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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2011-00564-01

Fecha
30 de mayo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
20 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2011-00564-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-31-000-2011-00564-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

30 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 50001233100020110056401
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTORES: CARMEN LILIA CIRO DE ROJAS Y EDGAR
BOLAÑOS ARANDA

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA, TODA VEZ
QUE EL NUMERAL 4 Y EL PARÁGRAFO, DEL ARTÍCULO 9°, DE
LA RESOLUCIÓN 620 DE 2008 SÍ PERMITEN QUE SE REALICE
EL AVALÚO SOPORTADO ÚNICAMENTE EN ENCUESTAS,
CUANDO NO SE HAYA PODIDO OBTENER DATOS DE OFERTAS
O TRANSACCIONES RECIENTES. ASIMISMO, SE TIENE QUE EL
DICTAMEN PERICIAL DECRETADO Y PRACTICADO EN EL
PROCESO NO DESVIRTÚA EL PRECIO INDEMNIZATORIO
FIJADO POR LA ENTIDAD DEMANDADA MEDIANTE EL
AVALÚO TÉCNICO OFICIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente

interpuesto por el apoderado de los señores CARMEN LILIA

CIRO DE ROJAS Y EDGAR BOLAÑOS ARANDA, contra la

sentencia de 20 de noviembre de 2020, proferida por el

Tribunal Administrativo de Arauca, que denegó las

pretensiones de la demanda.

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I.- ANTECEDENTES

I.1. La parte actora, por medio de apoderado judicial y en

ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso

Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante el

Tribunal Administrativo del Meta, a través de la cual formuló

las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se declare la NULIDAD DE LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS FUENTE DE LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS IRROGADOS A MIS
PODERDANTES EN EL PROCESO DE
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA
RESPECTO DEL INMUEBLE DE SU “PROPIEDAD”
UBICADO EN LA CARRERA 32 A No. 35-69/71/75/83
BARRIO CENTRO DE LA CIUDAD DE
VILLAVICENCIO, IDENTIFICADO CON LA
MATRICULA MOBILIARIA NO. 230-29041 Y
CEDULA CATASTRAL NO. 01-01-0049- 0017-000;
A SABER, EL DECRETO 032 DE 07 DE MARZO DE
2011 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UNA
EXPROPIACION POR VÍA ADMINISTRATIVA” Y
LAS RESOLUCIONES No. 584 Y 594 DE 01 Y 07
DE ABRIL DE 2011 RESPECTIVAMENTE,
COMFORMATORIAS (SIC) DEL DECRETO 032 DE
2011 Y “POR MEDIO DE LAS CUALES SE
RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN
INTERPUESTOS EN CONTRA DEL DECRETO 032
DE 2011”, ACTOS ADMINISTRATIVOS ESTOS
PROFERIDOS POR LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO EN CONTRA DE LOS
DERECHOS E INTERESES DE MIS MANDANTES,
POR SER CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN, A
LA LEY Y A VARIAS NORMAS JURÍDICAS
RESPECTIVAS”.

SEGUNDA PRINCIPAL: Que como consecuencia de
la Nulidad anterior y a título de restablecimiento del
derecho LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, deberá ordenar realizar a la entidad

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competente un NUEVO AVALÚO COMERCIAL del
inmueble ya determinado en la Primera Pretensión,
para que de conformidad con la totalidad de los
parámetros establecidos para el efecto en la Ley 388
de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620
de 2008 del IGAC, se eleve el precio total del
inmueble tanto en el terreno como en las
construcciones y mejoras existentes, INCLUYENDO EN
EL MISMO LO RELACIONADO CON SU ACREDITADA
EXPLOTACION ECONOMICA COMO PARQUEADERO Y
TIENDA, teniendo como base mínima de referencia las
pruebas allegadas al presente proceso y los avalúos
presentados por la firma “SOCIEDAD COLOMBIANA DE
AVALUADORES” suscrito por el Avaluador CARLOS
ARTURO CALERO CRUZ, identificado con la C.C. No.
19.198.454 e inscrito bajo el No. 2090 del Registro
Nacional de Avaluadores y el Avalúo presentado por el
Avaluador LUIS EDUARDO RANGEL RODRÍGUEZ,
identificado con la C.C. No. 17.313.879 e inscrito bajo
el No. 724 del Registro Nacional de Avaluadores, los
cuales en lo relacionado al puro y simple avalúo
comercial del predio y sin indemnizaciones, ascienden
respectivamente las sumas de $377.887.480 y
$746.200.000 en la forma como se especifica en los
hechos de este escrito.

SEGUNDA SUBSIDIARIA: Que como consecuencia
de la declaratoria de nulidad, a título
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO en favor de
mis poderdantes, se ordene a la Demandada el pago
de la diferencia que se determine en el proceso como
PRECIO JUSTO DEL INMUEBLE – VALOR
COMERCIAL, MEDIANTE NUEVO AVALÚO EN
SEDE JURISDICCIONAL elaborado de conformidad
con la totalidad de los parámetros establecidos para el
efecto por la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de
1998 y la Resolución 620 de 2008 del IGAC, el cual
deberá contener en detalle lo relacionado con el
LUCRO CESANTE del precio acorde con su acreditada
y reconocida larga trayectoria de explotación
económica como parqueadero y local comercial
adjunto – tienda, ASÍ COMO LA INDEMNIZACION
DE LOS DEMÁS DAÑOS Y PERJUICIOS
DERIVADOS DE LA EXPROPIACIÓN
ADMINISTRATIVA.

TERCERA: Que como consecuencia, EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO deberá pagar el inmueble referido
tanto en su terreno como en sus construcciones por
concepto de valor comercial en suma superior a los
$377.887.480, previo el descuento de los

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$201.490.000 ya cancelados, pero adicionando a
dicho valor resultante lo correspondiente a la
indemnización por los daños y perjuicios derivados del
acto expropiatorio, variando por tanto el irrisorio
“precio indemnizatorio” que pretende pagar a mis
poderdantes mediante os actos administrativos
acusados.

CUARTA: Que se condene AL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO con base en ese nuevo avalúo
comercial y a la probada indemnización de perjuicios
derivada del acto de expropiación a pagar el inmueble
expropiado administrativamente y el cual ya mencioné
en las dos Pretensiones anteriores y la indemnización
correspondiente a pro rata para cada uno de los 2
propietarios, CARMEN LILIA CIRO DE ROJAS y
EDGAR BOLAÑOS ARANDA, identificados
respectivamente con las C.C. No. 21.180.439 y
14.209.314.

QUINTA: Que se ordene el cumplimiento de la
sentencia dentro del término establecido en el artículo
176 del CCA

SEXTA: Si no se efectúa el pago en forma oportuna,
la entidad liquidará los intereses comerciales y
moratorios como lo ordena el artículo 177 del C.C.A.

SÉPTIMA: La condena respectiva será actualizada de
conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
C.C.A., aplicando los ajustes de valor (indexación)
desde la fecha de la expropiación del inmueble hasta
la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin
a este proceso.

OCTAVA: Condenar en costas al Municipio de
Villavicencio – Alcaldía Municipal. […]”.

I.2. Los actores fundamentaron su demanda, en síntesis, en

los siguientes hechos:

1º. Que el Municipio de Villavicencio, a través del Decreto 242

de 30 de diciembre de 2010, declaró la existencia de

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condiciones de urgencia por razones de utilidad pública e

interés social para la adquisición de un predio y en vista de ello

dio inicio al procedimiento de expropiación por vía

administrativa, en el cual presentó una oferta de compra sobre

el bien inmueble de propiedad de CARMEN LILIA CIRO DE

ROJAS y EDGAR BOLAÑOS ARANDA, tendiente a obtener

un acuerdo de enajenación voluntaria.

2º. En dicho Decreto 242, se determinó como oferta de

compra por el bien inmueble de propiedad de los actores, la

suma de $201.490.000.

3º. El 25 de enero de 2011, los demandantes presentaron

derecho de petición a efectos de que se le corriera traslado del

avalúo del predio, el cual sirvió de fundamento para la fijación

del precio indemnizatorio dentro del procedimiento de

expropiación administrativa.

4º. El 2 de marzo de 2011, los actores presentaron escrito

pronunciándose sobre la oferta de compra realizada por la

Alcaldía de Villavicencio, solicitando se les otorgara un precio

indemnizatorio mayor al reconocido, teniendo en cuenta para

ello el avalúo realizado por la SOCIEDAD COLOMBIANA DE

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AVALUADORES.

5º. El Municipio de Villavicencio, ante la falta de acuerdo para

la enajenación voluntaria del inmueble de propiedad de los

señores CARMEN LILIA CIRO DE ROJAS y EDGAR

BOLAÑOS ARANDA, expidió el Decreto 032 del 7 de marzo

de 2011, a través del cual decidió la expropiación

administrativa de dicho predio.

6º. Contra la anterior decisión, los demandantes presentaron

de manera individual recurso de reposición.

7º. El Municipio de Villavicencio, mediante las resoluciones

núms. 584 de 1o. de abril de 2011 y 594 del 7 de abril

de 2011, resolvió los recursos interpuestos, confirmando en

todas sus partes el Decreto 032 de 7 de marzo de 2011.

8º. Que en el Decreto 032 de 2011 se omitió lo relativo a la

indemnización del laño emergente y lucro cesante derivado de

la expropiación, así como una justa tasación del precio

comercial actual de dicho inmueble.

9º. Que en la actualidad y desde hace varios años, los actores

vienen usufructuando el inmueble objeto de expropiación

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mediante distintas actividades comerciales lícitas. No obstante,

la administración Municipal pese actividad y económica y

comercial del predio objeto de la Expropiación Administrativa

en lo relacionado con el funcionamiento del ESTABLECIMIENTO

COMERCIAL “PARQUEADERO EL ZOODIACO” Y LA TIENDA

ALUNTA, objeto de la Expropiación Administrativa, mantuvo

indemne las determinaciones adoptadas mediante los actos

administrativos demandados.

I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la

violación de los artículos 13, 29 y 58 de la Constitución

Política; 2º, numeral 3, 61, 67, 68 y 69 de la Ley 388 de 18 de

julio de 1997 1 ; 1º, 2º, 20, 21, 22, 24, 25 y 26 del Decreto

1420 de 24 de julio de 19982; 1º, 3º, 10, 11, 12, 15, 17 de la

Resolución 762 de 23 de octubre de 19983; y 1º, 2º, 3º, 4º,

9°, 10°, 11, 13, 16, 23 y 36 de la Resolución 620 de 23 de

septiembre de 20084.

En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:

1
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones”.
2
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27
del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la
Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema
de avalúos”.
3
“Por la cual se establece la metodología para la realización de los avalúos ordenados por la
Ley 388 de 1997”.
4
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco
de la ley”, expedida por el Director del IGAC.

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Indicó que con la decisión de Expropiación, su trámite y los

valores determinados y reconocidos como “precio

indemnizatorio” del inmueble expropiado, se transgredieron las

disposiciones constitucionales citadas, al haber impuesto

unilateral y discrecionalmente en los actos administrativos

valores irrisorios, infundados, subjetivos, injustos, en cuantía

de $201.490.000, dejando de lado la correcta tasación del

valor comercial y del lucro cesante y demás aristas integrantes

del daño para integrar y determinar el real “precio

indemnizatorio” y desconociendo abiertamente los derechos de

igualdad, debido proceso, propiedad e indemnización

reparatoria, justa y plena, a la cual tienen derecho los

demandantes.

Alegó que de la simple lectura del avalúo comercial elaborado

por la Lonja Inmobiliaria de Villavicencio se puede observar

que se deja de lado la destinación económica del inmueble, ya

que al fijarse el precio indemnizatorio se desconoce el uso

actual como parqueadero y tienda, por los cuales se percibía

un ingreso mensual.

Que el avaluador, en este punto, se limita a indicar que

“actualmente el predio tiene una actividad económica

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comercial”, pero no entra a indagar por los ingresos reales

obtenidos gracias a la explotación económica del inmueble.

Adujo que el método utilizado por la Lonja Inmobiliaria de

Villavicencio para determinar el valor comercial del inmueble,

al estar soportado únicamente sólo en encuestas o consultas,

es abiertamente contrario con lo dispuesto en la Resolución

620 de 2008, la cual señala que esa metodología solo es

aplicable en la medida en que el perito no contara con datos e

ofertas o transacciones recientes comparables con otros

predios o que tuviera duda con los resultados obtenidos; sin

embargo, a su juicio, existían terrenos en el sector que

contaban con las mismas características del que era objeto de

estudio.

