Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00761-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00761-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2013-00761-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-41-000-2013-00761-01
Demandante: Telefónica International Wholesale Services America S.A.
Demandado: Banco de la República
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Registro de inversión extranjera por capitalización de deuda
originada en importación de un cable submarino de fibra óptica a la
zona económica exclusiva, ejecutada mediante un contrato de
mandato.
Decisión: Confirmar la sentencia del 29 de mayo de 2014, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, que denegó las pretensiones de la demanda, a
excepción del ordinal segundo de la parte resolutiva, relativo a la
condena en costas, el cual se revoca.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Telefónica
International Wholesale Services America S.A. contra la sentencia del 29 de mayo de
2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, que denegó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad Telefónica International Wholesale Services America S.A. (TIWS America),
compañía uruguaya, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda1
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)2, en contra del Banco de la República, en la cual formuló las
siguientes pretensiones:
A. Que se declare la nulidad total del Oficio DCIN - 14726 del 12 de julio de 2011, proferido
por la Subdirección Técnica (E) del Departamento de Cambios Internacionales del Banco
de la República.
B. Que se declare la nulidad total del Oficio DCIN - 22136 del 14 de octubre de 2011,
proferido por la Subdirección Técnica del Departamento de Cambios Internacionales del
Banco de la República, por medio del cual se resolvió el Recurso de Reposición
presentado contra la primera Resolución citada.
1 La demanda fue radicada el 6 de noviembre de 2012 y obra a folios 35 a 57 del cuaderno de primera
instancia.
2 Ley 1437 de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandado: Banco de la República
C. Que se declare la nulidad total del Oficio No. DCIN - 13637 del 26 de junio de 2012,
proferida por el Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República de
Colombia, por medio de la cual se resuelve el Recurso de Apelación presentado contra el
primer Oficio citado, actos referentes al rechazo del registro de una inversión extranjera
por parte de la sociedad extranjera TELEFÓNICA INTERNATIONAL WHOLESALE
SERVICE SERVICES AMERICA S.A., en la sociedad colombiana TELEFÓNICA
INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES COLOMBIA S.A.
D. Que se tenga como registrada bajo la normatividad cambiaria vigente, la operación
realizada por la Compañía TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICE
SERVICES AMERICA S.A como sumas con derecho a giro.
E. Que se declare que no corresponde a TIWS America el pago de las costas en que
incurra el Banco de la Republica con relación a la actuación administrativa, ni las de este
proceso3.
1.2. Hechos probados
De acuerdo con los planteamientos de las partes y las pruebas obrantes en el expediente,
la controversia tiene origen en los siguientes hechos:
1.2.1. La sociedad Telefónica International Wholesale Services Colombia S.A. (TIWS
Colombia), en calidad de mandante, y TIWS America, como mandatario, celebraron
contratos de mandato con el objeto de que esta última pagara en nombre de la primera:
(i) a Tyco Telecommunications (proveedor) el valor de un cable submarino de fibra óptica
(SAm-1) y (ii) a las sociedades de intermediación aduanera Almagran S.A. y Siaco S.A.,
los costos de la importación y nacionalización del bien. Dichas operaciones se llevaron a
cabo en el año 2007.
1.2.2. El cable fue tendido entre Puerto Rico y Barranquilla. TIWS Colombia presentó
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la declaración de
importación del cable tendido en aguas colombianas hasta la milla 12. El valor
correspondiente fue informado al Banco de la República como endeudamiento externo,
mediante el diligenciamiento del Formulario núm. 6, Información de Endeudamiento
Externo otorgado a Residentes.
1.2.3. Respecto del cable tendido de la milla 12 a la 200, área conocida como zona
económica exclusiva, TIWS Colombia no presentó declaración de importación.
1.2.4. TIWS America, a través de su representante en Colombia, mediante comunicación
con radicado DER-BOG-14269-2010 del 31 de marzo de 2010, solicitó al Banco de la
República el registro de las siguientes inversiones extranjeras, bajo la modalidad de
capitalización de sumas con derecho a giro originadas en los pagos que realizó en
nombre de TIWS Colombia por la importación del cable submarino y los gastos de
nacionalización de este, respaldadas en los contratos de mandato referidos:
(i) De la adquisición de 6’179.560 acciones de TIWS Colombia, por valor de
$6.179’560.000, equivalentes a US$3’083.043,554, correspondientes a la porción
del cable que va desde el punto de amarre hasta la milla 12.
3 Folios 35 y 36 del cuaderno 1.
4 Este registro fue concedido el 26 de julio de 2010.
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(ii) De la adquisición de 12’171.030 acciones por $12.171’030.000, equivalentes a
US$6’072.247,25, que corresponden a la porción del cable que va de la milla 12
a la 200 más los gastos de nacionalización.
1.2.5. Para resolver la solicitud, el jefe de la Sección de Registro y Procesos Cambiarios
del Banco de la República, mediante Oficio DCIN-22828 del 23 de noviembre de 2010,
solicitó a TIWS Colombia la siguiente información:
(…) solicitamos aclarar cuál es el tratamiento aduanero que se le dio a los bienes que se
están capitalizando.
Con respecto a la capitalización de USD755.253.06 correspondiente a gastos de
nacionalización se debe indicar el término de negociación INCOTERM utilizado para dicha
compra con el proveedor5. (Subrayas de la Sala).
1.2.6. El 19 de enero de 2011, TIWS Colombia le informó al Banco que el cable submarino
se encuentra nacionalizado hasta la milla 12, pues de la 13 a la 200 no fue objeto de
declaraciones de importación, de acuerdo con lo manifestado por la DIAN en el concepto
contenido en el Oficio 00103 del 11 de marzo de 2009. Además, le indicó que los
Términos de Comercio Internacional (o Incoterms, por su sigla en inglés) utilizados para
la capitalización de la suma de US$755.253,06, correspondientes a gastos de
nacionalización, pagados a las sociedades de intermediación aduanera Almagran S.A. y
a Siaco S.A., fueron los términos DDU.
1.2.7. La subdirectora técnica encargada del Departamento de Cambios Internacionales
del Banco de la República, mediante Oficio DCIN-14726 del 12 de julio de 2011, denegó
el registro de la inversión extranjera por valor de US$6.072.247,25, correspondiente a la
porción del cable que va de la milla 12 a la 200 más los gastos de nacionalización, al
considerar que:
a. La inversión objeto de solicitud no correspondía a ninguna de las modalidades
de inversión extranjera contempladas en el artículo 56 del Decreto 2080 de 20007,
sino que se originaba en un contrato de mandato. Señaló que “el concepto de
sumas con derecho a ser giradas al exterior es restringido y no cobija cualquier
tipo de obligación que un residente tenga con un no residente, sino que hace
referencia únicamente a aquellas que menciona el citado literal d) y las demás
5 Tomado de la página 3 del Oficio DCIN-14726 del 12 de julio de 2011 (folios 12 a 15 del cuaderno 1).
6 Se cita la versión vigente para la época de los hechos, que corresponde al texto modificado por el artículo
1 Decreto 4474 de 2005:
“Artículo 5. Modalidades. Las inversiones de capital del exterior podrán revestir, entre otras, las siguientes
modalidades:
a) Importación de divisas libremente convertibles para inversiones en moneda nacional;
b) Importación de bienes tangibles tales como maquinaria, equipos u otros bienes físicos, aportados al
capital de una empresa como importaciones no reembolsables. Igualmente, los bienes internados a zona
franca y que se aportan al capital de una empresa localizada en dicha zona;
c) Aportes en especie al capital de una empresa consistente en intangibles, tales como contribuciones
tecnológicas, marcas y patentes en los términos que dispone el Código de Comercio;
d) Recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al exterior tales como principal e intereses
de créditos externos, sumas debidas por concepto de importaciones reembolsables, utilidades con derecho
a giro y regalías derivadas de contratos debidamente registrados que se destinen a inversiones directas o
de portafolio;
e) Recursos en moneda nacional provenientes de operaciones locales de crédito celebradas con
establecimientos de crédito destinadas a la adquisición de acciones realizadas a través del mercado público
de valores”. (Subrayas de la Sala).
7 “Por el cual se expide el Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital
colombiano en el exterior”.
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que se deriven de operaciones obligatoriamente canalizables a través del
mercado cambiario a que hace referencia el artículo 78 de la Resolución Externa
8 de 2000”.
b. Los residentes únicamente podían obtener créditos en moneda extranjera de: (i)
las entidades financieras del exterior que se encuentran publicadas en la página
web del Banco de la República; (ii) de los intermediarios del mercado cambiario,
directamente o con cargo a recursos de las entidades públicas de redescuento,
y (iii) la colocación de títulos en los mercados internacionales de capitales. Estos
presupuestos no se cumplían en relación con la obligación surgida entre TIWS
Colombia y TIWS America en virtud del pago que esta última realizó a Almagran
S.A. y Siaco S.A. por los gastos de nacionalización del cable y la intermediación
aduanera, pues constituyó una operación de endeudamiento externo otorgada
por un no residente (TIWS America) no inscrito como entidad financiera ante el
Banco de la República, y que tampoco es un intermediario del mercado
cambiario.
1.2.8. El 2 de agosto de 2011, TIWS America interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación contra el Oficio DCIN-14726 de 12 de julio de 2011, y argumentó
lo siguiente:
a. Respecto de la parte del cable que va de la milla 13 a la 200 no se tuvo que
presentar una declaración de importación, de acuerdo con lo manifestado por la
DIAN en el concepto contenido en el Oficio 00103 del 11 de marzo de 2009, pero
eso no implicaba que no se hubiera configurado una importación por parte de
TIWS Colombia, pues el cable fue ingresado al territorio aduanero nacional, de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto 2685 de 19999. Por lo tanto, la acreencia no
se deriva del contrato de mandato, sino de la operación de importación de bienes
reembolsable y, conforme con el literal d del artículo 5 del Decreto 2080 de 2000,
se constituyó la inversión extranjera.
b. Los gastos de nacionalización que TIWS America pagó a las sociedades de
intermediación aduanera Almagran S.A. y Siaco S.A. hacían parte de los gastos
de la importación del cable, pues, aún bajo el término Incoterm DDU, las partes
convinieron que fuera “el vendedor” el que realizara los trámites de importación,
asumiendo los costos y los riesgos correspondientes. En consecuencia, se trató
de un endeudamiento externo contraído con un proveedor de bienes, operación
8 Artículo 7o. Operaciones. Las siguientes operaciones de cambio deberán canalizarse obligatoriamente a
través del mercado cambiario:
1. Importación y exportación de bienes.
2. Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país, así como los costos
financieros inherentes a las mismas.
3. Inversiones de capital del exterior en el país, así como los rendimientos asociados a las mismas.
4. Inversiones de capital colombiano en el exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas.
5. Inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el exterior, así como los rendimientos
asociados a las mismas, salvo cuando las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones
que no deban canalizarse a través del mercado cambiario.
6. Avales y garantías en moneda extranjera.
7. Operaciones de derivados.
9 “Por el cual se modifica la Legislación Aduanera”.
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autorizada por el artículo 1010 de la Resolución Externa 8 de 200011, expedida
por la Junta Directiva del Banco de la República, y el numeral 3.1 de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN-8312, dictada por el Banco de la República.
Es decir, que el pago efectuado por TIWS America a los intermediarios aduaneros
no podía entenderse separado de la importación y, en últimas, el pago que sobre
esto le realizó TIWS Colombia constituyó el reembolso de lo pagado en desarrollo
del mandato o de la propia importación, no un endeudamiento externo no
permitido.
