Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-01954-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-01954-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2014-01954-02
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: EFRAÍN DE JESÚS TORO MORALES
Demandados: MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y OTRO
Tercero: CORPORACIÓN AVALÚOS - LONJA INMOBILIARIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de 13 de octubre de 2020, proferida por la Sala Primera de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
I.1.1. Las pretensiones
1. El señor Efraín de Jesús Toro Morales, a través de apoderado y en ejercicio de
la acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho2, presentó demanda
con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] PRIMERA: Declárense Nulos los actos administrativos, contentivos de la
DECLARATORIA DE EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA, del predio de
propiedad del Demandante, ubicado en la carrera 53 # 55 – 45 primer piso y 55 – 47
tercer piso de Itagüí, tales como las Resoluciones APR 486 por medio de la cual se
inician las diligencias tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria o
expropiación por vía administrativa, y la resolución APR 487, por medio de la cual se
notifican los reconocimientos económicos, al igual que la Resolución # 6939 del 05
de febrero de 20143 por medio de la cual se inician los trámites de la expropiación
por vía administrativa, la cual fue notificada al Demandante el 31 de marzo de 2014.
SEGUNDA: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los anteriores actos
administrativos, se restablezca en su derecho al Demandante, condenando a
METROPLUS S.A. y al MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, Y A LA CORPORACIÓN AVALUOS,
al pago de los perjuicios económicos que a título de daño emergente y lucro cesante
se prueben dentro del proceso, entendiéndose el daño emergente como el justo precio
dejado de pagar por las entidades demandadas por la expropiación del predio que
como mínimo debe ser de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
1
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATI
VO(.pdf) NroActua 12”. Página 4 y siguientes.
2
Prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997, “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de
1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
3
“[…] Por la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de un inmueble […]”.
2
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Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
($45.000.000,00). El lucro cesante como la renta mensual dejada de percibir por mi
poderdante como consecuencia del no pago de los cánones de arrendamiento de los
dos apartamentos por valor mensual de OCHOCIENTOS MIL PESOS (sic)
($850.000,00), mensuales desde la desocupación del inmueble hasta el término del
proceso, que por el momento está en la suma de TRECE MILLONES DE PESOS
($13.000.000,00).
TERCERA: Se condene a las entidades demandadas al pago de los intereses
comerciales y moratorios, como lo ordena el numeral 4º del art. 195 del C.C.A. que se
causen entre la fecha de ejecutoria de la sentencia y la fecha efectiva del pago de las
condenas impuestas citadas en las pretensiones de la demanda.
CUARTA: La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante
sumas líquidas en la moneda de curso legal en Colombia y se ajustarán teniendo como
base el índice de precios al consumidor o al por mayor, de conformidad con el artículo
178 del C.C.A.
QUINTA: Para el cumplimiento de la sentencia se ordenará dar aplicación a los
artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, adicionado por la Ley 446
de 1.998.
SEXTA: Que se condene en costas y agencias en derecho a las demandadas […]”.
I.1.2. Los hechos
2. Explicó que los municipios de Medellín, Itagüí, Envigado y Metroplús S.A.
suscribieron el convenio interadministrativo 01 de 5 de agosto de 2005, con el fin de
adelantar las obras para la construcción de la pre troncal sur del Sistema Integrado
de Transporte Masivo de Mediana Capacidad del Valle de Aburrá - SITMVA. La
cláusula 9 de dicho convenio asignó a Metroplús S.A. la gestión, negociación y
compra de los predios necesarios para la ejecución de ese proyecto.
3. Indicó que el municipio de Itagüí adoptó su Plan de Ordenamiento Territorial
mediante el Decreto 259 de 21 de junio de 20004, posteriormente revisado mediante
Acuerdo 020 de 7 de diciembre de 20075. En dicha normativa se precisó que la
expropiación de inmuebles debía cumplir con las normas de uso del suelo previstas
en ese POT.
4. Explicó que Metroplús S.A. adelantó6 el procedimiento de enajenación
voluntaria del inmueble de su propiedad ubicado en la carrera 53 # 55-45 y 55-47,
identificado con matrícula inmobiliaria 001-93091.
5. Señaló que la Corporación Avalúos - Lonja Inmobiliaria estableció el valor
comercial del inmueble de su propiedad por la suma de $190.920.000. Ese inmueble
contaba con 3 pisos independientes, pero en el avalúo, el segundo y tercer piso se
determinaron como mejoras.
4
“[…] Por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial en el municipio de Itagüí […]”.
5
“[…] Por medio del cual se adopta la revisión al plan de ordenamiento territorial en el municipio de Itagüí […]”.
6
APR 370 de 29 de mayo de 2013 “[…] Por la cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición por enajenación
voluntaria o expropiación por vía administrativa y se formula oferta de compra de un inmueble al señor EFRAÍN DE JESÚS
TORO MORALES […]” y APR 371 de 29 de mayo de 2013 “[…] Por la cual se reconoce a la Unidad Social Socio Económica
(USSE) Residente, representada por el señor EFRAÍN DE JESÚS TORO MORALES […]”.
3
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Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
6. Indicó que, mediante comunicación de 20 de noviembre de 2013, Metroplús S.A.
le informó que el inmueble no estaba sometido al régimen de propiedad horizontal
y, por tal razón, aplicaría un descuento del 28,8% sobre el valor reconocido.
7. Agregó que “[…] El señor EFRAIN DE JESÚS TORO MORALES, inició la
búsqueda en el municipio de Itagüí, en zonas de características similares, de un
inmueble, con el cual reponer el bien en las mismas condiciones, contando para ello
con los $190.000.000,00 que le ofrecía Metroplus (sic), por su propiedad de tres
pisos, cada piso con una unidad independiente, pero no fue posible […]”. Por lo
tanto, rechazó la oferta económica presentada por Metroplús S.A.
8. Indicó que el municipio de Itagüí y Metroplús S.A. expidieron la Resolución 6939
de 5 de febrero de 2014, mediante la cual se ordenó la expropiación administrativa
del inmueble.
9. Precisó que el 17 de marzo de 2014 presentó recurso de reposición contra esa
decisión, el cual se resolvió por medio de oficio de 31 de marzo de 20147 en el que
se indicó que el recurso fue presentado de forma extemporánea.
