Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2017-01311-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2017-01311-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-33-000-2017-01311-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 08001-23-33-000-2017-01311-01
Demandantes: ROBERTO DE JESÚS RUIZ COLL Y OTROS
Demandado: TRANSMETRO S.A.S.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra
la sentencia de 13 de julio de 2020, proferida por la Sala A del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
I.1.1. Las pretensiones
1. Los señores Roberto de Jesús Ruiz Coll, Michael Steven Ruíz Polo y Patricia
Francisca Polo Garizabalo, a través de apoderado y en ejercicio de la acción
especial de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 71 de la
Ley 388 de 18 de julio de 19971, presentaron demanda en la que formularon las
siguientes pretensiones:
“[…] 1. Se Declare nula en todas sus partes la Resolución de Expropiación No. 004
del 24 de Marzo de 2017, POR LA CUAL SE DECRETA UNA EXPROPIACIÓN POR
VÍA ADMINISTRATIVA y la Resolución No. 003 de mayo de 2017 POR LA CUAL SE
RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA
RESOLUCIÓN No. 004 del 24 de marzo de 2017, POR MEDIO DE LA CUAL SE
DECRETÓ UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA.
2. Se declare que el área parcial o lote y área de construcción afectado por el proyecto
del par vial es el que corresponde a las medidas, cabida y linderos que se prueben
en el trámite de este proceso.
3. Como consecuencia de lo anterior, se condene a TRANSMETRO S.A.S. a las
siguientes indemnizaciones como daño emergente:
3.1. A pagar el precio total por el área parcial de terreno y construcción afectada, así:
el lote a razón de $ por metro cuadrado y la construcción a razón de $ por metro.
3.2. A pagar por concepto de daño emergente además del precio anterior la suma de
CIENTO DIECISÉIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA
PESOS ($116.068.270,00), o la que resulte probada en el trámite del proceso.
1
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
2
Radicación núm.: 08001-23-33-000-2017-01311-01
Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
4. Se condene a TRANSMETRO S.A.S. a pagar los perjuicios morales ocasionados
por la falsa y la falta de motivación originados en los pronunciamientos mencionados,
así:
ROBERTO RUIZ COLL 100 salarios mínimos mensuales legales
vigentes
PATRICIA POLO GARIZABALO 50 smlmv
(ESPOSA)
MICHAEL STEVEN RUIZ POLO 25 smlmv
5. Que se declare a la (sic) TRANSMETRO S.A.S., administrativa y patrimonialmente,
responsable del pago de los intereses comerciales y moratorios a partir de la
ejecutoria de la sentencia, sobre los conceptos y valores reconocidos a cada uno de
los demandantes.
6. Que igualmente se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la (sic)
TRANSMETRO S.A.S., en el momento de pagar las sumas liquidadas, por concepto
de indemnización de perjuicios materiales y morales los cuales deberán reajustarse
con base a la variación del índice de precios al consumidor, desde la fecha de
ocurrencia de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia que se dicte de la
presente demanda y la certificación que expide el DANE.
7. Que se declare que TRANSMETRO S.A.S. se obliga a dar cumplimiento dentro
del término estipulado en el artículo 192 y 195 del CPACA.
8. Que la TRANSMETRO S.A.S. sea declarada administrativa y patrimonialmente
responsable y reconozca a los demandantes la cancelación de costas y agencias en
derecho en un 10% de la sumatoria de los valores absolutos de las sumas a pagar a
los demandantes […]”.
I.1.2. Los hechos
2. La parte demandante indicó que el inmueble identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria 040-98676, ubicado en la carrera 50 # 48-104/110 de
Barranquilla, se afectó parcialmente por el proyecto de infraestructura distrital
denominado Par Vial Carrera 50, ejecutado por TRANSMETRO S.A.S. Una parte
de ese inmueble correspondía a la residencia del señor Roberto de Jesús Ruiz Coll,
donde habitaba junto con su esposa Patricia Polo Garizabalo y sus hijas.
3. Señaló que el derecho de dominio sobre el inmueble pertenecía en común y
proindiviso a los señores José Asunción Ruiz de la Hoz, Manuel Regino Ruiz de la
Hoz y Roberto Ruiz de la Hoz, según el folio de matrícula inmobiliaria.
4. Explicó que José Asunción Ruiz de la Hoz falleció el 23 de diciembre de 2010,
hecho que consta en el registro civil de defunción expedido por la Notaría Novena
de Barranquilla con el serial núm. 07027215 inscrito en el folio de matrícula
inmobiliaria núm. 040-98676.
5. Manifestó que Roberto de Jesús Ruiz Coll es hijo del señor José Asunción Ruiz
de la Hoz, circunstancia que acreditó con el respectivo registro civil de nacimiento.
6. Indicó que TRANSMETRO S.A.S. mediante la Resolución núm. 004 de 24 de
marzo de 20172, decretó la expropiación por vía administrativa del inmueble y fijó
como indemnización la suma de $8.511.965.923, destinada a ser pagada a José
Asunción Ruiz de la Hoz y sus herederos determinados e indeterminados.
2
“[…] POR LA CUAL SE DECRETA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA […]”.
3
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Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
7. Expresó que TRANSMETRO S.A.S. en la Resolución núm. 003 del 3 de mayo
de 20173 resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm.
004 de 2017, y en su inciso final reconoce que el demandante es pariente de uno
de los copropietarios del inmueble, de conformidad con el registro civil obrante en
el expediente.
I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
8. La parte demandante sostuvo que las resoluciones demandadas se encuentran
falsamente motivadas y desconocen los artículos 29, 58 y 211 de la Constitución
Política; 9, 10 y 11 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 19984; 67 de la Ley 388 de
18 de julio de 19975; 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011; y 19 del Decreto 1420 de
24 de julio de 19986 por las siguientes razones:
i) Inexistencia de la competencia de TRANSMETRO S.A.S.
9. Afirmó que la administración carecía de competencia para expedir el acto
expropiatorio porque el Decreto 216 de 2006 no delegó en esa entidad la función de
adelantar la gestión predial ni el proceso de expropiación sobre el predio afectado.
Tampoco se acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos para delegar
funciones en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 489 de 1998.
ii) Falsa motivación del acto administrativo
10. Planteó que el área de afectación del lote identificada en el acto demandado era
de 60,80 m2. Sin embargo, el levantamiento practicado en el terreno arrojó un área
real de 62,30 m2. Esa diferencia demuestra que el acto utilizó un supuesto contrario
a la realidad.
iii) Transgresión de la normatividad superior
11. Adujo que los avalúos tienen una vigencia de un año, según lo dispuesto en el
artículo 19 del Decreto 1420 de 1998. Sin embargo, el avalúo corporativo elaborado
en marzo de 2015 por la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla tenía más de dos
años al momento de expedirse el acto expropiatorio.
