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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 18001-23-33-000-2019-00103-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 18001-23-33-000-2019-00103-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, en esta instancia, por lo expuesto en esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 18001-23-33-000-2019-00103-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 180012333000-2019-00103-01
Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Actora: MARÍA NINA CORREA SUÁREZ

TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA RECURRIDA. NO FUE DESVIRTUADA LA
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE
EXPROPIARON EL PREDIO DE LA ACTORA. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 58
SUPERIOR. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. IMPOSIBILIDAD DE
EXAMINAR UN NUEVO CARGO PLANTEADO EN EL RECURSO DE
APELACIÓN. VIGOR DEL AVALÚO OFICIAL. TÉRMINO DE 1 AÑO. NO HUBO
VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO NI TAMPOCO DEL DERECHO DE
CONTRADICCIÓN, POR CUANTO EL DOCUMENTO QUE CALIFICA DE ILEGAL
LA APELANTE NO SOLO FUE FUNDAMENTO DEL AVALÚO OFICIAL, SINO
QUE TAMBIÉN SE INCORPORÓ COMO TAL EN LOS ANTECEDENTES
ADMINSITRATIVOS. COSTAS PROCESALES EN ESTA INSTANCIA. NO SE
PROBÓ SU OCURRENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la actora

contra la sentencia de 26 de octubre de 2023, proferida por la SALA

TERCERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

CAQUETÁ1, que denegó las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 180012333000-2019-00103-01
Actora: María Nina Correa Suárez
Nulidad y restablecimiento del derecho

La señora MARÍA NINA CORREA SUÁREZ, actuando por conducto

de apoderado, promovió demanda en ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo CPACA2, contra el MUNICIPIO DE FLORENCIA3, con

la finalidad de discutir la legalidad de los siguientes actos

administrativos:

▪ Resolución 1370 de 26 de septiembre de 2018 “Por medio de
la cual se ordena la expropiación vía administrativa de un inmueble
declarado de utilidad pública e interés social ubicado en el Municipio
de Florencia”, expedida por la Secretaría de Gobierno, Seguridad y
Participación Ciudadana del Municipio.

▪ Resolución 1793 de 4 de diciembre de 2018 “Por medio de la
cual se da respuesta al recurso de reposición presentado contra la
resolución núm.1370 del 26 de septiembre de 2018, que ordena la
expropiación por vía administrativa de un inmueble declarado de
utilidad pública e interés social ubicado en el Municipio de Florencia”,
expedida por la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Participación
Ciudadana del Municipio.

Además de la nulidad de los actos administrativos referidos, pidió

como restablecimiento del derecho, lo siguiente:

“[…] SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE FLORENCIA, a pagar
a favor de la señora MARIA NINA CORREA como precio
indemnizatorio por la expropiación del inmueble identificado con
la matricula inmobiliaria número 420-48972 de la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Florencia, la suma de
DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y

2
En adelante CPACA.
3
En adelante el MUNICIPIO.

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3

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Actora: María Nina Correa Suárez
Nulidad y restablecimiento del derecho

SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($ 218.537.130.00)
o el valor que resultare probado.

TERCERO: Condenar al MUNICPIO DE FLORENCIA a pagar a
favor de la señora MARIA NINA CORREA, el equivalente a 100
S.M.L.M.V a la ejecutoria de la sentencia, por concepto de
PERJUICIOS MORALES o “pretium dolores", consistentes en el
profundo trauma que produce el hecho de haber sido
DESALOJADA abruptamente y haber perdido su hogar, que forjó,
habitó y compartió con su familia por más de 40 años.

CUARTO: Todas las condenas serán actualizadas conforme a la
evolución del Índice de Precios al Consumidor.

QUINTO: Los intereses serán aumentados con la variación
promedio mensual del índice de Precios al Consumidor.

SEXTO: Ordénese al MUNICIPIO DE FLORENCIA, al pago de las
costas procesales y agencias en derecho […]».

I.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Como hechos relevantes de la demanda, la actora señaló los

siguientes:

Manifestó que era propietaria del inmueble identificado con matrícula

inmobiliaria 420-48972 y ficha catastral 010200240002000, ubicado

en la calle 18#6-11 del barrio Siete de Agosto del municipio.

Precisó que, en virtud del Plan de Desarrollo, el municipio ejecutó el

proyecto denominado “Construcción de un puente vehicular y obras

complementarias sobre la quebrada La Perdiz en la avenida Bruno

del Piero del municipio de Florencia”, con el propósito de mejorar la

conectividad vial del sector.

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Aseveró que, para la ejecución de dicha obra, el concejo municipal

expidió el Acuerdo 2018003 de 8 de febrero de 2018, mediante el

cual se otorgaron facultades al alcalde para declarar de utilidad

pública e interés social los predios requeridos para la ejecución del

proyecto.

En ese contexto, la administración determinó que el inmueble de

propiedad de la actora resultaba necesario y se vería afectado en su

totalidad por la construcción del puente vehicular.

Agregó que, agotada la etapa de negociación directa, el alcalde del

municipio expidió la Resolución 1370 de 26 de septiembre de 2018,

por medio de la cual ordenó la expropiación por vía administrativa

del inmueble, fijando como precio indemnizatorio la suma de

$74.323.914, con fundamento en el avalúo comercial elaborado

dentro del contrato de consultoría núm. 20170001 de 25 de abril de

2017.

Explicó que el avalúo que sirvió de fundamento a la expropiación

presentó graves deficiencias técnicas, pues habría sido realizado por

un avaluador que, a su juicio, no se encontraba inscrito en el Registro

Abierto de Avaluadores, además de que el inmueble fue valorado

como predio rural pese a encontrarse ubicado en zona urbana con

vocación comercial, lo cual incidió de manera determinante en la
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fijación del precio.

Comentó que contrató la elaboración de un avalúo comercial

independiente que fue elaborado en junio de 2018, en el cual se

determinó que el valor comercial del inmueble ascendía a

$218.537.130, suma que, en su criterio, corresponde al verdadero

precio del bien y que debe ser reconocida como indemnización.

I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Como apoyo de las pretensiones de la demanda, la parte actora

indicó como vulnerados los artículos:

▪ 4º, 6º, 29, 58 y 83 de la Constitución Política;
▪ 61, 67 y 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 19974;
▪ 9º y 10º de la Ley 1673 de 19 de julio de 20135;
▪ 24, parágrafo 2º de la Ley 1682 de 22 de noviembre de 20136;

También consideró vulnerados el Decreto 1420 de 24 de julio 19987;

y las resoluciones 762 de 1998 y 620 de 2008 del Instituto Geográfico

Agustín Codazzi -IGAC.

Para explicar su violación, formuló los siguientes cargos:

4
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
5
“Por la cual se reglamenta la actividad del avaluador y se dictan otras disposiciones”.
6
“Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y
se conceden facultades extraordinarias”.
7
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.

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1.3.1.- Ilegalidad del avalúo por falta de inscripción del avaluador
en el Registro Abierto de Avaluadores

Manifestó que el avalúo comercial que sirvió de fundamento para fijar

el precio indemnizatorio fue elaborado por el señor Fernando Gustavo

Martínez Bravo, quien no se encontraba inscrito en el Registro Abierto

de Avaluadores al momento de su elaboración.

Indicó que la Ley 1673 reguló la actividad del avaluador y estableció

la obligación de inscripción en el referido registro para ejercer

legalmente dicha actividad, especialmente cuando los avalúos estén

destinados a surtir efectos en actuaciones administrativas o

judiciales.

1.3.2.- Errónea clasificación del uso del suelo

Explicó que el avalúo oficial incurrió en un error sustancial al valorar

el inmueble como si se tratara de un predio rural, cuando en realidad

se encuentra ubicado en zona urbana, en el barrio Siete de Agosto

del municipio de Florencia, sector con vocación residencial y

comercial.

Señaló que el avaluador aplicó el método de comparación o mercado

con referencias propias de suelo rural, lo cual generó una

subvaloración significativa del terreno y de la construcción, y en su

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criterio, vulneró lo previsto en el inciso 2º del artículo 61 de la Ley

388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y las Resoluciones 762 de

1998 y 620 de 2008 del IGAC, que exigen que el avalúo comercial

atienda las condiciones reales del bien, su localización, uso del suelo

y características físicas.

Precisó que, además, las ofertas que fundamentaron el estudio de

mercado no tienen una ubicación geográfica semejante ni

comparable con el predio expropiado, sin que se haya explicado el

por qué se tuvo como referencias inmuebles sobre vías nacionales en

zonas rurales y no los contiguos o aledaños.

1.3.3.- Expiración de la vigencia del avalúo comercial

Agregó que conforme con el parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley

1682, el avalúo comercial tiene una vigencia de 1 año contado a

partir de su comunicación a la entidad solicitante.

Adujo que el avalúo oficial fue realizado en septiembre de 2017 y la

oferta fue notificada en noviembre de 2018, de manera que para

la fecha de expedición del acto de expropiación ya había perdido

vigencia.