Agregó que la Administración Municipal de Villavicencio se

equivocó al no tener en cuenta los avalúos allegados por los

actores, pues el artículo 277 del C. de P.C. es claro al

establecer que: “[…] Los documentos privados de contenido

declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar

su contenido, salvo que la parte contraria solicite su

ratificación […]”.

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Concluyó que los actos administrativos demandados se

encuentran viciados de nulidad, por haber sido expedidos con

desconocimiento de las reglas establecidas en la Ley 388,

Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Municipio de Villavicencio, a través de apoderado, en la

contestó la demanda5, y para oponerse a la prosperidad de las

pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

Que una de las razones fundamentales de que el avalúo,

practicado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de

Villavicencio, haya arrojado dicho valor, es porque el inmueble

se encuentra ubicado en RONDA HÍDRICA, aspecto que los

actores han querido desconocer.

Señaló que la administración municipal de Villavicencio agotó

debidamente todo el procedimiento previsto en la ley para

realizar el proceso de expropiación por vía administrativa y del

contenido literal de las disposiciones aplicables en la Ley 388

se advierte con perfecta claridad que el legislador no previó el

beneficio para el administrado de poder controvertir en sede

5
Folios 230 a 240 del C. 2º.

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administrativa el avalúo del bien, ya que no estableció que del

mismo se corriera traslado para su objeción, adición o

complementación.

Que tampoco previó la posibilidad de negociar el precio

indemnizatorio, hacer contraofertas o discutir de alguna

manera el precio, dado que el procedimiento inicia con un acto

administrativo de trámite, en el que se hace la oferta, y

respecto del cual de manera expresa señala que no procede

recurso alguno.

Que solo prevé la posibilidad de interponer recursos contra el

acto de expropiación, es decir, el acto administrativo que

concluye el proceso administrativo, etapa en la que no es

factible reconsiderar el precio, porque la disponibilidad y el

registro presupuestal se encuentran expedidos con base en el

avalúo practicado, empero, por, sobre todo, porque la ley no

establece esta posibilidad.

Expresó que el artículo 67 de la Ley 388 establece que se

deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se

reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo

comercial, lo que descarta la posibilidad de que se practiquen

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varios avalúos en sede administrativa o se reciban

contraofertas o se reconsidere el valor a indemnizar.

Aclaró que el Municipio solicitó a la Corporación evaluadora se

pronunciara sobre los reproches de los recurrentes, siendo

determinantes en señalar que se ratificaban en el avalúo,

especialmente, porque el inmueble se encuentra ubicado en

zona hídrica, manteniéndose en el precio indemnizatorio

fijado, luego no le es viable a la administración municipal fijar

un precio superior, además de que la ley no prevé la

posibilidad de practicar varios avalúos o modificar el precio

ofrecido en el acto administrativo que da inicio a la actuación y

realiza la oferta.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 20 de noviembre de 2020, el Tribunal

Administrativo de Arauca 6 , denegó las pretensiones de la

demanda, con fundamento en las consideraciones que a

continuación se sintetizan, así:

6
En cumplimiento de los Acuerdos núms. PCSJA19- 11448 de 19 de noviembre de 2019 y
PCSJA20-11596 de 14 de julio de 2020, expedidos por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judiciatura, que remitió al Tribunal de Arauca procesos del sistema escritural
que se encontraran para sentencia en el Tribunal Administrativo del Meta.

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Luego de hacer referencia al marco jurídico y jurisprudencial

de la expropiación por vía administrativa y la expropiación

judicial, de la naturaleza de la indemnización por concepto de

la expropiación por vía administrativa, de la presunción de

legalidad del avalúo comercial en que se fundamenta el acto

de expropiación administrativa y el material probatorio y del

marco normativo y jurisprudencial de la objeción por error

grave del dictamen pericial, señaló que en el proceso obra el

avalúo comercial V-001, realizado por la Corporación Lonja

Inmobiliaria de Villavicencio al inmueble urbano ubicado en la

Carrera 32A No. 35-69/71/75/83, de propiedad de CARMEN

LILIA CIRO DE ROJAS y EDGAR BOLAÑO ARANDA, por

solicitud de la Alcaldía del Municipio de Villavicencio y el

dictamen pericial rendido el 14 de septiembre de 2016 por

NELSON ENRIQUE ALBARRACIN, en su calidad de auxiliar

judicial.

Expresó que la parte demandada presentó objeción por error

grave contra el dictamen pericial presentado por el auxiliar

judicial en mención, en la cual argumentó que el perito realizó

un avalúo comercial teniendo en cuenta los valores del año

2016 y no los manejados en el año 2010, que las condiciones

del inmueble entre un año y otro eran totalmente distintas,

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que la valorización que pudo adquirir el predio se dio

precisamente por los proyectos que en esa zona adelantó el

ente municipal, así que no puede sumársele ello al valor a

reconocer.

Que el dictamen pericial tampoco hizo alusión al tema de los

linderos, tamaño del predio, documentos soporte,

reglamentación urbanística del sector; y que existió una

indebida selección de los inmuebles para el avalúo, en tanto

que la ubicación y las características urbanísticas de ellos eran

muy distintas al predio de propiedad de los actores.

Sobre la referida objeción por error grave, estimó que la

misma tenía vocación de prosperidad y que no era viable

acoger el dictamen pericial, rendido por el mencionado auxiliar

de justicia, toda vez que el mismo no se ajustó a lo

establecido en el Decreto 1420, ni a la Resolución 620 de

2008; y que no era claro, ni preciso, ni detallado, ni explicaba

las investigaciones efectuadas, ni los fundamentos técnicos de

las conclusiones, como lo exige el artículo 237 del C. de P. C.

Explicó que el peritaje se edificó sobre bases equivocadas, ya

que cuantificó el valor comercial atendiendo a las

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características del sector a la fecha de la elaboración del

mismo, -1° y 8 de septiembre de 2016-, y no a la del año en

que se llevó a cabo la actuación administrativa, por lo que

condujo a resultados diferentes respecto del precio del bien.

Indicó que el perito, para la determinación del justo precio, no

debió tener en cuenta la valorización del tramo donde estaba

ubicado el bien inmueble de propiedad de los demandantes, ya

que fueron precisamente los proyectos adelantados por el

Municipio de Villavicencio durante 2010 hacía adelante, los que

pudieron llevar a que el sector se valorizara en relación con

años anteriores y que ello aumentara el valor de los

inmuebles, predios o construcciones aledañas.

Observó que el método comparativo o de mercado aplicado

para determinar el avalúo comercial del inmueble, tuvo en

cuenta cinco predios que, según el perito, eran comparables a

las características al que fue objeto de estudio; sin embargo,

no fueron allegados los documentos que así lo comprobaran,

como tampoco la calidad con la que actuaban los encuestados.

Anotó que en dicho dictamen no se advierten datos, informes

o reportes exactos de los inmuebles con los cuales se efectuó

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la comparación, de modo que no es suficiente la mera

afirmación de haber comparado con construcciones similares,

dado que el peritazgo requiere de la exposición detallada y

suficiente de cómo se arribó a las conclusiones allí plasmadas.

En relación con el caso concreto, el a quo señaló que el

Municipio de Villavicencio adelantó el procedimiento de

expropiación administrativa en estricto cumplimiento a los

lineamientos previstos en la Ley 388, respetando una a una

las etapas propias de dicho trámite, como consta en los

medios de pruebas allegados al plenario.

Sostuvo que los argumentos esgrimidos por la parte actora, en

relación al precio indemnizatorio reconocido por el Municipio,

no tienen vocación de prosperidad, porque si bien es cierto

que el avalúo adelantado por parte de la Corporación Lonja

Inmobiliaria de Villavicencio fijó los valores por metro

cuadrado del inmueble, con fundamento en la consulta

realizada a varios avaluadores expertos de dicha entidad a

través del método de encuestas, también lo es que ello fue así

porque las condiciones del terreno objeto de estudio no eran

comparables o asimilables con otras ubicadas por ese mismo

sector.

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Aclaró que dicha diferencia radica, principalmente, en que

dentro del predio de los actores se encontraba situada una

ronda hídrica, la cual, según el Ministerio de Ambiente, se

constituye en un área de especial importancia ecológica de

dominio público inalienable, imprescriptible e inembargable

que juega un papel fundamental desde el punto de vista

ambiental, circunstancia que fue la que, precisamente, le

permitió al perito acudir al método de encuestas, conforme a

lo previsto en el numeral 4 del artículo 9º de la Resolución 620

de 2008.

En relación con lo afirmado por los actores a que en el precio

indemnizatorio no se tuvo en cuenta la actividad económica

que se desarrollaba antes de la expropiación administrativa,

observó que dentro de la metodología valuatoria, -método de

comparación o de mercado y costo de reposición-, adoptada

por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Villavicencio, para

determinar con exactitud el valor por metro cuadrado a

reconocer por concepto de terreno, local, cobertizo y

cerramiento, no solo puso a disposición de los expertos

encuestados lo relativo al plano, ubicación y fotografías del

inmueble objeto de estudio, sino que, además, los

contextualizó con de las características del terreno, como por

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ejemplo, para qué estaba siendo destinado el predio, las

construcciones levantadas, los cerramientos con los que

contaba, entre otras condiciones que debían ser de

conocimiento de los peritos consultados para adelantar la labor

encomendada.

Consideró que los valores por metro cuadrado otorgados

dentro del avalúo adelantado por la Corporación Lonja

Inmobiliaria de Villavicencio atendieron a los métodos de

comparación o de mercado y costo de reposición, previstos en

el Decreto 1420 de 1998 y reglamentados a través de la

Resolución 620 de 2008, y se hicieron previendo, entre otras

cosas, la explotación económica que se ejercía en el inmueble

de propiedad de los demandantes.

Advirtió que la normatividad no impone que el perito deba

aplicar todos los métodos para efectuar el avalúo, sino que

podrá hacerlo empleando uno o varios de los que considere

relevantes para cumplir con el objeto para el cual fue

designado.

Concluyó que al no lograr desvirtuar la parte actora la

presunción de legalidad del avalúo comercial, en que se

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fundamentó el acto de expropiación administrativa, no hay

lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos

acusados y, en consecuencia, denegó las pretensiones de la

demanda.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera

instancia y que, como consecuencia de ello, se declare la

nulidad de los actos acusados y se desestime la objeción por

error grave del avalúo realizada por el Auxiliar de Justicia,

presentada por la entidad demandada.

Para el efecto, fincó su inconformidad, en esencia, así:

Señaló que, como se observa de la simple lectura de la

sentencia de primera instancia, el Tribunal de primera

instancia de manera ligera y sin realizar un adecuado y

completo análisis del caso profirió decisión sin atender los

fundamentos fácticos y jurídicos que se presentaron como

base de la demanda y de igual manera, desconoció o dejó de

lado las pruebas recaudadas en la respectiva etapa procesal,

como lo fueron los testimonios rendidos, especialmente, las

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declaraciones de los profesionales que realizaron el “avalúo

base de la demanda”.

Alegó que el a quo, en la sentencia apelada, a pesar de la

gravedad y palmaria confesión desconoció el testimonio del

señor JUAN CARLOS AGUDELO DUARTE, visible a folio 318 del

C.2, en su calidad de participe en el avalúo, contenido en los

actos demandados, quién señaló en lo pertinente que: “[…] No

existe una norma como tal para que los avaladores (sic)

demos un porcentaje sobre un predio que se encuentra dentro

de una ronda hídrica. […]”; que soportó únicamente su avalúo

por Encuestas, lo cual no es viable por estar prohibido por la

referida Ley, y que tampoco cumplió la exigencia del

juramento que depreca la Ley para dotar de legalidad dicho

avalúo.

Agregó que, de igual manera, y de forma irresponsable

manifestó que se le olvidó indicar o rendir el juramento exigido

en la Resolución núm. 620 de 2008, cuando se acude a las

encuestas. Además, omitió plasmar en el avalúo las

constancias de visitas exigidas por la ley y que para el valor

reportado se basó en la toma de encuestas; y que también

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omitió relacionar lo correspondiente al lucro cesante, todo lo

cual torna ilegal su avalúo.

