Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2006-02656-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2006-02656-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-31-000-2006-02656-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
31 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 08001-23-31-000-2006-02656 -02
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del
derecho
Actora: DIANA ESTHER CAICEDO MOSCOTE
TESIS: LA PARTE ACTORA NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL AVALÚO OFICIAL, QUE
FUNDAMENTÓ LAS RESOLUCIONES DE EXPROPIACIÓN
ACUSADAS DE NULIDAD. NO CUMPLIÓ CON LA CARGA DE
DEMOSTRAR QUE EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE,
CALCULADO POR EL AVALÚO OFICIAL, ERA EQUIVOCADO E
INCORRECTO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 23 de agosto de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral
“C” 1 , por medio de la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 08001-23-31-000-2006-02656-02
Actora: DIANA ESTHER CAICEDO MOSCOTE
I. ANTECEDENTES
I.1.- La señora DIANA ESHER CAICEDO MOSCOTE, en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997 2 , mediante
apoderado, presentó demanda contra la EMPRESA PARA EL
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN
CARIBE -EDUBAR- 3 , en la que formularon las siguientes
pretensiones:
“[…] Declarar la nulidad de la Resolución No. 370 del 17 de
agosto de 2006 por medio de la cual declara la expropiación
del inmueble ubicado en la Calle 33 No 45C-45 Local 06 del
Edificio El TOÑO de la ciudad de Barranquilla, identificado
con folio de matrícula inmobiliaria No 040- 58937 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Barranquilla y referencia catastral No 010200590006901,
en lo concerniente al reconocimiento del precio
indemnizatorio.
Declarar la nulidad de la Resolución 433 del 12 de
septiembre de 2006, por la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución 370 del 17 de
agosto de 2006.
Como consecuencia de la anterior declaración solicitamos se
condene a EDUBAR S.A al pago del valor de la
indemnización discriminada en el valor del LUCRO CESANTE
y del DAÑO EMERGENTE, de la siguiente forma:
1. Por el DAÑO EMERGENTE corresponde a mi poderdante,
ya que estimamos el valor comercial del inmueble en
SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000), en la
actualidad, teniendo en cuenta los aspectos técnicos y
legales que se omitieron por EDUBAR S.A. suma que
deberá entregarse indexada y con el pago de los
2
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
3
En adelante EDUBAR S.A.
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intereses moratorios desde el momento en que se hizo
exigible hasta el pago efectivo de la misma.
2. Establecer y pagar el valor del Lucro cesante que se
dejara de percibir por la expropiación, en atención a la
destinación actual del inmueble la cual estimamos en la
suma de $500.000 mensuales durante un período de 35
años que es la vida útil del inmueble, en todo caso se
deberá indexar la mencionada suma, teniendo en cuenta
las tablas utilizadas para este caso.
3. Por el valor de los intereses moratorios siempre que
EDUBAR se encuentra en mora de cancelar los
mencionados valores. […]”4.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los
siguientes:
1º. Que mediante Resolución 124 de 25 de abril de 2006, la
empresa EDUBAR S.A. determinó la adquisición del inmueble de
propiedad de la actora, ubicado en la Calle 33 núm. 45C-45, Local
06, del Edificio El Toño, de la ciudad de Barranquilla, por el
procedimiento de expropiación administrativa, con el objetivo de
realizar la obra pública denominada “PLAZA DE LA CONCORDIA”.
Asimismo, formuló oferta de compra de dicho inmueble,
estableciendo el valor del precio indemnizatorio en $25.194.000,
teniendo en cuenta el avalúo núm. VALPC-020-01 de 3 de febrero
de 2006, realizado por el perito RAFAEL TOVAR VANEGAS,
contratado por la empresa en mención.
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2º. El 27 de marzo de 2006, la actora envió una comunicación a
EDUBAR S.A., en la cual manifestó que no estaba de acuerdo con
la suma que pretendían pagar por el inmueble, ya que el mismo
tiene un mayor valor desde el punto de vista comercial; la
indemnización no era igual al precio comercial; y, además, no tuvo
en cuenta la destinación económica del bien, esto es, la de ser un
local comercial destinado para el alquiler de establecimiento de
comercio de todo tipo y, por lo tanto, produce renta.
3º. EDUBAR S.A. inició “una campaña” con el fin de acelerar un
acuerdo, pero en ningún caso mejoró las condiciones iniciales de la
oferta o las adecuó al verdadero valor comercial del inmueble, sino
que presionó para tener un arreglo, solo bajo sus parámetros.
4º. El 17 de agosto de 2006, EDUBAR S.A. expidió la Resolución
370, por medio de la cual dispuso la expropiación por vía
administrativa del inmueble de propiedad de la señora DIANA
ESTHER CAICEDO MOSCOTE y reconoció como valor del precio
indemnizatorio la suma de $25.194.000, que fue presentada en la
oferta inicial y que fue consignada en la FIDUCIARIA DEL VALLE en
favor de la actora, quien retiró el dinero en su debida oportunidad.
5º. El 11 de septiembre de 2006, la actora interpuso recurso de
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reposición, el cual fue decidido mediante la Resolución núm. 433
de 12 de septiembre de 2006, que confirmó la Resolución 370
de 17 de agosto del mismo año.
I.3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de
los artículos 58 de la Constitución Política; 61, 62 y 67 de la Ley
388; 21 de la Ley 74 de 26 de diciembre de 19685.
En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:
Señaló que no pretende atacar las normas por medio de las cuales
EDUBAR S.A. y el Distrito de Barranquilla le dieron inicio al proyecto
de adecuación de obras para el Distrito Industrial y Portuario de
Barranquilla; que lo que pretende, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 71 de la Ley 388, es demandar el precio indemnizatorio,
reconocido en las resoluciones acusadas.
Indicó que el valor arrojado en el peritaje VALPC-020-01, señalado
en la Resolución núm. 124 de 25 de abril de 2006, fue el mismo
5
“Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último", aprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de
1966”.
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valor establecido por EDUBAR S.A. como indemnización
($25.194.000) en la Resolución 370 de 17 de agosto de 2006,
el cual solo tuvo en cuenta el valor comercial del inmueble, sin
mencionar la indemnización, que debe comprender el daño
emergente y el lucro cesante, lo que contravino la normatividad
legal vigente.
Expresó que el avalúo, en el cual se sustentó la Resolución acusada,
se realizó en contravención de lo previsto en el artículo 61 de la Ley
388, el cual establece que “[…] El valor comercial se determinará
teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o
distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con
el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica
[…]”.
Anotó que el inmueble objeto expropiación estaba destinado al
arriendo de establecimientos de comercios, pero EDUBAR S.A. no
tuvo en cuenta este aspecto, a pesar de que había quedado
establecido en el peritaje, en el ítem de “destinación actual”, “uso
del inmueble” y “destino económico”. Además, omitió el lucro
cesante, el cual debió haberse calculado teniendo en cuenta la vida
útil del inmueble, la cual se determinó en 35 años.
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Afirmó que en el avalúo oficial referido no se anexaron los soportes
técnicos y normativos, que debían tenerse en cuenta para que este
fuera técnica y legalmente aceptable.
Agregó que dicho avalúo oficial señaló como normal la “expectativa
valorización”, desconociendo el aumento que, en ese sector, puede
tener a futuro con el proyecto, que se pretende desarrollar.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
I.4.1.- EDUBAR S.A., por intermedio de apoderado judicial,
contestó la demanda 6 y para oponerse a la prosperidad de las
pretensiones, adujo que la actora no presentó hechos y pruebas
que demuestren que el avalúo comercial realizado al predio
expropiado esté por debajo de lo que se debía fijar.
Alegó que no siempre la indemnización debe ser reparatoria, pues
para que proceda es necesario que el afectado demuestre el lucro
cesante que le genera la medida y el daño emergente; y que
tampoco hay lugar al pago de intereses, ya que inmediatamente
fue entregado el inmueble le fue pagada la indemnización.
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Señaló que durante la actuación administrativa la señora DIANA
ESTHER CAICEDO MOSCOTE no presentó en ningún momento
documentos o pruebas que le permitieran establecer a la entidad y
al perito encargado de realizar el avalúo del predio, que su
inmueble le generaba algún tipo de utilidad o renta.
