo que es procedente iniciar Expropiación por
Vía Administrativa del inmueble citado anteriormente.
Que en virtud de la presente expropiación por vía administrativa,
respecto de la indemnización por concepto del daño emergente
por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($3.718.356.00)
MONEDA CORRIENTE, se descontarán los siguientes factores:
1. Gastos de escrituración predio adquirir por el IDU por valor de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE
PESOS ($258,812.00) MONEDA CORRIENTE.
2. Taponamiento de servicios públicos por valor de
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y CUATRO PESOS ($393.864.00) MONEDA CORRIENTE.
3. Impuesto predial por valor de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
MIL PESOS ($429.000.00) MONEDA CORRIENTE.
Que una vez realizadas las anteriores deducciones la
indemnización del daño emergente es la suma de DOS MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA
PESOS ($2.638.780.co) MONEDA CORRIENTE, de conformidad
con el informe de reconocimientos económicos para el RT 42679
de fecha 22 de junio de 2015 elaborado por el Grupo de
Reconocimientos económicos de la Dirección Técnica de Predios y
el informe técnico de avalúo comercial No. 2014-663 del 9 de Julio
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de 2014, elaborado per la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital de Bogotá, Gerencia de información Catastral
Sugerencia de Información Económica.
Que el valor total a pagar por el predio objeto de expropiación es
la suma de CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS DOS MIL
CIENTO NOVENTA PESOS ($130.702.190.00) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de avalúo comercial de terreno y
construcción y la indemnización por daño emergente y lucro
cesante.
Que sobre el inmueble objeto de expropiación no existen
limitaciones al dominio de precio, de conformidad con lo
registrado en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1079312.
Que los recursos por la adquisición del inmueble referido en las
consideraciones y en el artículo primero de la parte resolutiva, se
encuentran amparados con cargo al presupuesto del INSTITUTO
DE DESARROLLO RUBENO -IDU, según los cuales asumirán los
pagos con cargo a su presupuesto.
Con base en las siguientes consideraciones LA DIRECTORA
TÉCNICA DE PREDIOS (E), DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO,
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
identificado con NIT 899999081-6 del inmueble ubicado en la
AVENIDA CALLE 63 No. 113 B-06 de la ciudad de Bogotá D.C. con
un área de 59.35 M2 de terreno, construcción pisos 1 y 2 con un
área 107.68 M2 construcción piso 3 con área de 43.97 M2
construcción, piso 4 con área de 21.48 M2, placa volada con área
de 1.20 M2, muro de antepecho con área de 6.60 M2 tramo
escalera con área de 1.00 M2, identificado con cédula catastral 57
A 115 A BIS 2, CHIP AAA0072AFOE y matricula inmobiliaria 50C-
1079312, cuyos titulares del derecho de dominio da predio son
los señores: TRINIDAD PINILLA MARTÍNEZ […] y CARLOS
ALBERTO CLAVIJO LEÓN […]; de acuerdo con el registro
topográfico número 42670 se encuentra comprendido dentro de
los siguientes linderos:
POR EL NORTE: Del punto A al punto B en línea recta y distancia
de 6:01 mts lindando con propiedad particular; POR EL ORIENTE:
Del punto B al punto C, en línea recta y distancia de 9.78 mts
lindando con propiedad particular; POR EL SUR: Del punto C al
punto D, en línea recta y distancia de 6.01 mts lindando con
Avenida Calle 63; POR EL OCCIDENTE: Del punto D al punto A en
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línea recta en distancia de 9.97 mts lindando con propiedad
particular y encierra.
ARTÍCULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.-
El valor del precio indemnizatorio de la expropiación que se
ordena por la presente resolución es la suma de CIENTO TREINTA
MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS
($130.702.190.00) MONEDA CORRIENTE, de acuerdo al Informe
Técnico Avalúo Comercial No. 2014-0663 del 24 de marzo de
2015, el cual complementa el Informe Técnico Avalúo Comercial
No. 2014-0663 del 9 de julio de 2014, elaborado por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá, D.C., y el
informe de reconocimientos económicos del 22 de junio de 2015,
elaborado por el Grupo de Reconocimientos Económicos del IDU
para el RT 42670 el citado valor comprende:
A) La suma de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
($123.477.910.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de avalúo
comercial terreno y construcción.
B) La suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($2.638.780.00) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de indemnización por daño emergente.
C) La suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($4.585.500.00) MONEDA
CORRIENTE por concepto de lucro cesante. […]”.
A través del acto administrativo en cita, el IDU ordenó la
expropiación del bien en cuestión, con fundamento en el artículo 58
de la Constitución Política, la Ley 388 de 1997 y los acuerdos y
decretos distritales que declararon la existencia de condiciones
especiales de urgencia para las obras viales de la Avenida José
Celestino Mutis (AC 63) en el tramo comprendido desde la Carrera
114 hasta la Carrera 122.
En su parte considerativa se hizo un recuento del trámite de
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adquisición previa, teniendo en cuenta la oferta de compra
formulada mediante la Resolución núm. 110987 de 17 de diciembre
de 2014, y en su parte resolutiva ordenó la expropiación del
inmueble, describiéndolo mediante linderos y área y fijó el valor del
precio indemnizatorio en $130.702.190, discriminando el avalúo
comercial en $123.477.910 por concepto de terreno y construcción,
$2.638.780 por concepto de daño emergente -luego de los
descuentos de los factores por gastos de escrituración, desconexión
y/o taponamiento de servicios públicos e impuesto predial- y
$4.585.500 por concepto de lucro cesante.
