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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-01197-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-01197-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por los motivos expuestos en la parte considerativa en esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR EN COSTAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas. 47 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 92 Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01197-01 Actora: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2014-01197-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01197-01
Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Actora: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

TESIS: EN MATERIA DE EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA
NO PROCEDE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE QUE TRATA
EL ARTÍCULO 165 DEL CPACA, DEBIDO A QUE DICHA ACTUACIÓN
SE TRAMITA EN LOS TÉRMINOS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 388 DE 1998. SE
CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE ACTORA NO
LOGRÓ DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DECRETARON LA EXPROPIACIÓN
POR VÍA ADMINISTRATIVA. EL AVALÚO QUE SE ALLEGÓ AL
PLENARIO NO ADVIERTEN NI DEMUESTRAN ERRORES EN QUE
PUDIERON INCURRIR LOS AVALÚOS OFICIALES.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por el apoderado de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA

BOLIVARIANA, contra la sentencia de 29 de mayo de 2023,

proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal

2

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01197-01
Actora: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Administrativo de Antioquia1, que declaró probada de oficio la

excepción de inepta demanda por indebida acumulación de

pretensiones frente a las subsidiarias, denegó las principales de la

demanda y condenó en costas a la parte actora.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, quien actúa

a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción especial de

nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 71

de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo 138 del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2,

presentó demanda ante el Tribunal tendiente a obtener la

declaratoria de nulidad de las siguientes resoluciones, expedidas por

el Departamento de Antioquia:

-. 112884 de 16 de diciembre de 2013, “por la cual se decide la

expropiación de un predio identificado con el folio de

matrícula inmobiliaria núm. 001-379163 de la Oficina de

Registro de Instrumentos Públicos de Medellín (Antioquia)

Zona Sur, propiedad de la Universidad Pontificia Bolivariana,

1
En adelante el Tribunal.
2
En adelante CPACA.

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Actora: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Nit. […] predio necesario para la ejecución del Proyecto

Conexión Vial Aburrá – Oriente (Túnel de Oriente y desarrollo

vías complementario”.

-. 3329 de 22 de enero de 2014, “Por la cual se decide el recurso

de reposición interpuesto frente a la resolución de

expropiación núm. 112884 de 16 de diciembre de 2013”.

-. 112885 de 16 de diciembre de 2013, “Por la cual se decide la

expropiación de un predio identificado con el folio de

matrícula inmobiliaria núm. 001-624371 de la Oficina de

Registro de Instrumentos Públicos de Medellín (Antioquia)

Zona Sur, propiedad de la Universidad […], predio necesario

para la ejecución del Proyecto Conexión Vial Aburrá –

Occidente (Túnel de Oriente y desarrollo vías

complementario”.

-. 3330 de 22 de enero de 2014, “Por la cual se decide el recurso

de reposición interpuesto frente a la resolución de

expropiación núm. 112885 de 16 de diciembre de 2013”.

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Actora: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar a la parte

demandada pagar a su favor la diferencia entre el valor recibido por

los inmuebles expropiados y el justo precio de estos, al igual que la

suma de $2.611.891.467 por concepto de perjuicios patrimoniales

causados con ocasión de la privación del derecho de dominio sobre los

inmuebles objeto de expropiación.

Como pretensiones subsidiarias pidió, en el escrito de la reforma de la

demanda, declarar que con las resoluciones controvertidas la “[…]

demandada rompió el principio de igualdad de cargas y causó un

daño especial y, en consecuencia, […] debe reconocer y pagar una

indemnización por los perjuicios patrimoniales ocasionados por la

privación del derecho de dominio sobre los inmuebles objeto de

expropiación […]”.

I.2. Como hechos relevantes de la demanda, señaló los siguientes:

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Dijo ser propietaria de los inmuebles identificados con las matrículas

inmobiliarias núms. 001-3791633 y 001-6243714, localizados en el

municipio de Medellín.

Sostuvo que para el año 2013, los inmuebles identificados con los

folios de matrículas inmobiliarias núms. 001-624371 y núm. 001-

379163, el primero de ellos estaba avaluado catastralmente en

$8.204.810.000; y que por concepto de impuesto catastral pagó las

sumas de $33.862.227 y $484.652.000, respectivamente.

Indicó que el Departamento de Antioquia, mediante la Resolución

núm. 28057 de 12 de octubre de 2011, declaró de utilidad pública e

interés social los predios necesarios para la construcción y operación

del Proyecto Conexión Vial Aburrá - Oriente (Túnel de Oriente y

desarrollo Vial Complementario correspondientes a la (Fase II) del

Contrato de Concesión No. 97-CO-20- 1811, adicionada mediante la

Resolución núm. 005111 de 6 de mayo de 2013.

Anotó que el 1o. de febrero de 2012 la Empresa Plannex S.A., le

notificó los avalúos comerciales núms. V-12-11-1272, V-12-11-1273

3
Adquirido por compra al Seminario Conciliar de Medellín mediante escritura pública núm. 2479 de 15
de noviembre de 1983 de la Notaria Segunda de esa ciudad, “lote de mayor extensión del cual se
segregó el inmueble del cual se deprende dicha franja de terreno”.
4
Adquirido por compra al Seminario Conciliar de Medellín mediante escritura pública núm. 1636 de 30
de septiembre de 1983, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria núm. 001-29597, “lote de mayor
extensión del cual se segregó el inmueble del cual se deprende dicha franja de terreno”.

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y V-12-1247 de 5 de enero de 2012, realizados por la firma Avalúos

y Tasaciones de Colombia Valorar S.A.5, a sus predios

identificados con los folios de matrículas inmobiliarias núms. 001-

624371 y 001-379163.

Sostuvo que en ejercicio del derecho de petición solicitó al

Departamento de Antioquia la información relativa al trámite de

reparto y/o designación de la firma avaluadora; y que si bien fue

contestada mediante oficio núm. 20150000001766 de 14 de enero

de 2015, esta fue evasiva, razón por la cual la reiteró el 28 de abril

de 20156 sin obtener respuesta.

Refirió que interpuso recurso de revisión e impugnación en contra de

los avalúos comerciales realizados por Valorar S.A., en los términos

de la “Ley 1474 de 2011”; no obstante, la Empresa Plannex S.A. no

tramitó el recurso como tal sino como petición, y el Instituto

Geográfico Agustín Codazzí7 consideró improcedente la impugnación.

Adujo que los avalúos comerciales no fueron elaborados por una lonja

de Medellín e incurrieron en los siguientes errores: i) fijar un valor

5
En adelante Valorar S.A.
6
Radicado núm. 201500012164.
7
En adelante IGAC.

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7

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de expropiación “bastante” inferior al catastral, pues por el predio

CA12 se requerían 33.316 m2 con valor catastral de $59.184 m2 y

el avalúo fijó la suma de $20.912 m2, mientras que el predio CA12A

requería de 8.177,80 m2 con valor catastral de $61.042 m2 y el

avalúo fijó la suma de $21.255 m2; ii) abstenerse de liquidar, tasar

y reconocer el daño emergente y el lucro cesante, de acuerdo con el

estatuto anticorrupción; y iii) considerar el predio como suelo rural

de uso forestal.

Indicó que la secretaría de Infraestructura Física del Departamento

de Antioquia mediante la Resolución núm. 112885 de 16 de

diciembre de 2013, “decidió la expropiación de una faja de

terreno que se desprende del predio identificado con el folio

de matrícula inmobiliaria núm. 001-624371 de la Oficina de

Registro de Instrumentos Públicos de Medellín (Antioquia)

Zona Sur, propiedad de la Universidad Pontificia Bolivariana,

predio necesario para la ejecución del Proyecto Conexión Vial

Aburra-Oriente (Túnel de Oriente y Desarrollo vial

Complementario, predio CA12, según identificación del

Proyecto”.

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Añadió que la entidad demandada también expidió la Resolución

núm. 12884 de la misma fecha, por medio de la cual “se decide la

expropiación de un predio identificado con el folio de

matrícula inmobiliaria núm. 001-379163 de la Oficina de

Registro de Instrumentos Públicos de Medellín (Antioquia)

Zona Sur, propiedad de la Universidad Pontificia Bolivariana

(…), predio necesario para la ejecución del Proyecto Conexión

Vial Aburra-Oriente (Túnel de Oriente y Desarrollo vial

Complementario”.

Señaló que dichos actos administrativos fueron notificados a través

de conducta concluyente y contra los mismos interpuso recurso de

reposición, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones

núms. 3330 y 3329 de 22 de diciembre de 2014, respectivamente,

en el sentido de confirmar la expropiación administrativa.

Añadió que ante la negativa de recibir a satisfacción el precio

expropiatorio, el Departamento de Antioquia, el 19 de febrero de

2014, pagó mediante depósito judicial la suma de $870.530.489.

I.3.- Normas violadas y Concepto de violación.

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La parte actora considera que el Departamento de Antioquia

trasgredió lo dispuesto en los artículos 6º y 90 de la Constitución

Política; 3º del CPACA; la Ley 388 de 18 de julio de 1997 8; los

decretos núms. 3496 de 1986, 1420 de 24 de julio de 1998 9; la

Resolución núm. 2595 de 1998 del Instituto Geográfico Agustín

Codazzi; las sentencias de C-476 de 200710 y C-1074 de 4 de

diciembre de 200211 de la Corte Constitucional; y desconoció los

principios de legalidad, función administrativa, confianza legítima,

buena fe, debido proceso y coordinación.

Sostuvo que de conformidad con la jurisprudencia constitucional en

los procesos de expropiación la indemnización debe ser previa y

justa, y comprender los conceptos de daño emergente y lucro

cesante.

Precisó que el avalúo catastral es la base fundamental para el cobro

del impuesto predial y determinar un valor comercial, el cual, en su

criterio, generalmente es mayor que el catastral y “por costumbre

supera hasta en un 40%”.

8
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
9
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
10
Corte Constitucional, sentencia C-476 de 13 de junio de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
11
Corte Constitucional, sentencia C-1074 de 4 de diciembre de 2002, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.

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Concluyó que la administración incurrió en: i) violación del debido

proceso por impedir una contradicción efectiva al aplicar de manera

errónea el Decreto 1420 de 1998 y no resolver de fondo el recurso

de apelación interpuesto contra los avalúos realizados por Valorar

S.A., y no notificar personalmente las decisiones; ii) falsa motivación

porque los fundamentos de hecho y de derecho relacionados en las

resoluciones controvertidas no corresponden a la realidad, toda vez

que toman como base un avalúo que contiene un precio que no se

ajusta a criterios técnicos ni principios de reparación y equidad; y iii)

desviación de poder porque buscan un fin distinto a aquel por el cual

le fue otorgada la competencia a la autoridad que los expide.

II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1.- Admisión. La demanda fue admitida por el Tribunal en

proveído de 9 de marzo de 2015 y tuvo como parte demandada al

Departamento de Antioquia.

