Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2023-00096-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2023-00096-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2023-00096-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia:MEDIO DECONTROL DENULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2023-00096-01
Actores: OMAR EDGAR BORJA SOTO Y OTROS
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LA RECURRENTE
NO DEMOSTRÓ QUE NO PUDIERA APLICARSE EL MÉTODO
RESIDUAL PARA ELABORAR EL AVALÚO DEL PREDIO
EXPROPIADO. LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE SE ENCUENTRA
LIMITADA POR LA SUMA DE DINERO REPORTADA POR RENTAS A
LA AUTORIDAD COMPETENTE, CONFORME CON LO PREVISTO EN
EL ARTÍCULO 11 DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra la sentencia de 20 de junio de 2024, proferida por la
Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca1, que denegó las pretensiones de la demanda.
I.- LA DEMANDA
I.1. Los señores Omar Edgar, Lorenza, Carlos Eduardo, Irma
Ligia, Henry Javier, Nelson Gabriel y Nancy Mariela Borja
Soto, a través de apoderado judicial, promovieron demanda ante el
1
En adelante el Tribunal.
2
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Tribunal, en ejercicio de la acción especial de nulidad y
restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 71 de la Ley
388 de 1997, en concordancia con el artículo 138 del CPACA, en la
que formularon las siguientes pretensiones2:
“[…] 1.-Declarar la nulidad de los actos demandados:
Resolución 2779 del 5 de mayo de 2022 y Resolución 4249 del
15 de julio de 2022, notificada esta última por correo
electrónico el día 18 de julio de 2022 en cuanto no reconocieron
el valor real, justo e integral de la indemnización por
expropiación administrativa conforme a los numerales
siguientes.
2.-Que el Instituto de Desarrollo urbano reconozca y pague la
suma de seiscientos dieciséis cuatrocientos noventa mil
ochocientos diez pesos ($616.490.810,oo) m/cte, valor que
corresponde a la operación de restar a la suma de MIL
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
VEINTISÉIS PESOS ($1.000.242.526,oo), correspondiente
VALOR ESTABLECIDO en el dictamen-avalúo POR EL MÉTODO
FLUJO DE CAJA DESCONTADO O POR RENTAS O INGRESOS
(elaborado por la empresa VALOR CONSTRUIDO S.A.S., NIT
901215833-0, representada legalmente por Steven González
David, afiliada a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y
Antioquia desde el 21/05/2019), el valor cancelado por el
Instituto de Desarrollo urbano IDU a los siete convocantes
mediante consignación efectuada el día 22 de septiembre de
2022, por la suma de $383.751.716,oo, lo que arroja un valor
neto a reconocer y pagar de $616.490.810,oo.
3.- Que el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU se reconozca y
pague como valor adicional por COMPENSACIÓN POR RENTAS,
la suma de $10.607.488,oo (por cuanto los expropiados
demandantes al recibir mensualmente $7.210.000,oo por
arriendos, debe considerarse, independientemente del avalúo
del inmueble, la compensación por las rentas que se dejaron de
percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses, lo cual
asciende a $43.260.000,oo., y no la suma de $32,652,512,oo.,
que se reconoció en artículo 2º de la Resolución 2779 del 5 de
mayo de 2022 y se confirma en la Resolución 4249 del 15 de
julio de 2022).
2
Corresponden a las pretensiones señaladas en el escrito de subsanación de la demanda.
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4.-Que las anteriores sumas sean indexadas o ajustadas
tomando como base el índice de precios al consumidor
conforme a lo previsto en el inciso final del art. 187 del Cpaca.
5.-Que se condene en costas y agencias en derecho a la
entidad demandada. […]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, señalan los
siguientes:
Indicaron que son propietarios del bien inmueble ubicado en la AC
57R sur 76-21 de Bogotá, identificado con cédula catastral
002428640300000000, CHIP AAA0018SLRU y matrícula inmobiliaria
50S40535803, el cual para el momento del inició del trámite
administrativo se encontraba conformado por una estructura de una
planta3.
Señalaron que la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital - CATASTRO4 realizó el informe técnico avalúo comercial
núm. 2021-244 de 23 de noviembre de 2021 con la finalidad de
que el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU5 formulara oferta
de compra sobre el inmueble.
3
Según lo establecido en la Resolución núm. 2779 de 2022, acto administrativo aquí demandado el
inmueble expropiado contaba con un área de construcción así: “Construcción 1 piso placa de 70.68
M2, Construcción 1 piso teja de 101.05 M2, conforme al Registro topográfico No. 52035 elaborado por
la Dirección Técnica de Predios en julio de 2019”.
4
En adelante CATASTRO.
5
En adelante el IDU.
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Manifestaron que el IDU, mediante la Resolución núm. 6926 de 6
de diciembre de 2021, determinó la adquisición de su inmueble y
formuló oferta de compra por las sumas de $358.880.340 por
concepto de terreno y construcción; $13.885.749 por daño
emergente; y $32.652.512 por lucro cesante.
Sostuvieron que a través de los oficios núms. 20225260042192 y
2022526009372 de 12 y 14 de enero de 2022, respectivamente,
pidieron la revisión del informe técnico avalúo comercial 2021-244
de 23 de noviembre de 2021.
Adujeron que CATASTRO, mediante oficio 20225260567902 de 28
de marzo de 2022, manifestó que no había lugar a modificar el
informe técnico avalúo comercial 2021-244 de 23 de noviembre de
2021.
Afirmaron que la demandada, a través de la Resolución núm.
Resolución 2779 de 5 de mayo de 2022, ordenó la expropiación por
vía administrativa del inmueble y fijó como precio indemnizatorio la
suma de $401.071.023, la cual incluía los conceptos de terreno y
construcción, daño emergente y lucro cesante.
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Expusieron que inconformes con lo anterior, interpusieron recurso
de reposición que fue resuelto a través de la Resolución núm. 4249
de 15 de julio de 2022 en el sentido de confirmar la decisión
recurrida.
I.3- Normas violadas y concepto de violación.
La parte actora afirmó que las resoluciones demandadas
trasgredieron los artículos 61 de la Ley 388 de 1997; y 2º, 16 y 37
de la Resolución 620 de 2008, habida cuenta que, a su juicio, para
realizar el avalúo del inmueble expropiado debió aplicarse el
método de capitalización de rentas o ingresos y no el residual
utilizado por CATASTRO en el informe técnico avalúo comercial
2021-244 de 23 de noviembre de 2021.
Indicó que dentro de las visitas efectuadas al predio expropiado se
verificó que el inmueble tenía una renta mensual de $7.210.000
producto de la ejecución de los contratos de arrendamiento sobre
varios locales allí ubicados, mientras que el precio indemnizatorio
otorgado únicamente tiene la potencialidad de generarle una renta
de aproximadamente $2.100.000 producto del arriendo de 3
unidades de vivienda de interés social.
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Manifestó que conforme con el artículo 61 de la Ley 388 de 1997,
para elaborar el avalúo correspondiente debía tenerse en cuenta “la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento
de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en
particular con su destinación económica”, circunstancia que no
ocurrió en el caso concreto.
Explicó que CATASTRO no tuvo en cuenta que si bien el inmueble
expropiado se encuentra dentro del plan parcial denominado ciudad
Bolivar 33, este cubría parte de los sectores normativos 9 y 10
“Área urbana integral, zona industrial y de Servicios y Zona Múltiple
de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N° 69 - ISMAEL
PERDOMO, reglamentada por el Decreto Distrital 377 del 13 de (sic)
078 DE 15/03/2006”.
Manifestó que el valor del inmueble se estableció a través del
método residual global, como si el terreno fuera a desarrollar un
programa de interés social cuando la realidad era que correspondía
a un bien que contaba con 10 locales comerciales arrendados.
Concluyó que era errado utilizar el método residual para estimar el
valor comercial de un inmueble comercial, por lo que
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obligatoriamente debía acudirse al método de capitalización de
rentas o ingresos.
Afirmó que se trasgredieron los artículos 3º, 8º y 18 de la
Resolución 898 de 2014, toda vez que para calcular la
indemnización por lucro cesante no se tuvo en cuenta que el predio
contaba con 10 locales comerciales.
Expuso que para el cálculo del lucro cesante solo se tuvo en cuenta
a 8 de sus 10 locales comerciales, reconociendo la suma de
$32.652.512 cuando en realidad debía pagarse el monto de
$43.260.000 a su favor.
Indicó que el informe técnico avalúo comercial núm. 2021-244 de
23 de noviembre de 2021 desconoció lo previsto en los artículos 20,
21 y 25 del Decreto 1420 de 1998, toda vez que no tuvo en cuenta
la destinación económica del inmueble y le dio tratamiento de
vivienda estrato 2 cuando en realidad corresponde a un inmueble
comercial.
Insistió en que el avalúo debió realizarse mediante el método de
capitalización por rentas o ingresos y que la indemnización
otorgada debía permitirle obtener otro u otros inmuebles que le
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permitieran generar la misma renta que obtenía en el predio
expropiado.
Finalmente, mencionó que las resoluciones demandadas
desconocían lo previsto en los artículos 23 y 37 de la Ley 1682 de
2013 sobre avaluadores y metodologías de avalúo, reiterando lo
expuesto sobre la destinación económica del inmueble y el lucro
cesante no otorgado.
I.4.- Contestaciones
I.4.1. El IDU señaló que, contrario a lo afirmado por la parte
actora, de la revisión de los artículos 23 de la Ley 1682 de 2013 y
25 del Decreto 1420 de 1998, no se advertía que existiera una
metodología valuatoria incorrecta para determinar el valor
comercial de un bien inmueble.
Expuso que no era cierto que la finalidad del método valuatorio de
capitalización por rentas o ingresos sea la de otorgar una
indemnización que permita entregar el capital suficiente para
conservar la misma renta mensual, pues de la lectura de los
artículos 2°, 16 y 37 de la Resolución 620 de 2008, se desprendía
que el objeto del método es determinar el valor comercial del
inmueble con base en información del mercado de arriendos de
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predios comparables y con una tasa de interés en función del valor
comercial de aquellos bienes que se ofrecen en venta y arriendo en
el sector.
Indicó que en el caso del inmueble expropiado le era aplicable el
plan parcial Ciudad Bolívar 33 al momento de su expropiación, por
lo que no era posible que pudiera obtener un desarrollo urbanístico
individual con destinación comercial.
Afirmó que para determinar el valor comercial del inmueble se tuvo
en cuenta el mayor y mejor uso para aplicar la metodología
valuatoria técnica residual, así como la viabilidad técnica y
financiera del proyecto constructivo propuesto, lo cual fue explicado
de manera detallada en el informe técnico avalúo comercial núm.
2021-244 de 23 de noviembre de 2021.
