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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00700-03

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00700-03

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 31 de octubre de 2024, proferida por la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de 24 La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem. 25 “[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 49 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00700-03 Actora: BLANCA CECILIA GIL MOLINA la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte actora y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ABSTENERSE de fijar agencias en derecho a favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2016-00700-03

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DECONTROL DENULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00700-03
Actora: BLANCA CECILIA GIL MOLINA

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE
ACTORA NO DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL
AVALÚO OFICIAL REALIZADO POR CATASTRO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

actora contra la sentencia de 31 de octubre de 2024, proferida por

la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca1, que denegó las pretensiones

de la demanda.

I.- LA DEMANDA

I.1. La señora Blanca Cecilia Gil Molina, a través de apoderado

judicial, promovió demanda ante el Tribunal, en ejercicio de la

acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho,

establecida en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en

1
En adelante el Tribunal.

2

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Actora: BLANCA CECILIA GIL MOLINA

concordancia con el artículo 138 del CPACA, en la que formuló las

siguientes pretensiones:

“[…] acorde con el Artículo 58 de la Constitución Política;
numeral segundo del Artículo 68 de la Ley 388 de 1997;
Sentencia 1074 de 2002 de la Corte Constitucional y Sentencia
C-476 del 2007, se declare la Nulidad Parcial de la Resolución
No. 59362 del 02 de Septiembre de 2015, "POR LA CUAL SE
RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION Y MODIFICA LA
RESOLUCION DE EXPROPIACION No. 27254 DEL 16 DE ABRIL
DE 2015" "POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACION POR
VIA ADMINISTRATIVA" en sus artículos SEGUNDO, TERCERO Y
CUARTO, en lo que concierne al “VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO.", FORMA DE PAGO Y APROPIACIONES
PRESUPUESTALES, Ordenando pagar el Precio Justo.

2.-Que de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley
388 de 1997, se declare que mi mandante se encuentra exenta
de los pagos tributarios que por razones de expropiación
administrativa le obligaron a cancelar, toda vez que sí, optó por
la vía contenciosa administrativa, fue por la necesidad a que la
llevo el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, al ofertar y pagar
un precio injusto, así como por la falta de negociación, más no
por capricho de la demandante.

3.-Que como consecuencia de lo anterior se condene al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el precio y
así pagar a mi mandante BLANCA CELIA GIL MOLINA, los
valores que en adelante relaciono y/o de conformidad con lo
que resulte probado en el proceso; montos que han de ser
actualizados en su valor.

3.1. DAÑO EMERGENTE

3.1.1. La suma de TRESCIENTOS SESENTA MILLONES
SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE
PESOS M/cte, ($360,607.557.00), por ajuste al valor ordenado
y pagado con la Resolución No. 59362 del 02 de Septiembre de
2015, la cual modifica en los artículos segundo, tercero y cuarto
de la Resolución No. 27254 del 16 de Abril del 2015, por
concepto de terreno y construcción del inmueble ubicado en la
AK 91 No. 131 C - 21 de Bogotá, identificado con cédula
catastral 009204761800000000, CHIP AAA0129RBSK y
matrícula inmobiliaria 50N-20428759.

3.1.2. La suma que corresponda al pago de Notaría y Registro
por la compra que deba realizar mi mandante en reposición del

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Actora: BLANCA CECILIA GIL MOLINA

bien expropiado, como Gastos Notariales proporcional al valor
que se declare en la sentencia, así.

Gastos Notariales: 3X1000
Iva Gastos Notariales: (16%)
Gastos de Escrituración
Gastos de Registro 0.5 %
Beneficencia: (1.%)

3.1.3. Los Gastos de Desconexión de los Servicios Públicos así:

• Energía Codensa, - Acueducto EAAB, -Gas Natural: suspensión
definitiva la suma de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/cte ($1
.536.296.00)

3.1.4. El valor de SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO
MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/cte ($7.
188.962.00) equivalente al 2.5% que le retuvo el Instituto de
Desarrollo Urbano IDU, por enajenación de bienes Raíces, toda
vez que se le aplicó la tabla de la tarifa tributaria de manera
indebida, ya que mi mandante debe ser exenta de la misma por
ser expropiación por vía administrativa por la decisión unilateral
y arbitraria del precio ofertado y pagado por parte del IDU, y
que en el peor de los casos la retención correspondería al 1.5%.

3.1.5. El Valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/cte
($3.657.599.00) equivalente al 20 % de Retención que les
realizo el IDU de los dineros que reconocieron como Lucro
Cesante, en razón a que no hay justificación legal para retener
dineros por ingreso de arrendamiento.

3.1.6. El valor que se determine a través de perito designado
por el Honorable Tribunal, donde se calcule el valor de la
Plusvalía no reconocido en la indemnización y que eleva el
precio del bien expropiado por el anuncio del proyecto de no
haber sido expropiado y que tienen derecho por haber
cancelado la valorización.

4. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará
cumplimiento en los términos de los artículos 192 del C.C.A.
[…]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los

siguientes:

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Indicó que es propietaria del bien inmueble ubicado en la AK 91

núm. 131 C-21, con matrícula inmobiliaria núm. 50 N 20428759, el

cual para el momento en que inició el trámite administrativo se

encontraba conformado por una estructura de cuatro plantas2.

Manifestó que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -

CATASTRO3 realizó el informe técnico avalúo comercial núm. 2014-

1898 de 22 de octubre de 2014 con la finalidad de que el Instituto

de Desarrollo Urbano - IDU4 formulara oferta de compra sobre el

inmueble.

Señaló que el 12 de diciembre de 2014 el IDU, mediante

Resolución 108910 de esa fecha, determinó la adquisición del

inmueble y formuló oferta de compra por la suma de $ 278.515.750

por concepto del terreno y su construcción; sin reconocer valor

alguno por los rubros de daño emergente y lucro cesante.