Contra la anterior decisión los actores no presentaron recurso
alguno.
V.3.- EL ASUNTO BAJO EXAMEN
Para resolver los reproches planteados, la Sala hará referencia al
marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,
para luego abordar el estudio de los problemas planteados a título
de cuestionamientos contra el fallo del Tribunal.
V.3.1.- GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA
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El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la
propiedad privada en los siguientes términos:
“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida
por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al
interés público o social. La propiedad es una función social
que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una
función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las
formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social
definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa.
Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y
del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa,
incluso respecto del precio […]”.
De esta norma se destaca que el derecho a la propiedad no es
absoluto y se funda en varios principios que la Corte
Constitucional21 ha decantado como resultado de la interpretación
del artículo 58 de la Carta, así: i) La garantía a la propiedad privada
y los demás derechos adquiridos se hace con arreglo a las leyes
civiles; ii) la Constitución Política protege y promueve las formas
asociativas y solidarias de la propiedad; iii) se reconoce el carácter
limitable de la propiedad; iv) se establecen las condiciones en que
21
Así se puntualizó por la Corte Constitucional entre otros en los siguientes pronunciamientos.
Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11.
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prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) se
le asigna a la propiedad una función social y ecológica; y vi) se fijan
las modalidades y los requisitos de la expropiación.
Asimismo, acorde con el desarrollo de este precepto constitucional,
la Ley 9ª de 11 de enero de 198922 estableció instrumentos para la
adquisición y expropiación de inmuebles por motivos de utilidad
pública e interés general, potestad que luego se reguló por la Ley
388 de 1997, que modificó la citada Ley 9ª.
Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 regulan el procedimiento que se
adelanta con el propósito de llevar a cabo la expropiación por vía
administrativa.
El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado
el proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos
30 días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena,
sin llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria23, la
autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación
administrativa correspondiente.
22
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación
de bienes y se dictan otras disposiciones”.
23
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.
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En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el
artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el
carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor
del precio indemnizatorio que se reconocerá A LOS
PROPIETARIOS, el cual será igual al avalúo comercial que se
utiliza para los efectos previstos en el artículo 6124 de la
presente ley […]”.
De acuerdo con esta normativa, una de las características
esenciales de la expropiación radica en el hecho de que la actuación
del Estado se hace por razones de utilidad pública e interés social,
previa y justa indemnización del inmueble, en cuanto comprende
su valor y los perjuicios que se causan al afectado con dicha medida,
con el fin de alejarse de un acto confiscatorio.
Al respecto, esta Sección25 ha precisado:
“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete
24
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA. Se
introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la
Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que
sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. […].
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.
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la incorporación al dominio público de bienes de
propiedad particular para satisfacer con ellos una
necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad
que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación
patrimonial a la cual es sometido de manera forzada.
En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés
general deba prevalecer sobre los intereses privados, no
significa en modo alguno que por dicha circunstancia
queden excluidas las garantías que la Constitución
reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que éste deba asumir a título personal
un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de
la ruptura del principio de igualdad en el reparto de las
cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral […]”. Destacado fuera de
texto.
Corolario de lo anterior, para la Sala se hace necesario traer a
colación los criterios expuestos por esta Sección en relación con la
acción especial contencioso administrativa de nulidad y
restablecimiento del derecho que procede contra la decisión de
expropiación por vía administrativa, ya que servirán para el análisis
del recurso interpuesto. Al respecto, se ha señalado:
“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará
si, como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen
analizó indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas
y las pruebas allegadas al proceso.
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Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en
la medida en que el valor de la indemnización es
incorporado en el acto administrativo que ordena la
expropiación es analizar su legalidad, aun cuando la
demanda esté encaminada solo a obtener la revisión o
ajuste del precio indemnizatorio ya que, como se ha
sostenido, el principio de legalidad, fundamento de todo
Estado de Derecho, es uno de los pilares sobre los cuales
descansa el trámite de expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública
o de interés social constituyen un presupuesto para la
legalidad de la expropiación, hace bien el juez que ejerce
el control de legalidad sobre la decisión de expropiación al
verificar su cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo,
lo cual no implica, como aduce el recurrente, que la acción
especial contencioso administrativa se aborde como una
acción ordinaria de nulidad.
[…]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.
Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta
a la normativa aplicable […]”26 (Destacado fuera del
texto).
Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de
mayo de 200927, indicó los elementos que debe contener la
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01.
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indemnización, como consecuencia de una expropiación
administrativa, de la siguiente manera:
“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones
expropiatorias
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio
30 de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el
legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia
judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando
los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos
que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior
acción contencioso-administrativa, incluso respecto del
precio.” (negrillas ajenas al texto)
En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del
bien expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y
el H. Consejo de Estado.
En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá
ser privado de ella sino en caso evidente de necesidad
pública, debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)
El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los
derechos económicos y sociales, que por virtud de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política de
1991 forma parte del llamado «bloque de
constitucionalidad», prevé igualmente en su artículo 21.2
el pago de una indemnización previa y justa que cubra la
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totalidad de los perjuicios que se deriven de la
transferencia forzada de un bien de dominio privado en
favor del Estado. Lo anterior significa que el valor que se
determine con esa finalidad debe ser comprensivo de
todas las ablaciones patrimoniales causadas, de tal
suerte que las mismas sean objeto de una reparación
integral. Por lo mismo, en la determinación del quantum
indemnizatorio debe tenerse especial cuidado en no
rebasar, en uno u otro sentido, la línea divisoria que
marca las fronteras entre el enriquecimiento y el
menoscabo.
Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que
los daños y perjuicios que se originen en el acto de
autoridad mediante el cual se decrete la incorporación al
dominio público de bienes de propiedad particular para
satisfacer con ellos una necesidad de interés general,
presupone necesariamente la obligación a cargo de la
autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el
propósito de restablecer el equilibrio roto por la privación
patrimonial a la cual es sometido de manera forzada. En
otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés
general deba prevalecer sobre los intereses privados, no
significa en modo alguno que por dicha circunstancia
queden excluidas las garantías que la Constitución
reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que éste deba asumir a título personal un
detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la
ruptura del principio de igualdad en el reparto de las
cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el
perjuicio sea transferido a todos los miembros de la
colectividad y reparado de manera integral.
Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la
Constitución es reparatoria y debe ser plena, ya que ella
debe comprender el daño emergente y el lucro cesante
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que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)
En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala
que “[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el
daño que se irrogue al propietario, sin que éste se
empobrezca ni enriquezca, en la medida que tal resultado
pueda razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al
texto).
En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es
el que representa y restablece el equilibrio, no, desde
luego, nominalmente, sino realmente, efectivamente.”
(negrillas ajenas al texto)
Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado
de justicia consagrado por el constituyente.
Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es
procedente respecto del precio, cuando el expropiado
considere incumplido el mandato de que la indemnización
sea justa y plena. […].”
Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los
términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales
que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones
para el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el
artículo 61 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:
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“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por
peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular
con su destinación económica.
La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera
de texto).
El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de
adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se
refiere al valor del inmueble que se establece conforme al avalúo
que para dichos efectos realice la entidad correspondiente; el
segundo, además de comprender aquel, contiene el daño
emergente y el lucro cesante, así como los demás perjuicios que
merezcan ser reparados para garantizar una indemnización plena.
En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de
manera que si este no cumple con los requisitos legales que
permitan inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio
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técnico apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente
afectado28.
V.3.2. CASO CONCRETO
Los recurrentes adujeron que el avalúo oficial no estaba vigente
para el momento en que se expidió el acto administrativo
demandado y, asimismo, señalaron que se debía tener en cuenta el
avalúo elaborado por la avaluadora MARTHA YODANI DÍAZ
AVENDAÑO porque, a su juicio, cumplió con los requisitos legales y
técnicos para controvertir el avalúo oficial elaborado por la UAECD,
el cual fue tenido en cuenta por el IDU para fijar el precio
indemnizatorio.
-DE LA VIGENCIA DEL AVALÚO OFICIAL
La parte actora señala que el avalúo oficial en el que se fundamentó
el acto administrativo demandado, que fijó el precio indemnizatorio
y ordenó la expropiación administrativa del referido predio, no se
encontraba vigente al momento de su expedición.
28
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).
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Sobre el particular, la Sala considera que dicho argumento
constituye un nuevo cargo contra el acto acusado que no fue
alegado en la demanda.
Para la Sala la indicación de nuevos cargos contra los actos
administrativos acusados en el recurso de apelación resulta a todas
luces improcedente, no solamente por extemporáneos, en la
medida en que el escenario procesal previsto para su proposición
es en la demanda o su adición, sino también porque su examen en
esta instancia comportaría una vulneración del derecho de defensa
de la parte demandada y desconocería el deber del juez de
garantizar la igualdad de las partes dentro del proceso.
Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre
ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201829, en la que se señaló:
“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron
invocadas en la demanda como violadas, pues las indicadas en
ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la
Constitución Política y 66 de la Ley 388.
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,
ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
momento procesal es en la demanda o su adición, sino en
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-
2008-00074-02.
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razón a que de acometer su estudio se estaría violando el
derecho de defensa de la parte demandada en el proceso y el
deber del juez de hacer efectiva la igualdad de las partes en el
mismo.
Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de
la Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los
artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación.
[…]” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, en posterior pronunciamiento, esto es, en sentencia de
8 de octubre de 202030, esta Sección consideró que el ad quem no
puede abordar materias o cuestiones que se plantean en la
apelación, que no hacen parte del concepto de violación del libelo,
ni de lo que la sentencia de primera instancia estudió, pues es su
deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso
y de defensa de la contraparte en el proceso, en los siguientes
términos:
“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los procesos
ordinarios el recurso de apelación tiene límites, toda vez que
debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda,
los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los
argumentos de oposición a la misma y las consideraciones que
sirven de sustento al a quo para fundamentar la sentencia.
Sobre el particular, esta Sección precisó:
“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso,
pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el
marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
[…] Sobre el particular, esta Sección en diversas oportunidades
ha puesto de presente que “[…] el juez de la segunda instancia
está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos
expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-
00135-01.
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pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de
primera instancia que no fueron objeto de impugnación.
Igualmente ha reiterado que no puede abordar materias
o cuestiones que se plantean en la apelación, pero que
no hacen parte del concepto de violación del libelo, ni
que la sentencia de primera instancia estudió” […] La
Sala reitera que en virtud de los principios de lealtad
procesal, contradicción y de defensa y la congruencia
que debe existir entre el recurso, la sentencia
censurada, el concepto de violación de la demanda y los
argumentos expuestos en la contestación de la misma,
imponen que al apelante le esté vedado exponer en el
recurso de apelación hechos, cargos y presentar
pretensiones nuevas que no alegó ni en la demanda ni
en la contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede
abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es
su deber salvaguardar los derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso […]”. (Resaltado fuera de texto).
Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y probatorio,
para que el superior funcional las revoque, modifique o
adicione; en esa medida, no es un instrumento para incluir
cargos nuevos en contra del acto administrativo
acusado porque ello desconocería los principios de lealtad
procesal, contradicción, defensa y congruencia que debe existir
entre el recurso y la sentencia apelada. […]” (Destacado fuera
de texto).
En consecuencia, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo
alguno sobre este cargo, habida cuenta que solo fue invocado como
argumento de defensa en el recurso de apelación; proceder de
manera contraria quebrantaría el equilibrio procesal y la igualdad
de las partes, en tanto no fueron planteados en la demanda.
-DEL AVALÚO OFICIAL
La Sala advierte que el avalúo oficial, esto es, el Avalúo núm.
2014-663 de 9 de julio de 2014, elaborado por la UAECD,
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respecto del inmueble ubicado en la calle 63 núm. 113B-06 de
Bogotá D.C., fijó el valor total de la indemnización por concepto del
terreno y de construcción en $123.477.910, para lo cual señaló que
aplicó los métodos de comparación o de mercado y de costo de
reposición, de la siguiente manera:
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Posteriormente, fue tenido en cuenta el daño emergente y lucro
cesante, los cuales fueron tasados nuevamente31 por el informe
técnico complementario del avalúo comercial núm. 2014-
663 de 24 de marzo de 2015, el cual arrojó un valor total del
avalúo por $131.781.766, de la siguiente manera:
31
El daño emergente y lucro cesante ya habían sido tasados, con anterioridad, en el informe técnico complementario
del avalúo comercial núm. 2014-663 de 18 de julio de 2014; sin embargo, fueron tasados nuevamente el 24 de
marzo de 2015, debido a la solicitud presentada por el IDU ante la UAECD.
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Verificado el avalúo oficial, la Sala estima que, efectivamente, la
UAECD cumplió con los requisitos técnicos previstos en el artículo
2232 del Decreto 1420 de 1998, para elaborar el avalúo y
determinar el valor comercial del inmueble, objeto de expropiación,
pues tuvo en cuenta la visita técnica en la que se obtuvieron las
características o condiciones del inmueble, como su ubicación,
linderos, forma geométrica, área de terreno, servicios públicos,
características de la construcción, matrícula inmobiliaria, vías de
32
“[…] “Artículo 22º.- Para la determinación del valor comercial de los inmuebles se
deberán tener en cuenta por lo menos las siguientes características:
A. Para el terreno
1. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma
2. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección
3. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio
[…] 7. La estratificación socioeconómica del inmueble
B. Para las construcciones
1. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente.
2. Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados.
3. Las obras adicionales o complementarias existentes.
4. La edad de los materiales.
5. El estado de conservación física.
6. La vida útil económica y técnica remanente. […]” (Destacado fuera de texto).
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acceso, áreas del lote y de edificación, topografía, la descripción el
sector, la actividad predominante y edificadora, la estratificación
socio económica, el registro topográfico y fotográfico, el plano de
localización y la reglamentación urbanística aplicable, entre otros,
así:
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Como se puso de presente anteriormente, se evidencia que el
avalúo oficial aplicó el método de comparación o de mercado, con
la finalidad de establecer el valor de terreno, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1º de la Resolución núm. 620 de 2008,
mientras que para fijar el valor de la construcción, acudió al método
de costo de reposición, previsto en el artículo 3º ibidem. Dichas
disposiciones prevén lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer
el valor comercial del bien, a partir del estudio de las
ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o
transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e
interpretadas para llegar a la estimación del valor
comercial.
[…]
ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE
REPOSICIÓN. Es el que busca establecer el valor
comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el
costo total de la construcción a precios de hoy, un bien
semejante al del objeto de avalúo, y restarle la
depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe
adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se
utilizará la siguiente fórmula:
Vc = {Ct – D} + Vt
En donde:
Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno
PARÁGRAFO. Depreciación. Es la porción de la vida útil
que en términos económicos se debe descontar al inmueble
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por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida
remanente del bien.
Existen varios sistemas para estimar la depreciación,
siendo el más conocido el Lineal, el cual se aplicará en el
caso de las maquinarias adheridas al inmueble. Para la
depreciación de las construcciones se deben emplear
modelos continuos y no los discontinuos o en escalera.
Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la
edad y el estado de conservación, tal como lo
establece Fitto y Corvini, para lo cual se presentan las
ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y
4. (Ver Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas) […]”
(Destacado fuera de texto).
Al respecto, se observa que los artículos 10 y 13 de la Resolución
núm. 620 de 2008, sobre la aplicación del método de comparación
o de mercado y de reposición, establecen lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda
a información de ofertas y/o transacciones, es necesario
que en la presentación del avalúo se haga mención explícita
del medio del cual se obtuvo la información y la fecha de
publicación, además de otros factores que permitan su
identificación posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los
datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores
unitarios. Para los inmuebles sujetos al régimen de
propiedad horizontal se debe presentar el valor por metro
cuadrado de área privada de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar
fotografías de los predios en oferta o de los que se ha
obtenido datos de transacción para facilitar su posterior
análisis.