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Posteriormente, por auto de 13 de mayo de 2016, se admitió la

reforma de la demanda, en cuanto a los hechos, las pretensiones12 y

las pruebas13.

El 9 de septiembre de 2016, se admitió el llamamiento en garantía

realizado por el Departamento de Antioquia a la sociedad

Concesión Túnel Aburrá de Oriente S.A.; no obstante, este se

declaró ineficaz el 3 de abril de 2017, al no lograrse la notificación

del llamado, conforme con lo previsto en el artículo 6614 del CGP.

II.2.- Contestaciones

12
“[…] Se aclaran las pretensiones, acumulando en forma principal y subsidiaria los medios de control,
con las respectivas aclaraciones en el capítulo de normas violadas y concepto de violación […].
2.4. EN CUANTO A LA ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA: Teniendo en cuenta el contenido del
dictamen pericial aportado, la cuantía del valor solicitado como justo precio de los bienes expropiados
y los perjuicios causados por la expropiación se modifica y se procede a efectuar el respectivo
razonamiento de la misma, para estos efectos se expresa que:
[…] teniendo en cuenta que la cuantía de las pretensiones de la demanda, sin contar intereses, asciende
a la cifra total de […] ($3.401.787.00).
[…]
• Según se evidencia en el dictamen pericial aportado, el justo precio de los inmuebles expropiados
difiere del fijado en los actos demandada, en cuanto el valor comercial de estos ascendía a la suma de
[…] ($4.149.452.000). Suma de la que una vez descontado el pago efectuado por el Departamento de
Antioquia conlleva a una diferencia equivalente a […] ($3.278.921.511).
-Así mismo los perjuicios patrimoniales tasados en el dictamen pericial, a título de daño emergente, en
virtud de la expropiación ascienden a la suma de $122.862.495 más los intereses correspondientes allí
tasados […]”.
13
Se aportó el dictamen pericial rendido por Francisco León Ochoa Ochoa, de la firma Franciso Ochoa
Avalúos, denominado “informe sobre valoración y cuantificación de perjuicios.
14
“[…] Artículo 66. Trámite. Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar
personalmente al convocado y correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. Si la
notificación no se logra dentro de los seis (6) meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. La misma
regla se aplicará en el caso contemplado en el inciso segundo del artículo anterior […]”.

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II.2.1.- El Departamento de Antioquia por conducto de

apoderado judicial contestó la demanda y su reforma, en los

siguientes términos:

Sostuvo que de conformidad con lo previsto en los artículos 61 de la

Ley 388; y 87 de la Ley 1474 de 2011, y la jurisprudencia del

Consejo de Estado15, el IGAC y las Lonjas de Propiedad Raíz son las

autoridades competentes para realizar los avalúos comerciales de

los predios requeridos para proyectos de utilidad pública.

Explicó que en virtud del contrato de prestación de servicios suscrito

entre la Fiduciaria Popular, vocera del Patrimonio Autónomo

Concesión Aburrá Oriente, se constituyó como perito privado a

Valorar S.A., y se le asignó la competencia para realizar los avalúos

comerciales de los predios requeridos por la Gobernación de

Antioquia para el proyecto de utilidad pública “Conexión Vial

Aburrá-Oriente (Túnel de Oriente y Desarrollo Vial

Complementario”, además de que contaba con registro en una lonja

de propiedad raíz domiciliada en el municipio o distrito donde se

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 10 de
marzo de 2013, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente núm. 2004-03941-01; y 7 de marzo de
2013, C.P. María Elizabeth García González, expediente núm. 2008-01204-01;

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encontraba el bien objeto de expropiación, sin que se requiriera el

acta de reparto de que trata el artículo 10º del Decreto 1420 de

1998, referida en la demanda.

Indicó que las peticiones, presuntamente, no respondidas, fueron

presentadas por la señora Jessica Cabrera, sin información de

identificación, razón por la cual le requirió para que acreditará el

interés que le asistía; no obstante, la solicitante no cumplió el

requerimiento, sino que presentó una nueva petición con los mismos

defectos.

Agregó que para la ejecución del referido proyecto de utilidad

pública, se contrató a la concesión Túnel Aburrá Oriente S.A., en

virtud de un proceso licitatorio16, en el que se suscribió el acta de

modificación bilateral núm. 4, en la que se consignó el objeto del

contrato17 y, entre otras obligaciones del concesionario, las de: i)

negociar el estudio de títulos de los predios que se necesite comprar

para la construcción de las fases del proyecto, ii) adquirir la totalidad

de los predios requeridos para la ejecución del contrato; iii) elaborar

16
Contrato de concesión núm. 97-CO-20-1811.
17
“[…] Cláusula Segunda. Objeto: El Objeto del contrato son los estudios y diseños finales,
financiación, construcción, puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento por parte del
Concesionario por el sistema de concesión, […] de las obras que hacen parte del desarrollo vial
denominado Conexión Vial Aburra – Oriente […]”.

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los documentos necesarios para adelantar los procesos de

expropiación; y iv) contratar a los profesionales requeridos para

adelantar los procesos de expropiación y para realizar todas las

gestiones necesarias.

En relación con los avalúos catastrales y la diferencia con los

comerciales, indicó que comoquiera que el Decreto 1450 de 2011

permite fijar un valor mínimo del 40% del valor comercial, sin poder

superarlo, no es posible que ese precio se supedite al valor catastral,

pues la norma nacional permite a los catastros fijar un valor a los

predios con base en el valor comercial que puedan tener y para ello

establece precios genéricos basado en la división del territorio en

zonas geoeconómicas homogéneas, mientras que el valor comercial

se fija teniendo en cuenta características puntuales considerando

metodologías propias.

Señaló que la parte actora sí tuvo la posibilidad de controvertir el

avalúo y de interponer los recursos de ley; y que si bien Valorar S.A.

ratificó los valores asignados a los predios, el IGAC se negó a

pronunciarse de fondo aduciendo que no procedía la impugnación.

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Precisó que para la fecha de elaboración de los avalúos los predios,

objeto de controversia, se encontraban en suelo rural de protección

activa, sector normativo SE-P-A-07, de conformidad con el Acuerdo

046 de 2 de agosto de 2006, “por el cual se revisa y ajusta el Plan

de Ordenamiento Territorial para el municipio de Medellín y se dictan

otras disposiciones”.

Indicó que los actos acusados fueron notificados a la parte actora por

aviso, de conformidad con lo previsto en el CPACA, a través de envío

por correo certificado (guía AD00054534490CO de 24 de diciembre de

2013) y publicados en sitio visible de la secretaria de la entidad y en

las instalaciones de la Concesión Vial Túnel Aburrá – Oriente S.A.,

concesionario del proyecto y encargado de la gestión predial.

Insistió en que los avalúos comerciales se realizaron con base en las

condiciones del bien al momento de su elaboración.

En relación con la indemnización reclamada, concretamente el daño

emergente, indicó que este implicaba el reconocimiento del valor

comercial del área objeto de intervención, junto con sus mejoras

vegetales y/o constructivas, como lo señaló el informe de avalúo,

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sumas pagadas según consta en los certificados de depósitos

judiciales:

Frente al lucro cesante, adujo que pese a que el Decreto 1420 de 1998

y la Resolución núm. 620 de 2008 del IGAC, no le daban herramientas

al avaluador para determinar dicho concepto, con la Resolución núm.

898 de 2014, se reglamentó dicho punto; no obstante, durante el

trámite de adquisición de las áreas requeridas no se evidenció ni probó

por el propietario una afectación cierta.

Finalmente, propuso las excepciones de fondo denominadas debida

motivación de los actos demandados, ausencia de desviación de poder,

ajuste al debido proceso, inexistencia del nexo causal, falta de causa

para demandar e inexistencia de la obligación.

Por otra parte, en escrito separado de la contestación de la reforma,

propuso como excepción previa la de inepta reforma de la demanda

por falta de requisitos, que fundamentó en la modificación sustancial

del líbelo respecto de la cuantía de la pretensión inicial estimada en

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la suma de $2.611.891.467 y frente a la cual dijo que no se agotó el

requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, habida

cuenta que se aumentó la pretensión principal a la suma de

$4.149.452, sin someterla al referido requisito.

Añadió que el juramento estimatorio es una prueba arraigada en el

sistema procesal cuya cobertura abarca toda una reclamación por

perjuicios, mejoras, compensaciones y frutos, aplicable a la

jurisdicción de lo contencioso administrativo y, por tanto, la nueva

pretensión no se probó.

III.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 23 de mayo de 2023, declaró

probada de oficio la excepción de inepta demanda por indebida

acumulación de pretensiones, denegó las reclamaciones de la

demanda y condenó en costas a la parte actora.

Para llegar a la anterior conclusión el a quo se refirió, en primer lugar,

a la necesidad de la declaratoria de utilidad pública del predio

expropiado, al dictamen pericial aportado con la reforma de la

demanda y a las declaraciones decretadas y practicadas en el curso

del proceso; luego se pronunció sobre la excepción previa de inepta

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demanda y concluyó con el estudio de legalidad de las resoluciones

controvertidas, así:

Frente a la excepción previa de inepta demanda por falta de requisitos,

formulada por la parte demandada, precisó que en tratándose del

juramento estimatorio, en materia contencioso-administrativa no eran

aplicables las exigencias del CGP, sino las del CPACA.

Frente a la falta de requisitos de forma de la reforma de la demanda,

indicó que debía tenerse en cuenta que en el asunto de la referencia la

actora acudió de manera previa al Ministerio Público a agotar el

requisito de procedibilidad respecto de la pretensión de nulidad y

restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento

de una cifra técnica y razonada del precio indemnizatorio por la

expropiación parcial de los inmuebles identificados con los folios de

matrículas núms. 01-624371 y 001-379163; y que si bien con la

reforma la pretensión de restablecimiento del derecho resultaba

incrementada, guardaba congruencia y coherencia con la demanda

inicial, pues que el asunto debatido por la actora es la inconformidad

por la indemnización pagada por la expropiación de los referidos

bienes, razón por la cual no se declaraba probada.

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No obstante, abordó de oficio el estudio de la excepción, pero por el

supuesto de indebida acumulación de pretensiones frente a las

subsidiarias elevadas en la reforma de la demanda, esto es, declarar

que con las resoluciones demandadas se rompió el principio de

igualdad de cargas frente a la demandante, generando un daño

especial por parte de la entidad demandada, así como el

reconocimiento y pago de indemnización por los perjuicios

patrimoniales causados.

Al respecto, precisó que si bien la reforma de la demanda había sido

admitida, la elección del medio de control no dependía del arbitrio del

demandante sino de la fuente en que se origine el daño, pues conforme

la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando proviene de un hecho,

acción u omisión de entidades públicas o particulares en desempeño

de la función administrativa, corresponde el ejercicio del de reparación

directa, mientras que cuando deriva de la existencia de actos

administrativos incursos en nulidad, debe promoverse el de nulidad y

restablecimiento del derecho.