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1.3.4.- Irregularidades en el trámite de expropiación

Manifestó que una vez expedidos los actos de expropiación el

municipio promovió ante la Inspección Segunda de Policía un

procedimiento de restitución de bien de uso público, con el propósito

de obtener la entrega material del inmueble.

Sostuvo que dicha actuación constituyó un mecanismo impropio para

materializar la expropiación, pues la administración y el Inspector de

Policía confundieron los conceptos de “espacio público” y “utilidad

pública”, tratándolos como equivalentes cuando jurídicamente no lo

son.

En su criterio, el predio no tenía la naturaleza de bien de uso público

al momento de iniciarse la actuación policiva, razón por la cual no

resultaba procedente adelantar un proceso de restitución de espacio

público.

Afirmó que los inspectores de policía carecen de competencia para

ejercer funciones jurisdiccionales; y que la expropiación judicial

constituye una atribución exclusiva de los jueces de la República,

conforme con lo dispuesto en el artículo 399 del Código General del

Proceso.

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Adujo que una vez agotada sin éxito la negociación voluntaria bien

por negativa del propietario, silencio o falta de suscripción de los

instrumentos respectivos, la administración debía acudir al proceso

de expropiación judicial ante el juez competente, garantizando así el

control jurisdiccional previo y la plena contradicción sobre el precio

indemnizatorio.

I.4.- ADMISIÓN Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Por auto de 8 de marzo de 2022, y luego de trasladarse al Despacho

conductor el proceso 8 se admitió la demanda y se ordenó la

notificación al municipio de Florencia.

Cumplida la notificación ordenada, la entidad vinculada a este trámite

contestó la demanda bajo los siguientes argumentos:

I.4.1.- El municipio de Florencia

Afirmó que el inmueble se encontraba ubicado en zona de riesgo por

inundación conforme al Plan de Ordenamiento Territorial adoptado

mediante Acuerdo Municipal 018 de 2000, circunstancia que incidió en

su valoración.

8
Según da cuenta el auto ocurrió con ocasión de la redistribución ordenada por el Consejo Seccional
de la Judicatura por Acuerdo CSJCAQA21-85 del 30 de noviembre de 2021.

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Añadió que el avalúo oficial elaborado en septiembre de 2017 se ajustó

a la Ley 1673 de 2013, particularmente al régimen de transición

previsto en el parágrafo 1° del artículo 6°, por lo que no era exigible

la inscripción previa en el Registro Abierto de Avaluadores para la fecha

de su elaboración.

Explicó que, conforme con el parágrafo 2° del artículo 23 de la Ley

1682, la vigencia de un año debía contarse desde su comunicación a

la entidad solicitante y, en ese orden, el informe técnico fue presentado

el 31 de diciembre de 2017 y la oferta de compra se realizó el 6 de

agosto de 2018.

Adujo que la entrega material del inmueble y la intervención de la

Inspección Segunda de Policía no implicó el ejercicio de funciones

jurisdiccionales o la realización de una expropiación judicial encubierta,

pues se trataron de actuaciones tendientes a materializar los efectos

de la decisión administrativa ya ejecutoriada.

Además de los anteriores argumentos de defensa, propuso la

excepción que denominó “Inexistencia del derecho pretendido – No

configuración de causal de nulidad alguna”, para lo cual sostuvo que

no se encontraba acreditada ninguna de las causales de nulidad

invocadas por la parte actora.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 26 de octubre de 2023 el Tribunal denegó las

pretensiones de la demanda, para lo cual precisó que el control

judicial se circunscribiría a la legalidad de los motivos que dieron

lugar al monto indemnizatorio, sin que resultara necesario efectuar

un examen integral de todos los fundamentos del acto de

expropiación y delimitó el problema jurídico a los siguientes

aspectos:

2.1.- Examen acerca del registro abierto de avaluadores

Explicó que conforme con el régimen de transición previsto en los

parágrafos 1° del artículo 6 y 2º del artículo 23, la obligación de

inscripción en el Registro Abierto de Avaluadores debía cumplirse

dentro de los 24 meses siguientes a la firmeza de la resolución de

reconocimiento de la primera entidad de autorregulación emitida por

la Superintendencia de Industria y Comercio.

Advirtió que dicha resolución quedó en firme el 11 de mayo de 2016,

de modo que el término de transición culminaba el 11 de mayo de

2018, por lo que como el avalúo oficial fue rendido en septiembre de

2017 el perito no estaba obligado a encontrarse inscrito en el registro

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para esa fecha.

2.2.- Valor de bien expropiado

Recordó que el artículo 61 de la Ley 388 dispone que el precio de

adquisición corresponde al valor comercial determinado, conforme a

la reglamentación urbanística vigente y a los métodos previstos en

el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 del IGAC.

Afirmó que no es acertado que el bien expropiado se le hubiese dado

el tratamiento de inmueble rural, puesto que en la descripción del

predio en el avalúo se indicó que se trataba de un bien urbano, en

armonía con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial del

Municipio.

Agregó que también estaba acreditado que el predio se encontraba

dentro de la ronda hídrica de la quebrada La Perdiz, conforme al

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente y a lo dispuesto en el artículo 49 del

POT municipal.

Precisó que esta última circunstancia también fue certificada por la

Secretaría de Planeación Municipal mediante el oficio SPM-2204 de 5

de diciembre de 2017, documento que fue referenciado por el

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avaluador oficial al momento de sustentar la metodología aplicada en

el avalúo en la audiencia de pruebas.

Explicó que con fundamento en estas características el avalúo oficial

adoptó la metodología aplicable a predios ubicados en zonas de

protección ambiental, la cual, según el propio dictamen, consistía en

tomar como referencia el valor rural más cercano y adicionar el costo

del urbanismo del predio conforme a las tablas del DANE.

Aclaró que la inconformidad de la parte actora radicaba en que, a su

juicio, debía haberse utilizado el método de comparación de mercado

con inmuebles en condiciones similares, como lo hizo el avalúo

aportado por ella; sin embargo, destacó que en dicho dictamen no

se explicaban las razones por las cuales se siguió esta metodología

ni tampoco se expuso el porqué del procedimiento utilizado por el

perito oficial resultaba contrario a las normas técnicas sobre avalúos.

Sostuvo que era esencial que el perito que elaboró el avalúo aportado

con la demanda explicara técnicamente por qué, pese a encontrarse

el inmueble dentro de la ronda hídrica, procedía la metodología

aplicada por él y por qué la empleada en el avalúo oficial era

incorrecta.

Adujo que al estar el avalúo oficial amparado por la presunción de
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legalidad correspondía a la actora desvirtuarlo mediante prueba

técnica idónea, lo que demuestra los errores concretos cometidos en

la experticia.

Advirtió que no basta con alegar el incumplimiento normativo para

desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial, sino que es

indispensable indicar el defecto específico en que se incurrió y el

impacto que este tiene en la determinación del precio indemnizatorio.

2.3.- Vigencia del avalúo

Explicó que conforme con el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998,

tiene una vigencia de un (1) año contado desde la fecha de su

expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o

impugnación.

Indicó que no obraba en el expediente prueba que acreditara con

exactitud el momento en que el avalúo o la oferta de compra fueron

puestos en conocimiento de la actora; no obstante, a partir del

contenido de la Resolución 1370 de 26 de septiembre de 2018,

concluyó que el procedimiento expropiatorio fue precedido por la

expedición del oficio D.A. 1227 del 6 de agosto de 2018, mediante el

cual se formuló la oferta de compra directa, la cual fue inscrita en el

folio de matrícula inmobiliaria el 17 de agosto de 2018.

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Agregó que del trámite administrativo se tiene que se informó a la

actora de la oferta de compra y de acuerdo con el avalúo oficial, a

través del oficio DA-1227 de 06 de agosto de 2018, frente al cual el

3 de septiembre de 2018 se puso en conocimiento al ente

territorial la NO aceptación de la oferta.

Concluyó que la etapa de oferta y negociación se surtió en agosto y

septiembre de 2018, esto es, dentro del año siguiente a la expedición

del avalúo, por lo que el dictamen se encontraba vigente para cuando

fue utilizado como fundamento del precio indemnizatorio.

Señaló que aun si se considerara que el avalúo hubiese superado el

término anual, tal circunstancia no viciaría automáticamente el

trámite administrativo, pues la finalidad de la norma es evitar la

pérdida del valor adquisitivo del avalúo, situación que en el caso

concreto no se evidenció.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La actora recurrió la sentencia proferida en primera instancia, para

lo cual formuló tres reparos, así:

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3.1.- DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO POR
INAPLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 620 DE 2008 DEL IGAC,
AL USAR UN MÉTODO VALUATORIO INEXISTENTE

Explicó que el avalúo que sirvió de fundamento al precio

indemnizatorio no se ajustó a los métodos valuatorios previstos en

la Resolución 620 de 2008.