Afirmó que el demandado, a través de la Resolución 27254 de 16

de abril de 2015, ordenó la expropiación por vía administrativa del
2
Relaciona que la primera planta se conformaba de tres locales comerciales rentando y funcionando
para el momento de la realización del avalúo y expropiación, cada uno con 1 baño. Escaleras de
acceso independiente a los apartamentos, la segunda planta de un apartamento independiente, con
sala- comedor, 3 alcobas, 1 baño completo enchapado, cocina enchapada a gas natural, zona de
lavandería. Escaleras de acceso, la tercera planta de un apartamento independiente, con sala
comedor, tres alcobas, 1 baño completo enchapado, cocina enchapada con gas, patio de ropas,
lavadero. Escaleras de acceso; mientras que la cuarta planta contaba con un apartamento
independiente, con sala comedor, 3 alcobas, 1 baño completo enchapado, cocina integral enchapada
con gas, balcón-terraza, zona de lavandería, lavadero. Escaleras de acceso a la Terraza descubierta,
depósito, zona de lavandería, lavadero doble, 1 baño, 2 tanques de reserva de 500 lts.
3
En adelante CATASTRO.
4
En adelante IDU.

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Actora: BLANCA CECILIA GIL MOLINA

inmueble y fijó como precio indemnizatorio la suma de

$278.515.750 la cual incluía los conceptos de terreno y

construcción.

Expuso que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

reposición que fue resuelto a través de la Resolución núm. 59362

de 2 de septiembre de 2015, en el sentido de modificar el precio

indemnizatorio reconocido por el predio y de incluir las sumas de

$5.386.881 por concepto de daño emergente y de $18.287.998 por

el rubro de lucro cesante.

Indicó que el IDU no puso a su disposición de forma inmediata el

precio indemnizatorio reconocido a través de las resoluciones 27254

de 16 de abril de 2015 y 59362 de 2 de septiembre de 2015, pues

este fue entregado hasta el 21 de octubre de 2015.

Manifestó que el demandado descontó de la suma de dinero

reconocida rubros como la desconexión de servicios públicos, el

impuesto predial, los gastos de escrituración del predio a adquirir y

las retenciones por venta de bien raíz e ingresos por

arrendamiento, lo cual no permitió que obtuviera, a su juicio, una

indemnización justa.

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Señaló que el pago obtenido empobreció su patrimonio, toda vez

que conforme con lo señalado en el avalúo elaborado por la firma

Sarmiento & Osorio Soluciones Inmobiliarias de 17 de septiembre de

2015, el predio expropiado tenía un valor comercial de

$648.166.047.

Finalmente, puso de presente que el demandado no llevó a cabo la

etapa de negociación, pues se limitó a formular una oferta de

compra sin darle la oportunidad de controvertir el valor ofrecido.

I.3- Normas violadas y concepto de violación.

Indicó que se trasgredió el artículo 70, numerales 2 y 4, de la Ley

388 de 1997, toda vez que el demandado no puso a su disposición

de manera inmediata los dineros ordenados en las resoluciones

27254 de 16 de abril de 2015 y 59362 de 2 de septiembre de 2015.

Señaló que la Dirección Técnica Financiera del demandado hizo

entrega del cheque correspondiente el 21 de octubre de 2015, mes

y medio después de que fue expedida la Resolución 59362 de 2 de

septiembre de 2015.

Manifestó que las resoluciones controvertidas trasgredieron los

artículos 2º, 4º, 6º, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución Política, toda

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vez que la demandada no cumplió con la carga de efectuar el pago

de una suma indemnizatoria justa que no les generara detrimento

patrimonial alguno.

Explicó que la demandada trasgredió los postulados de

imparcialidad y de buena fe, toda vez que no pagó el valor de una

indemnización justa.

Afirmó que se violó el artículo 68 de la Ley 388 de 1997, pues el

IDU, para establecer el precio indemnizatorio, no tuvo en cuenta su

edad y dependencia de los ingresos obtenidos por canones de

arrendamiento; que su predio era esquinero y contaba con tres

locales comerciales; que el inmueble tenía naturaleza comercial.

Además, no valoró que el precio de los inmuebles en Bogotá ha

incrementado de manera significativa y que este no fue motivado,

toda vez que en colusión con la Secretaría de Planeación congelaron

la estratificación de los predios del sector para no indemnizarlos

como correspondía.

Citó una providencia de 24 de marzo de 20115 proferida por la

Sección Primera del Consejo de Estado en la que se hace referencia

a la trasgresión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 24 de
marzo de 2011, proceso núm.: 25000-23-24-000-2005-91365-01; M.P. Rafael Ostau de Lafont
Pianeta.

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Ciudadano de 1789 y del pacto de San José de Costa Rica, para

indicar que los actos demandados eran nulos, por cuanto no se dio

una indemnización previa y justa que cubra los perjuicios

ocasionados por la transferencia del dominio del bien inmueble que

era de su propiedad en favor del Estado.

Expuso que se trasgredió el artículo 3° del Decreto 1420 de 1998,

toda vez que el IDU no tuvo en cuenta otro avalúo para establecer

la indemnización, teniendo la posibilidad de realizar una licitación

pública para obtener un concepto proveniente de un perito que no

fuera de CATASTRO y promediar los resultados.

Indicó que se violó el artículo 22, numeral 7, del Decreto 1420 de

1998, al pasar por alto que el inmueble debía clasificarse como

estrato 3 y no 2 y al omitir en el avalúo elaborado por CATASTRO

la edad de los materiales, los acabados y su vida útil.

I.4.- Contestaciones

I.4.1. El IDU formuló la excepción denominada “falta de elementos

que desvirtúen la presunción de legalidad del acto administrativo

atacado” toda vez que, a su juicio, la parte actora no acreditó

dentro del proceso que las resoluciones demandadas hubieran sido

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expedidas trasgrediendo las disposiciones superiores en las que se

fundan.

Manifestó que los actos demandados ordenaron la indemnización

que correspondía en derecho a la actora, teniendo en cuenta la

realidad económica y jurídica del inmueble, e incluyendo los valores

correspondientes a daño emergente y lucro cesante, de

conformidad con lo acreditado por la interesada dentro del trámite

administrativo.

Indicó que la Resolución núm. 59362 de 2 de septiembre de 2015

modificó el precio indemnizatorio inicialmente concedido a la actora,

teniendo en cuenta los ajustes realizados en referencia a la edad

del inmueble y las adiciones presentadas con la finalidad de que se

calculara el daño emergente y lucro cesante correspondiente.

Señaló que contrario a lo afirmado por la actora, dentro del

procedimiento administrativo sí se tuvieron en cuenta las

objeciones propuestas por ella, las cuales fueron debidamente

verificadas por CATASTRO y conllevaron a la modificación del

precio indemnizatorio inicialmente reconocido a su favor.

