RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2026 › Radicado 25000-23-41-000-2016-01133-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-01133-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-01133-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. 54 “[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”. 55 De conformidad con el folio 3 del C. Principal, el valor de las pretensiones corresponde a $11.328.971.242. 56 “[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 121 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01 Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte actora y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $2.265.794 (equivalente al 0,02% del valor de las pretensiones), la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2016-01133-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia:MEDIO DECONTROL DENULIDADY RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LA PARTE ACTORA
NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL
AVALÚO OFICIAL QUE FUNDAMENTÓ LAS RESOLUCIONES DE
EXPROPIACIÓN ACUSADAS DE NULIDAD. NO CUMPLIÓ CON LA
CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL VALOR COMERCIAL DEL
INMUEBLE, CALCULADO POR EL AVALÚO OFICIAL, ERA
EQUIVOCADO E INCORRECTO. EL DICTAMEN OFICIAL NO FUE
DESVIRTUADO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los actores

contra la sentencia de 28 de mayo de 2020 y su aclaración de 20

de noviembre de 2020, proferida por la Subsección “B” de la

Sección Primera del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca1, que denegó las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Los señores Ana Lucía, Mary Luz, Oscar Daniel, Mauricio y

Sandra Janeth Calderón Sabogal y las sociedades Maderisa

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

S.A.S. y Maderas del Bosque S.A.S., actuando por conducto de

apoderada, promovieron demanda en ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo

138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo - CPACA2, contra el Instituto de Desarrollo

Urbano - IDU3, con la finalidad de que se declare la nulidad de los

siguientes actos administrativos:

• Resolución núm. 54287 de 21 de julio de 2015, “Por la cual se
ordena una expropiación por vía administrativa”, expedida por
la Dirección Técnica de Predios del IDU.

• Resolución núm. 64698 de 27 de noviembre de 2015, “Por la
cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la
Dirección Técnica de Predios del IDU.

Además, solicitó a título de restablecimiento del derecho lo

siguiente:

“[…] 2. […] se ordene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
(IDU), adicionado y reconociendo las siguientes sumas ONCE MIL
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($11.328.971.242) que
correspondan:

2.1 De acuerdo al avalúo efectuado por el perito Avaluador […] que
comprende la totalidad del inmueble del cual se desprende 4052.63
Metros, área expropiada, correspondiéndole a esta área el valor de
avalúo a la suma de NUEVE MIL SETENTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA
Y CUATRO PESOS ($9.071.545.534), valor que corresponde:

2.1.1. Valor Terreno: La suma de ($7.509.114.100.oo) SIETE MIL
QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIEN PESOS
MCTE.
2
En adelante CPACA.
3
En adelante el IDU.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

2.1.2. Valor construcción: La suma de ($1.562.431.434) MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA
Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE.

2.1.3. Se debe descontar el valor CINCO MIL VEINTICINCO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA PESOS ($5.025.282.880) ordenado y cancelado mediante
resolución n° 646698 del 27 de 3 de noviembre de 2015, quedando
un saldo de CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS ($4.046.262.654.oo)

2.2. Por valor de Daño Emergente: la suma de ($1.862.355.648) MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS,
valor que corresponde:

2.2.1. Daño emergente causado a la sociedad MADEIRA SAS por la
suma de ($1.436.715.864) MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS
MILLONES SETESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS MCTE.

2.2.2. Daño emergente causado a la sociedad MADERAS DEL BOSQUE
SAS por la suma de ($425.639.784) CUATROSCIENTOS VEINTICINCO
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

4.2.2.3. Se debe descontar el valor NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
ONCE PESOS ($983.982.411) ordenado y cancelado mediante
resolución N° 64698 del 27 de noviembre de 2015, quedando un
saldo de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS MCTE ($878.373.237)

Este valor de daño emergente fue cancelado sin explicar a cuál de las
sociedades corresponde, teniendo en cuenta que en el inmueble
desarrollan su actividad comercial las sociedades MADERISA SAS y
MADERAS DEL BOSQUE SAS, motivo por el cual se solicitó y se probó
por separado el daño emergente de cada una de ellas.

2.2.3. Por el valor del lucro cesante la suma de (395.070.060)
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL SETENTA
PESOS MCTE, este valor comprende:

2.3.1. Lucro cesante causado a la sociedad MADERISA SAS por la
suma de ($281.609.677), DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
MCTE.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

2.3.2. Lucro cesante causado a la sociedad MADERAS DEL BOSQUE
SAS por la suma de ($113.460.383) CIENTO TRECE MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS MCTE.

2.3.3. Se debe descontar el valor DOSCIENTOS CATORCE MILLONES
SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
($214.716.430) ordenado y cancelado mediante resolución N° 64698
del 27 de noviembre de 2015, quedando un saldo CIENTO
OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($180.353.630).
Este valor de daño emergente fue cancelado sin explicar a cuál de las
sociedades corresponda, teniendo en cuenta que en el inmueble
desarrollan su actividad comercial las sociedades MADERISA SAS y
MADERAS DE BOSQUE SAS, motivo por el cual se solicitó y se probó
por separado el daño emergente de cada una de ellas.

3. El valor total de la pretensión asciende a la suma de CINCO MIL
CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS ($5.104.989.521.oo).

4. Que se condene a las indexaciones de estas sumas, costas y
agencias en derecho a la entidad demandada.

5. Se me reconozca personería para actuar.

6. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término
establecido por el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

I.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Como hechos relevantes de la demanda, los actores señalaron los

siguientes:

Sostuvieron que el Concejo Distrital de Bogotá D.C., por medio del

Acuerdo núm. 15 de 20 de junio de 19994, facultó al Alcalde Mayor

del Distrito Capital a declarar las condiciones de urgencia que

autorizan la procedencia de la expropiación por vía administrativa

4
“Por el cual se asigna una competencia”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

del derecho de propiedad y demás derechos reales que recaen

sobre los inmuebles de ese ente territorial, con fundamento en los

artículos 63, 64 y 65 de la Ley 388 de 18 de julio de 19975 y,

asimismo, expidió el Acuerdo núm. 180 de 20 de octubre de 20056,

modificado por el Acuerdo núm. 523 de 8 de julio de 2013 7, que

estableció la ejecución de las obra de construcción en la Avenida

Bosa, en el tramo comprendido entre las avenidas Ciudad de Cali y

Agoberto Mejía, entre otras.

Advirtieron que, conforme a lo anterior, el IDU a través de la

Resolución núm. 114133 de 29 de diciembre de 2014, les formuló

oferta de compra del inmueble ubicado en la AK 80 núm. 59-21 Sur

de la ciudad de Bogotá D.C., estableciendo como cuantía

indemnizatoria la suma de $5.025.282.880.oo por concepto de

terreno y construcción, la cual fue notificada el 14 de enero de

2015 al señor Oscar Daniel Calderón Sabogal, en representación

de todos los propietarios.

Manifestaron que presentaron las objeciones a la oferta, junto con

los documentos de soporte para efectos de cuantificar el daño

emergente y lucro cesante, la cual fue radicada bajo el núm. IDU

5
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
6
"Por el cual se autoriza el cobro de una Contribución de Valorización por Beneficio Local para la
construcción de un Plan de obras".
7
“Por el cual se modifican parcialmente los acuerdos 180 de 2005, 398 de 2009, 445 de 2010 y se
modifica y suspende el Acuerdo 451 de 2010 y se dictan otras disposiciones”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

20155260241042 de 25 de febrero de 2015.

Afirmaron que el IDU expidió la Resolución núm. 54287 de 20158,

a través de la cual ordenó la expropiación administrativa de la zona

de terreno que hace parte del inmueble ubicado en la AK 80 núm.

59-21 Sur de la ciudad de Bogotá D.C., con cédula catastral

004522221000000000, CHIP AAA0238CPNN y matrícula

inmobiliaria 50S-40624790, conforme al registro topográfico núm.

40405, con un área de 4.052.63 M2 de terreno, por un valor

indemnizatorio de $5.025.282.880.oo por concepto de terreno y

construcción y $875.014.542.503.oo por concepto de indemnización

de daño emergente.

Pusieron de presente que en la citada Resolución se tuvo en cuenta

el informe técnico avalúo comercial núm. 2014-01863 de 27 de

octubre de 2014, junto con su complementación de 2 de julio de

2015, elaborado por la Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital - UAECD9 y el informe de reconocimiento

económico RT núm. 40405 de 14 de julio de 2015, elaborado por el

grupo económico de la Dirección Técnica de Predios del IDU; sin

embargo, alegaron que en dicho acto administrativo no se tuvieron

en cuenta las objeciones presentadas por ellos el 25 de febrero de

8
“Por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa”.
9
En adelante UAECD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

2025.

Aclararon frente a la indemnización del daño emergente que, si bien

se les reconoció un valor de $875.014.542.503.oo, el IDU aplicó los

descuentos de los factores de gastos de escrituración del predio a

adquirir y de taponamiento, por lo que el monto por ese concepto

descendió a $839.824.503.oo.

Expresaron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de

reposición, razón por la cual el IDU para resolver este dispuso la

práctica de pruebas por medio de la Resolución núm. 60355 de 14

de septiembre de 2015, requiriendo a la UAECD para que se

pronunciara sobre los argumentos planteados en dicho recurso.

Como consecuencia de lo anterior, la UAECD dio respuesta a las

inquietudes planteadas respecto del informe técnico avalúo

comercial núm. 2014-01863 de 2014, por medio del oficio radicado

bajo el núm. IDU núm. 2015EE52793 01 y, asimismo, mencionaron

que aportaron la documentación requerida para el cálculo de la

indemnización de lucro cesante y daño emergente, bajo el radicado

núm. IDU núm. 20155261366182.

Refirieron que el 29 de octubre de 2015 el IDU ordenó requerir

nuevamente a la UAECD para que complementara el informe
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

técnico avalúo comercial núm. 2014-01863 de 2014 e indicara si

había lugar al reconocimiento del lucro cesante y daño emergente,

por tal razón dicha entidad entregó lo solicitado el 13 de noviembre

de 2015.

Adujeron que, una vez agotado el trámite anterior, el IDU resolvió

el recurso de reposición mediante la Resolución núm. 64698 de

27 de noviembre de 201510, a través de la cual se modificó el

precio indemnizatorio de la expropiación administrativa por un valor

de $6.223.981.721.oo, en el que se tuvo en cuenta las sumas de

$5.025.282.880, por concepto de avalúo comercial terreno y

construcción, $983.982.411.oo, por concepto de daño emergente, y

$214.716.430, por concepto de lucro cesante.

Resaltaron que, a pesar de que se modificó el valor del pago

indemnizatorio, el IDU solo tuvo en cuenta el informe técnico

indemnizatorio avalúo comercial núm. 2014-1863 de 13 de

noviembre de 2015, elaborado por UAECD y no así los argumentos

presentados en el recurso de reposición, como tampoco la objeción

al dictamen pericial, por lo que, a su juicio, se les vulneró el

derecho de su propiedad de una forma deliberada e injusta.

10
“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Como apoyo de las pretensiones de la demanda, la parte actora

indicó como vulnerados los siguientes artículos:

• 29 y 58 de la Constitución Política.

• 61, 62, numeral 6, y 67 de la Ley 388 de 1997.

• 12, 21 y 22 del Decreto 1420 de 24 de julio de 199811.

• 1 y 3 de la Resolución núm. 620 de 23 de septiembre de

200812

Manifestaron que de conformidad con los artículos 12 del Decreto

1420 de 1998 y 61 de la Ley 388 de 1997, modificado por el

Decreto 1420 de 1998, el avalúo del terreno y la construcción podrá

ser solicitado por la parte interesada a las lonjas o lonja de

propiedad raíz y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi -

IGAC13, o la entidad que haga sus veces, dentro del proceso de

expropiación administrativa y, asimismo, se establece que el precio

de adquisición debe ser igual al valor comercial determinado por

dicho Instituto, por la entidad que cumpla sus funciones o por

peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones

11
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
12
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997”.
13
En adelante el IGAC.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

correspondientes.

Precisaron que el IDU desconoció esos dos presupuestos

fundamentales en la regulación de la expropiación de predios

respecto de la entidad competente para realizar el avalúo y el

precio base de la oferta, pues de conformidad con el artículo 3° del

Decreto 1420 de 1998, el IGAC es competente para realizar los

avalúos de Bogotá D.C. y a pesar de que el avalúo realizado por la

UAECD no es oponible, sí existe una incompatibilidad, pues aunque

dicha entidad está facultada por el Distrito, a su juicio, el avalúo no

sería imparcial dado que el Distrito no puede actuar como “JUEZ Y

PARTE”.

Señalaron que, en vista de lo anterior, la UAECD debió declararse

impedida comoquiera que, al ser una entidad del Distrito Capital,

podría realizar un avalúo que beneficie a otra entidad del mismo

ente territorial y, en ese entendido, era el IGAC el llamado a

realizar el avalúo con el fin de que: “[…] exista una imparcialidad y

equilibrio de intereses en el proceso de expropiación, otorgándole a

una entidad pública ajena al proceso, la competencia de realizar

avalúos […]”.

Advirtieron que lo anterior constituye una vulneración a su derecho

a la propiedad privada, previsto en el artículo 58 de la Constitución
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

política, al no estar obligados a soportar los perjuicios ocasionados

por la actividad del Estado, máxime si se fijó un precio menor a su

valor comercial en el avalúo realizado al inmueble objeto del

proceso de expropiación administrativa.

Trajeron a colación la sentencia C-153 de 24 de marzo de 199414,

proferida por la Corte Constitucional, que señaló que: “[…] es

evidente que la indemnización prevista por el artículo 58 de la

Constitución es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe

comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido

causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado […]”.

Expusieron que de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 1420 de

1998, el precio base, es decir, el avalúo comercial del predio debe

ser fijado por el IGAC y que, a su vez, el artículo 24 de la Ley 1450

de 2011, indica que el avalúo catastral no puede ser inferior al 60%

del valor comercial y que históricamente en Bogotá D.C., el Consejo

Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS, para la vigencia

de 2009, estableció que este no podía ser menor al 80% del valor

comercial.

Señalaron que el IDU no tuvo en cuenta lo anterior al tomar como

base de su oferta un valor inferior no solo al comercial, sino incluso

14
M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

al valor catastral del predio, lo cual se observa de la comparación

entre los avalúos (i) de la lonja sociedad colombiana de perito

Fernando García Fernández efectuado por los propietarios del

inmueble objeto de la oferta; (ii) el catastral del inmueble y iii) el

presentado por el IDU que concluyeron, respectivamente, que el

valor total del avalúo ascendía a (i) $9.071.545.534.oo, (ii)

$8.228.285.641.oo y (iii) $5.025.282.880.oo, lo que evidencia una

diferencia de $3.203.002.761 entre el avalúo efectuado por el IDU

y el catastral. Asimismo, resaltaron que del avalúo comercial

efectuado por los propietarios y el realizado por el IDU existe una

diferencia de $4.046.262.654.oo.

Argumentaron que es injusto e inequitativo que la administración

utilice un precio para fines de expropiación y otro distinto para fines

tributarios, al haber pagado el impuesto predial sobre el avalúo

catastral, lo que podría configurar un enriquecimiento sin justa

causa para la entidad.

Sostuvieron que el avalúo aportado en la oferta de compra tiene

varias inconsistencias respecto del precio por metro cuadrado, pues

se afirmó que para la zona era de $1.852.899.oo, sin explicar el

argumento metodológico, técnico o científico para llegar a esa

conclusión, se anexaron las memorias del levantamiento de

información para llegar a dicha conclusión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Indicaron que el avalúo se limitó a mencionar la aplicación del

"Método de mercado o comparación" para el terreno y el "Método

de costo de reposición" para la construcción, sin detallar las fuentes

de consulta o las transacciones reales utilizadas, lo cual es esencial

para el método comparativo, por lo que al no tener esas fuentes de

consulta pudo haber incurrido en informaciones inexactas, parciales

y distorsionadas.

Adujeron que en cuanto al tipo de avalúo para la compra de los

predios el que debía ser tenido en cuenta para la expropiación

administrativa era el comercial, que es el precio que se asigna o

corresponde a una operación de contado, entendiendo como tal la

que se refiere al valor actual del bien cubierto en el momento

mismo de efectuar la operación.

Dijeron que, de igual forma, se debía tener en cuenta la actividad

comercial desarrollada en el predio y la imagen adquirida en el

tiempo de operación, en este caso la desarrollada por las

sociedades Maderisa S.A.S. y Maderas del Bosque S.A.S. desde

el 2003, razón por la que no podía consignarse en el avalúo el tipo

de inmueble como casa, por cuanto la destinación actual del

inmueble es comercial, lo que da cuenta de que el tipo de avalúo

debe ser el comercial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Insistieron en que para utilizar el método comparativo o de

mercado, debían necesariamente hacerse investigaciones de las

negociaciones y mercado del sector en las mismas condiciones y la

destinación económica del inmueble.

Mencionaron que el avalúo carece de soporte técnico o documental

que permita tener certeza de que efectivamente se realizaron las

comparaciones con las operaciones inmobiliarias o los avalúos

recientes para aplicar el método comparativo, por el contrario, a su

juicio, no tiene argumentos técnicos ni el apoyo probatorio para

determinar las condiciones de construcción y estado del predio,

como tampoco un estudio de la zona circundante y la

infraestructura de vías que se encuentren alrededor del inmueble.