Señaló que el predio expropiado no se asimiló en ningún momento
a un bien inmueble de interés social, sino que se aplicó el método
de técnica residual en el que se verificó que para el desarrollo
constructivo del área total del plan parcial Ciudad Bolívar 33 debía
utilizarse el de mayor y mejor uso.
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Estimó que no existía fundamento técnico para aplicar el método de
capitalización por rentas o ingresos, toda vez que al hacer uso de
las rentas que generaba el propio bien se determinaría su valor
individual como unidad de desarrollo urbanístico independiente, lo
cual no era factible en los términos del plan parcial Ciudad Bolivar
33.
Puso de presente que si se aplicara el método de capitalización por
rentas o ingresos debe tenerse en cuenta todas las rentas que se
generen dentro de los predios ubicados en el plan parcial Ciudad
Bolivar 33, considerando para el valor comercial resultante el
reparto equitativo de cargas y beneficios previsto en el artículo
2.2.4.1.6.1.2 del Decreto 1077 de 2015.
Manifestó que la indemnización por lucro cesante otorgada se
estableció con fundamento en la documentación aportada por los
propietarios, a través del oficio 2114616051928 de 2 de septiembre
de 2019.
Afirmó que en el caso concreto no había lugar a modificar el lucro
cesante reconocido en las resoluciones demandadas, toda vez que
en el trámite administrativo se le explicó al señor Omar Edgar
Borja Soto que independientemente de que el valor reconocido
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proviniera de 8 o 10 contratos de arrendamiento, la realidad era
que para su determinación debía tenerse en cuenta que por
ingresos de arrendamiento reportó a la DIAN la suma anual de
$67.700.000, conforme con la declaración de renta 2114616051928
de 2 de septiembre de 2019.
Sostuvo que, con fundamento en lo anterior, no era factible realizar
un reconocimiento mayor al declarado tributariamente ante el
Estado.
Indicó que la parte actora aportó al proceso un avalúo que fue
elaborado con fundamento en el método de “flujo de caja
descontado” que no se encuentra reglamentado por la Resolución
620 de 2008, por lo que no puede ser tenido en cuenta para
desvirtuar la legalidad del informe técnico avalúo comercial núm.
2021-244 de 23 de noviembre de 2021, por no cumplir los
requisitos previstos en el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013 y 25
del Decreto 1420 de 1998.
Adujo que, en gracia de discusión, el avalúo aportado con la
demanda tampoco cumplía con la carga de determinar el valor
comercial del inmueble, pues en él se estudia el valor comercial de
una empresa en marcha, considerando sus ingresos, egresos y
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flujos de caja, estableciendo el valor comercial de la actividad
desarrollada proyectada a 11 años.
Insistió en que el predio hace parte del área del Plan Parcial Ciudad
Bolívar 33, por lo que debe aplicarse lo previsto en el artículo
2.2.4.1.6.1.2 del Decreto 1077 de 2015 que señala que “[…] los
propietarios de la totalidad de los predios incluidos en el proyecto
de delimitación de una unidad de actuación urbanística, según lo
definido en el respectivo plan parcial, podrán solicitar una única
licencia de urbanización o contar con la aprobación de un único
proyecto urbanístico general en los términos del artículo
2.2.6.1.2.4.2 del presente decreto, para ejecutar las obras de
urbanización de los predios que conforman el proyecto de
delimitación de la unidad, siempre y cuando garanticen el reparto
equitativo de las cargas y beneficios asignados a la respectiva
unidad por el plan parcial […]”.
Manifestó que el informe técnico avalúo comercial núm. 2021-244
de 23 de noviembre de 2021, realizado por CATASTRO, fue
elaborado por profesionales especializados e independientes de
forma imparcial y bajo los parámetros legales y constitucionales
propios del procedimiento de expropiación por vía administrativa.
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Adujo que el avalúo oficial determinó de forma clara y precisa el
monto total de la indemnización conforme con los parámetros
establecidos en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de
2008.
Finalmente, señaló que la parte actora no cumplió con la carga
probatoria de demostrar y sustentar técnicamente los presuntos
errores cometidos por CATASTRO en la elaboración del avalúo, en
los términos de la sentencia de 24 de mayo de 2018 proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se sostuvo que
correspondía a la demandante la carga probatoria de desvirtuar la
legalidad del avalúo oficial.
I.4.2. CATASTRO6 adujo que realizó el informe técnico avalúo
comercial núm. 2021-244 de 23 de noviembre de 2021 aplicando
las metodologías vigentes y reglamentadas por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.
Indicó que en el caso concreto debía tenerse en cuenta que el
inmueble expropiado se encontraba inscrito en suelo urbanizable no
urbanizado y formaba parte del plan parcial Ciudad Bolívar 33 que
estaba sin reglamentar, por lo que la valoración debía efectuarse
6
Vinculado al proceso en calidad de llamado en garantía del IDU, conforme con lo ordenado en auto
de 14 de julio de 2023 proferido por el Tribunal.
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para toda la unidad de actuación urbanística, siendo procedente
aplicar el método de técnica residual previsto en la Resolución 620
de 2008.
Señaló que tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 397 de la
Ley 388 de 1997, sobre las unidades de actuación urbanística al
momento de realizar el avalúo del bien expropiado.
Afirmó que debido a lo anterior no era procedente realizar el avalúo
de los predios ubicados en el Plan Parcial Ciudad Bolívar 33 de
manera independiente, por resultar necesario plantear esquemas
de reparto equitativo de cargas y beneficios para toda la unidad de
actuación urbanística.
7
“ARTÍCULO 39º.- Unidades de Actuación Urbanística. Los planes de ordenamiento territorial podrán
determinar que las actuaciones de urbanización y de construcción, en suelos urbanos y de expansión
urbana y de construcción en tratamientos de renovación urbana y redesarrollo en el suelo urbano, se
realicen a través de unidades de actuación urbanística. Como Unidad de Actuación Urbanística se
entiende el área conformada por uno o varios inmuebles, explícitamente delimitada en las normas
que desarrolla el plan de ordenamiento que debe ser urbanizada o construida como una unidad de
planeamiento con el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de las
normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a sus propietarios, de la infraestructura para el
transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos mediante reparto
equitativo de las cargas y beneficios. PARÁGRAFO.- Las cargas correspondientes al desarrollo
urbanístico que serán objeto del reparto entre los propietarios de inmuebles de una Unidad de
Actuación incluirán entre otros componentes las cesiones y la realización de obras públicas
correspondientes a redes secundarias y domiciliarias de servicios públicos de acueducto,
alcantarillado, energía y teléfonos, así como las cesiones para parques y zonas verdes, vías
vehiculares y peatonales y para la dotación de los equipamientos comunitarios. Las cargas
correspondientes al costo de infraestructura vial principal y redes matrices de servicios públicos se
distribuirán entre los propietarios de toda el área beneficiaria de las mismas y deberán ser
recuperados mediante tarifas, contribución de valorización, participación en plusvalía, impuesto
predial o cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de las cargas y beneficios de las
actuaciones”.
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Adujo que independientemente de las actividades económicas que
se desarrollen en cada predio que conforma la unidad de actuación
urbanística, en la formulación del potencial de desarrollo para el
Plan Parcial se tiene en cuenta el mejor y mayor uso, así como la
viabilidad económica y financiera para el proyecto a desarrollar en
la totalidad de dicha unidad de actuación, buscando la
implementación de un producto inmobiliario acorde con la dinámica
inmobiliaria de la zona, factores que son los que deben tenerse en
cuenta al momento de la realización del avalúo.
Respecto del cargo concerniente a la tasación indebida del lucro
cesante, puso de presente que fue la parte actora la que suministró
8 contratos de arrendamiento de locales con el fin de que fueran
tenidos en cuenta para calcular la indemnización correspondiente.
Señaló que el lucro cesante se calculó teniendo en cuenta el valor
de 6 meses de cánones de arrendamiento de los locales informados
por la parte actora, previo descuento por concepto de impuesto
predial, conforme con lo previsto en el artículo 18 de la Resolución
IGAC núm. 898 de 2014.
Explicó que los 2 contratos adicionales mencionados por la parte
actora no fueron incluidos por el IDU en el trámite administrativo,
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por no cumplir con lo previsto en el parágrafo del artículo 11 de la
Resolución IGAC núm. 898 de 2014, esto es, por superar el valor
incorporado en la declaración de renta del propietario.
Reiteró que el método residual era el idóneo para establecer el
valor comercial del inmueble expropiado, por tratarse de un predio
urbanizable no urbanizado inscrito en el ámbito del Plan Parcial
Ciudad Bolivar 33 en el que debe analizarse de manera global, o
sea, a nivel de unidad de actuación urbanística.
Afirmó que el avalúo aportado con la demanda no era pertinente ni
procedente, pues no fue elaborado teniendo en cuenta ningún
método previsto en la Resolución 620 de 2008 y no tuvo en cuenta
la realidad y situación de las disposiciones urbanísticas aplicables al
inmueble expropiado.
Indicó que la metodología “Flujo de Caja Descontado” aplicada en el
avalúo aportado con la demanda, no corresponde a ninguna de la
reglamentadas por la Resolución 620 de 2008 y por el contrario
corresponde a un método de valoración de inversiones.
Sostuvo que el avalúo aportado con la demanda tampoco indicó con
claridad la norma urbanística del inmueble objeto de avalúo
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comercial, por lo que su dictamen carece de certeza frente a las
características del inmueble expropiado.
Afirmó que el método de capitalización no es adecuado para
efectuar avalúos de predios incluidos en planes parciales, pues en
este no se plantea correctamente el sistema de cargas y beneficios
generado a partir de la actuación urbanística, previsto en el artículo
39 de la Ley 388 de 1997.
Indicó que si, en gracia de discusión, se aceptara que el avalúo se
podía elaborar con el método de capitalización, este tampoco fue
aplicado correctamente, toda vez que no cumple con los requisitos
previstos en el artículo 16 de la Resolución 620 de 2008, al no
precisar con certeza las características del inmueble ni de la
actividad económica o uso que en él se desarrolla.
Expuso que el avalúo aportado fijó una renta perpetua sin tener en
cuenta la vida útil del inmueble, desconociendo los parámetros
previstos en el artículo 2° de la Resolución 620 de 2008.
Señaló que el avalúo aportado tampoco describe la dirección ni la
ubicación precisa de las ofertas, por lo que no es posible establecer
su grado de comparación con el predio materia de revisión; ni
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clasificó, depuró o analizó las ofertas, careciendo de soporte técnico
alguno.
Estimó que el avaluador asumió un valor de $1.799.530 por m2
para la construcción, haciendo referencia a una edificación tipo
bodega, sin hacer análisis alguno o referirse al método de costo de
reposición previsto en la Resolución 620 de 2008.