12. Argumentó que la administración no indemnizó los daños derivados de la
expropiación correspondientes a: i) la adecuación del área remanente por
$90.000.000; ii) los arrendamientos de los dos grupos familiares por $17.463.270;
iii) los gastos de mudanza por $900.000; iv) los daños ocasionados durante la
construcción a bienes del hogar por $7.000.000; y v) dos volteos de arena y dos de
granzón por $705.000.
3
“[…] POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 004
de 24 de marzo de 2017, POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETO UNA EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA […]”.
4
"[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]".
5
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
6
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995,
los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998,
que hacen referencia al tema de avalúos […]".
4
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Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
13. Manifestó que la figura del cuerpo cierto, propia de los actos bilaterales, no resulta
aplicable en este caso porque la expropiación no es producto de un contrato ni de
un acto bilateral, sino de un acto administrativo.
14. Finalmente, no desarrolló el concepto de violación respecto de la vulneración de
los artículos 137 y 138 de la Ley 1437.
I.2. Contestación de la demanda
15.TRANSMETRO S.A.S.7 se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó
como excepción la denominada: “[…] EXCEPCIÓN PREVIA DE FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA […]”.
16. Refirió que el señor Roberto Ruiz Coll no es el titular inscrito del derecho de
dominio, pues en el folio de matrícula núm. 040-98676 figuran los señores José
Asunción Ruiz de la Hoz, Manuel Regino Ruiz de la Hoz, Isabel María Ruiz de la
Hoz y Roberto Ruiz de la Hoz. Por lo tanto, el demandante carece de capacidad
para actuar en el proceso judicial al solo tener vocación hereditaria respecto de uno
de los copropietarios, sin que ese derecho haya sido reconocido mediante trámite
sucesoral.
17. Adujo que los actos acusados se ajustaron al marco normativo aplicable y que
las razones técnicas y jurídicas que sustentaron la expropiación eran suficientes
para desvirtuar los cargos de la demanda.
18. Explicó que el Decreto Distrital 0216 de 3 de noviembre de 2006 declaró la
situación de urgencia, decretó la expropiación por vía administrativa y delegó en la
Gerencia General de esa entidad las facultades para adquirir los inmuebles
requeridos para el Par Vial Carrera 50.
19. Sostuvo que el avalúo debe estar vigente a la fecha de la oferta de compra y no
a la de la resolución de expropiación. En este caso el avalúo se elaboró el 30 de
marzo de 2015 por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla y la
oferta se expidió en septiembre de 2015, cuando aún estaba vigente.
20. Agregó que la demora hasta la expropiación se debió a que los herederos no
habían legalizado su titularidad, por lo que invocó el principio nemo auditur propriam
turpitudinem allegans.
21. Relató que el perito Jorge Mario Flórez Porras no está vinculado ni es miembro
de la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla desde 2013 y carece del Registro
Nacional de Avaluadores exigido por la normativa. Ese dictamen se practicó el 24
de abril de 2018, sobre una zona ya entregada y demolida, lo que impedía una
medición fiable.
22. Complementó que las medidas y linderos correctos son los del registro
topográfico y el folio de matrícula, y que la marcación del área se hizo en presencia
de la señora Patricia Polo, quien estuvo de acuerdo con la medición.
7
Cfr. Índice 16 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
16”. Página 202 y siguientes.
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23. Argumentó que en este caso no era procedente reconocer daño emergente ni
lucro cesante porque la Resolución IGAC 0898 de 2014 no regía cuando se elaboró
el avalúo. Aun así, se reconocieron y pagaron a los demandantes la reposición de
fachada, el arriendo transitorio de los dos grupos familiares y las actividades
económicas que desarrollaban en el predio, por una suma total de $25.219.688.
24. Afirmó que la figura de cuerpo cierto opera tanto en la venta pura y simple como
en la expropiación administrativa, por cuanto el objeto no varía en características,
medidas y linderos que figuran en la oferta de compra y en el folio de matrícula.
I.3. Trámite del proceso en primera instancia
25.Por auto de 27 de febrero de 20188, el magistrado sustanciador admitió la
demanda y ordenó la notificación de la entidad demandada y del Ministerio Público.
26. Por medio de auto del 17 de agosto de 20189, el despacho saneó el
procedimiento y ajustó el trámite del proceso.
27. En providencia de 18 de septiembre de 201810 se dio apertura a la etapa
probatoria del proceso y negó el interrogatorio de parte solicitado por la entidad
demandada.
28.En auto de 8 de octubre de 201811 se rechazó por improcedente el recurso de
apelación de la parte demandada contra el auto de 18 de septiembre.
29. El 31 de octubre de 201812 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la que
se recibieron las declaraciones de los señores Ángela María Arévalo y Jorge Mario
Flórez Porras. Asimismo, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, de
considerarlo pertinente.
30. La entidad demandada presentó escrito de alegatos13 y el Ministerio Público en
su concepto solicitó denegar las pretensiones de la demanda14.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
31. La Sala A del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 13 de
julio de 202015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los
siguientes términos:
“[…] PRIMERO. DECLÁRASE de la Resolución No. 004 del 24 de marzo de 2017,
"por la cual se decreta una expropiación por vía administrativa", proferida por el
Gerente de Transmetro S.A.S., la nulidad de las siguientes disposiciones:
8
Ibidem, página 192 y siguientes.
9
Ibidem, página 25 y siguientes.
10
Ibidem, página 33 y siguientes.
11
Ibidem, página 42 y siguientes.
12
Ibidem, página 53 y siguientes.
13
Ibidem, página 61 y siguientes.
14
Ibidem, página 61 y siguientes.
15
Cfr. Índice 16 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) NroActua
16”. Página 94 y siguientes.
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Radicación núm.: 08001-23-33-000-2017-01311-01
Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
• Parágrafo Primero del Artículo Primero, en el que se indica que el
señalamiento de las medidas y linderos de las áreas requeridas y su cabida se
expropian como cuerpo cierto.
• Artículo Segundo, por el cual se fijó el valor del precio indemnizatorio del
inmueble expropiado.
• Artículo Tercero, en lo que tiene que ver con el del precio indemnizatorio fijado
en el artículo segundo, que también se anula.
SEGUNDO. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 003 del 03 de mayo de
2017, "por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución No. 004 del 24 de marzo de 2017, por medio de la cual se decretó una
expropiación por vía administrativa", emanada de la Empresa Transmetro S.A.S., en
cuanto confirmó las disposiciones declaradas nulas en el ordinal anterior.
TERCERO. DECLÁRASE que el valor del precio indemnizatorio de la expropiación
que se decide, por medio de las Resoluciones Nos. 004 del 24 de marzo de 2017 y
003 del 03 de mayo de 2017 expedidas por Transmetro S.A.S., es de cincuenta y tres
millones ciento setenta mil siete pesos ($53.170.007).