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Puso de presente que el término “inmediato”, señalado en el

artículo 70 de la Ley 388 de 1997, hace referencia a que el pago de

la indemnización reconocida se efectúe a la mayor brevedad posible

sin que ello suponga un plazo perentorio, toda vez que, para tal

efecto, es necesario realizar el trámite financiero de radicación de la

orden de pago.

Señaló que en el caso de la actora el pago de la indemnización fue

puesto a su disposición el 20 de octubre de 2015 y recibido

efectivamente al día siguiente.

Manifestó que el valor reconocido por daño emergente no incluyó el

rubro de desconexión de los servicios públicos por cuanto dicho

trámite no fue realizado por la actora, sino que será efectuado por

la entidad expropiante una vez le sea entregado materialmente el

predio.

Indicó que tampoco hay lugar a reconocer a favor de la actora pago

alguno por gastos de escrituración o notariales, pues dicho trámite

también es asumido por la entidad expropiante al realizar el

proceso de registro de la resolución de expropiación del inmueble.

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Señaló que los descuentos referidos por la parte actora

corresponden a deducciones de ley, tales como el de retención en la

fuente de 20% del valor fijado como lucro cesante conforme con el

artículo 401-2 del Estatuto Tributario y el 2.5% por concepto de

enajenación de inmuebles según lo establecido en el artículo 2° del

Decreto 2418 de 2013.

Respecto del avalúo aportado con la demanda y elaborado por la

firma Sarmiento & Osorio Soluciones Inmobiliarias, sostuvo que este

no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la

Resolución 620 de 2008.

Explicó que dicho avalúo no enuncia los costos de las

construcciones, sino que determina el valor de construcción

mediante un análisis de mercado, lo cual no es propio del método

de costo de reposición allí enunciado.

Afirmó que el avalúo “da la apariencia engañosa de estar valorando

separadamente terreno y construcción, pero realmente está

considerando dos veces el valor del terreno, pues saca los precios

unitarios de terreno de "casa lotes medianeros", y también compara

con ofertas de casas tomando el valor total de los precios de venta,

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dentro del cual por supuesto se encuentra incluido el valor del

terreno”.

Señaló que el avalúo tampoco explica cuál es el origen de los

valores utilizados ni expone qué procedimiento utilizó para clasificar

el monto de la oferta lo cual le resta valor probatorio al no

distinguir el precio del terreno y el de la construcción.

Manifestó que el avalúo no refleja la realidad del inmueble, pues

pese a que la actora afirmó dentro del trámite administrativo que la

edad de la construcción de los pisos uno y dos del predio es de 14

años, en la metodología aplicada se afirma que su edad es de 11

años.

Indicó que el avalúo aportado por la actora tampoco cumple con el

requisito previsto en el artículo 11 de la Resolución 620 de 2008,

pues el coeficiente de variación obtenido en el estudio de mercado

realizado es de 39.40%, porcentaje superior al máximo establecido

correspondiente al 7.5%.

I.4.2. CATASTRO6 expuso que, pese a que es la entidad

encargada de elaborar los avalúos comerciales de los predios a

6
Vinculado al proceso en calidad de llamado en garantía del IDU, conforme con lo ordenado en auto
de 8 de agosto de 2023 proferido por el Tribunal.

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expropiar por motivos de utilidad pública en Bogotá D.C., la

realidad es que, en el caso concreto es el IDU el competente para

adelantar todas y cada una de las etapas dentro del proceso

expropiatorio por vía administrativa del inmueble.

Señaló que es el IDU el que debe verificar si en el caso concreto

corresponde o no otorgar un valor superior a la actora por concepto

de indemnización.

Indicó que el avalúo oficial se fundamentó en lo previsto en el

artículo 61 de la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la

Resolución 620 de 2008 que determinan los criterios y

metodologías para la realización de avalúos.

Manifestó que no participó en las actuaciones administrativas que

adelantó el IDU para la adquisición del predio por lo que no es

responsable de las gestiones allí adelantadas por la parte

demandada.

Afirmó que el avalúo aportado por la actora no tenía en cuenta la

realidad urbanística del inmueble expropiado, pues no señaló las

disposiciones que le eran aplicables ni explicó cómo había

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establecido que los inmuebles estudiados eran semejantes y

comparables.

Explicó que el estudio de mercado realizado no cumplía los

requisitos previstos en los artículos 1°, 10 y 11 de la Resolución

620 de 2008, pues no se establecieron ni anexaron los datos

necesarios para identificar y revisar los inmuebles y ofertas tenidas

en cuenta para su elaboración.

Indicó que el avalúo tampoco aplicó debidamente los métodos

previstos en la Resolución 620 de 2008, ya que para determinar el

valor de las construcciones del predio confundió el método de costo

de reposición con el método de comparación o de mercado.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 31 de octubre de 2024, el Tribunal denegó

las súplicas de la demanda.

Para ello, comparó el dictamen pericial decretado dentro del

proceso con el informe técnico avalúo comercial núm. 2014-1898

de 22 de octubre de 2014 realizado por CATASTRO respecto del

inmueble objeto de litigio así:

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Con fundamento en lo anterior, afirmó que el avalúo oficial cumplía

con todos los requisitos establecidos en la ley para su elaboración,

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toda vez que aplicó los métodos de mercado y de costo de

reposición establecidos en la Resolución 620 de 2008.

Sostuvo que el avalúo oficial tuvo en cuenta para determinar el

valor del terreno la reglamentación urbanística vigente del inmueble

objeto del avalúo, la estratificación socioeconómica del bien,

aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma de la

reserva vial y la dotación de redes primaria, secundaria y

acometida de servicios públicos domiciliarios.

Manifestó que para establecer el valor de las construcciones se

verificó el área de construcciones existentes autorizadas

legalmente, los elementos constructivos empleados en su

estructura, el estado de conservación física, la vida útil de la

construcción y la funcionalidad del inmueble en relación con el

objeto para el cual fue construido.

Señaló que se visitó el predio el 22 de julio de 2015 y se identificó

físicamente señalando su localización, dirección clara, uso que se le

está dando, edad y estado de conservación.

Explicó que el avalúo decretado dentro del proceso no satisfacía los

requisitos previstos en la Resolución 620 de 2008, pues se realizó

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cuando el inmueble no existía y en este no se indicaron cuántos

metros cuadrados tenía el predio.