Respecto del llamamiento en garantía, señaló que el hecho de que
la oferta de compra y el reconocimiento indemnizatorio por la
expropiación del predio efectuado por el IDU se haya realizado
conforme a los resultados del avalúo que realizó, no es razón
suficiente para justificar que responda por un presunto perjuicio
ocasionado a la parte demandante.
Manifestó que el trámite de solicitud, elaboración y entrega del
avalúo comercial núm. 2021-244 de 23 de noviembre de 2021 se
efectuó conforme con las reglas previstas en la ley, las cuales no la
obligan a vincularse en los procesos judiciales que se adelantan
contra el IDU con ocasión de la indemnización reconocida en
expropiaciones por vía administrativa.
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Puso de presente que el avalúo fue elaborado en acatamiento al
Contrato Interadministrativo núm. 1026 de 2020, respecto del cual
no se ha presentado reclamación alguna con ocasión de un
presunto incumplimiento de las obligaciones allí establecidas.
Finalmente, formuló la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva debido a que no expidió los actos administrativos
objeto de la presente demanda.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 20 de junio de 2024, el Tribunal denegó las
súplicas de la demanda.
Para ello, comparó el dictamen pericial aportado por la parte actora
con el informe técnico avalúo comercial núm. 2021-244 de 23 de
noviembre de 2021, realizado por CATASTRO respecto del
inmueble objeto de litigio, así:
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Con fundamento en lo anterior, afirmó que la parte actora no logró
desvirtuar la legalidad del avalúo oficial realizado por CATASTRO
por los siguientes motivos:
Anotó que el avalúo oficial fue elaborado aplicando las metodologías
vigentes reglamentadas por el IGAC, teniendo en cuenta que el
predio objeto de estudio se encontraba en suelo urbanizable no
urbanizado y que formaba parte del plan parcial Ciudad Bolívar 33
que no está reglamentado y se encuentra en estado de
predelimitado, documento en el que se explicó que en los casos en
los que falta la reglamentación del plan parcial su desarrollo debe
seguir los lineamientos del Decreto 436 de 2006 y su valoración
debe realizarse para toda la unidad urbanística, siendo apropiado el
método valuatorio de técnica residual.
Sostuvo que no se evidenciaba irregularidad alguna en el avalúo
oficial, habida cuenta que la formulación del potencial de desarrollo
para el plan parcial considera el mejor y mayor uso, así como la
viabilidad económica y financiera del proyecto en su totalidad como
unidad de actuación urbanística.
Manifestó que el avalúo aportado con la demanda no tuvo en
cuenta variables determinantes en el valor real del bien, las cuales
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están enmarcadas en las metodologías y procedimientos
reglamentados por la normativa vigente, además aplicó una
metodología no prevista en la Resolución 620 de 2008 para
establecer el valor comercial del inmueble.
Sostuvo que la metodología aplicada por CATASTRO era valida,
por cuanto se ajustaba a los criterios establecidos en la Resolución
620 de 2008, al tratarse de un predio que normativamente
corresponde a suelo urbanizable no urbanizado e incluido dentro de
un plan parcial, por lo que era dable emplear el método residual
para determinar el valor del terreno y el método de costo de
reposición para valorar la construcción.
Sobre el cargo relativo a lucro cesante reconocido en las
resoluciones demandadas, adujo que el avalúo oficial sí tuvo en
cuenta los contratos de arrendamiento de los locales comerciales,
soportados en el oficio 20213250209451 aportado por el IDU los
que fueron incluidos como parte del cálculo de indemnización el 9
de noviembre de 2021 con un valor total reconocido por 6 meses de
$33.885.012, a lo cual se le realiza el descuento pertinente por
concepto de impuesto predial.
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Afirmó que varios de los contratos de arrendamiento aportados con
la demanda datan del año 2004 con vigencia de 12 meses, por lo
que no podían tenerse en cuenta para calcular el lucro cesante por
no existir certeza sobre su vigencia.
Puso de presente que el avalúo aportado con la demanda tampoco
realizó mención alguna sobre los locales que se encontraban en
arrendamiento, por lo que dicha prueba tampoco desvirtuaba la
tasación del lucro cesante reconocido.
Indicó que el avalúo oficial contaba con registros fotográficos,
información de estudios de mercado, cálculo de pérdida de utilidad
por renta y de utilidad por otras actividades económicas y los
cálculos de los perjuicios derivados de los contratos de
arrendamiento sin que medie prueba alguna que los desvirtué.
Finalmente, no condenó en costas a la parte actora.
III-. RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora insistió en que para la determinación del valor
comercial de inmueble expropiado no era válido acudir al método
residual, toda vez que ello desconoce que este contaba con 10
locales comerciales y se encontraba ubicado en la autopista sur
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cerca a la salida del municipio de Bosa, en zona esencialmente
comercial e industrial, por lo que debió aplicar obligatoriamente el
método de rentas o ingresos.
Manifestó que el Tribunal no tuvo en cuenta que los 10 contratos
de arrendamiento fueron aportados como prueba con la demanda y
obran dentro del proceso administrativo que culminó con la
expedición de las resoluciones demandadas.
Indicó que los contratos mencionados demuestran que los locales
estuvieron arrendados y que sus arrendatarios tuvieron que ser
indemnizados por la terminación de los contratos por disposición
legal, circunstancia de la cual se desprende que estos sí se
encontraban vigentes y fueron puestos en conocimiento del IDU.
Afirmó que los 10 contratos de arrendamiento debieron ser tenidos
en cuenta para calcular el daño emergente y el lucro cesante, en
los términos de los artículos 17 y 18 de la Resolución 898 de 2014.
Expuso que el método de reposición no era aplicable al caso
concreto, pues este solo podía emplearse en los casos en los que el
afectado pueda reconstruir el inmueble expropiado.
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Adujo que el avalúo oficial no tuvo en cuenta los costos, -directos,
indirectos, financieros y de gerencia del proyecto-, en que debe
incurrirse para la realización de la obra pues, a su juicio, es
imposible reponer los 10 locales comerciales con los que contaba el
inmueble con una suma de $141.298.843.
Concluyó que debía revocarse la sentencia impugnada, por cuanto
el método utilizado por el IDU fue equivocado y erróneo
desconociendo que las zonas donde existe un plan parcial hay
diversidad de inmuebles no solo destinados a vivienda sino también
industriales, comerciales institucionales y mixtos, por lo que debía
aplicarse el método de rentas o ingresos y toda vez que la
indemnización reconocida por el demandado es, a su juicio, injusta.
IV-. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
IV.1- El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de
septiembre de 2024, admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte actora contra la sentencia de 20 de junio de ese año,
en los términos del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
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IV.2.1- El IDU solicitó confirmar la sentencia recurrida, toda vez
que la parte actora no demostró dentro del proceso ninguna
irregularidad en el avalúo oficial ni en el trámite administrativo que
culminó con la expedición de las resoluciones demandadas.
Señaló que se encuentra probado y no fue discutido en la demanda
ni en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia que el inmueble expropiado pertenece al plan
parcial Ciudad Bolívar 33 que no está reglamentado, por lo que no
era dable efectuar su avalúo individual, toda vez que en los
términos del artículo 2.2.4.1.6.1.1. del Decreto 1077 de 2015,
dicho predio se encuentra dentro de una unidad de actuación
urbanística que debe ser urbanizada o construida como un todo.
Estimó que, por ello, era dable acudir al método de técnica residual
en los términos del artículo 4° de la Resolución 620 de 2008, por
cuanto para hacer el avalúo no podía omitirse que el inmueble
pertenecía al plan parcial mencionado.
Insistió en que, según lo previsto en el Decreto 1077 de 2015, el
desarrollo de una unidad de actuación urbanística debe “garantizar
el cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación
con cargo a sus propietarios de la infraestructura de transporte, los
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servicios públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos,
mediante reparto equitativo de las cargas y beneficios”, razón por
la cual no era dable pretender que su inmueble se desarrollara sin
correr con las cargas de reglamentación urbanística
correspondientes.
Expuso que la sentencia apelada sí realizó un estudio completo de
las pruebas que obraban dentro del expediente y sí se pronunció
sobre las referentes a los contratos de arrendamiento sin que
pudiera concluirse que el valor reconocido por lucro cesante fuera
erróneo.
Puso de presente que entre los documentos obrantes en el
expediente debía tenerse en cuenta el formulario 210 de
declaración del impuesto sobre la renta núm. 2114616051928 de 2
de septiembre de 2019, en el que se evidenciaba que los ingresos
del señor Omar Edgar Borja Soto correspondían a la suma de
$67.770.000 anuales, promedio mensual de $5.647.500, en los
términos del artículo 18, numeral 1, de la Resolución 898 de 2014.
Expuso que contrario a lo afirmado por la parte recurrente, el
método de reposición es válido para valorar construcciones
existentes en el inmueble objeto de expropiación.
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Afirmó que la parte actora no indicó cuáles fueron los costos que
supuestamente se omitieron en el presupuesto de obra considerado
en el avalúo oficial, ni cual sería el valor por adoptar si se hubieran
considerado los costos que en criterio del apelante se omitieron.
Indicó que el precio indemnizatorio reconocido tuvo en cuenta el
valor del terreno y de la construcción y calculó el rubro de lucro
cesante cumpliendo las metodologías y parámetros exigidos por la
normativa.
Señaló que, contrario a lo afirmado por la parte recurrente, ninguna
norma establece que el método de capitalización de rentas sea el
único valido para determinar el valor de un inmueble arrendado.
Manifestó que el avalúo aportado con la demanda no aplicó
correctamente ninguna de las metodologías establecidas en la
Resolución 620 de 2008 ni se demostró falencia alguna del avalúo
oficial.
Afirmó que no es cierto que no se haya pronunciado sobre la
impertinencia del avalúo aportado con la demanda, pues en la
contestación de la misma puso de presente que el método “flujo de
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caja descontado” no se encontraba regulado por la Resolución 620
de 2008.
IV.2.2. CATASTRO señaló que no era procedente aplicar el
método de rentas o ingresos para avaluar el inmueble expropiado,
pues este no consideró la realidad normativa y urbanística ni
planteó el sistema de cargas y beneficios generado a partir de la
actuación urbanística.
Indicó que el avalúo aportado con la demanda no se realizó
conforme con los parámetros previstos en la Resolución 620 de
2008, toda vez que no contó con estudio de mercado de bienes
inmuebles similares al predio objeto de avalúo que presentaran la
condición de venta y renta, ni se tuvo en cuenta la vida útil del
inmueble y su actividad económica para obtener el índice de
capitalización.
Afirmó que independientemente de las actividades económicas que
se desarrollen en los predios que conforman una unidad de
actuación urbanística, en la formulación del potencial de desarrollo
para el plan parcial se tiene en cuenta el mejor y mayor uso, la
viabilidad económica y financiera para el proyecto a desarrollar en
la totalidad de ella.