1.2.9. El recurso de reposición fue resuelto desfavorablemente por la subdirectora técnica
del Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República, mediante el
Oficio DCIN-22136 del 14 de octubre de 2011, al considerar que:
a. La cuenta capitalizada surgió por la subrogación legal del acreedor, Tyco
Telecommunications (proveedor del cable) a TIWS America, lo que, por ministerio
de la ley, generó una nueva y diferente obligación entre TIWS Colombia y TIWS
America, pues en el mandato no se pactó que ello constituiría una cesión. Por lo
tanto, en los términos del artículo 5 del Decreto 2080 de 2000, el contrato de
mandato para el pago del cable submarino no produjo una modalidad válida de
inversión extranjera.
b. La obligación a cargo de TIWS Colombia y a favor de TIWS America,
correspondiente al pago que hizo esta última a las sociedades de intermediación
aduanera por los gastos de nacionalización, no constituye sumas con derecho a
giro originadas en una operación de obligatoria canalización, sino acreencias
provenientes de otro contrato de mandato suscrito entre ambas sociedades.
Explicó que los gastos relacionados con importaciones reembolsables sí pueden
hacer parte de la operación obligatoriamente canalizable, pero que ello solo
sucede cuando el proveedor del exterior los asume y su valor se incluye en la
factura emitida al importador. Empero, eso no ocurrió en este caso, pues los
gastos de nacionalización no fueron asumidos por el proveedor del exterior (Tyco
Telecommunications), sino por TIWS America.
Dijo que, independientemente de que en este caso exista o no contrato de mutuo,
desde el punto de vista del régimen cambiario “los actos, contratos y operaciones
en virtud de los cuales un residente resulte o pueda resultar acreedor o deudor
10 Texto modificado por la Resolución 1 de 2008:
“Artículo 10. Los residentes en el país deberán canalizar a través del mercado cambiario los pagos para
cancelar el valor de sus importaciones. Las importaciones podrán estar financiadas por el proveedor de la
mercancía, los intermediarios del mercado cambiario y entidades financieras del exterior.
La financiación de importaciones a un plazo superior a seis meses, contados a partir de la fecha del
documento de transporte, constituye una operación de endeudamiento externo. El correspondiente crédito
deberá informarse al Banco de la República dentro de los seis meses siguientes a la fecha del documento
de transporte, previa la constitución del depósito de que trata el artículo 26 de esta Resolución. El
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de la sanción respectiva por parte de la entidad
encargada del control y vigilancia del régimen cambiario.
Parágrafo 1. El depósito no se exigirá en el caso de importaciones de bienes de capital definidos en el
artículo 84 de la presente resolución.
Parágrafo 2. La financiación de importaciones por un valor inferior a diez mil dólares de los Estados Unidos
de América o su equivalente en otras monedas no deberá informarse al Banco de la República ni deberá
constituir el depósito de que trata el artículo 26 de esta resolución”.
11 “Por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales”.
12 “Manual de Cambios Internacionales”.
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de un no residente” constituyen operaciones de cambio en virtud del artículo 4 de
la Ley 9 de 1991, y además, corresponden a aquellas de obligatoria canalización
a través del mercado cambiario, de acuerdo con los términos señalados por el
artículo 1 del Decreto 1735 de 1993 y el artículo 7 del Decreto 2080 de 2000.
Entonces, en este caso se configuró una “operación de endeudamiento externo
pasivo prohibida” porque no fue otorgada por una entidad financiera del exterior,
en los términos del artículo 24 de la Resolución Externa 8 de 2000. Y arguyó que
considerar lo contrario supondría que, a través de figuras jurídicas como el
contrato de mandato, cualquier no residente pueda financiar a un residente,
eludiendo así los controles cambiarios que las normas establecen.
c. Enfatizó que, durante el procedimiento administrativo, la peticionaria siempre
enfocó la solicitud en que la capitalización se originaba en el desarrollo de los
contratos de mandato, y nunca en una importación reembolsable con derecho a
giro, como lo intentó argumentar en el recurso.
1.2.10. El recurso de apelación fue desatado también de manera desfavorable por el
director del Departamento de Cambios Internacionales, mediante Oficio DCIN-13637 de
26 de junio de 2012, que señaló lo siguiente:
a. De acuerdo con lo informado por la DIAN y con las definiciones contenidas en el
artículo 1 del Decreto 2685 de 1999, la zona económica exclusiva forma parte del
territorio aduanero nacional, por lo que la introducción del cable submarino entre
la milla 12 y la 200 sí constituyó una importación de bienes.
b. Sin embargo, TIWS Colombia no pagó de contado el cable submarino, sino en
un plazo superior a seis meses, razón por la cual se configuró una financiación
por parte del proveedor del exterior. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 10
de la Resolución Externa 8 de 2000, se configuró una operación de
endeudamiento externo que debía ser informada al Banco de la República dentro
de los seis meses siguientes, mediante el diligenciamiento del Formulario núm.
6, Información de Endeudamiento Externo otorgado a Residentes. Empero, tal
obligación fue incumplida, razón por la cual la inversión extranjera no es
susceptible de registro.
c. No es cierto que TIWS Colombia estuviera en imposibilidad legal de presentar la
declaración de importación y, por ende, de informar el endeudamiento. Adujo que
el director de Gestión de Aduanas de la DIAN, en respuesta a una consulta,
mediante oficio radicado en el Banco de la Republica con el número DER-BOG-
00803-2012 del 10 de enero de 2012, le informó que el concepto contenido en el
Oficio 00103 del 11 de marzo de 2009, invocado por la solicitante, solo se refería
a las “formalidades aduaneras propias a la introducción de mercancías y no a la
presentación de la declaración de importación”, y confirmó que la introducción de
mercancías a la zona económica exclusiva no estaba exenta de tal obligación.
d. Señaló que los gastos de nacionalización de la mercancía tampoco podían ser
registrados como inversión extranjera directa, debido a que la cuenta por pagar
capitalizada se originó en una prestación de servicios, y no en una operación
obligatoriamente canalizable a través del mercado cambiario, como se requeriría
para que pudiera ser considerada como una suma con derecho a ser remitida al
exterior. Además, estos gastos no pueden considerarse parte de la operación de
importación porque son adicionales al valor del bien y no fueron asumidos por el
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proveedor del exterior, sino por un tercero (TIWS America), lo cual no es
compatible con el término de negociación Incoterms DDU.
1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación
1.3.1. Telefónica International Wholesale Services America S.A. invocó como violados
los artículos 29, 83, 123 y 209 de la Constitución Política; los artículos 3, numerales 1º,
2º, 4º, 11º, 12º y 13º; 42, 44, 87 y 89 del CPACA, y el artículo 1 del Decreto 2685 de 1999.
1.3.2. En el concepto de la violación expuso los siguientes cargos:
1.3.2.1. “A. Violación al Principio de Legalidad de los actos administrativos - Violación al
artículo 1º del Decreto 2685 de 1999”
Se refirió al principio de legalidad y dijo que, de conformidad con el artículo 1 del Decreto
2685 de 1999, la importación consiste en la “introducción de mercancías de procedencia
extranjera al territorio aduanero nacional”, entendido este último como la “[d]emarcación
dentro de la cual se aplica la legislación aduanera; cubre todo el territorio nacional,
incluyendo (…) la zona económica exclusiva”. Por lo tanto, la adquisición de la porción
del cable tendido en la zona económica exclusiva, que va de las 13 a las 200 millas
náuticas, sí constituyó una importación, realidad que no podía ser desconocida por el
Banco de la República, so pena de incurrir en una extralimitación de funciones, pues esta
competencia corresponde a la autoridad aduanera (DIAN).
No obstante, alegó que, respecto de esa parte del cable no presentó declaración de
importación con fundamento en que la DIAN, en el concepto contenido en el Oficio 00103
del 11 de marzo de 2009, sostuvo que las formalidades de la introducción de mercancías
a territorio aduanero nacional no se extendían a la zona económica exclusiva, lo cual, en
todo caso, no significaba que la operación no hubiera constituido una importación
reembolsable de bienes al país.
Relató que, posteriormente, mediante oficio radicado en el Banco de la Republica con el
número DER-BOG-20552-2012 del 25 de mayo de 2012, la directora de Gestión Jurídica
de la DIAN varió el anterior criterio y manifestó que “la introducción de una mercancía a
la zona económica exclusiva constituye una importación y como tal se encuentra sujeta
al cumplimiento de las obligaciones aduaneras consagradas en la normativa vigente,
dentro de las cuales se destacan las referidas a la presentación de la Declaración de
Importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar”. Este
nuevo concepto, expuso, fue tenido en cuenta por el Banco de la República al denegar
el registro de la inversión extranjera a TIWS America.
Empero, a su juicio, TIWS Colombia debía ceñirse a lo manifestado por la autoridad
aduanera en el concepto vigente para la época en la que se realizó la importación, en
virtud del cual se encontraba en imposibilidad legal de presentar una declaración de
importación. Dijo que, aun si en gracia de discusión se aceptara que TIWS Colombia
estaba obligada a presentar declaración de importación respecto del cable tendido en la
zona económica exclusiva, el incumplimiento de ese deber no implicaba que no se
hubiera configurado una operación de importación reembolsable susceptible de registro.
Con base en lo anterior, la compañía demandante insistió en que TIWS Colombia sí tenía
con ella un pasivo derivado de una operación de importación de bienes, comoquiera que
le pagó a Tyco Telecommunications, proveedor original, el valor del cable, en virtud de
un contrato mandato que suscribieron para tal efecto. Por lo tanto, el Banco de la
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República no podía desconocer su derecho a capitalizar la suma correspondiente “por
una simple formalidad” que “estaba en imposibilidad de cumplir”, esto es, la presentación
de la declaración de importación por la porción del cable tendido en la zona económica
exclusiva.
Expuso que, pese a lo anterior, el Banco de la República denegó el registro de la inversión
extranjera destinada a la adquisición de acciones por valor de US$6’072.247,25, por parte
de TIWS America en la sociedad colombiana TIWS Colombia, por la capitalización de
acreencias, pues estimó que estas se originaban exclusivamente en el desarrollo del
contrato de mandato, sin tener en cuenta que este solo constituía un medio para el
desarrollo de la operación de importación.
Arguyó que el Banco debió adoptar la decisión con base en el criterio que había expuesto
la DIAN para el momento en el que se llevó a cabo la operación, es decir, el fijado en el
Oficio 00103 del 11 de marzo de 2009, y por tanto proceder a registrar la inversión
extranjera realizada. Actuar de manera contraria, alegó, implicaría obligar a los
administrados a predecir el futuro o a cumplir una obligación imposible.
De acuerdo con lo dicho hasta ahora, alegó que el Banco de la República desconoció la
verdadera naturaleza jurídica y económica de la operación de importación, lo que lo llevó
a incurrir en una extralimitación de funciones.
1.3.2.2. “B. Falsa Motivación al partirse de la existencia de un endeudamiento externo no
permitido por las acreencias derivadas del pago de gastos de nacionalización”
Recordó que, en el Oficio DCIN-14726 del 12 de julio de 2011, el Banco de la República
señaló que “Tampoco es admisible el registro de la capitalización de las acreencias
originadas en los gastos de nacionalización que efectúo directamente TIWS América a
las sociedades de intermediación aduanera AMAGRAN S.A Y SIACO S.A, en virtud del
contrato de mandato suscrito con la sociedad colombiana TIWS Colombia S.A., debido a
que esta constituiría una operación de endeudamiento externo otorgado por un no
residente no inscrito como entidad financiera del exterior en el Banco de la República, el
cual no se encuentra permitido por el régimen cambiario”.