I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
10. La parte demandante sostuvo que las resoluciones demandadas vulneraron los
artículos 13, 29 y 58 de la Constitución Política; 61 y 67 de la Ley 388 de 18 de julio
de 19978; 1, 2 y 6 del Decreto 1420 de 24 de julio de 19989 y la Resolución 620 de
23 de septiembre de 200810 del IGAC. Sin embargo, no desarrolló el concepto de
violación de esas normas.
11. En todo caso, en el acápite de la demanda titulado “[…] HECHOS […]”, se
controvirtió el precio indemnizatorio por las siguientes razones:
“[…] Dicho avalúo contenía serias inconsistencias, pues la mayoría de los datos allí
consignados no correspondían al inmueble de mi poderdante, y se soportaban en
hechos no reales, tal y como fue anunciado a la empresa METROPLUS, tal y como
consta en el oficio enviado el día 14 de noviembre de 2013, el cual fue recibido bajo
el número 016646, en el cual se dejó claro que no era posible llevar el trámite de
enajenación directa, debido a que no se estaban cumpliendo con las directrices
señaladas por el Alcalde, quien fue claro en manifestar que no se tendría en cuenta
en el avalúo el método de costo reposición de los inmuebles, y fue lo primero que
quedó plasmado en dicho avalúo.
[…] No fue posible llevar a efecto la negociación, entre otras porque se están
negociando TRES PLANTAS o PISOS INDEPENDIENTES, y en el avalúo, el segundo
y tercer piso lo toman como mejora del primer piso, y no como verdaderas unidades
o apartamentos independientes que son.
7
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATI
VO(.pdf) NroActua 12”. Página 57 y siguientes.
8
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. […]”.
9
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995,
los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998,
que hacen referencia al tema de avalúos […]”.
10
“[…] Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 […]”.
4
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Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
[…] Como se demostrará en el curso del proceso el valor pagado por el predio, fue
muy inferior al valor real del inmueble, entre otros, el 28,8% del valor total, que le
descontaron porque supuestamente el inmueble no estaba sometido a Reglamento
de Propiedad Horizontal, por lo que el valor del inmueble debe ser DE DOSCIENTOS
VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($222.000.000,oo) […]”.
I.2. Contestación de la demanda
I.2.1. Municipio de Itagüí11
12.La entidad propuso las excepciones denominadas: i) “[…] CUMPLIMIENTO DE
LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES POR PARTE DEL
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA […]”; ii) “[…] VALORACIÓN DEL PREDIO CONFORME A LAS
NORMAS SOBRE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA […]”; iii) “[…]
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS DE EXPROPIACIÓN […]”; iv) “[…]
EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN […]”; v) “[…]
PRESCRIPCIÓN […]”; y vi) “[…] BUENA FE […]”.
13. Puso de presente que las resoluciones APR 486 y APR 487 son actos
preparatorios no susceptibles de control judicial.
14. Manifestó que el trámite de expropiación administrativa obedeció a motivos de
utilidad pública y acató la normativa aplicable de conformidad con el artículo 58 de
la Constitución Política. Además, el demandante no acreditó la existencia de daño
emergente ni lucro cesante, porque el pago del precio indemnizatorio fue oportuno
y se encontraba respaldado por los certificados de disponibilidad y registro
presupuestal expedidos por Metroplús S.A.
15.Por último, complementó que una empresa certificada realizó el avalúo
comercial y que aplicó el descuento del 28,8 % debido a que el inmueble del
demandante no estaba sometido al régimen de propiedad horizontal.
I.2.2. Metroplús S.A.12
16. La sociedad se opuso a la prosperidad de las pretensiones y presentó las
excepciones denominadas: i) “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA
CAUSA […]”; ii) “[…] AUSENCIA DE CAUSA PARA PEDIR […]”; iii) “[…] ESTRICTO
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL POR PARTE DE METROPLUS
S.A. […]”; y iv) “[…] INEXISTENCIA DE PERJUICIOS Y/O DE SU PRUEBA […]”.
11
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATI
VO(.pdf) NroActua 12”. Página 123 y siguientes.
12
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATI
VO(.pdf) NroActua 12”. Página 152 y siguientes.
5
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Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
17. Argumentó que no existían fundamentos fácticos o jurídicos para declarar la
nulidad de la Resolución 6939 ni para acceder al restablecimiento del derecho
porque: i) las actuaciones adelantadas en el trámite de adquisición del inmueble se
ajustaron a la normativa aplicable; ii) la entidad actuó dentro del marco de sus
competencias; iii) el avalúo lo elaboró una entidad competente con fundamento en
criterios técnicos y conforme a las reglas aplicables; iv) los perjuicios reclamados
por daño emergente y lucro cesante no estaban acreditados; y v) el demandante
contó con la oportunidad de intervenir, formular solicitudes y presentar recursos.
18. Precisó que el municipio de Itagüí expidió la Resolución 6939 de 5 de febrero
de 2014, mediante la cual se ordenó la expropiación administrativa, de manera que
no podía atribuírsele responsabilidad directa a esa empresa por la expedición de
dicho acto administrativo, máxime cuando su intervención estuvo relacionada con
la gestión del proyecto y las actuaciones previas adelantadas en materia de
adquisición predial.
I.2.3. La Corporación Avalúos - Lonja Inmobiliaria guardó silencio13.
I.3. Trámite del proceso en primera instancia
19. Por medio de providencia de 2 de marzo de 201514, el magistrado sustanciador
de la primera instancia rechazó la demanda al considerar que había operado la
caducidad de la acción.
20.En auto de 28 de septiembre de 201715 esta Sección revocó el auto de 2 de
marzo de 2015 y ordenó proveer sobre la admisión de la demanda.
21. Mediante auto de 16 de enero de 201816 se dispuso a dar cumplimiento a lo
resuelto por esta Corporación y por medio del auto de 12 de febrero de 2018 17 se
rechazó la demanda frente a las resoluciones APR 48618 y APR 48719 y se dispuso
la admisión respecto de la Resolución 6939 de 5 de febrero de 2014.
22. Por auto de 3 de julio de 201820 se admitió el llamamiento en garantía realizado
por Metroplús S.A. a la Corporación Avalúos - Lonja Inmobiliaria.