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Insistió en que el recurrente no tuvo en cuenta que el inmueble
objeto de avalúo hace parte del plan parcial denominado Ciudad
Bolívar 33; y que su desarrollo urbanístico debía ser a través de la
delimitación de planes parciales de desarrollo, instrumento de
planificación y de gestión previo a su proceso de urbanización.
Manifestó que, contrario a lo afirmado por la parte recurrente, la
indemnización otorgada tuvo en cuenta los 10 contratos de
arrendamiento, con un valor reconocido de 6 meses de cánones
previo descuento por concepto de impuesto predial, conforme con
lo previsto en el artículo 18, numeral 1, de la Resolución 898 de
2014.
IV.3- Comoquiera que no se decretaron pruebas en esta instancia,
no hubo lugar a dar traslado para alegar de conclusión, además el
Ministerio Público tampoco rindió concepto.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 2779 de 5 de mayo de 2022, "por la cual se
ordena una expropiación por vía administrativa registro
topográfico 52035”, y 4249 de 15 de julio de 2022, “por la cual
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se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el IDU,
en las que se dispuso la expropiación administrativa del inmueble
de propiedad de la actora, ubicado en la AC 57R sur 76-21 de
Bogotá, identificado con cédula catastral 002428640300000000,
CHIP AAA0018SLRU y matrícula inmobiliaria 50S40535803, para el
cual se fijó un precio indemnizatorio de $401.071.023.
El Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda por
considerar que el avalúo oficial fue realizado conforme con las
metodologías establecidas en la Resolución 620 de 2008, teniendo
en cuenta las características urbanísticas que afectaban el inmueble
expropiado, en especial que este pertenecía al plan parcial Ciudad
Bolívar 33 que no estaba reglamentado y se encontraba en estado
de predelimitado.
Igualmente, explicó que la parte actora tampoco logró desvirtuar la
presunción de legalidad del avalúo oficial, pues el aportado con la
demanda no fue realizado en los términos de la Resolución 620 de
2008, ni tuvo en cuenta la realidad urbanística del predio.
Sostuvo que el lucro cesante reconocido en las resoluciones
demandadas sí tuvo en cuenta los contratos de arrendamiento que
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echaba de menos la parte actora y el avalúo aportado con la
demanda tampoco desvirtuaba los montos allí establecidos.
Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso
de apelación, argumentando que, contrario a lo afirmado por el a
quo, el avalúo oficial no podía aplicar el método residual, pues este
no tenía en cuenta la destinación comercial de su inmueble.
Asimismo, insistió en que el Tribunal no valoró los 10 contratos de
arrendamiento que fueron aportados como prueba con la demanda
y que obran dentro del proceso administrativo que culminó con la
expedición de las resoluciones demandadas, que demostraban que
la indemnización que debía reconocerse a su favor era superior en
los rubros de daño emergente y lucro cesante; y que la suma de
dinero reconocida por las construcciones realizadas en el terreno no
era justa por no incluir los costos directos, indirectos, financieros y
de gerencia del proyecto.
Así las cosas, para la Sala resulta necesario traer a colación los
criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción
especial contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento
del derecho que procede contra la decisión de expropiación por vía
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administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso
interpuesto. Al respecto, se ha señalado:
“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará
si, como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen
analizó indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas
y las pruebas allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio
de legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es
uno de los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la
legalidad de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el
control de legalidad sobre la decisión de expropiación al
verificar su cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo,
lo cual no implica, como aduce el recurrente, que la acción
especial contencioso administrativa se aborde como una
acción ordinaria de nulidad.
[…]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.
Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
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administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 8 (Destacado fuera del texto).
Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de
mayo de 20099, señaló los elementos que debe contener la
indemnización, como consecuencia de una expropiación
administrativa, de la siguiente manera:
“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el
legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia
judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando
los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos
que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contencioso-administrativa, incluso respecto del precio.”
(negrillas ajenas al texto)
En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del
bien expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y
el H. Consejo de Estado.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01.
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En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá
ser privado de ella sino en caso evidente de necesidad
pública, debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)
El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los
derechos económicos y sociales, que por virtud de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política de
1991 forma parte del llamado «bloque de
constitucionalidad», prevé igualmente en su artículo 21.2
el pago de una indemnización previa y justa que cubra la
totalidad de los perjuicios que se deriven de la
transferencia forzada de un bien de dominio privado en
favor del Estado. Lo anterior significa que el valor que se
determine con esa finalidad debe ser comprensivo de
todas las ablaciones patrimoniales causadas, de tal suerte
que las mismas sean objeto de una reparación integral.
Por lo mismo, en la determinación del quantum
indemnizatorio debe tenerse especial cuidado en no
rebasar, en uno u otro sentido, la línea divisoria que
marca las fronteras entre el enriquecimiento y el
menoscabo.
Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que
los daños y perjuicios que se originen en el acto de
autoridad mediante el cual se decrete la incorporación al
dominio público de bienes de propiedad particular para
satisfacer con ellos una necesidad de interés general,
presupone necesariamente la obligación a cargo de la
autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el
propósito de restablecer el equilibrio roto por la privación
patrimonial a la cual es sometido de manera forzada. En
otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés
general deba prevalecer sobre los intereses privados, no
significa en modo alguno que por dicha circunstancia
queden excluidas las garantías que la Constitución
reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que éste deba asumir a título personal un
detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la
ruptura del principio de igualdad en el reparto de las
cargas públicas.
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Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.
Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)
En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño
que se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca
ni enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).
En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)
Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado
de justicia consagrado por el constituyente.
Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
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contencioso-administrativa, puesto que ésta es
procedente respecto del precio, cuando el expropiado
considere incumplido el mandato de que la indemnización
sea justa y plena. […].”
Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los
términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales
que le permiten fijar el precio indemnizatorio y las condiciones
para el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el
artículo 61 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:
“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por
peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular
con su destinación económica.
La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).
El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de
adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se
refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo
que para dichos efectos realice la entidad correspondiente; el
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segundo, además de comprender aquel, contiene el daño
emergente y el lucro cesante, así como los demás perjuicios que
merezcan ser reparados para garantizar una indemnización plena.
En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de
manera que si este no cumple con los requisitos legales que
permitan inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio
técnico apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente
afectado10.
Los actos acusados
La Resolución núm. 2779 de 5 de mayo de 2022, "por la cual
se ordena una expropiación por vía administrativa registro
topográfico 52035”, estableció el precio indemnizatorio del bien
inmueble ubicado en la AC 57R sur 76-21 de Bogotá, identificado
con cédula catastral 002428640300000000, CHIP AAA0018SLRU y
matrícula inmobiliaria 50S40535803, así:
“[…] ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO identificado con el NIT-899.999.081-6 de un inmueble
ubicado en la AC 57R SUR 76 21 identificado con cédula
catastral No. 002428640300000000, chip No.AAA0018SLRU y
matrícula inmobiliaria No. 50S 40538503, con un área de
terreno 171.73 M2 de terreno y un área de construcción así:
10
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).
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Construcción 1 piso placa de 70.68 M2, Construcción 1 piso teja
de 101.05 M2, conforme al Registro topográfico No. 52035
elaborado por la Dirección Técnica de Predios en julio de 2019,
cuyos titulares del derecho de dominio son OMAR EDGAR
BORJA SOTO identificado con Cédula de Ciudadanía No.
2.970.659, IRMA LIBIA BORJA SOTO identificada con Cédula de
Ciudadanía No.20.409.419, LORENZA BORJA SOTO identificada
con Cédula de Ciudadanía No.41.444.751, NELSON GABRIEL
BORJA SOTO identificado con Cédula de Ciudadanía
No.80.263.404, CARLOS EDUARDO BORJA SOTO identificado
con Cédula de Ciudadanía No.3.176.540, HENRY JAVIER BORJA
SOTO identificado con Cédula de Ciudadanía No.80.260.920 y
NANCY MARIELA BORJA SOTO identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 39.641.121.
PARÁGRAFO: Que en cumplimiento a los lineamientos
señalados en la Instrucción Administrativa Número 10 del 18 de
Abril de 2018, emitida por la Superintendencia De Notariado y
Registro, para la validación de los documentos radicados por el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, con ocasión del proceso
de adquisición de bienes inmuebles para el desarrollo vial en la
presente Resolución con relación al inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria 50S-40538503, de la Dirección Técnica
de Predios se deja constancia que:
• La identificación del inmueble como jurídicamente obra en su
antecedente registral, es, cabida y linderos:
Contenidos en OFICIO Nro. 1471 de fecha 01-07-2009 en
JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. LOTE DE
TERRENO con área de 171.67 MTS2 (ART.11 DEL DECRETO
1711 DE JULIO 6/1984).
• El predio objeto de adquisición corresponde al proyecto vial
con destino a la obra Construcción de la Intersección a desnivel
de la Autopista Sur (NQS) con Avenida Bosa.
• No obstante el objeto de la presente Resolución, se deja
constancia que su descripción no constituye declaración de la
construcción que actualmente se encuentra en el predio,
construcción que será demolida atendiendo a los motivos de
utilidad pública y destinación específica para la realización obras
de infraestructura vial del Distrito Capital.
ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO -
El valor del precio indemnizatorio de la expropiación que se
ordena por la presente resolución es de CUATROCIENTOS UN
MILLONES SETENTA Y UN MIL VEINTITRÉS PESOS.
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($401.071.023) MONEDA CORRIENTE, el citado valor
comprende: A) La suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS
CUARENTA PESOS. ($358.880.340) MONEDA CORRIENTE, por
concepto de avalúo comercial de terreno y construcción. B) La
suma de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS. ($32.652.512) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de Lucro Cesante. C) La suma de
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO
SETENTA Y UN PESOS ($9.538.171) MONEDA CORRIENTE por
concepto de daño emergente, de conformidad con el Informe
Técnico Avalúo Comercial No. 2021-244 de 23/11/20211,
elaborado por la Gerencia de Información Catastral -
Subgerencia de Información Económica de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, y el
informe de reconocimiento económico RT N° 52035, elaborado
por el grupo económico de la Dirección Técnica de Predios -
Instituto de Desarrollo Urbano IDU el 27/04/2022.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del cálculo del impuesto de
Registro (Beneficencia) se establece que el valor del precio
indemnizatorio del inmueble objeto de expropiación es la suma
de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
($358.880.340) MONEDA CORRIENTE, por concepto de avalúo
comercial terreno y construcción, el anterior valor será el único
que se deberá tener en cuenta para todos los efectos derivados
o inherentes a los costos del impuesto de registro
(beneficencia).