CUARTO. Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho,
ORDÉNASE a la Empresa Transmetro S.A.S. a pagar al señor Roberto de Jesús Ruiz
Coll, en calidad de heredero del copropietario José Asunción Ruiz de la Hoz del
inmueble expropiado de que se trata, la suma de tres millones doscientos cuarenta y
dos mil quinientos veintidós pesos ($3.242.522).
QUINTO. Niéguense las demás súplicas de la demanda.
SEXTO. Sin costas (Artículo 188 de la Ley 1437 de 2011). […]” (negrilla del texto).
32. El tribunal negó la excepción de falta de legitimación en la causa por activa
respecto del señor Roberto Ruiz Coll porque el demandante: i) acreditó su vocación
hereditaria frente al copropietario fallecido José Asunción Ruiz de la Hoz; y ii) el
artículo 783 del Código Civil le confiere la posesión legal de la cuota del causante
de la herencia desde su muerte.
33. Complementó que “[…] en el acto administrativo 003 del 3 de mayo de 2017
(demandado en el presente asunto), la empresa TRANSMETRO S.A.S., previo
análisis jurisprudencial y probatorio, concluyó que el señor ROBERTO RUIZ COLL
es heredero del fallecido copropietario del bien expropiado, JOSE ASUNCION RUIZ
DE LA HOZ, por Io que procedió a resolver de forma negativa el recurso de
reposición interpuesto por el mentado señor RUIZ COLL a través de apoderado
[…]”. Y ello “[…] reafirma el interés del actor en la declaratoria de nulidad de las
resoluciones demandadas […]”.
34. Se abstuvo de pronunciarse sobre el cargo de falta de competencia porque el
Decreto 216 de 2006 es una norma local que el demandante no aportó con el libelo
petitorio, según lo señalado en el artículo 167 de la Ley 1437, y no está publicada
en la página web del ente territorial, lo que impide confrontar su contenido con los
actos acusados.
35. Negó el cargo de falsa motivación porque el dictamen del perito Jorge Mario
Flórez Porras, con el que se pretendía probar que el área afectada era de 62,30 m²
y no de 60,80 m², no podía valorarse, al no especificar la metodología empleada ni
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Radicación núm.: 08001-23-33-000-2017-01311-01
Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
acreditar la idoneidad del perito, incumpliendo los artículos 226 de la Ley 1564 de
12 de julio de 201216 y 219 de la Ley 1437.
36. Respecto del cargo de transgresión de la normativa superior, afirmó que los
perjuicios adicionales no se probaron. En cambio, acogió la inconformidad sobre la
vigencia del avalúo porque, si bien la oferta se formuló en septiembre de 2015,
cuando el avalúo de marzo de 2015 aún estaba dentro del año de vigencia, la
entrega del predio ocurrió un año y cuatro meses después y el acto de expropiación
se profirió dos después de haberse elaborado el avalúo oficial, cuando las
condiciones del predio habían cambiado.
37. Adujo que “[…] la empresa Transmetro S.A.S., al aplicar un peritaje sin vigor,
desconoció las garantías constitucionales previstas en favor de los particulares a
quienes, para satisfacer una necesidad de interés general, se les obliga a ceder
bienes de su propiedad. […]”.
38.También afirmó que la figura de cuerpo cierto no resultaba aplicable a la
expropiación administrativa, por las siguientes razones:
“[…] es una figura propia de actos bilaterales y por tanto al ser la expropiación por vía
administrativa una decisión unilateral por parte de la administración pública no podría
ser implementada por la entidad demandada. Además, el hecho de que en estos
casos el interés general deba prevalecer sobre los intereses privados, no significa en
modo alguno que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la Carta
Política reconoce en favor del propietario, pues de suyo es que cuando el precio
indemnizatorio reconocido por la administración a título de indemnización no alcance
a proporcionar una reparación justa y plena, esto es, cuando la suma decretada no
sea suficiente para cubrir el valor comercial del inmueble y los demás daños
irrogados, los afectados tengan la prerrogativa de demandar ante la justicia
administrativa. […]”.
39. En consecuencia, declaró la nulidad parcial de las Resoluciones 004 de 2017 y
003 de 2017 y con base en el peritaje del arquitecto Carlos Ospino Saumett, fijó el
precio indemnizatorio en $53.170.00717, reconociendo al señor Ruiz Coll la cuota
de su padre.
40. Sostuvo que ese peritaje “[…] adquirió suficiente valor probatorio por no haber
sido tachado ni objetado en el curso del proceso y que además fue elaborado
teniendo de presente lo dispuesto en el Decreto 1420 de julio 24 de 1998, la
Resolución Reglamentaria No. 620 de septiembre 23 de 2008 expedida por el IGAC,
entre otras normas concordantes. Asimismo, fue realizado en fecha 8 de enero de
2016, es decir, estaba revestido de validez en el tiempo de la entrega material del
inmueble con folio de matrícula Inmobiliaria No. 040-98676 (1 de agosto de 2016)
requerido para la construcción del PAR VIAL DE LA CARRERA 50. […]”.
41.Finalmente, negó los perjuicios morales porque no proceden en la expropiación
administrativa y no condenó en costas.
16
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
17
Con base en el avalúo, el tribunal tomó las áreas expropiadas y las multiplicó por los valores unitarios del peritaje. De esa
cifra dedujo lo pagado por la entidad, con lo que el saldo adeudado fue de $11.415.303, suma que ordenó traer a valor
presente mediante indexación.
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Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
42. TRANSMETRO S.A.S.18 señaló que el señor Roberto de Jesús Ruiz Coll carecía
de legitimación en la causa por activa, porque acreditó su vocación hereditaria
respecto del señor José Asunción Ruiz de la Hoz, pero no demostró haber adquirido
la calidad de heredero ni el derecho de dominio sobre el inmueble expropiado
mediante el correspondiente proceso de sucesión y tampoco demostró haber
recibido los valores puestos a disposición por la entidad, de conformidad con el
artículo 71 de la Ley 388 de 1997.
43. Consideró que el avalúo del perito Carlos Ospino Saumett no cumple los
requisitos previstos en el Decreto 1420 de 1998 ni en el artículo 61 de la Ley 388 de
1997 porque: i) no lo elaboró un perito inscrito en lonjas o asociaciones
especializadas; y ii) las medidas indicadas por el avalúo del perito no coinciden con
el folio de matrícula inmobiliaria o el acta de entrega.
44. Señaló que el avalúo de la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla
de 30 de marzo de 2015 se practicó conforme a la normatividad vigente sobre el
área parcial objeto de adquisición. Aunado a ello, dicho avalúo fundamentó la oferta
de compra formulada mediante Resolución APR núm. 053 de 29 de septiembre de
2015, cuando aún estaba vigente conforme al término de un año previsto en el
artículo 19 del Decreto 1420 de 1998 y a lo reglado en el artículo 61 de la Ley 388
de 1997.