Anotó que en el recurso de reposición que interpuso la actora
contra la Resolución núm. 370 de 2006 acusada, solicitó el
pago de un mayor valor del inmueble en cuantía de $60.000.000 y
un lucro cesante por $500.000 mensuales por 30 años; sin
embargo, el avalúo realizado al predio no llega al valor solicitado y
en cuanto al lucro cesante, no se aportó prueba alguna, que
permitiera tener certeza de que se le estaba causando un daño
adicional.
Propuso las excepciones de inexistencia de lucro cesante, pago
oportuno de la indemnización, cumplimiento del debido proceso en
vía gubernativa y falta de prueba en vía gubernativa de lo mismo
que se pretende en vía contenciosa.
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I.4.2.- El DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
DE BARRANQUILLA7, mediante apoderada, contestó la demanda,8
oponiéndose a las pretensiones de la demanda, argumentado, en
síntesis, lo siguiente:
Sostuvo que, a través de EDUBAR S.A., se realizó un proceso de
expropiación con el fin de disponer de los terrenos dentro del marco
legal para la realización de la obra pública denominada “PLAZA DE
LA CONCORDIA”, por razones de utilidad pública e interés social,
por lo que su actuación estaría revestida de legalidad.
Manifestó que EDUBAR S.A. realizó el avalúo con personal
capacitado, de amplia experiencia en la materia e idóneo para tal
fin; y el Distrito acogió y coadyuvó el avalúo realizado por la
entidad, así como la labor del perito que lo realizó; por lo tanto, no
existe razón alguna para modificar dicha indemnización, que en su
momento fue reconocida y pagada.
Expresó que para que el daño sea indemnizable debe ser cierto,
que no se trate de meras posibilidades, debe quedar establecida la
7
En adelante el Distrito.
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certeza de su ocurrencia y no puede depender de otros
acontecimientos.
Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, indebida escogencia de la acción, caducidad y falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación
extrajudicial.
II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo Atlántico, Sala de Decisión Oral “C”,
mediante sentencia de 23 de agosto de 2024, señaló que como las
excepciones propuestas por EDUBAR S.A. comprenden argumentos
de defensa, su resolución se hará con el fondo del asunto.
Declaró no probadas siguientes excepciones, propuestas por el
Distrito de Barranquilla: indebida escogencia de la acción, toda vez
que la acción procedente, en este caso, de conformidad con el
artículo 71° de la Ley 388 es la de nulidad y restablecimiento
instaurada; y la de caducidad y de falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, al
considerar que la demanda fue presentada dentro del término legal
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para ello y que para dicha época no se exigía el agotamiento de
dicho requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción.
Respecto a la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, indicó que este es un aspecto que se definirá al decidir de
fondo la controversia, previo estudio del material probatorio
obrante en autos, pues en el evento de llegar a emitirse sentencia
favorable, es allí donde se determinará la responsabilidad que
pueda recaer en cada una de las entidades involucradas en el
presente asunto.
Asimismo, denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento
en los siguientes argumentos:
Expresó que el problema jurídico se concreta en determinar si con
el dictamen pericial practicado en el caso sub examine se desvirtúa
o no el precio indemnizatorio fijado por EDUBAR S.A., con ocasión
de la expropiación administrativa ordenada a través de la
Resolución núm. 370 de 17 de agosto de 2006, confirmada
mediante la Resolución núm. 433 de 12 de septiembre de
2006.
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Manifestó que en el avalúo oficial practicado por el perito RAFAEL
TOVAR VANEGAS, por solicitud de EDUBAR S.A., que sirvió de
fundamento para la expedición de los actos acusados, se
consignaron aspectos tales como la inspección ocular practicada al
inmueble, su descripción en sus aspectos jurídicos, clase de
inmueble, características urbanas del sector, características
generales del terreno, características generales de la construcción,
localización, área privada, edad y vida útil del inmueble, materiales
y acabados, tipo de construcción, estado general y uso del
inmueble, servicios públicos y aspecto económico.
Observó que dicho avalúo se realizó acudiendo al método
comparativo de mercado, con base en lo establecido en el artículo
61 de la Ley 388 y el Decreto 1420 de 24 de julio de 19989, por lo
cual dicho avalúo ($25.194.000) se determinó luego de realizar una
investigación directa, que consistió en encuestas a inmobiliarios y
conocedores del sector y también se efectuó el método o técnica
residual (que busca establecer el valor comercial del bien).
Señaló que, a su vez, en el proceso obra el dictamen pericial
decretado a instancias de la parte actora, en el cual se indicó que a
9
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
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pesar de que no existe físicamente ni el edificio “El Toño” ni el local
6, objeto de avalúo, se tuvieron en cuenta las condiciones físicas
normales para el tipo de inmueble y las condiciones del mercado
inmobiliario a febrero de 2006.
Anotó que el referido informe se apoyó en los documentos obrantes
en el expediente judicial, realizó el estudio describiendo la clase de
inmueble, la categoría requerida, la información jurídica, las
características generales del sector tales como ubicación, vías de
acceso, actividades predominantes, tipos de edificaciones,
edificaciones importantes en el sector, cobertura de servicios
públicos, infraestructura urbanística y transporte público. Asimismo,
se relacionaron las características generales del inmueble, la
reglamentación urbanística y, en cuanto a las consideraciones
económicas, se indicó que no aplica.
Para la determinación del valor de mercado o valor comercial del
inmueble se aplicó el “método de comparación”, a partir del estudio
de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al del objeto de avalúo, para concluir que el valor de
mercado a febrero de 2006 es de $36.690.000, suma que indexada
a marzo de 2024 corresponde a $87.322.200.
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Sostuvo que del detenido examen del avalúo oficial realizado por el
perito RAFAEL TOVAR VANEGAS, de conformidad con las normas
vigentes para la época (artículo 61 de la Ley 388 y Decreto 1420),
se colige que si bien es cierto que siguió la metodología señalada
para en esas normas para tales efectos, también lo es que el mismo
carece de soporte técnico o documental que permita tener certeza
de que efectivamente se realizaron las encuestas, las operaciones
inmobiliarias o los avalúos que se tuvieron en cuenta para hacer la
anunciada comparación, vale decir, se encuentra desprovisto de
argumentos técnicos y de apoyo probatorio.
Que, no obstante, lo anterior, al haber sido incorporado dicho valor
indemnizatorio en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza, que
se predica de las decisiones de la administración, lo cual admite
desde luego prueba en contrario.
Que, en tales circunstancias, la actora tiene la carga de demostrar
en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando,
precisamente, sus falencias.
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Indicó que en aras de desvirtuar el avalúo oficial, con fundamento
en el cual EDUBAR S.A. fijó el precio del mencionado inmueble, la
parte actora solicitó la práctica de un dictamen pericial y de su
examen se observa que éste se encuentra huérfano en su totalidad
de todo respaldo probatorio que permita considerarlo como apto
para controvertir las conclusiones de dicho avalúo oficial, con el
agravante de que se realizó cuando la edificación ya no existía y se
fundamentó, como en él se consigna, en el dictamen rendido en su
momento por el perito RAFAEL TOVAR VANEGAS.
Advirtió que la parte actora tenía la carga de demostrar los errores
o las incorrecciones del avalúo oficial del inmueble y explicar de
manera clara, precisa y detallada las investigaciones y razones de
orden técnico o de otro orden, que se tuvieron para conceptuar en
el sentido en que lo hizo, de tal manera que el juzgador pudiera
valorar la racionalidad y objetividad de las conclusiones emitidas.
Aclaró que si bien es cierto que el artículo 67 de la Ley 388
establece que el precio de adquisición o indemnizatorio, que se
reconocerá a los propietarios de inmuebles, debe ser igual al avalúo
comercial estimado por las entidades o personas a que se refiere el
artículo 61 ibidem, y que en el dictamen no se establecen
parámetros para la valoración de los daños y perjuicios ocasionados
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en razón de la expropiación de un inmueble por vía administrativa,
también lo es que la norma aplicable para resolver este asunto se
encuentra contenida en el numeral 6° del artículo 21 del Decreto
1420, que dispone:
“[…] Artículo 21.- Los siguientes parámetros se tendrán en
cuenta en la determinación del valor comercial:
[…]
6. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de
la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren
destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva
a la generación de ingresos provenientes del desarrollo de
las mismas, deberá considerarse independientemente del
avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se
dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6)
meses. […]”.