Indicó que el Tribunal desconoció el testimonio y ratificación

de avalúo adoptado por el municipio, efectuado y firmado por

la señora ROSA AMPARO GUTIÉRREZ CRUZ, quien aparece

firmando como partícipe y avaladora del avalúo adoptado por

el Municipio, pero que al indagársele, en esa instancia, sobre

el particular y su experiencia para al tipo de actuaciones,

contestó que no era realmente Avaluadora, que ella no hacía

los avalúos ni sabía hacerlos, que aunque era la presidente de

dicha lonja, solo era la encargada de la parte contable de la

empresa.

Expresó que con la expropiación de su inmueble se les generó

un perjuicio económico, consistente en la privación definitiva

del lucro que hasta el momento venían recibiendo por la

explotación económica lícita del inmueble, consistente en una

renta mensual de $3.421.440, que forma parte del sustento

económico de su familia.

Adujo que el Tribunal, en el fallo apelado, concentró sus

esfuerzos a analizar con extremo rigor el avalúo presentado

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por el Auxiliar de la Justicia designado por el Tribunal, pero

otorgó poco o ningún rigor al avalúo objeto de esta demanda y

adoptado por Administración Municipal en los actos

demandados, en el cual sí se evidencian múltiples

inconsistencias e ilegalidades, como se ha advertido desde la

demanda, lo cual constituye o deja entrever una parcialidad de

parte del sentenciador de primer grado, pues el Tribunal se

extendió en análisis y valoraciones respecto de un avalúo que

no era en sí el demandado ni el objeto de la primigenia

inconformidad de los demandantes.

Sostuvo que desde la presentación de la demanda también se

aportaron avalúos practicados por otros peritos avaluadores y

en los cuales se denotan las falencias presentadas en el avaluó

que adoptó el Municipio en el acto administrativo acusado,

pero tales experticias tampoco fueron valoradas por el Tribunal

de primera instancia y de esta manera se viola el debido

proceso de los demandantes y se continúan desconociendo los

hechos y actos ilegales en que, en este proceso se ha probado,

incurrió la Administración Municipal respecto de la fijación del

valor comercial del inmueble de los actores y sus respectivas

indemnizaciones, contentivas de daño emergente y lucro

cesante de su rentable inmueble con el parqueadero.

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Insistió que el análisis que hace el Tribunal no se puede

considerar como avalante del ya demostrado ilegal avalúo que

adoptó el municipio de Villavicencio, en los actos

administrativos que se solicitan declarar nulos, pues el hecho

de que, a juicio del Tribunal, el avalúo presentado por el

Auxiliar de justicia presente inconsistencias, no es, per se,

purgante de la ilegalidad de la cual se ha demostrado está

viciado el avalúo adoptado por la Administración municipal,

máxime cuando la parte demandada realizó tal avalúo con

personal que confesó no tener el perfil, ni el conocimiento, ni

la idoneidad, ni el suficiente conocimiento del predio

expropiado, ni haber aplicado en él cualquiera de los 4

métodos establecidos por la ley, y que desconoció lo

relacionado a la vocación comercial (parqueadero) del

inmueble, no determinó su lucro cesante, y, simplemente, de

manera irresponsable, subjetiva y ligera, sin cumplimiento de

las formalidades y sin hacer los respectivos juramentos de

Ley, estableció los correspondientes valores mediante

encuestas subjetivas y prohibidas.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

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IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para

alegar en esta instancia, la parte actora, mediante escrito

visible en el índice 16 del expediente digital SAMAI, reiteró los

mismos argumentos esgrimidos en la demanda y en la

sustentación del recurso de apelación.

V.2.- En esta etapa procesal, tanto la parte demandada como

el Ministerio Público guardaron silencio.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del

Decreto núm. 032 de 7 de marzo de 2011, por medio del

cual se ordenó la expropiación por vía administrativa del

inmueble urbano ubicado en la Carrera 32A núm. 35-

69/71/75/83, barrio el centro de la ciudad de Villavicencio,

identificado con matrícula inmobiliaria 230-29041, cédula

catastral 01-02-0049-0017-000, de propiedad de los señores

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ARANDA, el cual se requirió para la realización del proyecto

denominado “Proyecto social para la recuperación del espacio

público en la ciudad de Villavicencio”, y que determinó que el

precio indemnizatorio a pagar a los propietarios, conforme al

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avalúo practicado por ese territorial, es la suma de

$201.490.000; y las resoluciones núms. 584 de 1o. de

abril de 2011 y 594 de 7 de abril de 2011, por las cuales

se resolvieron los recursos de reposición interpuestos por la

parte actora, en el sentido de confirmar en todas sus partes el

citado Decreto.

Previo al análisis de fondo, es del caso advertir que la Sala es

competente para resolver los recursos de apelación

interpuestos contra los fallos de primera instancia en aquellos

temas que constituyeron la oposición específica a la decisión

de los Tribunales. De este modo, el estudio y la competencia

del fallador de segunda instancia, se limitará a examinar los

reproches contra los razonamientos y consideraciones que

tuvieron los mismos para resolver las demandas respectivas.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico

a dilucidar en esta instancia consiste en verificar si es

procedente la decisión del Tribunal de denegar las

pretensiones de la demanda y no reconocer indemnización

alguna a la parte demandante por concepto de perjuicios

supuestamente irrogados, la cual se confirmará si se ajusta a

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derecho y a la realidad procesal; o, en caso contrario, se

revocará y emitirá la sentencia que en derecho corresponda.

CASO CONCRETO

La controversia planteada gira en torno a la ilegalidad que, a

juicio de los demandantes, está presente en el Decreto núm.

032 de 2011 y sus confirmatorios las resoluciones núms.

584 y 594 de 2011, por considerar que el avalúo contratado

por el Municipio de Villavicencio y en el cual se sustentaron

esos actos acusados, se realizó sin haber aplicado los métodos

valuatorios contenidos en la Ley, sino en haber determinado el

valor del metro cuadrado del inmueble mediante simples

encuestas, las cuales por expresa previsión de orden legal no

son ningún método ni se pueden tener como determinantes

para establecer un avalúo, así como tampoco, haber

establecido lo relacionado con el lucro cesante por su

reconocida calidad de ser explotado comercialmente mediante

el funcionamiento de un parqueadero.

En relación con el asunto sometido al estudio de la Sala, cabe

advertir que la Sección en la sentencia de 14 de mayo de

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2009 7 , aleccionó sobre los elementos que debe contener la

indemnización, como consecuencia de una expropiación

administrativa, de la siguiente manera:

“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas
con el carácter justo y pleno de las indemnizaciones
expropiatorias

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y
de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes
civiles. En su inciso 4°, modificado por el Acto
Legislativo Nº 1 de julio 30 de 1999, se establece sin
embargo que, “Por motivos de utilidad pública o de
interés social definidos por el legislador, podrá haber
expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos
que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior
acción contencioso-administrativa, incluso respecto
del precio.” (negrillas ajenas al texto)

En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción
de su patrimonio por motivos de utilidad pública o
de interés social debidamente determinados por el
legislador, tiene derecho al pago de una
indemnización de carácter reparatorio y pleno, que
comprenda tanto el valor del bien expropiado, como
el que corresponda a los demás perjuicios que se le
hubieren causado, tal como lo han precisado en
forma reiterada la H. Corte Constitucional y el H.
Consejo de Estado.

En ese mismo sentido, el artículo 17 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789, establece de manera tajante y
asertiva que “Siendo la propiedad un derecho
inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella
sino en caso evidente de necesidad pública,

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14
de mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-
23-31-000-2005-03509-01.

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debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)

El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los
derechos económicos y sociales, que por virtud de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política
de 1991 forma parte del llamado «bloque de
constitucionalidad», prevé igualmente en su artículo
21.2 el pago de una indemnización previa y justa
que cubra la totalidad de los perjuicios que se
deriven de la transferencia forzada de un bien de
dominio privado en favor del Estado. Lo anterior
significa que el valor que se determine con esa
finalidad debe ser comprensivo de todas las
ablaciones patrimoniales causadas, de tal suerte que
las mismas sean objeto de una reparación integral.
Por lo mismo, en la determinación del quantum
indemnizatorio debe tenerse especial cuidado en no
rebasar, en uno u otro sentido, la línea divisoria que
marca las fronteras entre el enriquecimiento y el
menoscabo.

Como bien se puede observar, el principio general
que subyace en estas normas de rango superior,
indica que los daños y perjuicios que se originen en
el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de
propiedad particular para satisfacer con ellos una
necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad
que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación
patrimonial a la cual es sometido de manera
forzada. En otras palabras, el hecho de que en estos
casos el interés general deba prevalecer sobre los
intereses privados, no significa en modo alguno que
por dicha circunstancia queden excluidas las
garantías que la Constitución reconoce en favor del
propietario, pues no puede pretenderse que éste
deba asumir a título personal un detrimento en su
patrimonio, como consecuencia de la ruptura del
principio de igualdad en el reparto de las cargas
públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de
reconocerse al afectado en estos casos como
consecuencia de la transmisión imperativa de su
derecho de dominio, constituye un instrumento para
garantizar que el perjuicio sea transferido a todos

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los miembros de la colectividad y reparado de
manera integral.

Partiendo de las anteriores consideraciones, La H.
Corte Constitucional, mediante sentencia C-153 de
1994 señaló que el quantum de la expropiación debe
abarcar, además del valor del bien expropiado, el de
“…los daños que sean consecuencia directa e
inmediata de la expropiación”. Y agrega: “Por todo
lo anterior, es evidente que la indemnización
prevista en el artículo 58 de la Constitución es
reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante
que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha
sido expropiado.” (Cursivas de la Corte) (…).

En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ,
señala que “[…] la suma a pagar debe cubrir
exactamente el daño que se irrogue al propietario,
sin que éste se empobrezca ni enriquezca, en la
medida que tal resultado pueda razonablemente
alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).

En sintonía con la anterior apreciación, el profesor
RAFAEL BIELSA comenta que “La reparación integral
debe ser justa y razonable” y continúa diciendo,
“…«el justiprecio» es el que representa y restablece
el equilibrio, no, desde luego, nominalmente, sino
realmente, efectivamente.” (negrillas ajenas al
texto)

Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que
la decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de
indemnizar el daño, todo el daño y nada más que el
daño, esto es, sin pecar por exceso o por defecto,
pues es claro que una indemnización que exceda los
límites de lo justo, o que resulte ser parcial o
incompleta, se aparta del postulado de justicia
consagrado por el constituyente.

Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita
o injusta ocasiona un menoscabo o desmedro
económico al patrimonio de la persona afectada con
la expropiación, a quien le asiste el derecho
subjetivo de ser indemnizada conforme a la garantía
constitucional ya mencionada. En caso contrario, el
asunto podrá ser objeto de acción contencioso-
administrativa, puesto que ésta es procedente
respecto del precio, cuando el expropiado considere

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incumplido el mandato de que la indemnización sea
justa y plena. […].”

Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización

en los términos anotados, la autoridad cuenta con

mecanismos legales que le permitan fijar el precio

indemnizatorio y las condiciones para el pago del mismo, así

se desprende de lo consignado en el artículo 61 de la Ley

388, que es del siguiente tenor:

“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones,
o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado
por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad con
las normas y procedimientos establecidos en el
decreto reglamentario especial que sobre avalúos
expida el gobierno. El valor comercial se
determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en
particular con su destinación económica.

La forma de pago del precio de adquisición podrá ser
en dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en
el proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado
fuera de texto).

El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de

adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero

se refiere al valor del inmueble que se establece conforme el

avalúo que para dichos efectos realice la entidad

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correspondiente, el segundo, además de comprender aquel,

contiene el daño emergente y el lucro cesante, así como

los demás perjuicios que merezcan ser reparados para

garantizar una indemnización plena.

En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición,

de manera que si este no cumple con los requisitos legales

que permitan inferir que el valor otorgado fue el resultado de

un estudio técnico apropiado, el precio indemnizatorio se verá

necesariamente afectado. Ahora bien, para que ello no ocurra,

la entidad que realice el avalúo debe seguir las reglas

previstas en el Decreto 1420.