En ese entendido, consideró que la pretensión incoada en la reforma

de la demanda concernía a “la reparación de un perjuicio causado por

la ejecución de actos administrativos cuya legalidad no se controvierta

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pero que atente contra el principio de igualdad frente a cargas públicas,

esto es, por daño especial; en todo caso se ha intentado esta

pretensión de manera subsidiaria, pasando por alto que la

fundamentación de la demanda está dirigida a atacar la legalidad de

las resoluciones expropiatorias” y, por lo tanto, la acción procedente

era la de reparación directa.

Precisó que a pesar de que las pretensiones se presentaron como

principales y subsidiarias, y concurría el requisito previsto en el

numeral 2 del artículo 165 del CPACA, ello no subsanaba las demás

exigencias allí previstas, pues el procedimiento por el que se tramitan

es distinto, habida cuenta que el de reparación directa corresponde al

ordinario regulado en el CPACA, mientras que la nulidad de los actos

expropiatorios se rige por el trámite especial establecido en el artículo

71 de la Ley 388.

Concluyó, de oficio, que se encontraba probada la excepción de inepta

demanda por indebida acumulación de pretensiones, en relación de la

pretensión invocada en la reforma, habida cuenta que de la lectura

integral del líbelo se advertía que la principal atañe a los reproches

relativos a la legalidad de las resoluciones por las cuales se ordena la

expropiación de unos predios, mientras que las subsidiarias

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corresponden al medio de control de reparación directa bajo el título

de imputación de daño especial y, por tanto, en caso de no prosperar

las principales, no era posible proferir una decisión de fondo sobre las

subsidiarias elevadas con la reforma de la demanda.

Respecto de la legalidad de los actos expropiatorios demandados,

señaló que no se encontraban probados los cargos de nulidad

invocados. Al respecto, señaló:

En relación con el debido proceso administrativo, indicó que según lo

previsto en los artículos 61 de la Ley 388 y 27 del Decreto Ley 2150

de 1995, el precio de adquisición debe ser igual al valor comercial

determinado por el IGAC y los avalúos de bienes inmuebles que deben

realizar las entidades públicas en actuaciones administrativas, pueden

ser adelantados por dicha entidad o por cualquier persona natural o

jurídica de carácter privada, siempre que se encuentre registrada y

autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar.

En ese orden, estimó que como los avalúos cuestionados fueron

suscritos por avaluadoras18 adscritas al Registro Nacional Avaluador,

entidad constituida por la Federación Colombiana de Lonjas de

18
Adriana Salazar Iturrez y Yamile Hincapié Gallego.

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Propiedad Raíz; y que la actora tuvo la posibilidad de interponer

recursos contra estos y obtener una decisión sobre ese particular,

conforme constaba en las resoluciones demandadas, por lo que se

desvirtuaba la violación del debido proceso en el trámite expropiatorio.

Frente a la causal de falsa motivación, por cuanto, a juicio de la parte

actora, los avalúos que sirvieron de fundamento a los actos de

expropiación incurrieron en errores al fijar un valor inferior al catastral,

señaló que según la jurisprudencia del Consejo de Estado19, el artículo

61 de la Ley 338 prevé que el precio de adquisición es igual al valor

comercial determinado en el avalúo correspondiente y debe tener en

cuenta: i) las normas y procedimientos establecidos en el decreto

reglamentario especial, ii) la reglamentación urbanística municipal

vigente al momento de la oferta de compra en relación con el bien a

adquirir, y iii) su destinación económica.

Por lo anterior, señaló que no prosperaba el cargo pues el avaluó

comercial de las franjas de terreno que fueron objeto de expropiación

no resulta incrementado con base en el avalúo catastral, “[…] no solo

porque tiene otro propósito, solo porque no está previsto en la norma

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
noviembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, expediente núm. 2001-00519-02.

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especial que regula el precio indemnizatorio en los procesos de

expropiación […]”.

Finalmente, en cuanto al cargo de desviación de poder dijo que

tampoco prosperaba, toda vez que revisados los avalúos, el

correspondiente al inmueble con matrícula inmobiliaria núm. “001-

0711844”, reportaba que era un predio urbano con restricciones

geológicas leves, con comercialización baja en el sector, rodeado de

desarrollos multifamiliares y con una construcción con diversas

comodidades; y el perteneciente al bien identificado con matrícula

inmobiliaria núm. 001-0624371, se trata de un predio rural con uso

predominante protector productor, en zona de riesgo no mitigable que

tiene restringida la posibilidad de urbanizarse, con comercialización

baja en el sector por limitación normativa, con desarrollos

multifamiliares en la periferia.

Por lo anterior, consideró que los avalúos controvertidos exponían el

análisis de los inmuebles, que no tenían características similares y ello

impedía determinar una diferencia en el valor por metro cuadrado de

terreno asignado, al tiempo que los deja en diferentes niveles de

comparabilidad, lo que desvirtúa la distinción no justificada invocada.

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Señaló que el dictamen aportado con la reforma de la demanda se

basa en las condiciones físicas y jurídicas de los predios en el año 2010

y no al momento de la oferta, lo que impide su comparación; no

obstante, coincide en que se trata de suelo rural con tratamiento

forestal protector productor y que se encuentra restringida la

localización de vivienda campestre; y que de acuerdo con la

clasificación otro predio tendría la misma posibilidad de desarrollo.

Ahora, si bien expone que se utilizó el método comparativo de mercado

y el de costo de reposición, no contiene una presentación ni una

correlación de datos de los inmuebles con los cuales se efectuó la

confrontación ni cómo se arribó al valor del metro cuadro relacionado

en las conclusiones.

Sobre el reconocimiento y tasación del daño emergente y el lucro

cesante, dijo que si bien se reclamaba este no se precisó el origen de

los daños ni se aportó prueba que acreditara hechos configurativos de

esos perjuicios.

Finalmente, condenó en costas a la parte actora y, en consecuencia,

fijó las agencias en derecho, correspondiente al 3% de las pretensiones

de la demanda.

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IV.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte actora sustentó la inconformidad con la

decisión del Tribunal con fundamento en los siguientes argumentos:

Frente a la excepción de inepta demanda por indebida acumulación

de pretensiones, indicó que se realizó una inadecuada interpretación

del artículo 165 del CPACA, pues la apreciación realizada por el a quo

carece de motivación y sustento normativo y jurisprudencial,

desconociendo la finalidad de la figura allí establecida que, en su

criterio, es evitar la existencia de múltiples procesos respecto de un

mismo hecho o asunto en común, permitiéndosele a la parte

acumular pretensiones de distintos medios de control, conforme con

lo señalado por el Consejo de Estado20.

En ese orden, estimó que se cumplen los requisitos de la norma en

cita, habida cuenta que el Tribunal es competente para conocer de

las pretensiones principales y subsidiarias invocadas, las mismas no

son excluyentes entre sí, no operó el fenómeno de la caducidad y se

pueden tramitar dentro del mismo procedimiento.

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia
de 27 de marzo de 2014, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente núm. 2012-0124-01.

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Frente a legalidad de los actos acusados, concretamente, la violación

del debido proceso, indicó que, contrario a lo indicado por el a quo,

en el trámite expropiatorio sí debía notificarse la designación del

perito avaluador al propietario del predio a expropiar, pues su

omisión constituye un mal procedimiento en la realización del avalúo,

asunto que, en su criterio, tuvo poco estudio, dejando de lado el

trámite previsto en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución núm.

620 de 2018 del IGAC, cuyo objetivo es garantizar la transparencia

y objetividad en la designación de los avaluadores.

Sostuvo que la sentencia de primera instancia también omitió el

análisis concerniente a que la Lonja de Propiedad Raíz debe realizar

la publicación de los peritos avaluadores para su reparto y posterior

vinculación para la asignación de la realización del avalúo, el cual

tenía como fin de reconocer la relación de Valorar S.A. y la Lonja.

Agregó que si bien se acreditó que dicha sociedad estaba registrada

en el Registro Nacional de Avaluadores, ello no es óbice para omitir

publicar la lista de los demás peritos para su posterior asignación o

reparto.

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Consideró que no resultaba suficiente el estudio realizado sobre la

debida notificación de los avalúos e interposición de los recursos

contra de las resoluciones demandadas, pues lo pretendido con ese

cargo era acreditar que Valorar S.A., vulneró las garantías del

procedimiento expropiatorio, pues no se indicó los extremos

temporales para controvertir los avalúos y el momento en que se

obtuvo respuesta a las inconformidades planteadas a estos.

Reiteró que se incurrió en falsa motivación, toda vez que los avalúos

elaborados por Valorar S.A. incurrieron en error de procedimiento al

no considerar la norma urbanística aplicable al caso concreto, esto

es, no obtener de manos de la entidad pública la certificación de la

norma vigente, lo que llevó a reconocer un valor inferior al catastral

en unos casos y en otros razonable.

Insistió en que los actos de expropiación carecen de un avalúo

técnico que llene los requisitos legales y reglamentarios y tomaron

como base el avalúo realizado por Valorar S.A., el cual consignaba

un precio que no se ajustaba a criterios técnicos de avalúo ni a los

principios de reparación y equidad.

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Agregó que también se incurrió en falsa motivación por error de

derecho, toda vez que la entidad demandada interpretó de manera

nefasta la normatividad vigente en esa materia, pues se debió

considerar como un valor mínimo o piso mínimo el reflejado en el

avalúo catastral, pues es, precisamente, la actuación de Estado la

que fijó cual era el valor de los inmuebles para sus finalidades

impositivas, siendo incoherente, contrario a la buena fe y absurdo

que para efectos del pago de la expropiación se sostenga que el valor

comercial sería menor al catastral, cuando lo que ocurre siempre es

que sea mayor y por costumbre hasta lo supera en un 40%, conforme

lo explicado en el dictamen aportado.

Señaló que en el trámite de impugnación de los avalúos la

administración no se pronunció sobre el uso del método comparativo

cuando en realidad los predios colindantes, que son de características

y condiciones similares, presentaron valores diferentes.

Finalmente, frente al cargo de desviación de poder insistió en que los

actos acusados se fundamentaron en que la facultad de expropiación

de la administración no se utilizó para establecer el justo precio, sino

que valiéndose del avaluó elaborado por Valorar S.A., privó del

derecho de dominio a la demandante, desconociendo el mismo

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avalúo catastral y negando el valor comercial, desconociendo los

efectos técnicos y normativos del avalúo y violando el principio de

confianza legítima.

IV.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

IV.1- El Despacho sustanciador, mediante auto de 28 de julio de

2023, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora

contra la sentencia de 29 de mayo de ese año, en los términos del

artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080

de 2021.

IV.2.1- El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA solicitó confirmar la

sentencia recurrida, toda vez que la parte actora no logró desvirtuar

la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas.