[…]
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ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE
REPOSICIÓN. En desarrollo de este método se debe
entender por costo total de la construcción la suma de los
costos directos, costos indirectos, los financieros y los de
gerencia del proyecto, en que debe incurrirse para la
realización de la obra. Después de calculados los volúmenes
y unidades requeridos para la construcción, se debe tener
especial atención con los costos propios del sitio donde se
localiza el inmueble.
Al valor definido como costo total se le debe aplicar la
depreciación.
PARÁGRAFO 1o. Este método se debe usar en caso de que
el bien objeto de avalúo no cuente con bienes comparables
por su naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por
la inexistencia de datos de mercado (ofertas o
transacciones) y corresponda a una propiedad no sujeta al
régimen de propiedad horizontal.
PARÁGRAFO 2o. Para depreciar los equipos especiales
que posea el bien, se emplea el método lineal, tomando en
cuenta la vida remanente en proporción a la vida útil
establecida por el fabricante […]”.
Cabe mencionar que la UAECD para aplicar el método de
comparación o de mercado y determinar el valor comercial del
inmueble, para el terreno, cumplió con los requisitos técnicos
previstos en el citado artículo 1º de la Resolución núm. 620 de
2008, pues en el citado avalúo oficial núm. 2014-663 de 2014,
señaló que tuvo en cuenta las ofertas o transacciones recientes de
bienes semejantes y comparables al del predio objeto de
expropiación, para la época del avalúo33, relacionadas en la Tabla
de estudio de mercado, como se muestra a continuación:
33
Folios 166 a 173 del cuaderno de contestación de la demanda (Índice 2 del expediente digital
SAMAI).
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No obstante lo anterior, se debe puntualizar que se presume la
legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial,
aun cuando en el informe técnico no se precisen las
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operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se
tuvieron en cuenta para hacer la comparación o la forma
como fueron calculados los valores correspondientes,
conforme lo sostuvo la Sala en la sentencia de 19 de abril de
202134, en la que, al efecto, discurrió:
“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más
allá de controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad
del avalúo AV-466-07-36549-IDU realizado por la Lonja
Inmobiliaria de Bogotá sobre el cual se sustentó la
expedición de los actos demandados, presentan
características generales correspondientes a cualquier
avalúo; razón por la cual no le asiste razón al accionante
cuando indica que el a quo no tomó en cuenta estos
avalúos, puesto que los mismos no controvierten ni aportan
pruebas sobre las cuales se pueda determinar que el avalúo
comercial realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá es
errado y no se encuentra ajustado a las normas sobre
avalúos., valga decir, no desvirtúa la presunción de
legalidad que los cobija.
69. Sobre el particular, la Sección Primera del
Consejo de Estado ha indicado que se presume la
legalidad del acto administrativo que incorporó el
avalúo oficial, aun cuando en el informe técnico no se
precisan las operaciones o la forma como fueron
calculados los valores correspondientes, por ello la
parte demandante debe aportar las pruebas para
demostrar los errores de este. En este contexto, esta
Sección, mediante sentencia proferida el 6 de febrero de
2020, expuso lo siguiente:
“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse
acerca de los avalúos comerciales practicados por las
entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor
de la indemnización en los eventos de expropiación y ha
concluido que, aun cuando en el informe técnico no se
precisen las operaciones o la forma como fueron calculados
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00232-01.
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los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio
indemnizatorio, en la medida en que dicho precio hace
parte del acto administrativo mediante el cual se dispone la
expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a
la ley y, por ende, corresponde al interesado desvirtuar tal
presunción.
En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la
Sala, sobre el particular, expresó lo siguiente:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el
avalúo elaborado por la Subsecretaría de Catastro
Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno
principal, se anuncia que el precio del inmueble
establecido por la administración se determinó como
resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en
deducir el precio por comparación de transacciones,
oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo,
conformación y localización entre otros”, y aunque se
asegura que “Se han consultado las estadísticas y
avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a
la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre
operaciones y avalúos efectuados recientemente
sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en
ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus
anexos se señalan cuáles fueron exactamente las
operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que
se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada
comparación, lo cual permite concluir que contra el
justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de
la mencionada información, el avalúo practicado por
la Subsecretaría de Catastro Municipal también
estaría desprovisto de argumentos técnicos y de
apoyo probatorio.
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor
tiene la carga de demostrar en el proceso que el
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avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección35 […].” (la Sala destaca)
[…]”36
74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y
que sustentó la expedición de los actos
administrativos acusados, sea que no se indicó los
inmuebles con los cuales se realizó la comparación y
que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el
demandante, ello resulte suficiente para decretar la
nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de
texto)
Asimismo, se observa que la UAECD, en el referido avalúo oficial,
cumplió con los requisitos técnicos previstos en el citado artículo 3º
de la Resolución núm. 620 de 2008, toda vez que para aplicar el
método de reposición y determinar el valor del inmueble, a partir
del costo de construcción, tuvo en cuenta la descripción y el detalle
de la construcción (placa, teja y enramada), el tipo de construcción,
la tipología de construcción según el criterio de la UAECD, la edad
(años), la vida útil, el estado de conservación, el valor del terreno,
y la depreciación fue adoptada mediante los criterios de edad y
estado de conservación de Fitto y Corvini, así:
35
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601
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Sobre el particular, vale la pena destacar que en los procesos de
expropiación administrativa el avalúo comercial del inmueble
constituye el soporte técnico esencial para la determinación del
precio indemnizatorio que se consigna en el acto administrativo de
oferta de compra y en la resolución que dispone la expropiación.