Agregó que la Resolución 620 de 2008 establece únicamente los

métodos de comparación o mercado, de ventas o ingresos, de costo

de reposición y residual; no obstante, el avalúo oficial no aplicó

ninguno de estos, sino que utilizó una “metodología para predios

ubicados en zona de conservación ambiental”, consistente según el

propio dictamen en tomar el valor rural más cercano y adicionar el

costo del urbanismo con base en tablas del DANE.

Sostuvo que tal metodología no se encuentra prevista en la

Resolución 620 de 2008, lo que constituye un método inexistente

desde el punto de vista jurídico.

Anotó que aunque el avaluador afirmó haber aplicado el método de

comparación o mercado, de la simple lectura de los artículos 1° y 10°

de la Resolución 620 de 2008 no se desprende que a un predio

urbano ubicado en zona de conservación ambiental se le deba asignar

el valor rural más cercano.

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Adujó que el hecho de que un inmueble se encuentre en ronda hídrica

no habilita a que ningún avaluador se “invente” un método valuatorio

para hacer que pierda su valor comercial de predio urbano y se

reemplace de manera arbitraria por un valor comercial de suelo rural,

como en efecto ocurrió en el caso concreto.

Cuestionó que el Tribunal haya avalado acríticamente esa

metodología, pese a que, a su juicio, se trataba de un método

inexistente y carente de respaldo técnico o normativo, además de

que desconoció el artículo 232 del CGP sobre apreciación del

dictamen pericial, al no examinar la solidez, claridad y

fundamentación científica de la experticia.

Insistió en que el avalúo oficial incurrió en una contradicción interna

sin soporte técnico o científico que el predio estaba ubicado en zona

rural, lo que, en su opinión, tuvo como finalidad disminuir

artificialmente el valor comercial del bien expropiado.

Añadió que el juez de primera instancia acogió y transcribió dicho

avalúo sin advertir ni analizar esa supuesta inconsistencia, lo que, en

su criterio, evidencia falta de rigor en la valoración de la prueba

pericial.

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3.2.- DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO POR INDEBIDA
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 19 DEL DECRETO 1420 DE 1998
Y EL PARÁGRAFO NO. 2 DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 1682 DE
2013, POR QUE EL AVALUÓ DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA
NO ESTABA VIGENTE PARA SER USADO EN ESTE PROCESO
JUDICIAL

Insistió en que el avalúo oficial se encontraba vencido al momento

de ser utilizado en el procedimiento expropiatorio y en el proceso

judicial, porque aunque existió el oficio DA-1228 de 6 de agosto de

2018, que contenía la oferta de compra, la comunicación efectiva del

avalúo no ocurrió en esa fecha, sino hasta octubre de 2018,

conforme al oficio SPM-2119 de 8 de octubre de ese año, mediante

el cual la administración reconoció que por error no había remitido

oportunamente copia del avalúo.

Afirmó que, en ese orden de ideas, al momento de notificarse en

debida forma la oferta de compra ya había transcurrido más de un

año desde la elaboración del avalúo, esto es, desde septiembre de

2017, por lo que este había perdido vigencia.

Adujo que, conforme con el artículo 72 del CPACA, los actos

administrativos no producen efectos hasta que se efectúe su debida

notificación.

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3.3.- DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO POR VIOLAR EL
ARTICULO 212 DEL CPACA, POR VALORAR UNA PRUEBA QUE
NUNCA SE INCORPORÓ AL PROCESO, LO CUAL LA HACÍA NULA
DE PLENO DERECHO

Indicó que el Tribunal incurrió en un defecto procedimental al valorar

como prueba el Oficio SPM-2204 de 5 de diciembre de 2017,

expedido por el secretario de Planeación Municipal, mediante el cual

se certificó el uso del suelo del inmueble, pese a que dicho

documento nunca fue decretado como prueba.

Precisó que ese oficio fue expresamente referido por el perito oficial

en la sustentación de su avalúo en la audiencia de pruebas como

fundamento para determinar que el predio se encontraba en zona de

conservación ambiental, pero no fue aportado al expediente como

prueba.

IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación se admitió por auto de 9 de febrero de 2024

y en razón a que no se solicitaron pruebas en esta instancia el

Despacho conductor se abstuvo de correr traslado para alegar en

razón a que no hubo solicitud de pruebas en esta instancia.

El MINISTERIO PÚBLICO no rindió concepto.

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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 150 del CPACA

y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el artículo

1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la Sección

Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del

asunto de la referencia.

V.2.- ACTOS DEMANDADOS

En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:

V.2.1.- RESOLUCIÓN 1370 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

“[…] RESOLUCIÓN 1370 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EXPROPIACIÓN POR
VÍA ADMINISTRATIVA DE UN INMUEBLE DECLARADO DE
UTILIDAD PÚBLICA E INTERES SOCIAL UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE FLORENCIA”

El Alcalde del Municipio de Florencia en ejercicio de las
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas
por el art 58 de la constitución política, y la ley 9 de 1989, ley
388 de 1997, ley 1682 de 2013 y ley 1882 de 2018, y:

CONSIDERANDO:

Que según lo establecido en el numeral 1 del artículo 315 de la

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constitución política, corresponde al Alcalde municipal “cumplir
y hacer cumplir la constitución, la Ley, los Decretos del
Gobierno, las Ordenanzas y los Acuerdo del concejo”.

[…]

Que, la administración Municipal de Florencia en el Plan de
Desarrollo “Yo Creo en Florencia 2016-2019” en la línea
estratégica “Yo creo en Florencia, modelo de ciudad y
urbanismo con Infraestructura y Movilidad eficiente”, en
el sector "Vías” y en el programa de “conectividad vial”
plasmó como meta producto la construcción de puentes
vehiculares; por ende, en cumplimiento de este producto
contrató la “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO
PUENTE VEHICULAR, UBICADO SOBRE LA QUEBRADA LA
PERDIZ A LA ALTURA DE LA AVENIDA BRUNO DE PIERO,
ALEDAÑO AL TERMINAL DE TRANSPORTE DEL
MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ”, con el ánimo de
establecer la viabilidad técnica del proyecto vehicular dada la
baja capacidad vial del puente vehicular que está ubicado sobre
la quebrada la perdiz, el cual sirve de canal de conexión de los
vehículos que transitan por la avenida Bruno de Piero, el cual
lleva más de 50 años de construido, y cuya capacidad es
insuficiente para la demanda del tránsito actual, ocasionando
grandes trancones y pérdida de competitividad y movilidad con
altos índices de accidentalidad que pueden ocasionar pérdidas
de vidas humanas, pues se calcula que 13.411 vehículos en
promedio transitan diariamente por el puente vehicular,
creando un embotellamiento para vehículos que vienen
transitando a doble carril y en este tramo vial de 80ml se limita
el paso a una sola calzada bidireccional, produciendo grandes
congestiones en esta parte de la ciudad de Florencia.

[…]

Que declaradas las condiciones de urgencia por motivos
de utilidad pública e interés social, y con base en lo
previsto en el artículo 59 de la Ley 388 de 1997 y demás
normas aplicables al presente proceso, el Municipio de Florencia
• Caquetá, procede a realizar expropiación en sede
administrativa sobre el inmueble de propiedad de la
señora MARIA NINA CORREA SUAREZ, identificada con
cédula de ciudadanía N° 26.616.483 expedida en Florencia-
Caquetá, inmueble identificado con ficha predial No 01
0200240002000 y matricula inmobiliaria N° 420-48972, previo
adelantamiento, respeto, sujeción y agotamiento de las etapas
que anteceden a esta actuación, al haberse expedido el oficio
D.A No 1227 de 06 de agosto de 2018, en el cual se formuló
oferta de compra directa a la señora MARIA NINA CORREA
SUAREZ, oferta inscrita en la anotación N° 3 del 17 de agosto

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de 2018 del folio de matrícula inmobiliaria número 420-48972
del inmueble antes descrito, bajo radicación: 201420-6-5751
de 17 de agosto de 2018.

Que el valor del precio indemnizatorio que presenta la entidad
adquirente a través del oficio D.A 1227 de 06 de agosto de
2018, es por la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES
TRECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS
($74.323.914) MCTE; conforme al avalúo comercial que fue
entregado por la consultoría que contrató la entidad a través
del contrato No 20170001, del 25 de abril de 2017.