Concluyeron que conforme a lo anterior, la parte demandada

desconoció el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 que prevé que el

valor comercial que se determina en esos procesos de enajenación

voluntaria debe ser el que concuerde con las condiciones del

inmueble en el momento de la oferta de compra y, en ese

entendido, la misma incurrió en una falsa motivación al determinar

el precio base de la oferta sin tener en cuenta las condiciones

jurídicas del bien al momento de efectuar la oferta de compra.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Arguyeron que el método de avalúo empleado por la UAECD,

denominado "Método (técnica) Residual", para determinar el valor

del m2, no es el procedente para el caso concreto, pues dicho

método señala que para encontrar el valor del terreno se debe

descontar al monto total de las ventas proyectadas, los costos y la

utilidad esperada del proyecto construido.

Explicaron que teniendo en cuenta lo precedente dicho método es

útil para terrenos sin construcción o cuya situación física, jurídica y

económica no está consolidada, ya que su finalidad es hallar el

valor de la tierra con base en el principio del "mayor y mejor uso".

Sin embargo, resaltaron que el predio en litigio sí tiene una

situación jurídica, económica y física consolidada. Además, la

UAECD en el avalúo señala que el predio es residencial pero

conforme al sistema de información de la norma urbanística y del

plan de ordenamiento territorial, el inmueble tiene actividad

predominante de uso comercial, lo que debía ser tenido en cuenta.

Pusieron de presente que el IDU no aportó los soportes técnicos

que justifiquen los diversos índices, cálculos y conceptos empleados

por la UAECD, máxime si el "Método de mercado o comparación",

es el idóneo y más usado por su sencillez, por esta razón

presentaron el avalúo del perito Fernando García Fernández de la

lonja sociedad colombiana.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Relataron que el daño emergente como consecuencia de una

expropiación administrativa debe entenderse como el perjuicio o la

pérdida que proviene de algún bien económico que salió o saldrá

del patrimonio de la persona, lo cual en su caso se originó con la

pérdida de oportunidad para continuar con su negocio en el

inmueble objeto de la expropiación y los gastos en los que deben

incurrir para trasladar su actividad comercial a otro lugar.

Aseveraron que en el análisis económico realizado por la parte

actora se realizó sobre el total del avalúo comercial de

$5.025.282.880.oo y que se reconocieron la sumas de $33.912.167

por concepto de gastos notariales y $839.827.509.oo por concepto

de traslado. Sin embargo, no se tuvo en cuenta las actas de

verificación de la UAECD que indican la actividad económica como

industrial y la existencia una subestación eléctrica.

Expusieron que el daño emergente por conceptos de costos de

traslado ascendería a $167.655.748 y $1.269.060.116 por concepto

de reposición de maquinaria para las sociedades Maderisa S.A.S. y

Maderas del Bosque S.AS., igualmente, los costos de desmontaje

y montaje sumarian $425.639.784, por lo que, en su sentir, se les

debe reconocer por daño emergente la suma de

$1.862.355.648.oo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Plantearon que la parte accionada solo tuvo en cuenta el traslado

pero desconoció la estructura de las empresas la cual requiere el

retiro, desinstalación y desmonte de bienes muebles y enseres, los

gastos de publicidad que se deberán realizar para dar a conocer el

nuevo sitio, en caso de que se necesite el pago de arriendo o

bodega provisional mientras se adquiere el nuevo inmueble, el pago

proporcional del impuesto predial en los tiempos que cada uno haya

tenido la propiedad del inmueble, la adecuación del inmueble de

reemplazo, entre otros, y los gastos relacionados con la

desconexión y cancelación definitiva de los servicios públicos en el

predio, para lo cual solo le fue reconocido $1.274.872.oo.

Precisaron que se debe diferenciar el avalúo del inmueble y el daño

emergente y lucro cesante por concepto del establecimiento de

comercio, luego mencionaron que existe un contrato de

arrendamiento en el que el arrendatario es la sociedad Calderon

Hermanos y cia ltda desde el 2001 hasta el 2010. Asimismo,

frente a los arrendadores los señores Rosa Caro y Andrés Ariza que

“[…] tenían dos contratos desde el 2010, por 220 metros cuadrados

no se declaraba pero los dos contratos quedaron con la misma área

arrendada que fue 954.9 […]” y, finalmente, el celebrado el 28 de

junio de 2015, con los señores Ana Mercedes, Luz Marina, María Del

Carmen, Vilma, Jairo y German Ariza Caro y Andrés Abelino Ariza

propietarios del inmueble ubicado en la Avenida DG 79ª núm. 72-11.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

I.4.- ADMISIÓN Y CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

Por auto de 30 de junio de 2016 y, luego de ordenar su corrección,

el magistrado conductor del proceso en el Tribunal admitió la

demanda y ordenó la notificación al IDU como entidad demandada.

Con posterioridad, por auto de 25 de mayo de 2017, aceptó el

llamamiento en garantía de la UAECD.

Cumplidas las notificaciones, las entidades vinculadas a este

trámite contestaron la demanda bajo los siguientes argumentos:

I.4.1.- EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Afirmó que las actuaciones cuestionadas no desconocieron las

normas invocadas, toda vez que el procedimiento de expropiación

administrativa se adelantó en observancia de los artículos 29 y 58 de

la Constitución Política y de la Ley 388 de 1997, en el que se le

garantizaron los referidos derechos fundamentales a la parte

demandante como propietarios durante el trámite administrativo

dentro del cual se les comunicó la oferta y sólo fue hasta la no

aceptación de ésta, que se les inició la expropiación administrativa

manifestándoles las razones de utilidad pública por las cuales se

requería el predio y se les notificó en debida forma las decisiones

contentivas de las resoluciones núms. 54287 y 64698 de 2015.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Señaló que lo actos administrativos censurados se encuentran

revestidos de legalidad al ser expedidos por la autoridad competente,

no se desconoció el derecho a la defensa de los demandantes y no

existió desviación del poder por parte del funcionario que expidió las

resoluciones.

Dijo que en ningún momento se pretendió ejercer actos

confiscatorios que transgredieran el derecho de dominio que posee el

propietario, dado que la indemnización fue justa conforme a los

documentos allegados para adelantar el proceso de adquisición, la

cual se otorgó de conformidad con los avalúos que expidió la entidad

encargada bajo los principios de imparcialidad y equidad.

Indicó que el concepto de violación expuesto por la parte

demandante no es claro y se limita a trascribir lo preceptuado en los

artículos citados, pero no indica las razonas por las cuales se le

vulneraron sus derechos.

Sostuvo que les pagó a los demandantes el valor del precio

indemnizatorio con ocasión de la expropiación administrativa, de

forma diligente y ajustada a los lineamientos financieros y

cronogramas de la entidad, cumpliendo con lo establecido en el

artículo 58 de la Constitución Política, al tener un carácter reparatorio

reconociéndoles el daño emergente y lucro cesante.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Resaltó que no se vulneraron los artículos 12 y 21 del Decreto 1240

de 1998, como lo afirmó la parte actora, comoquiera que el avalúo se

adelantó conforme al ordenamiento especial para la adquisición de

predios, esto es, las leyes 9 de 1989, 388 de 1997, 1862 y su

decreto reglamentario 1420 de 1998 y, en especial, la Resolución

núm. 620 de 2008, por la cual se establecen los procedimientos para

los avalúos ordenados para este fin.

Precisó que el artículo 3° del Decreto Reglamentario núm. 1420 de

1998, expresamente habilita la administración para contratar

avaluadoras privadas o por el IGAC o una entidad que haga sus

veces, por lo que optó por que la UAECD realizara el avalúo, para lo

cual el alcalde de Bogotá D.C. expidió el Decreto núm. 583 de 2011.

Advirtió que el dictamen pericial elaborado por la UAECD y que sirvió

para fijar el precio indemnizatorio fue controvertido por los actores a

través del recurso de reposición contra la Resolución núm. 54287

de 21 de julio de 2015, el cual fue resuelto por medio de la

Resolución núm. 64698 de 27 de noviembre de 2015, en la que

se tuvo en cuenta los argumentos expuestos en la presente

demanda, así que, a su juicio, ya no es pertinente formular las

objeciones al avalúo.

Reiteró que las resoluciones demandadas fueron expedidas con todos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

los requisitos legales y con fundamento en el beneficio de los

intereses de la comunidad y la primacía del interés público sobre el

interés particular, sin el desconocimiento del derecho a la

indemnización que le asiste al propietario de los bienes cuando se ha

declarado su expropiación.

Explicó que una vez se declararon las condiciones de urgencia que

autorizan la procedencia de la expropiación por vía administrativa,

de conformidad con los artículos 59, 61 y 63 de la ley 388 de 1997,

491 del Decreto Distrital 619 de 2000 y 2° del Decreto Distrital 316

de 19 de junio de 2007, era el encargado de ejecutar las obras

viales y de espacio público para el desarrollo urbano y recibió la

competencia para decretar la expropiación de inmuebles en el

Distrito Capital.

Indicó que por tal razón expidió la Resolución núm. 54287 de

2015, que determinó la expropiación administrativa del inmueble

ubicado en la AK 80 núm. 59-21, identificado con matrícula

inmobiliaria 50S-40624790, la cual estableció el valor del precio

indemnizatorio por un valor de $5.865.110.383.oo, que incluyó los

valores de $5.025.282.880.oo por concepto de avalúo del inmueble

terreno y construcción y $839.827.503.oo y, posteriormente, expidió

la Resolución núm. 64698 de 2015, por la cual resolvió el recurso de

reposición interpuesto por los actores y modificó la anterior decisión
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

en el sentido de reconocer las sumas de $983.982.411.oo y

$214.716.43..oo por concepto de lucro cesante, de conformidad con

la complementación del avalúo de 13 de noviembre de 2015.

Mencionó que el artículo 58 de la Constitución Política es enfático en

establecer que la propiedad privada tiene una función social que

acarrea obligaciones a su titular y que no por este hecho debe ser

desconocida su potestad patrimonial, lo que en este caso no ocurrió,

pues hizo el pago de conformidad con el avalúo comercial de la

UAECD, el cual no tiene ningún tipo de vicio, al ser realizado por

profesionales especializados, siendo terceros que no tenían ninguna

vinculación con la entidad y dando cumplimento al Decreto 583 de

2011, sobre la prestación del servicio de avalúos.

Resaltó que en virtud de los artículos 61 de la Ley 388 de 1997 y 12

del Decreto 1420 de 1998, faculta para la elaboración de avalúos al

IGAC o la entidad que haga sus veces, la cual para este caso fue la

UAECD que tenía un contrato vigente y estaba desempeñando las

funciones de aquella.

Afirmó que los actores manifiestan que no están de acuerdo con el

valor indemnizatorio y no les pagaron un precio justo; sin embargo, a

su juicio, el avalúo cumplió con todos los requisitos legales y tuvo en

cuenta la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, su decreto reglamentario
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 por la cual se establecen

los procedimientos para los avalúos, por lo que no es de recibo su

reclamación, máxime si de las pruebas allegadas al proceso no se

determinó que se les haya causado un perjuicio ni que el avalúo

contuviera errores, pues no mencionaron o aportaron un nuevo

avalúo, en el cual se establezcan los presuntos errores técnicos o

jurídicos en los que presuntamente incurrió la administración en la

fijación del precio indemnizatorio.

I.4.2.- LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO -
UAECD

Se opuso a los hechos y pretensiones que motivaron su llamamiento

en garantía, porque, en su sentir, el vínculo contractual que tiene con

el IDU, con base en el cual elaboró el avalúo, no es suficiente para

trasladarle el pago de los presuntos perjuicios alegados por los

actores.

Señaló que suscribió con el IDU el contrato interadministrativo núm.

1321 de 2013, cuyo objeto era la realización de los avalúos

comerciales requeridos dentro del marco del Decreto 583 de 2011,

por lo que elaboró el avalúo comercial núm. 2014-1863 con ocasión

al proceso de expropiación administrativa adelantado contra los

demandantes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Mencionó que de conformidad con el referido contrato

interadministrativo es obligación del IDU elaborar el acta de recibo y

revisar y aceptar el avalúo conforme a las normas y parámetros

establecidos en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de

2006, razón por la cual no se le puede endilgar alguna

responsabilidad por la realización del avalúo.

Explicó que no está prevista la posibilidad de que el propietario le

solicite directamente la revisión o impugnación del avalúo comercial

que sirve de base para la oferta, pues esa facultad solo está prevista

para la entidad solicitante.

No obstante, ello no implica imposibilidad de controvertir el avalúo

pues las inconformidades del propietario deben presentarse ante el

IDU, quien se las traslada para su atención y respuesta, aspecto que

indicó, ocurrió en este caso.

Señaló que el informe técnico de avalúo no constituiría acto

administrativo, además se realizó bajo reglamentación vigente y

expuso definiciones y parámetros que, a su juicio, diferencian ambas

categorías.

Objetó por error grave el Avalúo Comercial núm. 10.092/2016

expedido por la firma Sarmiento Osorio Soluciones Inmobiliarias
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

aportado con la demanda, por no estar acorde con las normas que

regulan la materia.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 28 de mayo de 2020, el Tribunal decidió: i)

declarar no probada la excepción denominada “genérica o

innominada" formulada por el IDU, ii) denegar las pretensiones de

la demanda y iii) condenar en costas a la parte actora.

Destacó que de conformidad con los artículos 67 de la Ley 388 de

1997 y 23 de la Ley 1682 de 2013, las entidades competentes para

efectuar el avalúo comercial en los procesos de expropiación

administrativa es el IGAC, la entidad que cumpla sus funciones o

por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones

correspondientes y, asimismo, el Acuerdo núm. 257 de 2006,

expedido por el Concejo de Bogotá en el literal e) de su artículo 63

estableció que una de las funciones básicas de la UAECD era

elaborar dichos avalúos. Además, indicó que el artículo 2° del

Decreto 583 de 2011, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá,

prevé que las entidades y organismos del orden distrital solicitarán

la elaboración de los avalúos comerciales a dicha entidad y el

artículo 3°, numeral 5, del Acuerdo núm. 4 de 2012, expedido por

el Consejo Directivo de la UAECD, establece como una de sus
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

funciones elaborar dichos avalúos a la organismos o entidades

distritales y a empresas del sector privado.

Afirmó, en concordancia con lo anterior, que contrario a lo señalado

por la parte actora, la UAECD está habilitada jurídicamente para

realizar los avalúos comerciales que le sean solicitados por las

entidades distritales o empresas del sector privado y no se

encontraba impedida para elaborar el mismo, máxime si no se

acreditó en el proceso que los encargados de realizar el evalúo se

hubiesen encontrado impedidos o recusados para cumplir su labor.

Resaltó en cuanto a las inconformidades del avalúo comercial

alegado por los actores, que, por un lado, el certificado catastral

expedido por la UAECD tuvo que para el 2014 cuando inició el

proceso de expropiación administrativa se estableció como avalúo

catastral del inmueble ubicado en la AK 80 núm. 59-21 sur de

Bogotá D.C. con cédula catastral 004522221000000000, chip

AAA0238CPNN y matrícula inmobiliaria 50S-40624790 el monto de

$8.519.684.000,oo, el cual incluía la totalidad del área del terreno

de 6.547.7 m2 y la totalidad del área construida de 2.541.5 m2 y,

por el otro, el avalúo comercial efectuado por la UAECD estableció

que el área del terreno a evaluar era de 4.052.63 y el área

construida afectada era de 1.009.82 m2 más 788.56 total de

$5.025.282.880, lo que evidencia que la expropiación del inmueble
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

fue parcial, es decir, no fue por la totalidad del terreno y la

construcción sino tan solo una parte de ellas, así que, a su juicio, es

razonable que el avalúo comercial sea inferior al avalúo catastral al

no expropiarse la totalidad del inmueble.

Advirtió que lo precedente fue explicado por el ingeniero catastral

geodesta Néstor Andrés Villalobos Caro, contratista del IDU, quien

revisó el avalúo comercial presentado por la UAECD y al rendir su

testimonio afirmó que no era posible realizar la comparación hecha

por la parte actora referente al valor establecido en el avalúo

catastral frente al avalúo comercial que sirvió de base para la

expropiación, por cuanto este último se realizó sobre parte del

terreno y la construcción y no sobre la totalidad, por lo tanto la

valoración del inmueble debía efectuarse tan solo sobre las áreas

efectivamente afectadas.

Puso de presente que los artículos 25 y 26 del Decreto 1420 de

1998 prevén los métodos que deben aplicarse para la elaboración

de los avalúos que se requieran cuando se trate de los procesos de

expropiación administrativa, los cuales pueden ser de i)

comparación o de mercado, ii) capitalización o rentas de ingreso,

iii) costo de reposición y iv) residual, cuando las condiciones del

inmueble objeto de avalúo permitan la aplicación de uno o más

métodos, caso en el que el avaluador deberá realizar las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

estimaciones correspondientes y sustentar el valor determinado en

el respectivo estudio.

Trajo a colación la sentencia de 14 de mayo de 2009, proferida por

la Sección Primera del Consejo de Estado 15, que señala que el

titular del derecho de propiedad del bien expropiado debe recibir

una indemnización plena de carácter reparatorio que comprenda

tanto el valor del bien expropiado como los demás perjuicios que se

le hubieren causado y que el valor de la indemnización no puede

ser superior a los perjuicios realmente causados, de manera que es

una obligación del titular del derecho probar el carácter cierto del

daño.

Manifestó que, una vez analizó el avalúo dictado por la UAECD,

encontró que el mismo se realizó de conformidad con lo previsto en

el Decreto 1420 de 24 de junio de 1998 y la Resolución núm. IGAC

620 de 23 de septiembre de 2008 y que el precio indemnizatorio

por el terreno se definió utilizando el método (técnica) residual, el

cual busca establecer el valor comercial del bien a partir de estimar

un monto total de la ventas de un proyecto de construcción, acorde

con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el

mercado del bien final vendible en el terreno objeto del avalúo, el

15
C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

cual contaba con un área adecuada para que en un escenario

hipotético se desarrollara constructivamente un predio de altura.