Ahora bien, una vez dicho valor es incorporado en el acto
administrativo, opera en su favor la presunción de legalidad, razón
por la cual cuando el administrado pretende controvertirlo en sede
judicial le corresponde asumir la carga de la prueba, demostrando,
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mediante elementos técnicos idóneos, que el avalúo oficial: i)
adolece de errores metodológicos, ii) se aparta de las normas
técnicas que regulan la actividad valuatoria y iii) no refleja el valor
comercial real del bien objeto de expropiación.
En este punto, se advierte que la jurisprudencia de esta
Corporación37 ha sostenido que el precio indemnizatorio está
amparado por la presunción de legalidad al ser incorporado al acto
administrativo que ordena la expropiación y, por lo tanto, la parte
demandante tiene la carga de probar cuál es el error o la
incorrección del avalúo oficial, así:
“[…] al haberse incorporado dicho valor en el texto de los
actos administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de
la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección […]”38.
De manera que la mera discrepancia subjetiva del expropiado
frente al valor asignado al inmueble, así como la aportación de
elementos probatorios desprovistos de sustento técnico suficiente,
37
Sobre este asunto se puede consultar entre otras providencias: Consejo de Estado. Sección
Primera. Sentencia del 20 de febrero de 2020. Rad. 25000-23-24-000-2011-00115-01. C.P: Oswaldo
Giraldo López; Sentencia de 28 de abril de 2022, Rad. 05-001-2331-000-2010-0195901, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.
38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Rad. 05001-23-31-000-2005-03509-01. C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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no resultan idóneos para desvirtuar la presunción de legalidad del
avalúo oficial que sirve de fundamento al precio indemnizatorio, por
lo que corresponde a la parte actora cumplir con la carga de
demostrar mediante prueba idónea, que el avalúo oficial adolece de
errores, que permitan desvirtuar la presunción de legalidad que lo
ampara.
De ahí que deba distinguirse con claridad la habilitación del control
jurisdiccional contra el acto administrativo y la demostración de los
supuestos fácticos y técnicos que justifican su anulación y el
consecuente restablecimiento del derecho.
-DEL AVALÚO ELABORADO POR LA AVALUADORA MARTHA
YODANI DÍAZ AVENDAÑO
La Sala advierte que, para desvirtuar el anterior avalúo oficial, la
parte actora, en cumplimiento del auto de 4 de marzo de 2022 que
decretó la prueba pericial solicitada por la misma, allegó el avalúo
comercial de 28 de marzo de 2022, elaborado por la avaluadora
MARTHA YODANI DÍAZ AVENDAÑO, el cual aplicó los métodos
de comparación o de mercado y de costo de reposición, y que, a su
juicio, debían ser tenidos en cuenta para la fijación del precio
indemnizatorio.
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En dicho avalúo se expuso lo siguiente:
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En virtud de lo anterior, la Sala advierte que para el método de
comparación o de mercado, dicho avalúo estableció que “[…] para
determinar el valor del terreno, se toman dos avalúos realizados en
Engativá en el mes de septiembre del año 2013. Estos
corresponden a dos avalúos de inmuebles residenciales, a los
cuales se les descuenta la construcción para determinar el valor del
terreno. Los valores de los terrenos de estos dos inmuebles se
promedian, se aplica el factor de ubicación del inmueble objeto de
avalúo y se tiene el valor del M2 para el año 2014 […]”; sin
embargo, los mismos no obran en los anexos del citado avalúo
elaborado por la perito MARTHA YODANI DÍAZ AVENDAÑO,
razón por la cual se puede colegir que no se cumplió con hacer
mención explícita del medio por el cual se obtuvo la información de
dichos avalúos, ni se identificaron las características de los
inmuebles objeto de comparación, a fin de determinar si se
trataban de bienes semejantes y comparables al del objeto de
avalúo y, en tal sentido, no cumplen con los requisitos de la
aplicación del referido método de mercado o comparación,
previstos en los citados artículos 1° y 10 de la Resolución núm. 620
de 2008.
Asimismo, se evidencia que se anexó una tabla de investigación de
mercado y de valor de estado de conservación, con el fin de
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sustentar el cálculo del precio indemnizatorio del terreno, en el que
se relacionan cuatro inmuebles y se observan cuatro fotos, de los
cuales no se pueden identificar las características de los mismos.
En consecuencia, no es posible verificar que estos inmuebles sean
semejantes y comparables al del objeto de avalúo, lo que evidencia
nuevamente que no cumplió con lo establecido en el artículo 1° de
la Resolución núm. 620 de 2008, respecto del método de
comparación o de mercado.
Ahora, para determinar el valor de la construcción, se señaló que
aplicaría el método de costo de reposición, así: “[…] para
determinar el valor de la construcción, se toma la revista
Construdata del año 2014, se tiene en cuenta, los acabados de
acuerdo al avalúo presentado por el IDU, se realiza la respectiva
depreciación de la construcción de acuerdo a la vetustez y estado
de conservación. Se suman terreno más construcciones y así se
obtiene el valor comercial del inmueble del respectivo año. No
aportan licencia de construcción, más el encargo valuatorio solicita
se tenga en cuenta toda la construcción que figura el avalúo
realizado por el IDU […]”; pese a lo anterior, la Sala observa que a
pesar de que anexaron dos tablas de costos de reposición de la
construcción (de cálculo del valor por estado de conservación según
Fitto y Corvini) que hacen referencia al tipo de construcción, edad,
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vida útil, edad en % de vida, estado de conservación, depreciación,
valor de reposición, valor depreciado, valor final y valor adoptado,
lo cierto es que no existe en el referido avalúo claridad en cuanto a
la forma como se obtuvieron los valores allí reflejados, ni se dio una
explicación técnica sobre la forma como fueron calculados estos, ni
se expusieron el origen de los valores para realizar las operaciones
aritméticas o el procedimiento de cálculo empleado para
establecerlos, lo cual impide verificar la coherencia interna del
dictamen y la razonabilidad de sus conclusiones económicas.