Precisamente, el Decreto mencionado trae, en su artículo 25,

la posibilidad para que las entidades valuadoras empleen uno

de los distintos métodos a saber: a) métodos de comparación

o de mercado, b) de renta o capitalización por ingresos, y c)

de costo de reposición o el residual. Adoptado uno de estos, la

entidad correspondiente deberá seguir las reglas

metodológicas que dicte para dichos efectos el Instituto

Geográfico Agustín Codazzi, en adelante IGAC.

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En el presente asunto, constituye un hecho probado el que la

Corporación Lonja Inmobiliaria de Villavicencio adoptó, en el

Avalúo comercial No. V-001, el método de mercado para

avaluar el bien de la actora, acudiendo para ello a la

realización de encuestas. Por consiguiente, debió ceñirse a las

reglas metodológicas para la aplicación de dicho método y la

elaboración de aquellas, reglas dictadas para la época de los

hechos por el IGAC mediante la Resolución núm. 620 de 2008,

que en sus artículos 1º, 9º y 11, dispuso:

“[…] ARTÍCULO 1º. MÉTODO DE COMPARACIÓN O
DE MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca
establecer el valor comercial del bien, a partir del
estudio de las ofertas o transacciones recientes, de
bienes semejantes y comparables al del objeto de
avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial.
[…]

ARTÍCULO 9o. CONSULTA A EXPERTOS
AVALUADORES O ENCUESTAS. Cuando para la
realización del avalúo se acuda a encuestas, es
necesario tener en cuenta que estas son un apoyo al
proceso valuatorio, pero no son en sí los
determinantes del avalúo. En este sentido, es
necesario que el perito haya realizado previamente la
visita al terreno para conocer la clase de bien que
avalúa.

La encuesta debe hacer referencia al propio bien
investigado y debe constatarse que el entrevistado lo
conoce tanto en sus aspectos negativos como
positivos. Si existen limitantes legales, debe hacerse
mención de ellas para que el encuestado lo tenga en
cuenta en la estimación del valor.

El perito avaluador debe informar con toda claridad
sobre la normatividad urbanística del inmueble. En el
caso de terrenos sin construir, en desarrollo o

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condición similar, se debe aportar al encuestado los
cálculos previos realizados de la potencialidad
urbanística y de desarrollo del predio.

Las encuestas solo se podrán realizar cuando el
perito no haya podido obtener datos (ofertas o
transacciones recientes) o cuando tenga dudas
de los resultados encontrados.

La encuesta debe hacerse con referencia a las
unidades de área que usualmente se utilizan en la
zona (hectárea, fanegada, plaza, cuadra) y
posteriormente hacer la conversión.

La encuesta debe hacerse para unidades de área, y
verificar que al hacer la liquidación del total del área
de avalúo la persona encuestada encuentre razonable
el valor hallado.

Cuando el predio cuente con características diferentes
dentro de él, la encuesta debe hacerse para cada una
de ellas separadamente y no sobre valores promedios.

El perito debe haber hecho una estimación previa del
valor asignable y, cuando la información obtenida en
la encuesta difiera sustancialmente del encontrado,
deberá manifestarlo para que el encuestado pueda
explicar las posibles razones de tal diferencia.

En la selección de la persona a investigar debe tenerse
en cuenta el conocimiento que tenga del mercado y la
idoneidad de ella, además que no tengan interés
directo en el bien.

Los valores obtenidos por encuesta no se podrán
incluir como parte de la definición del precio y, por lo
tanto, no podrán incluirse o promediarse con los
valores encontrados en el mercado. Esta prohibición
se aplica tanto a las valoraciones puntuales como a las
técnicas masivas de valoración.

PARÁGRAFO. En el caso de que el avalúo se
soporte únicamente en encuestas, el perito deberá
dejar constancia bajo gravedad de juramento, escrita
en el informe que la utilización de esta modalidad se
debe a que en el momento de la realización del avalúo
no existían ofertas de venta, arriendo, ni
transacciones de bienes comparables al del objeto de
estimación.
[…]

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ARTÍCULO 11. DE LOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS
ESTADÍSTICOS Y LA ASIGNACIÓN DE LOS
VALORES. Cuando para el avalúo se haya utilizado
información de mercado de documentos escritos,
estos deben ser verificados, confrontados y ajustados
antes de ser utilizados en los cálculos estadísticos.

Se reitera que la encuesta solo se usará para
comparar y en los eventos de no existir mercado. En
los casos que existan datos de ofertas, de
transacciones o de renta producto de la aplicación de
los métodos valuatorios, la encuesta no podrá ser
tenida en cuenta para la estimación del valor medio a
asignar.

Para tal fin es necesario calcular medidas de tendencia
central y la más usual es la media aritmética. Siempre
que se acuda a medidas de tendencia central, es
necesario calcular indicadores de dispersión tales
como la varianza y el coeficiente de variación (Ver
Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas).

Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más
(+) o a menos (-) 7,5%, la media obtenida se podrá
adoptar como el más probable valor asignable al bien.

Cuando el coeficiente de variación sea superior: a más
(+) o a menos (-) 7,5%, no es conveniente utilizar la
media obtenida y por el contrario es necesario reforzar
el número de puntos de investigación con el fin de
mejorar la representatividad del valor medio
encontrado.
En caso de que el perito desee separarse del valor
medio encontrado, deberá calcular el coeficiente de
asimetría (ver Capítulo VII De las Fórmulas
Estadísticas) para establecer hacia dónde tiende a
desplazarse la información, pero no podrá sobrepasar
el porcentaje encontrado en las medidas de
dispersión.

Cuando las muestras obtenidas sean para hallar el
valor de las construcciones y se quieran trabajar en un
sistema de ajuste de regresión, será necesario que se
haga por lo menos el ajuste para tres ecuaciones (ver
Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas) y se tomará
la más representativa del mercado […]” (Destacado
fuera de texto).

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Respecto a la aplicación de las anteriores normas, se tiene que

a folios 65 a 97 del Cuaderno núm. 1 obra el Avalúo

Comercial No. V-001, de noviembre de 2010, del inmueble

urbano ubicado en la Carrera 32 A N° 35 – 69/71/75/83, del

Barrio el Centro, de la ciudad de Villavicencio – Meta, de

propiedad de los señores CARMEN LILIA CIRO DE ROJAS y

EDGAR BOLAÑOS ARANDA. En los puntos 1, 2, 9, 10.1.1.,

11 y 12 de dicho documento, se describe, además del método

de valoración adoptado, lo siguiente:

“[…] 1. METODOLOGÍA

Para la determinación del Valor Comercial del Predio en área
de actividad Comercial Urbana (AAC2) y ronda hídrica, en
Referencia, se atendió en su integridad el Decreto 1420 de
1998 y se visitó técnicamente el predio, ubicado
actualmente en la parte Central del municipio de
Villavicencio, en la Carrera 32 A N° 35-69/71775/83, del
Barrio El Centro, con el propósito de realizar el
correspondiente análisis en el sector donde se localiza y
dentro de este proceso se tuvieron presentes los siguientes
aspectos:
A) FACTORES DE CARÁCTER GENERAL
[…]
B) FACTORES DE CARÁCTER ESPECÍFICO
[…]
C) FACTORES DE CARÁCTER PROFESIONAL.
[…]

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

[…]
TIPO DE INMUEBLE: Lote con local comercial
[…]
DESTINACION ACTUAL: Actualmente Parqueadero
[…].

9. METODOLOGIA VALUATORIA

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Para el terreno se utiliza el método de COMPARACIÓN 0
DE MERCADO con investigación económica directa a
través de encuestas realizadas con peritos de la lonja
Inmobiliaria de Villavicencio y que son conocedores del
sector, estos datos son analizados, homogenizados y
procesados estadísticamente para determinar el justivalor
comercial del inmueble.

Para la Construcción se utilizó el Método de COSTO DE
REPOSICIÓN, que es el costo de repetir o reproducir una
construcción o unas mejoras. Para poder repetirlo se
necesita construirlo de nuevo y luego hacer la Depreciación
respectiva de acuerdo a su vetustez.

10. CONSIDERACIONES FINALES
[…]

10.1.1. UTILIZACIÓN ECONOMICA ACTUAL DEL
INMUEBLE: RENTABILIDADA:
[…]
Actualmente el predio tiene una actividad económica
comercial (Parqueadero y tienda).
[…].

10.1.2. ACTUALIDAD EN DESARROLLO DE LA ZONA:
VALORIZACIÓN:

Dinámica baja

10.1.3. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y LA
DEMANDA DE ESTE TIPO DE INMUEBLES EN LA ZONA:

Demanda: baja Oferta: baja

11. MARCO JURÍDICO DE LAS RONDAS HIDRAULICAS
[…]

12. INVESTIGACION ECONÓMICA

12.1. INVESTIGACIÓN DIRECTA: En la investigación
realizada para determinar el valor comercial del terreno y
construcciones, se adelantaron encuestas con peritos
avaluadores, Ingenieros y Arquitectos de la Lonja
Inmobiliaria de Villavicencio, se ilustró a los
encuestados sobre el tema mediante planos, ubicación y
fotografías del inmueble, se orientó la encuesta a precisar el
valor de las construcciones, y se concluyeron los siguientes
resultados:

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AVALUADOR RNA. VR. M2 VR. M2 LOCAL
MI TERRENO
Juan Carlos Agudelo Duarte 527 $190.000 $600.000
William H. Cuastumal Arteaga 254 $185.000 $570.000
Jorge Andrés Molina Romero 522 $190.000 $580.000
Javier E. Aranda Hernández 521 $160.000 $570.000
Wilson F. Betancourt Murcia 176 $180.000 $620.000
Rosa Amparo Gutiérrez Cruz 1.037 $175.000 $600.000

Medida Aritmética $180.000 $590.000
Desviación Estándar 11.402 20.000
Coeficiente de Variación 6,33 3,39

AVALUADOR RNA. VR. M2 VR. M2
MI COBERTIZO CERRAMIENTO
Juan Carlos Agudelo Duarte 527 $45.000 $175.000
William H. Cuastumal Arteaga 254 $42.000 $168.000
Jorge Andrés Molina Romero 522 $45.000 $170.000
Javier E. Aranda Hernández 521 $44.000 $170.000
Wilson F. Betancourt Murcia 176 $42.000 $150.000
Rosa Amparo Gutiérrez Cruz 1.037 $40.000 $160.000

Medida Aritmética $43.000 $165.000
Desviación Estándar 2.000 9.028
Coeficiente de Variación 4,65 5,45

12.1.2 VALORES ADOPTADOS

12.1.2.1. VALOR COMERCIAL POR M2 DE TERRENO $ 180.000,00
12.1.2.1. VALOR COMERCIAL POR M2 DE LOCAL $ 590.000,00
12.1.2.1. VALOR CUOMERCIAL POR M2 DE COBERTIZO $ 43.000,00
12.1.2.1. VALOR COMERCIAL POR M2 DE CERRAMIENTO $165.500,00

12. CERTIFICADO DE AVALUÓ COMERCIAL No. V-001

DIRECCIÓN ÁREA VALOR TOTAL
(M2) UNITARIO
Predio ubicado en la Carrera
32 A N° 35 – 69/71/75/83 del
Barrio El Centro del Municipio
de Villavicencio, Identificado
con el No. Catastral 01-02-
0049-0017-0000 y Matricula
Inmobiliaria No. 230-29041
TERRENO 820,00 $180.000 $147.600.000
LOCAL COMERCIAL 42,65 $590.000 $25.163.500
COBERTIZO 364,00 $43.000 $15.652.000
MURO DE CERRAMIENTO 79,O $165.000 $13.074.500

VALOR COMERCIAL $201.490.000

“CERTIFICAMOS BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD QUE EL VALOR
COMERCIAL DE LAS MEJORAS AVALUADAS ES DE: DOCIENTOS UN
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL
($201.490.000,oo). […]” (Destacado fuera de texto).

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Dicho documento aparece firmado por ROSA AMPARO

GUTIÉRREZ CRUZ, en su condición de Presidente, Matrícula

RNA -MI No. 1.037, y por JUAN CARLOS AGUDELO DUARTE,

del Comité de Avalúos, Matrícula RNA – MI No. 0527.