Concluyó que, debido a lo anterior, la parte actora no había logrado

desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial elaborado

por CATASTRO.

Sostuvo que la actora no cumplió con la carga de acreditar que la

parte demandada no puso a su disposición la suma de dinero

reconocida a través de las resoluciones controvertidas, en los

términos del artículo 70, numeral 4, de la Ley 388 de 1997.

Indicó que de las pruebas aportadas al expediente se advertía que

la Resolución 59362 de 2 de septiembre de 2015 fue notificada

personalmente a la actora el 18 de septiembre de ese año y el pago

del precio indemnizatorio se efectuó el 8 de octubre de 20157,

dentro de un término razonable.

Indicó que como no prosperaron las pretensiones de la demanda,

no había lugar a pronunciarse sobre el llamamiento en garantía

realizado a CATASTRO.

Finalmente, no condenó en costas a la parte actora.

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Fecha en la que se expide el recibo de tesorería.

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III-. RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora solicitó revocar el fallo recurrido dado que, en su

criterio, el Tribunal no tuvo en cuenta que en la demanda se

solicitó el reconocimiento de la indemnización integral o

reconocimiento económico correspondiente con la realidad, lo cual

estima que no fue verificado probatoriamente.

Agregó que el avalúo generado por la administración no cumple con

los requisitos que permitan dar veracidad en aquellos datos reales

del bien expropiado ni cuenta con soportes suficientes para

determinar los valores reales del predio.

Expuso que el Tribunal, al hacer la comparación entre los avalúos

elaborados por CATASTRO y la firma valuadora Sarmiento & Osorio

Soluciones Inmobiliarias, no tuvo en cuenta que el realizado por la

administración no se ajusta a las exigencias establecidas por la

Corte Constitucional en la sentencia C-306 de 2013, sobre el precio

indemnizatorio.

Sostuvo que la expropiación administrativa tiene como fin poder

avanzar en obras urgentes mas no dar poder a entidades para fijar

precios, abusando de la facultad conferida.

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IV-. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

IV.1- El Despacho sustanciador, mediante auto de 28 de marzo de

2025, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte

actora contra la sentencia de 31 de octubre de 2024, en los

términos del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67

de la Ley 2080 de 2021.

IV.2.1- CATASTRO solicitó confirmar la sentencia de primera

instancia.

Reiteró que su competencia se limita a realizar los avalúos

comerciales solicitados por el IDU, sin que intervenga de forma

alguna en el procedimiento de gestión predial, compra y/o

enajenación de bienes inmuebles.

Señaló que todos los avalúos que elabora se realizan con

fundamento en lo previsto en el Decreto 1420 de 1998 y la

Resolución 620 de 2008 que establecen las etapas y procedimientos

para su realización, incluyendo las etapas para pedir ampliaciones,

adiciones, correcciones o revisiones de los avalúos elaborados.

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Insistió en que el avalúo elaborado por Sarmiento & Osorio

Soluciones Inmobiliarias no cumple con los parámetros establecidos

en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 para la

realización de este tipo de estimaciones.

Reiteró que dicho avalúo: i) no indicó con claridad la norma

urbanística aplicable al caso del inmueble expropiado, lo cual

impide efectuar un analisis correcto de las ofertas de mercado; ii)

omitió describir las áreas de los inmuebles comparados y la

publicación precisa de las ofertas por lo que no es posible

establecer si son homogéneos frente al expropiado y; iii) aplicó

indebidamente los métodos de costo de reposición y de

comparación o de mercado para establecer el valor del lote y de sus

construcciones;.

IV.3- Comoquiera que no se decretaron pruebas en esta instancia,

no hubo lugar a dar traslado para alegar de conclusión, además el

Ministerio Público tampoco rindió concepto.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las

resoluciones núms. 27254 de 16 de abril de 2015, "por la cual se

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ordena una expropiación por vía administrativa” y 59362 de 2

de septiembre de 2015, “por la cual se resuelve un recurso de

reposición y se modifica la Resolución de expropiación No

27254 de 16 de abril de 2015”, expedidas por el IDU, en las que

se dispuso la expropiación administrativa del inmueble de

propiedad de la actora, ubicado en la AK 91 núm. 131 C-21, con

matrícula inmobiliaria núm. 50 N 20428759, para el cual se fijó un

precio indemnizatorio de $311.233.369.

El Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda por

considerar que la parte actora no desvirtuó la presunción de

legalidad del avalúo oficial practicado por CATASTRO, toda vez que

este fue realizado teniendo en cuenta la realidad urbanística del

predio expropiado y sus características, aplicando debidamente la

metodología prevista en la Resolución 620 de 2008 para tal efecto.

Asimismo, señaló que el pago del precio indemnizatorio fue

realizado dentro de un plazo razonable, por lo que no podía tenerse

como trasgredido el artículo 70 de la Ley 388 de 1997.

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso

de apelación argumentando que el avalúo aportado con la

demanda, a su juicio, no solo demostraba las falencias en las que

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incurrió la estimación oficial elaborada por CATASTRO, sino que

estableció un precio justo para la indemnización por la pérdida

patrimonial que sufrió por la expropiación de su inmueble.

Así las cosas, para la Sala se hace necesario traer a colación los

criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción

especial contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento

del derecho que procede contra la decisión de expropiación por vía

administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso

interpuesto. Al respecto, se ha señalado:

“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas y
las pruebas allegadas al proceso.

Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de
legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.

En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la legalidad
de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de
legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no
implica, como aduce el recurrente, que la acción especial

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contencioso administrativa se aborde como una acción
ordinaria de nulidad.

[…]

En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.

Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 8 (Destacado fuera del texto).

Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de

mayo de 20099, indicó sobre los elementos que debe contener la

indemnización, como consecuencia de una expropiación

administrativa, de la siguiente manera:

“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-
administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas
al texto)

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01.

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En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien
expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y el
H. Consejo de Estado.

En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser
privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública,
debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)

El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte
del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé
igualmente en su artículo 21.2 el pago de una
indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los
perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un
bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior
significa que el valor que se determine con esa finalidad
debe ser comprensivo de todas las ablaciones
patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean
objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la
determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse
especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la
línea divisoria que marca las fronteras entre el
enriquecimiento y el menoscabo.

Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que los
daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad
mediante el cual se decrete la incorporación al dominio
público de bienes de propiedad particular para satisfacer
con ellos una necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que
ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es
sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho

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de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno
que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías
que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues
no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.

Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)

En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que
se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).

En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)

Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que

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resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.

Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente
respecto del precio, cuando el expropiado considere
incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y
plena. […].”

Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los

términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales

que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones

para el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el

artículo 61 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:

“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en relación
con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica.

La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).

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El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de

adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se

refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo

que para dichos efectos realice la entidad correspondiente, el

segundo, además de comprender aquel, contiene el daño

emergente y el lucro cesante, así como los demás perjuicios que

merezcan ser reparados para garantizar una indemnización plena.

En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de

manera que si este no cumple con los requisitos legales que

permitan inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio

técnico apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente

afectado10.

Los actos acusados

La Resolución 27254 de 16 de abril de 2015, "por la cual se

ordena una expropiación por vía”, estableció el precio

indemnizatorio del bien inmueble ubicado en la AK 91 núm. 131 C-

21, con matrícula inmobiliaria núm. 50 N 20428759 de la ciudad de

Bogotá, así:

10
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).

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“[…] ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
del inmueble ubicado en la AK 91 131C 21, de la ciudad de
Bogotá D.C., identificado con la cédula catastral
009204761800000000, CHIP AAA0I29RBSK y matrícula
inmobiliaria 50N-20428759, con un área de terreno de (70.20
m2) 4 pisos placa, más 5 pisos placa, más 3 pisos placa, más 4
pisos teja (pisos 1, 2 y 3) mas 5 pisos teja (pisos 1, 2, 3 y 4)
de 284,38 m2, 4 pisos teja (piso 4) mas 5 pisos teja (piso 5)
mas 1 piso acrílico 4 alturas de 33.36 m2, un muro antepecho
perimetral de 17.15 m2, una placa volada de 0.86 centímetros,
conforme al Registro Topográfico número 44292 elaborado por
la Dirección Técnica de Predios en el mes de junio de 2014,
cuyos linderos específicos son: POR EL NORTE: Del punto A al
punto B en línea recta y en extensión de (11.70 mts.), con CL
131 D; POR EL SUR: Del punto C al punto D en línea recta y en
extensión de (11.70 mts.), con propiedad particular; POR EL
ORIENTE: Del punto B al punto C en línea recta y en extensión
de (6.00 mts.), con la KR 91; POR EL OCCIDENTE: Del punto A
al punto D en línea recta y en extensión de (6.00 mts), con
propiedad particular".

Cuyo titular inscrito del inmueble objeto de expropiación es la
señora BLANCA CECILIA GIL MOLINA identificada con cédula de
ciudadanía No. 41.663.729.

ARTÍCULO SEGUNDO. VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.
El valor del precio indemnizatorio de la expropiación que se
ordena por la presente resolución es de:

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS
QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($278.515.750)
MONEDA CORRIENTE, por concepto de avalúo comercial de
terreno y construcción, de acuerdo con el informe técnico de
avalúo No 2014— 1898 del 22 de octubre de 2014, elaborado
por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación no
implica la aplicación del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que
establece la cesión de los contratos de servicios públicos con
ocasión a la transferencia del dominio: “En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los
contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las
partes acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno derecho,
e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio", teniendo en cuenta
que los predios adquiridos por el IDU por motivos de utilidad
pública e interés social son destinados exclusivamente a la

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construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un
inmueble con vocación de domicilio para convertirse en un bien
de uso público dejando por ello de ser destinatario de servicios
públicos domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo
responsable del consumo, deudas y demás cargos que se
generen hasta la cancelación de los mismos la Señora BLANCA
CELIA GIL MOLINA identificada con cédula de ciudadanía No
41.663.729.

ARTICULO TERCERO. - FORMA DE PAGO. - El trámite de pago
se efectuará por la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano,
previa autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de
Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la
cantidad DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
($278.515.750) MONEDA CORRIENTE, el citado valor, será
puesto por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo
Urbano a disposición de la Señora BLANCA CELIA GIL MOLINA
identificada con cédula de ciudadanía No 41.663.729, una vez
ejecutoriada la presente resolución y efectuados los respectivos
trámites financieros.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor d precio indemnizatorio, una
vez puesto a disposición de la Señora BLANCA CELA GIL
MOLINA identificada con cédula de ciudadanía No 41.663.129,
no es retirado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes,
este se consignará en la entidad financiera autorizada para el
efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2° del
artículo 70 de la ley 388 de 1997, remitiendo copia de la
consignación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
considerándose que de esta manera ha quedado formalmente
efectuado el pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se efectuarán los descuentos correspondientes a
impuestos, tasas y contribuciones aplicables, contemplados en
la normatividad vigente. […]”.

La Resolución 59362 de 2 de septiembre de 2015 resolvió el

recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra lo

decidido en la Resolución 27254 de 16 de abril de ese año, en el

sentido de modificarla en los siguientes términos:

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“[…] ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR los artículos segundo,
tercero y cuarto de la Resolución N° 27254 del 16 de abril de
2015, los cuales quedarán así:

"ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.-
El valor del precio indemnizatorio de la expropiación que se
ordena por la presente resolución es de TRESCIENTOS ONCE
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS ($311.233.369.00) MONEDA
CORRIENTE, de acuerdo con el Avalúo Comercial No. 2014-
1898 de fecha 22 de octubre del 2014, complementados por los
informes técnicos de avalúo No 2014 1898 de 01 de junio de
2015 y No 2014-1898 de julio 14 de 2015, elaborado por la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL -
Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de Información
Económica y el informe de Reconocimiento Económico del 26 de
agosto de 2015, elaborado por la Dirección Técnica de Predios,
el citado valor comprende:

1. La suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA PESOS ($ 287.558.490.00) MONEDA CORRIENTE por
concepto de avalúo de terreno y construcción.

2. La suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
($5.386.881.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
indemnización de Daño Emergente.

3. La suma de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($
18.287.998.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
indemnización por lucro cesante.

"ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO: El trámite de pago se
efectuará por la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano,
previa autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de
Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la
cantidad de TRESCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
($311.233.369.00) MONEDA CORRIENTE el citado valor, será
puesto por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo
Urbano a disposición de la Señora BLANCA CELIA GIL MOLINA
identificada con cédula de ciudadanía No 41.663.729, una vez
ejecutoriada la presente resolución y efectuados los respectivos
trámites financieros.