Que, la oferta de compra directa fue notificada y leída
personalmente a la señora MARIA NINA CORREA SUAREZ, el 10
de agosto de 2018, habiéndose vencido el término de 15 días
hábiles que prevé el art 10 de la ley 1882, el día 3 de
septiembre de 2018; y cuyo vencimiento de la etapa de
negociación directa fue el 24 de septiembre de 2018.
[…]
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Expropiar por vía administrativa el
inmueble de propiedad de la señora MARIA NINA CORREA
SUAREZ, identificada con cédula de No 26.616.483 expedida en
Florencia-Caquetá, ubicado en la calle 18 No 6-11 del barrio
SIETE DE AGOSTO del Municipio de Florencia, conforme a la
base predial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, zona de
influencia del nuevo puente sobre la Quebrada la perdiz; bien
inmueble identificado con la cédula catastral No
010200240002000, y cuya cabidas y linderos reposan en la
escritura pública No 070 del 22 de enero de 1993 de la Notaria
Segunda del municipio de Florencia, y folio de matrícula
inmobiliaria N° 420-48972 de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Florencia, y que conforme al
certificado de libertad y tradición el área de terreno es
aproximadamente 73.65 m2.

ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR INDEMNIZATORIO. El valor
indemnizatorio que formula la entidad adquiriente es la suma
de SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL
SEISICIENTOS DOCE PESOS ($73.105.612) MCTE, conforme al
avalúo que fue entregado por el contratista del contrato de
Consultoría No 2017001 […]”.

Mediante el acto administrativo en cita, el Municipio ordenó la

expropiación por vía administrativa del inmueble de la actora,

declarado de utilidad pública e interés social, con la finalidad de

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ejecutar el proyecto de un nuevo puente vehicular sobre la quebrada

La Perdiz, a la altura de la Avenida Bruno del Piero, obra incluida

dentro del Plan de Desarrollo “Yo Creo en Florencia 2016-2019”.

El acto administrativo describe que el concejo municipal le otorgó

facultades al alcalde para declarar de utilidad pública los predios

requeridos, lo que motivó que mediante el Decreto 0344 de 24 de

julio de 2018 se anunciara en el proyecto y se declararan las

especiales condiciones de urgencia para la adquisición de los predios

necesarios.

Además, la resolución dejó constancia de que, en desarrollo de la

etapa de negociación directa, el ente territorial formuló oferta de

compra a la señora María Nina Correa Suárez mediante oficio D.A.

1227 de 6 de agosto de 2018, oferta que fue notificada

personalmente el 10 de agosto de ese año e inscrita en el folio de

matrícula inmobiliaria correspondiente.

Como valor indemnizatorio se determinó la suma de $73.105.612,

conforme con el avalúo elaborado en el mes de septiembre de 2017.

V.2.2.-RESOLUCIÓN 1793 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018

“[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE DA RESPUESTA AL RECURSO

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DE REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA LA RESOLUCIÓN N°
1370 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUE ORDENA LA
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA DE UN INMUEBLE
DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA”
[…]

ARGUMENTOS DEL RECURSO:

La recurrente alega la ilegalidad del avalúo comercial en
que se soportó la resolución de expropiación debido a la
obligación por parte del avaluador de estar inscrito en el
Registro Abierto de Avaluadores, de igual forma se
argumenta que el uso de suelo utilizado en el avalúo contratado
por la administración municipal se encuentra errado toda
vez que se determinó como método de comparación y
mercado un suelo rural, aunado a lo anterior manifiesta la
expiración de la vigencia del avalúo soporte de la resolución de
expropiación.

[…]

Al respecto y al tenor de lo contenido en el decreto 2811 de
1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, en
el artículo 83, se considera como suelos de protección “Una faja
paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho,
Es en este sentido, que el avalúo utiliza el método de
comparación o mercado para la determinación del valor
del terreno en suelo rural, esto en el entendiendo que los
predios rurales han cumplido en lo esencial con las
normas establecidas sobre la conservación de los
recursos naturales renovables, y se asemejan a predio de
conservación, y así dar cumplimiento a la resolución N* 620 de
2008 IGAC, respecto a método de comparación y mercado.

Por último, no le asiste razón en la expiración de la vigencia del
avalúo, toda vez la norma transcrita es clara en indicar que el
avalúo comercial tiene una vigencia de un año, contado a
partir de la fecha en que se comunica a la entidad,
situación que se dio para el mes de diciembre de 2017;
lo que de contera implica que al momento en que se efectuó la
notificación de la oferta de compra el precitado instrumento
estaba vigente.
[…]
RESUELVE

PRIMERO: NO REPONER la resolución No 1370 de 26 de
septiembre de 2018 expedida por la Alcaldía Municipal de
Florencia, impetrada por la señora MARIA NINA CORREA

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SUAREZ, identificada con número de cedula 28.616.483. por
las razones expuestas en la parte considerativa del presente
acto […]”

A través del acto administrativo en comento se resolvió el recurso de

reposición interpuesto contra la Resolución 1370 de 26 de septiembre

de 2018, mediante la cual se ordenó la expropiación por vía

administrativa del inmueble de la actora.

Para tal efecto, la administración analizó los argumentos del recurso

y sostuvo, en primer lugar, que el avalúo oficial fue elaborado por un

perito habilitado conforme a la normativa vigente que no hacía

exigible su inscripción en el Registro Abierto de Avaluadores para la

fecha de entrega.

En segundo término, indicó que, según el Plan de Ordenamiento

Territorial y el Decreto 2811 de 1974, el predio se encontraba

ubicado en zona de riesgo por inundación y dentro de una franja de

protección ambiental de treinta metros, circunstancia que justificó la

aplicación del método de comparación o mercado con bienes rurales,

comoquiera que estos han cumplido en lo esencial con las normas

establecidas sobre la conservación de los recursos naturales

renovables.

V.3.- PROBLEMAS JURÍDICOS

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La Sala advierte que la decisión en esta instancia estará limitada a

los aspectos que fueron objeto de impugnación en el recurso de

apelación interpuesto por la parte actora y que se deriven de la

discusión surtida en primera instancia.

A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,

corresponde a la Sala determinar si la sentencia de primera instancia

debe confirmarse, modificarse o revocarse, en razón a que en sentir

de la parte actora: i) el avalúo oficial se basó en una metodología no

prevista en la normativa técnica aplicable y con base en una tipología

de suelo errada, además de que; ii) perdió vigor antes de su

notificación y; iii) el a quo tuvo como prueba una certificación acerca

del uso del suelo que no fue incorporada en debida forma al proceso.

V.4.- EL ASUNTO BAJO EXAMEN

Para resolver los reproches planteados, la Sala hará referencia al

marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,

para luego abordar el estudio de los problemas planteados a título

de cuestionamientos contra el fallo del Tribunal.

V.4.1.- GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la propiedad

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privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.

Con base en la norma en cita se tiene que 9 i) La garantía a la

propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con

arreglo a las leyes civiles; ii) la Constitución Política protege y

promueve las formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) se

reconoce el carácter limitable de la propiedad; iv) se establecen las

condiciones en que prevalece el interés público o social sobre el

interés privado; v) se le asigna a la propiedad una función social y

ecológica; y, vi) se fijan las modalidades y los requisitos de la

expropiación.

De otra parte, y acorde con el desarrollo de este precepto

9
Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11, proferidas por la
Corte Constitucional.

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constitucional, la Ley 9ª de 11 de enero de 1989 10 estableció

instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por

motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se

reguló por la Ley 388 de 1997.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 regulan el procedimiento que se

adelanta con el propósito de llevar a cabo la expropiación por vía

administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria 11, la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado, ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago, iii) la destinación

que se dará al inmueble expropiado, iv) la inscripción del acto

administrativo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,

sobre la transferencia del derecho de dominio, v) la orden de notificar

10
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”.
11
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.

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a los titulares del derecho de dominio u otros derechos reales sobre

el bien expropiado, y la información sobre los recursos procedentes.

Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada el

artículo 70 ibidem, prevé:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa,
por no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto
en forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:

1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la
entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual
bastará con el registro de la decisión en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos. El registrador exigirá
que la entidad acredite que el propietario o los
titulares de otros derechos reales SOBRE EL
INMUEBLE, han retirado el valor de la
indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la
consignación correspondiente conforme a lo previsto en el
numeral 2 de este artículo.

2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según
sea el caso, el valor total correspondiente o el
porcentaje del precio indemnizatorio que se paga de
contado y los documentos de deber
correspondientes a los cinco contados sucesivos
anuales del saldo. Si el particular no retira dichos
valores y los documentos de deber dentro de los diez días
siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá consignarlos
en la entidad financiera autorizada para el efecto a
disposición del particular, y entregara copia de la
consignación al Tribunal Administrativo en cuya área de
jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro de
los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.

3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública
podrá exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE
EXPROPIADO, sin necesidad de intervención
judicial, para lo cual podrá acudir al auxilio de las

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autoridades de policía si es necesario.

4. En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen
dentro de los términos señalados en el numeral 2 de este
artículo, la decisión de expropiación por vía administrativa
no producirá efecto alguno y la entidad deberá surtir
nuevamente el procedimiento expropiatorio.

5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa adquiere la obligación
de utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés
social que hayan sido invocados, en un término máximo
de tres (3) años contados a partir de la fecha de
inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de
propietario del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal
Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado
el inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha
obligación, mediante proceso abreviado que se limitará
exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán
solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un
término no superior a un mes, transcurrido el cual se
pronunciará sentencia inapelable.