13
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATI
VO(.pdf) NroActua 12”. Página 200 y siguientes.
14
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATI
VO(.pdf) NroActua 12”. Página 83 y siguientes.
15
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO PRINCIPAL APELACIÓNAU
TO 2014 01954 01(.pdf) NroActua 12”. Página 15.
16
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO PRINCIPAL APELACIÓNAU
TO 2014 01954 01(.pdf) NroActua 12”. Página 22.
17
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATI
VO(.pdf) NroActua 12”. Página 112 y siguientes.
18
“[…] Por medio de la cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria o expropiación
[…]”.
19
“[…] Por medio de la cual se notifican los reconocimientos económicos […]”.
20
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATI
VO(.pdf) NroActua 12”. Página 200 y siguientes.
6
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
23. En auto de 23 de octubre de 2018 se abrió el periodo probatorio 21.
24. El 20 de marzo de 201922 se realizó la práctica de la prueba testimonial.
25. Mediante auto de 16 de mayo de 201923, el despacho sustanciador puso en
conocimiento de la parte demandante el escrito presentado por la auxiliar de
justicia24.
26.A través del auto de 1.º de octubre de 201925 se corrió traslado a las partes para
que presentaran sus alegatos de conclusión.
27. Mediante escritos de 1026, 1127 y 1528 de octubre de 201929, las partes allegaron
sus alegatos de conclusión.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
28. La Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia de 13 de octubre de 202030, negó las pretensiones de la demanda en los
siguientes términos:
“[…] PRIMERO: Se declara no probada la excepción denominada “FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA” propuesta por la entidad demandada METROPLÚS
S.A.
SEGUNDO: Se niegan las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Condenar en costas a la parte demandante.
CUARTO: La Sala se abstiene de reconocer personería para actuar a la Doctora
MARGARITA ROSA RUÍZ OCAMPO, por cuanto con el poder presentado no acredita
la condición de poderdante del Señor Andrés Moreno Múnera, es decir, el documento
que acredite que es el Gerente General de Metroplús S.A.
QUINTO: Notifíquese esta sentencia de conformidad con el artículo 203 del C.P.A.C.A
[…]” (negrilla del texto).
29. Previo a estudiar el fondo del asunto, el tribunal advirtió que la demanda no
contenía un acápite denominado “concepto de violación”. No obstante, consideró
21
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATI
VO(.pdf) NroActua 12”. Página 217 y siguientes.
22
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATI
VO(.pdf) NroActua 12”. Página 226 y siguientes.
23
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATI
VO(.pdf) NroActua 12”. Página 243 y siguientes.
24
“[…] para realizar el avalúo del inmueble localizado en la carrera 53 # 55-45, Barrio Las Acacias, del Municipio de Itagüí,
me permito informar que en este sitio no existe vivienda alguna, estas fueron demolidas y en su lugar hay una vía pública.
Motivo por el cual no se puede llevar a cabo el avalúo solicitado […]”.
25
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATI
VO(.pdf) NroActua 12”. Página 246 y siguientes.
26
Municipio de Itagüí.
27
Metroplús S.A.
28
Parte demandante.
29
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATI
VO(.pdf) NroActua 12”. Página 251 y siguientes.
30
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATI
VO(.pdf) NroActua 12”. Página 285 y siguientes.
7
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
que esa omisión formal no impedía identificar el sentido de la controversia, pues de
los hechos, las pretensiones y la naturaleza de la acción prevista en el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 se podía establecer que el demandante cuestionaba el valor
reconocido como indemnización por la expropiación administrativa.
30. Indicó que el avalúo presentado por la Corporación Avalúos - Lonja Inmobiliaria
contiene la descripción del sector, su estratificación socioeconómica, la
reglamentación urbanística y sus características físicas. El referido avalúo sirvió de
base para la expropiación y utilizó el método comparativo o de mercado para
determinar el valor comercial, conforme a lo reglado en el Decreto 1420 de 1998 y
la Resolución 620 de 2008.
31. Señaló que el valor determinado en el avalúo goza de presunción de legalidad
al incorporarse en el acto administrativo que decreta la expropiación y que
corresponde a la parte demandante desvirtuar dicha presunción, de conformidad
con la jurisprudencia del Consejo de Estado.
32. Consideró que no obraba en el expediente prueba idónea para desvirtuar el
avalúo cuestionado pues, aunque la parte demandante solicitó una prueba pericial
con ese propósito, cuando la auxiliar de justicia explicó las razones que le impedían
rendir el dictamen, el demandante guardó silencio y no adelantó ninguna actuación
para obtener su práctica.
33. Argumentó que la indemnización reconocida a quienes se ven afectados con un
proceso expropiatorio tiene carácter reparatorio y debe comprender no sólo el precio
comercial del bien sino los demás perjuicios que pudieron causarse, incluidos el
daño emergente y el lucro cesante. Sin embargo, es deber del interesado probar
ante la jurisdicción, cuáles son los perjuicios, el monto y el nexo de causalidad.
34. Afirmó que el demandante solicitó el pago por lucro cesante por la renta
mensual dejada de percibir como consecuencia del no pago de los cánones de
arrendamiento de dos apartamentos, pero no se acreditó que dicha indemnización
sea procedente en tanto no figura como arrendador en la prueba documental
aportada.
35. Finalmente, se abstuvo de estudiar el llamamiento en garantía realizado por
Metroplús S.A. a la Corporación Avalúos – Lonja Inmobiliaria, por cuanto las
pretensiones de la demanda no prosperaron.
III. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN
36.El demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, al
considerar que el a quo no valoró las pruebas que demostraban que el avalúo
comercial utilizado para la expropiación no reflejaba el valor real del inmueble.
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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
37. Afirmó que el municipio aplicó al inmueble una depreciación del 28,8 % por no
encontrarse sometido al régimen de propiedad horizontal, circunstancia que redujo
injustificadamente el precio indemnizatorio. En consecuencia, el inmueble tenía un
valor aproximado de $222.000.000 y no el valor finalmente reconocido en el
procedimiento expropiatorio.