Señaló que contrario a lo estimado por la recurrente la acumulación

de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y de

reparación directa no es procedente, comoquiera que no se cumplen

las exigencias del artículo 165 del CPACA, pues tales pretensiones

deben resolverse a la luz de dos procedimientos distintos, esto es, el

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expropiatorio previsto en el artículo 71 de la Ley 388 y el de

reparación directa establecido en el CPACA.

Manifestó que la sentencia recurrida no incurrió en errores ni en falta

de valoración normativa o fáctica, pues los procedimientos para

designar perito evaluador cuando se requiere expropiar un inmueble

por utilidad pública, establecidos en el Decreto 140 de 1998 y en la

Resolución 620 de 2008, no prevén que se deba notificar al

propietario del predio a expropiar tal designación; además de que los

avalúos que sirvieron de fundamentó a los actos acusados fueron

realizados por avaluadoras identificadas en el Registro Nacional de

Avaludor, entidad privada constituida para ello, localizada en el

municipio de Medellín e inscrita en la Lonja de Propiedad Raíz de esa

ciudad y de Antioquia.

Respecto de la violación del debido proceso, indicó que el a quo sí

valoró los avalúos controvertidos a la luz de la normatividad y

reglamentación vigente, analizó cada uno de los reparos invocados

en la demanda en relación con los actos demandados, los cuales

fueron descartados conforme a las pruebas obrantes en el proceso.

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Concluyó que, contrario a lo señalado por la recurrente, el avalúo

catastral no es prueba conducente ni pertinente que acredite error

en el avaluó comercial practicado por Valorar S.A., pues se definen

únicamente para efectos fiscales, como base gravable del impuesto

predial y se determina por medio de la elaboración del estudio de las

zonas homogéneas físicas y geoeconómicas (ZHF y ZHG), según lo

previsto en la Resolución núm. 007 de 2011, y no por métodos

puntuales de valoración establecidos en la Resolución 620 de 2008,

condición que no puede trasladarse al avalúo controvertido.

IV.2.2- La actora ratificó los argumentos expuestos en el recurso de

apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

IV.3- Comoquiera que no se decretaron pruebas en esta instancia,

no hubo lugar a dar traslado para alegar de conclusión, además de

que el MINISTERIO PÚBLICO tampoco rindió concepto.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

De acuerdo con los argumentos planteados por la parte actora en el

recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar la legalidad

de los precios indemnizatorios reconocidos a través de las

resoluciones núms. 112884 de 2013 y 3329 de 2014; y 112885 de

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2013 y 3330 de 2014, expedidas por el DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA, por medio de las cuales se dispuso la expropiación por

vía administrativa de unas franjas de terreno de predios de propiedad

de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA, identificados

con las matrículas inmobiliarias núms. 001-397163 y 001-624371,

determinados en las sumas de $173.023.144 y $696.707.345,

respectivamente.

El Tribunal declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda

por indebida acumulación de pretensiones respecto de las

subsidiarias de reparación directa invocadas en la reforma, habida

cuenta que si bien se cumplen los requisitos de que el juez sea

competente para conocer de todas las pretensiones, de que estas no

se excluyan entre sí y de que no haya operado la caducidad respecto

de alguna de ellas, según lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 del

artículo 165 del CPACA, no ocurre lo mismo frente a la exigencia del

numeral 4 idem, pues el medio de control de reparación directa debe

tramitarse por el procedimiento ordinario establecido en el CPACA,

mientras que el proceso contra decisiones de expropiación por vía

administrativa se rigen por la acción especial contencioso

administrativa dispuesta en el artículo 71 de la Ley 388 de 1998,

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para obtener la nulidad y restablecimiento del derecho lesionado o

para controvertir el precio indemnizatorio reconocido.

Luego, denegó las pretensiones de la demanda por considerar que

ninguno de los cargos invocados por la parte actora tenía vocación

de prosperidad, debido a que no se logró desvirtuar la legalidad de

las resoluciones demandadas.

Al respecto, indicó que en relación del cargo de violación al debido

proceso administrativo el artículo 27 del Decreto – Ley 2150 de 1995,

prevé que el avalúo para determinar el valor comercial del bien a

expropiar puede ser establecido por el IGAC o personas privadas

registradas y autorizadas por la lonja de propiedad raíz del lugar del

bien; y que comoquiera que estos fueron elaborados por avaluadoras

inscritas al Registro Nacional de Avaluadores, entidad perteneciente

a la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, no se

desvirtuaba la legalidad de los actos acusados.

Agregó que la demandante sí tuvo la oportunidad de interponer

recursos contra los avalúos que motivaron los actos de expropiación,

frente a los cuales obtuvo respuesta por parte de la autoridad

demandada.

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En cuanto a la falsa motivación, por presunto error de los avalúos,

consistente en que los precios de adquisición de los inmuebles

expropiados no podían ser menores a los de los valores catastrales,

señaló que el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 establece que el

avalúo de los predios no puede resultar incrementado con el avalúo

catastral, pues este tiene otro propósito y porque no está previsto en

la norma especial.

Sobre la desviación de poder, indicó que revisados los avalúos de 5

de enero de 2012, correspondientes a los bienes identificados con los

folios de matrículas inmobiliarias núms. 001-“0711844”21 y 001-

0624371, advertía que en ellos se precisaba que correspondían,

respectivamente, a predios: i) urbano con restricciones geológicas

leves, con comercialización baja en el sector, rodeado de desarrollo

multifamiliares y con una construcción con diversidad de

comodidades; y ii) rural con uso predominantemente protector

productor, con zona de riesgo no mitigable que tiene restringida la

posibilidad de urbanizarse, con comercialización baja en el sector por

limitación normativa, con desarrollos multifamiliares en la periferia y

los demás lotes con el mismo desarrollo de bosque de protección y

producción.

21
Verificado el expediente, corresponde al folio de matrícula núm. 001-397163.

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Añadió que los avalúos exponían el análisis de inmuebles que no

tenían características similares, lo que determina diferencias en el

valor por metro cuadrado de terreno asignado y los deja en distintos

niveles de comparabilidad.

Finalmente, respecto del dictamen pericial aportado con la reforma

de la demanda, sostuvo que se basaba en las condiciones físicas y

jurídicas del predio para la vigencia 2014 y no al momento de la

oferta, lo que impedía su comparación, “[…] aunque coincide en que

se trata de un suelo rural con tratamiento forestal protector

productor y que se encuentra restringida la localización de vivienda

campestre […], Aunque expone haber utilizado el método

comparativo de mercado y el método de costo neto de reposición, no

contiene una presentación o una correlación de datos de los

inmuebles con los cuales se efectuó la comparación, ni cómo arribó

al valor del metro cuadrado en sus conclusiones […]”; del daño

emergente y el lucro cesante dijo que no se precisó el origen del daño

ni se aportó prueba que acredite su configuración, ni el monto al que

ascendieron; y condenó en costas a la parte actora y estimó el valor

de las agencias en derecho en el 3% de las pretensiones de la

demanda.

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Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de

apelación, argumentando que el a quo malinterpretó lo dispuesto en

el artículo 165 del CPACA, pues, en su criterio, sí se cumple la

exigencia del numeral 4 idem, habida cuenta que las pretensiones de

nulidad y restablecimiento del derecho y las de reparación directa

formuladas en la demanda y en el escrito de reforma, si pueden

tramitarse por el mismo procedimiento; no obstante, no especificó

cuál.

Asimismo, señaló que se violó el debido proceso porque no se le

notificó la designación del avaluador ni se publicó por parte de la

Lonja de Propiedad raíz, la lista de peritos que sometería a reparto;

y el estudio realizado por el Tribunal sobre notificación de avalúos e

interposición de recursos es insuficiente pues no se logró establecer

el momento en que se obtuvo respuesta a las inconformidades

planteadas a la actuación administrativa.

Insistió en la ocurrencia de falsa motivación y desviación de poder,

debido a que, en su criterio, la demandada debió considerar como

valor mínimo del precio indemnizatorio el establecido en el avalúo

catastral y que en el trámite de impugnación de los avalúos no hubo

pronunciamiento sobre el método comparativo; además, la facultad

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expropiatoria no se usó para establecer el justo precio, sino que privó

del derecho de dominio a la demandante, respectivamente.

Así las cosas, para la Sala se hace necesario traer a colación los

criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción especial

contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho

que procede contra la decisión de expropiación por vía

administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso

interpuesto. Al respecto, se ha señalado:

“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas
y las pruebas allegadas al proceso.

Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de
legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.

En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la legalidad
de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de
legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no

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implica, como aduce el recurrente, que la acción especial
contencioso administrativa se aborde como una acción
ordinaria de nulidad.
[…]

En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.

Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 22 (Destacado fuera del texto).

Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de

mayo de 200923, explicó sobre los elementos que debe contener la

indemnización, como consecuencia de una expropiación

administrativa, de la siguiente manera:

“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-
administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas
al texto)

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011 00196
01.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo
de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2005-
03509-01.

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En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien
expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y
el H. Consejo de Estado.

En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser
privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública,
debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)

El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte
del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé
igualmente en su artículo 21.2 el pago de una
indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los
perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un
bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior
significa que el valor que se determine con esa finalidad
debe ser comprensivo de todas las ablaciones
patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean
objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la
determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse
especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la
línea divisoria que marca las fronteras entre el
enriquecimiento y el menoscabo.

Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que los
daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad
mediante el cual se decrete la incorporación al dominio
público de bienes de propiedad particular para satisfacer
con ellos una necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que
ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es
sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho

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de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno
que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías
que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues
no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.

Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)

En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que
se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).

En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)

Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que

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resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.

Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente
respecto del precio, cuando el expropiado considere
incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y
plena. […].”

Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los

términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales

que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones para

el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el artículo

61 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:

“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en relación
con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica.

La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).

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El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de

adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se

refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo que

para dichos efectos realice la entidad correspondiente, el segundo,

además de comprender aquel, contiene el daño emergente y el

lucro cesante, así como los demás perjuicios que merezcan ser

reparados para garantizar una indemnización plena.

En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de

manera que si este no cumple con los requisitos legales que permitan

inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio técnico

apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente

afectado24.

Los actos acusados25

La Resolución núm. 112884 de 16 de diciembre de 2013,

estableció la expropiación de una faja de terreno del predio

identificado con la matrícula inmobiliaria 001-397163 y fijó el precio

indemnizatorio del inmueble, así:

“[…] Por la cual se decide la expropiación de un predio
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm.

24
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).
25
Por la extensión de los actos demandados, solo se trascribe lo pertinente.