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la
obligación por parte de la entidad, la sentencia así lo
declarará y ordenará su inscripción en la respectiva
Oficina de Registro, a fin de que el demandante recupere
la titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia
se determinará el valor y los documentos de deber que la
persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a la
entidad pública respectiva, siendo necesario para los
efectos del registro de la sentencia que se acredite
mediante certificación auténtica que se ha efectuado el
reintegro ordenado […]”.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el

carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor

del precio indemnizatorio que se reconocerá A LOS PROPIETARIOS,

el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los

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efectos previstos en el artículo 6112 de la presente ley […]”.

(Destacado fuera de texto).

De acuerdo con esta normativa, una de las características esenciales

de la expropiación radica en el hecho que la actuación del Estado se

hace por razones de utilidad pública e interés social, previa y justa

indemnización del inmueble, en cuando comprende su valor y los

perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, con el fin de

alejarse de un acto confiscatorio.

Sobre el particular, esta Sección13 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete
la incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a
cargo de la autoridad que ostenta la potestas
expropiandi, de indemnizar plena y previamente al
afectado, con el propósito de restablecer el equilibrio
roto por la privación patrimonial a la cual es sometido
de manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en
estos casos el interés general deba prevalecer sobre los
intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha
circunstancia queden excluidas las garantías que la

12
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION
VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria
regulado por la Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad
con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos
expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir,
y en particular con su destinación económica […]”.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril de
2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 05001-23-31-000-2007-03162-
01.

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Constitución reconoce en favor del propietario, pues no
puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido
a todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”. (Destacado fuera de texto).

Ahora bien, mientras en el artículo 20 14 del decreto en mención se

establece que en el avalúo debe indicarse el método utilizado, el

artículo 2315 de la misma norma facultó al IGAC para expedir a

través de resolución las disposiciones metodológicas para la

realización de estos.

En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente

expidió las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones

que fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 2008, que

establece los procedimientos para los avalúos ordenados dentro

del marco de la Ley 388.

14
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y las
personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación […]”.
15
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que trata
el presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante
resolución que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de
este decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial.

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V.4.2.- CASO CONCRETO

La Sala pasa a resolver cada uno de los problemas jurídicos

planteados, que corresponden a los reproches que la actora plasmó

en el recurso de apelación.

V.4.2.1.- Del método usado en el avalúo oficial y la alegada
clasificación del suelo

En el recurso de apelación la actora sostuvo que el avalúo oficial

empleó una denominada “metodología para predios ubicados en zona

de conservación ambiental”, método que, según afirmó, no se

encuentra previsto en la Resolución 620 de 2008.

Adicionalmente, reiteró que el avalúo oficial partió de la premisa de

que el predio se encontraba ubicado en zona rural, con la finalidad

de disminuir el valor comercial del inmueble objeto de expropiación.

Al respecto, la Sala advierte que la demanda fue estructurada por la

actora en 4 cargos relativos a: i) la falta inscripción del avaluador

oficial en el Registro Abierto de Avaluadores; ii) uso del suelo del

bien expropiado; iii) la vigencia del avalúo oficial; y iv) las presuntas

irregularidades en las diligencias adelantadas por las autoridades

para la entrega del bien.

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En tal sentido, la Sala encuentra que los argumentos relativos a la

presunta inexistencia del método de valuación usado en el avalúo

oficial solo se invocó en el recurso de apelación, lo que constituye un

nuevo cargo contra los actos acusados que no fue planteado en la

demanda, situación que a todas luces es improcedente, no solo por

extemporáneo, pues, se insiste, el momento procesal oportuno para

alegarlo era la demanda o su adición, por lo que de acogerse su

estudio se violaría el derecho de defensa y contradicción de la parte

demandada en el proceso, siendo deber del juez hacer efectiva la

igualdad de estas en el mismo.

Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre

ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201816, en la que se señaló:

“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron invocadas
en la demanda como violadas, pues las indicadas en ésta se
circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la Constitución
Política y 66 de la Ley 388.

A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,
ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
momento procesal es en la demanda o su adición, sino en razón
a que de acometer su estudio se estaría violando el derecho de
defensa de la parte demandada en el proceso y el deber del
juez de hacer efectiva la igualdad de las partes en el mismo.

Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de
la Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-00074-02.

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artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación
[…]”. (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, la Sala esta impedida por esta circunstancia para

pronunciarse de fondo sobre el nuevo cargo, habida cuenta que solo

fue invocado como argumento en el recurso de apelación, y proceder

a su examen rompería el equilibrio procesal y la igualdad de las

partes, pues la parte demandada no tendría la posibilidad de

controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue

planteado en la demanda17.

Ahora bien, en relación con la afirmación según la cual el avalúo

oficial habría considerado el predio como rural, la Sala observa que

tal conclusión no se desprende de su contenido 18 , como pasa a

revisarse:

“[…]

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de marzo
de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 23001233300420160014301.
18
SAMAI índice 2, anexos demanda folios 23 a 33.

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[…]”

[…]

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[…]”.

El avalúo oficial fue elaborado en septiembre de 2017 a solicitud del

municipio y en este se incluyó la identificación física y jurídica del

predio, el análisis del folio de matrícula inmobiliaria, la descripción

de las características constructivas, el registro fotográfico y la

determinación independiente del valor del terreno y de la

construcción.

Del avalúo se advierte que si bien el inmueble fue identificado como

predio urbano, también lo es que la demarcación en uno de los

recuadros iniciales a un predio rural corresponde al historial del

predio matriz del cual se derivó el inmueble objeto de controversia,

cuyo folio fue posteriormente cerrado, mas no a la clasificación

jurídica actual del bien expropiado.

En el informe del avalúo se indicó por el avaluador que: i) utilizó los

métodos de comparación y capitalización, y ii) tomó como referencia

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el precio de predios rurales cercanos, en atención a que el inmueble

se encontraba en zona de conservación ambiental.

Tal circunstancia se desarrolló por el municipio en la Resolución 1793

de 4 de diciembre de 2018, en la cual precisó que el predio se

encontraba en zona de riesgo por inundación y que los terrenos

ubicados dentro de los treinta (30) metros contiguos a la línea de

una fuente hídrica constituyen suelos de protección.

Así las cosas, no se acreditó que el avalúo oficial hubiese reclasificado

jurídicamente el inmueble como rural; lo que se advierte es la

utilización de valores de referencia acordes con la restricción

ambiental que limitaba su aprovechamiento.

Ahora bien, esta Sección ha sostenido que al haber sido incorporado

el valor de aquel en el acto administrativo, este goza de presunción

de legalidad y debe tenerse como válido, creíble y fundamentado,

por lo que corresponde a la parte que se siente afectada probar en

el proceso que aquel es equivocado, demostrando, precisamente, sus

incorreciones y, en particular, la incidencia de estas en el valor que

se ha atribuido al bien por la autoridad respectiva, de la siguiente

manera19:

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 15 de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-
000-2011-00196-01.

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“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de
las decisiones de la administración, y que la misma debe
ser desvirtuada a través de los diferentes medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual
no ocurrió en el sub-lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción
de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba
en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la
carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su
incorrección”.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección sostuvo que
“todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo
que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que
el mismo pueda ser objeto de modificación dado que la
actora, quien tenía la carga probatoria de desvirtuarlo,
no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó
la presunción de legalidad del acto administrativo demandado,
que lo incorporó […]”. (Destacado fuera de texto).

En lo que concierne al alcance de la carga de la prueba para

desvirtuar un avalúo oficial, esta Sala20 puntualizó lo siguiente:

“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000232400020110011501.

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actos de la administración, no es del caso que el escrito de
demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos
desvirtuar el realizado por la entidad pública; para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base en
las normas que regulan la materia, indique el defecto en
que se ha incurrido y su impacto en el precio oficialmente
establecido, pues de lo que se trata es precisamente de
llevar al convencimiento del juez de que se ha incurrido
en error al establecer el monto de la indemnización, y no
simplemente de identificar otras alternativas probables
[…]” (Destacado fuera de texto).

De igual forma, comoquiera que el avalúo oficial deriva de un informe

técnico, no basta con atribuirle deficiencias basadas en simples

afirmaciones, por lo que esta Sección ha reiterado que la prueba

idónea para desvirtuar la corrección, por regla general, es el

dictamen pericial; y que un avalúo aportado como simple documento

no reemplaza esa carga demostrativa.