PARÁGRAFO SEGUNDO: El INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO a título de Indemnización por concepto de Lucro
Cesante reconoce la suma de TREINTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE
PESOS ($32.652.512) MONEDA CORRIENTE y por concepto de
daño emergente la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS
($9.538.171) MONEDA CORRIENTE, de conformidad con el
informe de reconocimiento económico RT 52035, elaborado por
el grupo económico de la Dirección Técnica de Predios del
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO el 27 de abril de 2022 y
el Informe Técnico Avalúo Comercial No. 2021 244 de
23/11/20211, elaborado por la Gerencia de Información
Catastral - Subgerencia de Información Económica de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, sumas
que no serán tenidas en cuenta para calcular el valor del
impuesto de registro (Beneficencia), pues son unas sumas
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adicionales al valor del inmueble que es el objeto de
transferencia.
PARÁGRAFO TERCERO: Que dentro del valor del precio
indemnizatorio por concepto de Daño Emergente se reconoce el
valor a cancelar por el impuesto de registro (beneficencia) del
predio objeto de expropiación, el cual será descontado y
cancelado por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, al
momento del pago del valor del precio indemnizatorio de la
expropiación a la entidad correspondiente.
PARÁGRAFO CUARTO: Que la presente resolución de
expropiación no implica la aplicación del artículo 129 de la ley
142 de 1994 que establece la cesión de los contratos de
servicios públicos con ocasión a la transferencia del dominio:
"En la enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que
hay cesión de todos los contratos de servicios públicos
domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa. La cesión
operará de pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes
inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el
servicio", teniendo en cuenta que los predios adquiridos por el
IDU por motivos de utilidad pública e interés social son
destinados exclusivamente a la construcción de obras de
infraestructura vial lo que implica un cambio en la naturaleza
del mismo que pasa de ser un inmueble con vocación de
domicilio para convertirse en un bien de uso público dejando
por ello de ser destinatario de servicios públicos domiciliarios,
motivo por el cual continuará siendo responsable del consumo,
deudas y demás cargos que se generen hasta la cancelación de
los mismos a OMAR EDGAR BORJA SOTO identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 2.970.659, IRMA LIBIA BORJA SOTO
identificada con Cédula de Ciudadanía No.20.409.419,
LORENZA BORJA SOTO identificada con Cédula de Ciudadanía
No.41.444.751, NELSON GABRIEL BORJA SOTO identificado con
Cédula de Ciudadanía No.80.263.404, CARLOS EDUARDO
BORJA SOTO identificado con Cédula de Ciudadanía
No.3.176.540, HENRY JAVIER BORJA SOTO identificado con
Cédula de Ciudadanía No.80.260.920 y NANCY MARIELA BORJA
SOTO identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.641.121.
ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO - El trámite de pago se
efectuará por el Sistema General de Regalías, previa
autorización de la Dirección Técnica de Predios, una vez ésta
radique la(s) orden(es) de pago así: A favor de OMAR EDGAR
BORJA SOTO identificado con Cédula de Ciudadanía No.
2.970.659, un porcentaje del 25% del valor total de precio
indemnizatorio y a favor de IRMA LIBIA BORJA SOTO
identificada con Cédula de Ciudadanía No.20.409.419,
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LORENZA BORJA SOTO identificada con Cédula de Ciudadanía
No.41.444.751, NELSON GABRIEL BORJA SOTO identificado con
Cédula de Ciudadanía No.80.263.404, CARLOS EDUARDO
BORJA SOTO identificado con Cédula de Ciudadanía
No.3.176.540, HENRY JAVIER BORJA SOTO identificado con
Cédula de Ciudadanía No.80.260.920 y NANCY MARIELA BORJA
SOTO identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.641.121,
un 12.5% del valor total de precio indemnizatorio para cada
uno, es decir la suma de CUATROCIENTOS UN MILLONES
SETENTA Y UN MIL VEINTITRÉS PESOS. ($401.071.023)
MONEDA CORRIENTE. El citado valor será puesto a disposición
del señalado beneficiario del pago, una vez ejecutoriada la
presente resolución y efectuados los respectivos trámites
financieros.
PARÁGRAFO PRIMERO: En aplicación a lo preceptuado en el
artículo 27 de la Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020, los
recursos se encontrarán a disposición de la beneficiaria del
pago, en el Sistema General de Regalías y para efectos de su
desembolso, dicha beneficiaria, deberá radicar al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO, la respectiva certificación de su cuenta
bancaria con una vigencia no mayor a seis (6) meses, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De no aportar dicha certificación, el
valor del precio indemnizatorio se consignará en la entidad
financiera autorizada para el efecto, a disposición del
beneficiario, remitiendo copia de la consignación al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, considerándose que ha
quedado formalmente efectuado el pago por parte del
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, a través del Sistema
General de Regalías, conforme a lo establecido en el numeral 2º
del artículo 70 de la ley 388 de 1997.
PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se efectuarán los descuentos correspondientes a
tasas y contribuciones aplicables, contemplados en la
normatividad vigente, además de la partida equivalente al Daño
Emergente, se descontará el valor que tenga que asumir el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO por concepto de los
pagos que haya realizado con motivo del traslado de
acometidas o taponamientos de servicios públicos que hay
necesidad de realizar en el predio objeto de la presente
expropiación.
PARÁGRAFO CUARTO: Para el desembolso de la suma de dinero
correspondiente al único contado, se deberá verificar el estado
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de cuenta por la contribución de valorización; en caso de existir
saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a la
compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del
código civil colombiano.
PARÁGRAFO QUINTO: De igual manera dada la procedencia de
la expropiación administrativa se descontará de la
indemnización por Daño emergente, el valor que corresponde a
impuesto de registro (beneficencia) predio a adquirir por IDU,
cuyo pago será efectuado por el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, a través del SGR directamente a las entidades
correspondientes.
ARTÍCULO CUARTO: APROPIACIONES PRESUPUESTALES - El
valor total de la adquisición se ampara en el presupuesto del
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público proyecto de inversión con código BPIN
2019000050067, con cargo al certificado de disponibilidad
presupuestal No. 12221 del 15 de octubre de 2021, expedido
por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad del
IDU, que hace parte de la Dirección Técnica Administrativa y
Financiera por medio del SGR.
ARTÍCULO QUINTO: DESTINACIÓN - El inmueble será destinado
para la obra: Construcción de la Intersección a desnivel de la
Autopista Sur (NQS) con Avenida Bosa.
ARTICULO SEXTO: SOLICITUD CANCELACIÓN OFERTA,
GRAVÁMENES LIMITACIONES AL DOMINIO, INSCRIPCIONES Y
MEDIDAS CAUTELARES - Con el objeto de dar cumplimiento a
lo establecido en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997,
se solicita se cancele, la anotación No. 4, de la inscripción de la
Resolución 6926 del 12 de diciembre del 2021, por la cual se
formuló una oferta de compra y se dio inicio al proceso de
adquisición predial, inscrita en el folio de matrícula 50S-
40538503.
ARTICULO SÉPTIMO: ORDEN DE INSCRIPCIÓN - De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 núm. 4 de la ley
388 de 1997, ORDENASE al señor Registrador de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur, inscribir la
presente resolución en el folio de matrícula inmobiliaria 50S-
40538503, con lo que se surtirán los efectos atinentes a la
transferencia del derecho de dominio en cabeza del INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO identificado con el NIT-899999081-
6.
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ARTICULO OCTAVO: ENTREGA - De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70 No. 3 de la Ley 388 de 1997,
efectuado el registro de la presente resolución el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO exigirá la entrega del inmueble
identificado en el artículo primero (1°), para lo cual, en caso de
renuencia del expropiado, acudirá al auxilio de las autoridades
de policía.
No obstante, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO,
procederá a efectuar la aprehensión material del mismo, en
especial, si éste presenta condiciones físicas de abandono,
desmantelamiento, vandalismo, amenaza de ruina, demolición
informal y cualquier circunstancia que genere un riesgo de
inseguridad para los habitantes y transeúntes del sector.
ARTÍCULO NOVENO: SERVICIOS PÚBLICOS - Que la presente
resolución de expropiación no implica la aplicación del artículo
129 de la ley 142 de 1994 que establece la cesión de los
contratos de servicios públicos con ocasión a la transferencia
del dominio: “En la enajenación de bienes raíces urbanos se
entiende que hay cesión de todos los contratos de servicios
públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa.
La cesión operará de pleno derecho, e incluye la propiedad de
los bienes inmuebles por adhesión o destinación utilizados para
usar el servicio”, teniendo en cuenta que los predios adquiridos
por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO por motivos de
utilidad pública e interés social son destinados exclusivamente a
la construcción de obras de infraestructura vial lo que implica
un cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un
inmueble con vocación de domicilio para convertirse en un bien
de uso público dejando por ello de ser destinatario de servicios
públicos domiciliarios, motivo por el cual continuarán siendo
responsables del consumo, deudas y demás cargos que se
generen hasta la cancelación de los mismos a OMAR EDGAR
BORJA SOTO identificado con Cédula de Ciudadanía No.
2.970.659, IRMA LIBIA BORJA SOTO identificada con Cédula de
Ciudadanía No.20.409.419, LORENZA BORJA SOTO identificada
con Cédula de Ciudadanía No.41.444.751, NELSON GABRIEL
BORJA SOTO identificado con Cédula de Ciudadanía
No.80.263.404, CARLOS EDUARDO BORJA SOTO identificado
con Cédula de Ciudadanía No.3.176.540, HENRY JAVIER BORJA
SOTO identificado con Cédula de Ciudadanía No.80.260.920 y
NANCY MARIELA BORJA SOTO identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 39.641.121.
PARÁGRAFO PRIMERO: El INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO procederá a la demolición del inmueble objeto de
expropiación, lo cual da lugar a la terminación del contrato de
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servicios públicos en virtud de lo establecido en el artículo 141
de la Ley 142 de 1994. […]”.
La Resolución núm. 4249 de 15 de julio de 2022 resolvió el
recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra lo
resuelto en la Resolución núm. 2779 de 5 de mayo de 2022, en el
sentido de confirmar la decisión recurrida.
Caso concreto
Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, de la siguiente manera:
• Sobre la posibilidad de aplicar o no el método residual para
realizar el avalúo del inmueble expropiado y la ubicación del
inmueble en el plan parcial Ciudad Bolivar 33.
La parte recurrente estima que debe revocarse la decisión
recurrida, toda vez que, a su juicio, para obtener el precio
indemnizatorio del inmueble expropiado, establecido en las
resoluciones núms. 2779 de 5 de mayo de 2022 y 4249 de 15 de
julio de 2022, no era dable aplicar el método residual sino
únicamente el de capitalización de rentas o ingresos.
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Asimismo, sostiene que debía aplicarse el método de capitalización
de rentas o ingresos pues no se tuvo en cuenta el uso comercial de
su inmueble.