Adujo que en los actos administrativos demandados se expuso que

no era posible utilizar el método de comparación o de mercado para

valorar el terreno porque no existían ofertas comparables en cuanto

a la ubicación y dimensiones con el predio objeto avaluado, hecho

que no fue tachado de falso ni desvirtuado por la parte actora, por

lo tanto el método legalmente procedente para determinar el valor

del terreno era el residual y frente a las construcciones se aplicó el

método de costo de reposición a partir de estimar el costo total de

la construcción teniendo en cuenta la descripción del bien inmueble,

la edad, la vida útil, el estado de conservación, la depreciación, el

valor de la reposición, entro otros aspectos.

Mencionó que teniendo en cuenta lo anterior y utilizando el método

(técnica) residual para el terreno y el de costo de reposición para

las construcciones el avalúo total del inmueble fue de

$5.025.282.88.oo, para lo cual se tuvo en cuenta el valor relativo

del terreno soportado con registro fotográfico, el informe de

tratamiento de desarrollo y el estudio técnico utilizando los citados

métodos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Indicó que con la adición del informe técnico del avalúo comercial

núm. 2014-1863 de 27 de octubre de 2014, junto con sus

complementarios el 2 de julio de 2015 y 13 de noviembre del

mismo año, dictaminados por la UAECD, se elaboró el avalúo final

que incluyó el daño emergente y lucro cesante por la suma de

$1.077.215.779.oo, de los cuales se descontaron los siguientes

emolumentos i) 92.952.748 por gastos de escrituración del predio a

adquirir por el IDU y $282.620 por desconexión y taponamiento de

servicios públicos, por lo que el daño emergente se estableció en

$983.982.411.oo y el total de la indemnización como consecuencia

de la expropiación administrativa fue por el monto de

$6.223.981.721.

Anotó que, conforme a lo anterior, la indemnización determinada y

realizada por el IDU estuvo debidamente soportada en el avalúo

comercial tanto para el terreno como las construcciones aplicando

los métodos establecidos en el ordenamiento, en el que también se

tuvo en cuenta el daño emergente y lucro cesante.

Reiteró que de conformidad con el artículo 58 de la Constitución

Política el interés personal debe ceder ante el interés general y, por

lo tanto, cuando se trata de motivos de utilidad pública o interés

social como ocurrió en el caso concreto, el inmueble fue expropiado

para construir la obra denominada Avenida Bosa en el tramo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

comprendido entre las avenidas Ciudad de Cali y Agoberto Mejía,

incluyendo las zonas de reserva vial de sus intersecciones.

Destacó que la parte actora aportó el avalúo comercial elaborado

por la lonja de la Sociedad Colombiana de Peritos Avaluadores

realizado por el señor Fernando García Fernández, el cual utilizó el

método comparativo o de mercado para evaluar el lote de terreno y

la construcción, comparando tres predios determinando el valor

promedio por m2 del terreno en la suma de $1852.899.oo y el valor

por m2 de la construcción en el monto de $1.737.965 y, en ese

sentido, determinó el valor total del avalúo por

$15.467.032.332.oo. Asimismo, avaluó el predio utilizando el

método residual en el que analizó entre otros aspectos las

características del inmueble teniendo en cuenta el área total del

terreno, esto es, 6.626.3.oo, estableciendo el valor del inmueble en

$14.666.715.562.oo; sin embargo, no evidenció el debido y

necesario soporte probatorio, sin los cuales, en su sentir, son meras

consideraciones subjetivas o juicios del avaluador que carecen de

respaldo probatorio.

Arguyó que el propietario tiene la carga de acreditar la existencia y

certeza de los perjuicios alegados y su valor con ocasión de la

expropiación y, en ese orden, el avalúo aportado por la parte actora

en la actuación administrativa debía cumplir con los requisitos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

previstos en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución núm. 620 de

23 de septiembre de 2008, aportando las fuentes de sus premisas y

los soportes a sus conclusiones, lo cual en el caso de la parte actora

no fue así.

Consideró que debido a lo anterior el avalúo allegado por la parte

actora no tiene la idoneidad para desvirtuar el avalúo presentado

por la UAECD, por lo que no logró demostrar que el precio de la

oferta de compra fijado en el acto demandado fuera inferior al que

comercialmente corresponde.

Puso de presente que el avalúo presentado por la parte actora

incurrió en un error al utilizar el método de comparación o de

mercado para evaluar tanto el terreno como la construcción,

cuando para la valoración de la construcción se debe utilizar el

método de costo de reposición, de conformidad con el artículo 3° de

la Resolución núm. 620 de 2008 expedida por el IGAC. Asimismo,

señaló que en dicho avalúo se aplicaron los métodos de

comparación y residual de forma errónea y se tuvo en cuenta la

totalidad del área del lote del terreno, cuando lo cierto es que la

expropiación del inmueble fue parcial, razón por la que el mismo

carece de sustento real y validez para desvirtuar el avalúo

elaborado por la UAECD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Frente al daño emergente y lucro cesante solicitado por la parte

actora, afirmó que con la adición al informe técnico de avalúo

comercial núm. 2014-1863 de 27 de octubre de 2014 se allegaron

sus complementarios de 2 de julio de 2015 y 13 de noviembre del

mismo año expedidos por la UAECD, en el que este último se

denominó avalúo indemnización en el cual se incluyó el avalúo final

por daño emergente y lucro cesante, respectivamente, por

$983.982.411.oo y $214.716.460.oo, lo que da cuenta que la

indemnización de esos emolumentos fue ajustada a resolver el

recurso de reposición en el proceso administrativo, para lo cual se

tuvo en cuenta los estados financieros de Maderisa S.A.S. y

Maderas del Bosque S.A.S. de 31 de diciembre de 2014 por

punto de venta, las actividades de desmontaje y montaje de

maquinaria especializada, la actividad de montaje de la sub

estación eléctrica, entre otras.

Finalmente, dijo que la parte actora solicita el reconocimiento de un

mayor valor de indemnización por concepto de lucro cesante y daño

emergente; no obstante, ni con la demanda ni en la oportunidad

procesal correspondiente aportó prueba alguna de los supuestos

valores adicionales que se dejaron de reconocer, por lo que los

perjuicios alegados no fueron probados, siendo que tiene la carga

de la prueba.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

Los actores recurrieron la sentencia proferida en primera instancia,

para lo cual manifestaron que el Tribunal no desarrolló la

determinación del uso del suelo del inmueble objeto de la

expropiación administrativa, el cual era esencial para determinar el

valor de la indemnización. Asimismo, adujeron que tampoco se tuvo

en cuenta las condiciones materiales aledañas al bien, las cuales

permitían inferir la existencia de bienes de uso comercial y, por

esta razón, en su sentir, dicho valor no está ajustado a la realidad

fáctica, jurídica ni técnica.

Afirmaron que, contrario a lo señalado por el a quo, las condiciones

materiales en las que se sitúa el predio permiten la utilización del

método de mercado. Además, que de igual forma han cuestionado

la competencia de dicha entidad para realizar el avalúo comercial.

Advirtieron que el fallo de primera instancia desconoció sus

argumentos expuestos acerca del conocimiento del área

expropiada, ya que el debate se centra es sobre el valor del metro

cuadrado y no con respecto al límite del área expropiada, por lo que

sin tener en cuenta sus objeciones, se les concedió un precio

adverso a sus intereses.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Trajeron a colación el avalúo comercial elaborado por el perito

FERNANDO GARCÍA FERNÁNDEZ de la Lonja de la Sociedad

Colombiana, el cual establece el metraje en concreto sobre el que

se pretende reclamar el justo precio y el avalúo catastral,

respectivamente, así:

“[…]

[…]

[…]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Explicaron que, en ese entendido, comparado con el avalúo

comercial solicitado por el IDU, el valor determinado por esa

entidad ni siquiera asciende al valor catastral, pues tiene una

diferencia de $3.203.002.761.oo.

Dijeron que, de conformidad con lo anterior, el Tribunal incurrió en

un error al no tener en cuenta el avalúo traído por ellos, que da

cuenta del valor indebido e injusto fijado por la parte demandada y,

en consecuencia, se debe reconocer la indemnización con los

valores presentados en la demanda.

Insistieron en que se debía determinar de forma correcta si el uso

del suelo del inmueble objeto de expropiación era residencial o

comercial, para luego fijar el valor comercial y así establecer el

precio de conformidad con la Resolución núm. 620 de 2008,

expedida por el IGAC.

Mencionaron que el procedimiento para determinar el uso del suelo

en el Distrito Capital se establece, por un lado, es a través del Plan

de Ordenamiento Territorial – POT, que señaló que para la UPZ 85-

BOSA, el lugar en que está ubicado el predio expropiado, se

aplicaría la regla de Tratamiento de Desarrollo Urbanístico, la cual

indica que el uso del suelo se determinaría por la actividad que en

ella desarrolle cada uno de los propietarios, poseedores y tenedores
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

de los predios que la componen, lo que, a su juicio, acreditaron

pues el perito de la entidad demandada en la descripción señala

que el inmueble objeto de expropiación está destinado al uso

comercial e industrial y, por el otro, con la certificación catastral, la

cual fue aportada con la demanda con fecha de 16 de agosto de

2014, en la que en una de sus características señala lo siguiente:

“[…] DESTINO CATASTRAL: 21 COMERCIO EN CORREDOR

COMERCIAL y el USO es: CORREDOR COMERCIAL NPH O HASTA 3

UNIDADES PH […]”.

Sostuvo que, por lo precedente, se evidencia que la entidad

demandada ha reconocido el carácter comercial del bien y el

ejercicio y desarrollo de la actividad industrial, por lo que se debe

establecer con base al uso del suelo el valor correspondiente por

concepto de avalúo comercial.

Agregó que el IDU ha desconocido que el predio tenía un destino

comercial, pues ha referido que el mismo es de uso de vivienda, lo

cual, a su juicio, trata de ignorar tal calidad porque ello aumentaría

el valor del predio.

Explicaron que el avalúo tenido en cuenta por el IDU realizó el

cálculo de precios de venta con base en la variación del metro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

cuadrado según sea vivienda de Interés Social Prioritaria - VIP16,

vivienda no VIP y comercio, pero no adjuntó con el mismo el

estudio de mercado, como tampoco la referencia por metro

cuadrado de cálculo final.

Indicaron que en el citado avalúo solo existe una tabla en aplicación

al método residual, en el que se tiene el precio de venta de

apartamentos que se están vendiendo y el valor del metro

cuadrado; sin embargo, no se relacionó el cálculo de valor de venta

metro cuadrado de comercio.

Manifestaron que en los actos administrativos demandados no se

diferenció el valor de venta en ejercicio residual de las áreas

residenciales a las comerciales. Además, no se tuvo en cuenta la

realidad de la zona, esto es, la existencia de un aglomerado de

comerciantes cerca al predio objeto de expropiación, lo cual fue

corroborado por los testimonios recepcionados en el asunto de la

referencia.

Expresaron frente al uso del suelo que la destinación dada por el

Plan de Ordenamiento Territorial, permite que la actividad

desarrollada en el mismo sea de explotación económica, industrial o

comercial y, en ese entendido, explicó que en el predio objeto de

16
En adelante VIP.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

expropiación funcionaba la sociedad MADERAS DEL BOSQUE S.A.S.,

que fabricaba y comercializaba madera y sus subproductos, por lo

que su objeto era netamente comercial y, en consecuencia, “[…] el

bien inmueble destinado para ese ejercicio económico, también

adquiere las características comerciales correspondientes […]”.

Advirtieron que el testimonio del Ingeniero Jhon Jairo Daza García,

solicitado por la parte demandada, incurrió en varias

contradicciones, frente al que sostuvieron lo siguiente:

“[…] En conclusión, de todo lo anterior se tiene que (i) el precio por
m2 fijado en la resolución que fija el valor de la expropiación no es
coherente, ni se encuentra ajustado a las cifras reales
correspondientes, expuesta por el perito avaluador presentado por
esta parte procesal, (ii) Que es inconsistente y contradictorio los
argumentos planteados por parte del IDU en relación a la
destinación del uso del bien, pues como se evidencia, existe una
inexplicable variación del objeto de uso en cuanto a que previo al
trámite administrativo de expropiación se cobró el tributo fiscal
reconociendo para ello el carácter comercial del mismo; y que luego
de ello, para cuando ya se había expedido la resolución
condenatoria, se modificara para convertirla en uso residencial, (iii)
Desconoce tanto el Honorable tribunal como la parte demandada los
argumentos expuestos y la realidad material que rodean al bien
objeto de debate, al concluir que aledaño a la zona no existen
bienes de destinación comercial ni actividades de esta naturaleza
que permitan inferir tal condición, pues como se demostró, en los
argumentos esgrimidos, en la zona si hay centros comerciales y
supermercados de grandes superficies, (iv) Además se evidencian
las falacias relatadas por los testimonios que se esgrimen con el fin
de revestir de cualidades técnicas y brindar veracidad a la decisión
pericial adoptada mediante el acto administrativo de la expropiación,
lo que en consecuencia debió haber permitido al Honorable
magistrado del tribunal, descalificar los valores en el contenidos y
no, como equivocadamente lo hizo, de aceptar y aprobar los montos
establecidos en él. (v) Que el mejor uso no es el de vivienda por que
la zona tiene vivienda y menos Vivienda de Interés Prioritario -VIP-,
dado que el sector se ha valorizado altamente por los desarrollos
económicos y nuevas vías, en otros términos, la realidad no

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

acompaña los argumentos expuestos por la entidad demandada. Lo
que nos permite deducir que deliberadamente el IDU o los
ingenieros del IDU determinaron en el presente caso que el mejor
uso es el de vivienda para el proyecto hipotético porque si fuera
comercial tendría que pagar el doble o más por adquirir el inmueble
[…]”.

Precisaron que el avalúo elaborado por la UAECD no se realizó de

conformidad con lo establecido en el Decreto 1420 de 24 de junio

de 1998 y la Resolución IGAC 620 de 23 de septiembre de 2008,

comoquiera que el precio indemnizatorio del terreno se definió

utilizando el método (técnica) residual, el cual se establece a partir

de la estimación del monto total de ventas de un proyecto de

construcción y se tiene en cuenta, en atención al artículo 14 de la

Resolución núm. 620 de 2008, la sumatoria obtenida por medio de

la multiplicación del área vendible, por cada tipo de área y por su

correspondiente metro cuadrado. Así las cosas, destacaron que con

la información que aportó la parte demandada en su avalúo, el

valor utilizado para el cálculo del precio por metro cuadrado carece

de sustento al utilizar un valor promedio de metro cuadrado sin un

estudio de mercado.

Sostuvieron que el avalúo oficial realizado por UAECD y el IDU, en

su sentir, presenta dos errores: (i) la no utilización del precio

promedio calculado del estudio del mercado y (ii) la no realización

de un estudio de mercado para calcular el precio del metro cuadro

de comercio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Para el efecto, adjuntaron una tabla con una “proyección del

avalúo”, como alternativa al ajuste del avalúo comercial, que arrojó

una diferencia a favor de los propietarios del inmueble por

$2.674.716.800.00, en la que se tomaron los mismos valores

calculados en área de venta del avalúo oficial, se reemplazaron los

valores de venta de m2 de comercio, se registró en debida forma el

centro comercial GRAN PLAZA, se logró proyectar y establecer que

el valor del m2 de locales comerciales es por un valor de

$10.000.000 m2, así:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

42

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Sostuvieron que el Tribunal incurrió en una indebida valoración

probatoria de (i) el avalúo elaborado por Lonja de la sociedad

Colombiana de Peritos Avaluadores, suscrito por el señor

FERNANDO GARCÍA FERNÁNDEZ al no tener en cuenta la

delimitación del predio expropiado, los valores en el contenido y el

uso del suelo como el factor determinante para elaborar la

liquidación; (ii) los avalúos y la certificación catastral, pues no tuvo

en cuenta la destinación del inmueble para determinar el uso del

suelo y (iii) la Resolución núm. 64698 de 27 de noviembre de 2015,

en el sentido que la misma entidad demandada reconoció por

concepto de daño emergente y lucro cesante, la cesación de la

actividad comercial para cuantificar el daño.

Por último, reiteraron que la UAECD no debía haber elaborado el

avalúo oficial al no ser imparcial, pues es una entidad que hace

parte del Distrito Capital.

IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Luego de admitido el recurso de apelación el Despacho corrió

traslado para alegar de conclusión, según se aprecia en el auto de

24 de junio de 2022, término en el que las partes intervinieron de

la siguiente manera:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

43

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

IV.1. LA PARTE APELANTE

Manifestaron que el medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho resultaba procedente para controvertir la decisión

expropiatoria y el precio indemnizatorio, el cual ejercieron contra

las resoluciones que ordenaron la expropiación, en concordancia

con el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.

Expusieron que aportaron en el medio de control de la referencia

bastante material probatorio, incluyendo actas, derechos de

petición, cotizaciones, estados financieros, declaraciones tributarias

y documentos contables, destinados a acreditar el daño emergente

y el lucro cesante derivados del proceso expropiatorio.

Adujeron que las contestaciones presentadas por el IDU y la

UAECD fueron extemporáneas frente a los términos especiales del

proceso expropiatorio, por lo cual no debieron ser valoradas por el

Tribunal al momento de proferir la sentencia.

Afirmaron que el procedimiento de expropiación administrativa

debía analizarse en sus tres etapas (i) oferta de compra, (ii)

negociación y (iii) decisión expropiatoria, señalando que las

objeciones formuladas por la parte actora surgieron desde la etapa

de oferta, especialmente, contra el avalúo elaborado por la UAECD.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

44

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Cuestionaron la idoneidad e independencia del profesional que

elaboró el avalúo de la UAECD, señalando la ausencia de

acreditación de su perfil, experiencia y matrícula, así como la falta

de información exigida para los dictámenes periciales y, además,

que dicha entidad no contaba con la autonomía suficiente para

emitir el avalúo, pues la tasación dependía del rubro por girar por

parte de la Secretaría Distrital del IDU para el pago de las

expropiaciones administrativas.