38. Argumentó que el a quo no valoró los contratos de arrendamiento allegados al
proceso, los cuales acreditaban que el inmueble generaba ingresos antes de la
expropiación. Dichos documentos demostraban la existencia de rentas dejadas de
percibir, aun cuando el demandante no los hubiera suscrito. Además, la legislación
colombiana admite el arrendamiento de cosa ajena.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
39. Mediante auto de 11 de noviembre de 202031, el magistrado sustanciador del
proceso en primera instancia concedió ante el Consejo de Estado el recurso de
apelación presentado por la parte demandante.
40. Esta autoridad judicial, a través de auto de 26 de enero de 202132, admitió el
recurso de apelación y corrió traslado a los sujetos procesales para que presentaran
por escrito sus alegatos de conclusión.
41. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
42. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) el acto administrativo demandado; iii) el
planteamiento del problema jurídico; y iv) el análisis del caso concreto.
V.1. Competencia
43. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 1333 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201934, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
31
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATI
VO(.pdf) NroActua 12”. Página 315.
32
Cfr. Índice 12 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO PRINCIPAL APELACIÓN S
ENTENCIA 2014 01954 02(.pdf) NroActua 12”. Página 5.
33
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
34
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
V.2. El acto administrativo demandado
44. En la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución 6939 de 5 de febrero de
2014, cuya parte resolutiva señala:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Disponer la expropiación por vía administrativa, de un
inmueble propiedad del señor EFRAIN DE JESUS TORO MORALES identificado con
cédula de ciudadanía No. 71.525.319, ubicado en avenida en proyecto 55-45 según
matrícula inmobiliaria y Carrera 53 No. 55 – 45/47/47A 301 según ficha predial, Barrio
las Acacias, del Municipio de Itagüí, alinderado según escritura pública No. 780 del 4
de marzo de 1992, de la Notaría del Círculo de Itagüí así:
Un lote de terreno que mide seis metros y cuarenta centímetros (6.40) de frente,
por diez metros cuarenta centímetros (10.40) de centro, situado en el Municipio
de Itagüí, en el paraje el Tablazo, hoy barrio las Acacias, con casa de habitación
de material y techos de eternit, demás mejoras y anexidades, que linda: Por el
frente, con una avenida en proyecto que da frente a la quebrada Doña María; por
la parte de atrás, con propiedad de Bernardo Muñoz; por un costado, con
propiedad de Aliria Gómez y por el otro costado, con propiedad del vendedor
anterior Guillermo Blandón.
ARTÍCULO SEGUNDO: TRADICIÓN. El señor EFRAIN DE JESUS TORO
MORALES, adquirió el derecho de dominio del inmueble de la siguiente forma: mitad
por compraventa celebrada con el señor MARCO TULIO SALAZAR ZULUAGA,
mediante escritura pública número 3760 del 16 de diciembre de 1986, de la notaría
de Itagüí; y la otra mitad, por compraventa celebrada con la señora CARMEN EMILIA
VASQUEZ ARENAS, mediante escritura pública número 780 del 4 de marzo de 1992,
de la notaría de Itagüí.
MATRÍCULA INMOBILIARIA No.: 001 – 93091
ARTÍCULO TERCERO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. El valor del
precio indemnizatorio, es conforme al avalúo comercial No. 2013-INM-C-86-015,
efectuado por La Corporación Avalúos, por valor de CIENTO NOVENTA MILLONES
NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($190.920.000).
ARTÍCULO CUARTO: FORMA DE PAGO.- El valor del precio indemnizatorio del
inmueble determinado en este acto, será pagado en su totalidad, correspondiente a
la suma de CIENTO NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS
M/L ($190.920.000) de ser pagado por METROPLÚS S.A., de contado y puesto a su
disposición, de conformidad con los certificados de disponibilidad y reserva
presupuestal que se indican a continuación:
IDENTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD REGISTRO No. VALOR
No.
71.525.319 20136822 20136798 190.920.000
PARÁGRAFO I. La entidad financiera autorizada para lo relacionado con la
consignación indicada en la presente Resolución, es el Banco Agrario de Colombia,
Sucursal Carabobo Medellín, ubicado en la Carrera 52 No. 49-66, de la nomenclatura
actual del Municipio de Medellín.
PARÁGRAFO II. Copia de la consignación se entregará al Tribunal Administrativo de
Antioquia, considerándose de esta manera que ha quedado formalmente hecho el
pago de conformidad con la ley.
10
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
PARÁGRAFO III. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 9 de 1989, si el
propietario del derecho de dominio, tuviere deudas con el fisco municipal o la empresa
de servicios públicos domiciliarios, se cancelarán con prelación los conceptos
debidamente certificados y el saldo restante se pondrá a disposición del propietario,
siempre y cuando no pese sobre el inmueble a expropiar obligación derivada de la
constitución de un derecho real a favor de un tercero, que será pagada con prelación.
PARÁGRAFO IV. No habrá lugar al pago de los reconocimientos económicos de
trámites de venta a que hace referencia la Resolución APR No. 371 del 29 de mayo
de 2013, en su artículo primero parágrafo uno, por tratarse de una expropiación por
vía administrativa, de conformidad con lo estipulado en la Resolución No. 38 de 2005
unificada por la Resolución 0076 de 2010, expedidas por la Gerencia General de
Metroplús S.A.
ARTÍCULO QUINTO: DESTINACIÓN. El inmueble ubicado en avenida en proyecto
55-45 según matrícula inmobiliaria y Carrera 53 No. 55–45/47 A 301 según ficha
predial, Barrio las Acacias, del Municipio de Itagüí, es considerado de utilidad pública,
de conformidad con el artículo 58 de la Ley 388 de 1997 y el Acuerdo No. 003 del 08
de abril de 2008, expedido por el Concejo del Municipio de Itagüí, toda vez que será
destinado a la implementación del proyecto SITVA – METROPLÚS en el municipio de
Itagüí.
ARTÍCULO SEXTO: CANCELACIÓN DE OFERTA.- Se solicita al señor Registrador
ordenar la cancelación de la oferta de compra formulada por METROPLÚS S.A., en
calidad de delegataria del Municipio de Itagüí, sobre el folio de matrícula inmobiliaria
No. 001-93091.
ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDEN DE INSCRIPCIÓN. Una vez cancelada la oferta de
compra y ejecutoriada la presente resolución, se solicita al señor Registrador de
Instrumentos Públicos Zona Sur, inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria No. 001-
93091, para que se surtan los efectos atinentes a la transferencia del derecho de
dominio en cabeza del Municipio de Itagüí, de conformidad con el numeral 4 del
artículo 68 de la Ley 388 de 1997 y numeral 1 del artículo 70 de la misma ley.
PARÁGRAFO: Se solicita al señor registrador de la oficina de Instrumentos Públicos
de la Zona Sur, realizar la apertura del folio de matrícula inmobiliaria independiente,
al inmueble objeto de expropiación, el cual se encuentra determinado y alinderado en
Artículo Primero, de la presente resolución.
ARTÍCULO OCTAVO: ENTREGA MATERIAL. Efectuado el registro de la presente
resolución, se exigirá la entrega material del inmueble, sin necesidad de intervención
judicial, para lo cual se podrá acudir al auxilio de las autoridades de policía, si ello
fuere necesario.
ARTÍCULO NOVENO: ORDEN DE NOTIFICACIÓN Y RECURSOS.- La presente
resolución será notificada al señor EFRAIN DE JESUS TORO MORALES identificado
con cédula de ciudadanía No. 71.525.319, de conformidad con el Artículo 69 de la
Ley 388 de 1997 y Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que deberá ser
interpuesto ante el señor Alcalde Municipal de Itagüí, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su notificación personal o a la notificación por aviso, según el
caso, conforme a lo estipulado en el artículo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”35 (negrilla del texto).
35
Cfr. Índice 13 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C01_44OtrosCuadernoEnBloque
(.pdf) NroActua 13”, página 88 y siguientes.
11
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
V.3. El planteamiento del problema jurídico
45. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de
13 de octubre de 2020, proferida por la Sala Primera de Oralidad de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia.
46. En la providencia apelada, el tribunal negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar que: i) el avalúo que sirvió de
fundamento para fijar el valor indemnizatorio cumplió los requisitos técnicos y
normativos aplicables y gozaba de presunción de legalidad; y ii) no se acreditaron
los perjuicios reclamados por concepto de lucro cesante derivados de la pérdida de
ingresos por arrendamiento.
47. El demandante en el recurso de apelación consideró que el tribunal omitió
valorar las pruebas obrantes en el expediente que demostraban que el avalúo
comercial utilizado para la expropiación no reflejaba el valor real del inmueble. El
valor comercial del bien fue objeto de una depreciación del 28,8% por no
encontrarse sometido al régimen de propiedad horizontal, circunstancia que redujo
injustificadamente el valor comercial. Además, los contratos de arrendamiento
allegados al expediente acreditaban la existencia de ingresos derivados del
inmueble antes de la expropiación, así como los perjuicios económicos sufridos por
la pérdida de esa renta independientemente de que el demandante no suscribiera
esos contratos.
V.4. Análisis del caso concreto
48. Para resolver los problemas jurídicos planteados en el recurso de apelación, la
Sala estudiará: i) la presunción de legalidad del precio indemnizatorio contenido en
el acto administrativo demandado; y ii) el reconocimiento del lucro cesante por los
cánones de arrendamiento dejados de percibir.
V.4.1. La presunción de legalidad del precio indemnizatorio contenido en el
acto administrativo demandado
49. La parte demandante alegó que el tribunal omitió valorar las pruebas que
acreditaban que el valor comercial del inmueble de su propiedad se redujo en un
28,8% por no estar sometido al régimen de propiedad horizontal, circunstancia que
condujo a fijar un precio indemnizatorio inferior al valor real del bien.
50. Para resolver este argumento, se resalta que la determinación del valor
comercial del bien inmueble tiene un carácter técnico que se fundamenta en los
procedimientos y parámetros previstos en el Decreto 1420 de 1998 y en la
Resolución 620 de 2008, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
51.Conforme a los artículos 20, 21, 22 y 25 del Decreto 1420, el avaluador debe
acudir a la metodología prevista en la reglamentación, especificar cuál fue el método
12
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
utilizado, definir el valor comercial desglosando el valor del suelo, edificaciones y
mejoras, y tener en cuenta la reglamentación urbanística vigente, la destinación
económica, los valores unitarios de las construcciones, los aspectos físicos, la clase
de suelo, las construcciones en la zona, la estratificación socioeconómica y las
construcciones existentes.
52. El artículo 30 del Decreto 1420 de 1998 explica que “[…] Cuando el inmueble
objeto del avalúo cuente con obras de urbanización o construcción adelantadas sin
el lleno de los requisitos legales, estas no se tendrán en consideración para la
determinación del valor comercial y deberá dejarse expresa constancia de tal
situación en el avalúo […]”, salvo si se trata de vivienda de interés social.
53. El artículo 25 ibidem precisa que los avalúos comerciales de inmuebles que se
requieran con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 se deberán
efectuar aplicando el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual o, si el caso lo
amerita, varios de ellos. El artículo 26 del decreto mencionado establece que
cuando las condiciones del inmueble objeto del análisis permitan la aplicación de
uno o más de los métodos enunciados, el avaluador debe realizar las estimaciones
correspondientes y sustentar el valor que se determine.
54. La Resolución 620 de 2008 del IGAC define el alcance de cada uno de los
métodos referidos y su forma de aplicación, e igualmente regula las etapas,
procedimientos y normas metodológicas para la realización de los avalúos.
55. En relación con el método de mercado, la resolución dispone:
“[…] Artículo 1º.- Método de comparación o de mercado. Es la técnica valuatoria
que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas
o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto
de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.
[…] Artículo 10º.- Método de Comparación o de mercado. Cuando para la
realización del avalúo se acuda a información de ofertas y/o transacciones, es
necesario que en la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio del
cual se obtuvo la información y la fecha de publicación, además de otros factores que
permitan su identificación posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad horizontal, el valor del
terreno y la construcción deben ser analizados en forma independiente para
cada uno de los datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores
unitarios. Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal se
debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y construcción sean
coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías de los predios en
oferta o de los que se ha obtenido datos de transacción para facilitar su posterior
análisis. […]” (negrilla fuera del texto).
13
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
56. Como puede apreciarse el avaluador debe verificar en el método de
comparación o de mercado, si el bien objeto de avalúo está o no sometido al
régimen de propiedad horizontal. Esa condición incide directamente en la forma de
determinar, comparar y presentar el valor comercial del inmueble.