45. Sostuvo que el avalúo de 30 de marzo de 2015 se rige por la normativa existente
antes de la expedición de la Resolución 1044 de 29 de septiembre de 2014 19 del
IGAC, pues esa regulación no era exigible cuando se elaboró, ya que la Resolución
1044 entró a regir a partir del 1.º de octubre de 2015, conforme al régimen de
transición prorrogado por la Resolución 316 de 18 de marzo de 201520.
46. Puso de presente que esa entidad pagó a los demandantes los conceptos
derivados de la afectación de la fachada, el arriendo, la mudanza, la acometida y la
actividad económica por $24.852.779, y que los daños de obra fueron resarcidos
por el contratista A Construir mediante Contrato de Transacción de 22 de diciembre
de 2016.
47. Explicó que la figura del cuerpo cierto no era aplicable al caso por tratarse la
expropiación de una decisión unilateral y no de un acto bilateral. Sin embargo, su
inaplicación no alteraba el valor del precio indemnizatorio, que debía fijarse
conforme al avalúo de la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla.
18
Cfr. Índice 16 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) NroActua
16”. Página 130 y siguientes.
19
“[…] Por medio de la cual se modifica parcialmente y se adiciona la Resolución 898 del 2014 que fija normas, métodos,
parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de
infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013. […]”.
20
“[…] Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución número 898 de 2014 que fija normas, métodos,
parámetros, criterios, y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de
infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013. […]”.
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Radicación núm.: 08001-23-33-000-2017-01311-01
Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
48. Mediante auto de 21 de junio de 202121, el magistrado sustanciador del proceso
en primera instancia concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación
presentado por la parte demandada.
49. Esta autoridad judicial, a través de auto de 8 de octubre de 202122, admitió el
recurso de apelación y se advirtió a los sujetos procesales que no había lugar a dar
traslado para alegar de conclusión. Igualmente, se notificó al Ministerio Público.
50. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
51. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) los actos administrativos demandados; y
iii) el análisis del caso concreto.
V.1. Competencia
52. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 1323 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201924, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
V.2. Los actos administrativos demandados
53. En la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución núm. 00425 de 24 de
marzo de 201726, cuya parte resolutiva señala:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Decretar, por motivos de utilidad pública e interés social,
la Expropiación por Vía administrativa del área del inmueble requerida, y denominado
como Lote B en el considerando 21 de la presente Resolución, el cual se encuentra
en el inmueble ubicado en la Carrera 50 No. 48 – 104/110 de este Distrito, sobre el
cual se levantó el registro topográfico RT-PV-110 donde aparece debidamente
delimitado y alinderado identificado con la matrícula inmobiliaria No. 040-98676 y
cuyos actuales titulares inscritos del derecho de dominio son los señores JOSÉ
ASUNCIÓN RUIZ DE LA HOZ (Fallecido) identificado con la cédula de ciudadanía
No. 819.819, MANUEL REGINO DE LA HOZ (Fallecido) identificado con la cédula
de ciudadanía No. 827.493, ISABEL MARÍA RUIZ DE LA HOZ (Fallecido)
identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.430.087 y ROBERTO RUIZ DE LA
HOZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 833.683 quienes adquirieron el bien
inmueble mediante la Escritura Pública No. 787 del 28 de mayo de 1940, de la Notaría
3ª del Barranquilla y Sentencia sin número del 15-04-1985 Juzgado Cuarto del
C.C.TO de Barranquilla, mediante adjudicación en sucesión, debidamente inscrita en
21
Cfr. Índice 16 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) NroActua
16”. Página 150 y siguientes.
22
Cfr. Índice 16 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua
16”. Página 5 y siguientes.
23
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
24
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
25
“[…] POR LA CUAL SE DECRETA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA […]”.
26
Cfr. Índice 2 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL 1(.pdf) NroActua
2”. Página 173 y siguientes.
10
Radicación núm.: 08001-23-33-000-2017-01311-01
Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
la matrícula inmobiliaria No.040-98676, Lote B el cual se encuentra delimitado,
alinderado y determinado como aparece en el numeral 21 de los considerandos de la
presente Resolución (Artículo 68 inciso 1º y numeral 1º de la ley 388 de 1997).
La Expropiación que se Decreta, se hace sobre un ÁREA PARCIAL, denominado
como LOTE B cuyas medidas y linderos específicos son: Área parcial de lote de 60.80
Metros y Área de construcción de 52.86 metros, área que mide y linda así: Por el
Norte 12,50 Metros, linda con el LOTE A. Por el Sur: 12,50 metros, linda con la Carrera
50. Por el Oriente: 4,83 metros, con predio que fue de Manuela Castro M., hoy de
Pedro Sanjuanelo García y por el Occidente: 4,91 metros, linda con predio que fue de
Bifiana Hernández, hoy de Belisario Roncallo.
Lote B que se requiere para la ejecución de la infraestructura del Par vial de la Carrera
50 del Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla y área Metropolitana –
TRANSMETRO S.A. hoy TRANSMETRO S.A.S.
Parágrafo Primero: No obstante el señalamiento que se ha hecho de las medidas y
linderos de las áreas requeridos y de su cabida, estas se expropian como cuerpo
cierto.
Parágrafo Segundo: El señor Registrador de Instrumentos públicos de Barranquilla
hará el Desenglobe o Segregación del Lote B objeto de Expropiación del inmueble de
mayor extensión ubicado en el Distrito de Barranquilla en la Carrera 50 No. 48 –
104/110 de la nomenclatura urbana, con folio de Matrícula Inmobiliaria No. 040-98676
de la oficina de Registro e Instrumentos públicos de Barranquilla.
ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor del
precio de la expropiación que se decide por la presente resolución es la suma de
CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CUATRO PESOS ($41.754.704) M/L. conforme al avalúo comercial
Corporativo practicado por la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla (Artículo 67
inciso 1º y Artículo 68 numeral 2º de la ley 388 de 1.997), sobre el inmueble requerido
con Registro Topográfico levantado No. RT - PV-110.
PARÁGRAFO No.1: El valor total de la presente adquisición se encuentra amparado
en el rubro de Adquisición predial y reasentamiento según Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 54 de fecha 02 de Enero de 2017 de la Empresa
TRANSMETRO S.A.S.
ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO.- Una vez notificado el acto
administrativo, TRANSMETRO S.A.S. pondrá la suma de CUARENTA Y UN
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO
PESOS ($41.754.704) M/L., que corresponde al valor total del precio indemnizatorio
del lote expropiado (Lote B) de la siguiente manera: La suma de NUEVE MILLONES
ONCE MIL DOCE PESOS ($9.011.012), valor que adeuda el bien inmueble y por el
cual se encuentra embargado en relación a impuesto Predial y Valorización hasta el
año en curso 2017, los cuales se deben cancelar a favor de la ALCALDÍA DISTRITAL
DE BARRANQUILLA, quedando efectuado el pago por concepto de Crédito y costas
procesales. La suma de OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($8.185.923) al finado Señor JOSE
ASUNCION RUIZ DE LA HOZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 819.819
y/o HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, la suma de OCHO
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS
PESOS ($8.185.923) al finado señor MANUEL REGINO DE LA HOZ identificado con
la cédula de ciudadanía No. 827.493 y/o HEREDEROS DETERMINADOS E
INDETERMINADOS, la suma de OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($8.185.923) a la señora ISABEL MARIA
RUIZ DE LA HOZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.430.087 y/o
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, en la cuenta de depósitos
judiciales del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, y la suma de OCHO MILLONES
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS
11
Radicación núm.: 08001-23-33-000-2017-01311-01
Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
($8.185.923) al Señor ROBERTO RUIZ DE LA HOZ identificado con la cédula de
ciudadanía No. 833.683 a través de la FIDUCIARIA DEL BANCO DE BOGOTA S.A.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si el valor del precio indemnizatorio una vez puesto a
disposición del Señor ROBERTO RUIZ DE LA HOZ identificado con la cédula de
ciudadanía No. 833.683, no es retirado por éste dentro de los diez (10) días siguientes
a la ejecutoria de este acto administrativo, TRANSMETRO S.A.S., procederá a
consignar el valor que le corresponde en la cuenta de depósitos judiciales del BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA, y entregará copia de la consignación al Tribunal
Contencioso Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo establecido en el
numeral 2º del artículo 70 de la ley 388 de 1.997, considerándose que de esta manera
ha quedado formalmente efectuado el pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se dará
aplicación a la retención establecida en el artículo 398 del estatuto tributario, el cual
es del siguiente tenor: "Los ingresos que obtengan las personas naturales por
concepto de enajenación de activos fijos, estarán sometidos a una retención en la
fuente equivalente al uno por ciento (1%) del valor de la enajenación". De igual forma
mediante concepto 45624 del 3 de Junio de 1.996, la Dirección Nacional de Impuestos
y Aduanas DIAN, extendió la aplicación de dicha retención a las personas jurídicas
que obtengan recursos derivados de la enajenación de activos. Así mismo, se dará
aplicación a los porcentajes de disminución de la retención, previstos en los artículos
399 y 400 del mismo estatuto, de acuerdo con el tipo de contribuyente de que se trate,
y en aquellos casos en que el bien objeto de adquisición corresponda a casa o
apartamento de habitación.
PARÁGRAFO TERCERO: La presente Expropiación por vía administrativa, no goza
de los beneficios tributarios establecidos en el artículo 67 Parágrafo 2º de la ley 388
de 1.997 el cual establece: "El ingreso obtenido por la enajenación de inmuebles a
los cuales se refiere el presente capítulo no constituye, para fines tributarios, renta
gravable ni ganancia ocasional, siempre y cuando la negociación se realice por la vía
de la enajenación voluntaria". En consecuencia para los fines pertinentes, se
comunicará a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -.
ARTÍCULO CUARTO: Apropiaciones Presupuestales.- TRANSMETRO S.A.S.,
efectuará la correspondiente apropiación presupuestal así: El valor total de la
adquisición se ampara en el Presupuesto de Transmetro S.A.S., según Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 54 de fecha 02 de Enero de 2017.
ARTÍCULO QUINTO: Destinación.- El área de terreno denominada Lote B que se
encuentra en inmueble ubicado en la Carrera 50 No. 48 - 104/110 de este Distrito y
cuya identificación plena se precisa en el artículo primero de esta Resolución, será
destinado a la ejecución del proyecto de infraestructura del Par Vial de la Carrera 50
del Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla y el área Metropolitana -SITM -
TRANSMETRO S.A., hoy TRANSMETRO S.A.S. de conformidad con lo establecido
en el artículo 68 numeral 3 de la Ley 388 de 1.997.-
ARTÍCULO SEXTO: Cancelación de Oferta de Compra.- Con el objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 68, numeral 4 de la ley 388 de 1.997,
Ofíciese al Registrador de Instrumentos Públicos de Barranquilla, a fin de
CANCELAR la inscripción de Oferta de compra formulada mediante Resolución de
Oferta APR No. 053 del 29 de Septiembre de 2015.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Orden de Inscripción.- De conformidad con lo estipulado en el
artículo 68 numeral 4 de la ley 388 de 1.997, ORDENASE la inscripción de la presente
Resolución, una vez ejecutoriada, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Barranquilla, en el folio de matrícula inmobiliaria No. 040-98676, para los efectos
de que se surta la transferencia del derecho de dominio de su titular a favor del
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese la presente Resolución a los Señores JOSE
ASUNCION RUIZ DE LA HOZ y/o HEREDEROS DETERMINADOS E
12
Radicación núm.: 08001-23-33-000-2017-01311-01
Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
INDETERMINADOS, MANUEL REGINO RUIZ DE LA HOZ y/o HEREDEROS
DETERMINADOS E INDETERMINADOS, ISABEL MARIA RUIZ DE LA HOZ y/o
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS y ROBERTO RUIZ DE LA
HOZ, actuales titulares inscritos del Derecho de Dominio del bien inmueble donde se
encuentra ubicado el LOTE B expropiado, de acuerdo con las reglas establecidas en
el artículo 44 y ss. del Código Contencioso Administrativo, haciéndole saber que
contra la presente Resolución, solo procede el recurso de reposición ante esta
Empresa, interpuesto por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
notificación, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. (negrilla del texto)
54. También se demandó la Resolución 003 de 3 de mayo de 201727 en la que se
resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Negar la revocatoria de la Resolución No 004 de Marzo
24 de 2017, “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETÓ UNA EXPROPIACIÓN POR
VÍA ADMINISTRATIVA”, solicitada mediante recurso de reposición interpuesto por el
apoderado del señor ROBERTO RUIZ COLL, doctor GUILLERMO ANTONIO
JARAMILLO SANTA, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia, en consecuencia confirmar y ratificar en todas sus partes la resolución
de expropiación recurrida. […]” (negrilla del texto).
V.3. Análisis del caso concreto
55. De conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 2012, aplicables
por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, corresponde a la Sala
determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de 13 de julio de 2020,
proferida por la Sala A del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
56. TRANSMETRO S.A.S. afirmó en la alzada que la sentencia de primera instancia
debía revocarse porque: i) el señor Roberto de Jesús Ruiz Coll carecía de
legitimación en la causa por activa; ii) el tribunal consideró que el avalúo oficial no
estaba vigente para cuando se expidió el acto de expropiación; iii) la figura de
cuerpo cierto no genera la nulidad de los actos demandados; y iv) no se desvirtuó
la presunción de legalidad del precio indemnizatorio previsto en el avalúo oficial.