En su oportunidad los demandantes solicitaron la revisión de

dicho avaluó8, al tener observaciones del mismo, por lo que se

corrió traslado a la Corporación Lonja Inmobiliaria de

Villavicencio, la cual, mediante oficio de 23 de marzo de 20119

dio respuesta, comentando, en síntesis, que se ratificaba y

reafirmaba el avalúo núm. V-001, realizado al predio ubicado

en la Carrera 32 A No. 35-69/71/75/83, y reiteró que el

mismo contiene los valores que se ajustan a la realidad en una

transacción de mercado inmobiliario, de acuerdo con las

características intrínsecas del inmueble.

Para ello, indicó que se siguieron las directrices de la

Resolución 620 de 2008, así como el Decreto 1420; que utilizó

el método de comparación o de mercado; que no es de su

competencia indagar los ingresos ni mucho menos balances de

la entidad comercial que explota el inmueble, pero que sí sería

importante ver los impuestos que dicha entidad comercial está

8
Folio 65 a 72 del C. Anexos.
9
Folio 104 a 106 del C. Anexos.

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pagando a la alcaldía, los cuales demostrarían supuestamente

los ingresos que está obteniendo mensualmente; que el avalúo

comercial núm. V-001 se soportó únicamente en encuestas, ya

que no existen transacciones de bienes comparables al del

objeto de estimación, como lo señala la Resolución 620 de

2008, en el sentido que fuera un predio con uso comercial y

ubicado en ronda hidráulica.

Posteriormente, la Alcaldía de Villavicencio, al no haberse

llegado a un acuerdo de enajenación voluntaria, mediante el

Decreto 032 de 7 de marzo de 2011, decidió la

expropiación del referido inmueble de los actores, el cual se

requirió para la realización del proyecto denominado “Proyecto

social para la recuperación del espacio público en la ciudad de

Villavicencio”, conforme quedó expresado en la declaratoria de

la existencia de condiciones de urgencia por razones de

utilidad pública e interés social; y determinó que el precio

indemnizatorio a cancelar a los propietarios, corresponde a

$201.490.000.

Contra la anterior decisión, los demandantes, mediante

memorial de 5 de abril de 2011 10 , interpusieron recurso de

10
Folio 57 a 60 de C. Anexos.

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reposición, los cuales fueron decidido por la Alcaldía de

Villavicencio, a través de las resoluciones núms. 584 de 1°

de abril de 2011 y 594 de 7 de abril de 2011 11, en el

sentido de confirmar el Decreto 032 de 7 de marzo de

2011,

DE LA RESOLUCIÓN DEL CASO

De conformidad con lo puesto de presente anteriormente, la

Sala observa que en el Avalúo Comercial núm. V-001,

realizado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de

Villavicencio, el perito deja constancia que se visitó

técnicamente el predio ubicado en la carrera 32 A N° 35-

69/71/75/83, con el propósito de realizar el correspondiente

análisis en el sector donde se localiza y dentro del proceso se

tuvieron presente los aspectos como:

“[…]

A) FACTORES DE CARRÁCTER GENERAL: se analizaron los
niveles temporarios de oferta y demanda que permiten
determinar los procesos de valorización o desvalorización y
que visiblemente inciden directamente sobre los precios del
inmueble en estudio.
B) FACTORES DE CARÁCTER ESPECÍFICO: Permitieron conocer y
analizar los aspectos específicos del inmueble, relacionándolos
con la disponibilidad de servicios, desarrollos viales actuales y
futuros, características intrínsecas del predio, y otros aspectos
inherentes al inmueble.
C) FACTORES DE CARÁCTER PROFESIONAL: subjetivos del
avaluador, basados en la experiencia, el conocimiento del
mercado y el análisis en perspectiva de la zona del sector y

11
Folio 99 a 102 del C. Anexos.

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alrededores, en función del estado actual del mercado
inmobiliario, todo lo cual es de vital importancia en la
cualificación, cuantificación y maduración del Precio Comercial
a calcular. […]”.

Asimismo, en lo que se refiere a la memoria descriptiva, se

deja constancia que la CLASE DE AVALÚO: Comercial; TIPO DE

INMUEBLE: Lote con local comercial; DESTINACIÓN

ACTUAL: Actualmente Parqueadero; LOCALIZACIÓN: El

predio se encuentra ubicado en el sector central del municipio

de Villavicencio; FECHA DE LA INSPECCIÓN OCULAR: Octubre

28 de 2010.

Respecto a los aspectos jurídicos, en dicho avalúo se describen

los títulos observados, nombre de los propietarios, TIPO DE

PROPIEDAD: Lote comercial en ronda hídrica, las normas

urbanas que se aplican al predio según el Acuerdo núm. 021

de 4 de septiembre de 2002, donde se determina como Área

de Actividad Comercial Urbana (A.A.C.”); Área del lote 820,0

M2; también se describen las características de la

construcción, que se trata de un lote con un cerramiento de

73,0 metros lineales, el cual tiene construido 364,0 M2 de

cobertizo para parqueadero de carros y 42,65 M2 de Local

Comercial y bodegaje.

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En relación con el entorno del inmueble, se manifiesta, en el

avalúo, que cuenta con una buena infraestructura de servicios

públicos, así como de transporte, que la actividad

predominante en el sector tiene una vocación destinada

especialmente al área de actividad comercial y, la perspectiva

de valorización es baja para el sector, por tratarse de un área

conocida como la calle del zodiaco, aun cuando se trata de una

zona comercial.

También, se consigna, en dicho avalúo, las variables que

intervienen en la nivelación para la determinación del justo

precio del inmueble, teniendo en cuenta las variables

endógenas y exógenas, que influyen directamente sobre el

precio comercial, como son: a) Oferta y demanda de

inmuebles en el sector; b) Ubicación particular del inmueble,

residenciales, Institucionales y comerciales locales y zonales;

c) La reglamentación y normatividad de la zona, la dotación

particular del inmueble con respecto a los desarrollos

habitacionales y comerciales de los inmuebles denominados

como tales en su uso y desarrollo habitacional; d) Servicios

públicos presentes y futuros en el área; e) Las condiciones

actuales de existencia y construcción en la zona y alrededores,

de inmuebles comparables en áreas de terreno, riqueza

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arquitectónica, vetustez y usos alternativos; f) el Socio-

Económico de los pobladores y visitantes del sector, grado de

seguridad, así como de las zonas y sectores que lo rodean, y

disponibilidad n el área de construcciones con la dotación

presentada; y g) Determinación actualizada del valor de

la rentabilidad: por arrendamiento de inmuebles, y de

inmuebles que presentan características similares en

uso.

Respecto a la metodología valuatoria para el terreno se señala

que se utiliza el Método de COMPARACIÓN o DE MERCADEO

con investigación económica directa a través de encuestas

realizadas con peritos de la Lonja Inmobiliaria de

Villavicencio que son conocedores del sector, datos que

son analizados, homogenizados y procesados estadísticamente

para determinar el justivalor comercial del inmueble; y que

para la construcción se utilizó el Método de COSTO DE

REPOSICIÓN, que es el costo de repetir o reproducir una

construcción o unas mejoras.

Sobre este avalúo del inmueble, la Sala debe precisar que no

le asiste razón al recurrente, cuando sostiene que el mismo

carece de las exigencias regladas para adelantar una labor de

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este tipo conforme el método de mercado, al haber utilizado el

método de encuestas, lo cual, a su juicio, no es viable por

estar prohibido por la ley.

Al respecto, la Sala debe advertir que “las encuestas”,

contrario a lo afirmado por la parte demandante, es un medio

que se puede utilizar cuando el perito, para realizar el avalúo

de un bien, no haya podido obtener datos (ofertas o

transacciones recientes) o cuando tenga dudas de los

resultados12, que para el caso en estudio, el avalúo se soportó

únicamente en encuestas ya que, como lo informa el perito, no

se encontraron transacciones de bienes comparables al del

objeto de estimación por estar ubicado en ronda hidráulica, las

cuales constituyen áreas o ecosistemas estratégicos para la

conservación del recurso hídrico, de conformidad con los

artículos 83 13 y 137 14 del Código Nacional de Recursos

12
De conformidad con lo previsto en el artículo 9o. de la Resolución 620 de 2008.
13
“[…] ARTICULO 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e
imprescindibles del Estado:
a). El álveo o cauce natural de las corrientes;
b). El lecho de los depósitos naturales de agua.
c). Las playas marítimas, fluviales y lacustres;
d). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y
lagos, hasta de treinta metros de ancho;
e). Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares;
f). Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas […]”.
14
“[…] ARTICULO 137. Serán objeto de protección y control especial:
a). Las aguas destinadas al consumo doméstico humano y animal y a la producción de
alimentos;
b). Los criaderos y habitats de peces crustáceos y demás especies que requieran manejo
especial;
c). las fuentes, cascadas, lagos y otros depósitos o corrientes de aguas, naturales o
artificiales, que se encuentren en áreas declaradas dignas de protección.
En los casos previstos en este artículo se prohibirá o condicionará, según estudios técnicos, la
descarga de aguas negras o desechos sólidos, líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes
industriales o domésticas.[...]”.

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Naturales Renovables, y teniendo en cuenta el artículo 15 del

Acuerdo núm. 021 de 4 de septiembre de 200215, por medio

del cual se modifica el POT del Municipio de Villavicencio.

Además, conforme a lo señalado al referido artículo 1516, hace

parte del suelo de protección del Municipio, lo cual constituye

una limitación y dificultad para la comercialización de los

inmuebles que se encuentren en ronda hidráulica y conlleva a

que se dificulte que se encuentren transacciones de inmuebles

de similares características dentro del mismo sector, que

permitan comparar con el inmueble objeto de avalúo, y que,

por ende, se haga perfectamente válido que, al no obtener

datos de ofertas o transacciones recientes, se realice el avalúo

soportado únicamente en encuestas, de acuerdo con lo

previsto en el numeral 4°, del artículo 9º, de la Resolución 620

de 2008 y lo dispuesto en el parágrafo, del artículo 9°, ibidem,

que establece que los avalúos se pueden soportar

únicamente en encuestas dejando el perito constancia, bajo

la gravedad del juramento (cabe advertir que dicho juramento
15
Folio 69 del C.1.
16
“[…] Artículo 15.- El artículo 33 del Plan de ordenamiento territorial quedará así: Suelo de
Protección. Está constituido por todas las zonas y áreas de terrenos localizados en suelo
urbano, rural o de expansión urbana, que por sus características geotécnicas, por sus valores
ambientales, naturales o paisajísticos convenientes de preservar, o por ser requeridos,
conforme a este Plan de Ordenamiento o a los Instrumentos que lo desarrollen, para las zonas
de utilidad pública para la construcción de obras públicas o de urbanismo primario del
municipio tales como vías vehiculares o peatonales, redes matrices de servicios públicos
domiciliarios, obras de ornato, parques, zonas verdes y equipamientos de escala urbana, no
pueden ser urbanizados ni construidos por particulares. Incluye, entre otras, áreas forestales,
parques ecológicos, área de nacimiento, retiros de quebradas y otras fuentes de agua; así
como las áreas de amenaza y riesgo no mitigable por fenómenos naturales o tecnológicos
para la localización de asentamientos humanos. [..]”.

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que se considera rendido, por el solo hecho de la firma17), escrita

en el informe que la utilización de esta modalidad se debe a

que en el momento de la realización del avalúo no existían

ofertas de venta, arriendo ni transacciones de bienes

comparables al del objeto de estimación, como ocurrió en el

presente caso.

Por lo tanto, la afirmación hecha por los demandantes

respecto a la ilegalidad de soportar el avaluó solo en

encuestas, no encuentra respaldo jurídico, ya que, es la norma

misma la que establece dicha posibilidad, siendo este un

medio por el cual se obtiene la información en aplicación del

método de comparación o de mercadeo.

Sumado a ello, la Sala considera que en dicho avalúo se

cumplió con la ritualidad prevista en el artículo 9° de la

Resolución 620 de 2008, para cuando el avalúo se realiza

mediante consulta a expertos avaluadores o encuestas, por

cuanto el perito realizó visita previa al predio con el propósito

de realizar el correspondiente análisis del sector donde se

localiza, determinando los factores de carácter general,

específicos y profesionales, los cuales tienen relevancia a fin

de determinar el precio comercial del predio; se informó a los
17
Código de Procedimiento Civil, en su artículo 243, inciso 4.