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Actora: BLANCA CECILIA GIL MOLINA

"ARTÍCULO CUARTO: APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
Instituto de Desarrollo Urbano, efectuará la correspondiente
apropiación y reserva presupuestal. Así el valor total de la
adquisición se ampara en el presupuesto del IDU según
Certificado de Registro Presupuestal No. 5075 del 17 de
diciembre de 2014 y Certificados de Disponibilidad Presupuestal
N° 3328 del 08 de julio de 2015 y 3535 del 04 de agosto de
2015, expedidos por la Dirección Técnica Administrativa y
Financiera, Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad
del IDU”.

Caso concreto

Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver los argumentos

expuestos en el recurso de apelación, de la siguiente manera:

• Sobre las inconformidades de la recurrente sobre la
valoración del avalúo elaborado por la firma Sarmiento &
Osorio Soluciones Inmobiliarias frente al informe técnico
avalúo comercial núm. 2014-1898 de 22 de octubre de 2014

La recurrente estima que debe revocarse la decisión apelada, toda

vez que, a su juicio, la estimación aportada con la demanda no solo

demuestra las falencias en las que incurrió el avalúo oficial

elaborado por CATASTRO, sino que también es la que establece un

precio justo para la indemnización por la pérdida patrimonial sufrida

por la expropiación de su inmueble.

Ahora, sea lo primero precisar que conforme con la jurisprudencia

reiterada de la Sección, el avalúo comercial forma parte integral del

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Actora: BLANCA CECILIA GIL MOLINA

acto administrativo que decreta la expropiación, por lo que se

encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y

certeza que se predica de las decisiones definitivas de la

Administración, y debe tenerse como válido, creíble y

fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en este

caso, al demandante, demostrar en el proceso que el avalúo oficial

es equivocado, acreditando precisamente sus incorreciones.

En efecto, en la sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala precisó:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante
a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el
precio del inmueble establecido por la administración se
determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el
precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de
inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de
tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se
asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos
recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de
Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los
avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer
la anunciada comparación, lo cual permite concluir que
contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal
cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la
mencionada información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.

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Actora: BLANCA CECILIA GIL MOLINA

No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su incorrección
[…].” (Destacado fuera de texto).

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que el avalúo oficial

AV 2014-1898 complementado a través de los informes de 2 y 14

de julio de 2015, aplicó el método comparativo o de mercado con la

finalidad de establecer el valor del terreno conforme con lo previsto

en el artículo 1° de la Resolución 620 de 2008, mientras que para

fijar el valor de las construcciones acudió al método de costo de

reposición previsto en el artículo 3° idem. Además, para la

determinación de la indemnización del rubro de daño emergente

tuvo en cuenta los gastos en que debía incurrir la actora con

ocasión de la expropiación del inmueble y para el lucro cesante

acudió al valor de los contratos de arrendamiento de cada piso del

inmueble por un lapso de 6 meses.

Ahora, de la revisión del avalúo aportado por la parte actora y

elaborado por Sarmiento & Osorio Soluciones Inmobiliarias de fecha

17 de septiembre de 2015, la Sala observa que en la redacción del

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mismo se afirma que fue elaborado aplicando el método de costo de

reposición de la siguiente manera:

“[…] Según RESOLUCIÓN NÚMERO 620 DE 2008
(23 Septiembre 2008)

Se utilizará la (TABLA DE FITTO Y CORVINI: DEPRECIACIÓN
TOTAL DE UNA CONSTRUCCIÓN EN % DE SU VALOR A NUEVO,
DEBIDA A SU EDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN). Instituto
Geográfico Agustín Codazzi

MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN:

Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le
debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se
utilizará la siguiente fórmula:

Ve = (Ct - D) + Vt

En donde:
Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno

El presente avalúo comercial, corresponde al valor comercial del
respectivo inmueble expresado en dinero; entendiéndose por
valor comercial aquel que un Comprador y un vendedor
estarían dispuestos a pagar y recibir de contado,
respectivamente por la propiedad, en un mercado de
alternativas de negociación.

Para efectos de la conformación del justiprecio del bien
avaluado, el presente avalúo comercial, entre otros criterios, se
ha tenido en cuenta las transacciones del sector e identifica el
inmueble homogéneamente […]”.

Sobre el método de costo de reposición, el artículo 3° de la

Resolución 620 de 2008, “Por la cual se establecen los

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procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la

Ley 388 de 1997”, expedida por el Instituto Geográfico Agustin

Codazzi, establece:

“[…] ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el
que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le
debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se
utilizará la siguiente fórmula:

Vc = {Ct – D} + Vt

En donde:

Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno […]”.

El artículo 13 idem, sobre la aplicación del método de reposición

prevé lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE
REPOSICIÓN. En desarrollo de este método se debe entender
por costo total de la construcción la suma de los costos
directos, costos indirectos, los financieros y los de gerencia del
proyecto, en que debe incurrirse para la realización de la obra.
Después de calculados los volúmenes y unidades requeridos
para la construcción, se debe tener especial atención con los
costos propios del sitio donde se localiza el inmueble.

Al valor definido como costo total se le debe aplicar la
depreciación.

PARÁGRAFO 1o. Este método se debe usar en caso de que el
bien objeto de avalúo no cuente con bienes comparables por su
naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por la
inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y

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Actora: BLANCA CECILIA GIL MOLINA

corresponda a una propiedad no sujeta al régimen de propiedad
horizontal.

PARÁGRAFO 2o. Para depreciar los equipos especiales que
posea el bien, se emplea el método lineal, tomando en cuenta
la vida remanente en proporción a la vida útil establecida por el
fabricante […]”.

Verificado el avalúo aportado por la actora, la Sala advierte que

este no cumple con los requisitos técnicos previstos en el artículo

13 anteriormente mencionado, toda vez que de su lectura no se

observa que haya señalado cuáles eran los costos directos,

indirectos, financieros y de gerencia del proyecto, en los que se

debía incurrir para la realización de la obra ni los volúmenes y

unidades requeridos para la construcción, sino que este se limitó a

señalar el valor de la construcción de una casa con fundamento en

una tabla de “mercado comparativo del sector metro cuadrado

construido” en la que no se aplica de ninguna manera el método

previamente referido.