Al respecto, argumentó que los pagos por gastos de nacionalización que efectúo TIWS
America a las sociedades de intermediación aduanera Almagran S.A. y Siaco S.A. hacían
parte de los gastos de importación del cable porque, pese a que el término Incoterms
DDU, que fue el utilizado, obliga a que el vendedor pague los costes de trasporte, lo cierto
es que en este caso las partes convinieron que “el vendedor”13 asumiera tales
obligaciones. Por lo tanto, no se configuró una operación de endeudamiento externo no
permitida y la obligación adquirida por TIWS Colombia con TIWS America sí hace parte
del valor de la importación.
Adujo que, en todo caso: (i) si se trata como un endeudamiento externo, este se contrajo
con un proveedor de bienes, como lo autoriza el artículo 10 de la Resolución Externa 8
de 2000 y el numeral 3.1 de la Circular DCIN-83, que señalan que las importaciones
pueden ser financiadas por el proveedor, los intermediarios del mercado cambiario y las
entidades financieras del exterior. Empero, la imposibilidad de efectuar un proceso de
importación, por las razones ya expuestas, impidió legalmente a TIWS Colombia el
registro del endeudamiento ante el Banco de la República; y (ii) aun si se aceptara que
no es un pasivo derivado de la importación, los pagos fueron realizados por TIWS
13 La demandante empleó el término vendedor, sin embargo, lo que alega es que en este caso se pactó
que no fuera el vendedor quien asumiera tal carga.
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Demandante: Telefónica International Wholesale Services America S.A.
Demandado: Banco de la República
America en cumplimiento de un contrato de mandato, por lo que deben ser reembolsados
por el mandante al mandatario, sin que se configure una deuda o crédito y, en últimas,
un endeudamiento externo.
1.3.2.3. “C. Violación al artículo 42 del C.P.A.C.A -Los Actos demandados adolecen de
indebida motivación”
Reiteró que la compañía estaba imposibilitada para formalizar la operación e informar el
endeudamiento externo, como lo pretendió el Banco, pues, a la vez, se encontraba en
imposibilidad legal de presentar una declaración de importación respecto del cable
tendido entre las millas 13 y 200. Como sustento de lo anterior, insistió en que el Banco
ignoró completamente lo manifestado por la DIAN en el concepto contenido en el Oficio
00103 del 11 de marzo de 2009, y se basó en el concepto emitido por la autoridad
aduanera en el año 2012, el cual contiene una interpretación descontextualizada del tema
objeto de litigio y, además, no correspondía al criterio aplicable a la época de los hechos.
De acuerdo con lo anterior, alegó que los argumentos en los que se fundamentan los
actos administrativos demandados son errados y no responden a la lógica ni a la realidad
y, por tanto, infringen el artículo 42 del CPACA, que establece que “[h]abiéndose dado
oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e
informes disponibles, se tomará la decisión que es motivada”. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la motivación de los actos administrativos demandados resulta indebida, al
no consultar la realizad de los hechos.
1.3.2.4. “D. Violación al artículo 29 de la Constitución Política Los Actos Administrativos
demandados vulneran el derecho al debido proceso de TIWS AMÉRICA por indebida
motivación”
Arguyó que “no puede entenderse como (sic) en este caso, el Banco de la República
aborda un asunto de registro de inversión, argumentando inexistencia de una operación
económica determinada como es el caso de una importación, dando relevancia a un
instrumento jurídico que mediatizó la importación como es el caso del contrato de
mandato, y negando de esta manera el registro de una inversión, impidiendo a la
Compañía disponer de estos montos para los fines propuestos”.
En tal sentido, “unos actos administrativos como los que ahora se demandan, no pueden
ser resueltas (sic) de manera superficial y en ausencia total de fundamentos de hecho y
Derecho que la soporten, pues la Ley obliga a que se haga con base en las pruebas que
reposan en el expediente”.
Adujo que la argumentación esgrimida por el Banco de la República en los actos
demandados no satisface las exigencias de ley, pues “con pruebas y argumentos
lógicamente desarrollados (no solo afirmaciones) ha debido revocar los Actos
administrativos por medio de los cuales se pretende legalizar una inversión del
demandante”. A su juicio, “la información contenida en los actos administrativos se
fundamenta en argumentos que no tienen asidero lógico, obligando al demandante a
escenarios de imposible incumplimiento (sic), convirtiendo por lo tanto los actos
administrativos demandados en actos ilegales”.
1.3.2.5. “E. Violación al derecho de defensa - Vulneración del artículo 29 de la Carta
Política”
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Señaló que los actos demandados le infringieron el derecho a la defensa, porque “no
consultan ningún elemento fáctico para soportar la decisión adoptada, y por el contrario
adoptan una decisión sobre presupuestos interpretados de manera errónea por la
Administración”, actuación que no puede ser admitida en un Estado de derecho como el
colombiano.
1.3.2.6. “F. Violación al artículo 83 de la Constitución Política Violación al principio de
Confianza Legítima y Buena Fe de los Actos demandados”
Señaló que la Corte Constitucional en la sentencia C-007 de 2002 expuso que el principio
de confianza legítima protege al inversionista de las alteraciones que pueden generarse
frente a un cambio súbito de la normatividad aplicable, “lo cual, en este caso, se observa
al tomarse una decisión respecto a la formalización de una inversión que afecta
claramente los intereses de la Compañía extranjera que en determinado momento confió
en un sistema jurídico y en el criterio del estado al momento de la formalización de un
requisito”.
Así mismo, indicó que el Consejo de Estado “en expediente 2003-080” explicó que la
confianza legítima involucra la durabilidad de la regulación y la protección frente a las
alteraciones que se generarían con el cambio súbito de la misma, las cuales no se
podrían predicar sino respecto de normas que han estado vigentes por muy largo período,
que no han estado sujetas a modificaciones ni propuestas de reforma, y que no es
discrecional para las autoridades suprimirlas.
De acuerdo con lo anterior, alegó que el Banco de la República no podía desconocer el
derecho de la compañía a registrar la inversión extranjera correspondiente a la operación
de importación que se llevó a cabo de acuerdo con “una lectura racional, juiciosa, seria y
estudiosa de la normatividad aplicable”, “pero imposibilitado a cumplir sus requisitos
formales”; menos aún, aplicando un criterio que no existía y no debía ser conocido por la
sociedad al momento de los hechos, con lo que infringió los principios de buena fe,
confianza legítima y seguridad jurídica.
Además, señaló que el “argumento principal del Banco de la República (…) se basa en
afirmar que las operaciones realizadas no son susceptibles de registro y capitalización,
por cuanto no se encuentran dentro de las mencionadas en el literal d y las demás que
se deriven de operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario
a que hace referencia el artículo 7 de la Resolución Externa 8 de 2000”, argumentos que
“no demuestran un análisis juicioso del caso en particular, para determinar que la
Compañía no puede ser cobijada por el registro de la inversión extranjera”.
1.3.2.7. “G. Violación al artículo 124 (sic) y 209 de la Constitución Política - Los actos
demandados exceden el límite de discrecionalidad de la Administración”
Alegó que los actos demandados infringen los artículos 123 y 209 de la Constitución
Política, “pues la ausencia de motivación representa un desinterés por la prestación
adecuada de un servicio a la colectividad y además, una flagrante vulneración de las
normas constitucionales y legales”. Así mismo, señaló que, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, la falta de motivación de los actos
administrativos “representa una clara manifestación de un exceso de las potestades
administrativas y además, un agravio contundente contra la Carta Política”.
Adujo que el Oficio DCIN-14726 del 12 de julio de 2011 y el Oficio DCIN-13637 del 26 de
junio de 2012 no expusieron una motivación debida al denegar el registro de inversión
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extranjera, pues no tienen fundamento jurídico o fáctico, por lo que incumplen la finalidad
constitucional de la administración.
Además, señaló que “los Actos demandados no demuestra un examen juicioso de los
elementos fácticos y jurídicos puestos a disposición de la administración, ni consulta
como interés o finalidad la protección de los intereses del estado y el particular, en este
caso TIWS AMÉRICA, pues sin reparo alguno adopta la decisión negar el registro de la
inversión sin fundamentar adecuadamente tal decisión”.
1.3.2.8. “H. Los Actos demandados atentan contra la naturaleza de los actos
administrativos”
Alegó que el Banco de la República profirió los actos administrativos demandados sin
exponer los motivos o explicar las razones de hecho y de derecho que sustentan sus
afirmaciones. Lo anterior, por cuanto “parten de un punto que no es de recibo de
conformidad con la realidad de las operaciones económicas entre las Compañías, lo que
permite concluir que existe una indebida fundamentación fáctica de la decisión que la
hace nula”.
Dijo que “los Actos Administrativos demandados carecen de una debida motivación, pues
adopta una decisión frente al caso particular de mi representada sin acudir ni explicar
cuáles fueron los argumentos jurídicos ni las condiciones fácticas que llevaron al Banco
a realizar tales afirmaciones, y tomar la decisión de negar la solicitud de registro de
inversión presentada por TIWS AMÉRICA”.
II. TRÁMITE DE LA DEMANDA
2.1. Mediante auto del 4 de junio de 201314, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, inadmitió la demanda porque no se informó la dirección
electrónica de la demandada y no se estimó la cuantía.
2.1.1. TIWS America subsanó la demanda mediante escrito del 14 de junio de 201315, en
el que indicó la dirección electrónica para notificaciones judiciales del Banco de la
República, y en relación con la cuantía, manifestó lo siguiente:
De conformidad con lo establecido en el numeral 6° del artículo 162 del C.P.A.C.A.,
comedidamente solicito tener en cuenta la cifra de DOCE MIL CIENTO SETENTA Y UN
MILLONES TREINTA MIL PESOS ($12.171.030.000) como la estimación razonada de la
cuantía en este proceso. Esta suma es la relativa al valor de la adquisición de 12.171.030
acciones por parte de la empresa Telefonica International Wholesale Services America de
Uruguay en la sociedad colombiana Telefonica International Wholesale Services Colombia
S.A.
De cualquier forma existe una cuantía indeterminada por los posibles perjuicios que se
cause a la Compañía, producto del rechazo del registro de la inversión extranjera.
(Negrillas del original).
2.1.2. En consecuencia, la demanda fue admitida por el Tribunal a través de auto del 2
de julio de 201316.
14 Folios 81 a 83 del expediente en primera instancia.
15 Folios 84 a 87 ibidem.
16 Folios 89 a 93 ibidem.
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2.2. El Banco de la República presentó contestación17 por intermedio de apoderado,
quien expuso los siguientes argumentos:
2.2.1. Frente a los hechos de la demanda, alegó que TIWS America había
descontextualizado el concepto contenido en el Oficio 00103 del 11 de marzo de 2009,
expedido por la DIAN. Además, este fue emitido por el Director de Gestión de Aduanas,
funcionario que no es competente para absolver de manera general las consultas que se
formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas aduaneras o de comercio
exterior y en materia de control cambiario, atribución que está en cabeza de la Dirección
de Gestión Jurídica de esa entidad.
Citó, entre otras, las comunicaciones con radicados DER-BOG-00803-2012 del 10 de
enero de 2012, proferida por la Dirección de Gestión de Aduanas, y DER-BOG-01360-
2012 del 12 de enero de 2012 y DER-BOG-20552-2012 del 25 de mayo de 2012, emitidas
la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, que señalan que la zona comprendida entre
las millas 13 y 200 sí forma parte del territorio aduanero nacional. Con fundamento en
estas, alegó que la introducción de mercancías a esa zona sí constituye una importación
y, por tanto, está sujeta al cumplimiento de la obligación aduanera, incluida la
presentación de la declaración de importación y el pago de tributos.
