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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-00872-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-00872-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a excepción del ordinal tercero de la parte resolutiva, el cual se REVOCA, para, en su lugar, NEGAR la condena en costas en primera instancia, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2014-00872-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio del dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 05-001-23-33-000-2014-00872-01
Demandantes: Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y Margarita María Pabón
Restrepo
Demandados: Municipio de Medellín
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Expropiación por vía administrativa. Avalúo catastral del
inmueble. Reiteración jurisprudencial
Decisión: Confirma parcialmente la sentencia de primera instancia. Sin
condena en costas en esta instancia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de 20 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual resolvió inhibirse de fallar respecto de la pretensión de nulidad de la
Resolución núm. SH ADQ 2178 del 26 de diciembre de 2012 y negó las demás pretensiones
de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 11 de abril de 20141, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA), las señoras Doricel De La Cruz Gaviria
Mejía y Margarita María Pabón Restrepo, a través de apoderado judicial, demandaron al
Municipio de Medellín, con el objeto de que se accediera a las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Se declare la nulidad parcial, en lo que tiene que ver con las accionantes, de
las resoluciones N° SH-ADQ 2178 de diciembre 26 de 2012 proferida por la Secretaría
de Hacienda del Municipio de Medellín mediante la cual se dio inicio a las diligencias
tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria o expropiación por vía
administrativa y N° SSAA-ADQ 0013 de 6 de agosto de 2013 proferida por la Secretaría
de Servicios Administrativos del Municipio de Medellín mediante la cual se dispuso la
expropiación por vía administrativa del bien inmueble con matrícula 01N-5088366 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, se reconozca y pague a las convocantes la diferencia entre el avalúo
comercial establecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el avalúo catastral

1 SAMAI, Índice 22, documento «CUADERNO TRIBUNAL», FL. 7.

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Radicado: 05-001-23-33-000-2014-00872-01
Demandante: Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y otro
Demandado: Municipio de Medellín

establecido por el Municipio de Medellín para el cobro del impuesto predial, así: Para
DORICEL DE LA CRUZ GAVIRIA MEJÍA, propietaria del 21%, la suma de $126.629.598
у рara MARGARITA MARÍA PABÓN RESTREPO, propietaria del 2%, la suma
$12.033.428.

TERCERA: Las sumas reconocidas deberán ser indexadas al momento del pago.

CUARTA: Se condenará en costas a la entidad demandada.2 [Se transcribe literalmente
las pretensiones con errores gramaticales y de sintaxis]

1.1.2. Fundamentos de hecho

En el acápite correspondiente, se señaló que la señora Doricel De la Cruz Gaviria Mejía era
propietaria del 21% del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria núm. 01N-5088366,
y que la señora Margarita María Pabón Restrepo ostentaba el 2 % del mismo bien.

Se sostuvo que, el 26 de diciembre de 2012, mediante la Resolución núm. SH-ADQ 2178,
el Municipio de Medellín dispuso la adquisición por vía administrativa del inmueble de
propiedad parcial de las demandantes y formuló oferta de compra, fijando como precio la
suma de ciento treinta y dos millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos ocho
pesos ($132.669.608 COP). Se indicó que dicho valor se fundamentó en el avalúo comercial
con radicado núm. ER6587, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en
adelante, IGAC).

Se señaló que el 6 de agosto de 2013 el Municipio de Medellín expidió la Resolución núm.
SSAA-ADQ 0013, mediante la cual resolvió la expropiación administrativa del inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 01N-5088366, reconociendo como precio
indemnizatorio la misma suma previamente indicada.

En virtud de lo anterior, a la señora Doricel De la Cruz Gaviria Mejía, en calidad de
propietaria del 21 % del inmueble, le correspondió la suma de veintisiete millones quinientos
ochenta y dos mil doce pesos ($27.582.012 COP), mientras que a la señora Margarita María
Pabón Restrepo, titular del 2 %, se le reconoció la suma de dos millones seiscientos
cincuenta y tres mil trescientos noventa y dos pesos ($2.653.392 COP).

La parte demandante afirmó que el avalúo comercial realizado por el IGAC no se ajustaba
a la realidad económica del bien, en la medida en que no tuvo en cuenta que, para el año
2013, el valor catastral del inmueble ascendía a setecientos treinta y cuatro millones
trescientos cuarenta y un mil pesos ($734.341.000 COP). En ese sentido, señaló: «[…]
creando una diferencia por demás lesiva de los intereses de todos los propietarios, a
quienes el impuesto predial se les venía cobrando sobre esta suma, mientras que la
indemnización se les pagó en relación con otra muy inferior, generándoles un
empobrecimiento sin causa que no están obligados a soportar». Por lo anterior, consideró
que el precio indemnizatorio debía ser el valor catastral del inmueble.

1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación

2 SAMAI, Índice 22, documento «CUADERNO TRIBUNAL», FL. 6.

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Demandante: Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y otro
Demandado: Municipio de Medellín

La parte demandante sostuvo que se le violó su derecho a la igualdad, pues la
administración abusó de su posición dominante frente las demandantes y no consideró
la propiedad privada que estas tenían sobre el bien expropiado. Asimismo, señaló lo
siguiente:

Es por demás injusto y desequilibrado que el municipio de Medellín, para cobrar la
tasa del impuesto predial, recurra a sus propios avalúos unilaterales e
incontrovertibles e imponga contribuciones que el ciudadano ha venido acatando y
pagando, pero al momento de hacerse a la propiedad del predio para adelantar las
obras de desarrollo, no considere el mismo avalúo catastral que le sirvió de base para
el cobro del impuesto predial y sin ningún auto cuestionamiento, ejecute el elaborado
por el Instituto Agustín Codazzi que es abiertamente desproporcionado lesivo y para
el administrado.

Sostuvo que la anterior situación consolidó una situación de abuso de poder por parte de
la administración.

1.1.5. Contestación de la demanda

El Municipio de Medellín3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que
el proceso de expropiación se llevó a cabo de conformidad con la Constitución Política y
los parámetros legales que rigen el trámite de expropiación administrativa, y que no se
desconoció el derecho de defensa y contradicción de las demandantes, por lo que las
Resoluciones núm. SH-ADQ 2178 de 2012 y núm. SSAA-ADQ 0013 de 2013 se
encuentran ajustadas a derecho.

Respecto del avalúo catastral el municipio señaló que según la Resolución núm. 7445 de
2012, el valor catastral del inmueble era de ciento doce millones trescientos setenta y
nueve mil pesos (112.379.000 COP) para el año 2012 y fue precisamente durante ese
año que se adelantó el avalúo comercial realizado por el IGAC. Indicó que en el 2013
hubo un aumento desproporcionado del avalúo catastral y que a pesar de que en un
primer momento se estableció un avalúo catastral superior a setecientos millones, esa
situación fue revisada mediante la Resolución núm. 9577 del 16 de septiembre de 2014,
la cual resolvió:

Modificar la inscripción catastral del predio a partir del 26 de diciembre de 2012
(resolución de actualización catastral 0004), del predio con matrícula inmobiliaria
5088366, en cuanto a la zona geoeconómica, uso tipo y avalúo catastral, con la
siguiente información:

Matricula: 5088366
Código de Propiedad: 0717013-0125
Dirección: Calle 62 Número 85 335
Destinación económica 9-15 (lote urbanizable)
Zona Geoeconómica :405
Avalúo lote: $234.974.000
avalúo 2014: $234.974.000
avalúo 2013: $228.130.000

3 SAMAI, Índice 25, documento «CUADERNO TRIBUNAL», FL. 190 y siguientes.

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Demandante: Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y otro
Demandado: Municipio de Medellín

Después de analizar la visita al predio en mención y verificar las características del
inmueble, su ubicación, aprovechamiento y teniendo en cuenta la topografía inclinada
del inmueble, se considera necesario asignar un avalúo especial a razón de $60.000
metro cuadrado catastral, quedando un avalúo de $234.974.000, valor que se
encuentra ajustado a la realidad del mercado inmobiliario y las características
específicas del predio.

En ese sentido, reiteró que en el año 2013 se evidenció un incremento desproporcionado
del avalúo catastral, el cual no reflejaba la realidad económica del inmueble y que esa
situación fue corregida por la Subdirección de Catastro, mediante la Resolución 9577 del
16 de septiembre de 2014, en la que se estableció un valor catastral del bien inmueble
para el 2013 de doscientos veintiocho millones ciento treinta mil pesos (228.130.000 COP).

Asimismo, precisó que el avalúo comercial practicado por el IGAC en diciembre de 2012
se encontraba vigente para agosto de 2013, conforme a lo previsto en el artículo 19 del
Decreto 1420 de 1998.

En virtud de lo expuesto, concluyó que esa normativa no impone la obligación de realizar
un nuevo avalúo comercial antes de que expire la vigencia del anterior ni al momento de
expedir el acto expropiatorio. Por el contrario, permite que el avalúo conserve su validez
durante un año contado desde su expedición, pudiendo servir como base para la
determinación del valor indemnizatorio del bien expropiado, en los términos del citado
artículo 19 del Decreto 1420 de 1998. En ese sentido:

El precio indemnizatorio reconocido en el acto que decidió la expropiación por vía
administrativa del inmueble del cual fueran propietarias las demandantes, junto con
otras personas, se estableció durante la vigencia del avalúo comercial realizado por
el IGAC.

Es el actor el que tiene la carga de probar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente los errores en que haya incurrido el perito en
la vía administrativa y hasta el momento no lo ha hecho.