Además, no se incluyó ningún soporte de la revista Construdata de
2014, que diera claridad frente a los datos utilizados para el cálculo.
Conforme a lo anterior, se tiene que el referido dictamen pericial no
aportó elementos probatorios que permitieran constatar la
veracidad de las cifras expuestas, la necesaria relación de
causalidad que debe existir entre la suma cuyo reconocimiento se
procura y la medida expropiatoria, que conduzca a demostrar la
corrección del justiprecio que se hace en este avalúo y que entraña,
obviamente, la incorrección del avalúo oficial.
Por lo tanto, la Sala considera que el avalúo realizado por la
mencionada avaluadora MARTHA YODANI DÍAZ AVENDAÑO,
evidencia que el mismo está desprovisto de la suficiente
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fundamentación fáctica y probatoria que permita corroborar la
corrección y certeza de sus dichos, esto es, que respalde los valores
señalados en el mismo para obtener el valor del inmueble objeto
de expropiación, pues, conforme se indicó anteriormente, no existió
claridad en cuanto a la forma como se obtuvieron los valores
indicados en este.
Asimismo, el referido avalúo tampoco dio cuenta de las razones de
orden fáctico y probatorio que permitan descartar los valores de los
precios indemnizatorios del bien expropiado, o que demuestren el
error en el que incurrió la Administración al fijar el monto específico
establecido en el avalúo oficial y que fue acogido en la resolución
demandada.
Dicho avalúo se limitó a señalar de forma autónoma un nuevo y
mayor valor comercial para el bien expropiado, pero no estuvo
encaminado a desvirtuar el resultado al que llegó la UAECD, en el
avalúo oficial, esto es, el avalúo núm. 2014-663.
Lo anterior, debido a que en este avalúo no se incluyeron
argumentos que permitieran determinar si el avalúo oficial, que
sirvió de fundamento a la resolución acusada, sí se realizó de forma
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contraria a la ley, o si incurrió en yerros que propiciaron un valor
de precio comercial del predio que no se ajustaba a la realidad, ni
mencionó de qué modo este incurrió en fallas o pasó por alto algún
parámetro legal.
Frente a este asunto, cabe mencionar que la Sección Primera, en
sentencia de 14 de septiembre de 202039, señaló que se debe
convencer al juez del error en el que ha incurrido la Administración
al fijar un monto específico para la indemnización.
Asimismo, precisó que el justo precio de la indemnización
expropiatoria se encuentra amparado por la presunción de legalidad
del acto administrativo que lo acoge; lo que significa que el avalúo
técnico brinda soporte legal y fáctico al acto administrativo que
ordena la expropiación, por lo que deberá ser desvirtuado a través
de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.
Así discurrió la Sala:
“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante.
Para lo cual, no será suficiente señalar y atacar los
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.
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métodos que se utilizaron, sino que se debe
convencer al juez del error en el que ha incurrido la
Administración al fijar un monto específico para la
indemnización.
Esta Corporación ya se ha pronunciado en repetidas
ocasiones, en el sentido de establecer que el justo precio
de la indemnización expropiatoria se encuentra
amparado por la presunción de legalidad del acto
administrativo que lo acoge; lo que significa que el
avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación, por lo que
deberá ser desvirtuado a través de los medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.
“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor
tampoco logró desvirtuar la presunción de legalidad que
cobija los actos administrativos demandados que acogieron
ese justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún
medio de prueba que permita demostrar que el avalúo
fijado por la administración fuese incorrecto, no hay
ninguna razón para decretar la nulidad parcial deprecada
por el actor en lo relativo al precio indemnizatorio.” 40[…]”
(Destacado fuera de texto).
En tal sentido, para la Sala, es claro que, en este caso, correspondía
a la parte demandante probar que el valor comercial del inmueble
calculado por la UAECD no estaba ajustado a los parámetros y
criterios dispuestos en el Decreto núm. 1420 y que, por tanto, no
indemnizaba de manera justa y plena los perjuicios causados con
la expropiación, en cuanto al valor del inmueble se refiere.
Así las cosas, el avalúo aportado por la parte demandante no
presenta ningún razonamiento que soporte la determinación del
40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Radicación: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau
de Lafont Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.
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justiprecio que permita desvirtuar el precio indemnizatorio fijado
por la entidad demandada mediante avalúo oficial. En este punto,
la Sala recuerda que, en reiterada jurisprudencia, esta Corporación
ha sostenido que el justo precio de la indemnización expropiatoria
se encuentra amparado por la presunción de legalidad, ello
considerando que el avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al
acto administrativo que ordena la expropiación, razón por la cual
debe ser desvirtuado a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el
caso sub lite.
Por consiguiente, la Sala considera que la parte actora no logró
desvirtuar la presunción de legalidad que cobija el acto acusado,
con el avalúo practicado por la UAECD.