Alegaron que se configuró una indebida valoración probatoria, al

omitirse el análisis de la tacha de testimonios presentada y,

además, que, a su juicio, evidenciaban desviación de poder y vicios

en los actos administrativos demandados.

Concluyeron que el avalúo oficial carecía de los requisitos legales

por lo que debía prevalecer el presentaron por ellos, solicitando en

consecuencia revocar la sentencia de primera instancia y acceder a

las pretensiones de la demanda.

IV.2. EL IDU

Indicó que los actos administrativos demandados fueron decisiones

objetivas adoptadas en atención a la Constitución Política y la ley,

garantizando el de debido proceso, la defensa y la celeridad, sin
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

45

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

que se hubiese vulnerado los derechos de alguno de los propietarios

del inmueble objeto de expropiación.

Adujo que no se probó que los actos administrativos acusados

estuvieran viciados de nulidad, toda vez que el procedimiento

expropiatorio se adelantó conforme a la Ley 388 de 1997 y demás

normas aplicables, en razón a la ejecución de una obra de utilidad

pública y con pleno respeto por las garantías procesales de la parte

demandante.

Afirmó que el avalúo elaborado por la UAECD fue practicado por

profesionales especializados e independientes de forma imparcial

bajo los parámetros técnicos y legales, circunstancia que se verificó

de la recepción de los testimonios técnicos de los ingenieros Nestor

Andrés Villalobos Caro y Jhon Jairo Daza García, que sostuvieron

que el avalúo cumplía con todas las normas que rigen la materia y

el método utilizado en el mismo fue el correcto.

Precisó que en relación con el argumento de la parte actora de que

el valor comercial reconocido por el IDU era inferior al avalúo

catastral y que se debía tener en cuenta el cálculo del avalúo del

perito Fernando García Fernández, como referencia para determinar

el costo del M2 del área expropiada, se tiene que el método

utilizado ahí no era el apropiado, comoquiera que no existían
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

46

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

ofertas de bienes semejantes en el sector como se indicó en la

audiencia de pruebas, lo que hacía procedente la aplicación del

método residual para la realización del avalúo, de conformidad con

la Resolución IGAC 620 de 2008.

Destacó que el avalúo catastral tampoco podía tomarse como

parámetro de indemnización, dado que la expropiación recayó solo

sobre una fracción del área total del predio, siendo necesario

calcular el valor conforme a los metros efectivamente adquiridos,

esto es, 4.052.63 m2 de los 6.599.44. m2 totales del inmueble.

Argumentó que los valores comerciales propuestos por la parte

actora resultaban errados al comparar el inmueble con locales de

centros comerciales o grandes superficies, cuyas características

físicas, urbanísticas y socioeconómicas difieren del predio

expropiado, dado que no se puede tomar el mismo valor comercial

de los terrenos en un sector, lo que desconocería el artículo 22 del

Decreto 1420 de 1998.

Insistió en que la valoración debía atender las variables técnicas

previstas en el Decreto 1420 de 1998, tales como ubicación,

normas urbanísticas, uso del suelo, infraestructura y características

constructivas, sin que fuera admisible generalizar valores

comerciales del sector.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

47

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Mencionó que el valor adoptado como precio de metro cuadrado en

las ofertas de venta está errado al ser de locales que están

ubicados en un centro comercial, los cuales tienen una destinación

socioeconómica y características físicas netamente comerciales y de

alta densidad, mientras que los locales que se podrían desarrollar

en el predio objeto de valorización están presupuestado en una

edificación que por licencia de construcción no pueden superar los

tres pisos y no todos destinados a comercio.

Afirmó que la parte actora tuvo en cuenta el valor comercial de los

locales que estaban ubicados en el centro comercial y no de la

forma correcta como la UAECD, que sí valoró las áreas de los

locales ubicados en primer piso y vivienda familiar, lo que presenta

una diferencia en valores comerciales que se debe analizar e incluir

en el ejercicio avaluatorio, pues de no hacerse se está induciendo al

error.

Dijo que los recurrentes confunden los términos de valor comercial

con destinación comercial, teniendo en cuenta que pretenden que la

indemnización por expropiación de un predio con destinación

industrial se fije comparativamente con inmuebles comerciales,

determinando el ¨valor comercial¨ con metodologías inaplicables

como la comparativa o de mercado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

48

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Concluyó que la parte demandante incumplió su carga probatoria al

no demostrar errores técnicos en el avalúo elaborado por la UAECD

ni desvirtuar la presunción de legalidad de los actos

administrativos, razón por la cual solicitó que se confirme el fallo de

primera instancia.

IV.3. LA UAECD

Manifestó que, tanto el Ministerio Público como el Tribunal de

primera instancia, coincidieron en que el área objeto de

expropiación fue parcial respecto del total del inmueble, razón por

la cual resultaba lógico que el avalúo comercial fuera inferior al

catastral, sin que ello implicara desconocimiento de la realidad

económica del bien expropiado.

Expuso que el avalúo presentado por la parte demandante fue

desestimado, dado que sus conclusiones no contaban con respaldo

probatorio y solo contenía las consideraciones subjetivas o juicios

del avaluador.

Argumentó que el avalúo comercial que elaboró se fundamentó en

la normativa vigente, aplicando el método (técnica) residual para el

terreno y el de costo de reposición para las construcciones,

cumpliendo los parámetros de la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

49

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

de 1998 y la Resolución IGAC 620 de 2008, lo que respaldaba la

legalidad del precio indemnizatorio.

Sostuvo que la parte actora no allegó prueba alguna que permitiera

declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, por lo

cual las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.

No obstante, afirmó que no expidió los actos administrativos

demandados y las pretensiones de la demanda van dirigidas al

IDU, por lo que no tiene legitimación en la causa por pasiva y solo

se limitó a elaborar el avalúo en virtud de sus funciones técnicas,

siendo el IDU la autoridad competente y responsable del trámite

expropiatorio.

Precisó que el llamamiento en garantía formulado por el IDU

carecía de fundamento, al no demostrarse que su acción u omisión

causara un daño patrimonial, pues elaboró el avalúo comercial

núm. 2014-1863, en ejecución del contrato interadministrativo

núm. 1321 de 2013, el cual fue revisado y aprobado por dicha

entidad, razón por la que cualquier inconformidad derivada del

citado contrato debía ventilarse mediante el medio de control de

controversias contractuales dentro del término legal, el cual ya se

encontraba caducado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

50

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

IV.4.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Precisó que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, el

procedimiento de expropiación administrativa se adelantó conforme

a la Ley 388 de 1997, especialmente, en lo previsto en su artículo

61 y disposiciones concordantes.

Afirmó que el precio de adquisición fue fijado por la Unidad

Administrativa de Catastro Distrital, autoridad competente en

materia de avalúos, sin que obrara prueba que permitiera inferir

que el valor comercial determinado no correspondiera a la realidad

económica del inmueble o que el avalúo se hubiese practicado en

contravención de la normativa.

Sostuvo que se acreditó la existencia de disponibilidad presupuestal

y la forma de pago del precio indemnizatorio, cumpliéndose los

requisitos financieros para la adquisición del bien.

Destacó que la oferta de compra fue debidamente notificada a los

propietarios conforme a las reglas del procedimiento administrativo,

garantizándose su derecho de defensa y contradicción, por lo que al

haber transcurrido el término legal sin lograrse acuerdo de

enajenación voluntaria, se habilitó a la administración para ordenar

la expropiación por vía administrativa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

51

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Explicó que el dictamen allegado por la parte actora no cumplía los

requisitos técnicos exigidos, pues carecía de estudios comparativos,

soportes documentales y cálculos verificables, apoyándose

principalmente en publicaciones web sin rigor pericial.

Recordó que la jurisprudencia del Consejo de Estado exige que los

avalúos en expropiación detallen los criterios de comparación y

estudios de mercado, en garantía de los principios de publicidad,

transparencia y contradicción.

Señaló que el avalúo oficial sí expuso la metodología aplicada y

justificó la ausencia de comparables, razón por la cual acudió

válidamente al método residual, circunstancia incluso reconocida

por el propio avalúo privado y añadió que la diferencia entre avalúo

catastral y comercial no implicaba irregularidad, por tratarse de

valoraciones con naturaleza, finalidad y metodología distintas, una

con fines tributarios y otra orientada al precio de mercado.

Resaltó que el valor indemnizatorio se fijó sobre el área

efectivamente expropiada y no sobre la totalidad del predio,

manteniéndose una porción restante en cabeza de los propietarios.

Concluyó que los montos reconocidos por daño emergente y lucro

cesante estaban debidamente soportados y que no se probó un
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

52

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

perjuicio superior, especialmente, frente a los costos de traslado

alegados.

Finalmente, sostuvo que los cargos carecían de vocación de

prosperidad por incumplimiento de la carga probatoria de la parte

actora, solicitando en consecuencia negar las pretensiones de la

demanda.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la

Constitución Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo

150 del CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019,

modificado por el artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de

diciembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado es

competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2.- ACTOS DEMANDADOS

En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

53

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

V.2.1.-RESOLUCIÓN NÚM. 54287 DE 21 DE JULIO DE 2015

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 54287 DE 2015

“POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACION POR
VÍA ADMINISTRATIVA”

[…]

CONSIDERANDO:

[…]

Que el valor contenido en la oferta de compra Resolución
114133 del 29 de diciembre de 2014, como precio
indemnizatorio fue por la suma de CINCO MIL VEINTICINCO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA ($5.025.282.880.00) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de terreno y construcción. PESOS

Que la Unidad Administrativa Catastro Distrital mediante la
comunicación 2015EE27444 O 1 de fecha 7 de julio de
2015, Radicado IDU 201552600986512 fecha 9 de julio de
2015, adiciona y complementa el avalúo 2014-1863 del 27
de octubre/de 2014 por concepto de, indemnización daño
emergente en la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS ($875.014.542.00) MONEDA CORRIENTE.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la
Ley 388 de 1997, el termino para la enajenación voluntaria
venció sin que se haya llegado a un acuerdo formal
contenido en un contrato de promesa de compraventa por
lo que es procedente iniciar la Expropiación por Vía
Administrativa de la zona de terreno que hace parte del
inmueble citado anteriormente.

Que en virtud de la presente expropiación administrativa,
respecto a la indemnización del daño emergente por valor
de la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($875.014.542.00) MONEDA CORRIENTE, se descontaran
los siguientes factores: A) Del factor Gastos de
Escrituración predio a adquirir por IDU, se descontará la
suma de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE
MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS ($33.912.167.00)
MONEDA CORRIENTE, B) Del factor correspondiente a
Taponamiento, se descontará la suma de UN MILLON
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

54

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

SETENTA Y DOS PESOS ($1.274.872.oo) MONEDA
CORRIENTE, lo anterior de conformidad con el Informe
Técnico Avalúo Comercial No. 2014-1863 de 2 de julio de
2015 elaborado por la Unidad Administrativa Catastro
Distrital (UAECD) y el informe de reconocimiento económico
RT N° 40405 / elaborado por el grupo económico de la
Dirección Técnica de Predios- Instituto de Desarrollo Urbano
de fecha 14 de julio de 2015.

Que una vez realizados los anteriores descuentos, el
reconocimiento a la indemnización por el daño emergente
es la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS
($839.827.503.00) MONEDA CORRIENTE.

Que el valor total a pagar por la zona de terreno objeto de
expropiación es CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS ($5.865.110.383.oo) MONEDA
CORRIENTE, de conformidad con el Informe Técnico Avalúo
Comercial No. 2014-1863 del 27 de octubre de 2014 y su
complementación del 2 de julio de 2015 elaborado por la
Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital Gerencia
de Información Catastral, Sub Gerencia de Información
Económica y el informe de reconocimiento económico RT N°
40405^aborado por el grupo económico de la Dirección
Técnica de Predios- Instituto de Desarrollo Urbano de fecha
14 de julio de 2015 por concepto de avalúo comercial de
terreno y construcción y la indemnización por daño
emergente.

Que sobre la zona de terreno que hace parte del inmueble
objeto de expropiación, no recae ninguna limitante al
derecho real de dominio.

Que los recursos por la adquisición de la zona de terreno
requerida para la obra referida en las consideraciones y en
el artículo primero de la parte motiva se encuentran
amparados con cargo al presupuesto del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO IDU, según los cuales asumirán los
pagos con cargo a su presupuesto.

[…]

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa en favor del Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU con NIT 899.999.081-6 de la zona de
terreno que hace parte del inmueble ubicado en la AK 80 No
59-21 SUR de la ciudad de Bogotá D.C., con cédula

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

55

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

catastral 004522221000000000, CHIP AAA0238CPNN y
matrícula inmobiliaria 50S 40624790, cuyos titulares
inscritos objeto de expropiación son los señores ANA LUCIA
CALDERON SABOGAL, identificada con cédula de ciudadanía
N° 39.547.646, MARY LUZ CALDERON SABOGAL,
identificada con cédula de ciudadanía N° 52.490.056,
SANDRA JANNETH CALDERON SABOGAL, identificada con
cédula de ciudadanía N° 52.561.733, MAURICIO CALDERON
SABOGAL identificado con cédula de ciudadanía No
79.522.112 y OSCAR DANIEL CALDERON SABOGAL,
identificado con cédula de ciudadanía N° 79.956.677,
conforme al registro topográfico número 40405, donde
aparece debidamente delimitado en un área de 4.052.63 M2
de terreno y construcción 1 (1 piso teja) de 129.59 M2,
construcción 2 (enramada) de 351.50 M2, construcción 3 (1
piso teja-bodega (enramada)) de 303.82 M2, construcción 4
(1 piso placa (subestación)) de 17.85 M2, construcción 5
(piso teja) de 207.06 M2 y muro cerramiento de 788.56 M2,
alinderado así; Por el NORTE: Del punto C al punto D en
línea recta y distancia de 81.93 mts lindando con Diagonal
60 Sur; Por el ORIENTE: Del punto D al punto G, pasando
por los puntos E,F en línea recta y distancias parciales de
76.52 mts y 39.69 mts, lindando con Avenida Agoberto
Mejia (AK 80). Por el SUR: Del punto G al punto B, en línea
quebrada pasando por los puntos H, I y distancias parciales
de 7.54 mts, 39.82 mts y 64.02 mts, lindando con zona de
terreno del predio que se segrega; Por el OCCIDENTE: Del
punto B al punto C, en línea recta y distancia de 29.40 mts,
lindando con propiedad particular y cierra.

[…]

ARTICULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO - El valor del precio indemnizatorio de
la expropiación que se ordena por la presente resolución es
de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
($5.865.110.383.oo) MONEDA CORRIENTE, el citado valor
comprende: A) La suma de CINCO MIL VEINTICINCO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($5.025.282.880.oo)
MONEDA CORRIENTE, por concepto de terreno y
construcción. B) La suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS TRES PESOS ($839.827.503.00) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de indemnización daño
emergente. Técnico Avalúo Comercial No. 2014-1863 del 27
de octubre de 2014 y su complementación del 2 de julio de
2015 elaborado por la Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital e informe de reconocimiento económico
RT40405 elaborado por el grupo económico de la Dirección

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

56

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano de
fecha 14 de julio de 2015 […]”. (Destacado fuera de texto)

A través del acto administrativo en cita el IDU ordenó la

expropiación del bien en cuestión, con fundamento en el artículo 58

de la Constitución Política, la Ley 388 y los acuerdos y decretos

distritales que declararon la existencia de condiciones especiales de

urgencia para las obras viales de la Avenida Bosa en el tramo

comprendido entre las avenidas Ciudad de Cali y Agoberto Mejía.

En su parte considerativa se hizo un recuento del trámite de

adquisición previa, desde la oferta de compra formulada mediante

Resolución núm. 114133 de 29 de diciembre de 2014, hasta las

aclaraciones y complementaciones del avalúo comercial efectuadas

por la UAECD.

Con base en esas actualizaciones, el IDU modificó la oferta y fijó el

valor indemnizatorio en $5.025.282.880.oo, suma que incluye

terreno y construcción y por daño emergente la suma de $875.014-

542.oo, detallando además las deducciones aplicables por gastos de

escrituración, entre otros.

La parte resolutiva concreta todas esas premisas, de forma que

ordenó la expropiación del inmueble, describiéndolo mediante

linderos y área y fijó el valor del precio indemnizatorio en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

57

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

$5.865.110.383.oo, discriminando el avalúo comercial

$5.025.282.880.oo) y el daño emergente neto ($839.827.503.oo).

V.2.2. RESOLUCIÓN NÚM. 64698 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 64698 DE 2015
“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN”

[…]

Que teniendo en cuenta que en el oficio radicado IDU
20155260241042 del 25 de febrero de 2015, la recurrente
aportó la documentación para la tasación del lucro cesante
y el daño emergente y que la misma se complementó con la
aportada en el recurso de reposición de marras, ha de
manifestarse que el recurso de reposición se desato basado
en las pruebas aportadas con el radicado 20155261366182
y la respuesta de la UAECD 2015EE52793 0 1.

Que teniendo en cuenta que se allegaron las
consideraciones técnicas del avaluador (Unidad
Administrativa Catastro Distrital) contenidas en el Informe
Técnico Indemnizatorio Avalúo Comercial No 2014-1863 de
fecha 13 de noviembre de 2015, que complementa el
avalúo ha de concederse parcialmente la petición de la
recurrente en lo relativo a el reconocimiento de la
indemnización del daño emergente y lucro cesante.