Afirmó que, en virtud de lo anterior y en aplicación de la disposición
transcrita, se tiene que la actora no aportó pruebas demostrativas
de que el inmueble objeto de expropiación se encontraba arrendado
a la fecha en que se expidieron los actos acusados, y que
devengaba un canon de $500.000 mensuales; incluso, en sede
administrativa no acreditó que estuviera recibiendo ingresos por
una actividad rentística, “[…] es más entregó voluntariamente el
inmueble y le fue cancelada la suma de $25.194.000, por
intermedio de la Fiducia del Valle, mediante cheque número 041392
girado a su nombre […]”.
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Consideró que en el caso sub lite no se logró desvirtuar en el
proceso el avalúo presentado por EDUBAR S.A. y por tal razón la
parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que
cobija los actos administrativos demandados que acogieron dicho
avalúo, ante la imposibilidad de dar plena credibilidad a la prueba
pericial practicada en el proceso, en relación con el justiprecio del
inmueble expropiado, el cual es incompleto al no hacer mención
sobre el lucro cesante reclamado por la actora.
Concluyó que no se demostró que los actos administrativos
demandados hubieran sido expedidos producto de medios ilegales,
al no obrar en el expediente ningún medio de prueba que permita
demostrar que el avalúo fijado por la administración era incorrecto,
razón por la cual las pretensiones de la demanda serán negadas.
III-. RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y
que, como consecuencia de ello, se declare la nulidad de los actos
acusados. Para el efecto, fincó su inconformidad, en esencia, así:
Señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta que el avalúo, en el cual
se sustentaron las resoluciones acusadas, se realizó en
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contravención a lo dispuesto en las sentencias constitucionales y
del Consejo de Estado que lo regulan sobre este punto, en especial,
el artículo 61 de la Ley 388, que establece: "[…] El valor comercial
se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica […]”.
Anotó que la expropiación por parte del Estado no debe emplearse
en menoscabo de los derechos adquiridos de dominio respecto del
inmueble que fue expropiado.
Insistió en que en el avalúo oficial es evidente que el perito no tuvo
en cuenta el valor de la indemnización o reparación integral que se
causaría con la expropiación a la actora, en la medida que solo tuvo
en cuenta un precio del inmueble sin soporte probatorio alguno y
que no incluyó ni tuvo en cuenta la destinación económica que tenía
el mismo, esto es, ser un local comercial.
Afirmó que se demostró que el avalúo que tuvo en cuenta la
entidad expropiante, realizado por el perito RAFAEL TOVAR
VANEGAS, no refleja el valor real del daño causado, lo cual vulnera
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el derecho a una indemnización previa, que comprende no solo el
valor real del inmueble, sino todos los perjuicios causados.
Adujo que la sentencia de primera instancia reconoce que el avalúo
base del precio reconocido en su momento “[…] carece de soporte
técnico o documental que permita tener certeza de que
efectivamente se realizaron las encuestas, las operaciones
inmobiliarias o los avalúos que se tuvieron en cuenta para hacer la
mencionada comparación, vale decir se encuentra desprovisto de
argumentos técnicos y de apoyo probatorio […]”, pero decide
otorgarle valor probatorio por el solo hecho de ser el valor insertado
en la resolución de expropiación, con el argumento de que los actos
administrativos gozan de presunción de legalidad.
Estimó que el fallo apelado “no encarna realmente una justicia
material para la actora”, toda vez que a pesar de que reconoce que
el avalúo oficial no es correcto, lo acogió, siendo que lo correcto
hubiese sido decretar la nulidad de la resolución acusada, en lo
relacionado con el valor del precio de la indemnización y reconocer
el valor justo, que no puede ser el expuesto por un avalúo con las
anteriores características de infundabilidad encontradas por el
mismo a quo.
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Afirmó que para demostrar en debida forma el valor del inmueble
se practicó en el proceso el dictamen por parte de los valuadores
ANDRÉS FELIPE MEDINA FLÓREZ y SERGIO DELGADO PACHÓN,
quienes tuvieron en cuenta el tipo de bien (local comercial), su
información jurídica, catastral, el sector donde se ubica el inmueble
y sus características espaciales propias, así como el tipo de
edificación, cobertura de servicios públicos, información urbanística,
entre otros aspectos, que evidencian la solidez y fundamento de la
prueba, aunado a la experiencia acreditada por los profesionales.
Advirtió que dicho dictamen, si bien para el Tribunal tampoco ofrece
certeza jurídica, es más completo en cuanto a su estructura, como
lo reconoció la sentencia apelada, en la medida que éste tuvo en
cuenta aspectos que podrían no ser favorables a efectos de calcular
el valor real del inmueble, tales como, problemas de estabilidad de
suelo, impacto ambiental y condiciones de salubridad, afectaciones
viales y problemáticas socioeconómicas, aspectos que ratifican aún
más la solidez del avalúo y de por sí la imparcialidad de los
profesionales.
Agregó que el dictamen fue acertado, por el método empleado por
los valuadores y porque tuvo en cuenta la anualidad en que se llevó
a cabo la expropiación, así: “[…] el enfoque valuatorio aplicado
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toma como base el mercado inmobiliario a febrero de 2006 de
inmuebles similares y comparables con el bien avaluado, para
estimar el valor de mercado, se utilizan enfoques y métodos
basados en los principios económicos de equilibrio de precio,
anticipación de beneficios o sustitución. […]”.
Manifestó que se evidencia que dicho dictamen sí tiene fundamento
legal y técnico, pues en él se establecen las normas jurídicas y de
índole técnica empleadas por los expertos, como las denominadas
Normas Internacionales de Valuación (IVS 2020), las Normas y
Guías Técnicas Colombianas (USN AVSA ICONTEC RNA) y la
normatividad estatal legal vigente para avalúos en Colombia (DUR
1170/2015 Compilatorio del D.1420/2008 y R. IGAC 620/2008).
IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en
esta instancia, EDUBAR S.A. 10 reiteró los mismos argumentos
expuestos en la contestación de la demanda e indicó que para que
proceda la indemnización del lucro cesante y el daño emergente,
estos deben ser demostrados, pero la parte actora no lo hizo.
10
Índice 14 de SAMAI.
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IV.2- Por su parte, el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA11, argumentó, en síntesis, que
el trámite llevado por la entidad EDUBAR S.A. fue ajustado a
nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual presentó unas ofertas a
la actora por su predio, cumpliendo así con lo exigido por la norma.
Sostuvo, además, que quien deberá desvirtuar lo sostenido en los
hechos de la demanda será la parte demandante y que en el
desarrollo del proceso no demostró actos ciertos que demuestren
un daño antijuridico.
IV.3- El Ministerio Público y la parte actora, en esta etapa procesal,
guardaron silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 370 de 17 de agosto de 2006, “Por la cual
de ordena una Expropiación por la vía Administrativa”, y 433 de 12
de septiembre de 2006, “Por la cual se resuelve uno recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución No. 370 de fecha 17 de
agosto de 2006”, expedidas por el gerente general de EDUBAR
11
Índice 15 del expediente digital SAMAI.
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S.A., mediante las cuales, respectivamente, dispuso la expropiación
administrativa del inmueble de propiedad de la actora, identificado
con la cédula catastral 010200590006901 y la matrícula
inmobiliaria 040-58937, en un área de 18,55 M2 de terreno y 48,92
M2 de construcción, conforme al registro topográfico núm. VALPC
020-01, de la actora, para lo cual fijó un precio indemnizatorio de
$25.194.000; y resolvió el recurso de reposición interpuesto contra
la anterior decisión, en el sentido de confirmarla.
El Tribunal Administrativo del Atlántico desestimó las pretensiones
de la demanda, por considerar que la parte actora no desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos acusados, debido a que no
demostró la incorrección del avalúo oficial fijado por la
administración, que sirvió de sustento para la fijación del precio
indemnizatorio que estableció EDUBAR S.A. en dichos actos.
Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de
apelación, argumentando que el a quo no consideró que el avalúo
oficial, en el cual se sustentaron las resoluciones acusadas, no tuvo
en cuenta la destinación económica que tenía el inmueble, esto es,
de ser un local comercial; que el avalúo oficial desconoció el valor
real de todos los perjuicios causados con ocasión de la expropiación
ordenada; que la expropiación por parte del Estado no debe
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emplearse en menoscabo de los derechos adquiridos de dominio
respecto del inmueble que fue expropiado; que el Tribunal decidió
darle valor probatorio al precio reconocido en el avalúo oficial por el
solo hecho de ser el insertado en las resoluciones acusadas, bajo el
argumento de que los actos administrativos gozan de presunción de
legalidad y a pesar de reconocer que carece de soporte técnico o
documental acerca de las operaciones inmobiliarias en que se basó
para realizar la comparación.
Asimismo, adujo que el dictamen practicado en el proceso por parte
de los valuadores ANDRÉS FELIPE MEDINA FLÓREZ y SERGIO
DELGADO PACHÓN sí demuestra en debida forma el valor del
inmueble objeto de expropiación, al tener fundamento legal y
técnico.
Así las cosas, para la Sala se hace necesario traer a colación los
criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción
especial contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento
del derecho que procede contra la decisión de expropiación por vía
administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso
interpuesto. Al respecto, se ha señalado:
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“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará
si, como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen
analizó indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas
y las pruebas allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio
de legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es
uno de los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la
legalidad de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el
control de legalidad sobre la decisión de expropiación al
verificar su cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo,
lo cual no implica, como aduce el recurrente, que la acción
especial contencioso administrativa se aborde como una
acción ordinaria de nulidad.
[…]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.
Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 12 (Destacado fuera del
texto).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
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Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de
mayo de 200913, aleccionó sobre los elementos que debe contener
la indemnización, como consecuencia de una expropiación
administrativa, de la siguiente manera:
“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el
legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia
judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando
los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos
que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contencioso-administrativa, incluso respecto del precio.”
(negrillas ajenas al texto)
En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del
bien expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y
el H. Consejo de Estado.
En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá
ser privado de ella sino en caso evidente de necesidad
pública, debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01.
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El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los
derechos económicos y sociales, que por virtud de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política de
1991 forma parte del llamado «bloque de
constitucionalidad», prevé igualmente en su artículo 21.2
el pago de una indemnización previa y justa que cubra la
totalidad de los perjuicios que se deriven de la
transferencia forzada de un bien de dominio privado en
favor del Estado. Lo anterior significa que el valor que se
determine con esa finalidad debe ser comprensivo de
todas las ablaciones patrimoniales causadas, de tal suerte
que las mismas sean objeto de una reparación integral.
Por lo mismo, en la determinación del quantum
indemnizatorio debe tenerse especial cuidado en no
rebasar, en uno u otro sentido, la línea divisoria que
marca las fronteras entre el enriquecimiento y el
menoscabo.
Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que
los daños y perjuicios que se originen en el acto de
autoridad mediante el cual se decrete la incorporación al
dominio público de bienes de propiedad particular para
satisfacer con ellos una necesidad de interés general,
presupone necesariamente la obligación a cargo de la
autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el
propósito de restablecer el equilibrio roto por la privación
patrimonial a la cual es sometido de manera forzada. En
otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés
general deba prevalecer sobre los intereses privados, no
significa en modo alguno que por dicha circunstancia
queden excluidas las garantías que la Constitución
reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que éste deba asumir a título personal un
detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la
ruptura del principio de igualdad en el reparto de las
cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.
Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
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que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)
En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño
que se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca
ni enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).
En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)
Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado
de justicia consagrado por el constituyente.
Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es
procedente respecto del precio, cuando el expropiado
considere incumplido el mandato de que la indemnización
sea justa y plena. […].”
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Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los
términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales
que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones
para el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el
artículo 61 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:
“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por
peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular
con su destinación económica.
La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).
El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de
adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se
refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo
que para dichos efectos realice la entidad correspondiente, el
segundo, además de comprender aquel, contiene el daño
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emergente y el lucro cesante, así como los demás perjuicios que
merezcan ser reparados para garantizar una indemnización plena.
En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de
manera que si este no cumple con los requisitos legales que
permitan inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio
técnico apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente
afectado14.
CASO CONCRETO
Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, de la siguiente manera:
En lo concerniente al argumento referente a que la sentencia de
primera instancia desconoció que el avalúo oficial se realizó en
contravención a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 388, en
cuanto no tuvo en cuenta la actividad económica que se desplegaba
en el inmueble antes de la expropiación administrativa, la cual
consistía en el local comercial, cabe señalar que no le asiste razón a
la recurrente, toda vez que el fallo apelado sí valoró dicha
circunstancia y consideró que el avalúo oficial se había realizado de
14
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).
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acuerdo con lo establecido en dicha norma, en tanto tuvo en cuenta
la destinación económica o la actividad productiva que tenía el
inmueble.
Empero, estimó que la actora no había aportado pruebas que
demostraran de que el inmueble objeto de expropiación se
encontraba arrendado a la fecha en que se expidieron los actos
acusados, ni que devengaba un canon de $500.000 mensuales, en
los siguientes términos:
“[…] El disentimiento de la parte actora radica en que el
avalúo practicado por el perito Rafael Tovar Vanegas por
solicitud de EDUBAR SA, no logra cuantificar el precio
indemnizatorio a reconocer por el inmueble que le fue
expropiado porque no se incluyeron los rubros de lucro
cesante y daño emergente.
Pues bien, para verificar la prosperidad del cargo propuesto,
y de suyo, si este logra desvirtuar la presunción de
legalidad de la que gozan los actos administrativos que
dispusieron la expropiación administrativa, la Sala hará un
análisis del avalúo practicado por orden de EDUBAR SA y
del dictamen pericial practicado en el proceso.
En el avalúo oficial que sirvió de fundamento para la
expedición de los actos acusados, se consignaron
aspectos tales como la inspección ocular practicada al
inmueble, su descripción en sus aspectos jurídicos,
clase de inmueble, características urbanas del sector,
características generales del terreno, características
generales de la construcción, localización, área
privada, edad y vida útil del inmueble, materiales y
acabados, tipo de construcción, estado general y uso del
inmueble, servicios públicos y aspecto económico.
Se observa que el avalúo se realizó acudiendo al
método comparativo de mercado con base en lo
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establecido en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y
el Decreto 1420 de 1998, por lo cual dicho avalúo
($25.194.000) se determinó luego de realizar una
investigación directa que consistió en encuestas a
inmobiliarios y conocedores del sector y se efectuó el
método o técnica residual (que busca establecer el valor
comercial del bien).
[…]
Si bien es cierto que, el artículo 67 de la Ley 388 de 1997
establece que el precio de adquisición o indemnizatorio que
se reconocerá a los propietarios de inmuebles debe ser
igual al avalúo comercial estimado por las entidades o
personas a que se refiere el artículo 61 ibídem, y que en él
no se contemplan parámetros para la valoración de los
daños y perjuicios ocasionados en razón de la
expropiación de un inmueble por vía administrativa,
también lo es que, la norma aplicable para resolver
este asunto se encuentra contenida en el numeral 6°
del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, que
establece:
“Artículo 21.- Los siguientes parámetros se tendrán en
cuenta en la determinación del valor comercial:
(…)
6. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de
la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren
destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva
a la generación de ingresos provenientes del desarrollo de
las mismas, deberá considerarse independientemente del
avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que
se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis
(6) meses.”
En virtud de lo anterior y en aplicación de la disposición
transcrita, se tiene que la actora no aportó pruebas
demostrativas de que el inmueble objeto de
expropiación se encontraba arrendado a la fecha en
que se expidieron los actos acusados, y que
devengaba un canon de $500.000 mensuales, incluso
en sede administrativa no acreditó que estuviera
recibiendo ingresos por una actividad rentística, es
más entregó voluntariamente el inmueble y le fue cancelada
la suma de $25.194.000, por intermedio de la Fiducia del
Valle, mediante cheque número 041392 girado a su nombre
[…]” (Destacado fuera de texto) .