Por otra parte, dijo que los gastos de nacionalización pagados a Almagran S.A. y Siaco
S.A. no eran parte de la importación ni del valor del bien. Agregó que dichos gastos no
fueron pagados por el proveedor del exterior (Tyco Telecommunications), sino por un
tercero (TIWS America). Por lo tanto, el pago constituyó una operación de endeudamiento
externo otorgada por un no residente (TIWS America) que no estaba inscrito ante el
Banco como entidad financiera del exterior, lo cual no estaba permitido por el régimen
cambiario vigente en esa fecha.
2.2.2. Luego, se refirió a cada uno de los cargos de nulidad planteados en la demanda,
así:
2.2.3. Refutó la alegada infracción del principio de legalidad y sostuvo que la posición
adoptada por el Banco de la República en todo momento se ajustó plenamente a lo
dispuesto en el régimen cambiario y de inversiones internacionales, así como a lo
conceptuado por las autoridades competentes en el ámbito aduanero, sin que en ningún
momento desconociera o se extralimitara en sus facultades.
Más concretamente, adujo que la regulación aplicable al caso dispone que: (i) el
inversionista debe cumplir con la calidad de no residente (Decreto 1735 de 1993); (ii) los
aportes deben corresponder a importaciones reembolsables o utilidades con derecho a
giro (literal d del artículo 5 del Decreto 2080 de 2000); (iii) los recursos se deben destinar
a la realización de la inversión en los términos del artículo 318 del Decreto 2080 de 2000,
17 Folios 117 a 129 ibidem.
18 Se cita la versión vigente para la época de los hechos, que corresponde al texto adicionado (numeral vi)
literal a) por el artículo 1 Decreto 2466 de 2007 y modificado por el artículo 4 del Decreto 2466 de 2007:
“Artículo 3º. Definiciones sobre inversiones de capital del exterior. Son inversiones de capital del exterior la
inversión directa y la inversión de portafolio.
a) Se considera inversión directa:
i) La adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, aportes representativos del capital de una
empresa o bonos obligatoriamente convertibles en acciones,
ii) La adquisición de derechos en patrimonios autónomos constituidos mediante contrato de fiducia
mercantil bien sea como medio para desarrollar una empresa o para la compra, venta y administración de
participaciones en empresas que no estén registradas en el Registro Nacional de Valores e Intermediariosa,
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que define las inversiones de capital del exterior en Colombia, y (iv) con la solicitud de
registro de inversión extranjera se debe presentar el certificado del revisor fiscal o
contador público de la empresa receptora, y cuando se trate de capitalización de deuda
externa sujeta a informe al Banco de la República, en el certificado deberá constar el
número de identificación del crédito informado, de acuerdo con lo establecido en la
Circular Reglamentaria Externa DCIN-83.
Dijo que el Banco no ha desconocido en ningún momento que la autoridad aduanera es
la DIAN, ni que es esta la facultada para determinar si se configuró o no una importación.
Por lo anterior, en varias oportunidades le solicitó conceptos con el fin de esclarecer la
interpretación de las normas cambiarias aplicables.
Adujo que el artículo 10 de la Resolución Externa 8 de 2000, aplicable a la financiación
de importaciones de bienes con documentos de transporte fechados antes del 1º de
septiembre de 2010, establece que la financiación de importaciones a un plazo superior
a seis meses, contados a partir de la fecha del documento de transporte, constituye una
operación de endeudamiento externo y que, por tanto, de conformidad con el numeral
3.1.1 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83, el crédito debió ser informado al
Banco de la República dentro de los seis meses siguientes a la fecha del documento de
transporte, mediante el diligenciamiento del Formulario núm. 6. Empero, tal obligación no
fue cumplida por TIWS Colombia.
Con base en lo anterior, rechazó el argumento del demandante según el cual era
imposible informar la deuda externa porque la DIAN no permitía una declaración de
importación. Aseveró que, por el contrario, la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83
no exigía la existencia de una declaración de importación para poder informar el
endeudamiento, sino únicamente la fecha del documento de transporte.
2.2.4. Alegó que no se configuró la falsa motivación alegada pues el Banco “expresó
los motivos que fundamentaron las decisiones demandadas, los cuales correspondieron
a una concreta relación entre los hechos y las consideraciones jurídicas que le asistieron,
de tal manera que lo resuelto corresponde a la realidad de los acontecimientos”.
iii) la adquisición de inmuebles, así como títulos de participación emitidos como resultado de un proceso
de titularización inmobiliaria de un inmueble o de proyectos de construcción o a través de fondos
inmobiliarios previstos en las normas legales pertinentes, ya sea por medio de oferta pública o privada,
iv) los aportes que realice el inversionista mediante actos o contratos, tales como los de colaboración,
concesión, servicios de administración, licencia o aquellos que impliquen transferencia de tecnología,
cuando ello no represente una participación en una sociedad y las rentas que genere la inversión para su
titular dependan de las utilidades de la empresa;
v) Inversiones suplementarias al capital asignado de las sucursales
vi) La adquisición de participaciones en fondos de capital privado
b) Se considera inversión de portafolio la inversión en acciones, bonos obligatoriamente convertibles en
acciones y otros valores inscritos en el registro nacional de valores, de acuerdo con lo establecido en el
título III, capítulo III de este decreto.
Parágrafo 1º. No constituyen inversión extranjera los créditos y operaciones que impliquen endeudamiento.
Constituye infracción cambiaria la realización por residentes en el país de operaciones de endeudamiento
externo con divisas que hayan sido declaradas como inversión extranjera.
Parágrafo 2º. Para efectos del presente decreto se entiende por empresa lo previsto en el artículo 25 del
Código de Comercio, así como las entidades sin ánimo de lucro y las entidades de naturaleza cooperativa.
Parágrafo 3º. Las empresas a que hace referencia el ordinal ii) del literal a) del presente artículo podrán
inscribirse posteriormente en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, de acuerdo con las
disposiciones correspondientes. En el evento en que las empresas en donde haya invertido el patrimonio
autónomo se inscriban en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, aquel deberá comenzar a ser
administrado como un fondo de capital extranjero y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo III del
título III del Decreto 2080 de 2000”.
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2.2.5. Luego, explicó las circunstancias en las que, de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado se puede presentar indebida motivación, y aseveró que los actos
administrativos atacados no adolecen de ese vicio.
2.2.6. Arguyó que los actos demandados respetaron el debido proceso, derecho que
comprende el juzgamiento de acuerdo con leyes preexistentes, la presunción de
inocencia, el derecho de defensa, la publicidad del juicio, la prohibición de dilatar
injustificadamente la tramitación, la controversia probatoria y la posibilidad de
impugnación.
2.2.7. Sostuvo que el Banco respetó el derecho a la defensa, como puede corroborarse
en los documentos que soportan las actuaciones administrativas materia del proceso,
pues brindó a TIWS America la oportunidad de controvertir sus decisiones y pedir
pruebas.
Agregó que en todo caso no basta con citar los artículos constitucionales que consagran
cada uno de los derechos supuestamente vulnerados, sino que es indispensable precisar
de qué manera fueron transgredidos con los actos administrativos que negaron el registro
de la inversión extranjera.
2.2.8. Arguyó que no se configuró la violación a la confianza legítima y la buena fe, pues
el Banco no alteró las reglas de la inversión extranjera en Colombia.
2.2.9. Por otro lado, propuso las siguientes excepciones: (i) falta de agotamiento del
requisito de conciliación extrajudicial, pues la actora presentó la solicitud el mismo día en
el que interpuso la demanda, esto es, el 6 de noviembre de 2012; (ii) falta de integración
del litisconsorcio necesario por pasiva, porque no se incluyó como demandada a la DIAN,
y (iii) sostuvo que el Banco actuó en estricto cumplimiento de sus funciones como
autoridad cambiaria y garante del régimen de inversiones, establecidas en el artículo 372
de la Constitución Política, y que garantizó el debido proceso a la demandante.
2.3. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del CPACA, el despacho
sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, celebró audiencia inicial el 11 de febrero de 201419, a la cual asistieron las partes
demandante y demandada.
En la etapa de decisión de excepciones, el despacho determinó que: (i) el requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial estaba cumplido porque la constancia de
agotamiento del trámite se allegó antes de que se dictara el auto admisorio de la
demanda; (ii) la DIAN no era litisconsorte de la parte demandada, y (iii) lo relacionado
con el cumplimiento de un deber legal debía ser abordado en la sentencia.
Luego, se fijó el litigio de la siguiente manera:
En consecuencia de lo anterior y toda vez que el litigio debe centrarse en los hechos sobre
los cuales no están de acuerdo las partes intervinientes, situación que se observa en el
asunto, se considera que el litigio se contrae a establecer la veracidad de los hechos
presentados por la sociedad demandante y la legalidad de los actos administrativos
acusados frente a los cargos de nulidad propuestos en la demanda.
Seguidamente, se agotaron las etapas de intento de conciliación y decreto de pruebas.
Al respecto, el despacho sustanciador advirtió que el Banco de la República había
19 Folios 409 a 462 del expediente de primera instancia.
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allegado los antecedentes administrativos. Además, decretó varias pruebas
documentales y fijó como fecha para la audiencia de pruebas el 9 de abril de 2014.
2.4. En la audiencia de pruebas, de conformidad con el artículo 181 del CPACA, el
despacho sustanciador corrió traslado para alegar de conclusión por considerar
innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento.
2.5. La demandante20 y el Banco de la República21 presentaron escritos de alegatos de
conclusión. El Ministerio Público no rindió concepto.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 29 de mayo de 201422, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, denegó las pretensiones de la demanda
al considerar que el Banco de la República actuó correctamente al negar el registro de la
inversión extranjera, ya que la operación de capitalización de acreencias a favor de TIWS
America no se enmarcaba en las normas cambiarias y de inversión, por las razones que
se desarrollan a continuación.
3.1. En cuanto al cargo de violación del principio de legalidad, sostuvo que la
capitalización de acreencias que se pretendió registrar no correspondía a ninguna de las
operaciones señaladas en el artículo 3 del Decreto 2080 de 2000, sino que se podía
enmarcar en lo dispuesto en el parágrafo 1°23, es decir, como un endeudamiento externo
que no puede constituir inversión extranjera, por cuanto TIWS Colombia (residente)
adquirió una deuda con TIWS America (no residente), como consecuencia de que esta
última pagara, en virtud de contratos de mandato, al proveedor del cable (Tyco
Telecommunications), así como a los intermediarios aduaneros (Almagran S.A. y Siaco
S.A.) por los costos de nacionalización.
Argumentó que la capitalización de acreencias derivada de los contratos de mandato
mercantil no encajaba en ninguna de las modalidades de inversión de capital del exterior
permitidas por el artículo 5 del Decreto 2080 de 2000. Es decir, que no correspondía a
recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al exterior, como utilidades,
regalías o sumas por importaciones reembolsables, pues no se siguió el procedimiento
necesario para ello.
Aseveró que, como la operación constituyó un endeudamiento externo, TIWS Colombia
debió seguir el procedimiento cambiario establecido para la financiación de
importaciones. Por tanto, como existió una financiación a través de un tercero (TIWS
America), conforme con el numeral 5.1.224 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-
20 Folios 324 a 331 ibidem.
21 Folios 332 a 339 ibidem.
22 Folios 409 a 462 ibidem.
23 “Artículo 3º. Definiciones sobre inversiones de capital del exterior. Son inversiones de capital del exterior
la inversión directa y la inversión de portafolio. (…)
Parágrafo 1º. No constituyen inversión extranjera los créditos y operaciones que impliquen endeudamiento.
Constituye infracción cambiaria la realización por residentes en el país de operaciones de endeudamiento
externo con divisas que hayan sido declaradas como inversión extranjera. (…)”. (Subrayas de la Sala).