De acuerdo a lo anterior, la administración considera
razonable dar alcance para adicionar el valor del precio
indemnizatorio contenido en la Resolución No 54287 del 21
de julio de 2015, en los siguientes términos, con
fundamento en lo dictaminado por la UAECD mediante
informe técnico de avalúo No. 2014-1863 de noviembre 13
de 2015

• En lo atinente al valor del ítem DAÑO EMERGENTE,
procede su incremento en DOSCIENTOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS ($202.201.237.00) MONEDA CORRIENTE, con lo
cual éste rubro finalmente se tasa y reconoce en cuantía de
$ 1.077.215.779 MIL SETENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS QUINCE MIL Id Documento:
25000234100020160113301270111430003 %

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

58

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA
CORRIENTE

• Con relación al LUCRO CESANTE, el valor a reconocer es
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS
DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
($214.716.430.oo) MONEDA CORRIENTE.

Se precisa entonces que la sumatoria de los componentes
indemnizatorios de DAÑO EMERGENTE y LUCRO CESANTE,
suman por tanto $ 416.917.666.oo) CUATROCIENTOS
DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA
CORRIENTE, de conformidad con la complementación al
Informe Técnico Indemnizatorio Avalúo Comercial No 2014
1863 del 13 de noviembre de 2015.

Lo anterior, sumado a los valores iniciales de TERRENO y
CONSTRUCCIÓN, valga enfatizar que no sufrieron
alteración, arroja un total indemnizatorio de SEIS MIL
DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS
($6.223.981.721.00) MONEDA CORRIENTE

Ahora bien, respecto el factor de DAÑO EMERGENTE arriba
descrito, la administración procederá a descontar los
siguientes factores, por no causarse en razón a que el titulo
traslaticio de dominio es la Resolución de expropiación,
considerando que la administración está exenta del pago de
los gastos relacionados con su registro, y de otro lado, los
costos de taponamiento de servicios públicos, mismos que
serán sufragados por el IDU y no por los propietarios: A)
Factor correspondiente a Gastos de Escrituración la suma
de NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
($92.950.748.oo) MONEDA CORRIENTE; B) Del factor
correspondiente a desconexión de servicios públicos
Taponamiento, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($282.620.oo) MONEDA
CORRIENTE; de conformidad con el informe Técnico Avalúo
Comercial No 2014-1863 del 2 de julio de 2015 y su
complementación contenidas en el Informe Técnico
Indemnizatorio Avalúo Comercial No 2014-1863 de fecha 13
de noviembre de 2015 y el Informe de Reconocimientos
Económicos de la Dirección Técnica de Predios de fecha 25
de noviembre de 2015.

Que una vez realizados las anteriores deducciones, la
indemnización del daño emergente a reconocer es la suma
de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

59

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

ONCE PESOS ($983.982.411.00) MONEDA CORRIENTE, de
acuerdo con el informe de reconocimiento económico RT N°
40405 elaborado por el grupo económico de la Dirección
Técnica de Predios- Instituto de Desarrollo Urbano de fecha
25 de noviembre de 2015 y el Informe Técnico Avalúo
Comercial No. 2014-1863 del 2 de julio de 2015 y su
complementación contenidas en el Informe Técnico
Indemnizatorio Avalúo Comercial No 2014-1863 de fecha 13
de noviembre 2015.

Por virtud de las anteriores consideraciones, se concluye
que el valor total líquido a pagar por la adquisición de la
zona de terreno que hace parte del predio ubicado en la AK
80 N° 59-21 SUR es la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS
VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS ($6.223.981.721.00)
MONEDA CORRIENTE como valor total del precio
indemnizatorio, el citado valor comprende: A) La suma de
CINCO MIL VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
($5.025.282.880) MONEDA CORRIENTE por concepto de
avalúo comercial terreno y construcción, B) La suma de
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS
($983.982.411.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
daño emergente de acuerdo al informe Técnico Avalúo
Comercial No 2014-1863 del 2 de julio de 2015 y su
complementación contenidas en el Informe Técnico
Indemnizatorio Avalúo Comercial No 2014-1863 de fecha 13
de noviembre de 2015, elaborado por la Unidad
Administrativa Especial Catastro Distrital, C) La suma de
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS
DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
($214.716.430.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
lucro cesante de acuerdo al Informe Técnico Indemnizatorio
Avalúo Comercial No 2014-1863 de fecha 13 de noviembre
de 2015, elaborado por la Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital.

[…]

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los artículos segundo,
tercero y cuarto de la Resolución N° 54287 de 21 de julio
de 2015, “ARTICULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO.- El valor del precio indemnizatorio de la
expropiación que se ordena por la presente resolución es de
SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS
VEINTIÚN PESOS ($ 6.223.981.721.00) MONEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

60

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

CORRIENTE, el citado valor comprende:

A) La suma de CINCO MIL VEINTICINCO MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA PESOS ($5.025.282.880) MONEDA CORRIENTE
por concepto de avalúo comercial terreno y construcción, de
acuerdo al informe Técnico Avalúo Comercial No 2014-1863
de fecha 2 de julio de 2015, elaborado por la Unidad
Administrativa Especial Catastro Distrital.

B) La suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
ONCE PESOS ($983.982.411.oo) MONEDA CORRIENTE, por
concepto de daño emergente de acuerdo al informe Técnico
Avalúo Comercial No 2014-1863 del 2 de julio de 2015 y su
complementació contenidas en el Informe Técnico
Indemnizatorio Avalúo Comercial No 2014-1863 de fecha 13
de noviembre de 2015, elaborado por la Unidad
Administrativa Especial Catastro Distrital.

C) DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
($214.716.430.oo) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
lucro cesante de acuerdo al Informe Técnico Indemnizatorio
Avalúo Comercial No 2014-1863 de fecha 13 de noviembre
de 2015, elaborado por la Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital, […]

[…]

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar los demás artículos de la
Resolución de Expropiación No 54287 del 21 de julio de
2015 […]” (Destacado fuera de texto).

El citado acto administrativo modificó la Resolución núm. 54287 de

2015, en el sentido de aumentar el valor reconocido por daño

emergente en $202.201.237.oo y reconocer el lucro cesante por

$214.716.430.oo, lo anterior debido a que tuvo en cuenta el oficio

núm. 2015EE52793, en el que la UAECD dio respuesta a las

observaciones planteadas por la parte actora frente al avalúo

comercial 2014-1863; los documentos allegados por la parte actora

con la complementación de la tasación del daño emergente y lucro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

61

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

cesante y, asimismo, la complementación del informe técnico

indemnizatorio avalúo comercial núm. 2014-1863 de 13 de

noviembre de 2015.

V.3.- PROBLEMAS JURÍDICOS

La Sala advierte que la decisión en esta instancia estará limitada a

los aspectos que fueron objeto del recurso de apelación presentado

por la parte actora.

A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,

corresponde a la Sala determinar, si la sentencia de primera

instancia debe confirmarse, modificarse o revocarse, en razón a que

los demandantes manifestaron que el avalúo elaborado por la

UAECD, tenido en cuenta por el IDU para fijar el precio

indemnizatorio, desconoció el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución

IGAC 620 de 2008, debido a que: (i) dicha entidad no era la

competente porque, a su juicio, no es imparcial al ser una entidad

que pertenece al Distrito Capital; (ii) no debía ser utilizado el

método (técnica) residual sino el comparativo o de mercado; (iii) la

inconsistencia del precio indemnizatorio al ser menor que el avalúo

catastral; (iv) se debía tener en cuenta el uso del suelo del predio

para determinar si era residencial o comercial y su delimitación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

62

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

predial; y (v) se debió tener en cuenta el avalúo aportado con la

demanda, elaborado por el perito FERNANDO GARCÍA FERNÁNDEZ.

V.4.- EL ASUNTO BAJO EXAMEN

Para resolver los reproches planteados, la Sala hará referencia al

marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,

para luego abordar el estudio de los problemas planteados a título

de cuestionamientos contra el fallo del Tribunal a quo.

V.4.1.- GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la

propiedad privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida
por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al
interés público o social. La propiedad es una función social
que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una
función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las
formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social
definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa.
Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y
del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

63

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

respecto del precio […]”.

Con base en la norma en cita se tiene que17 i) la garantía a la

propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con

arreglo a las leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las

formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido

el carácter limitado de la propiedad; iv) hay condiciones en que

prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la

propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y, vi)

están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.

De otra parte, acorde con el desarrollo de este precepto

constitucional, inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció

instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por

motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se

reguló por la Ley 388 de 1997.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el

procedimiento que debe ser atendido con el propósito de llevar a

cabo la expropiación por vía administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

17
Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11, proferidas por la
Corte Constitucional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

64

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria 18, la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la

destinación que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto

administrativo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos;

v) la orden de notificar a los titulares del derecho de dominio u

otros derechos reales del predio y la información sobre los recursos

procedentes.

Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada,

el artículo 70 ibidem, prevé:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa,
por no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso
interpuesto en forma negativa, la decisión producirá los
siguientes efectos:

1. El derecho de propiedad u otros derechos reales
se trasladarán de las personas titulares de ellos a la
entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual
bastará con el registro de la decisión en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos. El registrador exigirá que
la entidad acredite que el propietario o los titulares de
otros derechos reales SOBRE EL INMUEBLE, han

18
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

65

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

retirado el valor de la indemnización y los documentos
de deber correspondientes, o que se ha efectuado la
consignación correspondiente conforme a lo previsto en el
numeral 2 de este artículo.

2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según
sea el caso, el valor total correspondiente o el
porcentaje del precio indemnizatorio que se paga de
contado y los documentos de deber correspondientes a
los cinco contados sucesivos anuales del saldo. Si el
particular no retira dichos valores y los documentos de deber
dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria, la entidad
deberá consignarlos en la entidad financiera autorizada para
el efecto a disposición del particular, y entregara copia de la
consignación al Tribunal Administrativo en cuya área de
jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro de los
diez (10) días siguientes, considerándose que ha quedado
formalmente hecho el pago.

3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública
podrá exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE
EXPROPIADO, sin necesidad de intervención judicial, para lo
cual podrá acudir al auxilio de las autoridades de policía si es
necesario.

4. En caso de que los valores y documentos de deber no
se pongan a disposición del propietario o no se consignen
dentro de los términos señalados en el numeral 2 de este
artículo, la decisión de expropiación por vía administrativa no
producirá efecto alguno y la entidad deberá surtir
nuevamente el procedimiento expropiatorio.

5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa adquiere la obligación de
utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que
hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3)
años contados a partir de la fecha de inscripción de la
decisión correspondiente en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de
propietario del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal
Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el
inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha
obligación, mediante proceso abreviado que se limitará
exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán
solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un
término no superior a un mes, transcurrido el cual se
pronunciará sentencia inapelable.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

66

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la
obligación por parte de la entidad, la sentencia así lo
declarará y ordenará su inscripción en la respectiva Oficina
de Registro, a fin de que el demandante recupere la
titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia se
determinará el valor y los documentos de deber que la
persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a la
entidad pública respectiva, siendo necesario para los efectos
del registro de la sentencia que se acredite mediante
certificación auténtica que se ha efectuado el reintegro
ordenado […]”. (Destacado fuera de texto).

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el

carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor

del precio indemnizatorio que se reconocerá A LOS

PROPIETARIOS, el cual será igual al avalúo comercial que se

utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 19 de la

presente ley […]”.

De acuerdo con esta normativa, una de las características

esenciales de la expropiación radica en el hecho de que la actuación

del Estado se hace por razones de utilidad pública e interés social,

previa y justa indemnización del inmueble, en cuanto comprende

su valor y los perjuicios que se causan al afectado con dicha

medida, con el fin de alejarse de un acto confiscatorio.

19
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION VOLUNTARIA. Se
introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la
Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que
sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. […].

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

67

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Al respecto esta Sección20 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete
la incorporación al dominio público de bienes de
propiedad particular para satisfacer con ellos una
necesidad de interés general, presupone necesariamente
la obligación a cargo de la autoridad que ostenta la
potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación
patrimonial a la cual es sometido de manera forzada.
En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés
general deba prevalecer sobre los intereses privados, no
significa en modo alguno que por dicha circunstancia
queden excluidas las garantías que la Constitución
reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que éste deba asumir a título personal
un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de
la ruptura del principio de igualdad en el reparto de las
cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral […]”. Destacado fuera de
texto.

Asimismo, la Sala destaca que a través del Decreto 1420 de 199821

fueron reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y

criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se habilita

la determinación del valor comercial de los bienes inmuebles, entre

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.
21
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

68

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

otros, para el caso de expropiaciones administrativas.

Ahora bien, mientras en el artículo 2022 del decreto en mención se

establece que en el avalúo debe indicarse el método utilizado, el

artículo 2323 de la misma norma facultó al IGAC para expedir a

través de resolución las disposiciones metodológicas para la

realización de estos.

En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente

expidió las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones

que fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 200824, que

establece los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del

marco de la Ley 388 de 1997.

Dicha resolución determina como métodos para la elaboración de

los avalúos el de: i) comparación o de mercado, ii) capitalización

de rentas o ingresos, iii) el residual, iv) el de consulta de

encuestas y v) el de costo o reposición.

22
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y
las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación
[…]”.
23
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que
trata el presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
mediante resolución que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la
publicación de este decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial.
24
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

69

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

V.4.2. CASO CONCRETO

Los recurrentes argumentan que el avalúo elaborado por la UAECD,

tenido en cuenta por el IDU para fijar el precio indemnizatorio,

desconoció el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución IGAC 620 de

2008, debido a que: (i) dicha entidad no era la competente porque,

a su juicio, no es imparcial al ser una entidad que pertenece al

Distrito Capital; (ii) no debía ser utilizado el método (técnica)

residual sino el comparativo o de mercado; (iii) se debía tener en

cuenta el uso del suelo del predio para determinar si era residencial

o comercial y su delimitación predial; (iv) la inconsistencia del

precio indemnizatorio al ser menor que el avalúo catastral; y (v)

que se debió tener en cuenta el avalúo aportado con la demanda,

elaborado por el perito FERNANDO GARCÍA FERNÁNDEZ, frente a lo

cual la Sala estudiara cada uno de ellos.

-DE LA COMPETENCIA DE LA UAECD

Sobre el particular, vale la pena resaltar que tal y como lo afirmó el

a quo, el artículo 2325 de la Ley 1682 de 2013 establece que el

25
“[…] ARTÍCULO 23. Avaluadores y metodología de avalúo. El avalúo comercial para la
adquisición o expropiación de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de
transporte será realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral
correspondiente o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por
las Lonjas de Propiedad Raíz.
El avalúo comercial, de ser procedente, incluirá el valor de las indemnizaciones o compensaciones que
fuera del caso realizar por afectar el patrimonio de los particulares.
Para la adquisición o expropiación de inmuebles requeridos en proyectos de infraestructura de
transporte, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) tendrá como función adoptar las normas,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

70

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

avalúo comercial podrá ser realizado por el IGAC o la autoridad

catastral correspondiente o las personas naturales o jurídicas de

carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de

Propiedad Raíz.

Por su parte, el artículo 6326, literal e, del Acuerdo 257 de 30 de

noviembre de 200627, expedido por el Concejo de Bogotá, no solo

define la naturaleza y objeto de la UAECD, sino que incorpora

dentro de sus funciones básicas la realización de avalúos

comerciales para organismos y entidades distritales, así como para

empresas del sector privado que lo soliciten y, a su vez, el Decreto

Distrital núm. 583 de 15 de diciembre de 201128, vigente para la

época en que se adelantó el proceso de expropiación

métodos, parámetros, criterios y procedimientos que deben aplicarse en la elaboración de los avalúos
comerciales y su actualización. Cuando las circunstancias lo indiquen, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) introducirá las modificaciones que resulten necesarias.
Las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos establecidos y/o modificados por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) son de obligatorio y estricto cumplimiento para los
avaluadores, propietarios y responsables de la gestión predial en proyectos de infraestructura de
transporte.
PARÁGRAFO. El retardo injustificado en los avalúos realizados es causal de mala conducta
sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir el
avaluador […]”.
26
“[…] Artículo 63. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital. La Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, estará organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector
Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría
Distrital de Hacienda.
Tiene por objeto responder por la recopilación e integración de la información georreferenciada de la
propiedad inmueble del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico y económico, que contribuya a
la planeación económica, social y territorial del Distrito Capital.
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital tiene las siguientes funciones básicas:
e. Elaborar avalúos comerciales a organismos o entidades distritales y a empresas del
sector privado que lo soliciten […]” (Destacado fuera de texto).
27
Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los
organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones
28
“Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de avalúos comerciales de inmuebles,
de que trata el literal e) del artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

71

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

administrativo29, reglamentó dicha competencia, la cual fue

mantenida en el Decreto núm. 645 de 22 de diciembre de 2025,

expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

En ese entendido, es claro que no existe ningún tipo de

impedimento para que la UAECD realizara el avalúo censurado al

ser dicha entidad, de conformidad con la normativa expuesta en

líneas anteriores, la autoridad catastral técnica competente para

determinar el valor comercial de los inmuebles en el Distrito

Capital.

-DEL AVALÚO OFICIAL

Sobre el particular, vale la pena destacar que en los procesos de

expropiación administrativa el avalúo comercial del inmueble

constituye el soporte técnico esencial para la determinación del

precio indemnizatorio que se consigna en el acto administrativo de

oferta de compra y en la resolución que dispone la expropiación.