No se presenta con la demanda prueba idónea que se refiera a un valor comercial
diferente al señalado por el IGAC y reconocido por el municipio de Medellín en el
proceso expropiatorio.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 20 de septiembre de 20184,
profirió fallo de primera instancia, en el cual se resolvió lo siguiente:

PRIMERO: INHIBIRSE de fallar, por ineptitud sustancial de la demanda, el cargo
invocado contra la Resolución No. SH ADQ 2178 del veintiséis (26) de diciembre de dos
mil doce (2012), proferida por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

4 SAMAI, Índice 22, documento «CUADERNO TRIBUNAL», FL. 742 y siguientes.

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Demandante: Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y otro
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TERCERO: SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandante, las que serán
liquidadas por la Secretaría de esta Corporación, conforme las reglas previstas en los
artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.

CUARТО: En firme este proveído, archívese la actuación.

Para resolver la controversia el tribunal realizó un recuento normativo previo, en donde
abordó distintos temas. Luego, respecto del caso concreto, de manera previa a analizar los
argumentos de fondo, estableció que la Resolución núm. SHADQ 2178 del 26 de diciembre
de 2012 no es un acto susceptible de control judicial y, por lo tanto, le correspondía inhibirse
de realizar un pronunciamiento de fondo sobre la solicitud dicho acto administrativo.

En cuanto a la pretensión de nulidad de la Resolución núm. SSAA-ADQ 0013 del 6 de
agosto de 2013, se observa que el tribunal examinó un único cargo, referido a la supuesta
injusticia del precio indemnizatorio, bajo el argumento de que este resultaba inferior al
avalúo catastral del inmueble.

Para abordar ese cargo, el tribunal se remitió a un precedente de esa misma corporación,
contenido en la sentencia del 28 de febrero de 2018 dentro del radicado núm. 05001 23 33
000 2014 00750 00, en la cual se estudiaron reproches similares dirigidos contra los mismos
actos administrativos, aunque formulados por distintos copropietarios del inmueble.

En particular, sobre la incidencia del avalúo catastral en la determinación del precio
indemnizatorio, así como de la aparente fluctuación del valor catastral del inmueble entre
2012 y 2013, sostuvo que teniendo en cuenta que los avalúos catastrales del inmueble
expropiado para los años anteriores al año 2013, puntualmente, el del año 2012 tenía
registrado un valor de $102.020.000, por lo tanto, encontró que tenía sentido que el avalúo
comercial practicado por el experto del IGAC para el año 2012, con base en el cual se
elaboró la ya mencionada Oferta de Compra, hubiere indicado un valor comercial del bien
por $132.669.608.

En esa línea, el tribunal estimó que carecía de razonabilidad que un avalúo catastral fijado
dentro de parámetros aceptables, cuyo valor para el año 2012 ascendía a $102.020.000,
hubiera experimentado, sin justificación alguna, un incremento tan significativo para el año
2013, al pasar a la suma de $734.341.000. A partir de ello, consideró evidente la ocurrencia
de un error en la determinación del valor catastral del inmueble, el cual encontró probado
que fue posteriormente corregido por el Municipio de Medellín.

De otra parte, señaló que, de no haber existido el interés de la Administración en adquirir el
bien para la ejecución de una obra pública de interés colectivo, lo más probable es que la
situación procesal hubiera sido inversa; esto es, que la parte demandante hubiese
cuestionado el incremento desproporcionado e injustificado del avalúo catastral de un año
a otro. A ello añadió que dicha parte tampoco demostró haber efectuado el pago del
impuesto predial correspondiente al año 2013, liquidado con base en ese avalúo. En virtud
de lo expuesto, concluyó:

En ese sentido, si la parte accionante entendía que su labor dentro de este Juicio era la
de convencer a la audiencia de la justicia del avalúo catastral de $734.341.000, para que
fuera con ese parámetro que se examinara la realidad del precio comercial o de mercado
del inmueble del que era copropietaria, más allá de simplemente reclamar la
momentánea vigencia de ese avalúo catastral que se incrementó en forma desmesurada
de un año a otro, ha debido realizar un esfuerzo probatorio de mayor envergadura.

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Demandado: Municipio de Medellín

Finalmente, el a quo señaló que, en la providencia del 28 de febrero de 2018, se
desestimaron las pretensiones de la parte demandante, al no evidenciarse errores en los
estudios adelantados por la entidad competente para la valoración de los predios objeto de
expropiación. El tribunal precisó que, una vez el valor resultante se incorpora en el acto
administrativo que contiene la oferta de enajenación voluntaria y fija el precio indemnizatorio
en la expropiación administrativa, este queda amparado por la presunción de legalidad
propia de las actuaciones administrativas.

En consecuencia, el a quo concluyó que la carga de desvirtuar dicha presunción recaía
exclusivamente en la parte inconforme, quien debía asumir la prueba en torno al avalúo
comercial, sin que bastara, para tal efecto, afirmar que el valor del bien, según el avalúo
catastral, superaba el valor del bien establecido en el avalúo comercial oficial.

Por todo lo anterior, el tribunal, a semejanza de lo que hizo en el caso bajo radicado núm.
05001 23 33 000 2014 00750 00, resolvió negar las pretensiones de la parte demandante.

III.- DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora interpuso recurso de apelación5, en los siguientes términos:

Señaló que el tribunal en la sentencia de primera instancia se equivocó al haberse declarado
inhibido respecto de las pretensiones de nulidad de la Resolución núm. SHADQ 2178 del
26 de diciembre de dos mil doce 2012. Sobre este reparo sostuvo que «[l]as sentencias
inhibitorias son de carácter excepcional y la inhibición solo es posible en casos extremos
como en aquellos casos en que la demanda es inepta por no cumplir con las exigencias
legales».

Asimismo, sostuvo que el tribunal se equivocó al no haber realizado un análisis de legalidad
de la Resolución núm. SSAA-ADQ 0013 del 6 de agosto de 2013. En relación con ese punto,
argumentó:

En el acápite de las PRETENSIONES, expresamente se manifestó: "PRIMERA: Se
declare la nulidad parcial, en lo que tiene que ver con las accionantes, de las
resoluciones No SH-ADQ 2178 de diciembre 26 de 2012 proferida por la Secretaría de
Hacienda del Municipio de Medellín mediante la cual se dio inicio a las diligencias
tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria o expropiación por vía
administrativa y N° SSAA-ADQ 0013 de 6 de agosto de 2013 proferida por la Secretaría
de Servicios Administrativos del Municipio de Medellín mediante la cual se dispuso la
expropiación por vía administrativa del bien inmueble con matrícula 01N-5088366 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín." (La subraya es propia de
este texto).
[…]
El acto administrativo que decidió de fondo la expropiación administrativa, sí fue objeto
de ataque por el medio de control y aún desde el proceso de la conciliación extrajudicial
se solicitó la nulidad de dicha providencia, razón por la cual es procedente y justo con
los administrados que la justicia haga un pronunciamiento de fondo sobre sus
pretensiones.

5 SAMAI, Índice 22, documento «CUADERNO TRIBUNAL», FL. 782 y siguientes.

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Respecto de la decisión del a quo de considerar justo el precio reconocido por el municipio,
la parte apelante expresó su desacuerdo, al estimar que el valor indemnizable debía
corresponder al avalúo previamente fijado por la demandada para efectos del impuesto
predial y no al determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Finalmente, señaló que no estaba en acuerdo con la condena en costas resuelta por el
tribunal, toda vez que con su decreto se vulneró el derecho de las accionantes de acudir a
la jurisdicción.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. Mediante providencias del 18 de diciembre de 20196 y 11 de diciembre de 20207, se
admitió el recurso de apelación y se corrió traslado para alegar de conclusión,
respectivamente.

4.2. La parte demandada presentó escrito de alegatos de conclusión, en el cual reiteró
los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para concluir que se debía
confirmar la sentencia de primera instancia.

Sobre lo anterior, manifestó que la Resolución núm. SH ADQ 2178 del 26 de diciembre de
2012 es un acto de trámite y no es susceptible de control judicial. Acerca del valor de la
indemnización, sostuvo que la parte demandante no allegó al proceso judicial ningún
elemento probatorio que lograra desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial.
Asimismo, señaló que el primer avalúo catastral de 2013 «fue un error que fue modificado
posteriormente por el Municipio de Medellín». De conformidad con lo expuesto, solicitó:

Mencionados los acápites anteriores, expreso al despacho acceder a los medios
exceptivos formulados por la entidad pública y lo decidido en la sentencia de primera
instancia. En este sentido negar las pretensiones, en el entendido que el demandante
no cumplió con los presupuestos establecidos en el medio de control especial
regulado en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997; entre ellos, no logró desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos administrativos demandados ni el avalúo que
sirvió de soporte para el pago indemnizatorio objeto del proceso administrativo de
expropiación.

4.3. La parte demandante no presentó alegatos de conclusión8.

4.4. El Ministerio Público no rindió concepto en el presente proceso9.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

6 SAMAI, Índice 25, documento «CUADERNO PRINCIPAL», FL. 6.
7 SAMAI, Índice 25, documento «CUADERNO PRINCIPAL», FL. 22.
8 SAMAI, Índice 25, documento «CUADERNO PRINCIPAL», FL. 44.
9 SAMAI, Índice 25, documento «CUADERNO PRINCIPAL», FL. 44.

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De conformidad con el artículo 150 del CPACA10 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

5.2 Planteamiento del caso

Mediante el Acuerdo Metropolitano núm. 15 de 2006, el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá expidió el «Plan Maestro de Movilidad para la región metropolitana». Para dar
cumplimiento a dicho plan maestro, se desarrollaron distintos proyectos, entre ellos el Plan
Vial de Occidente, en el cual se encuentra la «[d]oble calzada al túnel desde la Av. 80 hasta
San Cristóbal». De manera posterior, mediante el Acuerdo núm. 46 de 2006, se facultó al
Departamento Administrativo de Planeación Municipal para declarar las condiciones de
urgencia de que trata el artículo 64 de la Ley 388 de 1997.