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Ahora, si se analiza el Avalúo oficial núm. VALPC-020-01 de 3
de febrero de 2996, realizado por el perito RAFAEL TOVAR
VANEGAS 15 , que sirvió de fundamento para la expedición de los
actos acusados, y arrojó un valor total de $25.194.000, se observa
que: en el ítem 4- Características Generales del Inmueble, se
señala Destinación Actual: Comercial; asimismo, en el ítem 5-
Características Generales de la Construcción, se establece el Uso
del Inmueble: Comercial; igualmente, en el ítem 6- Aspecto
Económico, se indica, Destino Económico: Comercial, de la
siguiente manera:
“[…] AVALUÓ DE INMUEBLE
1. INTRODUCCIÓN
Dirección del inmueble: Calle 33 No.45C-45 Local 6 en el edificio “EL
TOÑO", barrio Centro.
[…]
Tipo de inmueble: Local
Fecha de visita al inmueble: 23 de enero de 2006
Nombre del Avaluador: RAFAEL TOVAR VANEGAS
[…]
2. TITULACIÓN
[…]
3. CARACTERÍSTICAS URBANAS DEL SECTOR
[…]
4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRENO
[…]
Destinación actual: Comercial
Servicios: Cuenta con servicios de agua, alcantarillado, energía eléctrica,
gas domiciliario, teléfono y transporte urbano colectivo.
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Índice 2 del expediente digital SAMAI.
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Número único de radicación: 08001-23-31-000-2006-02656-02
Actora: DIANA ESTHER CAICEDO MOSCOTE
[…]
5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN
[…]
Área privada: 48.92 M2
[…]
Edad del inmueble: 40 años
Vida útil del inmueble: 70 años. Remanente: 30 años.
Materiales y acabados: Tipo Bajo.
[…]
Tipo de Construcción: Contemporánea.
Estado general del inmueble: En regular estado de conservación.
Uso del inmueble: Comercial.
[...]
6. ASPECTO ECONÓMICO
[…]
Destino económico: Comercial
[…]
7. SUSTENTACIÓN DEL AVALÚO
[…]
8. AVALÚO COMERCIAL
ITEM AREA M2 VALOR M2 VR. TOTAL
Área privada 48,92 $515.000 $25.193.000
TOTAL $25.194.000
SON: VENTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ML. […]”
16
(Destacado fuera de texto).
De lo anterior, la Sala infiere que el avalúo, que sirvió de
fundamento para la expedición de los actos acusados, sí tuvo en
cuenta la destinación económica del inmueble como local comercial,
aspecto al que a quo sí hizo referencia, como se evidenció
claramente en el aparte antes transcrito.
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Además de lo anterior, en lo que respecta a lo manifestado por la
actora, al estimar que con la expropiación de su inmueble le generó
un perjuicio o daño, debido a que dicho bien se encontraba
arrendado a la fecha en que expidieron los actos acusadas y que
devengaba una renta mensual de $500.0000, se debe poner de
presente que el carácter resarcible del daño en este caso depende
fundamentalmente de la demostración de su ocurrencia, de modo
que una simple conjetura o una suposición no puede dar lugar a
una indemnización.
Los daños directamente vinculados con la pérdida del derecho de
dominio, deberán considerarse independientemente del avalúo, y
acreditarse en el proceso por quien reclama su
resarcimiento, ya sea por tratarse de lesiones ya causadas o de
daños que si bien no se han producido todavía, existe una alta
probabilidad de su ocurrencia, teniendo los interesados la carga de
impulsar dicha reclamación, ya que, de no ser así, a la
administración solo le asiste el deber legal de pagar el precio
resultante del avalúo comercial. Muy a pesar de la validez de lo
precedentemente manifestado, es claro que en esta oportunidad la
demandante no aportó prueba durante la actuación administrativa
que así lo demostrara, como el contrato de arrendamiento o la
declaración de impuesto de industria y comercio y la cancelación de
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dicho impuesto, según lo previsto en el numeral 4, del artículo 21,
de la Resolución 620 de 2008 del IGAC17, que dispone:
“[…] Para estimar el monto de la compensación de las
rentas o ingresos que se dejan de percibir por una
limitación temporal o definitiva (numeral 6 del artículo 21,
Decreto 1420 de 1998) se deberán tener en cuenta:
– Las declaraciones para efectos tributarios.
– El balance contable que se presente para la Cámara de
Comercio.
En caso de que la empresa no esté obligada a presentar
ninguna de las anteriores, deberá probar la utilidad neta
del negocio de por lo menos los seis meses anteriores,
mediante un estado de pérdidas y ganancias mensual
firmado por un contador público titulado, con matrícula
profesional vigente. […]”. (Destacado fuera de texto).
Sobre este asunto, se debe poner de presente que en sentencia de
23 de mayo de 2024 18 , se precisó que la Sala ha reconocido la
procedencia de perjuicios en la modalidad de lucro cesante por
rentas e ingresos dejados de percibir a causa de expropiaciones
administrativas, siempre que se demuestre en los términos
previstos en el artículo 21 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC,
que el inmueble expropiado era destinado a una actividad
17
Criterio señalado en la citada sentencia de de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de
radicación 50001-23-31-000-2011-00564-01).
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
mayo de 2924, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 25000-23-24-000-
2010-00623-01.
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productiva; que se estime y acredite el monto de las rentas e
ingresos no percibidos, y se establezca el vínculo de causalidad
entre el perjuicio reclamado y la expropiación decretada, de la
siguiente manera:
“[…] Es por ello que la Sala ha reconocido la
procedencia de perjuicios en la modalidad de lucro
cesante por rentas e ingresos dejados de percibir a
causa de expropiaciones administrativas, siempre que
se demuestre en los términos previstos en el artículo
21 de la Resolución 620 de 2008 del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi19.
Bajo esa premisa, el carácter resarcible del daño depende,
fundamentalmente, de la certeza de su ocurrencia, pues es
claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente
no pueden ser objeto de reparación o compensación. El
agravio debe estar revestido de certeza para que produzca
efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo
aquello que constituya una simple conjetura o una
suposición no puede generar una indemnización20.
Además, para obtener la compensación por los daños
accesorios que pudieron consumarse con la expropiación
es indispensable demostrar un nexo de causalidad entre
estos y la decisión administrativa mediante la cual se
decretó la expropiación 21.
En resumen, como ha señalado recientemente esta Sala, en
casos como el presente, para probar el lucro cesante es
fundamental demostrar que el inmueble expropiado
era destinado a una actividad productiva, estimar y
acreditar el monto de las rentas e ingresos no
percibidos, y establecer el vínculo de causalidad entre
el perjuicio reclamado y la expropiación decretada22,
ello en plena observancia del término establecido en
el numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 19 de
abril de 2021. Radicado: 05001233100020020071601. M. P.: Oswaldo Giraldo López.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 16 de febrero
de 2017. Radicado: 05001-23-31-000-2007-00379-01. M. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
21
Sentencia del 14 de mayo de 2009 citada ut supra.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 23 de
noviembre de 2023. Radicado 05001233100020110026801. M.P.: Dr. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.
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1998, tal y como lo consideró el a quo.[…]” (Destacado
fuera de texto).
No sobra recordar la posición de esta Sección según la cual, para
poder obtener la reparación de los daños accesorios que hubieren
podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los
mismos sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de
causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante la
cual se decretó la expropiación, por lo que corresponde a la parte
afectada la carga probatoria para su demostración.
El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la
certeza de su ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter
hipotético, estocástico o contingente no pueden ser objeto de
reparación o compensación. El agravio debe estar revestido
entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar
al resarcimiento, pues todo aquello que constituya una simple
conjetura o una suposición no puede dar lugar a una indemnización.
Además de lo anterior, es del caso aclarar que pese a que es cierto
que la Jurisprudencia ha estimado que la indemnización que se
reconoce a quienes se ven afectados con la expropiación, tiene
carácter reparatorio y debe comprender no sólo el precio comercial
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del bien sino los demás perjuicios que pudieron causarse con tal
medida, incluidos el daño emergente y el lucro cesante, es deber
del interesado probar ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, cuáles son los perjuicios y su monto y su nexo de
causalidad con la expropiación decretada, lo que no ocurrió en el
asunto de la referencia 23 , por lo que a la administración solo le
correspondía el pago de lo establecido en el avalúo practicado a
instancia suya.
Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de 6 de febrero
de 202024, en la que esta Sección sostuvo:
“[…] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que
la decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar
el daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.