Ahora bien, una vez dicho valor es incorporado en el acto

administrativo, opera en su favor la presunción de legalidad, razón

por la cual cuando el administrado pretende controvertirlo en sede

29
El citado Acuerdo fue derogado por el Decreto núm. 645 de 22 de diciembre de 2025, “Por medio
del cual se expide el Decreto Único del Sector Hacienda”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

72

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

judicial le corresponde asumir la carga de la prueba, demostrando,

mediante elementos técnicos idóneos, que el avalúo oficial: i)

adolece de errores metodológicos, ii) se aparta de las normas

técnicas que regulan la actividad valuatoria y iii) no refleja el valor

comercial real del bien objeto de expropiación.

En este punto, se advierte que la jurisprudencia de esta

Corporación30 ha sostenido que el precio indemnizatorio está

amparado por la presunción de legalidad al ser incorporado al acto

administrativo que ordena la expropiación y, por lo tanto, la parte

demandante tiene la carga de probar cuál es el error o la

incorrección del avalúo oficial, así:

“[…] al haberse incorporado dicho valor en el texto de los
actos administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la
administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección […]”31.

De manera que la mera discrepancia subjetiva del expropiado

frente al valor asignado al inmueble, así como la aportación de

elementos probatorios desprovistos de sustento técnico suficiente,

no resultan idóneos para desvirtuar la presunción de legalidad del

30
Sobre este asunto se puede consultar entre otras providencias: Consejo de Estado. Sección
Primera. Sentencia del 20 de febrero de 2020. Rad. 25000-23-24-000-2011-00115-01. C.P: Oswaldo
Giraldo López; Sentencia de 28 de abril de 2022, Rad. 05-001-2331-000-2010-0195901, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.
31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Rad. 05001-23-31-000-2005-03509-01. C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

73

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

avalúo oficial que sirve de fundamento al precio indemnizatorio, por

lo que corresponde a la parte actora cumplir con la carga de

demostrar mediante prueba idónea, que el avalúo oficial adolece de

errores, que permitan desvirtuar la presunción de legalidad que lo

ampara.

De ahí que deba distinguirse con claridad la habilitación del control

jurisdiccional contra el acto administrativo y la demostración de los

supuestos fácticos y técnicos que justifican su anulación y el

consecuente restablecimiento del derecho.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que el avalúo

oficial, esto es, el avalúo núm. 2014-1863, elaborado por la

UAECD, respecto del inmueble ubicado en la AK 80 núm. 59-21 Sur

de la ciudad de Bogotá D.C., fijó el valor total de la indemnización

por concepto de predio y de terreno en $5.025.282.880.00, al

aplicar los métodos de (técnica) residual y el de costo de

reposición, para lo cual señaló lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

74

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

75

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Posteriormente, fue tenido en cuenta el daño emergente y lucro

cesante que fue tasado por el informe técnico complementario del

avalúo comercial núm. 2014-1863 de 2015, el cual arrojó un valor

total del avalúo por $6.317.215.088, luego de los descuentos por

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

76

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

gastos de escrituración y desconexión de servicios, relacionados

así:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

77

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Ahora, sobre este asunto, la Sala advierte que la parte apelante

adujo que la entidad demandada erró al utilizar el método residual

para determinar el valor comercial del inmueble, toda vez que, a su

juicio, no utilizó el promedio calculado del estudio de mercado, ni

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

78

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

realizó un estudio de mercado para calcular el precio del metro

cuadrado de comercio.

Como se puso de presente anteriormente, el avalúo oficial aplicó el

método (técnica) residual, con la finalidad de establecer el valor del

terreno conforme a lo establecido en el artículo 4º de la Resolución

núm. 620 de 2008, mientras que para fijar el valor de las

construcciones acudió al método de costo de reposición, previsto en

el artículo 3º ibidem. Dichas disposiciones prevén lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE
REPOSICIÓN. Es el que busca establecer el valor
comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el
costo total de la construcción a precios de hoy, un bien
semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación
acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el
valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la
siguiente fórmula:

Vc = {Ct – D} + Vt

En donde:

Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno

ARTÍCULO 4o. MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL. Es el
que busca establecer el valor comercial del bien,
normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto
total de las ventas de un proyecto de construcción, acorde
con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad
con el mercado del bien final vendible, en el terreno objeto
de avalúo.

Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar,
al monto total de las ventas proyectadas, los costos totales
y la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

79

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

indispensable que además de la factibilidad técnica y
jurídica se evalúe la factibilidad comercial del proyecto, es
decir la real posibilidad de vender lo proyectado […]”.

Ahora, el artículo 14 ibidem, sobre la aplicación del método de

residual, establece lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 14. MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL. En
desarrollo de este método (técnica), se debe tener en
cuenta:

Para el cálculo de ventas totales, se debe analizar el tipo de
producto que por efectos del principio de mayor y mejor uso
se pueda dar sobre el predio, para lo cual se deben
referenciar las ofertas de inmuebles comparables y
semejantes al proyecto planteado, así como las
características de áreas, valores de venta, elementos del
proyecto, entre otros que este tenga.

El costo total es la suma del costo de urbanismo asociado al
proyecto y/o plan parcial y el costo de la construcción
siendo este la suma de los costos directos, costos
indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto,
teniendo en cuenta los volúmenes y unidades requeridas
para el proyecto planteado.

El costo de urbanismo se establece como la suma de los
costos para habilitar el suelo a usos específicos e incluye las
cargas asociadas a su desarrollo.

La utilidad esperada debe ser concordante con los usos y su
estratificación, ubicación espacial, especificaciones del tipo
de proyecto que sobre el predio se plantee, teniendo en
cuenta las condiciones de renta fija presentes en el
momento del cálculo, así como la tasa interna de retorno y
que el valor presente de este proyecto sea como mínimo
igual a cero.

El valor resultante de esta técnica es el valor total del
inmueble, es decir, del valor del terreno y del valor de la
construcción sobre él edificada, por lo tanto, al valor
obtenido no se debe agregar el valor de la construcción.

Cuando se requiera presentar en el avalúo de forma
independiente, tanto el valor del terreno como el de la
construcción, se deberá hacer de la siguiente forma:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

80

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

calcular por el método de reposición el valor de la
construcción y descontarla al valor total del inmueble. […]”.

Para el efecto, se observa que el avalúo oficial señaló con respecto

al método residual, para el terreno, lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

81

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Verificado el avalúo oficial, la Sala estima que, efectivamente, la

UAECD cumplió con los requisitos técnicos previstos en los citados

artículos 4º y 14 de la Resolución núm. 620 de 2008, pues, para

aplicar el método residual y determinar el valor comercial del

inmueble, para el terreno, tuvo en cuenta las ventas de un proyecto

de construcción, acorde con la reglamentación urbanística vigente

y de conformidad con el mercado del bien vendible, en el predio

objeto de expropiación, en el que calculó lo siguiente:

“[…] El predio cuenta con un área bruta de 6.599.44 m2,
área tomada RT 40405 suministrado por el IDU, el predio
no presenta ningún tipo de reserva ni afectación ambiental
por lo tanto el área neta urbanizable (ANU) es de 6.599.44
m2, el área para el cálculo de cesiones es de 5.834.24 m2,
Ai ANU (Área Neta Urbanizable) le descontamos las
cesiones públicas para parques y equipamientos del 25%
(1.458.56 m2) y el área destinada al control ambiental por
la vía AK 80 (765.20 m2), obteniendo así el área útil de
4.375.68 m2.

El predio se encuentra dentro del polígono de rango de
desarrollo 1, luego el índice máximo de construcción es de
2.75, al plantearse el ejercicio el índice no alcanza a este
tope, por lo cual se propone un Indice de 1.92 para un total
construido de 14.043.61 m2. Para acceder a este índice
máximo propuesto de construcción se acogió lo establecido
en el Decreto 327 de 2004 en cuanto a cargas adicionales
cediendo 298.67m2 para acceder a un índice de
edificabilidad de 0.92 adicional es decir se cedieron 20.00
m2 por cada m2 para parques y equipamiento público para
estrato 1, 2 y 3 (298.67 m2). Aplicando lo estipulado en el
artículo 44 del Decreto 327 de 2004.

De acuerdo a lo anterior tenemos un área construible en
uso de vivienda sin puntos fijos (10%) de 12.639.25 m2. El
área vendible es de 12.007,29 m2, (11.037,54 m2
correspondiente a vivienda y 969,75 m2 a Comercio)
resultado de descontar al anterior resultado las áreas de
circulación adicional (5%) de 631.96 m2. El ECP
(Equipamiento Comunal Privado) que se debe construir por
exigencia normativa el 20% es decir un área construida de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

82

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

1737.33 m2 localizando en el 5% del ANU 203.85 m2
construidle por fuera del 1.0. de la vivienda.

Consecutivamente, se calcula el equipamiento comunal
privado = 1.737.33 m2), en la siguiente proporción: 20%
construido (347.47 m2), 80% zonas verdes y recreativas
(1.389.87 m2).

De acuerdo a la ubicación del predio la exigencia de
parqueaderos según Anexo No 4 "Exigencia de
estacionamientos por uso" que hace parte del
Decreto Distrital 190 de 2004, el predio se ubica en el
sector de demanda D, aplicando las exigencias para
vivienda NO VIP así: privados (1x8 unid/viv)- 27 y
parqueaderos para visitantes (1x 18 unid/viv) = 5, y
una exigencia para el área de comercio en total de
19; para un total de 57, para el ejercicio se propone
una exigencia de estacionamientos para VIP privados
(1x6 unid/viv)= 7 y parqueaderos para visitantes
(1x15 unid/viv)- 3; para un total de 10, los cuales se
construyen en planta en primer piso; para NO VIP
privados (1x4 unid/viv)=44 y parqueaderos para
visitantes (1x15 unid/viv)=11; para un total de 55 y
para comercio un total de 19 parqueaderos, los cuales
se construyen en planta primer piso.

Los datos de venta de las unidades finales
(apartamentos) aplicados en el presente estudio son
productos del estudio de mercado de inmuebles
comparables para el sector, el valor por metro
cuadrado sobre área privada promedio se estableció
en $ 1.068.966.59 por m2 para NO VIP y$ 1.950.000
por m2 para VIS.

Los costos por metro cuadrado de construcción fueron
tomados de los prototipos establecidos por la UAECD,
correspondiente a un edificio de (6) seis pisos con
estructura en concreto tipo Contech (placa y muros en
concreto), acabados básicos VIP sin sótano $564.000 m2, y
NO VIP de $920.000 m2 a marzo de 2014.

Los costos de urbanismo fueron tomados del estudio
realizado por la
UAECD, cuyo valor final es de $ 41.202 m2.

Los costos financieros corresponden a la aplicación de la
DTE (4,06%) más 3 puntos adicionales, aplicados sobre el
60% de los costos directos. Incluyendo los costos de
urbanismo. Este valor se ve reflejado como porcentaje
sobre las ventas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

83

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

El porcentaje de utilidad corresponde a la práctica comercial
en este tipo de proyectos (6% y 10%o) […]” (Destacado
fuera de texto).

Conforme a lo anterior, concluyó que el valor residual por m2 del

terreno se tendría por un valor promedio de $1.239.698,58 m2

para fines comerciales que acercó a $1.240.000 m2 sobre el área

bruta del predio, para luego descontar el valor residual por m2 de

terreno por el valor total de las construcciones, lo que dio el

siguiente resultado:

Lo anterior evidencia que el método fue el correcto y tuvo en

cuenta la variación del metro cuadrado según fuera vivienda de

Interés Social Prioritaria - VIP, vivienda no VIP y, asimismo, el valor

adoptado por m2.

En tal sentido, no erró la entidad demandada al aplicar el método

residual, y omitir utilizar el promedio calculado del estudio de

mercado, ni realizar un estudio de mercado para calcular el precio

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

84

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

del metro cuadrado de comercio, pues dicho método valuatorio no

exige la realización de un estudio de mercado, sino que debe tener

en cuenta las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la

reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el

mercado del bien vendible, conforme lo exige el citado artículo 4º

de la Resolución 620 de 2008, expedida por el IGAC, como lo hizo

en este caso la entidad demandada.

Sobre la pertinencia del método residual y la no aplicación del

método de mercado o de comparación, es del caso traer a colación

la declaración del testigo Jhon Jairo Daza García, ingeniero catastral

y geodesta, recepcionado en la audiencia de 16 de enero de 2018,

en la que se dijo lo siguiente:

“[…] Pregunta: Informe por favor al despacho. Si el método
de técnica residual es o no, en su concepto, idóneo para el
avalúo 2014-1863.

Respuesta: Para este caso en particular, debido al área y
la normatividad específica, el método residual es el
método idóneo para establecer el valor del bien. En
primer caso, si nosotros quisiéramos establecer el valor del
bien a partir de comparación de mercado, tendríamos que
tener unos lotes que fuesen comparables con el valor del
objeto. Es decir, un predio que tuviese 6.500 metros
cuadrados o más o menos en más de 5.000 metros, que
tuviese la misma normatividad, que estuviese en
tratamiento de desarrollo y que estuviese en los
alrededores de la zona. Como no se encuentran estas
ofertas, no son comparables efectivamente y no
encontramos ofertas que sean apropiadas para
establecer el valor del terreno, el método residual
resultaría ser el mejor método para establecer el
valor del bien […]” (Destacado fuera de texto).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

85

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

De ahí, que no es cierto, como lo alegó la parte apelante, que las

condiciones materiales en las que se sitúa el predio objeto de

expropiación permitían la utilización del método de mercado, en

tanto que, como lo precisó el mencionado testigo, no existían

predios o lotes que fueran comparables con el inmueble objeto de

expropiación.

Ahora bien, en lo que respecta a los argumentos de los actores

contra el avalúo oficial, relacionados con que no debía ser utilizado

el método (técnica) residual sino el comparativo o de mercado,

pues este último arrojaba un resultado de valorización más alta,

para lo cual adjuntaron una tabla con una “proyección del avalúo”,

como alternativa al ajuste al avalúo comercial, que arrojó una

diferencia a favor de los propietarios del inmueble por

$2.674.716.800.00, la Sala estima que como su finalidad era

invalidar el cálculo del avalúo oficial, el mismo debió ser

controvertido de forma técnica con una prueba idónea, que

cumpliera con los parámetros metodológicos del Decreto 1420 de

1998 y la Resolución núm. 620 de 2008, expedida por el IGAC, esto

es, con una prueba con la entidad suficiente para demostrar que el

avalúo oficial fijó un precio injusto, elemento probatorio que no

obra en el expediente, en tanto la parte actora no solicitó su

práctica durante el trámite judicial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

86

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Cabe mencionar que la única prueba idónea para desvirtuar el valor

consignado en el acto administrativo de expropiación habría sido un

dictamen pericial practicado sobre el mismo inmueble, objeto del

presente proceso, elaborado con observancia de los requisitos

legales y metodológicos exigidos.

En consecuencia, la referida tabla con una “proyección del avalúo”,

como alternativa al ajuste al avalúo comercial, que arrojó una

diferencia a favor de los propietarios del inmueble por

$2.674.716.800.00 tales, no permite establecer, con el grado de

certeza exigido en sede judicial, que el avalúo oficial hubiera

incurrido en errores técnicos o metodológicos, al determinar el valor

comercial del inmueble de la parte demandante.

Al respecto, en la sentencia de 3 de mayo de 201832 de esta

Corporación, se precisó lo siguiente:

“[…] Por tanto, las pruebas que según la parte
demandante no fueron tenidas en cuenta, por no ser
avalúos respecto del predio objeto del presente
proceso, ni un dictamen pericial sometido a las reglas
que rigen la materia, no tienen la entidad suficiente
para demostrar que el avalúo practicado por la
Corporación Avalúos Asesor Desarrollo Urbano fijó un
precio injusto.

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta En Descongestión,
sentencia de 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Yepes Barreiro, núm. único de radicación 05001-23-31-
00- 2007-00495-01.
Criterio reiterado en sentencia de 12 de febrero de 2026 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 05001-23-33-000-2013-
00559-01).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

87

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

De lo expuesto, esta Sala concluye que ante la
ausencia de dictamen pericial en el proceso, las
demás pruebas no permiten establecer el valor del
bien inmueble expropiado y, por ende, no se
demostró que aquel tenido en cuenta por el municipio
de Medellín para calcular la indemnización fue errado.
[…]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, en relación con el reproche relacionado, consistente en que

comparado con el avalúo comercial solicitado por el IDU, el valor

determinado por esa entidad ni siquiera asciende al valor catastral,

pues tiene una diferencia de $3.203.002.761.oo, es del caso traer a

colación la sentencia de 30 de enero de 202533, proferida por esta

Sección, en la que se sostuvo lo siguiente:

“[…] 98. Los artículos 3º, 4º, 5º y 6º ibidem señalan lo
siguiente en cuanto a dichas perspectivas:

“[…] Artículo 3º.- Aspecto físico. El aspecto físico consiste en
la identificación de los linderos del terreno y edificaciones del
predio sobre documentos gráficos o fotografías aéreas u
ortofotografías y la descripción y clasificación de las
edificaciones y del terreno.

Artículo 4º.- Aspecto jurídico. El aspecto jurídico consiste en
indicar y anotar en los documentos catastrales la relación
entre el sujeto activo del derecho, o sea el propietario o
poseedor, y el objeto o bien inmueble, mediante la
identificación ciudadana o tributaria del propietario o
poseedor, y de la escritura y registro o matrícula inmobiliaria
del predio respectivo.

Artículo 5º.- Aspecto fiscal. El aspecto fiscal consiste en la
preparación y entrega a los Tesoreros Municipales y a las
Administraciones de Impuestos Nacionales respectivas, de
los listados de los avalúos sobre los cuales ha de aplicarse la
tasa correspondiente al impuesto predial y demás
gravámenes que tengan como base el avalúo catastral, de

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
enero de 2025, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2001-00524-02.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

88

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Artículo 6º.- Aspecto económico. El aspecto económico
consiste en la determinación del avalúo catastral del predio,
contenido por la adición de los avalúos parciales practicados
independientemente para los terrenos y para las
edificaciones en él comprendidos […]”.