24 5.1.2. Información de endeudamiento externo otorgado a residentes
El endeudamiento externo otorgado a residentes y los créditos regulados en el artículo 45 de la R.E 8/00
J.D, deberán informarse al BR a través de los IMC.
Dicha información deberá presentarse diligenciando el Formulario No. 6 “Información de Endeudamiento
Externo otorgado a Residentes”, en original y una copia. El IMC exigirá la presentación de los documentos
previstos para cada tipo de operación y verificará que coincidan con los datos del informe, incluyendo los
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83, debió informarlo al Banco de la República mediante el diligenciamiento del Formulario
núm. 6, Información de Endeudamiento Externo otorgado a Residentes, obligación que
fue incumplida. A su juicio, la anterior situación:
(…) conllevó a la sociedad hoy demandante a utilizar la figura de registro de las
inversiones extranjeras producto de la capitalización de acreencias en la sociedad TIWS
COLOMBIA S.A., derivados de las sumas debidas por concepto de la importación
realizada por TIWS COLOMBIA S.A., al proveedor TYCO, en desarrollo de los contratos
de mandato suscritos por estas entidades, pretendiendo enmarcarla en la modalidad del
literal d) del artículo del decreto 2080 de 2000 citado, por lo que fue acertada la negativa
del registro por parte del Banco de la República.
En tal sentido, adujo que la solicitud de registro como inversión fue un intento de eludir el
procedimiento y posiblemente evitar las consecuencias de no haber informado el
endeudamiento a tiempo.
Argumentó que el informe de endeudamiento externo no era una obligación de imposible
cumplimiento, como lo asevera el demandante, por lo que era legalmente válido que el
Banco de la Republica lo exigiera, independientemente de que contara o no con la
declaración de importación.
Examinó el acta núm. 003 de la reunión del 27 de noviembre de 2009, de la Asamblea
de TIWS Colombia y advirtió que en esta se autorizó una capitalización de las acreencias
registradas a favor de TIWS America, de conformidad con las obligaciones derivadas del
contrato de mandato, y no del producto de una importación de bienes reembolsables,
como lo pretendió hacer ver la demandante. En todo caso, para aplicar la modalidad
prevista en el literal d del artículo 5 del Decreto 2080 de 2000, la sociedad TIWS Colombia
debió cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 2685 de 1999, pues en efecto se
llevó a cabo una importación del cable entre las millas 13 y 200, comoquiera que el
artículo 1 de dicho Estatuto incluye explícitamente esa zona en el territorio aduanero
nacional y, en consecuencia, se hacía obligatoria la presentación de la declaración de
importación, lo que no se hizo.
3.2. Frente al cargo de falsa motivación, reiteró las razones aducidas por el Banco de
la República en los actos demandados en cuanto a la existencia de un endeudamiento
externo no permitido por las acreencias derivadas del pago de los gastos de
nacionalización y, de acuerdo con estas, advirtió que TIWS Colombia no observó los
requisitos de ley, con lo que pudo incluso incurrir en una infracción de tipo cambiario.
Entonces, concluyó que las razones para negar el registro se ajustaban al ordenamiento
jurídico y a la situación fáctica que se le presentó a la autoridad demandada.
datos y monto del depósito de que tratan los artículos 16 y 26 de la R.E 8/00 J.D., cuando haya lugar a su
constitución. En los casos en los que se requiera el depósito, el Formulario No. 6 “Información de
Endeudamiento Externo otorgado a Residentes” deberá presentarse ante el mismo IMC a través del cual
se constituyó el depósito.
Cuando se trate de créditos en moneda extranjera originados en reorganizaciones empresariales
internacionales, en virtud de las cuales un residente quede a cargo del cumplimiento de operaciones de
endeudamiento en moneda extranjera, el Formulario No. 6 “Información de Endeudamiento Externo
otorgado a Residentes” deberá presentarse al BR, a través de los IMC, previo al primer pago de capital o
intereses o, en todo caso, antes del plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de inscripción en
el registro mercantil de la escritura pública que perfecciona el acto. Estas operaciones no se encuentran
sometidas al depósito de que trata el artículo 26 de la R.E 8/00 J.D.
Los IMC deberán transmitir al BR, vía electrónica, la totalidad de los datos contenidos en los Formularios
No. 6 “Información de Endeudamiento Externo otorgado a Residentes” de acuerdo con los términos y
condiciones establecidas en el Anexo No. 5 de esta Circular.
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3.3. Luego, argumentó que los actos demandados tampoco adolecían del vicio de
indebida motivación, pues expusieron las razones que dieron lugar a negar el registro de
la inversión extranjera. Además, en la actuación administrativa se observaron las reglas
y trámites previos, esto es, se dio la oportunidad a la parte demandante de exponer sus
puntos de vista, así como de pedir y aportar pruebas.
3.4. Por otro lado, dijo que la demandante no podía alegar la violación de la confianza
legítima con base en un concepto de la DIAN, pues la negativa del Banco no se basó en
un cambio de criterio de esa entidad, sino en la aplicación directa de la normativa vigente,
que la demandante no cumplió.
3.5. De acuerdo con lo expuesto, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte actora, en “atención a lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011”.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
TIWS America interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 29 de mayo de
2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, y expuso los siguientes argumentos25:
4.1. En cuanto a la violación al principio de legalidad, reiteró que TIWS Colombia estuvo
imposibilitada para presentar declaraciones de importación sobre el cableado tendido
entre las millas 13 y 200, en atención al concepto contenido en el Oficio 00103 del 11 de
marzo de 2009, expedido por la DIAN, y que, como consecuencia de ello, tampoco pudo
informar del endeudamiento externo al Banco de la República.
Arguyó, contra los argumentos del fallo apelado, que tal circunstancia no podía derivar
en el desconocimiento del pasivo que TIWS Colombia tenía con TIWS America, producto
de la operación de importación reembolsable, pues la demandante le pagó al proveedor
original las sumas convenidas, en virtud del mandato.
Insistió en que “nos encontramos ante un crédito externo proveniente de una importación
de bienes, que en razón a las limitaciones legales para cumplir las formalidades propias
de una importación, no pudieron ser registradas como tales ante el Banco de la
República, pero que por lo demás cumplen con los requisitos legales para ser
consideradas como sumas con derecho a giro, susceptibles de ser objeto de
capitalización como inversión extranjera”.
4.2. Argumentó que el Tribunal desestimó, sin asidero jurídico, el cargo de falsa
motivación, pues no sustentó la conclusión según la cual se había incumplido la
obligación de informar el endeudamiento, lo que, en todo caso, era improcedente.
Reiteró que los pagos que efectuó TIWS America a las sociedades de intermediación
aduanera Almagran S.A. y Siaco S.A. sí hacían parte de los gastos de importación del
cable, porque, si bien el término Incoterm utilizado (DDU) obliga a que el vendedor pague
los costes de transporte y asuma los riesgos hasta que los bienes hayan sido entregados
al comprador, lo cierto es que en este caso las partes acordaron que fuera “el vendedor”
quien asumiera esas cargas.
Dijo que, en consecuencia, como la obligación que surgió para TIWS Colombia frente a
TIWS América hacía parte del valor de la importación del cable submarino, mal podría
25 Mediante dos memoriales visibles a folios 368 a 410 ibidem.
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afirmarse que se realizó una operación de endeudamiento externo no permitida. En tal
sentido, insistió en que: (i) se trata como un endeudamiento externo contraído con un
proveedor de bienes, como lo autoriza el numeral 3.1 de la Circular Reglamentaria
Externa DCIN-83 y el artículo 10 de la Resolución Externa 8 de 2000, y que la
imposibilidad de efectuar un proceso de importación impidió legalmente a TIWS Colombia
registrar el endeudamiento respectivo ante el Banco de la República, y (ii) si en gracia de
discusión se considerara que no es un pasivo derivado de la importación de bienes, el
pago de estas sumas lo efectuó TIWS America en cumplimiento de un contrato de
mandato, razón por la cual no se configuró un endeudamiento externo.
4.3. Alegó que el Tribunal desconoció que los actos demandados estaban viciados de
indebida motivación como consecuencia de la inobservancia del concepto de la DIAN
que sustentó la actuación de la demandante. En tal sentido, aseveró que el a quo no le
había dado el “entendimiento efectivo” a sus argumentos relacionados con la inviabilidad
de informar un endeudamiento externo, como consecuencia de la imposibilidad de
presentar una declaración de importación.
Agregó que el a quo adoptó la decisión “amparándose en argumentos que exceden la
competencia del Banco de la República, esto es, respaldando la inexistencia de una
operación económica determinada, dando relevancia a un instrumento jurídico que
mediatizó la importación como es el caso del contrato de mandato, y negando de esta
manera el registro de la inversión, impidiendo a la Compañía disponer de estos montos
para los fines propuestos”.
En cuanto a la alegada violación del debido proceso, aseveró que el a quo desconoció
que “hubo una actuación arbitraria por parte del Banco de la República, quien SÍ incurrió
en una indebida motivación al desatender la normativa vigente al momento de la
operación y además emitió un rechazo con base en fundamentos que exceden su
competencia”.
Reiteró que los actos demandados se fundamentan en argumentos sin asidero lógico y
jurídico, y no tuvieron en cuenta los argumentos de la compañía, y que, aun cuando se
le dio la oportunidad de presentar los recursos de la vía gubernativa, estos no fueron
resueltos en debida forma, “desatendiendo la realidad económica del negocio”.
Además, señaló que el a quo desconoció los artículos 123 y 209 de la Constitución
Política al resolver el cargo de indebida motivación. Reiteró que “los actos demandados
no presentan una motivación debida al adoptar la decisión de negar la solicitud de registro
de inversión extranjera, sin tener fundamento jurídico o factico, y excediendo sus
funciones al determinar el alcance y requisitos para la procedencia de una declaración
de importación, cuya competencia esta en cabeza de la Autoridad en Aduanas”.
4.4. Advirtió que, al señalar que el Banco de la República resolvió el asunto con
fundamento en las normas aplicables, y no en el concepto expedido por la DIAN el 25 de
mayo de 2012, el a quo reconoció que este podía no ser aplicado. Sin embargo, no
reconoció que, al aplicarlo, los actos demandados vulneraron el principio de confianza
legítima porque con ello desestimaron el concepto contenido en el Oficio 00103 del 11
de marzo de 2009, que era el criterio vigente al momento de la operación económica.
4.5. Por último, se opuso a la condena en costas, pues estima que estas no se causaron
ni fueron probadas y, además, la compañía no actuó con temeridad ni mala fe.
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V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El recurso de apelación fue admitido mediante proveído del 15 de febrero de 201626.
5.2. Luego, mediante auto de 11 de diciembre de 201827, el magistrado sustanciador
corrió traslado a las partes por el término de diez días para que presentaran sus alegatos
de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
5.2.1. El Banco de la República presentó escrito de alegatos de conclusión28 en el que
reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.
5.2.2. Telefónica International Wholesale Services America S.A. presentó escrito de
alegatos de conclusión29 en el que reiteró los argumentos de la demanda y la apelación.
5.2.3. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.
6.2. Actos demandados
6.2.1. El Oficio DCIN-14726 del 12 de julio de 2011, por medio del cual la subdirectora
técnica encargada del Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la
República denegó a la sociedad uruguaya TIWS America el registro de la inversión
extranjera destinada a la adquisición de 12’171.030 acciones por valor de
$12.171’030.000 (US$6’072.247,25) en la sociedad colombiana TIWS Colombia, por
capitalización de las acreencias originadas en los siguientes pagos, realizados en virtud
de un contrato de mandato: a. la porción de un cable submarino de fibra óptica tendido
entre las 12 a las 200 millas náuticas, pagados por TIWS America al proveedor Tyco
Telecommunications; y b. los gastos de nacionalización de ese bien, pagados a las
sociedades de intermediación aduanera Almagran S.A. y a Siaco S.A.