57. Con el fin de resolver los argumentos de la apelación de forma ordenada, la
Sala estudiará los problemas jurídicos en acápites independientes, así:
V.3.1. La legitimación en la causa por activa del señor Roberto de Jesús Ruiz
Coll
58. El tribunal negó la excepción de falta de legitimación en la causa por activa
propuesta por la demandada porque la entidad demandada en la Resolución núm.
003 de 3 de mayo de 2017 reconoció que el señor Roberto Ruiz Coll acreditó su
vocación hereditaria respecto del señor José Asunción Ruiz de la Hoz con el registro
civil de defunción y su registro de nacimiento.
59. TRANSMETRO S.A.S. insistió en la excepción al considerar que la vocación
hereditaria no equivale a ser titular del derecho de propiedad y que, para la fecha
27
“[…] POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No.
004 DE 24 de marzo de 2017 […]”.
13
Radicación núm.: 08001-23-33-000-2017-01311-01
Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
de la demanda, el actor no había adquirido la condición de heredero, ni acreditó la
recepción de los valores puestos a su disposición por concepto de indemnización.
60. Para resolver, se tiene que la legitimación en la causa por activa consiste en la
aptitud del demandante para formular las pretensiones de la demanda, por ser el
titular del interés jurídico que se debate en el proceso28.
61. Esta Sección ha precisado que la legitimación material por activa no se identifica
con la titularidad del derecho sustancial, sino con la participación real del
demandante en la situación jurídica que originó la controversia, de modo que basta
con que este se encuentre llamado a discutir dicho interés en el trámite judicial29.
62. En el presente asunto, la entidad demandada reconoció el interés del actor
durante la actuación administrativa en la Resolución núm. 003 de 3 de mayo de
2017, mediante la cual TRANSMETRO S.A.S. resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la resolución de expropiación.
63. El referido acto indica que el señor Roberto Ruiz Coll “[…] en su condición de
heredero determinado acorde al registro civil de nacimiento que obra en el
expediente en donde se demuestra el parentesco con uno de los propietarios,
presentó Recurso de Reposición contra la Resolución Expropiación No. 004 de 24
de marzo de 2017 […]”.
64. En esa resolución la entidad demandada analizó la “[…] viabilidad de la
interposición del recurso […]” para verificar si se encontraba facultado el recurrente,
así:
“[…] En nuestra Legislación Civil la sucesión por causa de muerte tiene un carácter
eminentemente patrimonial. De este modo, el artículo 673 del Código Civil la señala
como uno de los modos de adquirir el dominio. Así, en el momento en que fallece una
persona, su patrimonio no se extingue, sino que se transmite a sus herederos quienes
adquieren, por tanto, en la medida que la ley o el testamento les asignen, el derecho
de suceder al causante en su universalidad jurídica patrimonial.
Como regla general, para suceder al causante, se requiere la capacidad para suceder.
De esta manera, el artículo 1019 y siguientes del Código Civil establecen que dicha
capacidad corresponde a toda persona que exista o cuya existencia se espera, como
lo prevé el artículo 90 y 91 del Código Civil. Tal capacidad se extiende inclusive a
personas jurídicas que pueden ser instituidas como legatarios en el caso de la sucesión
testamentaria.
Igualmente, se requiere tener vocación sucesoral, entendido como la situación jurídica
que adquiere un sujeto en la relación sucesoria de un difunto determinado,
permitiéndole ser su sucesor por causa de muerte. La fuente de la vocación sucesoral
corresponde a la ley o al testamento, presentándose algunas diferencias conceptuales
y aplicativas entre la una y la otra.
Sin embargo, en esta oportunidad, la Sala de Revisión para efectos de resolver el
problema jurídico anteriormente planteado, hará especial énfasis en la vocación
sucesoral proveniente de la ley. En este orden, se tiene que la vocación legal
hereditaria toma como presupuesto básico el parentesco, el cual se demostrará con la
prueba del estado civil correspondiente. Adicionalmente, se encuentra forzosamente
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de julio de 2019, radicación
núm. 05001-23-31-000-2004-04088-01, C.P Nubia Margoth Peña Garzón.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 17 de julio de 2014, radicación
núm. 25000-23-24-000-2007-00076-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
14
Radicación núm.: 08001-23-33-000-2017-01311-01
Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
organizada por medio de los órdenes sucesorales o hereditarios (artículos 1045 y
siguientes del Código Civil), los cuales presentan, entre otras, las siguientes
características: (i) son grupos de personas naturales a quienes se les ha dado la
vocación hereditaria, con excepción del sexto orden que corresponde al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar; (ii) se encuentran organizados autónomamente, es
decir, son independientes entre sí y están organizados de tal manera que no puede
pasarse al orden siguiente mientras no hayan quedado vacantes los precedentes y; (iii)
conlleva una distribución equivalente a la importancia del estado civil.
En este contexto, a efectos de intervenir en el proceso sucesorio, se hace indispensable
precisar la calidad de heredero, que es aquel status que deriva frente a la herencia y
que le otorga legitimación para actuar dentro del respectivo proceso.
Al respecto, es necesario reiterar que si bien, el estado civil y la calidad de heredero
son dos cuestiones diferentes, en el ordenamiento sucesoral, la vocación legal
hereditaria se fundamenta en el estado civil; es decir, los nexos de parentesco son los
que ligan a los herederos con el causante.
En relación con la prueba de la calidad de heredero, la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia ha precisado:
“(...) debe, pues, quien invoca el título de heredero, aportar copia del testamento,
debidamente registrada, en que se le instituye asignatario, o copia de las actas del
estado civil que demuestran su parentesco con el difunto, vínculo que se deriva su
derecho sucesorio, pues como lo estatuye el artículo 1298 del Código Civil, la
herencia queda aceptada expresamente por quien toma el título de heredero.
También puede demostrarse esta calidad, con copia del auto dictado dentro del
respectivo proceso sucesorio, en que se haya declarado que se le reconoce esta
calidad a la persona que la invoca […]”.
65. A partir de lo anterior, allí se resolvió: “[…] Como quiera que en el expediente
obra copia del Registro Civil del recurrente en donde se acredita su parentesco con
uno de los copropietarios del predio y atendiendo que habiendo interpuesto el
Recurso de reposición, contra la Resolución de Expropiación No. 004 de 24 de
Marzo de 2017, que decretó la expropiación administrativa de un área del predio,
se procede a analizar si el mismo fue interpuesto de manera oportuna: […]”.
66. De este modo, la entidad no solo admitió su condición de pariente del
copropietario fallecido30, sino que lo tuvo como recurrente y resolvió su
impugnación, lo que confirma que el demandante tiene un interés directo en las
resultas del proceso. Por tanto, en este aspecto se confirmará la decisión del
tribunal.