99. El artículo 7° ejusdem define el avalúo catastral y
establece las reglas para su determinación, precisando que el
mismo “[…] consiste en la determinación del valor de los
predios, obtenido mediante investigación y análisis
estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catastral de
cada predio se determinará por la adición de los avalúos
parciales practicados independientemente para los terrenos y
para las edificaciones en él comprendidos. Las autoridades
catastrales realizarán los avalúos para las áreas
geoeconómicas, dentro de las cuales determinarán los
valores unitarios para edificaciones y para terrenos […]”.

[…]

101. En síntesis, el avalúo catastral no solo cumple una
función económica sino también fiscal al ser la base para la
recaudación de impuestos y la planificación territorial. Su
cálculo basado en el análisis del mercado inmobiliario y las
características particulares de cada predio asegura un
proceso objetivo y ajustado a las realidades locales.

102. Nótese, entonces que el avalúo catastral sirve para
determinar el valor de los predios y como base para el
cálculo de impuestos y otras actividades administrativas.

103. Cabe advertir que para efectos de la expropiación, como
se concluyó se debe tener en cuenta el avaluó comercial y no
el catastral de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 388 de
1997, pero ello no implica que valor catastral no deba ser
observado, todo lo contrario, el valor comercial de los
inmuebles debe partir del análisis de aquel.

104. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta
que en la eventualidad de disparidad entre el precio
indemnizatorio por al avalúo comercial y el avalúo catastral,
se debe observar lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 223
de 1995.

105. La anterior disposición reguló aspectos relevantes de la
relación entre el valor catastral, el valor comercial y la
fiscalización de las enajenaciones de bienes raíces. Su
objetivo principal es prevenir subvaloraciones que puedan
impactar negativamente en la recaudación tributaria y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

89

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

garantizar un equilibrio entre los valores catastrales y
comerciales para reflejar una valoración justa y razonable en
el mercado inmobiliario.

[…]

110. La disparidad entre el avalúo comercial y el avalúo
catastral debe resolverse asegurando una indemnización
justa, conforme al artículo 58 de la Constitución Política.
Esto implica que el avalúo catastral, aun siendo una
base de referencia inicial, no puede sustituir el avalúo
comercial, que representa el valor real de mercado del
inmueble. La normativa garantiza que el avalúo catastral
sea actualizado y proporcional, pero se reitera que es el
avalúo comercial el que debe prevalecer para
determinar el monto indemnizatorio en favor del
propietario.

111. Nótese que el artículo 79 del Estatuto Tributario tiene
un impacto positivo en los procesos de expropiación al
proporcionar herramientas y lineamientos claros para
determinar el valor del inmueble. Al exigir proporcionalidad
entre el avalúo catastral y el valor comercial, prevenir
subvaloraciones y establecer mecanismos para resolver
discrepancias, la norma fortalece el principio de
indemnización justa consagrado en la Constitución Política.
Esto garantiza un equilibrio entre los derechos del propietario
expropiado y el interés general que motiva la expropiación.

[…]

113. En suma, en los procesos de expropiación
administrativa, la normativa vigente establece de
manera clara que el avalúo comercial es el criterio
prevalente para determinar el precio indemnizatorio.
Según el artículo 67 de la Ley 388 de 1997, este valor
debe reflejar el precio de mercado del inmueble,
considerando criterios técnicos y objetivos como
ubicación, uso, características físicas y condiciones del
mercado inmobiliario.

114. El avalúo catastral, por su parte, tiene un carácter
complementario y fiscal, como base para la recaudación de
impuestos y la planeación territorial. Si bien es relevante
para garantizar coherencia en la valoración de los
bienes inmuebles, no reemplaza al avalúo comercial
como referencia definitiva para el cálculo del precio
indemnizatorio. Así lo dispone también el artículo 79 de la
Ley 223 de 1995, que exige que el avalúo catastral no sea
inferior al 40% del valor comercial, pero reconoce que este
último debe prevalecer para reflejar el valor real del mercado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

90

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

[…]” (Destacado fuera de texto).

Conforme a lo precedente, se colige que, si bien es cierto que

el avalúo catastral es relevante para garantizar coherencia en

la valoración de los bienes inmuebles, también lo es que dicho

avalúo catastral no reemplaza al avalúo comercial como

referencia definitiva para el cálculo del precio indemnizatorio.

En otras palabras, el avalúo comercial es el criterio prevalente

para determinar o definir el precio indemnizatorio.

Sin prejuicio de lo expuesto, la Sala encuentra que el avalúo

catastral para el 2014 ascendía a un valor de $8.519.684.00,

el cual incluía la totalidad del área del terreno de 6.547.7 m2 y

la totalidad del área construida de 2.541.5 m2, tal y como se

observa del certificado catastral de 16 de agosto de 2014, así:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

91

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Y el avalúo comercial efectuado por la UAECD estableció que

el área del terreno a evaluar era de 4.052.63 y que el área

construida afectada correspondía a 1.009.82 m2 más 788.56,

para lo cual determinó un precio indemnizatorio de

$5.025.282.880.

Así las cosas, la Sala destaca que la diferencia entre dichos

valores obedeció al área tenida en cuenta por cada avalúo,

dado que el avalúo catastral tuvo en cuenta el área total del

terreno, esto es, 6.547.7 m2, mientras que el avalúo

comercial (avalúo oficial) tuvo en cuenta un área del terreno

de 4052.63 m2, esto es, no por la totalidad del terreno, sino

por el área que fue objeto de expropiación.

Cabe mencionar que lo anterior fue corroborado con los

testimonios de los ingenieros catastrales y geodestas, señores

Juan Carlos Muñoz Espitia y Jhon Jairo Daza García,

recepcionados en la audiencia de 16 de enero de 2018, en los

que manifestaron, respectivamente, lo siguiente:

“[…] Pregunta: Sírvase informar al despacho, ¿por qué el
avalúo utilizado por el IDU para fijar el precio del bien
contempla un valor inferior al valor catastral?

Respuesta: Esa pregunta fue recurrente siempre en todos
los derechos de petición y lo que se le aclara el propietario
es que cuando él calcula su valor catastral, téngase en
cuenta que este valor catastral es de todo el predio y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

92

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

ese valor que ellos refieren siempre está
contemplando integralmente el valor del terreno y el
valor de la construcción.

Si se va a comparar ese valor con el valor que ofrece
el IDU, en este caso particular, hay que tener en
cuenta que la adquisición es parcial, no es total y hay
que tener en cuenta que la construcción tampoco es
total, es parcial.

En esa medida entonces se debe tener en cuenta que la
comparación de valores totales de avalúos catastrales ante
la comparación parcial de un valor de terreno no es
procedente hacerlo, por eso se insiste repetitivamente en
las respuestas que los valores catastrales que el
propietario menciona obedecen a todo el predio,
incluyendo las construcciones, mientras que el valor
de terreno que está indicado en el avalúo comercial
únicamente atañe a la parte que el IDU va a adquirir,
que es una adquisición parcial y atañe únicamente al
terreno […]”.

“[…] Pregunta: Teniendo en cuenta que en algunas de las
respuestas anteriores usted informó que la compra era
parcial del predio. Informe por favor al despacho si el
avalúo comercial, en este caso en concreto, es inferior al
catastral.

Respuesta: El valor del avalúo del cual me estaba
preguntando no es inferior al avalúo catastral,
obviamente por dos razones. La primera, pues se
establece el valor del metro cuadrado de forma,
digamos que, mucho más elevada a lo que debía ser. Y
segundo, como el avalúo del que estamos hablando
tiene las áreas de terreno y de construcción en su
totalidad, no sería comparable obviamente con el
avalúo catastral. […]” (Destacado fuera de texto).

Sobre este asunto, se debe precisar que si bien es cierto que la

parte apelante sostuvo que su debate no se centra en el límite del

área expropiada, sino en el valor de metro cuadrado y que se les

concedió un precio adverso a sus intereses, también lo es que el

valor del metro cuadrado fue obtenido, como se demostró

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

93

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

anteriormente, de conformidad con la normativa y método

valuatorio aplicable.

Lo anterior, sin perder de vista que el avalúo comercial del

inmueble constituye el soporte técnico esencial para la

determinación del precio indemnizatorio que se consigna en el acto

administrativo de oferta de compra y en la resolución que dispone

la expropiación. Una vez dicho valor es incorporado en el acto

administrativo, opera en su favor la presunción de legalidad.

Y que el avalúo catastral no reemplaza al avalúo comercial como

referencia definitiva para el cálculo del precio indemnizatorio.

Ahora, sobre el argumento relacionado con el supuesto

desconocimiento del uso del suelo frente al destino comercial e

industrial que se le debía dar al inmueble expropiado, pues, a juicio

de la parte actora, se debió tener en cuenta para fijar el precio

indemnizatorio el POT y la referida certificación catastral que señala

que el predio es corredor comercial, la Sala, por una parte, reitera

que el avalúo catastral no reemplaza al avalúo comercial como

referencia definitiva para el cálculo del precio indemnizatorio.

Y, por otra parte, advierte que el avalúo oficial sí valoró dichas

características, toda vez que identificó el destino económico “21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

94

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

COMERCIO EN CORREDOR COMERCIAL” y, tuvo en cuenta el

Decreto 313 de 2005- UPZ 85 Bosa Central, el POT y las normas

urbanísticas como se observa a continuación:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

95

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Al respecto, el profesional JUAN CARLOS MUÑOZ ESPITIA, precisó,

en su testimonio, recepcionado el 16 de enero de 2018, en la

audiencia de pruebas, lo siguiente:

“[…] Pregunta: […] Si el uso del bien es comercial e
industrial, ¿por qué en el acto de expropiación se determinó
que el predio no se tomó como uso de vivienda?
Respuesta: […] Actualmente sí se evidencia que el
predio a adquirir tiene un uso industrial y comercial,
puesto que allí está en funcionamiento una cerradura de
maderas y una venta de maderas.
Ahora bien, cuando se hace el avalúo del bien se hace
mediante el método técnica residual. ¿Este método a
qué refiere?
El método refiere a que el valor comercial del bien va
directamente relacionado a lo que urbanísticamente puedo
hacer en él y comercialmente se puede vender. Es decir, si
tengo un lote o si tengo un predio en mayor extensión y si
no encuentro ofertas de mercado de predios semejantes y
comparables con el mismo, que es el caso particular, puesto
que el predio tiene más de 6.000 m2 y en el momento de
realizar el avalúo se evidenció que no había ofertas en
venta de inmuebles de 6.000 m2 para poder determinar el
valor metro cuadrado del terreno se procedió a hacer uso
del método técnica residual.
Pregunta: ¿Qué corresponde ese método?
Respuesta: El método dice que para desarrollarlo se debe
hacer o se debe proyectar hipotéticamente un proyecto
constructivo en él de acuerdo a la normatividad que a él le
atañe y de acuerdo al mercado que existe en la zona. Es
decir, que si yo voy a hacer un proyecto constructivo en un
lote y lo voy a proyectar hipotéticamente, debo considerar
el mercado inmobiliario que está actualmente moviéndose
en el sector.
Por ese motivo y por esa razón y por encontrarse el
predio, ubicado en la localidad de Bosa, ubicado sobre
una vía arterial, no muy cerca de centros comerciales,
más bien cerca de zonas residenciales y la norma de
uso lo permite, se hizo la proyección de construir
vivienda y construir comercio sobre el mismo bien.
Esa respuesta está contenida en el recurso de reposición, si
mal no estoy, que también de la unidad administrativa
especial de Catastro. Esa es la razón por la cual el uso
residencial y comercial se utilizó para determinar el
valor comercial del predio porque es su uso más
explotable y el que mayor favorabilidad le atañe al

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

96

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

predio. Utilizarlo para hacer comercio y para hacer
vivienda.
[…]
Pregunta: ¿qué diferencia hay entre lo que se dedica que el
uso es comercial y que sea industrial?
Respuesta: El tratamiento atañe, y hablamos ya de
normatividad urbanística, la normatividad urbanística que le
aplica al predio está enmarcada en un tratamiento de
desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que el tratamiento de
desarrollo lo que me va a indicar es que el predio tiene unas
potencialidades de uso y esas potencialidades de uso me lo
da también la UPZ. Cuando miramos la UPZ
encontramos en que el uso industrial no es que esté
permitido, lo que está permitido es el comercio y un
comercio aglomerado, conjuntamente con la
posibilidad de edificar vivienda. En ese sentido los
usos permitidos por norma urbanística son los de
vivienda y los de comercio. Los industriales pueden ser
condicionados. Viendo que el sector no es que esté
acentuado el uso industrial, este uso industrial queda muy
condicionado y si se le aplicara en un ejercicio hipotético
resultaríamos lesionando o determinando un valor
inequívoco al valor metro cuadrado comercial del predio.
Por tal razón lo que se hace, lo que se pretende es buscar el
mayor y mejor uso del predio de acuerdo a la resolución
IGAC 620-2008. Por tanto, se contempla la
construcción de vivienda y la construcción de
comercio, que esos usos dentro de la ubicación del
predio son los que mejor y mayor rentabilidad le dan
al mismo […]” (Destacado fuera de texto).

En atención a lo precedente, se evidencia que, contrario a lo

señalado por la parte actora, no se desconoció el carácter

comercial, pues dichas variables fueron expresamente consideradas

en la fase de caracterización del inmueble y en la revisión de sus

condiciones normativas y de localización, las cuales reconocieron

como actividad el comercio y servicios – comercio aglomerado y un

tratamiento urbanístico en desarrollo.

Y, si bien es cierto que no se reconoció que el inmueble objeto de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

97

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

expropiación era de uso industrial, ello obedeció, conforme lo

puntualizó el testigo en mención, a que cuando se verificó la

referida UPZ se encontró que el uso industrial no estaba permitido,

que estaba permitido es el comercio y un comercio aglomerado,

conjuntamente con la posibilidad de edificar vivienda. En ese

sentido, los usos permitidos por norma urbanística son los de

vivienda y los de comercio.

Además, para la determinación del valor indemnizatorio no bastaba

con constatar si el uso actual del inmueble era industrial, por

cuanto, tal y como lo explicó el citado testimonio, el avalúo fue

elaborado mediante el método de técnica residual, razón por la cual

el valor del terreno no se fija a partir de su destinación fáctica

inmediata, sino de un ejercicio prospectivo de desarrollo

urbanístico, consistente en proyectar hipotéticamente el

aprovechamiento inmobiliario permitido por la norma y

económicamente más rentable, a partir de estimar el monto total

de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la

reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el

mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de avalúo,

para la época objeto de expropiación. Al efecto, el mencionado

testigo sostuvo:

“[…] Actualmente sí se evidencia que el predio a adquirir

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

98

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

tiene un uso industrial y comercial, puesto que allí está en
funcionamiento una cerradura de maderas y una venta de
maderas. Ahora bien, cuando se hace el avalúo del bien
se hace mediante el método técnica residual […] El
método refiere a que el valor comercial del bien va
directamente relacionado a lo que urbanísticamente puedo
hacer en él y comercialmente se puede vender […]”.
(Destacado fuera de texto).

Por lo precedente, el uso industrial no fue adoptado como variable

determinante del valor, no porque se hubiera desconocido su

existencia material, sino debido a que (i) no constituía el uso

predominante ni consolidado del sector, para la época en que se

realizó el avalúo oficial, (ii) su permisibilidad urbanística era

condicionada y (iii) su incorporación como uso base en el ejercicio

residual hubiera generado una distorsión del valor por metro

cuadrado, al no corresponder con el aprovechamiento normativo

más rentable ni más probable, toda vez que como lo indicó el

profesional JUAN CARLOS MUÑOZ ESPITIA:

“[…] el sector no es que esté acentuado el uso industrial,
este uso industrial queda muy condicionado y si se le
aplicara en un ejercicio hipotético resultaríamos lesionando
o determinando un valor inequívoco al valor metro
cuadrado comercial del predio. […]”.

Por lo tanto, aunque el avalúo oficial sí tuvo en cuenta el uso del

suelo y el destino del inmueble en su etapa de identificación y

análisis normativo, no resultaba procedente trasladar el uso

industrial o comercial efectivo al cálculo indemnizatorio, pues el

método residual exige valorar el potencial de desarrollo permitido y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

99

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

no la explotación económica circunstancial del bien.

De ahí, que le asistió razón al Tribunal de primera instancia, cuando

expresó:

“[…] Tampoco es válido ni atendible el reproche de la parte
demandante según el cual el método empleado por la
UAECD para realizar el avalúo del terreno no era aplicable
en tanto que el predio objeto de litigio tenía una situación
jurídica, económica y física consolidada con un uso
comercial, toda vez que ese preciso método en este caso
concreto sí era jurídicamente procedente para valorar el
terreno, en la medida en que el predio objeto de
expropiación en este caso concreto contaba con un área
adecuada para que en un escenario hipotético se
desarrollara constructivamente un predio en altura como lo
exige la norma, asimismo cabe resaltar que en este caso en
particular no era posible utilizar el método de comparación
o de mercado para valorar el terreno porque no existían
ofertas comparables en cuanto a la ubicación y dimensiones
con el predio objeto de avalúo (fl. 119 cdno. no. 2), hecho
que no fue tachado de falso ni desvirtuado por la parte
actora sino que, por el contrario, fue así reconocido en el
avalúo aportado por ella en la actuación administrativa en
donde se determinó que “es un predio único en el sector, ya
que no existe oferta de lotes de estas características y área)
(fl. 245), por tanto el método legalmente procedente para
determinar el valor del terreno era el residual como se
aplicó en este caso concreto en el avaluó oficial. […]”34.