57. El artículo 18 de la Resolución 620 prevé reglas específicas para los inmuebles
sometidos al régimen de propiedad horizontal, al señalar que el avalúo debe
practicarse sobre las áreas privadas legalmente existentes.
58. Con fundamento en este marco normativo, la Sala Primera de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia de 13 de octubre de 2020, al
analizar el avalúo cuestionado en este proceso judicial concluyó lo siguiente:
“[…] El avalúo que sirvió de base a la expropiación, fue el presentado por la
Corporación Avalúos y que obra a folios 9 y siguientes, el cual da cuenta de las
generalidades como: la descripción del sector, su estratificación
socioeconómica, la reglamentación urbanística que lo cobija, sus
características físicas, haciendo alusión al número de metros construidos,
calidad y estado de conservación de la construcción. Se afirma que el método
utilizado para encontrar el valor comercial es el establecido en el Decreto 1420 de 24
de julio de 1.998 y la Resolución 620 del 23 de octubre de 2.008 del IGAC, método
denominado COMPARATIVO O DE MERCADO y se explica en que consiste.
El avalúo, fue acogido por la entidad demandada en el acto administrativo de
expropiación y fue el que sirvió de fundamento para la indemnización, por ello, a
pesar de que dicho avalúo no constituye un acto administrativo, cuando la
resolución definitiva que decreta la expropiación lo integra a su contenido, éste
también adquiere presunción de legalidad y, por ende, corresponde a la parte
actora desvirtuar el avalúo, tal como lo tiene establecido el Consejo de Estado […]”
(negrilla fuera del texto).
59. En el plenario obra el avalúo corporativo 2013-INM C86-015 de 4 de abril de
201336, elaborado por la Corporación Avalúos – Lonja Inmobiliaria. Allí
expresamente se determinó que el inmueble no está sometido a régimen de
propiedad horizontal y se señaló como valor comercial asignado: “[…] 190.920.000
[…]”.
60. Del documento se destaca la siguiente información:
“[…] El 18 de febrero de 2013 se efectuó la visita por parte del avaluador asignado
por la CORPORACIÓN AVALÚOS.
[…] 3. INFORMACIÓN JURÍDICA
Destinación actual: Vivienda urbana. Con matrícula inmobiliaria N° 001 – 93091.
El inmueble no está sometido a Régimen de Propiedad Horizontal […].
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR
36
Cfr. Índice 12 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CD FOLIO 164 CUADERNO
TRIBUNAL ADMIN(.rar) NroActua 12”, página 57 y siguientes.
14
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
Pertenece al sector centro de Itagüí, con vocación residencial y comercial. El Sector
tiene todos los servicios educativos, culturales, religiosos y de salud.
Los barrios próximos son: Calatrava, Villa Paula, El Tablazo.
Estrato del inmueble: 2
La principal vía al sector es: La Carrera 53, vía que es de acceso vehicular.
La infraestructura vial y de transporte: En general tiene un buen sistema vial, que
comunica al barrio con todos los sectores del municipio de Itagüí.
El sector tiene actualmente moderada actividad.
Los servicios e infraestructura: El sector cuenta con servicios públicos de
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, red telefónica y alumbrado público.
5. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Corresponde un inmueble de uso
residencial de tres pisos.
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN: PISO 1
Estructura: Mampostería
Muros: Adobe (revoque y pintura)
Pisos: Baldosa (Conservación bueno)
Cubierta: Losa (conservación bueno)
Baños: Un baño social grande con acabados intermedios (enchape, inodoro con
tapa, lavamanos, ducha)
Puerta: Metálica con reja (ingreso)
Conservación: Buena
Fachada: Revoque y pintura
Dependencias: 4 alcobas sin puertas, 1 sala pequeña, 1 cocina sencilla (mueble
superior muy pequeño con puerta, mesón con poceta en acero inoxidable) 1 baño,
1 patio tradicional con poceta y lavadero de ropa.
Iluminación: Buena
S. Públicos: Agua, energía, teléfono
Calificación: (2.5) de acuerdo a la tabla de Fitto y Corvini.
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN: PISO 2
Estructura: Mampostería
Muros: Adobe (revoque y pintura)
Pisos: Cerámica (conservación: bueno)
Cubierta: Losa (conservación bueno)
Baños: Un baño social amplio (enchape lujoso, inodoro con tapa, lavamanos,
ducha)
Puerta: Metálica (ingreso)
Conservación: Buena
Fachada: Revoque y pintura
Escalas: Internas en cemento por fuera de los apartamentos
Balcón: Ocupa todo el ancho del frente. Muro de poca altura con revoque.
Dependencias: 3 alcobas con puertas, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina sencilla (con
poceta lavaplatos en acero inoxidable, espacio inferior con tapas en madera), 1
baño, 1 patio pequeño con zona de ropa, 1 balcón.
S. Públicos: Agua, energía, teléfono.
Calificación: (2) de acuerdo a la tabla de Fitto y Corvini.
15
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN: PISO 3
Estructura: Mampostería
Muros: Adobe (revoque y pintura)
Pisos: Cemento y baldosa (Conservación buena)
Cubierta: Losa
Baños: Un baño social sencillo (inodoro con tapa, lavamanos, ducha;
conservación regular)
Puerta: Metálica (ingreso)
Conservación: Buena
Escalas: 1 internas en cemento por fuera de los apartamentos que vienen desde
el primer piso; 1 escalas internas por fuera de los apartamentos que acceden a la
plancha o terraza sin construcción.
Balcón: Ocupa todo el frente del tercer piso con muro sin acabados.
Dependencias: 4 alcobas con puertas (una de las habitaciones se habilitó con
división en triple en la sala); 1 cocina sencilla mesón en cemento deteriorado,
espacio inferior con puertas en madera (con el mismo espacio lavadero de ropa); 1
baño, más un balcón.
Terraza: Sin construcción ubicada en el cuarto nivel; se accede por escalas que
vienen desde el primer piso por fuera de los apartamentos.
Iluminación: Buena
S. Públicos: Energía, teléfono, agua.
Calificación: (2.5) de acuerdo a la tabla de Fitto y Corvini.