V.3.2. La vigencia del avalúo oficial
67. El tribunal de primera instancia declaró la nulidad parcial de los actos acusados
porque consideró que, aunque el avalúo oficial estaba vigente al formularse la oferta
de compra, la entrega del predio ocurrió un año y cuatro meses después y el acto
de expropiación se profirió dos después de haberse elaborado el avalúo oficial,
cuando las condiciones del predio habían cambiado.
30
Según los artículos 783, 1013 y 1296 de la Ley 84 de 26 de mayo de 1873, la sucesión se defiere desde el fallecimiento del
causante y los efectos de la aceptación de la herencia se retrotraen a la fecha de la delación. En consecuencia, la culminación
del proceso sucesoral o la adjudicación de los bienes no constituye en principio el momento de nacimiento del interés jurídico
del heredero respecto de la masa sucesoral, sino el acto mediante el cual se individualizan los bienes que le corresponden.
15
Radicación núm.: 08001-23-33-000-2017-01311-01
Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
68. Frente a esa decisión, el apelante señaló que la vigencia de un (1) año previsto
en el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998 se refiere a la expedición de la oferta de
compra y no al acto expropiatorio.
69. La Sala pone de presente que el avalúo comercial constituye el fundamento
fáctico y técnico sobre el que la administración determina el precio indemnizatorio
incorporado en el acto expropiatorio31, de manera que, cuando dicho avalúo pierde
vigencia, no constituye un soporte idóneo para fijar la indemnización justa.
70. Para determinar lo anterior, el parágrafo 2.º del artículo 24 de la Ley 1682 de 22
de noviembre de 201332, aplicable a la expropiación de bienes requeridos en los
proyectos de infraestructura de transporte, siguiendo lo dispuesto en el artículo 19
del Decreto 1420 de 1998, señaló que “[…] El avalúo comercial tendrá una vigencia
de un (1) año, contado desde la fecha de su comunicación o desde aquella en que
fue decidida y notificada la revisión y/o impugnación […]”.
71. En el sub lite está acreditado que el avalúo oficial se expidió el 30 de marzo de
2015 y la oferta compra se formuló el 29 de septiembre de 2015, es decir dentro del
año previsto en la norma citada supra33. En consecuencia, los actos demandados
no incurrieron en la causal de nulidad declarada por el tribunal de primera instancia.
V.3.3. La aplicabilidad de la figura de cuerpo cierto en el procedimiento
expropiatorio
72. El tribunal declaró la nulidad del parágrafo primero del artículo primero de la
Resolución núm. 004 de 24 de marzo de 2017 que dispuso que el área requerida
se expropiaba como “cuerpo cierto” por considerar que se trata de una figura propia
de los actos bilaterales y que, al ser la expropiación por vía administrativa una
decisión unilateral de la administración no podía ser implementada por la entidad
demandada.
73. El apelante manifestó que el hecho de que la administración utilizara ese
concepto, aunque no era aplicable, tampoco alteraba el valor del precio
indemnizatorio ni el objeto de la expropiación, que quedó determinado conforme a
las medidas y linderos del folio de matrícula inmobiliaria.
74. Para resolver, la Sala precisa que la expresión “cuerpo cierto” sirve para
identificar bienes determinados e individualizados materialmente, particularmente
en los contratos de compraventa. El artículo 1889 del Código Civil distingue la venta
de un cuerpo cierto de la que se hace con relación a una cabida determinada, y
atribuye consecuencias distintas cuando existe discrepancia entre el área
expresada y la realmente existente.
75. Esto significa que el tribunal acertadamente explicó que dicho concepto no debe
utilizarse en el procedimiento expropiatorio por cuanto la normativa aplicable exige
31
El procedimiento de adquisición predial y expropiación por vía administrativa regulado en los artículos 61, 67 y 68 de la Ley
388 de 1997 parte de la elaboración de un avalúo comercial que sirve de base para la formulación de la oferta de compra y,
de no lograrse la enajenación voluntaria, para la expedición del acto administrativo que decreta la expropiación.
32
“[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias […]”.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 19 de marzo de 2026, radicación
núm. 18001233300020190010301, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
16
Radicación núm.: 08001-23-33-000-2017-01311-01
Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
la determinación de los linderos y demás características topográficas del bien objeto
de expropiación.
76. Sin embargo, la Sala recuerda que no toda irregularidad alegada dentro de una
actuación administrativa tiene la entidad suficiente para afectar la legalidad de los
actos definitivos. Esta Corporación ha precisado que “[…] sólo las irregularidades
sustanciales o esenciales, que impliquen violación de garantías o derechos
fundamentales, acarrean la anulación de los actos sancionatorios […]”34.
77. Por ende, no resultaba procedente declarar la nulidad parcial del referido acto
con ocasión de esa irregularidad.
V.3.4. La determinación del valor indemnizatorio del inmueble expropiado
78. El a quo fijó el precio indemnizatorio, a título de restablecimiento del derecho,
con fundamento en el avalúo elaborado por el arquitecto Carlos Ospino Saumett, al
considerar configuradas dos causales de nulidad que, como quedó expuesto
previamente, no se acreditaron.
79. Frente a esa decisión el apelante sostuvo que el avalúo elaborado por Carlos
Ospino Saumett no cumple con el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y que el precio
indemnizatorio debía mantenerse conforme al avalúo oficial de la Corporación Lonja
de Propiedad Raíz de Barranquilla el 30 de marzo de 201535, por haber sido
practicado por una entidad autorizada con base en la información técnica del
procedimiento de adquisición predial.
80. Para resolver los cuestionamientos, la Sala pone de presente que el precio
indemnizatorio previsto en el avalúo oficial, al incorporarse en el acto administrativo
que dispone la expropiación, se encuentra amparado por la presunción de legalidad
propia de las decisiones administrativas36.
81. Dicha carga no se satisface únicamente con la invocación de las disposiciones
normativas que regulan la elaboración de los avalúos comerciales ni con afirmar la
indebida escogencia del método valuatorio utilizado por la administración. Por el
contrario, el demandante debe acreditar, mediante elementos técnicos suficientes,
los errores concretos o inconsistencias metodológicas que afectan el avalúo oficial,
pues no basta con proponer otras alternativas posibles para la valoración del
inmueble, sino que resulta necesario demostrar objetivamente el defecto atribuido
al avalúo37.
82. En este contexto la Sección Primera ha considerado que el dictamen pericial
constituye un importante medio de convicción para verificar si el avalúo que sirvió
de fundamento a la actuación administrativa se ajusta a los parámetros técnicos y
normativos aplicables38.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B, sentencia de 24 de enero de
2013, C.P. Victor Hernando Alvarado Ardila, radicación núm. 11001-03-25-000-2011-00688-00(2645-11).