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001-379163 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Medellín (Antioquia) Zona Sur, propiedad
de la Universidad Pontificia Bolivariana, Nit. […] predio
necesario para la ejecución del Proyecto Conexión Vial
Aburrá – Oriente (Túnel de Oriente y desarrollo vías
complementario

Predio: CA-12A, según identificación interna del proyecto

El secretario de Infraestructura Física, del Departamento de
Antioquia, en ejercicio de su cargo según Decreto de
nombramiento […]; con fundamento en el Decreto 0007 de 2
de enero de 2012 y con base en el contrato 97-CO-20-1811,
celebrado entre la CONCESIÓN TÚNEL ABURRÁ ORIENTE S.A.
y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA para el desarrollo de la
conexión vial Aburrá-Oriente (Túnel de Oriente y desarrollo vial
complementario) considerada como proyecto de utilidad
pública e interés social, según la Constitución Política de
Colombia artículo 58, la Ley 1452 de 2011 (Plan Nacional de
Desarrollo) y la Ley 1474 de 2011 y demás normas
relacionadas, y

CONSIDERANDO QUE:

[…]

5. El presente acto de expropiación se aplica al derecho de
dominio que tiene LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA, sobre el inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria 001-379163. LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA adquirió el bien identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria 001-379163 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur, por compra a
Seminario Conciliar de Medellín, mediante escritura pública
número […] (2479) de quince (15) de noviembre de […] 1983,
otorgada en la Notaria Segunda de la ciudad de Medellín.

6. El área linderos del bien identificado con la matrícula
inmobiliaria 001-379163 son los siguientes: […]

7. El área del predio que se requiere y que es objeto de
expropiación mediante el presente acto administrativo, es la
siguiente […] (8.177,80 m2), sin intervención de áreas
construidas. Faja de terreno ubicado en el Municipio de
Medellín, el cual se enmarca dentro de los puntos 1 y 5, con los
siguientes linderos […].

RESUELVE:

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ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
Ordenar, por motivos de utilidad pública e interés social, la
expropiación por vía administrativa del predio identificado en el
numeral séptimo de la parte motiva de este acto
administrativo, de propiedad de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA, identificado con la matrícula inmobiliaria de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona
Sur (Antioquia).

ARTÍCULO SEGUNDO: PRECIO INDEMNIZATORIO. El precio del
inmueble objeto de expropiación es de […] ($173.823.144,
según avalúo V-13-05-1425 de 22 de julio de 2013, elaborado
por VALORAR S.A.

ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO. El valor del precio
indemnizatorio del bien determinado en el numeral anterior,
será consignado a órdenes del Tribunal Administrativo de
Antioquia, en la cuenta que la Institución designe para ello,
quedando así cancelada la obligación.

ARTÍCULO CUARTO: ORDEN DE INSCRIPCIÓN. Se solicita a la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente para
que inscriba el presente acto administrativo y se surta con ello
la trascendencia del derecho de dominio del predio que por este
instrumento se expropia a favor de la Gobernación de
Antioquia.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICACIÓN. La presente Resolución
deberá notificarse personalmente, o por aviso en la forma
prevista en los artículos 76 y 76 de la Ley 1437 […], tanto al
propietario inscrito como a quienes figuran en el
correspondiente folio de matrícula inmobiliaria como
acreedores hipotecarios o como partes litigiosas con afectación
del dominio del inmueble.

ARTÍCULO SEXTO: ENTREGA DEL BIEN. Se advierte a los
propietarios que partir de la fecha en que se haga efectivo el
pago según la Ley 1474 de 2011, tienen quince (15) días
hábiles para hacer la entrega material del inmueble expropiado.
“De no hacerlo, se procederá al desalojo del mismo con el
apoyo de la autoridad competente”, numeral 12, artículo 87,
de la Ley 1474 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: RECURSOS. Contra la presente resolución
procede el recurso de REPOSICIÓN que deberá ser interpuesto
[…]”.

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La Resolución núm. 112885 de 16 de diciembre de 2013,

estableció la expropiación de una faja de terreno del predio

identificado con la matrícula inmobiliaria 001-624371 y fijó el precio

indemnizatorio del inmueble, así:

“Por la cual se decide la expropiación de un predio
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm.
001-624371 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Medellín (Antioquia) Zona Sur, propiedad de
la Universidad […], predio necesario para la ejecución
del Proyecto Conexión Vial Aburrá – Occidente (Túnel de
Oriente y desarrollo vías complementario”.

Predio: CA-12, según identificación interna del proyecto

El secretario de Infraestructura Física, del Departamento de
Antioquia, en ejercicio de su cargo según Decreto de
nombramiento […]; con fundamento en el Decreto 0007 de 2
de enero de 2012 y con base en el contrato 97-CO-20-1811,
celebrado entre la CONCESIÓN TÚNEL ABURRÁ ORIENTE S.A.
y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA para el desarrollo de la
conexión vial Aburrá-Oriente (Túnel de Oriente y desarrollo vial
complementario) considerada como proyecto de utilidad
pública e interés social, según la Constitución Política de
Colombia artículo 58, la Ley 1452 de 2011 (Plan Nacional de
Desarrollo) y la Ley 1474 de 2011 y demás normas
relacionadas, y

CONSIDERANDO QUE:

[…]

5. El presente acto de expropiación se aplica al derecho de
dominio que tiene LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA, sobre una faja de terreno que hace parte del
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 001-
624371, adquirido por compra realizada el SEMINARIO
CONCILIAR DE MEDELLÍN, mediante escritura pública número
[…] (1636) de treinta (30) de septiembre de […] 1983,
otorgada en la Notaria Segunda de la ciudad de Medellín, lote
de mayor extensión del cual se segregado del inmueble del cual
se desprende la faja que es objeto de expropiación. LA

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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA en virtud de la
escritura pública número […] (10.534) de dieciséis (16) de
diciembre de […] (1993) de la Notaria 12 de Medellín, realizó
una venta parcial de 70.539.878 m2 sobre el inmueble
identificado con el folio de matrícula 001-624371, quedando
este con un área de 140.435.712 m2.

6. El área linderos del bien identificado con la matrícula
inmobiliaria 001-624371 son los siguientes, según consta en la
escritura pública número […] (10.534) de 16 de diciembre de
1993, otorgada en la Notaria 12 del Círculo de Medellín, “un
predio resto del inmueble de mayor extensión, ubicado en el
sector de Loreto de Medellín que queda con un área de
140.435.712 metros cuadrados […]

7. El área del predio que se requiere y que es objeto de
expropiación mediante el presente acto administrativo es la
siguiente […] (33.316,7 m2), sin intervención de áreas
construidas. Faja de terreno ubicado en el Municipio de
Medellín, el cual se enmarca dentro de los puntos 1 y 6, con los
siguientes linderos […].

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
Ordenar, por motivos de utilidad pública e interés social, la
expropiación por vía administrativa del predio identificado en el
numeral séptimo de la parte motiva de este acto
administrativo, de propiedad de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA, identificado con la matrícula inmobiliaria 001-
624371 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Medellín, Zona Sur (Antioquia).

ARTÍCULO SEGUNDO: PRECIO INDEMNIZATORIO. El precio del
inmueble objeto de expropiación es de […] ($696.707.345,
según avalúo V-13-05-1409 de 22 de julio de 2013, elaborado
por VALORAR S.A.

ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO. El valor del precio
indemnizatorio del bien determinado en el numeral anterior,
será consignado a órdenes del Tribunal Administrativo de
Antioquia, en la cuenta que la Institución designe para ello,
quedando así cancelada la obligación.

[…]

ARTÍCULO SÉPTIMO: RECURSOS. Contra la presente resolución
procede el recurso de REPOSICIÓN que deberá ser interpuesto

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[…]”.

Las resoluciones núms. 3329 y 3330 de 22 de enero de 2014

resolvieron los recursos de reposición interpuestos por la parte actora

contra lo decidido en las resoluciones núms. 112884 y 112885 de 16

de diciembre de 2012, en el sentido de confirmar las decisiones

recurridas, respectivamente.

Caso concreto

Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver los argumentos

expuestos en el recurso de apelación, de la siguiente manera:

• En cuanto a las inconformidades de la recurrente frente a la
excepción de inepta demanda por indebida acumulación de
pretensiones

La parte recurrente estima que se debe revocar la sentencia apelada,

toda vez que, en su criterio, es procedente la acumulación de

pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y de

reparación directa, según lo establecido en el numeral 4 del artículo

165 del CPACA, que permite tramitarlas bajo el mismo

procedimiento.

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Al respecto, se tiene que la excepción de indebida acumulación de

pretensiones prevista en el numeral 5 del artículo 100 del Código

General del Proceso, se configura por cumplir los presupuestos

procesales establecidos en el artículo 16526 del CPACA, normativa

que prevé la procedencia de la acumulación de las pretensiones de

los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de

reparación directa, siempre que sean conexas y se configuren los

requisitos mencionados en la norma transcrita, es decir, (i) que el

Juez que conozca de la nulidad y sea competente para conocer de

todas las pretensiones, (ii) que la parte accionante haya dividido y

presentado las solicitudes de manera principal y subsidiaria, si estas

se excluyen entre sí, (iii) que no haya caducado ninguna de las

solicitudes y (iv) que deban tramitarse por el mismo

procedimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala reitera que la parte actora

invocó en la demanda como pretensión principal la declaratoria de

26
“[…] ARTÍCULO 165. Acumulación de Pretensiones. En la demanda se podrán acumular
pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de
reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones
de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando
en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y
de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa
será competente para su conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento. […]”. (Destacado de la Sala).

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nulidad de las resoluciones demandadas, esto es, las que

establecieron la expropiación de unas fajas de terreno de predios de

su propiedad y, a título de restablecimiento del derecho, el

reconocimiento a su favor de la diferencia entre el valor recibido por

los inmuebles expropiados y el justo precio, que estima en la suma de

$2.611.891.467, mientras que, en la reforma, pidió como pretensión

subsidiaria, declarar que con las resoluciones controvertidas se “[…]

rompió el principio de igualdad de cargas y causó un daño especial

[…]” y, por tanto, hay lugar a reconocer y pagar una indemnización

por los perjuicios.

En ese orden, para la Sala no cabe duda de que la pretensión

subsidiaria invocada en la reforma de la demanda debe tramitarse

por el medio de control de reparación directa, pues el título de

imputación es el daño especial y no el antijurídico, habida cuenta que

la responsabilidad alegada no proviene de los actos administrativos

controvertidos, sino de la presunta ruptura desigual de las cargas

públicas que la actora dice que tuvo que afrontar.