Luego, la Resolución núm. 386 del 28 de noviembre de 2008 declaró la situación de
urgencia para la adquisición de unos inmuebles, con el fin de adelantar el proyecto de
construcción de la Conexión Vial Aburrá - Río Cauca, en el tramo Avenida 80 - 81 al
kilómetro 4 + 100, necesaria para el proyecto «[d]oble calzada al túnel desde la Av. 80 hasta
San Cristóbal».

Mediante la Resolución núm. SHADQ 2178 del 26 de diciembre de 2012, el secretario de
Hacienda del Municipio de Medellín formuló oferta de compra del inmueble identificado con
la matrícula inmobiliaria núm. 01N 5088366, inmueble del cual la señora Doricel de la Cruz
Gaviria Mejía era propietaria del 21 % y la señora Margarita María Pabón Restrepo
ostentaba el 2 %. En dicho acto se ofreció un valor de compra de ciento treinta y dos millones
seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos ocho pesos ($132.669.608 COP), suma
soportada en el avalúo comercial con radicado núm. ER6587, elaborado por el IGAC.

El 6 de agosto de 2013, mediante la Resolución núm. SSAA-ADQ 0013, la Secretaría de
Servicios Administrativos del Municipio de Medellín ordenó la expropiación del inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 01N-5088366, de propiedad parcial de las
demandantes, por el mismo valor ofrecido en la Resolución núm. SH-ADQ 2178 del 26 de
diciembre de 2012. Contra la Resolución núm. SSAA-ADQ 0013 se interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. SSAA-ADQ 0076 del 21 de
octubre de 2013, en la que se decidió no reponer la resolución impugnada.

El 11 de abril de 2014, en ejercicio del medio de control definido en el artículo 138 del
CPACA, las señoras Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y Margarita María Pabón Restrepo,
mediante apoderado judicial, demandaron las Resoluciones núm. SH ADQ 2178 del 26 de
diciembre de 2012 y núm. SSAA-ADQ 0013 del 6 de agosto de 2013.

10 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO

DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. [Destaca la Sala]

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Demandante: Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y otro
Demandado: Municipio de Medellín

El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia el 20 de
septiembre de 2018, en donde resolvió inhibirse de pronunciarse respecto de la Resolución
núm. SHADQ 2178 del 26 de diciembre de 2012, negó las demás pretensiones de la
demanda y las condenó en costas.

Las demandantes interpusieron recurso de apelación y formularon los siguientes reparos
frente al análisis efectuado en la sentencia de primera instancia: i) señalaron que el a quo
se equivocó al inhibirse de pronunciarse sobre la pretensión de nulidad de la Resolución
núm. SHADQ 2178 del 26 de diciembre de 2012; ii) sostuvieron que el tribunal se equivocó
al no realizar un análisis de legalidad de la Resolución núm. SSAA ADQ 0013 del 6 de
agosto de 2013; iii) indicaron que el tribunal erró al no estimar que el valor indemnizable
debía corresponder al avalúo catastral previamente fijado por la demandada; y, finalmente,
iv) cuestionaron la condena en costas impuesta por el tribunal.

A partir de los cargos formulados en el recurso de apelación por la parte actora, corresponde
a la Sala determinar si les asiste razón a los demandantes en cuanto a las deficiencias que,
en su criterio, presenta la sentencia de primera instancia, en especial, en lo concerniente al
análisis efectuado sobre la procedencia de la acción contenciosa en contra de la Resolución
núm. SHADQ 2178 del 26 de diciembre de 2012; la supuesta omisión de pronunciamiento
respecto de la legalidad de la Resolución núm. SSAA ADQ 0013 del 6 de agosto de 2013,
así como del precio indemnizatorio allí establecido; y lo referente a la condena en costas en
primera instancia.

5.3 Actos demandados

En el sub judice son cuestionados los siguientes actos administrativos:

• Resolución núm. SH-ADQ 2178 del 26 de diciembre de 2012. Mediante este
acto administrativo, el secretario de Hacienda del Municipio de Medellín formuló oferta de
compra del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 01N-5088366. A
través de dicho acto administrativo, se ofreció, a cambio del dominio del inmueble, un
valor de ciento treinta y dos millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos ocho
pesos ($132.669.608 COP).

RESOLUCIÓN NÚMERO
SH-ADQ 2178
(DICIEMBRE 26 DE 2012)

Por la cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición por enajenación
voluntaria o expropiación por vía administrativa y se formula una oferta de compra a
GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 8.458.579 , con el 50%, del derecho real de dominio, ROSA ALEYDA
PEREZ MACIAS, identificada con la cédula de ciudadanía N° 21.632.310, con el 25%
del derecho real de dominio, DORICEL DE LA CRUZ GAVIRIA MEJIA, identificada
con la cédula de ciudadanía N° 43.681.661, con el 21% del derecho real de dominio,
JESÚS ALFREDO LONDOÑO ÁLVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
N° 71.691.289, con el 2% del derecho real de dominio, MARGARITA MARÍA PABÓN
RESTREPO, identificada con la cédula de ciudadanía N° 42.760.776, con el 2% del
derecho real de dominio, de un bien inmueble identificado con la matrícula N° 01N-
5088366.

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Demandante: Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y otro
Demandado: Municipio de Medellín

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE MEDELLÍN

En Decreto uso 1660 de sus facultades delegadas por el Alcalde de Medellín,
mediante el por del 23 de septiembre de 2010, y de conformidad con las otorgadas la
Ley 9ª de 1989, por la Ley 388 de 1997, artículos 58 y siguientes.

[…]
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO. De conformidad con lo establecido por la Ley 9a
de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997, el objeto de esta oferta de compra
consiste en la adquisición mediante enajenación voluntaria directa del derecho real
de dominio y posesión de un bien inmueble, consistente en vivienda y Lote de terreno,
ubicado en la CALLE 062 N° 085 - 335, identificado con matrícula inmobiliaria N° 01N
5088366, cuyos titulares del derecho real de dominio, en común y proindiviso son:
GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 8.458.579, con el 50%, del derecho real de dominio, ROSA ALEYDA
PÉREZ MACÍAS, identificada con la cédula de ciudadanía N° 21.632.310, con el 25%
del derecho real de dominio, DORICEL DE LA CRUZ GAVIRIA MEJÍA, identificada
con la cédula de ciudadanía N 43.681.661, con el 21% del derecho real de dominio,
JESUS ALFREDO LONDOÑO ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
N° 71.691.289, con el 2% del derecho real de dominio, MARGARITA MARÍA PABÓN
RESTREPO, identificada con la cédula de ciudadanía N° 42.760.776, con el 2% del
derecho real de dominio; cuya descripción, área y linderos según la Escritura Pública
N° 987 del 29 de Junio de 2001, otorgada en la Notaría Décima del Círculo Notarial
de Medellín, y son:

[…]

Parágrafo 1: Según Ficha Predial del 4 de junio de 2012 y Oficio GT - 6319 del 5 de
junio de 2012, expedidos por la Subsecretaría de Catastro - Secretaría de Hacienda
• del Municipio de Medellín, el inmueble antes descrito, identificado con el COBAMA
07170130125, e identificado con la Matricula Inmobiliaria N° 01N- 5088366, tiene un
área de lote de 3.916,24 m² y un área de construcción de 47.36 m²

Parágrafo 2: De conformidad con el Acuerdo 046 de 2006 "Por el cual se revisa y
ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan
otras disposiciones" y con el Certificado de Normas y Usos del Suelo expedido por la
Unidad de Ordenamiento Territorial del Departamento Administrativo de planeación,
radicado con el N° 201200004029 del 29 de Mayo de 2012, el inmueble antes
descrito, identificado con CBML 07170130125, presenta a la una afectación
correspondiente a la zona de retiro de 30 metros respecto Quebrada La Iguana y se
encuentra en Zona de Riesgo No Recuperable.

Parágrafo 3: No obstante, el área y descripción de linderos la presente Oferta de las
matrículas se realiza sobre cuerpo cierto, de los bienes inmuebles identificados con
inmobiliarias 01N-5088366

Parágrafo 4: El anterior inmueble no se encuentra sometido a Reglamento de
Horizontal.

[…]

ARTÍCULO SEGUNDO: TÍTULO DE ADQUISICIÓN. El señor GUILLERMO LEÓN
CASTAÑEDA AGUDELO, adquirió el 50% del derecho real de dominio por

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Demandante: Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y otro
Demandado: Municipio de Medellín

compraventa realizada a la señora María Agustina Bedoya Caro, mediante Escritura
Pública N° 987 del 29 de junio de 2001, otorgada en la Notaría Décima del Círculo de
Medellín, La señora ROSA ALEYDA PÉREZ MACÍAS, adquirió el 25% del derecho
real de dominio por compraventa realizada a la señora María Agustina Bedoya Caro,
mediante Escritura Pública N° 726 del 13 de abril de 2002, otorgada en la Notaría
Veintitrés del Círculo de Medellín, La señora DORICEL DE LA CRUZ GAVIRIA
MEJÍA, adquirió el 25% del derecho real de dominio por compraventa realizada a la
señora María Agustina Bedoya Caro, mediante Escritura Pública N° 719 del 12 de
abril de 2002, otorgada en la Notaría Veintitrés del Círculo de Medellín, El señor
JESÚS ALFREDO LONDOÑO ÁLVAREZ, adquirió el 2% del derecho real de dominio
por compraventa realizada a la señora, Doricel de la Cruz Gaviria Mejía, mediante
Escritura Pública N° 1.277 del 23 de agosto de 2002, otorgada en la Notaria
Veintiocho del Círculo de Medellín, La señora MARGARITA MARÍA PABÓN
RESTREPO, adquirió el 2% del derecho real de dominio por compraventa realizada
al señor Javier de Jesús Bedoya Ruiz, mediante Escritura Pública N° 1.420 del 21 de
junio de 2007, otorgada en la Notaría Veintitrés del Círculo de Medellín.