[…]
No sobra precisar que, para poder obtener la
reparación de los daños accesorios que hubieren
podido consumarse con la expropiación, es
indispensable que los mismos sean ciertos y que
exista necesariamente un nexo de causalidad entre
ellos y la decisión administrativa mediante la cual se
decretó la expropiación.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de
julio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 05001-23-33-000-
2013-01598-01.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 6 de
febrero de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación
08001233100019971225601.
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El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente
de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las
lesiones de carácter hipotético o contingente no pueden ser
objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar
revestido entonces de certeza para que produzca efectos
jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello que
constituya una simple conjetura o una suposición no puede
dar lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para
que se tengan como ciertos aquellos daños futuros que a
pesar de no haberse consolidado todavía, no existe ninguna
duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio
exista, resulta completamente indiferente que aquél ya se
haya presentado como un hecho existente en el plano
ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y
directa de un estado de cosas actual. Al fin y al cabo, el
daño futuro no es sino una modalidad del daño cierto, tal
como lo ha sostenido, en reiteradas oportunidades esta
Corporación.
En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del
derecho de dominio deben ser acreditados en el
proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea
por tratarse de lesiones ya causadas o de daños que,
si bien no se han producido todavía, existe una alta
probabilidad en torno a su ocurrencia. […]” (Destacado
fuera de texto).
En tal sentido, para la Sala, es claro que, en este caso,
correspondía a la demandante probar que el valor comercial del
inmueble calculado en el avalúo oficial por el perito RAFAEL TOVAR
VANEGAS, a instancias de EDUBAR S.A., no estaba ajustado a los
parámetros y criterios legales señalados en la Ley 388, el Decreto
1420 y Resolución 620 de 2008 y que, por tanto, no indemnizaba
de manera justa y plena el valor real de todos los perjuicios
causados con la expropiación.
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Por tal razón, este reproche tampoco prospera.
Aclarado lo anterior, la Sala precisa que la parte actora, en el
recurso de apelación, también adujo que el Tribunal decidió darle
valor probatorio al precio reconocido en el avalúo oficial por el solo
hecho de ser el insertado en las resoluciones acusadas, bajo el
argumento de que los actos administrativos gozan de presunción de
legalidad y a pesar de reconocer que carece de soporte técnico o
documental, que permita tener certeza de que efectivamente se
realizaron las encuestas, las operaciones inmobiliarias o los avalúos
que se tuvieron en cuenta para hacer la comparación.
A su juicio, lo correcto hubiese sido decretar la nulidad de la
resolución acusada, en lo relacionado con el valor del precio de la
indemnización y reconocer el valor justo, que no puede ser el
expuesto por un avalúo con las anteriores características de
infundabilidad encontradas por el mismo a quo.
En el caso bajo examen, la Sala observa que el perito RAFAEL
TOVAR VANEGAS, en el avalúo oficial, para establecer el valor del
predio, utilizó el Método de COMPARACIÓN o DE MERCADEO con
investigación económica directa, a través de encuestas realizadas a
profesionales e inmobiliarios de la plaza que son conocedores del
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sector, datos que fueron analizados, para determinar el justivalor
comercial del inmueble; y que para la construcción utilizó el método
de COSTO DE REPOSICIÓN, tomando valores del estudio “Costos
básicos de construcción y precios de venta sin lote”, de la siguiente
manera:
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Al respecto, la Sala debe advertir que “las encuestas” son un medio
que se puede utilizar cuando el perito, para realizar el avalúo de un
bien, no haya podido obtener datos (ofertas o transacciones
recientes) o cuando tenga dudas de los resultados 25, que, para el
caso en estudio, el avalúo se soportó únicamente en encuestas.
Y como puede verse, en el referido avalúo claramente se expusieron
los valores que se tuvieron en cuenta, según el método comparativo
y de mercado (encuestas), para establecer el precio del inmueble
por metro cuadrado y calcular así el valor total del mismo. De ahí
que, para la Sala, dicho avalúo cumple en principio con los
requisitos de idoneidad, coherencia y sustentación técnica,
ajustándose a los fines legales que con él se persiguieron.
Sobre el particular, cabe mencionar que la Sección ya ha tenido
oportunidad de pronunciarse acerca de los avalúos comerciales
practicados por las entidades legalmente autorizadas, a efectos de
fijar el valor de la indemnización en los eventos de expropiación por
vía administrativa y ha concluido que aun cuando en el informe
técnico no se precisen las operaciones o la forma como
fueron calculados los valores a partir de los cuales se obtuvo
el precio indemnizatorio, en la medida en que dicho precio
25
De conformidad con lo previsto en el artículo 9o. de la Resolución 620 de 2008 del IGAC.
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hace parte del acto administrativo mediante el cual se
dispone la expropiación, se presume ajustado o calculado
conforme a la ley y, por ende, corresponde al interesado
desvirtuar tal presunción.
Igualmente, esta Sección ha sostenido que al haber sido
incorporado el avalúo comercial al acto administrativo acusado, que
decretó la expropiación, este se encuentra amparado por la
misma presunción de legalidad y certeza, que se predica de
las decisiones definitivas de la Administración, y debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, por lo que
corresponde a quien recurre, en este caso, a los demandantes,
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
acreditando precisamente sus incorreciones.
En efecto, en la citada sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala
precisó:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal,
obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se
anuncia que el precio del inmueble establecido por la
administración se determinó como resultado de la
aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”,
que “Consiste en deducir el precio por comparación de
transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y
localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se
han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la de
varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de
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Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos efectuados
recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto es
que en ninguno de los apartes de dicho documento
ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los
avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para
hacer la anunciada comparación, lo cual permite
concluir que contra el justiprecio realizado por esa
dependencia municipal cabrían exactamente las mismas
críticas que el apoderado del Municipio demandado
formula en su apelación contra el dictamen rendido por la
perito, pues ante la ausencia de la mencionada
información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.
No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el
actor tiene la carga de demostrar en el proceso que
el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección […].” (Destacado fuera
de texto).
Y, posteriormente, la Sección Primera en sentencia de 14 de
septiembre de 2020 26 , señaló que se debe convencer al juez del
error en el que ha incurrido la Administración al fijar un monto
específico para la indemnización.
Asimismo, puntualizó que el justo precio de la indemnización
expropiatoria se encuentra amparado por la presunción de
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.
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legalidad del acto administrativo que lo acoge; lo que significa
que el avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación, por lo que deberá ser
desvirtuado a través de los medios de prueba establecidos en el
ordenamiento jurídico. Así, discurrió la Sala:
“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante.
Para lo cual, no será suficiente señalar y atacar los
métodos que se utilizaron, sino que se debe
convencer al juez del error en el que ha incurrido la
Administración al fijar un monto específico para la
indemnización.
Esta Corporación ya se ha pronunciado en repetidas
ocasiones, en el sentido de establecer que el justo precio
de la indemnización expropiatoria se encuentra
amparado por la presunción de legalidad del acto
administrativo que lo acoge; lo que significa que el
avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación, por lo que
deberá ser desvirtuado a través de los medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.
“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor
tampoco logró desvirtuar la presunción de legalidad que
cobija los actos administrativos demandados que acogieron
ese justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún
medio de prueba que permita demostrar que el avalúo
fijado por la administración fuese incorrecto, no hay
ninguna razón para decretar la nulidad parcial deprecada
por el actor en lo relativo al precio indemnizatorio.” 27[…]”
(Destacado fuera de texto).
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Radicación: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau
de Lafont Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.
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En igual sentido, la Sala en la sentencia de 19 de abril de 202128,
reiteró que se presume la legalidad del acto administrativo que
incorporó el avalúo oficial, aun cuando en el informe técnico no
se precisen las operaciones inmobiliarias o los inmuebles
con los cuales se realizó la comparación, o los avalúos
recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la
comparación o la forma como fueron calculados los valores
correspondientes, y que por ello la parte demandante debe
aportar las pruebas para demostrar los errores del avalúo.
Además, indicó que no es de recibo que los argumentos que
sustentan la incorrección del avalúo oficial, que fundamentaron la
expedición de los actos administrativos acusados, sean que al ser
mayor el precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente para decretar
la nulidad de los actos administrativos acusados.
Así discurrió la Sección, en la citada providencia:
“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más
allá de controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad
del avalúo AV-466-07-36549-IDU realizado por la Lonja
Inmobiliaria de Bogotá sobre el cual se sustentó la
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00232-01.