Ahora, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el artículo 165 del CPACA, para la acumulación de

pretensiones, concretamente, que las invocadas puedan tramitarse

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por el mismo procedimiento, la Sala destaca que el artículo 71 de la

Ley 388 de 1997, establece que contra la decisión de expropiación

por vía administrativa procede la acción especial contencioso

administrativa para obtener su nulidad y el restablecimiento

del derecho lesionado, o para controvertir el precio

indemnizatorio, proceso que se somete a las siguientes reglas:

“[…]1. El órgano competente será el Tribunal Administrativo en
cuya jurisdicción se encuentre el inmueble expropiado, en
primera instancia, cualquiera que sea la cuantía.
2. Además de los requisitos ordinarios, a la demanda deberá
acompañarse prueba de haber recibido los valores y
documentos de deber puestos a disposición por la
administración o consignados por ella en el mismo Tribunal
Administrativo, y en ella misma deberán solicitarse las pruebas
que se quieran hacer valer o que se solicita practicar.
3. No podrá solicitarse la suspensión provisional del acto
que dispuso la expropiación por vía administrativa.
4. Notificada la demanda a la entidad autora de la decisión de
expropiación por vía administrativa, y concluido el término de
cinco (5) días para la contestación de la misma en la cual
igualmente deberán indicarse las pruebas que se solicitan, se
ordenará un período probatorio que no podrá ser superior a dos
(2) meses, concluido el cual y después de dar traslado común
a las partes para alegar por tres días, se pronunciará sentencia.
5. Contra la sentencia procederá recurso de apelación ante el
Honorable Consejo de Estado, el cual decidirá de plano, salvo
que discrecionalmente estime necesaria practicar nuevas
pruebas durante un lapso no superior a un mes. La parte que
no ha apelado podrá presentar sus alegaciones, por una sola
vez, en cualquier momento antes de que el proceso entre al
despacho para pronunciar sentencia.
6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la
Constitución Política, en el proceso no podrán controvertirse los
motivos de utilidad pública o de interés social, pero sí lo relativo
al precio indemnizatorio.
7. Cuando la sentencia revoque la decisión del Tribunal
Administrativo y declare nulidad y el consiguiente
restablecimiento del derecho, dispondrá lo siguiente:

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a. La suspensión en forma inmediata, por parte de la respectiva
entidad pública, de todas las acciones y operaciones en curso
para utilizar el bien expropiado;
b. La práctica, antes del cumplimiento de la sentencia, por el
Tribunal Administrativo ante el cual se haya surtido la primera
instancia, de una diligencia de inspección con intervención de
peritos, a fin de determinar mediante auto de liquidación y
ejecución la sentencia que pronunciará la respectiva Sala de
Decisión contra el cual sólo procederá el recurso de reposición,
si el bien ha sido o no utilizado o si lo ha sido parcialmente y,
según el caso, el valor de la indemnización debida. En el mismo
acto se precisará si valores y documentos de deber compensan
la indemnización determinada y en qué proporción, si hay lugar
a reintegro de parte de ellos a la administración, o si ésta de
pagar una suma adicional para cubrir el total de la
indemnización;
c. La orden de registro de la sentencia de la respectiva Oficina
de Registro Instrumentos Públicos, a fin de que la persona
recupere en forma total o parcial titularidad del bien
expropiado, conforme a la determinación que se haya tomado
en el auto de liquidación y ejecución de la sentencia, para el
caso en que la administración haya utilizado o sólo haya
utilizado parcialmente el inmueble expropiado.
Cuando haya lugar al reintegro de valores o documentos de
deber, para efectuar el registro se deberá acreditar certificación
auténtica de que se efectuó el reintegro respectivo en los
términos indicados en el auto de liquidación y ejecución de la
sentencia.
d. La orden de pago del valor que a título de restablecimiento
del derecho lesionado debe pagar adicionalmente la
administración, sin que haya lugar a reintegro alguno de los
valores y documentos de deber recibidos ni al registro de la
sentencia de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos,
cuando la administración haya utilizado completamente el bien
expropiado.
8. Si la sentencia decide, conforme a la demanda, sobre el
precio indemnizatorio reconocido por la administración,
dispondrá si hay lugar a una elevación del valor
correspondiente o a una modificación de la forma de pago. En
este caso, las determinaciones que se hagan en el auto de
liquidación de la sentencia, tendrán en cuenta el nuevo precio
indemnizatorio y la diferente modalidad de pago […]”.

Lo anterior, permite a la Sala considerar que le asistió razón al a quo

al señalar que en el presente caso no se cumple el requisito de que

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las pretensiones puedan tramitarse bajo el mismo procedimiento,

pues la acción especial contencioso administrativa para obtener

la nulidad y restablecimiento del derecho del acto de expropiación o

para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, se rigen

por unas reglas particulares, previstas en el artículo 71 de la Ley 388

de 2007, mientras que el medio de control de reparación directa debe

adelantarse por el procedimiento establecido en el CPACA,

normativas distintas que no son asimilables.

Por ello, la Sala considera que no prospera el cargo.

• En cuanto a las inconformidades de la recurrente frente a la
violación del debido proceso administrativo

Aduce la recurrente que el a quo resolvió de forma insuficiente lo

relacionado con la violación del debido proceso administrativo como

causal de nulidad de las resoluciones controvertidas, habida cuenta

que, en su criterio, conforme con lo previsto en los artículos 8º, 10º

y 13 del Decreto 1420 de 1998, la demandada debió notificarle de

manera previa a la elaboración de los avalúos que sirvieron de

fundamento a los actos expropiatorios demandados, la designación

de los avaluadores que elaborarían estos; que la Lonja de Propiedad

Raíz no publicó la lista de peritos que sometería a reparto para la

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realización de avalúos comerciales en ese territorio; y que los avalúos

no fueron notificados en debida forma, frente a los cuales interpuso

los recursos correspondientes, pero no obtuvo respuesta.

Al respecto, se advierte que el Tribunal, en la sentencia de primera

instancia indicó que según el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, es

válido acudir a peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones

correspondientes, según lo determinado en el Decreto Ley 2150 de

1995; que en ese sentido los avalúos suscritos por las avaluadoras

registradas en el Registro Nacional de Avaluador, cumplen con la

normativa pertinente; y que, además, la actora sí controvirtió los

avalúos a través de los recursos de reposición interpuestos contra las

resoluciones núms. 112884 y 112885 de 16 de diciembre de 2013,

los cuales fueron resueltos por medio de las resoluciones núms. 3329

y 3330 de 22 de enero de 2014, con las cuales obtuvo respuesta a

sus inconformidades.

Ahora, sea lo primero precisar que conforme con la jurisprudencia

reiterada de la Sección, el avalúo comercial forma parte integral del

acto administrativo que decreta la expropiación, por lo que se

encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y certeza,

que se predica de las decisiones definitivas de la Administración, y

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debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, por lo que

corresponde a quien recurre, en este caso, la parte demandante,

demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,

acreditando precisamente sus incorreciones.

En efecto, en la sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala precisó:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante
a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el precio
del inmueble establecido por la administración se determinó
como resultado de la aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO
DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el precio por
comparación de transacciones, oferta y avalúos de inmuebles
similares o equiparables, previos ajustes de tiempo,
conformación y localización entre otros”, y aunque se asegura
que “Se han consultado las estadísticas y avalúos recientes y
la de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de
Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos efectuados
recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto es que
en ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus
anexos se señalan cuáles fueron exactamente las
operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se
tuvieron en cuenta para hacer la anunciada
comparación, lo cual permite concluir que contra el
justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la
mencionada información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.

No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho valor
en el texto de los actos administrativos demandados,
debe entenderse que el mismo se encuentra amparado
por la misma presunción de legalidad y de certeza que
se predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado,

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demostrando precisamente su incorrección […].”
(Destacado fuera de texto).

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que la normativa

invocada por la recurrente como desconocida para tramitar el

proceso de expropiación es el Decreto 1420 de 1998, que señala los

procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los

avalúos destinados a determinar el valor comercial de los bienes

inmuebles para ejecución de, entre otros eventos, “la adquisición de

inmuebles por enajenación voluntaria” y “la adquisición de inmuebles

a través del proceso de expropiación por vía administrativa”.

La norma en cita reglamenta, entre otras disposiciones, el artículo 61

de la Ley 388 de 1997, que establece que el precio de adquisición del

predio a expropiar será igual al valor comercial determinado por el

IGAC o por peritos privados inscritos en la lonjas o asociaciones, así:

“[…] Artículo 61. Modificaciones al procedimiento de
enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes
modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria
regulado por la Ley 9ª de 1989:

El precio de adquisición será igual al valor comercial
determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-
ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación

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urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta
de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en
particular con su destinación económica […]”. (Destacado fuera
de texto).

Asimismo, desarrolla aspectos del Decreto 2150 de 199527, que en

su artículo 2728 dispone que los avalúos de bienes inmuebles que

deban practicar las entidades públicas o que se realicen en

actuaciones administrativas podrán ser realizadas por el IGAC o por

cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, registrada y

autorizada por la Lonja de Propiedad Raíz del lugar donde se

encuentra ubicado el inmueble, expresión frente a la cual la Corte

Constitucional en sentencia C-492 de 199629, precisó que las "[…]

lonjas de propiedad raíz" están referidas a todas las asociaciones y

colegios que agrupen a profesionales en finca raíz, peritazgo y avalúo

de inmuebles […]”.

Ahora, los artículos 8º y 9º del Decreto 1420 de 1998 señalan que

las personas naturales o jurídicas de carácter privado que realicen

27
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública”.
28
“[…] Artículo 27º.- Avalúo de bienes inmuebles. Los avalúos de bienes inmuebles que deban
realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser
adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o
jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la Lonja de
Propiedad Raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.

Parágrafo.- Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en
cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles […]”. (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
29
Corte Constitucional, sentencia C-492 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 79 (parcial) de la Ley 223 de 1995 y 27 (parcial) del Decreto
2150 de 1995.

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avalúos en desarrollo de ese Decreto, deben estar registradas y

autorizadas por una lonja de propiedad raíz del lugar donde se

encuentre el inmueble a avaluar; y que lo que se entiende por lonja

de propiedad raíz son las asociaciones o colegios que agrupan

profesionales en finca raíz, peritazgo y avalúo de inmuebles,

respectivamente, conforme lo sostenido por la Corte Constitucional30.

A su vez, el artículo 10º idem, establece que las Lonjas de Propiedad

Raíz o colegios o asociaciones que agrupen a profesionales dedicados

al ramo de avalúos deben elaborar un sistema de registro y

acreditación de los avaluadores afiliados; mientras que, en cuanto al

procedimiento para la elaboración éstos, los artículos 12 y 13 idem

disponen que: i) cuando se solicite la elaboración de uno a las lonjas

o Lonja de Propiedad Raíz del lugar donde se encuentra ubicado el

inmueble, estas designaran para el efecto a uno de los peritos

privados que se encuentren registrados y autorizados para ello o,

también podrá solicitarse directamente al IGAC; y ii) los avalúos

practicados a inmuebles deben presentarse por escrito, firmados por

el representante legal, señalando el motivo del avalúo y acompañado

de los documentos correspondientes31.

30
Idem.
31
“[…] 1. Identificación del inmueble o inmuebles, por su dirección y descripción de linderos.
2. Copia de la cédula catastral, siempre que exista
3. Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble objeto del avalúo, cuya fecha de expedición
no sea anterior en más de tres (3) meses a la fecha de la solicitud.

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El anterior recuento permite a la Sala considerar que no le asiste

razón a la recurrente, pues ninguna de las disposiciones referidas

prevé que de manera previa a la elaboración de los avalúos deba

notificarse la designación de los avaluadores que los practicaran o

publicarse una lista de peritos que someta a reparto a dichos

profesionales para la realización de avalúos comerciales ni la

posibilidad de interponer recursos contra estos, sino pedir su revisión

e impugnación.