Al respecto, en sentencia de 10 de abril de 2025 21 esta Sección

indicó:

“[…] 50. Para resolver este argumento de apelación, la Sala
recuerda que la jurisprudencia, con fundamento en la
normativa que regula el asunto, ha considerado que el precio
indemnizatorio está amparado por la presunción de legalidad al
ser incorporado al acto administrativo que ordena la
expropiación, por lo tanto, la parte demandante tiene la carga
de probar cuál es error o la incorrección del avalúo oficial […]

51. Además, la Sección Primera del Consejo de Estado ha
precisado que el dictamen pericial es la prueba idónea para
acreditar la incorrección del avalúo oficial; en la sentencia
proferida el 30 de abril de 2020, indicó lo siguiente:

[…] Con fundamento en las anteriores premisas, en nuestro
ordenamiento jurídico la prueba idónea para demostrar la

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de abril
de 2025, MP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 25000234100020190102101.

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incorrección del avalúo oficial que determinó el valor comercial
de un bien inmueble objeto de expropiación es el dictamen
pericial y, en consecuencia, tal y como lo estimó el a quo, el
avalúo presentado por el actor con la demanda, siendo una
prueba documental, no resulta conducente para esa finalidad
[…]”.

En ese orden de ideas, para desvirtuar el valor incorporado en los

actos en los que la administración determina el valor catastral de un

inmueble, no basta con el hecho de que se acompañen otros avalúos

del bien sobre el cual recayó la medida, sino que corresponde al

interesado probar los errores del avalúo oficial y, en

particular, la incidencia de estos en el precio que fue

determinado.

En el mismo sentido, la Sala recuerda que el Decreto 1420 de 199822

fijó los lineamientos técnicos y metodológicos que rigen los avalúos

para efectos de expropiación administrativa, cuya reglamentación

delegó en el IGAC, entidad que expidió la Resolución 620 de 200823,

por la cual se establecieron los métodos y los parámetros para la

elaboración de los avalúos presentados en relación con los

procedimientos de que trata la Ley 388 de 1997, que se distinguen

bajo las siguientes características:

22
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”
23
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997”.

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MÉTODO NORMA TÉCNICA PARA APLICACIÓN REQUISITOS
IDENTIFICAR EL (PROCEDIMIENTO
VALOR TÉCNICO)
COMERCIAL
Comparación Art. 1º Se desarrolla Homogeneización de Se deben usar
o de Mercado mediante el muestras: Se toman los fuentes verificables.
estudio de ofertas datos de mercado y se Si el mercado es
o transacciones ajustan mediante variables activo, este método
recientes de bienes (zona, edad, área, tiene prioridad
comparables y estado). Se busca un valor respecto de los
similares al del unitario promedio por m2. demás.
avalúo. ARTÍCULO 10.
Capitalización Art. 2º Determina el Fórmula de Valor Los cánones
de Rentas valor con base en Presente: Se calcula la deben ser de
los ingresos o renta líquida y se divide mercado. No se
rentas que el bien por una tasa de deben incluir
puede producir. capitalización (V = R / i). muebles o equipos
En este método se a menos que sea
considera la vida necesario para la
remanente del inmueble renta.
(70 o 100 años según la
construcción).
Costo de Art. 3º Calcula el costo Depreciación Requiere
Reposición de construir hoy Lineal/Técnica: Se tasa presupuesto
una estructura la construcción "como detallado de obra
igual, descontando nueva" y se le resta la (materiales, mano
el desgaste. depreciación usando las de obra,
Tablas de Fitto y honorarios) y el
Corvini. Se suma el valor estado de
del terreno. conservación.
ARTÍCULO 13
Técnica Art. 4º Valora el terreno Proyecto Hipotético: Se rige por el
Residual a partir del Se calcula el valor total de principio de "Mayor
potencial de ventas del proyecto, se y Mejor Uso". Solo
desarrollo de un restan costos de aplica si el proyecto
proyecto construcción, financieros y es legalmente
inmobiliario. utilidad del promotor. El permitido y
sobrante es el valor del financieramente
suelo. viable. ARTÍCULO
14
Consulta de Arts. Procedimiento de Tratamiento
Se aplica si NO hay
Encuestas 11 y 12 apoyo basado en la Estadístico: Se realizan
ofertas o ventas
opinión de entrevistas en número
reales. El perito
expertos ante la plural. Se debe calcular
debe haber visitado
falta de datos obligatoriamente la
el predio antes de
reales. Media, la Varianza y el
realizar las
Coeficiente de Variación
encuestas.
para validar la muestra.

Las normas de la Resolución 620 de 2008 que los contienen, prevén:

“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor
comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al
del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial.

ARTÍCULO 2o. MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS O

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INGRESOS. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor
comercial de un bien, a partir de las rentas o ingresos que se
puedan obtener del mismo bien, o inmuebles semejantes y
comparables por sus características físicas, de uso y ubicación,
trayendo a valor presente la suma de los probables ingresos o
rentas generadas en la vida remanente del bien objeto de
avalúo, con una tasa de capitalización o interés.

PARÁGRAFO. Se entiende por vida remanente la diferencia entre
la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el bien.
Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de carga,
la vida útil será de 70 años y, para los que tengan estructura en
concreto, metálica o mampostería estructural, la vida útil será
de 100 años.

ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el que
busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a
partir de estimar el costo total de la construcción a precios de
hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la
depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe
adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se
utilizará la siguiente fórmula:

[…]

ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en la
presentación del avalúo se haga mención explícita del medio del
cual se obtuvo la información y la fecha de publicación, además
de otros factores que permitan su identificación posterior.

Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios.
Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal
se debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada
de construcción.

Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.

En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.

[…]

ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. En
desarrollo de este método se debe entender por costo total de

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la construcción la suma de los costos directos, costos indirectos,
los financieros y los de gerencia del proyecto, en que debe
incurrirse para la realización de la obra. Después de calculados
los volúmenes y unidades requeridos para la construcción, se
debe tener especial atención con los costos propios del sitio
donde se localiza el inmueble.

Al valor definido como costo total se le debe aplicar la
depreciación.

PARÁGRAFO 1o. Este método se debe usar en caso de que el
bien objeto de avalúo no cuente con bienes comparables por su
naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por la
inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y
corresponda a una propiedad no sujeta al régimen de propiedad
horizontal […]”

Como quedó visto, la Resolución 620 de 2008 establece los métodos

técnicos mediante los cuales debe determinarse el valor comercial de

un inmueble, entre los cuales se encuentran: el método de

comparación o de mercado, el método de costo de reposición y la

técnica residual, cada uno de los cuales parte de supuestos distintos

y exige un nivel propio de soporte técnico.

De acuerdo con lo anterior, la Sala examina el avalúo aportado con

la demanda24 a fin de establecer si tiene el alcance probatorio de

desvirtuar el avalúo oficial, así:

“[…]

24
SAMAI índice 2, anexos demanda folios 48 a 83.

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[…]

[…]

[…]

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[…]

[…]”.

El avalúo presentado por la actora fue elaborado por el señor Jesús

Herney Parra Flórez, fechado el 13 de junio de 2018, en el cual se

indicó que el inmueble cuenta con un área de terreno de 73,65 m² y

un área construida aproximada de 119 m², y reconoció

expresamente que el predio se ubica dentro de una zona de

conservación ambiental, sobre área de ronda hídrica.

El avaluador manifestó aplicar el método de comparación de mercado

en relación con el terreno y para la construcción acudió al método de

costo de reposición.

No obstante, la Sala advierte que dicho avalúo se limitó a señalar de

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manera autónoma un valor comercial distinto al determinado en el

avalúo oficial, sin explicar técnicamente las razones por las cuales

este último sería incorrecto o contrario a los métodos previstos en la

Resolución 620 de 2008.

En efecto, el dictamen privado no identificó deficiencias concretas en

la metodología aplicada por el perito oficial ni desarrolló un análisis

comparativo que permitiera concluir que aquel incurrió en error

técnico.

Adicionalmente, aunque reconoció la afectación ambiental del

inmueble, el método comparativo empleado no incorporó un análisis

diferencial del impacto de dicha restricción en el valor del terreno.

Por el contrario, el avaluador indicó que tomó como referencia ofertas

de lotes con uso residencial ubicados en el sector de influencia, sin

precisar si tales comparables estaban sometidos a idéntica

limitación ni justificar si procedían ajustes técnicos derivados de esa

circunstancia.

En tales condiciones, el avalúo aportado con la demanda no desvirtúa

de manera técnica y concreta la presunción de legalidad que ampara

el avalúo oficial, pues no demuestra la existencia de un error

metodológico específico ni la indebida aplicación de los métodos
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valuatorios reglamentados.

La Sala destaca que no basta con formular reproches genéricos frente

a la metodología empleada por la autoridad o con afirmar que

determinadas circunstancias inciden en el valor del predio, sino que

era necesario acreditar, mediante prueba conducente, que tales

factores generaron un desajuste concreto en la determinación del

precio indemnizatorio, lo cual no ocurrió en el sub-lite.

V.4.2.2.- De la vigencia del avalúo oficial

La apelante sostuvo que el avalúo oficial, elaborado en septiembre

de 2017, había perdido vigor al momento de ser utilizado en el

procedimiento expropiatorio.