Y, por consiguiente, la Sala considera que el avalúo oficial sí

estableció el valor correspondiente por concepto de avalúo

comercial, con base en el uso del suelo.

Asimismo, se debe advertir que, contrario a lo señalado por la parte

actora, el hecho de que la entidad hubiera reconocido el daño

34
Lo anterior, también pone de presente que el TRIBUNAL sí desarrolló la determinación del uso del
suelo del inmueble objeto de expropiación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

100

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

emergente y lucro cesante, derivados de la imposibilidad de

continuar la actividad empresarial o del hecho que en el predio

funcionaba la sociedad MADERAS DEL BOSQUE S.A.S., ello no

conduce, por sí solo, a que el avalúo comercial debiera

estructurarse sobre un uso industrial o comercial efectivo del suelo.

Así las cosas, la Sala estima que no se configura contradicción

alguna en la actuación administrativa, ni puede inferirse, a partir

del reconocimiento de tales emolumentos, la obligación de tasar el

valor del predio con fundamento en un uso distinto al determinado

mediante el método residual y el principio del mayor y mejor uso.

DEL AVALÚO ELABORADO POR EL PERITO FERNANDO
GARCÍA FERNÁNDEZ

La Sala advierte que, para desvirtuar el anterior avalúo la parte

actora allegó con la demanda el avalúo comercial elaborado por el

perito FERNANDO GARCÍA FERNÁNDEZ de la Lonja de la

Sociedad Colombiana de Peritos, el cual, a su juicio, debía ser

tenido en cuenta para la fijación del precio indemnizatorio, en el

cual se expuso lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

101

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

102

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

103

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

104

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

105

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

De conformidad con lo anterior, se evidencia que el avalúo allegado

por la parte demandante aplicó el método residual para establecer

el valor del terreno en $14.666.715.562.oo y el método de

comparación o de mercado, para determinar el valor de la

construcción en $15.467.032.332.oo.

Asimismo, se observa que, en efecto, el avalúo aportado con la

demanda, elaborado por el perito Fernando García Fernández,

determinó el valor del metro cuadrado del bien afectado con un

mayor valor al avalúo oficial y tuvo en cuenta el uso del suelo:

vivienda, industria y comercio; actividad: comercio y servicio y

zona: de comercio aglomerado.

Sin embargo, en el referido avalúo no existió claridad en cuanto a la

forma como se obtuvieron dichos valores, ni se dio una explicación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

106

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

técnica sobre la forma como fueron calculados esos valores, ni se

expusieron las operaciones aritméticas o el procedimiento de

cálculo empleado para establecer dichos valores, lo cual impide

verificar la coherencia interna del dictamen y la razonabilidad de

sus conclusiones económicas.

Además, la Sala debe destacar en este avalúo se utilizaron los

métodos residual y comparativo o de mercado, mientras que en el

avaluó oficial se usó el residual pero no así el comparativo, sino el

de costo de reposición, lo que pone de manifiesto que este avalúo

para el cálculo de la construcción utilizó un método distinto al del

avalúo oficial.

Cabe mencionar que no se podía acudir un método diferente al

utilizado por el avalúo oficial, en la medida en que el precio final

podía resultar diferente, dadas las particularidades y lineamientos

que se deben seguir en cada método valuatorio.

De modo que, para controvertir el avalúo oficial practicado a partir

de la metodología de (técnica) residual y de reposición, lo

procedente era que el nuevo cálculo fuera hecho aplicando los

mismos sistemas técnicos que permitiera el análisis de la posible

diferencia de precio entre el avalúo oficial y el avalúo allegado por

la parte actora.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

107

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Sobre la realización de un nuevo avalúo, en el que se aplique un

método valuatorio diferente al utilizado en el avalúo oficial, en

sentencia de 19 de abril de 202135, esta Sección señaló que para

desvirtuar el avalúo oficial no se puede tener en cuenta un avalúo

en el que se haya utilizado un método distinto al del avalúo oficial,

en la medida en que el precio final puede resultar diferente dadas

las particularidades y lineamientos que se deben seguir en cada

método valuatorio.

Así lo indicó esta Sala:

“[…] La parte demandante en su recurso de alzada, aduce
que el tribunal en primera instancia debió ponderar que si
bien en la demanda se pidió la realización de un nuevo
avalúo dando aplicación al método comparativo, el perito no
tenía otra alternativa distinta a la de aplicar el método de
capitalización de rentas y no el comparativo, dada la
imposibilidad de acceder al inmueble expropiado y a los
demás inmuebles vecinos, ya que a la fecha en la que se
realizó el dictamen, los inmuebles ya habían sido
totalmente demolidos.

[…] La Sala observa que el avalúo rendido en primera
instancia no podía ser tomado en cuenta, en razón
que se utilizó un método distinto al de comparación y
que las especificaciones y criterios contenidos en
este, difieren de aquel utilizado por la Lonja
Inmobiliaria de Bogotá mediante avalúo No. AV-466-
07-36549 IDU 04-07 del 27 de diciembre de 2007, en
la medida en que el precio final puede resultar
diferente dadas las particularidades y lineamientos
que se deben seguir en cada método valuatorio. […]”
(Destacado fuera de texto).

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00232-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

108

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

De igual forma, se evidencia que el referido avalúo no aportó

elementos probatorios, que permitieran constatar la veracidad de

las cifras expuestas, la necesaria relación de causalidad que debe

existir ente la suma cuyo reconocimiento se procura y la medida

expropiatoria, que conduzca a demostrar la corrección del

justiprecio que se hace en este avalúo y que entraña, obviamente,

la incorreción del avalúo oficial.

Por lo tanto, la Sala considera que el avalúo realizado por el

mencionado Perito FERNANDO GARCÍA FERNÁNDEZ, evidencia

que el mismo está desprovisto de la suficiente fundamentación

fáctica y probatoria que permita corroborar la corrección y certeza de

sus dichos, esto es, que respalde los valores señalados en el mismo

para obtener el valor del inmueble, objeto de expropiación, pues,

conforme se indicó anteriormente, no existió claridad en cuanto a la

forma como se obtuvieron los valores indicados en el mismo, y

aplicó unos métodos valuatorios diferentes a los utilizados en el

avalúo oficial.

Además, el referido avalúo tampoco dio cuenta de las razones de

orden fáctico y probatorio que permitan descartar los valores de los

precios indemnizatorios del bien expropiado, o que demuestren el

error en el que incurrió la Administración al fijar el monto específico

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

109

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

establecido en el avalúo oficial y que fue acogido en las resoluciones

demandadas.

Dicho avalúo se limitó a señalar de forma autónoma un nuevo y

mayor valor comercial para el bien expropiado, así como sobre el

lucro cesante, pero no estuvo encaminado a desvirtuar el resultado

al que llegó la UAECD, en el avalúo oficial, esto es, el avalúo núm.

2014-1863.

Lo anterior, debido a que en este avalúo no se incluyeron

argumentos que permitieran determinar si el avalúo oficial, que

sirvió de fundamento a las resoluciones acusadas, si se realizó de

forma contraria a la ley, o si incurrió en yerros que propiciaron un

valor de precio comercial del predio que no se ajustaba a la

realidad, ni mencionó de qué modo éste incurrió en fallas o pasó por

alto algún parámetro legal.

Frente a este asunto, cabe mencionar que la Sección Primera en

sentencia de 14 de septiembre de 202036, señaló que se debe

convencer al juez del error en el que ha incurrido la Administración

al fijar un monto específico para la indemnización.

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

110

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Asimismo, precisó que el justo precio de la indemnización

expropiatoria se encuentra amparado por la presunción de legalidad

del acto administrativo que lo acoge; lo que significa que el avalúo

técnico brinda soporte legal y fáctico al acto administrativo que

ordena la expropiación, por lo que deberá ser desvirtuado a través

de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.

Así, discurrió la Sala:

“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante.
Para lo cual, no será suficiente señalar y atacar los
métodos que se utilizaron, sino que se debe
convencer al juez del error en el que ha incurrido la
Administración al fijar un monto específico para la
indemnización.

Esta Corporación ya se ha pronunciado en repetidas
ocasiones, en el sentido de establecer que el justo precio
de la indemnización expropiatoria se encuentra
amparado por la presunción de legalidad del acto
administrativo que lo acoge; lo que significa que el
avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación, por lo que
deberá ser desvirtuado a través de los medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.

“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor
tampoco logró desvirtuar la presunción de legalidad que
cobija los actos administrativos demandados que acogieron
ese justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún
medio de prueba que permita demostrar que el avalúo
fijado por la administración fuese incorrecto, no hay
ninguna razón para decretar la nulidad parcial deprecada
por el actor en lo relativo al precio indemnizatorio.” 37[…]”
(Destacado fuera de texto).

37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Radicación: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau
de Lafont Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

111

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

En tal sentido, para la Sala, es claro que, en este caso,

correspondía a la parte demandante probar que el valor comercial

del inmueble calculado por la UAECD no estaba ajustado a los

parámetros y criterios dispuestos en el Decreto 1420 y que, por

tanto, no indemnizaba de manera justa y plena los perjuicios

causados con la expropiación, en cuanto al valor del inmueble se

refiere.

Así las cosas, el avalúo aportado con la demanda no presenta

ningún razonamiento que soporte la determinación del justiprecio

que permita desvirtuar el precio indemnizatorio fijado por la entidad

demandada mediante avalúo oficial. En este punto, la Sala recuerda

que, en reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que

el justo precio de la indemnización expropiatoria se encuentra

amparado por la presunción de legalidad, ello considerando que el

avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto administrativo

que ordena la expropiación, razón por la cual debe ser desvirtuado

a través de los diferentes medios de prueba establecidos en el

ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el caso sub lite.

Por consiguiente, la Sala considera que la parte actora no logró

desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos acusados,

con el avalúo practicado por la UAECD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

112

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Por otra parte, frente a las contradicciones en que presuntamente

incurrió el testimonio del Ingeniero Jhon Jairo Daza García, que

llevaron a sostener a la parte apelante que el precio fijado en las

resoluciones acusadas no es coherente, además de los otros

argumentos antes señalados, para desvirtuar el avalúo oficial, la

Sala estima que los argumentos puestos de presente en estas

consideraciones sirven para señalar que el valor determinado en el

avalúo oficial sí es coherente y se encuentra en consonancia con la

realidad fáctica, económica, técnica y jurídica del inmueble objeto

de expropiación.

Además de que no fue desvirtuada la presunción de legalidad, que

ampara el acto administrativo, contentivo del valor indemnizatorio,

en tanto no se logró demostrar, mediante elementos técnicos

idóneos, que el avalúo oficial, que lo fijó: i) adolece de errores

metodológicos, ii) se aparta de las normas técnicas que regulan la

actividad valuatoria y iii) no refleja el valor comercial real del bien

objeto de expropiación.

Ahora, en cuanto al nuevo argumento traído a colación por la parte

actora en los alegatos de conclusión, relacionado con la idoneidad e

independencia del profesional que elaboró el avalúo de la UAECD y

los argumentos relacionados con la desviación de poder, la Sala

estima que no es dable traer a colación argumentos nuevos que no
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

113

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

fueron esgrimidos en el escrito contentivo de la demanda, por lo

que se relevará de realizar dicho estudio38.

Por último, cabe mencionar que el carácter resarcible del daño en

este caso dependía fundamentalmente de la demostración de su

ocurrencia, de modo que una simple conjetura o una suposición no

puede dar lugar a una indemnización, habida cuenta que la parte

actora tenía la carga de probar la existencia de los perjuicios

que reclama, y, de no demostrarla, a la administración solo le

asiste el deber legal de pagar el precio resultante del avalúo

comercial39.

En efecto, en los procesos de expropiación administrativa, el avalúo

comercial del inmueble constituye el soporte técnico esencial para

la determinación del precio indemnizatorio que se consigna en el

acto administrativo de oferta de compra y en la resolución que

dispone la expropiación.

Asimismo, se debe reiterar que una vez dicho valor es incorporado

en el acto administrativo, opera en su favor la presunción de

legalidad, razón por la cual, cuando el administrado pretende

38
Dicha posición ha sido reiterada por la Sala, entre otras, en sentencia de 31 de agosto de 2023,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2015-00207-00.

39
Al respecto, ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-
23-31-000-2011-00564-01).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

114

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

controvertirlo en sede judicial, le corresponde asumir la carga de la

prueba, demostrando, mediante elementos técnicos idóneos, que el

avalúo oficial adolece de errores, se aparta de las normas técnicas

que regulan la actividad valuatoria, y no refleja el valor comercial

real del bien objeto de expropiación.

Frente a esta materia, es del caso indicar que esta Sección en

sentencia de 23 de julio de 201640 puntualizó que es deber del

interesado probar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

cuáles son los perjuicios y su monto y su nexo de causalidad con la

expropiación decretada.

De manera, que la mera discrepancia subjetiva del expropiado

frente al valor asignado al inmueble, así como la aportación de

elementos probatorios desprovistos de sustento técnico suficiente,

no resultan idóneos para desvirtuar la presunción de legalidad del

avalúo oficial que sirve de fundamento al precio indemnizatorio, ni

para aducir que la fijación del valor indemnizatorio por parte de la

administración era irrisorio o muy bajo, como ocurrió en este caso.

En este orden de ideas, habida cuenta que la parte actora no

demostró en el proceso que el avalúo oficial era equivocado e

40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de
julio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 05001-23-33-000-
2013-01598-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

115

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

incorrecto, ni acreditó la corrección del justiprecio presentado en

el avalúo realizado por el Perito Fernando García Fernández, ni

los perjuicios que reclama, debe tenerse como válido, creíble y

debidamente fundamentado, el avalúo oficial que sirve de sustento

a las Resoluciones acusadas.

Al respecto, se debe destacar que esta Sección ha sostenido que al

haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo,

este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,

creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en

este caso, a la parte demandante, demostrar en el proceso que el

avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus

incorreciones. Sobre el particular, la Sala en sentencia de 15 de

agosto de 201941 indicó:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha
sostenido que el precio establecido en los actos acusados se
encuentra amparado por la presunción de legalidad y de
certeza de las decisiones de la administración, y que la
misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes
medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico,
lo cual no ocurrió en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de
fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera
sostuvo que “al haberse incorporado dicho valor en el
texto de los actos administrativos demandados, debe
entenderse que el mismo se encuentra amparado por

41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-
2011-00196-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

116

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

la misma presunción de legalidad y de certeza que se
predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar
en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección”42.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección43
sostuvo que “todo lo anterior conduce a la Sala a
considerar que debe tenerse como válido, creíble y
fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las
decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser
objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual
el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio
de la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no
desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, que lo incorporó […]” (Destacado fuera de
texto).

Adicionalmente, es del caso traer a colación la sentencia de 19 de

abril de 202144, en la que la Sala sostuvo que se presume la

legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, y

que por ello la parte demandante debe aportar las pruebas para

demostrar los errores de este; y que no es de recibo que los

argumentos que sustentan la incorrección del avalúo oficial, que

sustentaron la expedición de los actos administrativos acusados,

sean que al ser mayor el precio del avalúo comercial determinado

en el avalúo contratado por la parte demandante, ello resulte

42
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
43
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras
sentencias la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00232-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

117

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

suficiente para decretar la nulidad de los actos administrativos

acusados.

Así discurrió la Sección, en la citada providencia:

“[...] No obstante, lo anterior, al haberse incorporado
dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor
tiene la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección45 […].” (la Sala destaca)
[…]”46

74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y
que sustentó la expedición de los actos
administrativos acusados, sea que no se indicó los
inmuebles con los cuales se realizó la comparación y
que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el
demandante, ello resulte suficiente para decretar la
nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de
texto).

Conclusión

Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados

por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad

necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara al

45
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

118

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

acto administrativo acusado, toda vez en el plenario no se

encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección

del avalúo oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio

indemnizatorio reconocido y pagado a los actores, con ocasión de la

expropiación administrativa dispuesta mediante las resoluciones

acusadas.

En consecuencia, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia apelada y así

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

V.5.- COSTAS PROCESALES

Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con

lo previsto en el artículo 18847 del CPACA en armonía con el

numeral 8 del artículo 365 del CGP48, esto es, en aplicación de un

criterio objetivo valorativo49, la Sala condenará a la parte apelante,

47
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
48
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
49
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

119

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

en los términos del numeral 3 del artículo 36550 ibidem, al pago de

las costas en esta instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso51 y por las agencias en derecho52”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención de la parte demandada través de apoderado judicial.

Frente a las expensas y los gastos del proceso, y por ser estos

previamente determinados por auto o acto que lo acredite durante

la actuación procesal, su fijación se sujetará a la liquidación53 que

realice el secretario del Tribunal a quo y según la comprobación de

que se incurrieron en éstos.

50
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
51
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
52
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
53
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

120

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP54, se fijan como agencias en derecho, la suma

de $2.265.794 (equivalente al 0,02% del valor de las

pretensiones55) a favor del Instituto de Desarrollo Urbano -

IDU. Lo anterior, de conformidad con las tarifas establecidas en

el del artículo 6°56 del Acuerdo núm. 1887 de 26 de junio de 2003,

expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, según la

naturaleza del proceso, la calidad y duración de la gestión realizada

por la parte vencedora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

54
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
55
De conformidad con el folio 3 del C. Principal, el valor de las pretensiones corresponde a
$11.328.971.242.
56
“[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

121

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01133-01
Actores: ANA LUCÍA CALDERÓN SABOGAL Y OTROS

SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte actora

y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $2.265.794

(equivalente al 0,02% del valor de las pretensiones), la cual deberá

incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente

al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de febrero de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.