Por el contrario, en el caso sub examine, se dio cumplimiento a dicha

normativa debido a que los avalúos controvertidos fueron realizados

por un perito privado, esto es, Valorar S.A., en virtud del contrato

de prestación de servicios celebrado con la Fiduciaria Popular Vocera

del patrimonio autónomo Concesión Túnel Aburra Oriente, firma

registrada en la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia32.

4. Copia del plano del predio o predios, con indicación de las áreas del terreno, de las construcciones o
mejoras del inmueble o motivo de avalúo, según el caso.
5. Copia de la escritura del régimen de propiedad horizontal, condominio parcelación cuando fuere del
caso.
6. Copia de la reglamentación urbanística vigente en el municipio o distrito, en la parte que haga
relación con el inmueble objeto del avalúo. Se entiende por reglamentación urbanística vigente aquella
expedida por autoridad competente y debidamente publicada en la gaceta que para el efecto tenga la
administración municipal o distrital.
7. Para el caso del avalúo previsto en el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, deberá informarse el lapso de
tiempo durante el cual se imposibilite la utilización total o parcial del inmueble como consecuencia de
la afectación.
Parágrafo 1.- Cuando se trate del avalúo de una parte de un inmueble, además de los documentos e
información señalados en este artículo para el inmueble de mayor extensión, se deberá adjuntar el
plano de la parte objeto del avalúo, con indicación de su linderos, rumbos y distancias.
Parágrafo 2.- El plazo para la realización de los avalúos objeto del presente Decreto es máximo de
treinta (30) días hábiles, salvo las excepciones legales, los cuales se contarán a partir del día siguiente
al recibo de la solicitud con toda la información y documentos establecidos en el presente Artículo […]”.

32
Ver folio 450 del cuaderno 2 del Tribunal, visible en el índice 2 del expediente digital.

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Asimismo, los avalúos comerciales que sirvieron de fundamento a los

actos expropiatorios controvertidos fueron suscritos por las

avaluadoras Adriana Salazar Iturrez y Yamile Hincapié Gallego,

inscritas ante el Registro Nacional de Avaluadores, con los R.N.A

núms. 1610 y 1856, respectivamente, conforme consta en los

avalúos objeto de controversia, instrumentos en los cuales se indicó

que el objeto de los mismos correspondía a la valoración de predios

afectados por el proyecto vial “túnel de oriente conexión aburra”; y

se identificaron los inmuebles por su ubicación, información jurídica,

escrituras y cédulas catastrales.

Ahora, en lo que tiene que ver con la indebida notificación de los

avalúos y la interposición de recursos en su contra, la Sala destaca

que la normativa en comento no prevé tal situación, pues ello es

propio del procedimiento de expropiación previsto en el artículo 62

de la Ley 388 de 1997 que, en sus numerales 1 y 2 dispone que “la

resolución de expropiación ser notificará en los términos provistos en

el Código Contencioso Administrativo”, hoy CPACA, y, que “contra la

resolución que ordene la expropiación solo procede el recurso de

reposición”, respectivamente.

En ese orden, consta en el expediente que las resoluciones núms.

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resoluciones núms. 112884 y 112885 de 2013, por las cuales el

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA dispuso la expropiación por vía

administrativa de unas franjas de terreno de los predios identificados

con las matrículas inmobiliarias núms. 001-397163 y 001-624371,

propiedad de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA, de

las cuales forman parte integral los avalúos comerciales de 5 de

enero de 2012, fueron objeto de recursos de reposición, los que se

resolvieron a través de las resoluciones núms. 3329 y 3330 de 22 de

enero de 2014, en el sentido de confirmar los actos principales,

actuación que descarta la violación del debido proceso administrativo

invocado.

Por lo precedente, no prospera en cargo.

• En cuando a las inconformidades de la recurrente frente a la
falsa motivación y la desviación de poder

La parte actora estima que debe revocarse la sentencia apelada, por

cuanto, en su criterio, la demandada debió considerar como valor

mínimo del precio indemnizatorio de los bienes expropiados, el

establecido en el avalúo catastral; que en el trámite de impugnación

de los avalúos no hubo pronunciamiento respecto del método

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comparativo; y la facultad expropiatoria no se usó para establecer el

justo precio, sino que privó del derecho de dominio a la demandante.

En lo que tiene que ver con el precio de adquisición del bien, se señaló

en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 que será igual al valor

comercial que determine el IGAC, la entidad que cumpla sus

funciones, o peritos privados inscritos en las lonjas, o en asociaciones

correspondientes, el cual es independiente del valor catastral.

En ese orden, el documento idóneo para determinar el precio

indemnizatorio a pagar con ocasión de una expropiación por vía

administrativa es el determinado en el avalúo comercial elaborado

por la entidad competente y no el catastral. Así lo sostuvo la Sección

en sentencia de 11 de noviembre de 202133, la que ahora se prohíja:

“[…] Con base en lo anterior, debe precisarse que la Ley 388
de 1997 regula de manera especial los asuntos relacionados
con las expropiaciones, tanto administrativas como judiciales,
y en ese sentido, su aplicación resulta forzosa para resolver las
controversias con el justiprecio y la elaboración de los avalúos
comerciales de los predios a expropiar.

A estos efectos se reitera lo establecido en el artículo 61 de la
Ley 388 de 1997:

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
noviembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, expediente núm. 05001-23-31-000-2001-00519-02.

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[…]

Como se puede observar de la norma citada, se establece
claramente que el valor comercial se determinará “por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus
funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes” mediante la elaboración de un
avalúo comercial, el cual es independiente del valor catastral,
como lo ha señalado esta Sección, de la siguiente manera:
“Es el avalúo comercial del predio y no el avalúo catastral
del mismo, el determinante para la fijación del precio
indemnizatorio o de adquisición del inmueble, atendiendo a
las consideraciones contenidas en el artículo 61 de la Ley
388 de 1997, razón por la que los argumentos del recurrente
según los cuales el mayor incremento en el avalúo catastral que se
produjo para el año 2013 significa un mayor precio indemnizatorio
no se ajustan a las disposiciones en materia del establecimiento
del precio indemnizatorio en el trámite de expropiación
administrativa.” 34

En ese orden de ideas, el documento idóneo para determinar
el valor indemnizatorio a pagar por la administración que
pretenda adelantar una expropiación por vía administrativa
corresponde al avalúo comercial determinado por la entidad
competente de conformidad con las normas especiales que
rigen la materia y no al valor catastral que tenga el bien
inmueble para la fecha en que se pretenda realizar la
expropiación. Si tales valores difieren, por exceso o por
defecto, no es de recibo que se concluya entonces que la
resolución de expropiación que reconoce el precio del valor
comercial calculado de conformidad con la ley adolece de falsa
motivación, pues constituye un evidente contrasentido
reprocharle al acto ajustado a la ley que su motivación es falsa,
simplemente porque no se ajusta a otro parámetro no previsto
en ella. El valor catastral del bien se establece con propósitos
muy distintos de los de la expropiación y no es un parámetro
para determinar el precio que debe pagarse en este caso […]”.
(Subrayas fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, considera la Sala que el Departamento

de Antioquia no tenía por qué tener en cuenta el valor catastral

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o. de
agosto de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente núm. 05001-23-33-000-2014-00750-01.

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como mínimo para establecer el precio indemnizatorio de los bienes

expropiados, pues, como lo señala la jurisprudencia, este

corresponde al avalúo comercial realizado por la entidad competente,

de conformidad con las normas especiales que rigen la materia, esto

es, la Ley 388 de 1997 y la Resolución 620 de 2008, disposiciones

tenidas en cuenta por Valorar S.A., para establecer el valor los

avalúos de los bienes objeto de estudio.

Establecido lo anterior, la Sala procede a la revisión de los avalúos

V-13-05-1425 de 22 de julio de 2013 y V-13-05-1409 de 22 de julio

de 2013, elaborados por Valorar S.A., para verificar si garantizó el

pago del justo precio respecto de los inmuebles expropiados, o si,

por el contrario, deben ser desvirtuados con fundamento en el avalúo

comercial de 15 de septiembre de 2014, elaborado por FRANCISCO

OCHOA AVALÚOS S.A.S.

-. Avalúo núm. V-13-05-1425 de 22 de julio de 2013,

correspondiente al predio identificado con el folio de matrícula

inmobiliaria núm. 001-379163

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Actora: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01197-01
Actora: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

[…]

[…]

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

[…]

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[…]

11.3. VALORES ADOPTADOS

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-. Avalúo núm. V-13-05-1409 de 22 de julio de 2013,

correspondiente al predio identificado con el folio de matrícula

inmobiliaria núm. 001-624371

[…]

[…]

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[…]

6. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

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[…]

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[…]

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[…]”.

De los anteriores avalúos la Sala advierte que los mismos se

realizaron teniendo en cuenta todos y cada uno de los bienes

inmuebles a expropiar por parte del DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA y realizando la comparación correspondiente para

asignarle el valor a cada uno de ellos de conformidad con las normas

aplicables a la expropiación por vía administrativa y gozan de

presunción de legalidad.

En el presente caso, se encuentra que el DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA mediante las resoluciones núms. 112884 y 112885 de

16 de diciembre de 2013, ordenó la expropiación por vía

administrativa, de los predios identificados con las matrículas

inmobiliarias 001-379163 y 001-624371 de la Oficina de Registro de

Instrumentos Públicos de Medellín (Antioquia) Zona Sur.

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Los predios objeto de adquisición estuvieron vinculados al proyecto

Conexión Vial Aburra – Oriente (túnel de oriente y desarrollo vial

complementario), de acuerdo con el trazado definidos a través de la

Resolución núm. 28057 de 12 de octubre de 2011, que los declaró

de utilidad pública e interés social.

Para efectos indemnizatorios, en las resoluciones núms. 112884 de

2013 y 3329 de 2014; y 112885 de 2013 y 3330 de 2014, fijaron

como precios las sumas de $173.023.144 y $696.707.345,

respectivamente, valoración que se realizó conforme a los avalúos

comerciales núm. V-13-05-1425 y V-13-05-1409 de 22 de julio de

2013, elaborados Valorar S.A.35.

El análisis contenido en los referidos avalúos permitió verificar que,

para la determinación de los valores comerciales de los predios de

propiedad de la actora, se tuvieron en cuenta aspectos como: i) la

información general en la que se identificó el solicitante del avalúo,

la radicación, tipo avalúo, tipo de inmueble, dirección, objeto de

valoración; ii) la información catastral; iii) la descripción general del

sector en el que se analizó la delimitación del sector, la actividad

predominante, desarrollo, nivel socioeconómico, comercialización,

35
Índice 2 del sistema digital SAMAI.