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entrevistados tanto de los aspectos negativos como de los

positivos, de las limitaciones legales, la normatividad

urbanística del inmueble; las encuestas se realizaron por

unidad de área y las diferentes características dentro de él

separadamente; para las encuesta se seleccionaron personas

idóneas que cuentan con el conocimiento del mercado

inmobiliario como peritos avaluadores, Ingenieros y

Arquitectos de la Lonja Inmobiliaria de Villavicencio, los cuales

aparecen identificados por sus nombre, apellidos y el número

de Matricula del Registro Nacional de Avaluadores, a quienes

se les ilustró sobre el tema mediante planos, ubicación y

fotografías del inmueble y se orientó la encuesta a precisar el

valor de las construcciones haciendo una estimación previa

del valor asignable a cada una por metro cuadrado, arrojando

los siguientes valores:

Área M2 Valor M2 Valor
TERRENO 820,00 $180.000 $147.600.000
LOCAL COMERCIAL 42,65 $590.000 $25.163.500
COBERTIZO 364,00 $43.000 $15.652.000
MURO DE CERRAMIENTO 79,O $165.000 $13.074.500

VALOR COMERCIAL Total $201.490.000

Como puede verse, en el avalúo claramente se exponen los

valores que se tuvieron en cuenta, según el método

comparativo y de mercado (encuestas), para establecer el

precio del inmueble por metro cuadrado y calcular así el valor

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total del mismo. De ahí que, para la Sala, dicho avalúo cumple

en principio con los requisitos de idoneidad, coherencia y

sustentación técnica, ajustándose a los fines legales que con él

se persiguieron.

En lo concerniente a lo manifestado por los demandantes

referente al justo precio indemnizatorio, al considerar que no

se tuvo en cuenta la actividad económica que se desplegaba

en el inmueble antes de la expropiación administrativa, la cual

consistía en el funcionamiento de un parqueadero administrado

por un tercero y del cual recibían un canon de arrendamiento,

la Sala debe señalar que si bien la norma prevé varios

métodos para la realización de los avalúos, no le impone al

perito la aplicación de todos ellos al momento de realizar el

respectivo avalúo, sino que podrá efectuarlo utilizando uno o

varios de ellos que considere idóneos o relevantes para cumplir

con el objeto para el que fue designado18.

18
“[…] Artículo 25º.- Para la elaboración de los avalúos que se requieran con fundamento en
las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, se deberá aplicar uno de los siguientes métodos
observando los parámetros y criterios mencionados anteriormente o, si el caso lo amerita
varios de ellos: el método de comparación o de mercado, el de renta o capitalización por
ingresos, el de costo de reposición o el residual. La determinación de las normas
metodológicas para la utilización de ellos, será materia de la resolución de que trata el artículo
23 del presente Decreto.

Para aplicar un método diferente a los enumerados en el inciso anterior, se requiere que
previamente se someta a estudio y análisis tanto en los aspectos conceptuales como en las
aplicaciones que pueda tener su aplicación. Dicho estudio y análisis serán realizados por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y, si éste lo encontrara válido lo adoptará por resolución
de carácter general.

Artículo 26º.- Cuando las condiciones del inmueble objeto del análisis permitan la
aplicación de uno o más de los métodos enunciados en el artículo anterior, el
avaluador debe realizar las estimaciones correspondientes y sustentar el valor que se
determine. […]” (Destacado fuera de texto).

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Es así como la Lonja Inmobiliaria de Villavicencio, por medio

del perito designado, dentro de la metodología valuatoria

adoptada, -método de comparación de mercado y costo de

reposición-, para determinar el valor por metro cuadrado a

reconocer como justo precio por concepto de terreno, local,

cobertizo y cerramiento objeto de la expropiación

administrativa, en dicho avalúo, dentro del ítem “2. MEMORIA

DESCRIPTIVA”, deja constancia que se trata de un lote con

local comercial cuya destinación actual es la de

parqueadero.

Asimismo, se observa que dentro del ítem del avalúo “8.

VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA NIVELACIÓN DE

PRECIOS” a tener en cuenta, está la “determinación

actualizada del valor de la rentabilidad por arrendamiento

de inmuebles, y de inmuebles que presenten características

similares en uso”.

Igualmente, en el numeral “10.1.1. UTILIZACIÓN

ECONÓMICA ACTUAL DEL INMUEBLE: Rentabilidad”, se

expresa que “actualmente el predio tiene una actividad

económica comercial (parqueadero y tienda)”, datos estos que

fueron puestos a disposición de los expertos entrevistados,

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además, de lo relativo al plano, ubicación y registro fotográfico

del inmueble objeto de avalúo, como también los contextualizó

acerca de las características de terreno, la actividad económica

a la cual estaba destinada el predio, las construcciones

existentes, que debían ser de conocimiento de los peritos

encuestados para determinar el valor por metro cuadrado de

cada una características diferentes dentro del predio.

Por lo anterior, para la Sala son de recibo y avaladas las

conclusiones a las que al respecto arribó el Tribunal cuando

manifestó:

“[…] Bajo ese entendido, la Sala considera que los
valores por metro cuadrado otorgados dentro del
avalúo adelantado por la Corporación Lonja
Inmobiliaria le Villavicencio atendiendo a los métodos
de comparación o de mercado y costo de reposición
previstos en el Decreto 1420 de 1998 y
reglamentados a través de la Resolución 620 de 2008,
se hicieron previendo entre otras cosas, la
explotación económica que se ejercía en el
inmueble de propiedad de los demandantes […]”
(Destacado fuera de texto).

Sobre el particular, cabe mencionar que la Sala ya ha tenido

oportunidad de pronunciarse acerca de los avalúos comerciales

practicados por las entidades legalmente autorizadas, a

efectos de fijar el valor de la indemnización en los eventos de

expropiación por vía administrativa y ha concluido que aun

cuando en el informe técnico no se precisen las operaciones o

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la forma como fueron calculados los valores a partir de los

cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la medida en que

dicho precio hace parte del acto administrativo mediante el

cual se dispone la expropiación, se presume ajustado o

calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde al

interesado desvirtuar tal presunción.

En efecto, en la citada sentencia de 14 de mayo de 2009, la

Sala precisó:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el
avalúo elaborado por la Subsecretaría de Catastro
Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno
principal, se anuncia que el precio del inmueble
establecido por la administración se determinó como
resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en
deducir el precio por comparación de transacciones,
oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo,
conformación y localización entre otros”, y aunque
se asegura que “Se han consultado las estadísticas y
avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a
la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre
operaciones y avalúos efectuados recientemente
sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en
ninguno de los apartes de dicho documento ni
en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o
los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta
para hacer la anunciada comparación, lo cual
permite concluir que contra el justiprecio realizado
por esa dependencia municipal cabrían exactamente
las mismas críticas que el apoderado del Municipio
demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la
ausencia de la mencionada información, el
avalúo practicado por la Subsecretaría de
Catastro Municipal también estaría desprovisto
de argumentos técnicos y de apoyo probatorio.

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No obstante lo anterior, al haberse incorporado
dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse
que el mismo se encuentra amparado por la
misma presunción de legalidad y de certeza
que se predica de las decisiones de la
administración, lo cual admite desde luego prueba
en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene
la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección […].” (Destacado
fuera de texto).

Y, posteriormente, la Sección Primera en sentencia de 14 de

septiembre de 2020 19, señaló que se debe convencer al juez

del error en el que ha incurrido la Administración al fijar un

monto específico para la indemnización.

Asimismo, precisó que el justo precio de la indemnización

expropiatoria se encuentra amparado por la presunción de

legalidad del acto administrativo que lo acoge, lo que significa

que el avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto

administrativo que ordena la expropiación, por lo que deberá

ser desvirtuado a través de los medios de prueba establecidos

en el ordenamiento jurídico. Así, discurrió la Sala:

“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar
la presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo utilizado por la administración recae sobre el

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14
de septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-
000-2007-00419-01.

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demandante. Para lo cual, no será suficiente
señalar y atacar los métodos que se utilizaron,
sino que se debe convencer al juez del error en
el que ha incurrido la Administración al fijar un
monto específico para la indemnización.

Esta Corporación ya se ha pronunciado en repetidas
ocasiones, en el sentido de establecer que el justo
precio de la indemnización expropiatoria se
encuentra amparado por la presunción de
legalidad del acto administrativo que lo acoge; lo
que significa que el avalúo técnico brinda
soporte legal y fáctico al acto administrativo que
ordena la expropiación, por lo que deberá ser
desvirtuado a través de los medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico.

“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor
tampoco logró desvirtuar la presunción de legalidad
que cobija los actos administrativos demandados que
acogieron ese justiprecio, pues al no obrar en el
expediente ningún medio de prueba que permita
demostrar que el avalúo fijado por la administración
fuese incorrecto, no hay ninguna razón para decretar
la nulidad parcial deprecada por el actor en lo relativo
al precio indemnizatorio.” 20[…]” (Destacado fuera de
texto).

En tal sentido, para la Sala, es claro que, en este caso,

correspondía al demandante probar que el valor comercial del

inmueble calculado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de

Villavicencio, a instancias del Municipio de Villavicencio, no

estaba ajustado a los parámetros y criterios dispuestos en el

Decreto 1420 y que, por tanto, no indemnizaba de manera

justa y plena los perjuicios causados con la expropiación, en

cuanto al valor del inmueble se refiere.

20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del
14 de mayo de 2009. Radicación: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente:
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.

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En lo concerniente a lo manifestado por los demandantes, al

considerar que con la expropiación de su inmueble les generó

un perjuicio económico consistente en la privación definitiva

del lucro que hasta el momento venían recibiendo por la

explotación económica lícita del inmueble, consistente en una

renta mensual de $3.421.440, que forma parte del sustento

económico de su familia, se debe señalar que el carácter

resarcible del daño en este caso depende fundamentalmente

de la demostración de su ocurrencia, de modo que una simple

conjetura o una suposición no puede dar lugar a una

indemnización.

Los daños directamente vinculados con la pérdida del derecho

de dominio, deberán considerarse independientemente del

avalúo, y acreditarse en el proceso por quien reclama su

resarcimiento, ya sea por tratarse de lesiones ya causadas o

de daños que si bien no se han producido todavía, existe una

alta probabilidad de su ocurrencia, teniendo los interesados la

carga de impulsar dicha reclamación, ya que, de no ser así, a

la administración solo le asiste el deber legal de pagar el

precio resultante del avalúo comercial. Muy a pesar de la

validez de lo precedentemente manifestado, es claro que en

esta oportunidad los demandantes no aportaron prueba

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durante la actuación administrativa que así lo demostrara,

como la declaración de impuesto de industria y comercio y la

cancelación de dicho impuesto, según lo previsto en el

numeral 4, del artículo 21, de la Resolución 620 de 2008, que

dispone:

“[…] Para estimar el monto de la compensación de las
rentas o ingresos que se dejan de percibir por una
limitación temporal o definitiva (numeral 6 del artículo
21, Decreto 1420 de 1998) se deberán tener en
cuenta:

– Las declaraciones para efectos tributarios.

– El balance contable que se presente para la Cámara
de Comercio.

En caso de que la empresa no esté obligada a
presentar ninguna de las anteriores, deberá probar
la utilidad neta del negocio de por lo menos los seis
meses anteriores, mediante un estado de pérdidas y
ganancias mensual firmado por un contador público
titulado, con matrícula profesional vigente. […]”.
(Destacado fuera de texto).

Y, como se infiere de los considerados consignados en la

Resolución 584 de 2011, acusada, mediante la cual se

resolvió el recurso de reposición interpuesto contra en acto

administrativo de decreto la expropiación, dichas constancias

no fueron aportadas los demandantes, y así se expresó:

“[…] El recurrente indica que su predio representa una
rentabilidad, afirmación que le sirve de soporte para
solicitar el reconocimiento de unos valores, pero esta
solicitud no se encuentra soportada en prueba

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alguna, solo está soportado en su dicho, razón por la
cual el Municipio no hará pronunciamiento por ser una
apreciación del recurrente; en este caso la
declaración de impuesto de industria comercio y la
cancelación de dicho impuesto hubiera sido de
gran utilidad para soportar lo dicho por el
recurrente.[…]” 21(Destacado fuera de texto).

Así las cosas, ante el incumplimiento de la carga que tenían

los demandantes de soportar lo concerniente al daño sufrido a

título de lucro cesante, a la administración solo le correspondía

el pago de lo establecido en el avalúo practicado a instancia

suya.