6.2.2. El Oficio DCIN-22136 del 14 de octubre de 2011, proferido por la subdirectora
técnica del Departamento de Cambios Internacionales, por medio del cual se resolvió de
manera desfavorable el recurso de reposición presentado contra el anterior acto.
6.2.3. El Oficio DCIN-13637 del 26 de junio de 2012, proferido por el director del
Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República, que resolvió
desfavorablemente el recurso de apelación.
En este punto, conviene señalar que, en suma, las razones por las cuales el Banco de la
República denegó el registro de la inversión extranjera son las siguientes30:
26 Folio 4 del cuaderno de segunda instancia.
27 Folio 26 ibidem.
28 Folios 32 a 34 ibidem.
29 Folios 41 a 50 ibidem.
30 Las cuales serán ampliadas en el acápite de hechos probados de esta providencia.
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a. La capitalización de las acreencias derivadas de un contrato de mandato no
corresponde a ninguna de las modalidades de inversión extranjera contempladas
en el artículo 5 del Decreto 2080 de 2000. En particular, el Banco dijo que las
acreencias surgidas de este tipo de contrato no son sumas con derecho a ser
giradas al exterior, “concepto que […] hace referencia únicamente a aquellas que
menciona el citado literal d) y las demás que se deriven de operaciones
obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario a que hace
referencia el artículo 7 de la Resolución Externa 8 de 2000”31.
b. Los gastos de nacionalización del cable pagados por TIWS America a las
sociedades de intermediación aduanera Almagran S.A. y Siaco S.A. en nombre de
TIWS Colombia, en virtud de los cuales surgió una obligación a cargo de esta
última, no podían ser considerados sumas con derecho a giro (literal d), pues no
eran una operación obligatoriamente canalizable a través del mercado cambiario,
sino que se originaron en la prestación de un servicio.
c. TIWS Colombia no pagó de contado el cable submarino, sino en un plazo superior
a seis meses, razón por la cual, de acuerdo con el artículo 10 de la Resolución
Externa 8 de 2000, se configuró una operación de endeudamiento externo que
debía ser informada al Banco de la República dentro de los seis meses siguientes,
obligación que fue incumplida.
d. Los gastos de nacionalización no pueden considerarse parte de la operación de
importación porque corresponden a un valor adicional al del bien y fueron
asumidos por TIWS America (mandatario), y no por Tyco Telecommunications
(proveedor del cable), como era exigible en una negociación adelantada bajo los
términos de Entrega de Derechos No Pagados (Delivery Duty Unpaid o DDU), para
que pudieran ser tenidos como parte de la importación.
e. De igual manera, los gastos de nacionalización constituyeron una “operación de
endeudamiento externo pasivo prohibida”, pues TIWS America, quien los pagó, es
un no residente no inscrito como entidad financiera ante el Banco de la República,
y además no es un intermediario del mercado cambiario, en los términos del
artículo 24 de la Resolución Externa 8 de 2000.
6.3. Análisis del caso
6.3.1. En el primer cargo de nulidad y en la apelación, TIWS America alegó que el Banco
de la República, al advertir que no se presentó una declaración de importación respecto
de la parte del cable que va de la milla 12 a la 200, zona económica exclusiva, desconoció
que la operación en debate había constituido, justamente, una importación. Por lo
anterior, a su juicio, la autoridad violó el principio de legalidad, pues tal atribución
correspondía únicamente a la DIAN, e infringió las disposiciones del Decreto 2685 de
1999, que establecen qué es una importación y qué es el territorio aduanero nacional, del
que hace parte la zona económica exclusiva.
Al respecto, también señaló que la autoridad incurrió en indebida motivación al
desconocer el concepto contenido en el Oficio 00103 del 11 de marzo de 2009, que
sostuvo que la jurisdicción aduanera nacional solo llegaba hasta las 12 millas náuticas,
razón por la cual TIWS Colombia estuvo imposibilitada para presentar la declaración de
importación respecto del bien objeto de debate y, a consecuencia de ello, para informar
31 Oficio DCIN-14726 del 12 de julio de 2011.
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el endeudamiento externo al Banco de la República. Aseveró así mismo que el Banco
infringió el principio de confianza legítima porque aplicó el criterio expuesto por la DIAN
en conceptos posteriores al referido, que no debieron regir el asunto objeto de examen.
En el mismo sentido, argumentó que en la operación se había configurado un
endeudamiento externo proveniente de una importación de bienes que cumplía con los
requisitos legales para ser considerado como sumas con derecho a giro, pero que, “en
razón a las limitaciones legales para cumplir las formalidades propias de una
importación”32, no pudo ser informado el Banco.
6.3.1.1. En relación con estos cargos, es pertinente recordar que, en el Oficio DCIN-
13637 del 26 de junio de 2012, mediante el cual resolvió el recurso de apelación, el
director del Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República señaló
que:
8.3.1. De las comunicaciones enviadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales a este Despacho y de las definiciones contenidas en el artículo 1 del Decreto
2685 de 1999, se desprende claramente que la zona económica exclusiva hace parte del
territorio aduanero nacional, razón por la cual es dable concluir que la introducción del
cable submarino por parte de TIWS Colombia entre la milla 13 y 200 efectivamente
constituye una importación de bienes.
8.3.2. Como se observa de los documentos que reposan en el expediente, TIWS Colombia
no pagó de contado el cable submarino, razón por la cual se configuró una clara
financiación por parte del proveedor del exterior.
8.3.4. Al respecto, el artículo 10 de la Resolución Externa No. 8 de 2000 de la Junta
Directiva del Banco de la República, vigente para la financiación de importaciones de
bienes con documentos de transporte con fecha anterior al 1 de septiembre de 2010,
establece:
La financiación de importaciones a un plazo superior a seis meses, contados a partir
de la fecha del documento de transporte, constituye una operación de endeudamiento
externo. El correspondiente crédito deberá informarse al Banco de la Republica
dentro de los seis meses siguientes a la fecha del documento de transporte, previa la
constitución del depósito de que trata el artículo 26 de esta Resolución. El
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de la sanción respectiva
por parte de la entidad encargada del control y vigilancia del régimen cambiario.
8.3.5. Así las cosas, aceptando que TIWS Colombia efectivamente importo un cable
submarino desde la milla 13 a la 200, y que no pagó el bien dentro de los seis (6) meses
siguientes al documento de transporte, debió informar esa financiación como un
endeudamiento externo pasivo mediante el diligenciamiento y presentación del Formulario
No. 6 “Información de endeudamiento externo otorgado a residentes”.
8.3.6. Frente a este punto, la recurrente arguye que TIWS Colombia no pudo informar el
endeudamiento externo debido a que se encontraba en la imposibilidad legal de presentar
una declaración de importación respecto del cable importado desde la milla 200 a la milla
13.
8.3.7. Sin embargo, al ser consultada la Dirección de Gestión de Aduanas de la DIAN
sobre el oficio que trae a colación la recurrente para alegar la imposibilidad de presentar
la declaración de importación en el caso particular, dicha autoridad señaló que el concepto
únicamente hacía referencia a la imposibilidad de cumplir con las formalidades aduaneras
propias a la introducción de mercancías, y no a la presentación de una declaración de
32 La cita corresponde al recurso de apelación.
21
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importación. Esta posición fue corroborada por la Directora de Gestión Jurídica de la DIAN,
quien indicó claramente en su comunicación que la introducción de una mercancía a la
zona económica exclusiva sí está sujeta al cumplimiento de la presentación de una
declaración de importación.
8.4. Por todo lo anterior, la inversión extranjera por la capitalización de las sumas con
derecho a giro originadas en la financiación del cable submarino importado al país por
TIWS Colombia, no puede ser objeto de registro ante el Banco de la Republica sin que
dicha operación no haya sido previamente informada como endeudamiento externo, tal
como sucedió con la parte del cable submarino que también fue importado al país y que
finalmente fue instalado entre el continente y la milla 12. (Subrayas de la Sala).
De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que el Banco de la República durante el
trámite administrativo aceptó que la operación en debate había constituido una
importación. Sin embargo, advirtió que TIWS Colombia no pagó de contado el valor del
bien, sino en un plazo superior a seis meses, razón por la cual, en los términos del artículo
10 de la Resolución Externa 8 de 2000, se configuró un endeudamiento externo que tenía
que haberle sido informado dentro de los seis meses siguientes a la fecha del documento
de transporte.
En el recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado ante el Banco, así
como en la demanda que aquí se estudia, TIWS America aceptó la configuración del
endeudamiento externo, pero alegó que este no había podido ser informado a la autoridad
por TIWS Colombia porque esta a su vez se encontraba en la imposibilidad legal de
presentar una declaración de importación, en lo correspondiente al cable tendido entre
las 12 y las 200 millas náuticas, como consecuencia de lo expuesto por la DIAN en el
concepto ya aludido. En respuesta a tal argumento del recurso, el Banco arguyó que la
Dirección de Gestión de Aduanas de la DIAN, en conceptos posteriores, había precisado
que el oficio invocado por la solicitante no tenía el alcance de eximirla de presentar de la
declaración de importación, pues el ingreso de una mercancía a la zona económica
exclusiva sí estaba sujeto a tal deber. Con base en lo anterior, el Banco enfatizó que no
había lugar al registro de la inversión extranjera porque la operación no le había sido
informada previamente como endeudamiento externo, como sí se hizo respecto de la
parte del cable que fue instalado entre el continente y la milla 12.
Con todo, la Sala observa que, contrario a lo planteado en la demanda, los actos atacados
no concluyeron que la adquisición del cable tendido entre las millas 12 y 200 no hubiera
constituido una importación. Por el contrario, pese a la ausencia de una declaración ante
la autoridad aduanera, el Banco reconoció que se había configurado una importación,
entendida como introducción de bienes de procedencia extranjera al territorio nacional33.
33 Al respecto, vale la pena tener en consideración las definiciones establecidas en el artículo 1 del Decreto
2685 de 1999, que reza:
Artículo 1. Definiciones para la aplicación de este decreto. Las expresiones usadas en este Decreto para
efectos de su aplicación, tendrán el significado que a continuación se determina: (…)
IMPORTACION
Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. También se
considera importación la introducción de mercancías procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y
de Servicios, al resto del territorio aduanero nacional en los términos previstos en este Decreto. (…)
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL
< Definición modificada por el artículo 1 del decreto 1198 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:>
Demarcación dentro de la cual se aplica la legislación aduanera; cubre todo el territorio nacional, incluyendo
el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el
espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde
actúa el Estado colombiano, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a
falta de normas internacionales. (…). (Subrayas de la Sala).
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En consecuencia, la Sala estima que, en lo que corresponde a la existencia o inexistencia
de una importación, los cargos de violación de los principios de legalidad y confianza
legítima se sustentan en una premisa equivocada y, por lo tanto, al respecto, deben
tenerse por no probados.
Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que el Banco sí se refirió al deber de presentar la
declaración de importación, pero no como si este fuera uno de los requisitos para el
registro de la inversión extranjera, sino solo con la finalidad de determinar, frente al
respectivo argumento del recurso, si TIWS Colombia estaba exenta del deber de
informarle sobre el endeudamiento externo, obligación cuyo incumplimiento fundamentó
la decisión administrativa demandada.
En estos términos, se resalta que las partes no discrepan en cuanto a si en este caso se
produjo o no una importación, sino frente a si TIWS Colombia estaba o no en el deber de
informar el endeudamiento externo al Banco de la República.