Por último, cabe mencionar que el carácter resarcible del daño en
este caso dependía fundamentalmente de la demostración de su
ocurrencia, de modo que una simple conjetura o una suposición no
puede dar lugar a una indemnización, habida cuenta de que la parte
actora tenía la carga de probar la existencia de los perjuicios
que reclama y, de no demostrarla, a la administración solo le
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asiste el deber legal de pagar el precio resultante del avalúo
comercial41.
En efecto, en los procesos de expropiación administrativa, el avalúo
comercial del inmueble constituye el soporte técnico esencial para
la determinación del precio indemnizatorio que se consigna en el
acto administrativo de oferta de compra y en la resolución que
dispone la expropiación.
Asimismo, se debe reiterar que una vez dicho valor es incorporado
en el acto administrativo, opera en su favor la presunción de
legalidad, razón por la cual, cuando el administrado pretende
controvertirlo en sede judicial, le corresponde asumir la carga de la
prueba, demostrando, mediante elementos técnicos idóneos, que
el avalúo oficial adolece de errores, se aparta de las normas
técnicas que regulan la actividad valuatoria, y no refleja el valor
comercial real del bien objeto de expropiación.
Frente a esta materia, es del caso indicar que esta Sección en
sentencia de 23 de julio de 201642 puntualizó que es deber del
41
Al respecto, ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-
23-31-000-2011-00564-01).
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de
julio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 05001-23-33-000-
2013-01598-01.
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interesado probar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
cuáles son los perjuicios y su monto y su nexo de causalidad con la
expropiación decretada.
De manera que, se reitera, la mera discrepancia subjetiva del
expropiado frente al valor asignado al inmueble, así como la
aportación de elementos probatorios desprovistos de sustento
técnico suficiente, no resultan idóneos para desvirtuar la presunción
de legalidad del avalúo oficial que sirve de fundamento al precio
indemnizatorio, ni para aducir que la fijación del valor
indemnizatorio por parte de la administración era irrisoria o muy
baja, como ocurrió en este caso.
En este orden de ideas, habida cuenta de que la parte actora no
demostró en el proceso que el avalúo oficial era equivocado e
incorrecto, ni acreditó la corrección del justiprecio presentado en
el avalúo realizado por la avaluadora MARTHA YODANI DÍAZ
AVENDAÑO, debe tenerse como válido, creíble y debidamente
fundamentado el avalúo oficial que sirve de sustento a la Resolución
acusada.
Al respecto, se debe destacar que esta Sección ha sostenido que,
al haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo,
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este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,
creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en
este caso, a la parte demandante, demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus
incorrecciones. Sobre el particular, la Sala en sentencia de 15 de
agosto de 201943 indicó:
“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha
sostenido que el precio establecido en los actos acusados
se encuentra amparado por la presunción de legalidad y de
certeza de las decisiones de la administración, y que la
misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes
medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico,
lo cual no ocurrió en el sub lite.
Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de
fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera
sostuvo que “al haberse incorporado dicho valor en el
texto de los actos administrativos demandados, debe
entenderse que el mismo se encuentra amparado por
la misma presunción de legalidad y de certeza que se
predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar
en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección”44.
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección45
sostuvo que “todo lo anterior conduce a la Sala a
considerar que debe tenerse como válido, creíble y
fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las
decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-
2011-00196-01.
44
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
45
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras
sentencias la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
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objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal
y como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual
el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio
de la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no
desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, que lo incorporó […]” (Destacado fuera de
texto).
Adicionalmente, es del caso traer a colación la sentencia de 19 de
abril de 202146, en la que la Sala sostuvo que se presume la
legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, y
que por ello la parte demandante debe aportar las pruebas para
demostrar los errores de este; y que no es de recibo que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo oficial, que
sustentaron la expedición de los actos administrativos acusados,
sean que al ser mayor el precio del avalúo comercial determinado
en el avalúo contratado por la parte demandante, ello resulte
suficiente para decretar la nulidad de los actos administrativos
acusados.
Así discurrió la Sección, en la citada providencia:
“[...]
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00232-01.
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encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor
tiene la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección47 […].” (la Sala destaca)
[…]”48
74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y
que sustentó la expedición de los actos
administrativos acusados, sea que no se indicó los
inmuebles con los cuales se realizó la comparación y
que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el
demandante, ello resulte suficiente para decretar la
nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de
texto).
CONCLUSIÓN
Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados
por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad
necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara al
acto administrativo acusado, toda vez en el plenario no se
encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección
del avalúo oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio
indemnizatorio reconocido y pagado a los actores, con ocasión de
47
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601.
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la expropiación administrativa dispuesta mediante la resolución
acusada.
En consecuencia, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia apelada y así
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
V.4.- COSTAS PROCESALES
De conformidad con lo previsto en el artículo 18849 del CPACA en
armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP50, esto es, en
aplicación de un criterio objetivo valorativo51, corresponde a la
Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a la parte a la que
se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, en los
términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 452 del artículo 365 ibidem,
habida cuenta de la decisión que aquí se profiere.
49
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
50
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
51
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
52
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
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Al respecto se tiene que en esta instancia, y según las reglas
previstas en el artículo 365 del CGP, la Sala no condenará en
costas procesales en el componente de agencias en derecho ni
expensas por no encontrarse probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de 2026.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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