Topografía y Relieve: El terreno presenta topografía plana y es de forma regular
[...]”.
61. En cuanto a los métodos utilizados para determinar el valor señaló:
“[…] Para la determinación del valor comercial del inmueble, en el presente avalúo
se analizaron los siguientes métodos:
MÉTODO COMPARATIVO O DE MERCADO
Para determinar el valor comercial del inmueble se utilizó el método comparativo de
mercado, que consiste en deducir el precio por comparación de transacciones,
oferta, demanda y avalúos de inmuebles similares o equiparables, previo ajuste de
tiempo, conformación y localización entre otros.
Es importante anotar que cada inmueble es único y presenta condiciones muy
particulares, por tanto, este método solo nos da una idea o estimado del valor por el
cual la propiedad en cuestión se venda.
Fuente: Revista “CAMACOL”, valor a nuevo segundo semestre año 2012.
Valor de la tierra: Libro “CORPORACIÓN AVALÚOS” 2012.
MÉTODO DE REPOSICIÓN:
Se aplica únicamente a las edificaciones y se basa en la determinación del costo de
la construcción actualizado menos la depreciación por antigüedad y estado de
conservación; para ello se utiliza la tabla de Fitto y Corvini, que nos indica de
acuerdo a la edad del inmueble y a su estado de conservación el factor de
depreciación que se debe aplicar al valor nuevo de la construcción.
El deterioro físico de la edificación es usualmente la forma más obvia de
depreciación si una edificación presenta falta de pintura, deterioro en revoque
16
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
humedades, acabados, fisuras, son efectos comunes al uso y a la edad de la misma,
factores que se tienen en cuenta al determinar en la tabla de Fitto y Corvini al estado
de la construcción.
Fuente: Revista “CONSTRUDATA” No. 165, Diciembre 2012 – Febrero 2013 […]”
(negrilla del texto).
62.Se precisó que el valor comercial se soportó en el registro fotográfico y estudio
de mercado anexo que arrojó el siguiente resultado:
“[…]
[…]”
63. El 17 de junio de 201337 el demandante solicitó a Metroplús S.A. la reevaluación
del avalúo corporativo 2013-INM-C86-015, por cuanto: i) el estudio de mercado
habría incluido negociaciones de barrios aledaños con condiciones
socioeconómicas y valores por metro cuadrado inferiores a los del barrio Calatrava;
ii) la calificación asignada a cada piso, según la tabla de Fitto y Corvini, no explicaría
por qué el segundo piso, presenta un valor por metro cuadrado inferior al del primer
piso; iii) no es claro si en la depreciación se tuvo en cuenta la edad de cada
construcción; y iv) el valor asignado al patio sería inconsistente frente a avalúos
anteriores realizados en 2010 por la misma firma.
64.Mediante memorial de 18 de julio de 201338 la Corporación Avalúos - Lonja
Inmobiliaria complementó lo siguiente:
“[…] 1. En cuanto al estudio de mercado en la zona respondemos lo siguiente:
37
Ibidem, página 126 y siguientes.
38
Ibidem, página 138 y siguientes.
17
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
Si bien es cierto que en el estudio de mercado se relacionan varios barrios, el valor
asignado a cada predio es distinto. En este avalúo el valor es mayor al promedio de
la zona.
2. De acuerdo a la calificación de cada avalúo, este aspecto es meramente
informativo y no influye en el valor final, ya que dicho valor resulta del estudio
de mercado correspondiente.
3. En cuanto a la edad de la construcción de cada piso no fue tenida en cuenta
porque el valor final resulta del estudio de mercado correspondiente.
4. En cuanto al valor asignado a los patios
Nuestra firma inició el contrato en Febrero del 2011, por tal motivo el avalúo al cual
Ud. hace referencia no es nuestro.
El valor asignado por nosotros de $120.000 por M2. tiene en cuenta los
acabados de dicho patio. Lo correspondiente al terreno se encuentra
incorporado en el área total del inmueble.
Todos los elementos constructivos son tenidos en cuenta en el valor final del
inmueble. Se incluyen: puertas, ventanas, cocina, pisos, techos. Etc.
Somos conscientes de las problemáticas sociales de algunas zonas del Municipio y
siempre tenemos en cuenta estos aspectos en cuanto lo permite la normatividad. Sin
embargo las normas existentes para la valoración comercial de un inmueble sólo
tienen en cuenta el área del lote, la construcción y los anexos en inmuebles que no
tienen RPH (Reglamento de Propiedad Horizontal). Para los inmuebles con RPH se
valora globalmente el área consignada el dicho reglamento.
Por todo lo anterior nos ratificamos en el valor del avalúo No. 2013-INM-C86-015. […]”
(negrilla fuera del texto).
65. En respuesta a esa comunicación, el demandante indicó que, según la
información reportada en el avalúo se aplicaron los métodos de costo y reposición
sobre la construcción y de comparación o mercado respecto del inmueble, pero en
la respuesta no se justificó porque no se valoró el estado de conservación y la edad
de la construcción.
66.Mediante oficio de 1.º de agosto de 2013 la Corporación Avalúos - Lonja
Inmobiliaria explicó lo siguiente:
“[…] 1. En el avalúo de la referencia se está aplicando el método comparativo y de
mercado, el método de reposición no se aplicó, ya que con este se castiga el
inmueble, y en este proyecto no se está aplicando ningún castigo a las
construcciones.
2. Con relación a su solicitud para que Metroplús revise nuestras respuestas antes de
dárselas a conocer a los propietarios de los inmuebles le informamos que este filtro sí
se efectúa, Metroplús analiza dichas respuestas y si las considera viables tanto técnica
como jurídicamente, las presenta a los propietarios.
3. En el ítem que se refiere a la edad de las construcciones, le reitero que esta no se
está teniendo en cuenta, ya que no se le está aplicando ningún tipo de castigo a las
mismas, el valor final asignado solo toma en cuenta el estudio de mercado de la zona y
los acabados de cada inmueble. […]” (negrilla fuera del texto).
67. En el plenario igualmente obra la respuesta que dio la Corporación Avalúos -
Lonja Inmobiliaria a la Veeduría Ciudadana del municipio de Itagüí respecto de 6
informes, entre los que se encuentra el avalúo realizado al demandante. De este
documento se resaltan los siguientes apartados:
“[…] De acuerdo a la solicitud presentada por la Veeduría Ciudadana del Municipio
de Itagüí procedemos a dar respuesta.