6.3.1.2. Por lo tanto, estos cargos tendrían que ser estudiados, únicamente en lo
relacionado con la alegada imposibilidad de informar el endeudamiento externo como
consecuencia de la supuesta inviabilidad de presentar la declaración de importación. Al
respecto, conviene citar los argumentos en los que, al respecto, se sustentó el primer
cargo de la demanda:
En este mismo sentido se pronunció la Resolución DCIN - 13637 del 26 de junio de 2012,
indicando a pesar de las pruebas que reposan en el expediente que establecen que se
trató de una importación, le restan los efectos que por este hecho tienen los titulares de
los derechos en el país.
Así la Resolución DCIN - 13637 del 26 de junio de 2012, indicó lo siguiente:
“Así las cosas, aceptando que TIWS Colombia efectivamente importó un cable
submarino desde la milla 13 a la 200, y que no pagó el bien dentro de los seis (6) meses
siguientes al documento de transporte, debió informar esa financiación como un
endeudamiento externo pasivo mediante el diligenciamiento y presentación del
Formulario No 6 “Información de endeudamiento externo otorgado a residentes”.
No obstante, la Administración en este punto pasa por alto la situación real de la
Compañía, quien no pudo informar el endeudamiento externo debido a que se encontraba
en la imposibilidad legal de presentar una declaración de importación, hecho que intenta
desvirtuar con conceptos a posteriori y descontextualizados de la realidad de haber
intentado formalizar esta importación y no haberlo logrado.
Lo anterior, lo hace con base en la interpretación hecha con anterioridad por parte de la
autoridad aduanera, apelando de esta manera a la legítima confianza que se deposita en
las directrices que da un ente gubernamental en estas circunstancias, y quedando
imposibilitado a controvertir una posición distinta posterior dada por la DIAN.
El Banco de la Republica ha debido limitarse a la lectura que en el momento de la
operación hizo la máxima autoridad aduanera en temas administrativos, y a partir de allí
entender la realidad de la operación económica hecha entre las Compañías, y proceder a
registrar de esta manera la inversión extranjera realizada, actuar de manera contraria,
implicaría obligar a los administrados a “prever” el futuro, lo que está fuera del cualquier
alcance lógico y plausible.
En este sentido no puede la Administración someter a la Compañía al cumplimiento de
una obligación de lo imposible, y a partir de allí negar una realidad latente que debería
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tener efectos jurídicos respecto a la posibilidad de formalizar una inversión. (Subrayas de
la Sala).
6.3.1.2.1. Entonces, es claro que, en lo pertinente, la demanda se fundamentó en el Oficio
00103 del 11 de marzo de 2009, expedido por el director de Gestión de Aduanas de la
DIAN. Es decir, que el cargo se sustentó en la supuesta imposibilidad, que se desprendía
de ese documento, de presentar una declaración de importación respecto de la porción
del cable que va de la milla 12 a la 200, zona económica exclusiva, y en la supuesta
inviabilidad jurídica de que el Banco aplicara los conceptos posteriores de la autoridad
aduanera, que indicaban lo contrario.
Ahora bien, la Sala observa que el concepto invocado por la actora como criterio aplicable
en la época de los hechos se emitió en marzo de 200934. Sin embargo, en la demanda
no se indicó en qué fecha ingresó al territorio aduanero nacional el cable que se instaló
entre las millas 12 y 200. Lo que sí se indicó fue que “TIWS Colombia, en el año 2008,
realizó la internalización de un cable submarino en el mar Caribe, el cual se encuentra
nacionalizado hasta la milla 12”35. Así mismo, en el expediente obran las declaraciones
de importación 032007100640999-7, presentada el 6 de agosto de 2007;
022007100131674-6, 022007100131659-5 y 022007100130280-8, presentadas el 28 de
septiembre de 200736, correspondientes a varios equipos de telecomunicaciones,
particularmente, al “CABLE SEMI DELGADO HYBRID JUMPER MEDIDAS 2 mm 12 MT
FC APC LC/APC 2.0 mm 12 M. (…) MARCA SEIKON GIKEN CO.LTD HECHO EN CHINA
CAN (20 UND). CABLE SEMI DELGADO HYBRID JUMPER FC APC/ZC/APC 2.0 rara
15M P/N JJ-PF12C/PL12A-T-15-TG TYCO P/N OT-107158 HECHO EN CHINA MARCA
SEIKOH GIKEN A11”37. Es decir, que en las fechas indicadas se presentaron las
declaraciones de importación correspondientes a la porción del cable instalado hasta la
milla 12.
Además, aunque con la demanda no se allegaron los contratos de mandato que
suscribieron TIWS Colombia y TIWS America, el Banco de la República aportó
certificaciones suscritas por ambas compañías, una el 31 de marzo y otra el 30 de junio
de 2008, que indican lo siguiente:
34 En respuesta a una “Propuesta de Modificación de las normas que regulan la Jurisdicción y Competencia
asignada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” presentada por la gerente de Deloitte
Asesores y Consultores Ltda. Así lo indica la referencia o asunto del documento, el cual obra en los folios
32 a 34 del cuaderno 1.
35 Fundamento de hecho I. Subrayas de la Sala.
36 Visibles a folios 261 a 265 del cuaderno 2.
37 Declaración de importación 032007100640999-7, presentada el 6 de agosto de 2007.
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Lo anterior indica que el mandato suscrito para la adquisición del cable fue ejecutado en
el año 2007.
De los documentos reseñados se desprende que el ingreso de la porción del cable en
debate al territorio aduanero nacional y, por lo tanto, el nacimiento del deber de declarar
ocurrió entre los años 2007 y 2008. Siendo así, no le asiste razón a la demandante al
fundamentar los cargos de nulidad bajo estudio en el Oficio 00103 del 11 de marzo de
2009, pues este es posterior a la época de los hechos. Ello, al margen de que resulte
acertada o no la interpretación que invoca sobre el alcance del concepto allí emitido. Así,
se insiste en que, pese a que la actora recalcó que en virtud del citado concepto no le era
exigible el deber de declarar, no indicó con precisión la fecha de la importación, ni invocó
pruebas al respecto; en cambio, los indicios enunciados evidencian que el deber se
habría generado en un momento anterior.
6.3.1.2.2. En todo caso, la Sala advierte que la normativa vigente para la época y, por
tanto, aplicable al asunto, indicaba que la zona económica exclusiva hacía parte del
territorio aduanero nacional y en consecuencia, la introducción de mercancías de
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procedencia extranjera en este constituía una importación que daría lugar a las
obligaciones aduaneras, como la presentación de la declaración de importación.
Al respecto, hay que tener en cuenta que el artículo 87 del Decreto 2685 de 1999
establece lo siguiente en cuanto a la obligación aduanera:
ARTÍCULO 87. OBLIGACIÓN ADUANERA EN LA IMPORTACIÓN. La obligación
aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio
aduanero nacional.
La obligación aduanera comprende la presentación de la Declaración de Importación, el
pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación
de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando
los requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas
y en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las
normas correspondientes. (Subrayas de la Sala).
De acuerdo con lo anterior, la obligación aduanera, que comprende la de presentar la
declaración de importación, nace con la introducción de mercancías de procedencia
extranjera al territorio aduanero nacional.
En este orden, en cuanto a lo que se entiende por importación y por territorio aduanero
nacional, conviene tener en consideración las definiciones establecidas en el artículo 1
ibidem:
ARTÍCULO 1. DEFINICIONES PARA LA APLICACIÓN DE ESTE DECRETO. Las
expresiones usadas en este Decreto para efectos de su aplicación, tendrán el significado
que a continuación se determina:
(…)
IMPORTACION
Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero
nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes
de Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio aduanero
nacional en los términos previstos en este Decreto.
(…)
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL
< Definición modificada por el artículo 1 del decreto 1198 de 2000. El nuevo texto es el
siguiente:> Demarcación dentro de la cual se aplica la legislación aduanera; cubre todo el
territorio nacional, incluyendo el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma
continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita
geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa el Estado
colombiano, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a
falta de normas internacionales. (…). (Subrayas de la Sala).
Entonces, es claro que el territorio aduanero nacional está compuesto, entre otras, por la
zona económica exclusiva. En relación con este concepto, es pertinente tener en
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consideración el artículo 55 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (Convemar)38, que consagra:
Artículo 55
Régimen jurídico específico de la zona económica exclusiva
La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente
a éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta Parte, de acuerdo con el
cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los
demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención. (Subrayas
de la Sala).
Los artículos 1 y 3 de la Ley 10 de 197839 establecen lo siguiente en relación con el mar
territorial:
Artículo 1. El mar territorial de la Nación colombiana, sobre el cual ejerce plena soberanía,
se extiende, más allá de su territorio continental e insular y de sus aguas interiores hasta
una anchura de 12 millas náuticas o de 22 kilómetros 224 metros.
Artículo 3. El límite exterior del mar territorial está determinado por una línea trazada de
modo que los puntos que la constituyen se encuentren a una distancia de 12 millas
náuticas de los puntos más próximos de las líneas de base a que se refiere el artículo
siguiente. (Subrayas de la Sala).
A su vez, el artículo 7 ibidem estableció que la zona económica exclusiva va desde el
límite del mar territorial y hasta las 200 millas náuticas:
Artículo 7. Establécese, adyacente al mar territorial, una zona económica exclusiva cuyo
límite exterior llegará a 200 millas náuticas medidas desde las líneas de base desde donde
se mide la anchura del mar territorial. (Subrayas de la Sala).
De acuerdo con lo anterior, es claro que el mar territorial va desde el territorio continental
e insular o desde las aguas interiores hasta una distancia de 12 millas náuticas. A su vez,
la zona económica exclusiva va desde el límite del mar territorial —12 millas— y hasta
las 200 millas náuticas.
En suma, la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero
nacional, el cual incluye la zona económica exclusiva, que va de las 12 a las 200 millas
náuticas, constituye una importación y, por tanto, involucra las obligaciones ligadas a
esta, entre las que se encuentra la presentación de la declaración de importación.
Por lo expuesto, no es cierto que los actos demandados, al señalar que la introducción
del cable de fibra óptica a la zona económica exclusiva involucraba la presentación de
una declaración de importación y que era obligatorio informar el endeudamiento externo,
hayan infringido el principio de legalidad ni defraudado la confianza legítima de la
demandante. Como se vio, el criterio invocado por la actora no es consonante con lo
establecido en la normativa aplicable para la época de los hechos y, además, no tiene el
38 Sobre esta Convención, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado manifestó en el
concepto del 4 de noviembre de 2004, consejero ponente: Gustavo Aponte Santos, radicación número:
1605, lo siguiente: “Esta Convención, aunque no ha sido suscrita por Colombia, es fuente de derecho
internacional en los términos previstos en el artículo 7º del Código de Comercio, y por lo tanto, deberá ser
considerada al momento de evaluar la viabilidad de incorporar al derecho interno la reglamentación
aprobada por la OMI en la Resolución A 849 aprobada el 27 de noviembre de 1997”.
39 “Por medio de la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma
continental, y se dictan otras disposiciones”.
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alcance que ella pretendió darle en cuanto a la obligación de informar al Banco de la
República sobre el endeudamiento externo, aspecto sobre el que no planteó argumentos
adicionales en el libelo.