Ahora bien, en el decurso del proceso se ordenó por el

Tribunal prueba pericial, designándose para practicarla al

perito NELSON ENRIQUE ALBARRACÍN, quien presentó dicho

experticio el 14 de septiembre de 2016 22 , cuyo dictamen

consta de los siguientes datos:

“[...] 5. SUSTENTACIÓN DEL AVALÚO

Para la determinación del justo precio, además de todo
lo anteriormente descrito en el presente avalúo
comercial, se han tenido en cuenta las siguientes
variables endógenas y exógenas (objetivas y subjetivas)
que influyen directamente sobre el precio y para su
calificación; esto son los siguientes:

• Oferta y demanda del inmueble en el sector
específico o con otros sectores similares.
• Localización dentro del sector.

21
Folio 49 del C.1.
22
Folio 379 a 400 del C.2.

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• La reglamentación de la zona y del precio
particularmente.
• Servicios públicos y privados
• Posibilidad de valorización
• Las condiciones actuales de oferta y demanda de
la zona de inmuebles te laguna manera
comparables con el que es objeto del presente
avalúo
• Posibilidades de valorización
• Nivel socioeconómico de los pobladores del sector
o sus alrededores.
• Estudio de plano, normas y demás (Potencial de
Desarrollo).
• Funcionalidad
• Para la correcta aplicación del método comparativo
o de mercado con tablas de homogeneización, se
tomaron en cuenta 5 inmuebles (testigos)
homogéneos en el sector, respecto de los cuales
se obtuvo el precio del 12 de venta para cierre de
negocio y con encuesta por haber poca oferta le
venta en el sector objeto de homogenización. Es
de precisar que una vez se hizo contacto con los
vendedores de los inmuebles, los mismos
manifestaron precios superiores al de venta. Sin
embargo, la labor del avaluador fue la de indagar
sobre los precios de cierre de venta, los ales son
inferiores al inicialmente manifestado, ya que
normalmente el vendedor guarda un margen de
negociación que generalmente es de un 10% y por
ello acostumbra a pedir inicialmente un precio
superior al que realmente estaría dispuesto a
transar (vender) el inmueble. Teniendo en cuenta
la anterior observación se aplicó la resta del 10%
al precio original propuesto por los encuestados o
las personas que están vendiendo su predio.
• El lote por estar en ronda de rio se castiga con el
20%.

6. METODOLOGIA COMPARATIVA,
HOMOGENEIZACION

De acuerdo con la Resolución 620 de 2008 del I.G.A.C.,
se aplicó el método comparativo o de mercado, el cual
tiene respaldo en el estándar internacional de avalúos
I.S.V.C.

En los métodos de valoración aplicables en Colombia y la
(UPAV) Unión Panamericana de Avaluadores y del
(I.V.S.C) Internacional Valuation Standard Comitee, se
opta por acudir al método comparativo o de mercado
antes de acudir a otros métodos. Este método es

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aplicable por excelencia y consiste en comparar
inmuebles semejantes aplicando técnicas de
homogeneización.

[…] 7. CALCULO DEL VALOR

El valor del terreno según el IGAC es de 820 m2.

El valor del metro cuadro según homogenización
realizada a través de oferta y encuesta a inmuebles
dedicados al servicio de parqueadero en el centro de
Villavicencio, dio como resultado un valor de
$2.600.478.00, (Dos millones seiscientos mil
cuatrocientos setenta y ocho pesos m/cte.), valor
reflejado en la tabla de homogenización arriba descrita.

Por encontrarse el inmueble en ronda de rio, es objeto
de castigo del 20% en el valor total del avalúo del
predio. El castigo no es mayor, ya que por la ronda del
caño Gramalote se encuentran edificaciones que fueron
construidas justo sobre la ronda, confirmando que es
una constante en el municipio de Villavicencio.

[…] VALOR DEL METRO CUADRADO TAZADO PARA
ESTE AVALÚO:

$2.080.382.00 (dos millones ochenta y dos mil
trescientos ochenta y dos pesos)

CALCULO DE VALOR ÁREA DE TERRENO

Área del terreno M2 Valor M2 Valor total
820 $2.080.382.oo $1.705.913.568.oo

La parte demandada objetó por error grave el dictamen

pericial rendido por el auxiliar de la justicia, argumentando, en

síntesis, lo siguiente:

➢ Que el perito realizó un avalúo comercial teniendo en

cuenta los valores del año 2016 y no los manejados en

el año 2010. Las condiciones del inmueble entre un año

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otro, eran totalmente distintas. Adicionalmente, la

valorización que pudo adquirir el predio se dio

precisamente por los proyectos que en esa zona

adelantó el ente municipal, así que no puede sumársele

ello al valor a reconocer.

➢ Que existió una indebida selección de los inmuebles para

el avalúo, en tanto que la ubicación y las características

urbanísticas de ellos, eran muy distintas al predio de

propiedad de los demandantes. Por lo tanto, no eran

homogéneos, semejantes o comparables al que fue

objeto de avalúo, atendiendo a lo previsto en la

Resolución 620 de 2008.

➢ Que el dictamen pericial tampoco tuvo en cuenta los

parámetros establecidos en la Resolución 620 de 2008,

en cuanto no hizo alusión al tema de los linderos,

tamaño del predio, documentos soporte, reglamentación

urbanística del sector, entre otros.

Además, la demandada solicitó se decretara una prueba

tendiente a oficiar al IGAC, a fin de que remitiera un histórico

del avalúo catastral del predio objeto de peritaje,

correspondiente a los años 2008 a 2011, para demostrar que

el valor reconocido por metros cuadrados encuadraba dentro

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de los márgenes establecidos por la autoridad competente.

Prueba que fue decretada por el Tribunal Administrativo del

Meta a través de auto del 5 de abril de 2017, y en atención a

ello, ofició al IGAC, para que allegara la información requerida.

El IGAC, a través de oficio del 26 de noviembre del 2018,

remitió certificación en los siguientes términos:

“[…] AVALUOS ANTERIORES

AVALUÓ AÑO 2008: $98.252.000
AVALUÓ AÑO 2009: $103. 165.000
AVALUÓ AÑO 2010: $106.260.000
AVALUÓ AÑO 2011: $109.448.000. […]”

Respecto a la objeción por error grave del avalúo presentado

por el auxiliar de la justicia formulado por la parte demandada,

una vez analizado, la Sala considera, al igual que el Tribunal,

que los reparos formulados en contra de este, son fundados,

toda vez que el avalúo se realizó sobre bases equivocadas, al

ser determinado el valor comercial, en atención a las

características del sector encontradas a la fecha de elaboración

del mismo (1° y 8 de septiembre de 2016), y no atendiendo

las características existentes al momento de la expropiación

por vía administrativa, es decir 2011, lo que obviamente

conduce a resultados diferentes respecto del justo precio del

bien.

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Es más, el perito determina el justo precio teniendo en cuenta

la variable de la valorización del sector en donde se ubica el

bien objeto de avalúo, sin tener en cuenta que fueron los

proyectos adelantados por el municipio de Villavicencio a partir

de 2010 en adelante, los que condujeron a que el sector se

valorizara en comparación con la fecha en que se expidieron

los actos acusados, lo que conllevó que aumentara el valor de

los inmuebles, predios o construcciones del sector, valorización

que fue tenida como variable para determinar el precio del

bien por el auxiliar de la justicia.

Al respecto, cabe mencionar que si bien el avalúo ordenado

por el Tribunal, realizado por el Auxiliar de Justicia, establece

un nuevo valor del predio, también lo es que el citado avalúo

tampoco controvierte en forma directa aquél rendido por la

Corporación Lonja Inmobiliaria de Villavicencio a instancias de

la entidad expropiante, ni menciona de qué modo éste incurrió

en fallas o pasó por alto los parámetros establecidos en el

Decreto 1420, pues, simplemente, se limita a realizar una

nueva valoración, la cual, como se dijo, no pone en evidencia

ninguna falencia en el precio indemnizatorio reconocido y

pagado a los demandantes, de acuerdo con lo dispuesto en

Decreto núm. 032 de 7 de marzo de 2011 acusado.

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Por ello, la Sala advierte que dicho avalúo comercial no prueba

de manera cierta que las resoluciones acusadas sean

contrarias al artículo 67 de la Ley 388, pues del mismo no se

desprende que el Informe Técnico de Avalúo rendido por la

Corporación Lonja Inmobiliaria de Villavicencio hubiese pasado

por alto los parámetros y criterios para la elaboración de

avalúos, contenidos en los artículos 21 y 22 del Decreto 1420,

a efectos de que pudiera tenerse por desvirtuada su

presunción de legalidad.

En síntesis, el dictamen pericial decretado y practicado en el

proceso no presenta ningún razonamiento que soporte la

determinación del justiprecio que permita desvirtuar el precio

indemnizatorio fijado por la entidad accionada mediante

avalúo técnico. En este punto, la Sala recuerda que, en

reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que el

justo precio de la indemnización expropiatoria se encuentra

amparado por la presunción de legalidad, ello considerando

que el avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto

administrativo que ordena la expropiación, razón por la cual

debe ser desvirtuado a través de los diferentes medios de

prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no

ocurrió en el caso sub lite.

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Con relación al Avalúo núm. 15072011-123, de 15 de julio de

2011, realizado por el perito LUIS EDUARDO RANGEL,

aportado por la parte demandante con la presentación de la

demanda, la Sala advierte que este se practicó por fuera del

proceso y sin audiencia de las partes, por lo que es pertinente

precisar que, de conformidad con el artículo 233 del Código de

Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo

267 del CCA, para la valoración de un dictamen pericial

practicado fuera del proceso se requiere que el mismo se haya

realizado con audiencia de las partes y que, en todo caso,

existiendo dicho dictamen no es factible decretar la práctica de

otro que verse sobre los mismos puntos, por lo que la Sala lo

desestima.

Frente a este punto, es del caso traer a colación la sentencia

de 18 de abril de 202424, en la que esta Sección indicó:

“[…] La Sala destaca que en los procesos acumulados
al proceso en análisis se practicaron varios
dictámenes periciales que versan sobre el mismo
punto, valga decir, demostrar la incorrección del
avalúo adoptado en los actos administrativos
demandados.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala destaca que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 233 del
CPC, “[…] sobre un mismo punto no se podrá

23
Folios 150 a 161 del C.1.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18
de abril de 2024, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núms. únicos de radicación15001-
23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-2007-00710-01 y 15000-23-31-
001-2008-00069-01).

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decretar en el curso del proceso, sino un
dictamen pericial, salvo en el incidente de
objeciones al mismo, en el que podrá decretarse
otro.
[…]

De hecho, cabe anotar que, como se precisó líneas
atrás, a la luz del artículo 233 ibidem sobre un
mismo punto no se podrá decretar en el curso
del proceso, sino un dictamen pericial, de
manera que, en el caso concreto, el a quo brindó a
las partes suficientes garantías al decretar la práctica
de dictámenes periciales pese a no haber declarado
previamente la prosperidad de las objeciones por error
grave […]”. (Destacado fuera de texto).

De los otros cargos formulados en el recurso de

apelación

Los demandantes alegaron que en la sentencia de primera

instancia, el Tribunal de primera instancia dejó de lado las

pruebas recaudadas, en especial, las declaraciones de los

profesionales que efectuaron el avalúo base de la demanda,

quienes manifestaron que no conocían las disposiciones

normativas respectivas para realizar esta actividad; que no

prestaron el respectivo juramento que la ley exige cuando se

aplica la herramienta auxiliar de encuestas y que no tienen el

perfil para estas actividades valuatorias, todo lo cual torna en

ilegal el avaluó y en consecuencia afecta la nulidad de los

actos administrativos acusados.

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Ahora bien, respecto al tema de las nulidades, cabe advertir

por la Sala que no toda irregularidad puede ser catalogada

como nulidad, independientemente que en apariencia podría

estar inserta en las causales mencionadas y como

consecuencia de ello tener vocación para la invalidación de los

actos procesales.