ARTÍCULO TERCERO: PRECIO. El valor total de la oferta de compra que se realiza
por la presente Resolución es de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M.L
($132.669.608), según avalúo con radicado N°8002012ER6587 elaborado por el
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) y remitido al INSTITUTO
SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN -ISVIMEDB mediante
comunicación N° 8002012EE13290-01- F:13- A:12 del 17 de diciembre de 2012,
allegada al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED-, fecha de
radicado que sirve de referencia para efectos del término de la vigencia del avalúo
comercial, de conformidad con el Decreto Ley 1420 de 1998, de acuerdo con el
concepto de respuesta remitido por el IGAC a la solicitud información
R/8002012ER3195 del 27 de marzo de 2012.
[…]

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO. El precio total de la oferta de compra en el
con la matricula inmobiliaria 01N- 5088366 descritas artículo primero de la presente
Resolución, por valor de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MIL ($132.669.608), serán
pagados así:

[…]

ARTÍCULO SEXTO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Imputar los recursos
otorgados por esta resolución al encargo fiduciario de administración y pagos, con
destinación específica para el proceso de reasentamiento y reubicación en vivienda
usada, según Contrato N° 243 del 30 de noviembre de 2010, suscrito entre ISVIMED
y Alianza Fiduciaria.

ARTÍCULO SÉPTIMO: GASTOS. Los gastos notariales y de rentas serán sufragados
en su totalidad por los vendedores, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
11439 del 29 de Diciembre de 2011, modificada por la Resolución 0937 del 06 de
Febrero de 2012, expedidas ambas por la Superintendencia de Notariado y Registro.
Igualmente corre por su cuenta el pago del 50% de los gastos de registro según lo
establece el artículo 3º del Decreto 650 de 1996 que reglamenta la ley 223 de 1995.
De conformidad con el concepto de la DIAN N°70056 del 18 de agosto de 2006, el
cual constituye "Doctrina Tributaria", "(...) cuando el artículo 35-1 del Estatuto
Tributario, modificado por el artículo 1º de la Ley 863 de 2003, establece que a partir
del año gravable 2004, los ingresos de que tratan, entre otros, el articulo 37 Ibidem,

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quedan gravados en el ciento por ciento (100%) con el impuesto sobre la renta, dicha
disposición, en virtud del principio de legalidad de los tributos, consagrado en el
artículo 338 de la Constitución política, debe interpretarse referida a la utilidad en
venta de inmuebles, contemplada en el artículo 37 del Estatuto Tributario, y no a la
regulada en el inciso 4 del artículo 15 de la Ley 9 de 1999 subrogado por el artículo
35 de la Ley 3 de 1991, en el parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley 388 de 1997 y el
parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 160 de 1994, normas estas especiales e
independientes, no incorporadas al citado Estatuto y por lo tanto vigentes para efectos
del beneficio por ellas creado.(...)",no deberá la Notaría cobrar la Retención en la
Fuente.

ARTÍCULO OCTAVO: ENTREGA MATERIAL. Cumplidos los requisitos anteriores,
se entenderá hecha la entrega material del bien inmueble, en las condiciones físicas
que se encontraba al momento del avalúo y la entidad adquirente procederá a la
demolición de las edificaciones, en caso de que existieren y a efectuar las
construcciones necesarias para cumplir con la finalidad perseguida en el proceso de
adquisición. El inmueble debe ser entregado a los profesionales responsables del
proceso de adquisición, en las mismas condiciones físicas y con los elementos que
fueron valorados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

[…]

ARTÍCULO DÉCIMO: OFERTA DE COMPRA. De conformidad con lo dispuesto
administrativo en la parte final del artículo 66 de la Ley 388 de 1997, el presente acto
enajenación voluntaria.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: REGISTRO DE LA OFERTA. Se solicita al señor
Registrador la inscripción de la presente Resolución en el folio de matrícula
inmobiliaria 01N - 5088366, de conformidad con solicitud escrita que se entregará
artículo dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, según lo dispone
13 de la Ley 9 de 1989.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: NOTIFICACIÓN. Se ordena notificar la presente
Resolución a los titulares del derecho real de dominio, los señores: GUILLERMO
LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO, identificado con la cédula de ciudadanía N°
8.458.579, con el 50%, del derecho real de dominio, ROSA ALEYDA PÉREZ
MACÍAS, identificada con la cédula de ciudadanía N° 21.632.310, con el 25% del
derecho real de dominio, DORICEL DE LA CRUZ GAVIRIA MEJÍA, identificada con
la cédula de ciudadanía N° 43.681.661, con el 21% del derecho real de dominio,
JESÚS ALFREDO LONDOÑO ÁLVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
N° 71.691.289, con el 2% del derecho real de dominio, MARGARITA MARÍA PABÓN
RESTREPO, identificada con la cédula de ciudadanía N° 42.760.776, con el 2% del
derecho real de dominio, directamente o a través de su representante o apoderado,
de conformidad con lo previsto en los artículos 65 y siguientes de la Ley 1437 de
2011.

Contra el presente Acto Administrativo de Resolución de Oferta de Compra no
procede recurso alguno, de acuerdo a lo señalado por el artículo 61 de la ley 388 de
1997.

• Resolución núm. SSAA-ADQ 0013 el 6 de agosto de 2013. Mediante este acto
administrativo, la Secretaría de Servicios Administrativos del Municipio de Medellín
ordenó la expropiación del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria núm. 01N

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5088366, por un precio indemnizatorio de ciento treinta y dos millones seiscientos
sesenta y nueve mil seiscientos ocho pesos ($132.669.608 COP).

RESOLUCIÓN NÚMERO
SSAA - ADQ 0013
6 DE AGOSTO DE 2013

"Por la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de un bien inmueble
identificado con la matricula inmobiliaria 01N- 5088366, cuyos titulares del derecho
real de dominio son: GUILLERMO LEON CASTAÑEDA AGUDELO. identificado con
la cédula de ciudadanía N 8.458.579. con el 50%. del derecho real de dominio, ROSA
ALEYDA PÉREZ MACÍAS. identificada con la cédula de ciudadanía N° 21.632.310.
con el 25% del derecho real de dominio, DORICEL DE LA CRUZ GAVIRIA MEJÍA.
identificada con la cédula de ciudadanía N° 43.681.6614 con el 21% del derecho real
de dominio. JESÚS ALFREDO LONDOÑO ÁLVAREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 71.691.289/con el 2% del derecho real de dominio, MARGARITA
MARÍA PABÓN RESTREPO Identificada con la cédula de ciudadanía N° 42.760.776.
con el 2% del derecho real de dominio"

LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

En uso de sus facultades delegadas por el Alcalde de Medellín, mediante el Decreto
N° 0903 del 17 de mayo de 2013 y de conformidad con las otorgadas por la Ley 9a
de 1989, por la Ley 388 de 1997, artículos 58 y siguientes.

[…]

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: Disponer la expropiación por via administrativa de
un bien inmueble, consistente en vivienda y Lote de terreno, ubicado en la CALLE
062 N° 085 - 335, identificado con matrícula inmobiliaria N° 01N - 5088366, cuyos
titulares del derecho real de dominio, son: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA
AGUDELO. identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.458.579, con el 50%, del
derecho real de dominio, ROSA ALEYDA PÉREZ MACÍAS, identificada con la cédula
de ciudadanía N 21.632.310, con el 25% del derecho real de dominio, DORICEL DE
LA CRUZ GAVIRIA MEJÍA, identificada con la cédula de ciudadanía N° 43.681.661,
con el 21% del derecho real de dominio, JESÚS ALFREDO LONDOÑO ÁLVAREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía N° 71.691.289, con el 2% del derecho real
de dominio, MARGARITA MARÍA PABÓN RESTREPO, identificada con la cédula de
ciudadanía N° 42.760.776, con el 2% del derecho real de dominio; cuya descripción,
área linderos según la Escritura Pública N° 987 del 29 de Junio de 2001, otorgada en
la Notaria Décima del Círculo Notarial de Medellín, son: […]

PARÁGRAFO 1: Según Ficha Predial del 4 de junio de 2012 y Oficio GT - 6319 del 5
de junio de 2012, expedidos por la Subsecretaria de Catastro - Secretaría de
Hacienda del Municipio de Medellín, el inmueble antes descrito, identificado con el
СОВАМА 07170130125, e identificado con la Matricula Inmobiliaria N° 01N- 5088366,
tiene área de lote de 3.916,24 m² y un área de construcción de 47.36 m².