Ahora, si en gracia de discusión se aceptara que el valor de la

construcción del inmueble se estableció aplicando el método de

comparación o de mercado, el avalúo aportado con la demanda

tampoco cumple con los requisitos previstos en los artículos 1°, 10,

11 y 12 idem, que establecen lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o

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transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al
del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial […]”.

[…]

ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en
la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio
del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación,
además de otros factores que permitan su identificación
posterior.

Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios.
Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal
se debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada
de construcción.

Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.

En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.

ARTÍCULO 11. DE LOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS
ESTADÍSTICOS Y LA ASIGNACIÓN DE LOS
VALORES. Cuando para el avalúo se haya utilizado información
de mercado de documentos escritos, estos deben ser
verificados, confrontados y ajustados antes de ser utilizados en
los cálculos estadísticos.

Se reitera que la encuesta solo se usará para comparar y en los
eventos de no existir mercado. En los casos que existan datos
de ofertas, de transacciones o de renta producto de la
aplicación de los métodos valuatorios, la encuesta no podrá ser
tenida en cuenta para la estimación del valor medio a asignar.

Para tal fin es necesario calcular medidas de tendencia central y
la más usual es la media aritmética. Siempre que se acuda a
medidas de tendencia central, es necesario calcular indicadores
de dispersión tales como la varianza y el coeficiente de
variación.

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Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, la media obtenida se podrá adoptar como el
más probable valor asignable al bien.

Cuando el coeficiente de variación sea superior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, no es conveniente utilizar la media obtenida y
por el contrario es necesario reforzar el número de puntos de
investigación con el fin de mejorar la representatividad del valor
medio encontrado.

En caso de que el perito desee separarse del valor medio
encontrado, deberá calcular el coeficiente de asimetría (ver
Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas) para establecer hacia
dónde tiende a desplazarse la información, pero no podrá
sobrepasar el porcentaje encontrado en las medidas de
dispersión.

Cuando las muestras obtenidas sean para hallar el valor de las
construcciones y se quieran trabajar en un sistema de ajuste de
regresión, será necesario que se haga por lo menos el ajuste
para tres ecuaciones (ver Capítulo VII De las Fórmulas
Estadísticas) y se tomará la más representativa del mercado.

ARTÍCULO 12. Cuando se trate de avaluar un lote cuya forma
es irregular respecto de los lotes investigados, este valor debe
ser ajustado para el bien objeto de valoración, utilizando
fórmulas o sistemas adecuados, como los que se presentan en
Capítulo VII - De las fórmulas Estadísticas de la presente
resolución: valor final de terreno por influencia de forma […]”.

En efecto, de la revisión del avalúo aportado por la actora, la Sala

advierte que la tabla de “mercado comparativo del sector metro

cuadrado construido” utilizada para establecer el monto del m2 de

las construcciones realizadas en el terreno, tuvo en cuenta el valor

de 6 predios analizados por la firma Sarmiento & Osorio Soluciones

Inmobiliarias presentando un coeficiente de variación del 39.40%

así:

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Por ello el avaluador no podía tener como valor del m2 de la

construcción del predio expropiado la suma de $1.600.000, sino

que debía reforzar el número de puntos de investigación con el fin

de mejorar la representatividad del valor medio encontrado y

realizar nuevamente el cálculo correspondiente con mirar a obtener

un monto conforme con la realidad del mercado.

Ahora, en lo que tiene que ver con el valor del m2 del terreno, la

Sala observa que el avalúo aportado con la demanda no cumple con

los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Resolución 620 de

2008, toda vez que en el cuadro anexo se mencionaron precios de

3 inmuebles sin cumplir con la carga de identificar el medio por el

cual se obtuvo la información y la fecha de su publicación.

Adicionalmente, de la revisión del avalúo aportado con la demanda

la Sala advierte que se limitó a afirmar que el precio comercial del

inmueble expropiado era superior al valor indicado en el avalúo

oficial, sin que se señalara en parte alguna cuáles eran los errores

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en que incurrió CATASTRO al avaluar el inmueble, circunstancia

que no resulta suficiente para desvirtuar la legalidad del precio

indemnizatorio establecido en el acto demandado.

Sobre el tema, la Sección Primera, en sentencia de 31 de julio de

202511, sostuvo lo siguiente:

“[…] no es de recibo que los argumentos que sustentan la
incorrección del avalúo oficial, que fundamentaron la expedición
de los actos administrativos acusados, sean que al ser mayor el
precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente para
decretar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Así discurrió la Sección, en la citada providencia:

“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más allá de
controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo
AV-466-07-36549-IDU realizado por la Lonja Inmobiliaria de
Bogotá sobre el cual se sustentó la expedición de los actos
demandados, presentan características generales
correspondientes a cualquier avalúo; razón por la cual no le
asiste razón al accionante cuando indica que el a quo no tomó en
cuenta estos avalúos, puesto que los mismos no controvierten ni
aportan pruebas sobre las cuales se pueda determinar que el
avalúo comercial realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá es
errado y no se encuentra ajustado a las normas sobre avalúos.,
valga decir, no desvirtúa la presunción de legalidad que los
cobija.

69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de
Estado ha indicado que se presume la legalidad del acto
administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando
en el informe técnico no se precisan las operaciones o la
forma como fueron calculados los valores
correspondientes, por ello la parte demandante debe
aportar las pruebas para demostrar los errores de este. En

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de
julio de 2025. Proceso núm.: 08001-23-31-000-2006-02656 -02; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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este contexto, esta Sección, mediante sentencia proferida el 6 de
febrero de 2020, expuso lo siguiente:

“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca
de los avalúos comerciales practicados por las entidades
legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la
indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido
que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las
operaciones o la forma como fueron calculados los valores a
partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la
medida en que dicho precio hace parte del acto administrativo
mediante el cual se dispone la expropiación, se presume
ajustado o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde
al interesado desvirtuar tal presunción.

En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala,
sobre el particular, expresó lo siguiente:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal,
obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se
anuncia que el precio del inmueble establecido por la
administración se determinó como resultado de la
aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”,
que “Consiste en deducir el precio por comparación de
transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y
localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se
han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la
de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad
Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos
recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la
anunciada comparación, lo cual permite concluir que contra
el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio
demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido
por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada
información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de
Catastro Municipal también estaría desprovisto de
argumentos técnicos y de apoyo probatorio.