35
Cfr. Índice 16 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
16”. Página 68.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de febrero de 2026, radicación
núm. 25000-23-41-000-2016-01133-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de febrero de 2021, radicación
núm. 25000-23-24-000-2012-00483-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
38
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 2020,
Rad. 05001233100020090022701, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
83. Sin embargo, su finalidad no consiste en sustituir la valoración efectuada por la
autoridad competente ni en imponer al juez el valor determinado por el auxiliar de
justicia, sino en suministrar elementos objetivos que permitan establecer si el avalúo
oficial incurrió en errores técnicos, metodológicos o fácticos capaces de desvirtuar
la presunción de legalidad que lo ampara.
84. Según lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 3 del
Decreto 1420 de 1998 la determinación del valor comercial “[…] la harán, a través
de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces
o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas
por las lonjas de propiedad raíz […]”.
85. En cuanto al contenido y la metodología del avalúo, los artículos 20 a 22 del
Decreto 1420 de 1998 exigen que el informe identifique física y jurídicamente el
inmueble, describa sus características y especifique la metodología empleada,
desglosando el valor del suelo y de las construcciones, y atendiendo a la
reglamentación urbanística, la destinación económica, los valores unitarios, los
aspectos físicos y la estratificación socioeconómica.
86. A su turno, el artículo 25 ibidem señala que los avalúos comerciales requeridos
con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 se efectuarán aplicando el
método de comparación o de mercado, el de renta o capitalización por ingresos, el
de costo de reposición o el residual.
87.La Resolución 620 de 2008 del IGAC establece el alcance de cada uno de los
métodos referidos y su forma de aplicación.
88. Respecto de los métodos aplicados en el peritaje objeto de análisis, el artículo
1.º de la Resolución 620 define el método de comparación o de mercado como la
técnica valuatoria que permite establecer el valor comercial del bien a partir del
estudio de ofertas o transacciones recientes de inmuebles semejantes y
comparables al objeto del avalúo, a partir de información detallada y verificable39.
89. En cuanto al método de costo de reposición, el artículo 3.º de la Resolución 620
de 2008 lo define como aquel que permite establecer el valor comercial del bien a
partir de la estimación del costo total de construir, a precios actuales, un inmueble
semejante al objeto de valoración, al cual se le resta la depreciación acumulada y
se le adiciona el valor del terreno40.
90. En este contexto, la Sala pone de presente que el avalúo comercial elaborado
por el arquitecto Carlos Ospino Saumett cumple con los requisitos previstos en el
artículo 61 de la Ley 388 de 1997 en cuanto a la inscripción del perito en el Registro
39
Cuando se emplee información de ofertas o transacciones, el artículo 10 de la Resolución 620 de 2008 exige que el avalúo
indique el medio del cual fue obtenida, su fecha de publicación y los demás datos que permitan identificarla y verificarla
posteriormente. Asimismo, establece que, tratándose de inmuebles no sometidos al régimen de propiedad horizontal, el valor
del terreno y el de las construcciones deben analizarse de forma independiente, con indicación de sus respectivas áreas y
valores unitarios, y que deben verificarse los datos relativos a las áreas del terreno y de las construcciones.
Por su parte, el artículo 11 dispone que la información de mercado debe ser verificada, confrontada y ajustada antes de
utilizarse en los cálculos estadísticos.
40
El artículo 13 precisa que el costo total de la construcción comprende los costos directos, indirectos, financieros y de
gerencia necesarios para ejecutar la obra, teniendo en cuenta las condiciones particulares del lugar en el que se encuentra
el inmueble. Una vez determinado ese costo, debe aplicarse la depreciación correspondiente.
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Demandantes: Roberto de Jesús Ruiz Coll y otros
Nacional de Avaluadores41. Sin embargo, no acata las reglas señaladas en el
Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 del IGAC para determinar el
valor comercial de un inmueble.
91. El perito señaló que para estimar el valor del terreno acudió al método de
comparación o mercado y manifestó, de manera general, que se tuvieron en cuenta
ofertas de inmuebles comparables ubicados sobre vías principales y al interior del
mismo sector. Sin embargo, el informe no desarrolla de manera suficiente las
razones técnicas que justifican la selección de dichas muestras, ni explica los
criterios objetivos de comparación empleados para establecer su equivalencia con
el inmueble objeto de avalúo, limitándose a afirmar que se trataba de inmuebles con
características similares.
92. Tampoco incorpora un análisis detallado de los factores de homogenización
aplicados a cada una de las ofertas seleccionadas, ni explica la incidencia concreta
que tuvieron variables como la localización específica, las condiciones urbanísticas,
el área, la forma del lote, el frente, el fondo o las demás características físicas para
la determinación del valor comercial del terreno.
93. No se anexaron las fichas de los inmuebles utilizados como muestras de
mercado ni la información individual que permita identificar las ofertas analizadas,
verificar sus características o establecer los factores de homogenización aplicados
para hacerlas comparables con el inmueble objeto de avalúo. El informe no contiene
los soportes técnicos que permitan establecer la ubicación específica de cada
muestra, su área, destinación, condiciones físicas, precio ofertado, fecha de la oferta
ni los ajustes efectuados para obtener el valor unitario finalmente adoptado.
94. El informe señala, por una parte, que el costo de reposición de la edificación
corresponde a $580.000 por metro cuadrado y afirma posteriormente que el valor
del componente construcción es aproximadamente de $750.000 por metro
cuadrado. Sin embargo, la tabla denominada “[…] Cálculo del valor por estado de
conservación según Fitto y Corvini […]” adopta un valor diferente y, finalmente, el
resultado del avalúo utiliza otro valor unitario para calcular el componente
construcción, sin que el perito explique técnicamente el procedimiento seguido para
pasar de una cifra a otra ni la incidencia de dichas operaciones en el resultado
definitivo del avalúo.
95. La Sala observa que el dictamen no desarrolla un análisis comparativo dirigido
a demostrar que el avalúo practicado por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz
de Barranquilla desconozca las metodologías autorizadas por el Decreto 1420 de
1998 o los parámetros técnicos previstos en la Resolución 620 de 2008. Por lo tanto,
no se desvirtuó la presunción de legalidad del avalúo oficial que sirvió de
fundamento para fijar el precio indemnizatorio.
96. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, negará
las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
41
En el informe como anexo se encuentra el oficio 09-045739-000 000 de 2009-05-06 de la Superintendencia de Industria y
Comercio en el que señala la información de la inscripción en el Registro Nacional de Avaluadores del señor Carlos Arturo
Ospino Saumett. Información corroborada en el certificado de la Lonja Inmobiliaria Nacional y Avaluadores Profesionales
(LINAP) de 10 de enero de 2017.
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97. Finalmente, la Sala no condenará por concepto de costas en ambas
instancias42, al no configurarse los presupuestos previstos en el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 13 de julio de 2020, proferida por la Sala A
del Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de
la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: SIN COSTAS en ambas instancias.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
42
Se pone de presente que, al revocarse la sentencia de primera instancia, procede pronunciarse sobre la condena en costas
en ambas instancias.
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