PARÁGRAFO 2: No obstante el área y descripción de linderos se realiza el presente
Acto Administrativo de Expropiación por vía Administrativa sobre cuerpo cierto, del
bien inmueble identificado con la matricula inmobiliaria 01N- 5088366, antes
descritos. […]

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ARTICULO SEGUNDO. TITULO DE ADQUISICIÓN: El señor GUILLERMO LEÓN
CASTAÑEDA AGUDELO, adquirió el 50% del derecho real de dominio por
compraventa realizada a la señora María Agustina Bedoya Caro, mediante Escritura
Pública N° 987 del 29 de junio de 2001, otorgada en la Notaría Décima del Círculo de
Medellín, La señora ROSA ALEYDA PÉREZ MACÍAS, adquirió el 25% del derecho
real de dominio por compraventa realizada a la señora María Agustina Bedoya Caro,
mediante Escritura Pública N° 726 del 13 de abril de 2002, otorgada en la Notaría
Veintitrés del Círculo de Medellín, La señora DORICEL DE LA CRUZ GAVIRIA
MEJÍA. adquirió el 25% del derecho real de dominio por compraventa realizada a la
señora María Agustina Bedoya Caro, mediante Escritura Pública N° 719 del 12 de
abril de 2002, otorgada en la Notaría Veintitrés del Círculo de Medellín, El señor
JESÚS ALFREDO LONDOÑO ÁLVAREZ, adquirió el 2% del derecho real de dominio
por compraventa realizada a la señora, Doricel de la Cruz Gaviria Mejia, mediante
Escritura Pública N° 1.277 del 23 de agosto de 2002, otorgada en la Notaria
Veintiocho del Círculo de Medellín, La señora MARGARITA MARÍA PABÓN
RESTREPO. adquirió el 2% del derecho real de dominio por compraventa realizada
al señor Javier de Jesús Bedoya Ruiz, mediante Escritura Pública N° 1.420 del 21 de
junio de 2007. otorgada en la Notaría Veintitrés del Círculo de Medellín.

ARTICULO TERCERO. VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se decide por la presente Resolución es
por valor total de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M.L ($132.669.608), conforme al avalúo
comercial con radicación N°8002012ER6587 elaborado por el INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI (IGAC) y remitido al INSTITUTO SOCIAL DE
VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLİN -ISVIMED- mediante comunicación N°
8002012EE13290- 01-F:13- A:12 del 17 de diciembre de 2012, allegada al Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED-, fecha de radicado que sirve de
referencia para efectos del término de la vigencia del avalúo comercial, de
conformidad con el Decreto Ley 1420 de 1998.

ARTICULO CUARTO. FORMA DE PAGO: El valor del precio indemnizatorio del bien
inmueble determinado en el artículo primero, equivalente a CIENTO TREINTA Y DOS
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS
M.L ($132.669.608), será pagado por el Municipio de Medellín, a través del Instituto.

[…]

ARTÍCULO QUINTO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Imputar los recursos
otorgados por esta resolución al encargo fiduciario de administración y pagos, con
destinación específica para el proceso de reasentamiento y reubicación en vivienda
usada, con compromiso al convenio suscrito entre Isvimed y Alianza Fiduciaria de
acuerdo al contrato N° 243 del 30 de Noviembre de 2010.

ARTICULO SEXTO. DESTINACION: El inmueble que por medio de este Acto
Administrativo adquiere el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, a través del Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED-. será demolido, para la ejecución del
proyecto "conexión vial Aburrá - Rio Cauca", tramo de 4.1KM, ubicado en el área de
jurisdicción del Municipio de Medellín, para la construcción de la vía de acceso al
portal oriental del Túnel Fernando Gómez Martínez.

ARTÍCULO SÉPTIMO. CANCELACIÓN DE OFERTA: Se solicita al señor
Registrador la cancelación de la inscripción de la oferta de compra Resolución SH-
ADQ 2178 del 26 de diciembre de 2012, en el folio de matrícula inmobiliaria 01N-
5088366, de conformidad con solicitud escrita que se entregará dentro de los cinco

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Radicado: 05-001-23-33-000-2014-00872-01
Demandante: Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y otro
Demandado: Municipio de Medellín

días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO OCTAVO. ORDEN DE INSCRIPCIÓN: Se solicita al señor Registrador la
inscripción de la presente Resolución en los folios de las matrículas inmobiliarias
01N5088366, de conformidad con solicitud escrita que se entregará dentro de los
cinco días hábiles siguientes a su notificación, según lo dispone el artículo 13 de la
Ley 9 de 1989. Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED- de contado y
puesto a disposición de los propietarios: GUILLERMO LEON CASTANEDA
AGUDELO identificado con la cédula de ciudadania N° 8.458.579, con el 50%, del
derecho real de dominio, ROSA ALEYDA PÉREZ MACÍAS, identificada con la cédula
de ciudadanía N° 21.632.310, con el 25% del derecho real de dominio, DORICEL DE
LA CRUZ GAVIRIA MEJÍA, identificada con la cédula de ciudadanía N° 43.681.661,
con el 21% del derecho real de dominio, JESÚS ALFREDO LONDOÑO ÁLVAREZ,
identificado con la cédula de ciudadania N° 71.691.289, con el 2% del derecho real
de dominio, MARGARITA MARÍA PABÓN RESTREPO, identificada con la cédula de
ciudadania N° 42.760.776, con el 2% del derecho real de dominio, por el término de
diez (10) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto de acuerdo al valor
del avalúo comercial con radicación N° 8002012ER6587 elaborado por el INSTITUTO
GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI (IGAC) y remitido al INSTITUTO SOCIAL DE
VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLİN -ISVIMED- mediante comunicación N°
8002012EE13290-01-F:13- A:12 del 17 de diciembre de 2012, fecha de radicado que
sirve de referencia para efectos del término de la vigencia del avalúo comercial, de
conformidad con el Decreto Ley 1420 de 1998.

[…]

ARTICULO NOVENO. ENTREGA MATERIAL: Efectuado el registro de la presente
Resolución. se exigirá la entrega material del bien expropiado sin necesidad de
intervención judicial, para lo cual se podrá acudir al auxilio de las autoridades de
policía, si ello fuere necesario.

ARTÍCULO DÉCIMO. ORDEN DE NOTIFICACION Y RECURSOS: La presente
resolución será notificada a los señores GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA
AGUDELO, identificado con la cédula de ciudadania N° 8.458.579, con el 50%, del
derecho real de dominio, ROSA ALEYDA PÉREZ MACÍAS, identificada con la cédula
de ciudadanía N° 21.632.310, con el 25% del derecho real de dominio, DORICEL DE
LA CRUZ GAVIRIA MEJIA, identificada con la cédula de ciudadanía N° 43.681.661,
con el 21% del derecho real de dominio, JESÚS ALFREDO LONDOÑO ÁLVAREZ.
identificado con la cédula de ciudadanía N° 71.691.289, con el 2% del derecho real
de dominio, MARGARITA MARÍA PABÓN RESTREPO, identificada con la cédula de
ciudadanía N° 42.760.776, con el 2% del derecho real de dominio, en calidad de
propietarios del INMUEBLE consistente en vivienda y Lote de terreno, ubicado en la
CALLE 062 N° 085 - 335, identificado con matrícula inmobiliaria N° 01N - 5088366,
descrito en el artículo primero de la presente resolución.

Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición que deberá ser
interpuesto ante la Secretaria de Servicios Administrativos del Municipio de Medellín,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal o al aviso,
según el caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de
2011.

5.4 Análisis de la Sala

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Radicado: 05-001-23-33-000-2014-00872-01
Demandante: Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y otro
Demandado: Municipio de Medellín

5.4.1. De la procedencia de la acción contenciosa en contra de la Resolución núm.
SHADQ 2178 del 26 de diciembre de 2012

La parte apelante señaló que el a quo se equivocó al declararse inhibido para emitir un
pronunciamiento de fondo respecto de la Resolución núm. SHADQ 2178 del 26 de
diciembre de 2012, «[p]or la cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición por
enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa y se formula una oferta de
compra […] de un bien inmueble identificado con la matrícula N° 01N- 5088366».

No obstante, la Sala comparte la decisión del tribunal, toda vez que el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997 prevé expresamente que la acción contencioso-administrativa procede
contra la decisión de expropiación por vía administrativa, en los siguientes términos:

ARTICULO 71. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Contra la decisión
de expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso-
administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho
lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá
interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la
respectiva decisión.

De la norma transcrita se entiende que el legislador identificó como acto administrativo
susceptible de control judicial aquella decisión que dispone la expropiación por vía
administrativa, es decir, el acto que define la transferencia del derecho de dominio y que
produce los efectos jurídicos propios de la expropiación. Esta interpretación armoniza con
la noción de acto administrativo definitivo prevista en el artículo 43 del CPACA, según el
cual tienen tal carácter «los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o
hacen imposible continuar con la actuación».

Bajo ese entendimiento, la Resolución núm. SHADQ 2178 del 26 de diciembre de 2012
no constituye un acto definitivo, pues su contenido se limita a formular una oferta de
compra e iniciar las actuaciones orientadas a lograr la adquisición voluntaria del inmueble,
de manera que no define la situación jurídica del propietario ni materializa la expropiación.

En ese sentido, se trata de una actuación dentro del procedimiento previsto en la Ley 388
de 1997, cuya finalidad es propiciar la negociación directa antes de que la administración
adopte la decisión definitiva sobre la expropiación.