Señaló que si bien la oferta de compra se expidió mediante el oficio

DA-1228 del 6 de agosto de 2018, la comunicación efectiva del

avalúo no ocurrió en esa fecha, sino que acaeció hasta el 8 de octubre

de 2018, cuando mediante el oficio SPM-2119 la administración

reconoció que por error no había remitido oportunamente copia del

avalúo.

Al respecto, la Sala advierte que el trámite de expedición del acto

administrativo de expropiación está precedido de una actuación

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previa, a través de la cual la administración formula la oferta de

compra al propietario del inmueble, cuya regulación está prevista en

el artículo 61 de la Ley 388, así:

“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL
PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION VOLUNTARIA. Se
introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de
enajenación voluntaria regulado por la Ley 9a. de 1989:

El precio de adquisición será igual al valor comercial
determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados
inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según
lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en
el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el
gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en
cuenta la reglamentación urbanística municipal o
distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con
su destinación económica.

La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en dinero
o en especie, en títulos valores, derechos de construcción y
desarrollo, derechos de participación en el proyecto a
desarrollar o permuta.

Cuando de conformidad con lo dispuesto en la presente ley se
acepte la concurrencia de terceros en la ejecución de proyectos,
los recursos para el pago del precio podrán provenir de su
participación.

LA COMUNICACIÓN DEL ACTO POR MEDIO DEL CUAL SE
HACE LA OFERTA DE COMPRA se hará con sujeción a las
reglas del Código Contencioso Administrativo y no dará lugar a
recursos en vía gubernativa.

Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si
transcurridos treinta (30) días hábiles después de la
comunicación de la oferta de compra, no se ha llegado a un
acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un
contrato de promesa de compraventa.

No obstante, lo anterior, durante el proceso de expropiación y
siempre y cuando no se haya dictado sentencia definitiva, será
posible que el propietario y la administración lleguen a un

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acuerdo para la enajenación voluntaria, caso en el cual se
pondrá fin al proceso.

Los inmuebles adquiridos podrán ser desarrollados
directamente por la entidad adquirente o por un tercero,
siempre y cuando la primera haya establecido un contrato o
convenio respectivo que garantice la utilización de los
inmuebles para el propósito que fueron adquiridos.

PARAGRAFO 1o. Al valor comercial al que se refiere el
presente artículo, se le descontará el monto correspondiente a
la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del proyecto
u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la
adquisición, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado
la participación en plusvalía o la contribución de valorización,
según sea del caso.

PARAGRAFO 2o. Para todos los efectos de que trata la
presente ley el Gobierno Nacional expedirá un reglamento
donde se precisarán los parámetros y criterios que
deberán observarse para la determinación de los valores
comerciales basándose en factores tales como la
destinación económica de los inmuebles en la zona
geoeconómica homogénea, localización, características
y usos del inmueble, factibilidad de prestación de
servicios públicos, vialidad y transporte.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo 63 de
la Ley 1537 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Los
ingresos obtenidos por la venta de inmuebles por medio del
procedimiento de enajenación voluntaria descritos en el
presente artículo no constituyen renta ni ganancia ocasional
[…]”. (Resaltas fuera del texto)

La norma en cita prevé que antes de acudir a la expropiación, la

administración debe formular una oferta de compra al propietario

del inmueble, fijando el precio de adquisición en cuantía igual al valor

comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,

por la entidad que cumpliera sus funciones o por peritos privados

inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, conforme a

las normas y procedimientos técnicos vigentes en materia de

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avalúos.

Dicho valor debe determinarse teniendo en cuenta la reglamentación

urbanística vigente al momento de la oferta y la destinación

económica del inmueble.

La norma establece que la oferta debe notificarse en los términos del

CPACA y prevé que, una vez comunicada, si dentro de los 30 días

hábiles siguientes no se logra un acuerdo formal para la enajenación

voluntaria, debe iniciarse el proceso de expropiación.

Ahora bien, el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998 preceptúa que

el avalúo tiene una vigencia de 1 año contado desde la fecha de su

expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o

impugnación, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 19. Los avalúos tendrán una vigencia de un
(1) año, contados desde la fecha de su expedición o desde
aquella en que se decidió la revisión o impugnación […]”.

De las normas transcritas no se evidencia que el vigor del avalúo esté

supeditado a la notificación al propietario del inmueble, como lo

plantea la apelante, habida cuenta que el artículo 19 del Decreto

1420 de 1998 fijó un plazo de un año que bien puede computarse

desde la fecha de expedición del avalúo o desde la decisión que

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resuelva su revisión o impugnación, según la fase que se agote en

cada trámite, motivo por el cual ese plazo debe verificarse al

formularse la oferta de compra y determinarse si para tal fecha el

avalúo no ha expirado.

Sobre el particular, de los elementos fácticos acreditados en el

plenario, la Sala advierte lo siguiente:

▪ El avalúo oficial fue elaborado en el mes de septiembre de

2017.

▪ Conforme con el contenido de la Resolución 1370 de 26 de

2018, la oferta de compra fue notificada a la actora el 10 de agosto

de 2018.

▪ La actuación de oferta de compra fue inscrita en el folio de

matrícula del inmueble afectado el 17 de agosto de 2018, en la

anotación 5 del registro de instrumentos públicos25.

▪ A través de Oficio 2119 de 8 de octubre de 201826, el municipio

dio respuesta a la actora a una solicitud de copias del avalúo oficial

elevada el 21 de agosto anterior, en el sentido de remitir las mismas

25
SAMAI índice 2, contestación demanda folio 52.
26
SAMAI índice 2, Anexos demanda folio 21.

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y señalar lo siguiente:

“[…] En atención a su solicitud de información presentada
mediante comunicación radicada ante la ventanilla única de
correspondencia de la Alcaldía de Florencia, en fecha de 21 de
agosto de 2018, y a la que le correspondió el radicado interno
núm. 18865 de 2018, en la cual solicita copia de avalúo
practicado al predio identificado con la nomenclatura calle 12
no. 6-11, comedidamente me permito informar lo siguiente:

Que buscado el radicado 18865 de 2018, encontramos que el
mismo se traspapelo con otra de sus comunicaciones, la cual
fue radicada el 03 de septiembre de 2018, ocurriendo que se
atendió esta última y se quedara sin atender la de fecha 21 de
agosto de 2018, así las cosas presentamos excusas por la
circunstancia ocurrida y procedemos a suministrar la
información por usted solicitada, la cual se adjunta al presente
y que consiste en copia del avaluó practicado por el perito
de la consultoría, el cual va contenido en 17 folios […]”.

A partir de lo anterior, la Sala concluye que al momento de formular

la oferta de compra, que es el momento en el que se incorpora el

avalúo como fundamento del precio indemnizatorio, no había

transcurrido el término anual previsto en el artículo 19 del Decreto

1420 de 1998, pues la actuación administrativa se surtió dentro del

año siguiente a la expedición del dictamen.

Y si bien la remisión de la copia del avalúo se realizó en octubre de

2018, tal circunstancia no incide en su vigor, en razón a que el

cómputo del término no depende de su notificación al propietario,

sino de la fecha de su expedición y la incorporación a la oferta de

compra, esto es, con la expedición del oficio DA-1228 de 6 de

agosto de 2018 que la contenía, el cual además fue inscrito en el

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folio de matrícula inmobiliaria el 17 de agosto de 2018, esto es,

dentro del término anual aludido, todo lo cual certifica la afectación

del inmueble.

En estas condiciones, no es acertada la alegación relativa a que el

avalúo oficial perdió vigor al momento de ser utilizado como

fundamento del precio indemnizatorio, ni que la remisión tardía de

su copia hubiera afectado la legalidad del acto expropiatorio.

Además, la Sala advierte que la actora no demostró que la

circunstancia alegada hubiese incidido materialmente en la

determinación del valor comercial del inmueble o en la fijación del

precio reconocido, limitándose a sostener una irregularidad formal en

la comunicación del avalúo oficial, lo cual es insuficiente para

desvirtuar el monto indemnizatorio.

V.4.2.3.- De la presunta prueba no incorporada al proceso

La actora cuestiona que la sentencia incurrió en un defecto

procedimental absoluto por violación del artículo 212 del CPACA, al

valorar como prueba el oficio SPM-2204 de 5 de diciembre de 2017,

expedido por la secretaría de Planeación Municipal, pese a que según

afirmó dicho documento nunca fue decretado ni incorporado

formalmente al proceso.

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Indicó que ese oficio fue mencionado en la audiencia de pruebas

como fundamento para demostrar que el predio se encontraba dentro

de zona de conservación ambiental por quien elaboró el avalúo

oficial, circunstancia que sirvió de sustento para aplicar la

metodología valuadora que utilizó.