Cabe precisar que, conforme con la jurisprudencia reiterada de la
Sección, el avalúo comercial forma parte integral del acto
administrativo que decreta la expropiación, por lo que se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y certeza que se
predica de las decisiones definitivas de la Administración, y debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, por lo que
corresponde a quien recurre, en este caso, al demandante,
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
acreditando precisamente sus incorreciones.
En efecto, en la sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala precisó:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante
a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el
precio del inmueble establecido por la administración se
determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el
precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de
inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de
tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se
asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos
recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de
Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los
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avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer
la anunciada comparación, lo cual permite concluir que
contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal
cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la
mencionada información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.
No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su incorrección
[…].” (Destacado fuera de texto).
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que el informe
técnico avalúo comercial núm. 2021-244 de 23 de noviembre de
2021, aplicó el método residual con la finalidad de establecer el
valor del terreno conforme con lo establecido en el artículo 4° de la
Resolución 620 de 2008, mientras que para fijar el valor de las
construcciones acudió al método de costo de reposición previsto en
el artículo 3° idem; para la determinación de la indemnización del
rubro de daño emergente tuvo en cuenta los gastos en que debía
incurrir la parte actora con ocasión de la expropiación del inmueble;
y para el lucro cesante el valor de 8 contratos de arrendamiento de
los locales ubicados en el inmueble por un lapso de 6 meses.
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Cabe señalar que sobre los métodos que pueden utilizarse para
elaborar avalúos en los casos en que se adelantan procesos
administrativos de expropiación, el artículo 25 del Decreto 1420 de
1998 prevé:
“[…] Artículo 25º.- Para la elaboración de los avalúos que se
requieran con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de
1997, se deberá aplicar uno de los siguientes métodos
observando los parámetros y criterios mencionados
anteriormente o, si el caso lo amerita varios de ellos: el
método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el
residual. La determinación de las normas metodológicas para
la utilización de ellos será materia de la resolución de que trata
el artículo 23 del presente Decreto.
Para aplicar un método diferente a los enumerados en el inciso
anterior, se requiere que previamente se someta a estudio y
análisis tanto en los aspectos conceptuales como en las
aplicaciones que pueda tener su aplicación. Dicho estudio y
análisis serán realizados por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi y, si éste lo encontrara válido lo adoptará por
resolución de carácter general […]”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el avalúo
comercial núm. 2021-244 podía ser elaborado a través del método
residual, toda vez que este se encuentra permitido para tal efecto,
en los términos del artículo 25 del Decreto 1420 de 1998.
En efecto, de la lectura del avalúo oficial elaborado por CATASTRO
se observa que este justificó la aplicación del método determinado
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en el artículo 4° de la Resolución 620 de 2008, para establecer el
valor del terreno del inmueble expropiado así:
“[…] 5.4. CONSIDERACIONES NORMATIVAS
Se debe tener en cuenta que el inmueble objeto de avaluó hace
parte de un plan parcial que se encuentra sin reglamentar en
estado predelimitado. Este Plan Parcial se denomina Ciudad
Bolívar 33. De conformidad con el documento técnico soporte
de la DELIMITACIÓN DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO,
la dirección de Planes Parciales estableció el ámbito del Plan
Parcial denominado Ciudad Bolívar 33, incluyendo el predio
objeto de avaluó, indica que para su desarrollo urbanístico
deberá ser a través de la formulación de este instrumento de
planificación y de gestión previo a su proceso de urbanización
en articulación de una serie de predios adicionales referidos en
dicho documento. Sin embargo, como este no se encuentra
reglamentado, su desarrollo debe regirse por los lineamientos
definidos en el decreto 436 de 2006 Por el cual se dictan
disposiciones comunes a los planes parciales en tratamiento de
desarrollo.
[…]
9.1. VALOR DEL TERRENO
URBANO NO PROTEGIDO
Para encontrar el valor total del terreno se deben descontar del
monto de las ventas proyectadas, los costos totales y la utilidad
esperada del proyecto constructivo. Es indispensable que
además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la
factibilidad comercial del proyecto, es decir la real posibilidad
de vender lo proyectado.
Se debe tener en cuenta que el inmueble objeto de avalúo hace
parte de un plan parcial que se encuentra sin reglamentar en
estado pre delimitado. Este Plan Parcial se denomina Ciudad
Bolívar 33. De conformidad con el documento técnico soporte
de la DELIMITACIÓN DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO,
la dirección de Planes Parciales estableció el ámbito del Plan
Parcial denominado Ciudad Bolívar 33, incluyendo el predio
objeto de avalúo, indica que para su desarrollo urbanístico
deberá ser a través de la formulación de este
instrumento de planificación y de gestión previo a su
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proceso de urbanización en articulación de una serie de
predios adicionales referidos en dicho documento. Sin
embargo, como este no se encuentra reglamentado se realiza
un ejercicio residual teniendo en cuenta los lineamientos
definidos por el decreto 436 de 2006.
Para establecer el valor del suelo en el área requerida, se
requiere aplicar el método residual con el objetivo de establecer
el valor m² de suelo urbanizable, el cual posteriormente se
aplicará al área requerida.
Partiendo del hecho que el inmueble es un suelo urbanizable no
urbanizado, y el área del mismo se plantea un ejercicio en el
que se pretenden vender apartamentos teniendo en cuenta
parámetros de distribución de vivienda de proyectos
urbanísticos cercanos, en donde se obtiene que predominan
conjuntos residenciales en torres de apartamentos de 16 y 25
pisos, tal como se muestra en la información presentada a
continuación:
[…]
La totalidad del Plan Parcial presenta un área de gran
magnitud, por lo que se tuvieron en cuenta los parámetros del
Decreto 436 de 2006, para realizar el ejercicio residual de
desarrollo de vivienda de interés social […]”.
Ahora, respecto de la posibilidad de aplicar el método de
capitalización de rentas o ingresos para elaborar el avalúo de bien
expropiado, la Sala observa que la resolución 4249 de 2022
manifestó lo siguiente:
“[…] "Para la estimación de los valores comerciales de dicho
encargo valuatorio se aplicaron las metodologías vigentes,
reglamentadas por Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como
ente rector en materia de valoración económica inmobiliaria e
indemnizatoria, buscando siempre la objetividad en la definición
de las técnicas y métodos, tendientes a definir los valores, con
base en el análisis de la capacidad normativa y edificatoria.
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Es muy importante recordar que, las unidades en estudio, tal
como se indica en el informe de avalúo comercial e
indemnizatorio, se encuentran inscritos en suelo
urbanizable no urbanizado:
5.4 Consideraciones normativas: “Se debe tener en cuenta que
el inmueble objeto de avalúo hace parte de un plan parcial que
se encuentra sin reglamentar en estado predelimitado. Este
Plan Parcial se denomina Ciudad Bolívar 33. De conformidad
con el documento técnico soporte de la DELIMITACIÓN DE
PLANES PARCIALES DE DESARROLLO, la dirección de Planes
Parciales estableció el ámbito del Plan Parcial denominado
Ciudad Bolívar 33, incluyendo el predio objeto de avalúo, indica
que para su desarrollo urbanístico deberá ser a través de la
formulación de este instrumento de planificación y de gestión
previo a su proceso de urbanización, en articulación de una
serie de predios adicionales referidos en dicho documento. Sin
embargo, como este no se encuentra reglamentado, su
desarrollo debe regirse por los lineamientos definidos en el
Decreto 436 de 2006, Por el cual se dictan disposiciones
comunes a los planes parciales en tratamiento de desarrollo.”
Teniendo en cuenta las consideraciones normativas descritas, y
en el marco de la Ley de Desarrollo Territorial, reglamentada
mediante la Ley 388 de 1997, la valoración se debe realizar
para la Unidad de Actuación Urbanística, es decir para la
totalidad del Plan Parcial Ciudad Bolívar 33, para lo cual
el Método Valuatorio apropiado es la Técnica Residual, el
cual considera la realidad normativa y urbanística.
ARTÍCULO 39º.- Unidades de Actuación Urbanística. Los
planes de ordenamiento territorial podrán determinar
que las actuaciones de urbanización y de construcción,
en suelos urbanos y de expansión urbana y de
construcción en tratamientos de renovación urbana y
redesarrollo en el suelo urbano, se realicen a través de
unidades de actuación urbanística.
Como Unidad de Actuación Urbanística se entiende el área
conformada por uno o varios inmuebles, explícitamente
delimitada en las normas que desarrolla el plan de
ordenamiento que debe ser urbanizada o construida
como una unidad de planeamiento con el objeto de
promover el uso racional del suelo, garantizar el
cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la
dotación con cargo a sus propietarios, de la
infraestructura para el transporte, los servicios públicos
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domiciliarios y los equipamientos colectivos mediante
reparto equitativo de las cargas y beneficios.
PARÁGRAFO.- Las cargas correspondientes al desarrollo
urbanístico que serán objeto del reparto entre los propietarios
de inmuebles de una Unidad de Actuación incluirá entre otros
componentes las cesiones y la realización de obras públicas
correspondientes a redes secundarias y domiciliarias de
servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y
teléfonos, así como las cesiones para parques y zonas verdes,
vías vehiculares y peatonales y para la dotación de los
equipamientos comunitarios.
Las cargas correspondientes al costo de infraestructura vial
principal y redes matrices de servicios públicos se distribuirán
entre los propietarios de toda el área beneficiaria de las mismas
y deberán ser recuperados mediante tarifas, contribución de
valorización, participación en plusvalía, impuesto predial o
cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de las
cargas y beneficios de las actuaciones.
No es procedente realizar el avalúo de las unidades
prediales de manera independiente, ya sea por el Método
Comparativo o por el Método de Capitalización de Rentas,
debido a que se deben plantear los esquemas de reparto
equitativo de cargas y beneficios para toda la Unidad de
Actuación Urbanística, por lo cual la valoración para
loteos individuales no es normativamente, ni
técnicamente procedente.
Lo anterior debido a que, en el marco del Artículo 1 de la
Resolución 620 de 2008, proferida por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, no es posible considerar como
comparables unidades prediales de loteo individual
frente a una unidad de actuación urbanística que debe
surtir el proceso de reparto equitativo de cargas y
beneficios.
De otro lado, independientemente de las actividades
económicas que se desarrollen en los predios que conforman la
Unidad de Actuación Urbanística, en la formulación del potencial
de desarrollo para el Plan Parcial se tiene en cuenta el mejor y
mayor uso, así como la viabilidad económica y financiera para
el proyecto a desarrollar en la totalidad de dicha unidad de
actuación, buscando la implementación de un producto
inmobiliario acorde con la dinámica inmobiliaria de la zona. Es
decir, el desarrollo del Plan Parcial debe analizarse de manera
global, o sea, a nivel de Unidad de Actuación, sin perjuicio de la
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forma como se realizó la modificación del territorio para obtener
las unidades prediales actuales.