En el presente asunto, la determinación que resolvió de manera concluyente la actuación
administrativa fue la Resolución núm. SSAA-ADQ 0013 del 6 de agosto de 2013,
mediante la cual se decretó la expropiación por vía administrativa del inmueble. Es este
acto, y no la oferta de compra, el que reúne las características de exigidas por el artículo
43 del CPACA y el que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, puede
ser sometido al control del juez de lo contencioso administrativo. Sobre este punto, se
recuerda que, en principio, únicamente los actos administrativos definitivos son los
susceptibles de control judicial11.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 25 de abril de

2018, Radicación núm.: 08001-23-33-000-2012-00453-01(21906), MP: Milton Chavez García: «De manera
que únicamente las decisiones de la Administración, provenientes de un procedimiento administrativo o los
actos que hacen imposible la continuación de la actuación o que decidan de fondo el asunto, son
susceptibles de control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En

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Radicado: 05-001-23-33-000-2014-00872-01
Demandante: Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y otro
Demandado: Municipio de Medellín

Precisamente, a partir de la interpretación sistemática de las disposiciones antes
referidas, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido de manera reiterada 12 que el
acto mediante el cual se formula la oferta de compra dentro del procedimiento de
expropiación administrativa no es susceptible de control judicial, por tratarse de una
actuación preparatoria que no pone fin a la actuación administrativa ni decide el fondo del
asunto. En particular, ha señalado:

Vistos los artículos: i) 50, sobre actos definitivos del Código Contencioso
Administrativo; y ii) 429 del Código de Procedimiento Civil y atendiendo a que esta
Sección ha considerado que el acto por medio del cual la entidad pública hace una
oferta de compra para adquirir el bien inmueble previo a ordenar su expropiación no
es susceptible de control judicial:

“[…] En efecto el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 señala que sólo pueden
controvertirse ante la jurisdicción, mediante la acción especial contencioso-
administrativa, los actos que deciden la expropiación. A propósito, esta norma
dispone:
[…]
De la literalidad de la norma transcrita se infiere, evidentemente, que la demanda
ante esta Jurisdicción procede únicamente contra el acto administrativo que
decide la expropiación.
[…]
De otro lado, es del caso señalar que los actos referentes a la oferta de compra no
están llamados a generar perjuicios al administrado, teniendo únicamente tal
potencialidad el acto administrativo de expropiación, por lo que, desde esta
perspectiva, tampoco se vislumbra el que proceda la acción incoada por la
demandante contra aquellos. Así se puntualizó por esta Sección en Sentencia de 18
de marzo de 2010, Expediente No. 2008-00434-01, con ponencia de quien presenta
esta Providencia:
De las explicaciones expuestas, considera la Sala que en la etapa de negociación
voluntaria la administración no está efectuando ningún tipo de actividad administrativa
que pueda perjudicar al administrado, pues precisamente, los términos en que se
presentan la negociación es voluntaria. Lo anterior permite concluir que el acto por
medio del cual se hace una oferta al propietario del bien inmueble que puede ser
objeto de expropiación administrativa o judicial dependiendo de las circunstancias ya
reseñadas, no genera un perjuicio alguno para el actor.
Así las cosas, le asiste razón al a quo cuando afirma que la acción especial
contencioso administrativa tendiente a obtener la nulidad y restablecimiento del
derecho o a controvertir el precio indemnizatorio, se predica en exclusiva del
acto administrativo expropiatorio en los términos del artículo 71 de la Ley 388 de
1997 […]” (Se resalta y subraya).

Por lo expuesto anteriormente, se considera que la Resolución núm. 6866 de 13 de
diciembre de 2006, expedida por la directora técnica de predios del Instituto de
Desarrollo Urbano, mediante la cual se determinó la adquisición de una zona de
terreno, por el procedimiento de expropiación administrativa y se formula una
oferta de compra no es susceptibles de control judicial, por cuanto la acción

consecuencia, los “actos preparatorios, de trámite y de ejecución que, como tales, se limitan a preparar,
impulsar la actuación administrativa, o dar cumplimiento a la decisión, no son demandables”»
12 Al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de

29 de agosto de 2024. Radicación núm.: 25000-23-24-000-2011-00855-01; M.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.

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Radicado: 05-001-23-33-000-2014-00872-01
Demandante: Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y otro
Demandado: Municipio de Medellín

prevista en el artículo 71 de la Ley 388 no procede contra este tipo de actos13.
[Destaca la Sala]

Por lo expuesto, la Sala encuentra que no le asiste razón al demandante en este reparo
en contra de la sentencia del 20 de septiembre de 2018, pues el a quo, por las razones
señaladas, acertó al inhibirse de tomar una decisión de fondo sobre la legalidad de la
Resolución núm. SHADQ 2178 del 26 de diciembre de 2012.

5.4.2 Del reparo respecto de la omisión de análisis por parte del a quo sobre la
legalidad de la Resolución núm. SSAA-ADQ 0013 del 6 de agosto de 2013

La parte recurrente estima que el tribunal no realizó ningún análisis acerca de la legalidad
de la Resolución núm. SSAA-ADQ 0013 del 6 de agosto de 2013. La Sala encuentra que
no les asiste razón a las demandantes en este cargo, toda vez que en la sentencia
impugnada se estudió el único cargo que se presentó en contra de dicha resolución, esto
es, que el precio indemnizatorio establecido en el acto administrativo fue menor al avalúo
catastral del inmueble y que, por lo tanto, debía declararse la nulidad parcial del acto. En
efecto, en la demanda se señaló lo siguiente:

La suma establecida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el pago de la
compensación (indemnización por la expropiación por vía administrativa), es inferior
al valor del avalúo catastral que hasta la fecha de expropiación venía aplicando el
Municipio de Medellín para el cobro del impuesto predial.
[…]
Es por demás injusto y desequilibrado que el municipio de Medellín, para cobrar la
tasa del impuesto predial, recurra a sus propios avalúos unilaterales e
incontrovertibles e imponga contribuciones que el ciudadano ha venido acatando y
pagando, pero al momento de hacerse a la propiedad del predio para adelantar las
obras de desarrollo, no considere el mismo avalúo catastral que le sirvió de base para
el cobro del impuesto predial y sin ningún auto cuestionamiento, ejecute el elaborado
por el Instituto Agustín Codazzi que es abiertamente desproporcionado lesivo y para
el administrado.

Asimismo, las pretensiones de la demanda se concentraron en solicitar que se declarara
la nulidad parcial de la Resolución núm. SSAA-ADQ 0013 del 6 de agosto de 2013 y,
como restablecimiento del derecho, que se les reconociera a las demandantes un valor
superior por concepto de precio indemnizatorio por la expropiación del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria núm. 01N-5088366, valor que consiste en la
diferencia entre el avalúo comercial oficial realizado por el IGAC y el avalúo catastral del
año 2013. Lo anterior resulta claro si se analizan las pretensiones de la demanda:

PRIMERA: Se declare la nulidad parcial, en lo que tiene que ver con las accionantes,
de las resoluciones N° SH-ADQ 2178 de diciembre 26 de 2012 proferida por la
Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín mediante la cual se dio inicio a las
diligencias tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria o expropiación por vía
administrativa y N° SSAA-ADQ 0013 de 6 de agosto de 2013 proferida por la Secretaría
de Servicios Administrativos del Municipio de Medellín mediante la cual se dispuso la
expropiación por vía administrativa del bien inmueble con matrícula 01N-5088366 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera. Sentencia del 10 de abril

de 2025, Radicación núm.: 25000232400020070025401. MP. Hernando Sánchez Sánchez.

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Radicado: 05-001-23-33-000-2014-00872-01
Demandante: Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y otro
Demandado: Municipio de Medellín

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se reconozca y pague a las convocantes la
diferencia entre el avalúo comercial establecido por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi y el avalúo catastral establecido por el Municipio de Medellín para
el cobro del impuesto predial, así: Para DORICEL DE LA CRUZ GAVIRIA MEJÍA,
propietaria del 21%, la suma de $126.629.598 у рara MARGARITA MARÍA PABÓN
RESTREPO, propietaria del 2%, la suma $12.033.428. [Destaca la Sala]

En ese sentido, el a quo acertó en su providencia al señalar lo siguiente:

Planteamiento del Problema.

Consiste en resolver si a las demandantes, las señoras Doricel de la Cruz Gaviria
Mejía y Margarita María Pabón Restrepo les asiste el derecho a la revisión у ajuste
del avalúo comercial del bien inmueble objeto de expropiación por vía administrativa,
en relación con el cual tenían la titularidad del derecho real de dominio en unos
porcentajes del 21% y 2%, respectivamente, y, consecuencialmente, si es
procedente reconocer la diferencia monetaria entre lo reconocido por concepto
de precio indemnizatorio, de conformidad con el avalúo comercial realizado por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y lo que presuntamente se debió pagar,
teniendo en cuenta el avalúo catastral del inmueble o si, por el contrario, el
procedimiento de avalúo comercial realizado se practicó conforme a la
normatividad vigente y por tanto no debe ser reformado.

[…]

Es decir, se estudió la solicitud de nulidad del acto administrativo demandado en el
proceso objeto de estudio, alegándose en dicha oportunidad por la parte demandante
precisamente la diferencia ostensible que existía entre el precio indemnizatorio
reconocido por la entidad accionada como consecuencia de la expropiación
administrativa y el valor consignado en el avalúo catastral del bien inmueble. Debe
decirse que en dicha oportunidad se realizó un análisis de las pruebas arrimadas al
proceso y las cuales coinciden en su mayoría con las aportadas a este expediente.
[Destaca la Sala]

La Sala advierte que el problema jurídico formulado por el tribunal y el análisis
desarrollado en la sentencia de primera instancia guardan plena correspondencia con el
alcance de las pretensiones y con el concepto de violación expuesto en la demanda. Por
tal razón, no se puede afirmar que existió una omisión de pronunciamiento respecto de
la legalidad de la Resolución núm. SSAA-ADQ 0013 del 6 de agosto de 2013, pues el a
quo examinó precisamente el único aspecto de dicho acto que fue objeto de reproche por
las demandantes.