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vías acceso y características, servicios comunales, servicios públicos,

orden público, perspectivas de valorización; iv) normas de uso del

suelo; v) descripción del inmueble, en el que se verificaron las

características generales del terreno, de la construcción, información

jurídica y resumen de áreas; vi) elementos permanentes; vii) método

del avalúo; viii) análisis de antecedentes; ix) consideraciones

generales; x) investigación económica; y xi) resultado de los avalúo.

Conforme con la anterior, para la Sala los avalúos oficiales fueron

elaborados con sujeción a lo previsto en la Resolución IGAC 620 de

2008 y el Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de Medellín,

norma urbanística vigente para efectos constructivos, para lo cual se

analizó la aptitud geológica para el uso y ocupación del suelo en áreas

urbana, rural y en zonas de expansión, determinando que el uso

predominante del suelo de los inmuebles es protector productor, en

zona de riesgo no mitigable que tiene restringida la posibilidad de

urbanizarse, con comercialización baja en el sector por limitación

normativa, con desarrollos multifamiliares en la periferia, factores que

incidieron en la determinación de los valores.

Para debatir el avalúo oficial, la parte actora allegó el avalúo 15 de

septiembre de 2014, suscrito por la firma FRANCISCO OCHOA

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AVALÚOS S.A.S.36, en el que según se informa en el recurso de

apelación, desvirtúa la presunción de legalidad del precio

indemnizatorio reconocido por los bienes expropiados.

De la revisión de dicho informe, la Sala evidencia que contiene i) el

desarrollo del avalúo en el que se señala que el tipo de los inmuebles,

las fechas de inspección ocular -en el mes de mayo de 2014- y la del

informe -15 de septiembre de 2014-, aspectos jurídicos, usos del

suelo “forestal protector productor”, perspectivas de valorización,

entre otros; ii) criterios considerados, en donde se indica que la

normativa catalogada al lote de mayor extensión, como suelo rural,

uso forestal protector productor limita el desarrollo del predio

impidiendo construcciones o usos diferentes; iii) metodología

valuatoria en el que, consignó lo siguiente:

36
Índice 2 del sistema digital SAMAI.

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Para la Sala, lo anterior no logra demostrar que los avalúos oficiales

elaborados por Valorar S.A. fuesen erróneos, toda vez que no

controvirtió ni desvirtuó los fundamentos fácticos, técnicos y

metodológicos que los soportan. En efecto, omitió referirse de

manera precisa a la diferencia sustancial evidenciada entre el valor

tasado por metro cuadrado del terreno y el ajuste efectuado en razón

de su localización en zona de reserva vial, limitándose a exponer de

manera general un avalúo que pretende establecer el valor de un

área de terreno con base en un ejercicio vinculado al desarrollo de

un proyecto.

En esas condiciones, el avalúo aportado por la demandante, lejos de

controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los

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avalúos oficiales practicados por Valorar S.A. y que sirvió de

fundamento para la expedición de los actos administrativos

acusados, se circunscribe a presentar características generales

propias de cualquier avalúo, sin ofrecer elementos técnicos o

metodológicos que permitan cuestionar su validez. Por ello, no le

asiste razón cuando afirma que el a quo omitió valorar lo consignado

en el documento allegado con la reforma demanda, pues dicho

escrito no controvierte de manera concreta los avalúos comerciales

realizados y, en consecuencia, no logra desvirtuar la presunción de

legalidad que cobija el acto acusado.

En ese orden, le asistió razón al Tribunal al afirmar que el avaluó

aportado con la reforma demanda presentaba falencias en la medida

en que no tuvo en cuenta los lineamientos técnicos establecidos en

la Resolución 620 de 2008, pues no hizo mención explícita a la fuente

a partir de la cual se obtuvo la información ni los sistemas utilizados

para establecer la depreciación.

Sobre el particular, resulta pertinente destacar que el precio

indemnizatorio se encuentra amparado por la presunción de legalidad

al estar incorporado en el acto administrativo que ordena la

expropiación, circunstancia que impone a la parte demandante la

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carga de demostrar el error o la incorrección del avalúo oficial. Al

respecto, esta Corporación37 ha reiterado de manera pacífica y

uniforme en su jurisprudencia que el precio fijado en los actos

acusados goza de la presunción de legalidad y de certeza propia de

las decisiones de la administración, presunción que únicamente

puede ser desvirtuada mediante los medios de prueba previstos en

el ordenamiento jurídico, lo cual no aconteció en el caso sub lite.

Ahora, en lo que tiene ver con la presunta omisión de la

administración de pronunciarse sobre el método comparativo en el

trámite de impugnación de los avalúos núms. V-13-05-1425 y V-13-

05-1409 de 22 de julio de 2013, la Sala observa que contrario a lo

afirmado por la recurrente, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en

los actos acusados fijó los precios de indemnización con fundamento

en los avalúos comerciales elaborados Valorar S.A., en los cuales,

como quedó visto anteriormente, se relacionó como método de

avaluó el de comparación o de mercadeo establecido en la Resolución

620 de 2008 por ser la normativa vigente, técnica que también fue

utilizada en el avaluó comercial elaborado por Francisco Ochoa

Avalúos S.A.; no obstante, este último no contenía una correlación

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 15 de
agosto de 2019; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés; núm. único de radicación:
25000232400020110019601

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de los datos de los inmuebles comparados, lo que descarta el

planteamiento formulado por la recurrente y, por consiguiente, a que

el mismo no tenga vocación de prosperidad.

• En cuanto a las inconformidades relacionadas con que los
avalúos elaborados por Valorar S.A. incurrieron en error de
procedimiento y en error de derecho al no considerar la norma
urbanística

Ahora, en cuanto a los argumentos expuestos por la recurrente

consistentes en que los avalúos comerciales elaborados por Valorar

S.A. incurrieron en error de procedimiento y en error de derecho al

no considerar la norma urbanística, por no obtener de manos de la

entidad pública la certificación de la norma vigente, lo que llevó a

reconocer un valor inferior al catastral en unos casos y en otros

razonable, la Sala advierte que dicho planteamiento solo fue aducido

en el recurso de apelación, lo que constituye un nuevo cargo contra

los actos acusados, que no fue invocado en la demanda, situación

que a todas luces resulta improcedente, no solo por extemporáneo,

pues, se insiste, el momento procesal oportuno era la demanda o su

adición, sino también porque de acogerse su estudio se violaría el

derecho de defensa y contradicción de la parte demandada en el

proceso, siendo deber del juez hacer efectiva la igualdad de estas en

el mismo.

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Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre

ellos, en la sentencia de 31 de mayo de 201838, en la que se señaló:

“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de
inconformidad de la parte apelante involucran normas que no
fueron invocadas en la demanda como violadas, pues las
indicadas en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58
de la Constitución Política y 66 de la Ley 388.

A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia
significa, ni más ni menos, la formulación de nuevos
cargos contra los actos acusados, lo cual resulta a
todas luces improcedente, no solamente por
extemporáneos, pues el momento procesal es en la demanda
o su adición, sino en razón a que de acometer su estudio se
estaría violando el derecho de defensa de la parte
demandada en el proceso y el deber del juez de hacer
efectiva la igualdad de las partes en el mismo.

Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los
cuestionamientos que formula el recurrente con base en los
artículos 29 y 58 de la Constitución Política y 66 de la Ley
388, y no así a los artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo
de falsa motivación. […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en sentencia de 8 de octubre de 202039, la Sección

consideró que el ad quem no puede abordar materias o cuestiones

que se plantean en la apelación, que no hacen parte del concepto de

violación del libelo, ni de lo que la sentencia de primera instancia

estudió, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-00074-02.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de octubre
de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-00135-
01.

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al debido proceso y de defensa de la contraparte en el proceso, en

los siguientes términos:

“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los procesos
ordinarios el recurso de apelación tiene límites, toda vez que
debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda,
los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los
argumentos de oposición a la misma y las consideraciones
que sirven de sustento al a quo para fundamentar la
sentencia. Sobre el particular, esta Sección precisó:

“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente
de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho
recurso, pues los mismos, en el caso de apelante único,
definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta
instancia. […] Sobre el particular, esta Sección en diversas
oportunidades ha puesto de presente que “[…] el juez de la
segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que
esté facultado para pronunciarse sobre aspectos o puntos de
la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede
abordar materias o cuestiones que se plantean en la
apelación, pero que no hacen parte del concepto de
violación del libelo, ni que la sentencia de primera
instancia estudió” […] La Sala reitera que en virtud de
los principios de lealtad procesal, contradicción y de
defensa y la congruencia que debe existir entre el
recurso, la sentencia censurada, el concepto de
violación de la demanda y los argumentos expuestos
en la contestación de la misma, imponen que al
apelante le esté vedado exponer en el recurso de
apelación hechos, cargos y presentar pretensiones
nuevas que no alegó ni en la demanda ni en la
contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede
abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es
su deber salvaguardar los derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso […]”40. (Resaltado fuera de texto).

Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y

40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
diciembre de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 08001 23 31 000
2009 01122 01.

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Actora: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

probatorio, para que el superior funcional las revoque,
modifique o adicione; en esa medida, no es un instrumento
para incluir cargos nuevos en contra del acto
administrativo acusado porque ello desconocería los
principios de lealtad procesal, contradicción, defensa y
congruencia que debe existir entre el recurso y la sentencia
apelada. […]” (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo

alguno sobre el nuevo cargo, habida cuenta que solo fue invocado

como argumento de defensa en el recurso de apelación. Proceder de

manera contraria rompería el equilibrio procesal y la igualdad de las

partes, pues la parte demandada no tendría la posibilidad de

controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue

planteado en la demanda41.

• Conclusión

Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados

por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad

necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a

los actos administrativos acusados, toda vez que en el plenario no se

encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección

del avalúo oficial que sirvió de sustento para la fijación de los

41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de marzo
de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 23001233300420160014301.

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precios indemnizatorios reconocidos y pagados a la actora, con

ocasión de la expropiación administrativa dispuesta mediante las

resoluciones acusadas.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada y así se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

CONDENA EN COSTAS

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la totalidad de

las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso42 y por las

agencias en derecho43“.

De conformidad con lo previsto en el artículo 18844 del CPACA en armonía

con el numeral 8 del artículo 365 del CGP45, esto es, en aplicación de un

criterio objetivo valorativo46, corresponde a la Sala examinar si hay lugar

42
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
43
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
44
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
45
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
46
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera

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Actora: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

a condenar en costas a la parte a la que se le resolvió desfavorablemente

el recurso de apelación, en los términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 447

del artículo 365 ibidem, habida cuenta de la decisión que aquí se profiere.

Al respecto se tiene que, en esta instancia, y según las reglas previstas en

el artículo 365 del CGP la Sala no condenará en costas procesales en el

componente de agencias en derecho ni expensas por no encontrarse

probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por los motivos

expuestos en la parte considerativa en esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR EN COSTAS, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia.

total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
47
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.

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TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente

al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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