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expedición de los actos demandados, presentan
características generales correspondientes a cualquier
avalúo; razón por la cual no le asiste razón al accionante
cuando indica que el a quo no tomó en cuenta estos
avalúos, puesto que los mismos no controvierten ni aportan
pruebas sobre las cuales se pueda determinar que el avalúo
comercial realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá es
errado y no se encuentra ajustado a las normas sobre
avalúos., valga decir, no desvirtúa la presunción de
legalidad que los cobija.
69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo
de Estado ha indicado que se presume la legalidad del
acto administrativo que incorporó el avalúo oficial,
aun cuando en el informe técnico no se precisan las
operaciones o la forma como fueron calculados los
valores correspondientes, por ello la parte
demandante debe aportar las pruebas para demostrar
los errores de este. En este contexto, esta Sección,
mediante sentencia proferida el 6 de febrero de 2020,
expuso lo siguiente:
“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse
acerca de los avalúos comerciales practicados por las
entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor
de la indemnización en los eventos de expropiación y ha
concluido que, aun cuando en el informe técnico no se
precisen las operaciones o la forma como fueron calculados
los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio
indemnizatorio, en la medida en que dicho precio hace
parte del acto administrativo mediante el cual se dispone la
expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a
la ley y, por ende, corresponde al interesado desvirtuar tal
presunción.
En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la
Sala, sobre el particular, expresó lo siguiente:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el
avalúo elaborado por la Subsecretaría de Catastro
Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno
principal, se anuncia que el precio del inmueble
establecido por la administración se determinó como
resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en
deducir el precio por comparación de transacciones,
oferta y avalúos de inmuebles similares o
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equiparables, previos ajustes de tiempo,
conformación y localización entre otros”, y aunque se
asegura que “Se han consultado las estadísticas y
avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a
la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre
operaciones y avalúos efectuados recientemente
sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en
ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus
anexos se señalan cuáles fueron exactamente las
operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que
se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada
comparación, lo cual permite concluir que contra el
justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de
la mencionada información, el avalúo practicado por
la Subsecretaría de Catastro Municipal también
estaría desprovisto de argumentos técnicos y de
apoyo probatorio.
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor
tiene la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección 29 […].” (la Sala destaca)
[…]”30
74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y
que sustentó la expedición de los actos
administrativos acusados, sea que no se indicó los
inmuebles con los cuales se realizó la comparación y
que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el
demandante, ello resulte suficiente para decretar la
nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de
texto).
29
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601
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Actora: DIANA ESTHER CAICEDO MOSCOTE
De manera, que le asistió razón al fallador de primera instancia al
darle valor probatorio al precio indemnizatorio reconocido en el
avalúo oficial, por hacer parte de los actos acusados, mediante los
cuales se dispuso la expropiación, bajo el argumento de que dichos
actos administrativos gozan de la misma presunción de legalidad y
de certeza, que se predica de las decisiones de la administración, a
pesar de que en ese avalúo oficial no se precisen las operaciones
inmobiliarias o los inmuebles con los cuales se realizó la
comparación, o los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta
para hacer la comparación o la forma como fueron calculados los
valores correspondientes.
Por consiguiente, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
Frente al argumento de que el dictamen practicado en el proceso
por parte de los valuadores ANDRÉS FELIPE MEDINA FLÓREZ y
SERGIO DELGADO PACHÓN sí demuestra en debida forma el valor
del inmueble objeto de expropiación, al tener fundamento legal y
técnico, se considera lo siguiente:
Con el fin de desvirtuar el avalúo oficial, en el decurso del proceso
el Tribunal ordenó una prueba pericial, designándose para
practicarla a los mencionados peritos. En virtud de ello, fue
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elaborado el dictamen de 5 de abril de 2024, que arrojó un valor
total de $87.322.200, en el cual se llevó a cabo un avalúo del
predio que pertenecía a la demandante, y se destaca la siguiente
información:
“[…]
[…]
[…]
[…]”31.
31
Índice 2 del expediente digital SAMAI.
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Dicho dictamen pericial puso de presente que a pesar de que no
existe físicamente el edificio “El Toño” ni el local 6, objeto de
avalúo, se tuvieron en cuenta las condiciones físicas normales para
el tipo de inmueble y las condiciones del mercado inmobiliario a
febrero de 2006; y que se había consultado el presente expediente,
el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria núm.
040-58937 y el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla–
POT (Decreto 0212 de 2014).
Anotó, en el ítem “1.2 Alcance Del Encargo Valuatorio” lo
siguiente:
“[…] Por “avalúo especial y comercial” se entiende que se
refiere a que ni el edificio “El Toño” ni el Local 6, objeto de
avalúo, ya hoy no existe físicamente y que para la
estimación del valor de mercado se asumen condiciones
físicas normales para el tipo de inmueble y las condiciones
del mercado inmobiliario a febrero de 2006.
En resumen, el encargo valuatorio concretamente se refiere
al valor de mercado a febrero de 2006 del Local 6 del
edificio “El Toño” anteriormente ubicado en la calle 34N°
45C-45 de Barranquilla. […]”.
Además, el referido dictamen tuvo en cuenta la clase de bien
(inmueble), la categoría requerida (inmuebles urbanos), la
información jurídica, la información catastral, las características
generales del sector, tales como las generalidades y ubicación, las
vías de acceso, actividades predominantes, tipos de edificaciones,
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las actividades predominantes, los tipos de edificaciones, las
edificaciones importantes en el sector, la actividad edificadora, la
cobertura de servicios públicos y de valor agregado, la
infraestructura urbanística, el transporte público, así como
problemas de estabilidad de suelo, impacto ambiental y condiciones
de salubridad, afectaciones viales y problemáticas socioeconómicas.
Asimismo, relacionó las características generales del inmueble, la
reglamentación urbanística, la seguridad que prestan las
autoridades en el sector, y en cuanto a las consideraciones
económicas, indicó que no aplica, así:
“[…] 8.1. Utilización Económica y Rentabilidad.
No aplica.
[…]”.
Para la determinación del valor de mercado o valor comercial del
inmueble aplicó el “Método de Comparación”, a partir del estudio de
5 ofertas de locales comerciales, para concluir que el valor de
mercado a febrero de 2006 es de $36.690.000 y que dicha suma
indexada a marzo de 2024 es de $87.322.20032, como se aprecia a
continuación:
32
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Posteriormente, el citado dictamen fue objeto de aclaración por el
perito SERGIO DELGADO PACHÓN, quien indicó que para la
elaboración de este se había consultado información proveniente
del expediente, particularmente, del informe de avalúo presentado
en su momento, 3 de febrero de 2006, por RAFAEL TOVAR
VANEGAS.
Sin embargo, para la Sala no existió claridad, en dicho dictamen
pericial, sobre la forma como se obtuvieron los valores antes
indicados en el referido avalúo, en tanto si bien fue realizado en la
anualidad que se llevó a cabo la expropiación, tuvo en cuenta las
normas jurídicas y de índole técnico aplicables e hizo referencia a la
información antes indicada, también lo es que no explicó el proceso
lógico que llevó a determinar el valor adoptado de $750.000 según
la estadística descriptiva, en tanto no explicó como obtuvo los
valores descritos correspondientes a media aritmética (por
promedio), mediana, moda, desviación estándar (S), coeficiente de
variación (V), coeficiente de asimetría (A), límite superior, límite
inferior, número de datos, factor crítico de chauvenet, menor valor,
mayor valor y factor de comercialización.
Tampoco aportó elementos probatorios, que permitan constatar la
veracidad de las cifras expuestas, la necesaria relación de causalidad
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que debe existir entre la suma cuyo reconocimiento se procura y la
medida expropiatoria, que conduzca a demostrar la corrección del
justiprecio que se hace en este avalúo y que entraña, obviamente,
la incorrección del avalúo oficial.
Por lo tanto, la Sala considera que el dictamen pericial realizado por
los peritos ANDRÉS FELIPE MEDINA FLÓREZ y SERGIO DELGADO
PACHÓN está desprovisto de la suficiente fundamentación fáctica y
probatoria que permita corroborar la corrección y certeza de sus
dichos, esto es, que respalde los valores señalados en el mismo
para obtener el valor del inmueble, objeto de expropiación, en tanto
no explicó el origen y proceso lógico que llevó a establecer los
valores antes indicados, ni allegó pruebas que permitan constatar la
veracidad de las cifras expuestas.