Además, conviene resaltar que las recurrentes no identificaron en el recurso de apelación
cuál habría sido el cargo concreto de nulidad que quedó sin resolver, pues su
inconformidad se limitó a sostener, de manera general, que no se estudió la legalidad del
acto administrativo, afirmación que resulta insuficiente para desvirtuar el contenido de la
providencia apelada, en la cual sí se abordó y resolvió el único cuestionamiento que fue
sometido a consideración del juez de primera instancia. Por lo anterior, este cargo en
contra de la sentencia de primera instancia no está llamado a prosperar.

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5.4.3 Del reparo acerca del precio indemnizatorio reconocido en la Resolución núm.
SSAA- ADQ 0013 del 6 de agosto de 2013

En el recurso de apelación, la parte demandante insiste en que el precio indemnizatorio
reconocido con ocasión de la expropiación debió corresponder al valor fijado por el
Municipio de Medellín y no al determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC), por cuanto, en su criterio, aquel reflejaba el valor real del inmueble.

Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al demandante en sus argumentos,
pues el régimen especial contenido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto 1420 de 1998
prevé que la determinación del precio indemnizatorio debe sustentarse en el avalúo
comercial elaborado por la entidad o persona autorizada para ello, a solicitud de la
autoridad encargada de adelantar el procedimiento de adquisición o expropiación. En ese
sentido, esta Sección ha sostenido de manera reiterada que el referente jurídicamente
relevante para establecer el valor del inmueble objeto de expropiación es el avalúo
comercial practicado conforme a las disposiciones que regulan la materia y no el avalúo
catastral utilizado, en los siguientes términos:

165. El artículo 61 de la Ley 388 de 1997 dispone que el precio de adquisición será
igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto Ley 2150 de
1995.

166. El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de adquisición del precio
indemnizatorio. Mientras el primero se refiere al valor del inmueble que se establece
conforme el avalúo que para dichos efectos realice la entidad correspondiente, el
segundo, además de comprender aquel, contiene el daño emergente y el lucro
cesante, así como los demás perjuicios que merezcan ser reparados para garantizar
una indemnización plena14.

En anteriores oportunidades, la Sala ha conocido controversias similares a la que ahora
se estudia, en las cuales la parte demandante ha sostenido que el precio indemnizatorio
reconocido por la administración, aun cuando se fundamentó en un avalúo comercial,
resultaba inferior al valor catastral del inmueble o no guardaba correspondencia con este.
En dichos supuestos, la Sala ha precisado que, si bien el avalúo catastral resulta
pertinente para asegurar coherencia en la valoración de los bienes inmuebles, lo cierto
es que este no sustituye al avalúo comercial como criterio definitivo para la determinación
del monto de la indemnización en los procesos de expropiación. Sobre el particular, ha
señalado:

Ahora, en relación con el reproche relacionado, consistente en que comparado con el
avalúo comercial solicitado por el IDU, el valor determinado por esa entidad ni siquiera
asciende al valor catastral, pues tiene una diferencia de $3.203.002.761.oo, es del
caso traer a colación la sentencia de 30 de enero de 2025, proferida por esta Sección,
en la que se sostuvo lo siguiente:

“[…] 98. Los artículos 3º, 4º, 5º y 6º ibidem señalan lo siguiente en cuanto a dichas
perspectivas: […]

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera. Sentencia del 26 de marzo

de 2026, Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-00828-01. MP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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99. El artículo 7° ejusdem define el avalúo catastral y establece las reglas para su
determinación, precisando que el mismo “[…] consiste en la determinación del valor
de los predios, obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado
inmobiliario. El avalúo catastral de cada predio se determinará por la adición de los
avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las
edificaciones en él comprendidos. Las autoridades catastrales realizarán los avalúos
para las áreas geoeconómicas, dentro de las cuales determinarán los valores
unitarios para edificaciones y para terrenos

[…]

101. En síntesis, el avalúo catastral no solo cumple una función económica sino
también fiscal al ser la base para la recaudación de impuestos y la planificación
territorial. Su cálculo basado en el análisis del mercado inmobiliario y las
características particulares de cada predio asegura un proceso objetivo y ajustado a
las realidades locales.

102. Nótese, entonces que el avalúo catastral sirve para determinar el valor de los
predios y como base para el cálculo de impuestos y otras actividades administrativas.

103. Cabe advertir que para efectos de la expropiación, como se concluyó se debe
tener en cuenta el avalúo comercial y no el catastral de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 388 de 1997, pero ello no implica que valor catastral no deba ser observado,
todo lo contrario, el valor comercial de los inmuebles debe partir del análisis de aquel.

104. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que en la eventualidad
de disparidad entre el precio indemnizatorio por al avalúo comercial y el avalúo
catastral, se debe observar lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 223 de 1995.

105. La anterior disposición reguló aspectos relevantes de la relación entre el valor
catastral, el valor comercial y la fiscalización de las enajenaciones de bienes raíces.
Su objetivo principal es prevenir subvaloraciones que puedan impactar negativamente
en la recaudación tributaria y garantizar un equilibrio entre los valores catastrales y
comerciales para reflejar una valoración justa y razonable en el mercado inmobiliario.
[…]

110. La disparidad entre el avalúo comercial y el avalúo catastral debe resolverse
asegurando una indemnización justa, conforme al artículo 58 de la Constitución
Política. Esto implica que el avalúo catastral, aun siendo una base de referencia
inicial, no puede sustituir el avalúo comercial, que representa el valor real de
mercado del inmueble. La normativa garantiza que el avalúo catastral sea
actualizado y proporcional, pero se reitera que es el avalúo comercial el que debe
prevalecer para determinar el monto indemnizatorio en favor del propietario.

111. Nótese que el artículo 79 del Estatuto Tributario tiene un impacto positivo en los
procesos de expropiación al proporcionar herramientas y lineamientos claros para
determinar el valor del inmueble. Al exigir proporcionalidad entre el avalúo catastral y
el valor comercial, prevenir subvaloraciones y establecer mecanismos para resolver
discrepancias, la norma fortalece el principio de indemnización justa consagrado en
la Constitución Política. Esto garantiza un equilibrio entre los derechos del propietario
expropiado y el interés general que motiva la expropiación. […]

113. En suma, en los procesos de expropiación administrativa, la normativa
vigente establece de manera clara que el avalúo comercial es el criterio
prevalente para determinar el precio indemnizatorio. Según el artículo 67 de la

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Ley 388 de 1997, este valor debe reflejar el precio de mercado del inmueble,
considerando criterios técnicos y objetivos como ubicación, uso,
características físicas y condiciones del mercado inmobiliario.

114. El avalúo catastral, por su parte, tiene un carácter complementario y fiscal, como
base para la recaudación de impuestos y la planeación territorial. Si bien es relevante
para garantizar coherencia en la valoración de los bienes inmuebles, no
reemplaza al avalúo comercial como referencia definitiva para el cálculo del
precio indemnizatorio. Así lo dispone también el artículo 79 de la Ley 223 de 1995,
que exige que el avalúo catastral no sea inferior al 40% del valor comercial, pero
reconoce que este último debe prevalecer para reflejar el valor real del mercado”
(Destacado fuera de texto).

Conforme a lo precedente, se colige que, si bien es cierto que el avalúo catastral es
relevante para garantizar coherencia en la valoración de los bienes inmuebles,
también lo es que dicho avalúo catastral no reemplaza al avalúo comercial como
referencia definitiva para el cálculo del precio indemnizatorio.

En otras palabras, el avalúo comercial es el criterio prevalente para determinar o
definir el precio indemnizatorio15.

Debe reiterarse que el precio de adquisición del inmueble no tiene que corresponder
necesariamente al avalúo catastral. De conformidad con el artículo 61 de la Ley 388 de
1997, dicho valor debe determinarse con base en el avalúo comercial practicado a
solicitud de la autoridad encargada de adelantar el procedimiento de adquisición o
expropiación. A su vez, este avalúo debe elaborarse con observancia de los criterios y
metodologías previstos en la normativa aplicable, entre ella la Ley 388 de 1997, el
Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008.

Esta Sección ha sostenido de manera reiterada que el quantum indemnizatorio fijado en
el acto que dispone la expropiación por vía administrativa forma parte integral de dicha
decisión y, por consiguiente, se encuentra amparado por la presunción de legalidad que
cobija los actos administrativos. En consecuencia, le corresponde a quien controvierte la
indemnización asumir la carga de desvirtuar dicha presunción, mediante la presentación
de elementos probatorios y argumentos técnicos suficientes y debidamente sustentados.
Así lo ha considerado esta Sección:

[E]l precio justo se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de
certeza que se predica de las decisiones de la administración, al incorporarse el valor
del avalúo oficial en el texto de los actos que decretan la expropiación por vía
administrativa.

Por lo tanto, es obligación de la parte demandante demostrar en el proceso judicial
los errores que le atribuya a dicho avalúo. En sentencia de 14 de septiembre de 2020,
se expuso lo siguiente sobre el particular:

“[…] 5.2.3. [L]a Sala considera relevante precisar el alcance de la carga que recae
sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los actos de la
administración; no basta entonces con que se argumente que los mismos no
cumplieron con lo determinado en la norma para atacar la presunción de legalidad y
veracidad de que goza el avalúo oficial. Resulta indispensable que la parte

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera. Sentencia del 26 de febrero
de 2026, Radicación núm.: 25000-23-41-000-2016-01133-01. MP. Nubia Margoth Peña Garzón.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 05-001-23-33-000-2014-00872-01
Demandante: Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y otro
Demandado: Municipio de Medellín

demandante indique el defecto en que se ha incurrido y cuál es el impacto en el precio
que se ofreció por la administración conforme las normas que regulan la materia
[…]”16 .