Al respecto, la Sala identifica que es cierto que el Tribunal a quo hizo

mención del referido oficio para cuando resolvió los reproches de la

actora frente a la clasificación del suelo y precio del inmueble, de la

siguiente manera:

“[…] De igual manera, en audiencia de pruebas el citado perito
indicó

“[…] El primer paso que se hace es identificar el avalúo como
tal en su norma de uso, la norma de uso la voy a mostrar en
la pantalla […] se le hace un estudio de títulos y se concluye
que es propietaria la señora María Nina Correa Suárez, eso se
hace en diciembre de 2017, posteriormente se solicita a la
alcaldía norma de uso del suelo que es lo primero que
se hace para el avalúo, en donde aparece que el uso del
suelo principal es el comercial, uso complementario,
residencial institucional y tratamiento de consolidación
y está dentro del perímetro urbano, el predio es 01 02
0024 0002 y una nota que coloca la alcaldía de
Florencia, “nota: es de tener en cuenta que lo predios
en mención se encuentran ubicados dentro de la zona
de conservación ambiental (30 metros ronda hídrica)”.
En el momento que se llega a ese punto hay que darle un
tratamiento al predio cuando se hace el avalúo, un predio que
está dentro de la zona de conservación ambiental, no, ya no
es un avaluó normal donde hay oferta y demanda, porque en
este caso hay oferta que es al que hace el propietario, pero no
hay demanda porqué la única persona, o único ente que puede
aspirar a comprar ese predio es el Estado, porqué está dentro
de zona de conservación ambiental, esto lo hago y lo voy a
enmarcar dentro del punto de vista jurídico; inicialmente este
procedimiento lo ejecuta el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, esto no lo estoy haciendo a modo propio, es una
consulta que se hizo con el área de avalúos del Instituto

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Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá. Ellos me indicaron el
procedimiento que se debe aplicar cuando son predios
ubicados en zona de conservación ambiental, ente esto yo si
solicitaría a Ud honorable magistrado que hiciera la solicitud
ante el área de avalúos del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi que es la entidad que rige los avalúos en Colombia y
que le indique cual es el procedimiento que se debe aplicar
cuando los predios se ubican en zonas de conservación
ambiental, para que se aclare esta situación que es la que
estoy aplicando yo en estos momentos… partiendo de eso ya
sabemos que el bien es inalienable e imprescriptible. Luego de
eso pasamos, dentro de la metodología para los predios con
áreas en ronda de río, es conveniente aclarar que los métodos
valuatorios convencionales conducen a fijar el VALOR
COMERCIAL aplicando el método comparativo (según la
resolución 620 de 2008) de mercado o el residual. Al tratarse
del método comparativo debe buscarse el comportamiento del
mercado, es decir, libre oferta y libre demanda. Pero en la
adquisición de rondas de ríos y suelos de protección el único
posible comprador es el Estado dado que, con sus restricciones
normativas actuales, comprador privado alguno estaría
interesado en un suelo sin productividad urbana y agrícola. La
ley pide entonces al avaluador fijar un valor comercial con
base en una situación que no tiene mercado, porque solo hay
oferta (los propietarios del suelo de protección) y ninguna
demanda salvo, en este caso el municipio de Florencia”

[…]

Ahora, si bien es cierto NO SE APORTÓ al expediente el
oficio SPM-2204 de 5 de diciembre de 2017, expedido por
el Secretario de Planeaciones Municipal, a través del cual se
certificó el “Uso de suelo”, (tenido en cuenta por el perito
avaluador oficial a la hora de la sustentación del
dictamen), lo cierto es que, para la Sala en ningún
momento se vulneró el derecho de contradicción de la
parte actora, por cuanto el uso del suelo otorgado al
predio se dio a conocer desde el trámite administrativo,
verbi gracia, el acto administrativo a través del cual se
resolvió recurso de reposición (Resolución nro. 1793 de
2018), en la que se reitera: “…Es en este sentido, que el avalúo
utiliza el método de comparación o mercado para la
determinación del valor del terreno en suelo rural, esto
en el entendiendo que los predios rurales han cumplido
en lo esencial con las normas establecidas sobre la
conservación de los recursos naturales renovables, y se
asemejan a precio de conservación, y así dar
cumplimiento a la resolución N° 620 de 2008 IGAC,
respecto a método de comparación y mercado…” […]”.

No obstante, tal afirmación no resulta acertada por cuanto se

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evidenció por esta Sala que el mencionado Oficio SPM-2204 de 5 de

diciembre de 2017, se remitió como documento integrante de los

antecedentes administrativos de los actos aquí acusados, como

respuesta a la solicitud que hizo el Tribunal en el auto que admitió la

demanda27, y en el que se certificó:

Valga además destacar que esta respuesta se incorporó como prueba

de oficio en la audiencia inicial celebrada el 29 de noviembre de

2022 28 , sin que hubiese oposición a tal decisión, en la que se

27
En el auto de 8 de marzo de 2022, se dispuso. “[…] SEXTO: Cumplido lo anterior, y en los términos
de los artículos 172, 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, correr
traslado a la parte demandada y al Ministerio Público.
Adviértase a la parte demandada y en particular al funcionario encargado del asunto, el deber de
allegar en el término de traslado de la demanda, el expediente administrativo que contenga
los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso, y demás documentos que se
encuentre en su poder, so pena de incurrir en falta disciplinaria gravísima, de conformidad con lo
dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 175 del CPACA […]”.“One drive_2024-01-31”, “Archivo: admite
demandad Expro.
28
SAMAI índice 2, “PROCESO DECARGADO” , “One drive_2024-01-31”, “03CuadernoPruebasOficio”,
folios 18 y 19.

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puntualizó:

“[…] SEGUNDO: TÉNGANSE como pruebas las documentales
aportadas con la demanda que obran a folio 25 al 97 del archivo
núm. 1 del expediente judicial electrónico, las documentales
aportadas con la contestación de la demanda, que obran del
folio al 28 al 179 del archivo núm. 15 del expediente judicial
electrónico, y las documentales decretadas de oficio, que
obran en el archivo núm. 3 del expediente judicial
electrónico […]” (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, no se aprecia ninguna irregularidad sustancial o

procesal que contrarie el derecho de defensa ni el principio de

contradicción de la actora, como tampoco le asiste razón al

argumento de la apelante respecto de que el fallo de primera

instancia se sustentó en una prueba inexistente o ilegalmente

incorporada.

De este modo, la Sala considera que la situación que se reclama

como irregular en el trámite procesal no tiene la vocación de

constituir una nulidad procesal ni tampoco deriva en que sea motivo

para declarar la ilegalidad de los actos cuestionados, porque, además

de obrar en el expediente judicial, la certeza y legalidad que se

predica del avalúo es suficiente para dar por acreditada la afectación

ambiental de la zona en la que se ubicaba el inmueble, sin que exista

prueba en contrario que lo desvirtúe.

Sumado a lo anterior, es oportuno destacar que en el dictamen que

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aportó la parte actora con la demanda, también corroboró tal hecho,

todo lo cual desvirtúa la alegación aquí planteada. En el dictamen al

que ya se aludió, refiere:

“[…]

[…]”.

Por lo expuesto, este reproche no prospera.

Entonces, comoquiera que no se probó ninguno de los

planteamientos de apelación formulados, la Sala confirmará la

decisión de primera instancia y así se dispondrá en la parte resolutiva

de esta providencia.

V.5. COSTAS PROCESALES

De conformidad con lo previsto en el artículo 18829 del CPACA en

armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP30, esto es, en

29
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
30
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.

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aplicación de un criterio objetivo valorativo 31 , corresponde

examinar si hay lugar a condenar a la parte apelante, en los términos

del numeral 3 del artículo 36532 ibidem, al pago de las costas en esta

instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso33 y por las agencias en derecho34“. Así, producto de la

comprobación de la gestión útil de la parte vencedora, le

correspondería a la Sala fijar el valor de las costas en el componente

de agencias en derecho de verificarse en esta instancia la

intervención del municipio demandado.

Por su parte, aunque las expensas y los gastos del proceso, por ser

previamente determinados por auto o acto que lo acredite durante la

31
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
32
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
33
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
34
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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actuación procesal, su fijación se sujeta a la revisión que el secretario

del Tribunal a quo realice frente al reconocimiento judicial previo para

proceder a su liquidación35. De la revisión del expediente se aprecia

que no surgieron expensas en esta instancia.

Entonces, según estas reglas, y en cumplimiento de lo previsto en

los numerales 1 y 836 del artículo 365 y 4 del 366 del CGP 37, la Sala

se abstendrá de fijar costas procesales en el componente de

agencias en derecho y expensas, toda vez que de la revisión del

expediente se advierte que la entidad demandada no realizó gestión

alguna en de esta instancia38 y no se incurrió en ningún gasto en el

trámite de la apelación, motivos más que suficientes para adoptar

esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

35
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la primera
instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem.
36
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.”
37
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a
lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o
la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
38
De la revisión del expediente se observa que la parte demandada no alegó de conclusión ni realizó
gestión alguna en el trámite de segunda instancia.

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Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, en esta instancia,

por lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de marzo de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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