Además, de que tampoco da cuenta de las razones de orden fáctico
y probatorio que permitan descartar los valores del precio
indemnizatorio del bien expropiado, establecido en el avalúo oficial,
que fue acogido en las resoluciones demandadas, toda vez que dicho
dictamen pericial se limitó a señalar de forma autónoma un nuevo y
mayor valor comercial para el bien expropiado, pero no estuvo
encaminado a desvirtuar el resultado al que se llegó en el referido
avalúo oficial, que sustentó los actos demandados.
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Lo anterior, debido a que en este dictamen pericial no se incluyeron
argumentos que permitieran determinar si el avalúo oficial, que
sirvió de fundamento a las resoluciones acusadas, se realizó de
forma contraria a la ley, o incurrió en yerros que propiciaron un
valor de precio comercial del predio que no se ajustaba a la
realidad, ni menciona de qué modo éste incurrió en fallas o pasó por
alto los parámetros legales.
Esta Sección ha precisado que en estos casos no resulta suficiente
la mera exposición de los resultados de las operaciones periciales
practicadas y de las deducciones extraídas por el perito, huérfanas
de las explicaciones relativas a su origen y al proceso lógico e
intelectivo que ha conducido a su obtención, omitiendo la
exposición y explicación de las razones por las cuales no es dable
mantener otro criterio diferente. Esto, considerando que, tanto las
partes como la autoridad judicial no cuentan con los conocimientos
especializados del perito, por lo que se espera que este revele los
datos y los hitos de su discernimiento, que si bien un entendido en
la materia puede reputar elementales, un profano puede
encontrarlos inasequibles33.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01. Criterio reiterado en sentencia de 7 de marzo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único
de radicación 15001233100020060143302).
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Adicionalmente, debe señalarse que no es de recibo para esta Sala
que los argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por el señor RAFAEL TOVAR VANEGAS, que fundamentó la
expedición de los actos administrativos acusados, se basen en que
el precio determinado en el dictamen pericial, decretado y
practicado en este proceso, sea superior y que demuestre una
diferencia importante con relación al arrojado en el avalúo oficial, y
que ello resulte suficiente para concluir que el avalúo oficial adolece
de un error grave en la estimación del precio del inmueble objeto
de expropiación, pues la parte demandante debe convencer al juez
del error en el que ha incurrido la Administración al fijar un monto
específico para la indemnización, para lo cual debe aportar las
pruebas para demostrar los errores de éste.
En los términos que anteceden, la Sala estima que las falencias del
dictamen pericial decretado y practicado en el proceso, que han
quedado evidenciadas, impiden darle plena credibilidad y, por ende,
demuestran que la demandante no cumplió con la carga procesal de
probar que el valor comercial del inmueble, calculado en el avalúo
oficial por RAFAEL TOVAR VANEGAS, era equivocado e incorrecto,
por lo que debe tenerse como válido, creíble y debidamente
fundamentado, el referido avalúo oficial, que sirve de sustento a
las resoluciones acusadas, sin que el mismo pueda ser objeto de
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modificación dado que la parte actora, quien tenía la carga
probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo.
Cabe destacar y reiterar que esta Sección ha sostenido que al haber
sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo, este
goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido, creíble
y fundamentado, por lo que correspondía a la parte demandante,
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
acreditando precisamente sus incorreciones, conforme se precisó en
la citada sentencia de 15 de agosto de 201934, lo cual no hizo.
Por lo tanto, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
Ahora, en cuanto al argumento de la apelante de que la
expropiación por parte del Estado no debe emplearse en
menoscabo de los derechos adquiridos de dominio respecto del
inmueble que fue expropiado, se debe advertir que dicho
argumento, aducido en el recurso de apelación, constituye un
nuevo cargo contra los actos acusados, que no fue alegado en la
demanda.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-
2011-00196-01.
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Para la Sala la indicación de nuevos cargos contra los actos
acusados en el recurso de apelación resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el momento
procesal es en la demanda o su adición, sino en razón a que de
acometer su estudio se estaría violando el derecho de defensa de la
parte demandada en el proceso y el deber del juez de hacer
efectiva la igualdad de las partes en el mismo.
Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre
ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201835, en la que se señaló:
“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de
inconformidad de la parte apelante involucran normas que
no fueron invocadas en la demanda como violadas, pues las
indicadas en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58
de la Constitución Política y 66 de la Ley 388.
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia
significa, ni más ni menos, la formulación de nuevos
cargos contra los actos acusados, lo cual resulta a
todas luces improcedente, no solamente por
extemporáneos, pues el momento procesal es en la
demanda o su adición, sino en razón a que de acometer su
estudio se estaría violando el derecho de defensa de la
parte demandada en el proceso y el deber del juez de hacer
efectiva la igualdad de las partes en el mismo.
Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los
cuestionamientos que formula el recurrente con base en los
artículos 29 y 58 de la Constitución Política y 66 de la Ley
388, y no así a los artículos 187, 252 del C de PC, ni al
cargo de falsa motivación. […]” (Destacado fuera de texto).
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-
00074-02.
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Asimismo, en posterior pronunciamiento, esto es, en sentencia de 8
de octubre de 202036, esta Sección consideró que el ad quem no
puede abordar materias o cuestiones que se plantean en la
apelación, que no hacen parte del concepto de violación del libelo,
ni de lo que la sentencia de primera instancia estudió, pues es su
deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y
de defensa de la contraparte en el proceso, en los siguientes
términos:
“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los
procesos ordinarios el recurso de apelación tiene límites,
toda vez que debe guardar correspondencia con el petitum
de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la
sustentan, los argumentos de oposición a la misma y las
consideraciones que sirven de sustento al a quo para
fundamentar la sentencia. Sobre el particular, esta Sección
precisó:
“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente
de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho
recurso, pues los mismos, en el caso de apelante único,
definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta
instancia. […] Sobre el particular, esta Sección en diversas
oportunidades ha puesto de presente que “[…] el juez de la
segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que
esté facultado para pronunciarse sobre aspectos o puntos
de la sentencia de primera instancia que no fueron objeto
de impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede
abordar materias o cuestiones que se plantean en la
apelación, pero que no hacen parte del concepto de
violación del libelo, ni que la sentencia de primera
instancia estudió” […] La Sala reitera que en virtud
de los principios de lealtad procesal, contradicción y
de defensa y la congruencia que debe existir entre el
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-
00135-01.
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recurso, la sentencia censurada, el concepto de
violación de la demanda y los argumentos expuestos
en la contestación de la misma, imponen que al
apelante le esté vedado exponer en el recurso de
apelación hechos, cargos y presentar pretensiones
nuevas que no alegó ni en la demanda ni en la
contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede
abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues
es su deber salvaguardar los derechos fundamentales
al debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso […]”37. (Resaltado fuera de texto).
Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y
probatorio, para que el superior funcional las revoque,
modifique o adicione; en esa medida, no es un
instrumento para incluir cargos nuevos en contra del
acto administrativo acusado porque ello desconocería los
principios de lealtad procesal, contradicción, defensa y
congruencia que debe existir entre el recurso y la sentencia
apelada. […]” (Destacado fuera de texto).
Por consiguiente, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo
alguno sobre este cargo, habida cuenta que solo fue invocado como
argumento de defensa en el recurso de apelación. Proceder de
manera contraria rompería el equilibrio procesal y la igualdad de las
partes, pues la parte demandada no tendría la posibilidad de
controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue
planteado en la demanda38.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
diciembre de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 08001 23 31 000
2009 01122 01.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación
23001233300420160014301.
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Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados
por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad
necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a
los actos administrativos acusados, toda vez en el plenario no se
encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección
del avalúo oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio
indemnizatorio reconocido y pagado a los actores, con ocasión de la
expropiación administrativa dispuesta mediante las resoluciones
acusadas.
En consecuencia, la Sala ordenará CONFIRMAR la sentencia
apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este
proveído.
Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que
de conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con
los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión
del artículo 168 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las
partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de agosto de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral “C”, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez
ejecutoriada ésta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala, en la sesión del día 31 de julio de 2025.
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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