Similares consideraciones se tuvieron en sentencia del 31 de julio de 2025:

[…] no es de recibo que los argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
oficial, que fundamentaron la expedición de los actos administrativos acusados,
sean que al ser mayor el precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente para decretar la nulidad
de los actos administrativos acusados.

Así discurrió la Sección, en la citada providencia:

[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más allá de controvertir o
desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo AV-466-07-36549-IDU realizado
por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá sobre el cual se sustentó la expedición de los
actos demandados, presentan características generales correspondientes a
cualquier avalúo; razón por la cual no le asiste razón al accionante cuando
indica que el a quo no tomó en cuenta estos avalúos, puesto que los mismos
no controvierten ni aportan pruebas sobre las cuales se pueda determinar
que el avalúo comercial realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá es
errado y no se encuentra ajustado a las normas sobre avalúos., valga decir,
no desvirtúa la presunción de legalidad que los cobija.

69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado ha indicado
que se presume la legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo
oficial, aun cuando en el informe técnico no se precisan las operaciones o
la forma como fueron calculados los valores correspondientes, por ello la
parte demandante debe aportar las pruebas para demostrar los errores de
este. [...].17 [Destacado fuera de texto].

En el presente caso, la parte demandante, hoy apelante, se limitó a sostener que el valor
indemnizatorio fijado para el inmueble expropiado mediante la Resolución núm. SSAA-
ADQ 0013 de 6 de agosto de 2013 resultaba inferior al avalúo catastral correspondiente
al año 2013. Sin embargo, dicha afirmación, por sí sola, no constituye un argumento
suficiente para desvirtuar la legalidad del acto administrativo sometido a control judicial.

En efecto, la actora incumplió la carga probatoria que le asistía, en cuanto no identificó
falencias técnicas concretas del avalúo oficial ni allegó dictamen pericial idóneo que,
además de proponer un valor distinto, explicara de manera fundada las eventuales
inconsistencias en que habría incurrido la entidad expropiante al fijar el precio
indemnizatorio.

Por el contrario, su inconformidad se limitó a destacar la diferencia existente entre el valor
del inmueble en el avalúo catastral y en el avalúo comercial oficial con radicado núm.
ER6587 realizado por el IGAC, sin ofrecer elementos técnicos que permitieran cuestionar

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de marzo

de 2026, radicación 25000-23-41-000-2016-00828-01. MP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. En la
sentencia transcrita se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, del 14 de septiembre de
2020, radicación núm. 05001-2331-000-2007- 00419-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de

2025. Proceso núm.: 08001-23-31-000-2006-02656 -02; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicado: 05-001-23-33-000-2014-00872-01
Demandante: Doricel De La Cruz Gaviria Mejía y otro
Demandado: Municipio de Medellín

la validez de este último. En tales condiciones, no se desvirtuó la presunción de legalidad
que ampara el avalúo oficial ni los actos administrativos que lo incorporaron.

A esta misma conclusión arribó esta Sección en la Sentencia de 1 de agosto de 2019,
proferida dentro del radicado núm. 05001-23-33-000-2014-00750-00, en la cual también
se examinó la legalidad de la Resolución núm. SSAA-ADQ 0013 del 6 de agosto de 2013.

Sobre este punto, se pone de presente que tal situación no configura el fenómeno de
cosa juzgada, comoquiera que existe diferencia en los demandantes, esto es, quienes
promovieron los correspondientes medios de control de nulidad y restablecimiento, razón
por la cual no se presenta identidad de partes del presente proceso y el entablado bajo
el radicado núm. 05001-23-33-000-2014-00750-0018. Dicho de otra forma, en el proceso
referido la parte demandante estaba conformada por una copropietaria del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria núm. 01N-5088366, distinta de las demandantes
del presente asunto.

En la comentada oportunidad también se cuestionó el acto administrativo por cuanto el
valor indemnizatorio reconocido con ocasión de la expropiación del inmueble era inferior
al avalúo catastral. Sobre ese punto de debate, la Sala señaló lo siguiente:

Ahora bien, en lo concerniente al argumento del apelante según el cual, el referido
avalúo debió tomar como base el valor del avalúo catastral del año 2013 por la suma
de $734,341,000 la Sala encuentra que, conforme señaló19 el Subdirector
Administrativo de Catastro, área de Planeación, del municipio de Medellín, en
respuesta a la prueba decretada por el a quo, para el inmueble ubicado en la calle
062 nro. 85-335 el incremento del avalúo catastral para el año 2013 tuvo como causa
una inconsistencia […] por cuanto la construcción que figuraba inscrita en la base de
datos catastral se encontraba demolida y el cálculo del avalúo catastral producto de
la actualización catastral se había realizado con base en una zona homogénea
geoeconómica que no le correspondía[…], razón por la cual se modificó oficiosamente
la inscripción catastral del predio con relación a su destinación económica y a su
avalúo catastral, mediante Resolución 9577 de septiembre 16 de 2014 con un avalúo
de $ 228,130,000 para la vigencia fiscal 2013, con fundamento en lo previsto en el
artículo 16 de la Resolución 1055 de 2012 del IGAC.

79. No obstante el evidente incremento del avalúo catastral presentado para el año
2013, corregido de oficio posteriormente por la Subdirección de Catastro del Municipio
de Medellín, para la Sala resulta claro que es el avalúo comercial del predio y no el
avalúo catastral del mismo, el determinante para la fijación del precio indemnizatorio
o de adquisición del inmueble, atendiendo a las consideraciones contenidas en el
artículo 61 de la Ley 388 de 1997, razón por la cual los argumentos del recurrente
según los cuales el mayor incremento en el avalúo catastral que se produjo para el
año 2013 significa un mayor precio indemnizatorio no tienen vocación de prosperidad.

80. Lo anterior resulta suficiente para concluir que también por este cargo el fallo
apelado debe confirmarse, pues la presunción de legalidad del acto enjuiciado no fue
desvirtuada por la parte actora, a la cual correspondía dicha carga, en tanto no
demostró que el avalúo efectuado por IGAC en cabeza del perito avaluador señor
Benjamin Herran Rodríguez fue equivocado.

18 Esta Sala ha actuado de la misma manera en casos similares, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 22 de enero de 2026. Proceso núm.:05001-
23-33-000-2014-00631-01; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
19 Cfr. Folios 203 a 208 cuaderno principal 2 en primera instancia.

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81. En suma, aparece evidente que el acto administrativo que ordena la expropiación
y contiene el precio indemnizatorio, no merece reproche alguno sobre su juridicidad,
razón por la cual debe mantenerse incólume la presunción de legalidad que lo ampara
y confirmarse la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.
[…]
Conclusiones
[…]
Es el avalúo comercial del predio y no el avalúo catastral del mismo, el determinante
para la fijación del precio indemnizatorio o de adquisición del inmueble, atendiendo a
las consideraciones contenidas en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, razón por la
que los argumentos del recurrente según los cuales el mayor incremento en el avalúo
catastral que se produjo para el año 2013 significa un mayor precio indemnizatorio no
se ajustan a las disposiciones en materia del establecimiento del precio
indemnizatorio en el trámite de expropiación administrativa20.

En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que no le asiste razón a la parte apelante en
sus reparos frente a las conclusiones del tribunal en lo relativo a la determinación del
precio indemnizatorio.

5.4.4. Del reparo en contra de condena en costas en primera instancia

La parte demandante en su escrito de apelación presentó reparo en contra de la condena
de costas en primera instancia. El tribunal resolvió lo siguiente sobre las costas
procesales:

LA CONDENA EN COSTAS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con lo preceptuado en
los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, como las pretensiones de la
demanda no prosperaron, se condena en costas agencias en derecho a la parte
demandante, las que serán liquidadas por Secretaría de esta Corporación, en virtud
de lo dispuesto por las normas antes citadas.

Sobre este aspecto, se observa que en virtud de los artículos 188 del CPACA y 365 del
Código General del Proceso (CGP), en especial de su numeral 8º, respecto de la condena
en costas, y a lo expuesto sobre el punto por esta corporación, la Sala advierte que esa
clase de condenas atiende a un criterio objetivo valorativo. Dicho criterio: (i) es objetivo
porque no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte
condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que ha
interpuesto, y (ii) es valorativo, porque se requiere en el expediente que el juez revise si
las mismas se causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad que efectivamente realiza dentro de
este21.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 1 de agosto

de 2019. Proceso núm.: 05001-23-33-000-2014-00750-00; M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 22 de enero
de 2026. Proceso núm.: 25000-23-41-000-2013-00761-01; M.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro.

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Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la totalidad
de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo habrá
lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral 8º del artículo 365 ibidem, «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

En este asunto, pese a que la parte demandante resultó vencida en primera instancia, se
advierte que en el expediente no están acreditadas expensas, gastos procesales o
agencias en derecho. Por lo tanto, la Sala revocará la condena que por tal concepto
impuso el a quo en el numeral tercero de la parte resolutiva.

Así las cosas, la Sala estima que, salvo lo relativo a la condena en costas, ninguno de
los cargos planteados por la parte demandante en el recurso de apelación tiene vocación
de prosperidad. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada, a excepción
del ordinal tercero de la parte resolutiva, que impuso condena en costas a la parte
demandante, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

5.5. Condena en costas

La Sala no condenará en costas en la presente instancia comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de septiembre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, a excepción del ordinal tercero de la parte resolutiva,
el cual se REVOCA, para, en su lugar, NEGAR la condena en costas en primera
instancia, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 25 de
junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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