6.3.1.2.3. Sin perjuicio de lo anterior, vale agregar que la actora no explicó las razones
de tipo fáctico o normativo por las cuales la supuesta imposibilidad de presentar la
declaración de importación llevaría consecuencialmente a la imposibilidad de informar el
endeudamiento al Banco de la República, carga argumentativa que debió asumir, máxime
cuando ambos deberes están consagrados en normas diferentes. Tal argumento,
adicionalmente, no surge de la lectura del concepto de la DIAN en el que se fundan estos
cargos de la demanda, el cual únicamente sostuvo que las formalidades propias de la
introducción de mercancías al territorio aduanero nacional no se extienden a la zona
económica exclusiva, sin referirse a la posibilidad de informar los endeudamientos
externos que surgieran de la introducción de bienes a dicha área, asunto que, en todo
caso, no sería competencia de la autoridad aduanera.
La Sala no encuentra en el texto de la demanda la conexión entre esos dos aspectos
jurídicos, y si bien tal conexión podría surgir del estudio de la normativa aplicable, este
no es un análisis que al juez de lo contencioso administrativo le corresponda acometer
de oficio, so pena de incurrir en una posible decisión ultra o extra petita y de infringir el
principio de congruencia. Recuérdese que en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo la justicia es rogada, razón por la cual corresponde a quien demanda
construir la argumentación que logre desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos atacados.
De acuerdo con lo expuesto, no prospera el cargo.
6.3.4. Por otra parte, la demandante alegó en la apelación que el Tribunal desestimó, sin
asidero jurídico, el cargo de falsa motivación, en el que controvirtió la configuración de
un endeudamiento externo no permitido en relación con los pagos por gastos de
nacionalización que efectúo TIWS America, en virtud del contrato de mandato con TIWS
Colombia, a las sociedades de intermediación aduanera Almagran S.A. y Siaco S.A., e
insistió en que estos sí hacían parte de los gastos de importación del cable. Luego, reiteró
los argumentos con los que sustentó este cargo en la demanda.
Vale recordar que, en lo pertinente, los actos demandados señalaron que dichos gastos
de nacionalización no eran parte de la importación porque correspondían a un valor
adicional al del cable y fueron asumidos por TIWS America (mandatario), y no por Tyco
Telecommunications (proveedor), como era exigible en una negociación adelantada bajo
el término Incoterms DDU. Además, la realización de esos pagos constituyó una
“operación de endeudamiento externo pasivo prohibida” a cargo de TIWS Colombia, pues
TIWS America es un no residente no inscrito como entidad financiera ante el Banco de la
República, y no es un intermediario del mercado cambiario, en los términos del artículo
24 de la Resolución Externa 8 de 2000.
6.3.4.1. Sea lo primero advertir que, en el acápite correspondiente al cargo de falsa
motivación, el Tribunal sí expuso argumentos jurídicos para corroborar la configuración
del endeudamiento externo que la actora controvierte:
Según se determina en el acta N° 003 de la Asamblea de Accionistas de TIWS Colombia
S.A. obrante a Fls. 5-7 del cuaderno de anexos de la contestación de la demanda, no cabe
la menor duda que el origen de las acreencias capitalizadas son los pagos efectuados por
la sociedad demandante por cuenta de los contratos de mandato mercantil suscritos,
donde los pagos realizados por TIWS AMERICA a Tyco, Siaco y Almagran a nombre de
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TIWS COLOMBIA, se hicieron a través del mecanismo del mandato conferido,
constituyéndose así un endeudamiento externo pasivo que pretendió ser registrado como
una inversión extranjera, contrariando expresamente el parágrafo 1° del artículo 3°
del decreto 2080 de 2000.
(…)
Así las cosas para la Sala es claro que TIWS COLOMBIA S.A., no observó ninguna de las
disposiciones legales antes transcritas, pudiendo incurrir esta conducta incluso en una
infracción de tipo cambiario, razones para concluir que en presente caso los actos
acusados no adolecen de falsa motivación porque las razones para negar el registro se
ajustan al ordenamiento jurídico y a la situación fáctica que se le presento al Banco
demandado por lo que el cargo no prospera. (Resaltados de la Sala).
Siendo así, no es cierto, como afirmó la apelante, que el a quo haya desestimado sin
asidero jurídico el cargo de falsa motivación. Por el contrario, evidenció que TIWS
America realizó los pagos a las sociedades de intermediación aduanera en virtud de un
contrato de mandato, por lo que se configuró un endeudamiento externo pasivo que no
puede ser reconocido como inversión extranjera en virtud de la prohibición expresa del
parágrafo 1º del artículo 3 del Decreto 2080 de 2000. Cosa distinta es que la demandante
no esté de acuerdo con tales argumentos.
6.3.4.2. En este orden, la actora reiteró los fundamentos del cargo de falsa motivación,
esto es, insistió en que los pagos que efectuó TIWS America a las sociedades de
intermediación aduanera sí hacían parte de los gastos de importación del cable. Para el
efecto, explicó que, si bien la negociación se adelantó con el término Incoterm DDU, el
cual exige que el vendedor asuma los costes de la importación, lo cierto es que en este
caso las partes acordaron que fuera “el vendedor” quien se hiciera cargo de dichas
obligaciones.
Vale la pena señalar que, si bien la demandante utilizó la expresión “el vendedor”, la Sala
entiende que se refería al comprador, pues lo que alega es justamente que en este caso
se pactó que no fuera el vendedor quien asumiera los costos de la importación.
En todo caso, la Sala no observa que se haya allegado alguna prueba que dé cuenta de
los términos de la negociación adelantada con Tyco Telecommunications, proveedor o
vendedor del bien. Por tanto, no es posible corroborar lo afirmado por la demandante.
Siendo así, como la actora no probó el supuesto de hecho en el que fundamentó el
argumento, este no prospera.
6.3.4.3. Seguidamente, la apelante arguyó que, si los pagos que realizó por concepto de
nacionalización constituyeron un endeudamiento para TIWS Colombia, no se trató de un
endeudamiento prohibido, pues el numeral 3.1 de la Circular Reglamentaria Externa
DCIN-83 y el artículo 10 de la Resolución Externa 8 de 2000 permiten la constitución de
endeudamientos externos con proveedores de bienes.
Sin embargo, de acuerdo con los planteamientos de la propia demanda, TIWS America,
quien se constituyó en acreedor de TIWS Colombia, no fue el proveedor del bien, posición
que en el negocio ocupó Tyco Telecommunications, sino que fue quien lo adquirió en
virtud del contrato de mandato. Por lo tanto, las disposiciones que en este punto invocó
la demandante no rigen la situación fáctica que se discute.
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6.3.4.4. Luego, la apelante alegó que, aun si se aceptara que los pagos por
nacionalización no hicieron parte de la importación, lo cierto es que en virtud de estos no
se configuró un endeudamiento externo, pues se efectuaron en cumplimiento de un
contrato de mandato, en el que el mandante (TIWS Colombia) debía reembolsar al
mandatario (TIWS America) los gastos en los que hubiere incurrido por cuenta suya, sin
que ese reembolso adquiriera la categoría de deuda o crédito, como lo entendió el a quo.
Al respecto, hay que recordar que el Banco de la República en los actos administrativos
demandados utilizó dos argumentos separados, no dependientes entre sí, para sostener
la irregistrabilidad, como inversión extranjera, de la capitalización correspondiente a los
gastos de nacionalización. En efecto, la autoridad señaló: (i) que esos gastos, al ser un
costo adicional al valor del bien, para ser tenidos como parte de la importación, tendrían
que haber sido asumidos por el proveedor, Tyco Telecommunications, lo cual no ocurrió,
y (ii) que TIWS America, no residente y acreedor de TIWS Colombia, no tenía las
calidades requeridas para otorgar el endeudamiento externo, lo que implica que de este
no podría surgir una capitalización que después se registrara como inversión extranjera.
Es decir, que cada uno de estos argumentos resultaba suficiente por sí solo para denegar
el registro solicitado, pues el primero ataca el origen de la obligación —en tanto aduce
que esta no hace parte de la importación porque es un costo adicional, no asumido por
el proveedor—; y el segundo ataca la legalidad de la obligación que se capitalizó —pues
señala que es un endeudamiento pasivo prohibido, por la naturaleza del acreedor—.
Entonces, para demostrar la ilegalidad de los actos administrativos demandados, en tanto
denegaron este registro en particular, tendrían que ser desacreditados ambos. Y, en tal
sentido, si se acepta que uno de los dos es válido, se mantiene incólume la presunción
de legalidad de la decisión.
Siendo así, este argumento de la apelación no está llamado a prosperar, pues inicia por
aceptar que los pagos por concepto de nacionalización del bien no hicieron parte de la
importación —fundamento de los actos demandados que, valga destacar, no fue
desvirtuado—, lo cual es suficiente para sustentar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados. Es decir que, siguiendo la hipótesis de la demandante,
aunque se acreditara que en virtud del mandato no se configuró un endeudamiento
externo, no estarían desvirtuados los atributos de validez de la decisión que denegó el
registro de la inversión, pues esta, en todo caso, correspondería a costos que no hicieron
parte de la importación.
6.3.5. Por último, la apelante se opuso a la condena en costas que le fue impuesta en
primera instancia, pues estima que estas no se causaron ni fueron probadas y que,
además, no actuó con temeridad ni mala fe.
En observancia de los artículos 18840 del CPACA y 36541 del Código General del Proceso
(CGP), en especial de su numeral 8º, sobre condena en costas, y a lo expuesto sobre el
40 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil.”
41 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
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punto por esta corporación, la Sala advierte que esa clase de condenas atiende a un
criterio objetivo valorativo. Dicho criterio: (i) es objetivo porque no resulta de un obrar
temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado
de su derrota en el proceso o recurso que ha interpuesto, y (ii) es valorativo, porque se
requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de
su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
que efectivamente realiza dentro de este.
Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la totalidad
de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo habrá
lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral 8º del artículo 365 ibidem, “cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
En este asunto, pese a que la parte demandante resultó vencida en ambas instancias, se
advierte que no está acreditada la causación de expensas, gastos procesales o agencias
en derecho. Por lo tanto, la Sala revocará la condena que por tal concepto impuso el a
quo en el numeral 2º de la parte resolutiva, y se abstendrá de imponerla en esta instancia.
6.4. Conclusión
De acuerdo con lo expuesto, al no haber prosperado ninguno de los cargos de nulidad
formulados por Telefónica International Wholesale Services America S.A., la Sala
confirmará la sentencia apelada, que denegó las pretensiones de la demanda, a
excepción del ordinal segundo de la parte resolutiva, que impuso condena en costas a la
demandante.
6.5. Renuncia al poder y reconocimiento de personería
Mediante memorial visible en el índice 35 del proceso en Samai, el abogado Anderson
Fair Jaimes Alipio renunció al poder que le confirió la TIWS America. De igual manera,
por memorial obrante en el índice 36, el abogado Omar Enrique Jiménez Paredes
renunció al poder que le fue conferido por el Banco de la República. En el índice 37 se
observa el poder conferido por dicha entidad a la abogada Yaleth Sevigne Manyoma
Leudo. Por tanto, como las renuncias cumplen con los presupuestos del artículo 76 del
CGP, la Sala las aceptará. Así mismo, le reconocerá personería a la nueva apoderada
de la entidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 ibidem.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación
de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o
pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción
a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales
entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.
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Demandante: Telefónica International Wholesale Services America S.A.
Demandado: Banco de la República
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de mayo de 2014, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, a excepción del ordinal
segundo de la parte resolutiva, el cual se REVOCA. En su lugar, NEGAR la condena en
costas, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: ACEPTAR las renuncias presentadas por los abogados Anderson Fair
Jaimes Alipio al poder que le fue conferido por TIWS America, y Omar Enrique Jiménez
Paredes al poder que le confirió el Banco de la República, y RECONOCER personería a
la abogada Yaleth Sevigne Manyoma Leudo, para actuar en representación de dicha
entidad, en los términos y para los fines del poder a ella otorgado.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 22 de enero de 2026.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Aclaración de voto
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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