Es necesario realizar un objetivo análisis de la situación

concreta y con base en ello establecer la presencia de los

presupuestos o principios de oportunidad, lealtad, taxatividad,

protección, convalidación, trascendencia y residualidad,

exigidos para determinar la viabilidad y procedibilidad de

decretar la nulidad; principios respecto de los cuales la Corte

Suprema de Justicia nos ilustra de a siguiente manera:

“[…] De acuerdo con ello, si bien con carácter general es
posible invocar nulidades originadas en la etapa de
instrucción hasta el término de traslado común para
preparar las audiencias, ya que de no hacerlo sólo
podrán ser debatidas en el recurso extraordinario de
casación (oportunidad), en virtud del principio de lealtad,
es deber para las partes y el juez, postular la
configuración del motivo anulatorio, en un caso o
decretar la nulidad, en el otro, apenas tenga
conocimiento del vicio; solamente es posible alegar las
nulidades expresamente previstas en la ley
(taxatividad) ; no puede invocarlas el sujeto procesal
que con su conducta haya dado lugar a la configuración
del motivo invalidatorio, salvo el caso de ausencia de
defensa técnica (protección); aunque se configure la
irregularidad, ella puede convalidarse con el
consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a
condición de ser observadas las garantías fundamentales,
(convalidación); quien alegue la nulidad está en la

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obligación de acreditar que la irregularidad sustancial
afecta las garantías constitucionales de los sujetos
procesales o desconocer las bases fundamentales de la
instrucción y/o el juzgamiento, (trascendencia); y
además que no exista otro remedio procesal distinto de
la nulidad, para subsanar el yerro que se advierte
(residualidad) [..]25.

Aclarado lo anterior, respecto a las supuestas irregularidades

que afectan la legalidad del avalúo lo que, a su juicio, afectan

de nulidad los actos administrativos acusados, para la Sala tal

afirmación carece de sustento jurídico como fáctico.

Respecto a la idoneidad de los peritos valuadores, cabe

mencionar que dicha inconformidad está sustentada,

principalmente, en el hecho de que en el informe de avalúo

aparece también firmado por la señora ROSA AMPARO

GUTIÉRREZ CRUZ, quien su testimonio manifestó que:

“[…] PREGUNTADO: Indíquele al Despacho que
experiencia tiene como avaluadora. CONTESTO: yo
tengo 2 años de experiencia, aunque yo no soy
realmente avaladora yo no hago avalúos yo soy la
presidenta de la Lonja y me encargo de la parte
contable. […] PREGUNTADO: Teniendo en cuenta que
usted manifiesta que realmente no es avaladora por
favor manifiéstele al Despacho si usted de manera
directa realizó el avalúo del inmueble objeto de
expropiación o si simplemente usted firmó el
documento en calidad de presidente e la Lonja
inmobiliaria. CONTESTO: Firme en calidad de
presidente, más no lo elaboré. PREGUNTADO: Por
favor manifiéstele al Despacho quien o quienes
elaboraron entonces real y directamente el avalúo del

25
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia de 7 de junio de 2001, M.P.
Fernando Arboleda Ripoll.

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inmueble expropiado a mis poderdantes. CONTESTO:
El señor JUAN CARLOS AGUDELO DUARTE que es
quien firma como representante del Comité de
avalúos, los dibujantes pero prácticamente ellos se
dedican a hacer el croquis del lugar la ubicación y las
medidas. […]”26.

Para la Sala, el hecho de que la señora ROSA AMPARO

GUTIÉRREZ CRUZ aparezca firmando el avalúo en su calidad

de presidenta de la persona Jurídica Corporación Lonja

Inmobiliaria de Villavicencio, no constituye ninguna

irregularidad, si se tiene en cuenta lo previsto en los artículos

12 y 17 del Decreto 1420, que expresan:

“[…]Artículo 12º.- La entidad o persona solicitante
podrá solicitar la elaboración del avalúo a una de las
siguientes entidades:

Las lonjas o lonja de propiedad raíz con domicilio en el
municipio o distrito donde se encuentren ubicados el o
los inmuebles objeto de avalúo. La cual designará para el
efecto uno de los peritos privados o avaluadores que se
encuentren registrados y autorizados por ella.

[…]

Artículo 17º.- Corresponde a la entidad y al perito
que realizaron el avalúo pronunciarse sobre la revisión
planteada dentro de los quince (15) días siguientes a su
presentación […]”.

Para el caso en estudio, la alcaldía de Villavicencio contrató la

elaboración del avalúo con la Corporación Lonja Inmobiliaria

de Villavicencio, persona jurídica representada legalmente por

su Presidente, la señora ROSA AMPARO GUTIÉRREZ CRUZ,
26
Folios 319 a 320 del C.2.

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entidad que designó para realizar el avalúo contratado al

perito avaluador JUAN CARLOS AGUDELO DUARTE, con

matrícula del Registro Nacional de Avaluadores MI núm.

1.037, quien según lo afirmado por la declarante fue el que

directamente realizó el avalúo del inmueble objeto de

expropiación.

Para la Sala, es claro que los representantes legales de las

personas jurídicas cumplen funciones administrativas, siendo

el personal profesional o técnico los encargados de las

misionales, que, en el presente caso, tal misión recayó en el

señor JUAN CARLOS AGUDELO DUARTE, quien sí fue el que

realizó el avalúo y aparece firmando también el documento.

Por lo tanto, el hecho de que la señora ROSA AMPARO

GUTIÉRREZ CRUZ, haya firmado el informe pericial, no implica

que lo haya suscrito como avaluadora, sino, como

representante legal de la entidad, responsable contratada para

realización de la peritación, como ella misma lo afirma en su

declaración, lo cual no constituye irregularidad alguna,

conforme lo pretende hacer ver el apoderado de los

demandantes, que torne en ilegal el mentado avalúo y tenga

como efecto la nulidad de los actos acusados, por lo que la

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Sala estima que la declaración de la señora ROSA AMPARO

GUTIÉRREZ, quien aparece firmando el Avalúo, en su

condición de representante legal de la entidad, contratada por

el municipio de Villavicencio para efectuar el avaluó del

inmueble objeto de expropiación por vía administrativa, no

aporta ninguna luz al convencimiento de los hechos por parte

del a quo, por lo que resultaba procedente su desconocimiento

por parte de este.

En relación con el hecho que no se prestó el juramento

previsto en la norma, la Sala advierte, como se expresó en

líneas anteriores, que éste se considera prestado con la firma

del mismo, lo que torna irrelevante lo manifestado en su

declaración, cuando señaló que se le olvidó indicar o rendir el

juramento, además, como se indicó con anterioridad, las

nulidades son taxativas y dicha norma no establece que la no

prestación del juramento tenga como efecto la nulidad del

avalúo, pero sí puede tener connotaciones del orden

disciplinario o penales, ya que el juramento debe entenderse

que se parte del principio de la buena fe y que lo manifestado

corresponde a la verdad.

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Según la Corte Constitucional, por juramento no debe

entenderse la fórmula o el rito, sino el compromiso, la

afirmación, la promesa, el protesto, la certificación, la

afirmación, la palabra, el voto, el honor, el homenaje, el

testimonio, que se realice en forma expresa o tácita que

implique la convicción íntima de manifestar la verdad. Por

tanto, debe entenderse que se parte del principio de la buena

fe y que lo manifestado corresponde a la verdad; de lo

contrario, la persona que ha comprometido su palabra y lo

expresado en sus términos no corresponde a la verdad, deberá

responder penalmente27.

En lo atinente a la supuesta grave y palmaria confesión dentro

del testimonio rendido por el señor JUAN CARLOS AGUDELO

DUARTE28, en su calidad de participe en el avalúo contenido en

los actos acusados, y que desconoció el Tribunal, quien señaló

que “[…] no existe una norma como tal para que los avaladores

(sic) demos un porcentaje sobre un predio que se encuentra

dentro de una ronda hídrica […]”, para la Sala, tal afirmación

está en consonancia con lo plasmado en el informe de avalúo

realizado por él, ya que en su avalúo solo se observa que él

acude, en la determinación de los valores individuales del

27
Corte Constitucional, sentencia C-616 de 1997, M. P. VLADIMIRO NARANJO MESA.
28
Folio 318 del C.2.

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terreno, local, cobertizo y cerramiento, a las fórmulas previstas

en el artículo 37 de la Resolución 620 de 2008, como son:

Media Aritmética; Desviación Estándar; y Coeficiente de

Variación29.

En lo correspondiente que el avalúo se soportó únicamente en

encuestas lo cual no es viable por estar prohibido por la ley, la

Sala, al respecto, se ocupó en líneas anteriores de analizar

dicho reproche, considerando que no le asiste la razón al

apelante, ya que la norma sí permite que el avalúo se soporte

únicamente en encuestas, como se infiere de lo previsto en el

numeral 4 y el parágrafo, del artículo 9°, de la Resolución 620

de 2008.

Respecto al argumento de los apelantes de que en el avalúo se

omitió plasmar las constancias de visitas exigidas por la Ley, la

Sala aclara que, en atención al artículo 9º de la Resolución 620

de 2008, mediante se regula lo relacionado con las consultas a

expertos avaluadores o encuesta, tal exigencia no existe,

toda vez que en ninguno de sus apartes la prevé como

requisito que se deba consignar en el avalúo; solo se limita a

mencionar que es necesario que el perito haya realizado

29
Folios 91 y 92 del C.1.

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previamente la visita al terreno para conocer la clase de bien

que avalúa, así:

“[…] ARTÍCULO 9o. CONSULTA A EXPERTOS
AVALUADORES O ENCUESTAS. Cuando para la
realización del avalúo se acuda a encuestas, es necesario
tener en cuenta que estas son un apoyo al proceso
valuatorio, pero no son en sí los determinantes del
avalúo. En este sentido, es necesario que el perito
haya realizado previamente la visita al terreno
para conocer la clase de bien que avalúa. […]”.
(Destacado fuera de texto).

Y, conforme a lo previsto en la citada norma, la Sala observa

que en el avalúo presentado por la Corporación Lonja

Inmobiliaria de Villavicencio, el perito dejó constancia en el

numeral “1. METODOLOGÍA”, lo siguiente:

“[…] Para la determinación del Valor Comercial del
Predio en área de actividad Comercial Urbana (AAC2)
y ronda hídrica, en Referencia, se atendió en su
integridad el Decreto 1420 de 1998 y se visitó
técnicamente el predio, ubicado actualmente en
la parte Central del municipio de Villavicencio,
en la Carrera 32 A N° 35-69/71775/83, del
Barrio El Centro, con el propósito de realizar el
correspondiente análisis en el sector donde se
localiza […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, consta en el numeral “2. MEMORIA

DESCRIPTIVA”, que el perito indicó que la fecha de la

inspección ocular fue el 28 de octubre de 2010, con lo cual se

cumple con lo señalado en el citado artículo 9º de la

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Resolución 620 de 2008. Por lo anteriormente expresado, la

Sala considera que no la asiste la razón a los apelantes en la

configuración de la supuesta irregularidad deprecada.

Y en cuanto al argumento de los apelantes de que desde la

presentación de la demanda se aportaron avalúos practicados

por otros peritos avaluadores y tales experticias tampoco

fueron valoradas por el a quo. Al respecto, la Sala ya indicó,

en líneas anteriores, que al ser dichos avalúos practicados por

fuera del proceso y sin audiencia de las partes, y existir otro

dictamen que versa sobre los mismos puntos, carecen de

validez y no pueden ser apreciados.

En este orden de ideas, la Sala estima que, contrario a lo

expresado por los apelantes, la decisión cuestionada en esta

sede encuentra claro sustento en el principio de libre

valoración judicial y, antes de configurar una actuación

subjetiva, es, en realidad, el resultado de una interpretación

razonable del material probatorio aportado al proceso, a su

vez confrontado con las preceptivas legales que lo delimitan y

que resultaban aplicables al caso concreto.

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Adicionalmente, se debe advertir que los jueces gozan de una

amplia discrecionalidad al momento de valorar el material

probatorio con que cuentan, no están sujetos a la tarifa legal

de pruebas y, por lo tanto, forman libremente su

convencimiento, inspirándose en los principios científicos que

informan la crítica de la prueba y atendiendo a las

circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal

observada por las partes.

En conclusión, la Sala considera que los argumentos de la

alzada no están llamados a prosperar, en tanto no desvirtúan

la presunción de legalidad del proceso expropiatorio y de los

actos administrativos acusados, razón por la que se confirmará

la sentencia recurrida, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de este proveído.

En cuanto a la condena en costas, la Sala advierte que de

conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta

asumida por las partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la

actuación procesal, por lo que se abstendrá de condenar en

costas.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de noviembre de

2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de mayo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión

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judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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