No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor
en el texto de los actos administrativos demandados,
debe entenderse que el mismo se encuentra amparado

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por la misma presunción de legalidad y de certeza que se
predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección12 […].” (la Sala destaca)
[…]”13

74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y que
sustentó la expedición de los actos administrativos
acusados, sea que no se indicó los inmuebles con los
cuales se realizó la comparación y que al ser mayor el
precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente
para decretar la nulidad parcial de estos [...].” (Destacado
fuera de texto).

Por ello, la Sala considera que asistió la razón al Tribunal cuando

consideró que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de

legalidad del avalúo oficial AV 2014-1898, complementado a través

de los informes de 2 y 14 de julio de 2015, con la estimación

aportada con la demanda, por lo tanto, no se acreditó que el precio

indemnizatorio establecido en las resoluciones 27254 de 16 de abril

de 2015, y 59362 de 2 de septiembre de 2015, no fuera justo y,

por lo tanto, no prospera el cargo.

En cuanto al argumento expuesto en el recurso de apelación que

hace referencia a la finalidad de la expropiación administrativa y la

12
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601

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presunta desviación de poder de la administración al fijar de

manera abusiva los precios indemnizatorios, la Sala advierte que

dicho planteamiento solo se trajo a colación en el recurso de

apelación, lo que constituye un nuevo cargo contra el acto acusado,

que no fue invocado en la demanda, situación que a todas luces

improcedente, no solo por extemporáneo, pues se insiste que el

momento procesal oportuno era la demanda o su adición, sino

también porque de acogerse su estudio se violaría el derecho de

defensa y contradicción de la parte demandada en el proceso,

siendo deber del juez hacer efectiva la igualdad de estas en el

mismo.

Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre

ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201814, en la que se señaló:

“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de
inconformidad de la parte apelante involucran normas que no
fueron invocadas en la demanda como violadas, pues las
indicadas en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58
de la Constitución Política y 66 de la Ley 388.

A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia
significa, ni más ni menos, la formulación de nuevos
cargos contra los actos acusados, lo cual resulta a
todas luces improcedente, no solamente por
extemporáneos, pues el momento procesal es en la demanda
o su adición, sino en razón a que de acometer su estudio se

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-
00074-02.

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estaría violando el derecho de defensa de la parte
demandada en el proceso y el deber del juez de hacer
efectiva la igualdad de las partes en el mismo.

Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los
cuestionamientos que formula el recurrente con base en los
artículos 29 y 58 de la Constitución Política y 66 de la Ley
388, y no así a los artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo
de falsa motivación. […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en sentencia de 8 de octubre de 202015, la Sección

consideró que el ad quem no puede abordar materias o cuestiones

que se plantean en la apelación, que no hacen parte del concepto

de violación del libelo, ni de lo que la sentencia de primera instancia

estudió, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales

al debido proceso y de defensa de la contraparte en el proceso, en

los siguientes términos:

“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los
procesos ordinarios el recurso de apelación tiene límites,
toda vez que debe guardar correspondencia con el petitum
de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la
sustentan, los argumentos de oposición a la misma y las
consideraciones que sirven de sustento al a quo para
fundamentar la sentencia. Sobre el particular, esta Sección
precisó:

“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso,
pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el
marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
[…] Sobre el particular, esta Sección en diversas
oportunidades ha puesto de presente que “[…] el juez de la
segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-
00135-01.

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esté facultado para pronunciarse sobre aspectos o puntos de
la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede
abordar materias o cuestiones que se plantean en la
apelación, pero que no hacen parte del concepto de
violación del libelo, ni que la sentencia de primera
instancia estudió” […] La Sala reitera que en virtud de
los principios de lealtad procesal, contradicción y de
defensa y la congruencia que debe existir entre el
recurso, la sentencia censurada, el concepto de
violación de la demanda y los argumentos expuestos
en la contestación de la misma, imponen que al
apelante le esté vedado exponer en el recurso de
apelación hechos, cargos y presentar pretensiones
nuevas que no alegó ni en la demanda ni en la
contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede
abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es
su deber salvaguardar los derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso […]”16. (Resaltado fuera de texto).

Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y
probatorio, para que el superior funcional las revoque,
modifique o adicione; en esa medida, no es un
instrumento para incluir cargos nuevos en contra del
acto administrativo acusado porque ello desconocería los
principios de lealtad procesal, contradicción, defensa y
congruencia que debe existir entre el recurso y la sentencia
apelada. […]” (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo

alguno sobre el nuevo cargo, habida cuenta que solo fue invocado

como argumento de defensa en el recurso de apelación. Proceder

de manera contraria rompería el equilibrio procesal y la igualdad de

las partes, pues la demandada no tendría la posibilidad de

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
diciembre de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 08001 23 31 000
2009 01122 01.

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Actora: BLANCA CECILIA GIL MOLINA

controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue

planteado en la demanda17.

• Conclusión.

Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos formulados

por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad

necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a

los actos administrativos acusados, toda vez en el plenario no se

encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección

del avalúo oficial y su complementación, la cual sirvió de sustento

para la fijación del precio indemnizatorio reconocido y pagado a la

actora con ocasión de la expropiación administrativa dispuesta

mediante las resoluciones acusadas.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada y así se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Costas procesales

Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con

lo previsto en el artículo 18818 del CPACA en armonía con el

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación
23001233300420160014301.

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Actora: BLANCA CECILIA GIL MOLINA

numeral 8 del artículo 365 del CGP19, esto es, en aplicación de un

criterio objetivo valorativo20, la Sala condenará a la parte apelante,

en los términos del numeral 3 del artículo 36521 ibidem, al pago de

las costas en esta instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso22 y por las agencias en derecho23”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

18
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
19
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
20
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
21
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
22
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
23
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00700-03
Actora: BLANCA CECILIA GIL MOLINA

la intervención de la parte demandada través de apoderado judicial.

Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se

sujetará a la liquidación24 que realice el secretario del Tribunal a

quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP25, la Sala se abstendrá de fijar agencias en

derecho, toda vez que de la revisión del expediente se advierte que

el IDU no realizó gestión alguna dentro de esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 31 de octubre de 2024,

proferida por la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de

24
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
25
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-00700-03
Actora: BLANCA CECILIA GIL MOLINA

la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte

actora y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ABSTENERSE de fijar agencias en derecho a favor del

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de marzo de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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