Cabe recordar que, el análisis económico conducente a la
estimación del valor unitario de terreno, corresponde a la
Unidad de Actuación Urbanística que se inscribe en el Sector
Normativo No. 9 de la UPZ 69 Ismael Perdomo, por lo cual, no
es procedente observar los parámetros urbanísticos del Sector
Normativo No. 10. […]”
De lo anteriormente trascrito, la Sala observa que la parte
demandada verificó la posibilidad de emplear el método de rentas o
ingresos para elaborar el avalúo oficial; sin embargo, llegó a la
conclusión de que ello no era posible debido a las normas
urbanísticas aplicables al predio, pues el uso del suelo correspondía
al urbanizable no urbanizado, pertenecía al plan parcial Ciudad
Bolívar 33, respecto del cual los inmuebles pertenecientes a este
debían tratarse como una unidad de actuación urbanística en los
términos del artículo 39 de la Ley 388 de 1997.
Ahora, la parte recurrente insiste en que para la elaboración del
avalúo debía aplicarse el método de capitalización de rentas o
ingresos. No obstante, de la revisión de la demanda, de las pruebas
allegadas al proceso y de su recurso no se advierte que se haya
demostrado que el avalúo oficial hubiera sido elaborado
desconociendo las normas urbanísticas que resultaban aplicables a
su predio o que el método que echa de menos pudiera ser aplicado
bajo las condiciones normativas en que se encontraba, teniendo en
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cuenta las reglas que rigen a las unidades de actuación urbanística
en los términos del artículo 39 idem.
Igualmente, de la revisión del avalúo elaborado por la sociedad
Valor Construido S.A.S. aportado con la demanda, la Sala
advierte que la parte actora no logró demostrar que el método
residual aplicado en el avalúo comercial núm. 2021-244 fuera
incorrecto para establecer el precio del inmueble expropiado o que
en caso de aplicarse el método de capitalización de rentas o
ingresos se obtendría un resultado sustancialmente diferente que
hiciera injusto el precio indemnizatorio establecido en las
resoluciones demandadas.
Al respecto, para valorar el dictamen aportado por la actora, se
pone de presente que el método de capitalización de rentas o de
ingresos se define de la siguiente manera, según lo previsto en el
artículo 2° de la Resolución 620 de 2008:
“[…] ARTÍCULO 2o. MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE
RENTAS O INGRESOS. Es la técnica valuatoria que busca
establecer el valor comercial de un bien, a partir de las rentas o
ingresos que se puedan obtener del mismo bien, o inmuebles
semejantes y comparables por sus características físicas, de
uso y ubicación, trayendo a valor presente la suma de los
probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente del
bien objeto de avalúo, con una tasa de capitalización o interés.
PARÁGRAFO. Se entiende por vida remanente la diferencia
entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el
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bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de
carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan
estructura en concreto, metálica o mampostería estructural, la
vida útil será de 100 años […]”.
Asimismo, el artículo 16 de idem sobre la aplicación del mencionado
método establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 16. MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE
RENTAS O INGRESOS. Es necesario realizar la investigación
de los contratos que regulen la posibilidad de generar rentas o
ingresos, tales como los de arrendamiento, para bienes
comparables y deben tenerse en cuenta aspectos tales como:
1. Que dichos contratos tengan menos de un (1) año de
suscritos.
2. Que el canon de arrendamiento no sobrepase los topes
legales.
3. Que los montos relacionados con el pago de servicios
públicos y las cuotas de administración, no se incluyan en el
cálculo correspondiente para la aplicación del método.
4. Los arrendamientos a comparar deben referirse a inmuebles
que tengan rentas de acuerdo con la norma de uso del terreno
o de las construcciones.
5. Las rentas a tener en cuenta para el cálculo del valor
comercial de la propiedad deben estar asociadas
exclusivamente al inmueble y no a la rentabilidad de la
actividad económica que en él se realiza.
6. La tasa de capitalización (i) utilizada en este método debe
proceder de la relación calculada entre el canon de renta y el
valor comercial de las propiedades similares al inmueble objeto
de avalúo, en función del uso o usos existentes en el predio y
de localización comparable […]”.
Verificado el avalúo aportado por la actora, la Sala advierte que no
cumple con los requisitos establecidos en la Resolución 620 de
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2008, habida cuenta que el inmueble expropiado fue avaluado
utilizando el método denominado “MÉTODO FLUJO DE CAJA
DESCONTADO” el cual no corresponde a la metodología de
valuación que echa de menos la parte actora con su recurso y que
no se encuentra dentro de las metodologías aprobadas por el
artículo 25 del Decreto 1420 de 1998 para tal efecto, por lo que no
puede ser tenido en cuenta para desvirtuar la legalidad del avalúo
oficial practicado por CATASTRO.
Ahora, si en gracia de discusión, se aceptara que el avalúo aportado
con la demanda fue elaborado aplicando el método de capitalización
de rentas o de ingresos, la Sala advierte que tampoco cumple con
los requisitos previstos en los artículos 2° y 16 de la Resolución 620
de 2008, toda vez que para establecer el valor del terreno este no
tuvo en cuenta la vida útil del inmueble señalando una proyección
de renta a perpetuidad; no cumplió con la carga de explicar cómo
estableció “la suma de los probables ingresos o rentas generadas
en la vida remanente del bien objeto de avalúo, con una tasa de
capitalización o interés”, limitándose a hacer referencia a la
aplicación de una “fórmula para establecer la capacidad de una
compañía para producir flujos de caja libre” que no tiene que ver
con la aplicación del método, sin señalar cuáles eran los cánones a
tener en cuenta para llegar a dicha conclusión.
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Ahora, en lo que tiene que ver con el precio de las construcciones
realizadas en el predio expropiado, se observa que el avalúo
aportado por la parte actora fue elaborado aplicando el método de
costo de reposición previsto en el artículo 3° de la Resolución 620
de 2008, que señala:
“[…] ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el
que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le
debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se
utilizará la siguiente fórmula:
Vc = {Ct – D} + Vt
En donde:
Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno […]”.
Ahora, sobre la aplicación del método de reposición, el artículo 13
idem, establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE
REPOSICIÓN. En desarrollo de este método se debe entender
por costo total de la construcción la suma de los costos
directos, costos indirectos, los financieros y los de gerencia del
proyecto, en que debe incurrirse para la realización de la obra.
Después de calculados los volúmenes y unidades requeridos
para la construcción, se debe tener especial atención con los
costos propios del sitio donde se localiza el inmueble.
Al valor definido como costo total se le debe aplicar la
depreciación.
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PARÁGRAFO 1o. Este método se debe usar en caso de que el
bien objeto de avalúo no cuente con bienes comparables por su
naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por la
inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y
corresponda a una propiedad no sujeta al régimen de propiedad
horizontal.
PARÁGRAFO 2o. Para depreciar los equipos especiales que
posea el bien, se emplea el método lineal, tomando en cuenta
la vida remanente en proporción a la vida útil establecida por el
fabricante […]”.
Verificado el avalúo aportado por la parte actora, la Sala advierte
que este no cumple con los requisitos técnicos previstos en el
artículo 13, anteriormente mencionado, toda vez que de su lectura
no se observa que haya señalado cuáles eran los costos directos,
indirectos, financieros y de gerencia del proyecto, en los que se
debía incurrir para la realización de la obra ni los volúmenes y
unidades requeridos para la construcción, limitándose a señalar un
valor de reconstrucción y la vida útil de esta para establecer su
valor comercial en la suma de $229.400.600.
Finalmente, la Sala advierte que el avalúo aportado con la demanda
se limitó a señalar que el precio comercial del inmueble expropiado
era superior al valor indicado en el avalúo oficial, sin que se
señalara en parte alguna cuáles eran los errores en que incurrió
CATASTRO al avaluar el inmueble, circunstancia que no resulta
suficiente para desvirtuar la legalidad del precio indemnizatorio
establecido en el acto demandado.
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Sobre el tema, la Sección Primera, en sentencia de 31 de julio de
202511, sostuvo lo siguiente:
“[…] no es de recibo que los argumentos que sustentan la
incorrección del avalúo oficial, que fundamentaron la expedición
de los actos administrativos acusados, sean que al ser mayor el
precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente para
decretar la nulidad de los actos administrativos acusados.
Así discurrió la Sección, en la citada providencia:
“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más allá de
controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo
AV-466-07-36549-IDU realizado por la Lonja Inmobiliaria de
Bogotá sobre el cual se sustentó la expedición de los actos
demandados, presentan características generales
correspondientes a cualquier avalúo; razón por la cual no le
asiste razón al accionante cuando indica que el a quo no tomó en
cuenta estos avalúos, puesto que los mismos no controvierten ni
aportan pruebas sobre las cuales se pueda determinar que el
avalúo comercial realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá es
errado y no se encuentra ajustado a las normas sobre avalúos.,
valga decir, no desvirtúa la presunción de legalidad que los
cobija.
69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de
Estado ha indicado que se presume la legalidad del acto
administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando
en el informe técnico no se precisan las operaciones o la
forma como fueron calculados los valores
correspondientes, por ello la parte demandante debe
aportar las pruebas para demostrar los errores de este. En
este contexto, esta Sección, mediante sentencia proferida el 6 de
febrero de 2020, expuso lo siguiente:
“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca
de los avalúos comerciales practicados por las entidades
legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la
indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido
que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las
operaciones o la forma como fueron calculados los valores a
partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de
julio de 2025. Proceso núm.: 08001-23-31-000-2006-02656 -02; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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medida en que dicho precio hace parte del acto administrativo
mediante el cual se dispone la expropiación, se presume
ajustado o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde
al interesado desvirtuar tal presunción.
En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala,
sobre el particular, expresó lo siguiente:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal,
obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se
anuncia que el precio del inmueble establecido por la
administración se determinó como resultado de la
aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”,
que “Consiste en deducir el precio por comparación de
transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y
localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se
han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la
de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad
Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos
recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la
anunciada comparación, lo cual permite concluir que contra
el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio
demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido
por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada
información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de
Catastro Municipal también estaría desprovisto de
argumentos técnicos y de apoyo probatorio.
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor
en el texto de los actos administrativos demandados,
debe entenderse que el mismo se encuentra amparado
por la misma presunción de legalidad y de certeza que se
predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
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precisamente su incorrección12 […].” (la Sala destaca)
[…]”13
74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y que
sustentó la expedición de los actos administrativos
acusados, sea que no se indicó los inmuebles con los
cuales se realizó la comparación y que al ser mayor el
precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente
para decretar la nulidad parcial de estos [...].” (Destacado
fuera de texto).
Por ello, la Sala considera que la parte actora no logró acreditar que
en su caso concreto no hubiera lugar a aplicar el método residual
para avaluar el inmueble expropiado, ni desvirtuó la presunción de
legalidad del avalúo comercial núm. 2021-244, con el aportado con
la demanda, por lo que no se acreditó que el precio indemnizatorio
establecido en las resoluciones núms. 2779 de 5 de mayo de 2022
y 4249 de 15 de julio de 2022, no fuera justo, de ahí que no
prospere el cargo.
• Sobre las inconformidades relacionadas con la tasación del
lucro cesante
La parte actora sostiene que debe revocarse la sentencia recurrida
por cuanto, a su juicio, el a quo no tuvo en cuenta que se acreditó
la existencia de 10 contratos de arrendamiento sobre locales
12
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601
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ubicados en el inmueble expropiado que debían tenerse en cuenta
para tasar el lucro cesante reconocido a su favor.
Al respecto, de la revisión del informe técnico avalúo comercial
núm. 2021-244 de 23 de noviembre de 2021 se observa que se
calculó el lucro cesante a favor de la parte actora así:
Sobre la forma en que se estableció el anterior monto, la
Resolución 4249 de 2022, sostuvo lo siguiente:
“[…] El Lucro Cesante, no es otra cosa que la indemnización
que se paga por la pérdida del ingreso que deja de tener el
propietario del inmueble, por efectos de la adquisición predial
para la obra pública; indemnización que la Ley ha determinado
que se debe aplicar por un término de 6 meses, para el caso de
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su mandante, la actividad económica desarrollada es rentística
por arrendamiento.
Así las cosas, se recuerda que el valor que se reconoce en la
indemnización de lucro cesante se encuentra directamente
relacionada con la declaración de renta del señor OMAR EDGAR
BORJA SOTO, quien es uno de los propietarios.
El señor OMAR EDGAR BORJA SOTO allegó al Instituto de
Desarrollo Urbano su declaración de renta No
2114616051928 del 02/09/2019 correspondiente a la
declaración del año 2018, donde indica que sus ingresos
provenientes de arrendamientos son $ 67.770.000
anuales.
Lo anterior significa que, en promedio mensual, el señor
Omar Edgar Borja Soto recibe la suma de $5.647.500 por
lo que el cálculo de la indemnización del lucro cesante
será la suma de $33.885.000, sobre este valor se aplica
el descuento del impuesto predial para un valor neto de $
32.652.512.
Como se observa, lo importante es lo efectivamente declarado,
por lo que no hay lugar a efectuar ninguna reconsideración al
cálculo de la indemnización del Lucro Cesante por
Arrendamientos.
Es importante señalar que, con el oficio IDU 20223250853051
del 29 de abril de 2022 se dio respuesta al derecho de petición
radicado 20225260059372 de 14 de enero de 2022, que trato
sobre los mismos términos expuestos en el presente recurso
[…]”.
Adicional a lo anterior, el IDU manifestó que el monto de la
indemnización reconocida a la parte actora por concepto de lucro
cesante se encontraba limitado por lo previsto en el artículo 11 de
la Resolución 898 de 2014 que establece:
“[…] Artículo 11. Consulta de información. De ser
necesario, el avaluador encargado consultará la información de
entidades u organismos, tales como: la Superintendencia de
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Sociedades, autoridades tributarias, Superintendencia de
Industria y Comercio, las Cámaras de Comercio, Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, las agremiaciones
inmobiliarias, Fenalco, entre otros, acerca de estadísticas
referentes a ingresos y utilidades derivadas de las actividades
que se desarrollen en el respectivo inmueble.
Parágrafo. En el cálculo de la indemnización se deberá tener
en consideración la información reportada a las autoridades
tributarias por el beneficiario.
Si de acuerdo con la información obtenida y/o el cálculo
realizado por el avaluador se encuentra que los ingresos
y/o utilidades superan lo reportado a las autoridades
tributarias, la indemnización se hará sobre lo informado
a dichas autoridades.
En caso de que aparezca como no obligado tributariamente, el
cálculo realizado de la indemnización no podrá superar los
topes establecidos para ser contribuyente y según lo que se
demuestre […]”.
Para acreditar lo anterior, se aportó copia de la declaración de renta
núm. 2114616051928 de 2 de septiembre de 2019 reportada por el
señor Omar Edgar Borja Soto a la DIAN, obrante expediente
administrativo, que señalaba lo siguiente:
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que no le asiste
razón a la parte recurrente al estimar que debe modificarse la suma
reconocida por concepto de lucro cesante con ocasión de los
cánones de arrendamiento de los locales ubicados en el predio
expropiado.
En efecto, de la revisión en conjunto de los contratos de
arrendamiento allegados a proceso, de la declaración de renta núm.
2114616051928 de 2 de septiembre de 2019 y de lo expuesto en la
Resolución 4249 de 2022, aquí demandada, se puede concluir que
no había lugar a reconocer un monto mayor a la parte actora por
concepto de lucro cesante, toda vez que ella se encontraba limitada
a lo reportado por el señor Omar Edgar Borja Soto a la DIAN en
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su declaración de renta, en los términos del artículo 11 de la
Resolución 898 de 2014.
Por lo anterior, el cargo tampoco prospera.
• En cuanto a la inconformidad relacionada con la tasación
del daño emergente por no tener en cuenta los perjuicios
derivados de la terminación de los contratos de
arrendamiento
Ahora, en cuanto a los argumentos expuestos por la recurrente
consistentes en que el IDU no tuvo en cuenta al momento de tasar
el daño emergente los perjuicios derivados de la terminación de los
contratos de arrendamiento, la Sala advierte que dicho
planteamiento solo fue aducido en el recurso de apelación, lo que
constituye un nuevo cargo contra el acto acusado que no fue
invocado en la demanda, situación que a todas luces resulta
improcedente, no solo por extemporáneo, pues el momento
procesal oportuno era la demanda o su adición, sino también
porque de acogerse su estudio se violaría el derecho de defensa y
contradicción de la parte demandada en el proceso, siendo deber
del juez hacer efectiva la igualdad de estas en el mismo.
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Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre
ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201814, en la que se señaló:
“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de
inconformidad de la parte apelante involucran normas que
no fueron invocadas en la demanda como violadas, pues las
indicadas en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58
de la Constitución Política y 66 de la Ley 388.
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia
significa, ni más ni menos, la formulación de nuevos
cargos contra los actos acusados, lo cual resulta a
todas luces improcedente, no solamente por
extemporáneos, pues el momento procesal es en la
demanda o su adición, sino en razón a que de acometer su
estudio se estaría violando el derecho de defensa de la
parte demandada en el proceso y el deber del juez de hacer
efectiva la igualdad de las partes en el mismo.
Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los
cuestionamientos que formula el recurrente con base en los
artículos 29 y 58 de la Constitución Política y 66 de la Ley
388, y no así a los artículos 187, 252 del C de PC, ni al
cargo de falsa motivación. […]” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, en sentencia de 8 de octubre de 202015, la Sección
consideró que el ad quem no puede abordar materias o cuestiones
que se plantean en la apelación, que no hacen parte del concepto
de violación del libelo ni de lo que la sentencia de primera instancia
estudió, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-
00074-02.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-
00135-01.
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al debido proceso y de defensa de la contraparte en el proceso, en
los siguientes términos:
“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los
procesos ordinarios el recurso de apelación tiene límites,
toda vez que debe guardar correspondencia con el petitum
de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la
sustentan, los argumentos de oposición a la misma y las
consideraciones que sirven de sustento al a quo para
fundamentar la sentencia. Sobre el particular, esta Sección
precisó:
“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso,
pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el
marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
[…] Sobre el particular, esta Sección en diversas
oportunidades ha puesto de presente que “[…] el juez de la
segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que
esté facultado para pronunciarse sobre aspectos o puntos de
la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede
abordar materias o cuestiones que se plantean en la
apelación, pero que no hacen parte del concepto de
violación del libelo, ni que la sentencia de primera
instancia estudió” […] La Sala reitera que en virtud de
los principios de lealtad procesal, contradicción y de
defensa y la congruencia que debe existir entre el
recurso, la sentencia censurada, el concepto de
violación de la demanda y los argumentos expuestos
en la contestación de la misma, imponen que al
apelante le esté vedado exponer en el recurso de
apelación hechos, cargos y presentar pretensiones
nuevas que no alegó ni en la demanda ni en la
contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede
abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es
su deber salvaguardar los derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso […]”16. (Resaltado fuera de texto).
Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
diciembre de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 08001 23 31 000
2009 01122 01.
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instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y
probatorio, para que el superior funcional las revoque,
modifique o adicione; en esa medida, no es un
instrumento para incluir cargos nuevos en contra del
acto administrativo acusado porque ello desconocería los
principios de lealtad procesal, contradicción, defensa y
congruencia que debe existir entre el recurso y la sentencia
apelada. […]” (Destacado fuera de texto).
Por consiguiente, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo
alguno sobre el nuevo cargo, habida cuenta que solo fue invocado
como argumento de defensa en el recurso de apelación. Proceder
de manera contraria rompería el equilibrio procesal y la igualdad de
las partes, pues la demandada no tendría la posibilidad de
controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue
planteado en la demanda17.
• Conclusión
Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados
por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad
necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los
actos administrativos acusados, toda vez que en el plenario no se
encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección
del avalúo oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio
indemnizatorio reconocido y pagado a los actores, con ocasión de la
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación
23001233300420160014301.
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expropiación administrativa dispuesta mediante las resoluciones
acusadas.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Costas procesales
Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 18818 del CPACA, en armonía con el
numeral 8 del artículo 365 del CGP19, esto es, en aplicación de un
criterio objetivo valorativo20, la Sala condenará a la parte apelante,
en los términos del numeral 3 del artículo 36521 ibidem, al pago de
las costas en esta instancia.
18
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
19
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
20
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
21
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
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Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso22 y por las agencias en derecho23”, de manera que le
corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión
útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el
componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia
la intervención de la parte demandada través de apoderado judicial.
Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se
sujetará a la liquidación24 que realice el secretario del Tribunal a
quo y según la comprobación de que se incurrieron en estos.
Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP25, se fijan como agencias en derecho, la suma
de $1.750.905 (equivalente a 1 salario mínimo legal vigente) a
favor del IDU. Lo anterior, de conformidad con las tarifas
22
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
23
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
24
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
25
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
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establecidas en el artículo 5°26 del Acuerdo núm. 10554 de 5 de
agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura
y teniendo en cuenta que la demandada presentó escrito de
oposición al recurso interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida por el Tribunal en primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de junio de 2024,
proferida por la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de
la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte
actora y en favor del IDU, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
26
“ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 2.1. PROCESOS DE
EXPROPIACION. En primera instancia. Entre el 3% y el 7.5% del valor fijado para la indemnización.
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”
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TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $1.750.905
(equivalente a 1 salario mínimo legal vigente), la cual deberá
incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de marzo de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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