18
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
1. Les reiteramos que para la valoración de los inmuebles se tiene en cuenta
tanto el estudio de mercado de la zona como los acabados de los mismos.
2. En lo referente a la valoración de los inmuebles que no están sometidos a RPH
es de vital importancia tener en cuenta lo siguiente.
Para el derecho Civil Colombiano se requiere una doble formalidad para ser
propietario de un bien inmueble (título de adquisición y modo de adquisición), donde
el título es el contrato que otorga a la persona el derecho de que se le haga la
transmisión de un derecho, ya sea que dicho contrato se denomine compraventa,
usufructo, comodato, etc. Y el modo por su parte es la forma de ejecutar el título para
adquirir el derecho real, en consecuencia el modo es la forma en que el derecho que
se ha obtenido en virtud del contrato finalmente llegue al patrimonio de las personas,
dichos modos están determinados por la propia ley y son: Prescripción, Accesión,
Sucesión por causa de muerte, Tradición y Ocupación (artículo 673 del Código Civil).
En el caso de bienes inmuebles la ley Colombiana es muy clara al decir que el título,
que en nuestro entorno el más común para la adquisición de bienes inmuebles es la
compraventa, por si no está otorgando el derecho de dominio, sino que está
generando para el vendedor la obligación de transmitir el derecho, pero hay que tener
en cuenta que si bien el contrato de compraventa es por naturaleza consensual, es
decir que para su perfeccionamiento no requiere sino del simple acuerdo entre las
partes (sin que tenga que constar por escrito), tratándose de bienes inmuebles este
contrato debe realizarse por ESCRITURA PÚBLICA.
Y frente al modo al tratarse de bienes inmuebles, es lo que genera la verdadera
propiedad, es decir que así la persona tenga el título si el modo no se
perfecciona no podrá ser considerado dueño de la cosa, en estos casos el modo
en la adquisición en nuestro ordenamiento jurídico consiste en la respectiva
inscripción en la Oficina de Registro de Instrumento Públicos, aun cuando no
se haga la entrega del bien inmueble, si la inscripción se realiza, la persona será
considerada dueña.
Así pues que para que exista transmisión del derecho real de dominio de bienes
inmuebles es necesaria la realización de una escritura pública de compraventa y la
inscripción de dicha escritura. (Artículo 756 del Código Civil).
Por lo anterior, vemos claramente que los inmuebles que constituyeron su escritura
pública de reglamento de propiedad horizontal y abrieron matrículas inmobiliarias
inscritas en la oficina de registro de instrumentos públicos, perfeccionaron en sí una
verdadera propiedad (título y modo), la cual hace parte del patrimonio jurídico de las
personas y sobre la cual pueden constituir gravámenes, solicitar créditos entre otros
beneficios que el derecho les puede otorgar a los propietarios de bienes inmuebles.
Mientras que los inmuebles que construyeron en altura unidades de vivienda sin
la formalidad que reza nuestro ordenamiento jurídico, por sí no es una
propiedad independiente, que tenga las mismas prerrogativas de un inmueble
que si las tiene, son construcciones anexas al predio del primer piso que se
valoran como lo que son, construcciones en altura.
Por mera lógica, las reglas de la experiencia y del mercado inmobiliario, se
sobreentiende que una propiedad con matrícula inmobiliaria, escrituras públicas
registradas ante la oficina de registro de instrumentos públicos, con permisos de
construcción, planos estructurales y arquitectónicos aprobados por las curadurías,
tienen un valor superior que la de una construcción que no se encuentra legalizada
tal y como lo ordena nuestro ordenamiento jurídico.
Por lo expuesto, no se pueden equiparar los inmuebles que están calificados como
propiedad en Colombia, con las construcciones en altura que no se encuentran
legalizadas. Inclusive, la misma normatividad del IGAC, en su artículo 10 de la
resolución 620 de 2008, cuando habla del método de comparación o de mercado,
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Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
diferencia los bienes sometidos al régimen de propiedad horizontal y los no sometidos
a dicho régimen para realizar el avalúo respectivo manifestando lo siguiente:
Resolución 620 de 1998 ARTICULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien,
a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.
Artículo 30°. Cuando el inmueble objeto del avalúo cuente con obras de
urbanización o construcción adelantadas sin el lleno de los requisitos legales,
estas no se tendrán en consideración para la determinación del valor comercial
y deberá dejarse expresa constancia de tal situación en el avalúo.
No obstante lo anterior en la valoración de los inmuebles del proyecto se está
teniendo en cuenta las áreas no reglamentadas, para evitar así afectar el
patrimonio de los propietarios de los mismos.
3. Se están citando algunos inmuebles no sometidos a RPH para hacer notar la
diferencia en la valoración de sus áreas, con los que sí lo están legalizados:
Es muy cierto que existen diferencias entre uno y otro, lo cual se debe a que a
cada predio que no está dentro de la legalidad “NO SOMETIDO A RPH” se le
aplica un porcentaje de descuento que varía de acuerdo al área del mismo.
Cabe resaltar que cada inmueble es analizado de forma independiente, teniendo
en cuenta los detalles en cuanto a los acabados y características particulares
de cada uno de los mismos.
Citamos cada caso a continuación:
• Predio de la señora MARIA DEL CARMEN ESCOBAR ZAPATA el porcentaje de
descuento es del 21.28%.
• Predio del señor RICARDO EMILIO RAMÍREZ HOYOS el porcentaje de descuento
es del 24.48%.
• Predio de la señora OLGA LUCIA TORREZ OROZCO el porcentaje de descuento
es del 16%.
• Predio del señor FRANCISCO LUIS CORREA el porcentaje de descuento es del
29.84%.
• Predio del señor EFRAIN DE JESÚS TORO MORALES el porcentaje de
descuento es del 28.5%.
• Predio del señor PEDRO JOSÉ HOYOS HOYOS el porcentaje de descuento es del
22.37%.
En reunión de comité de Avalúos se analizó cada caso en particular y de acuerdo al
informe suministrado por el interventor asignado para la respectiva visita de los
inmuebles, el avaluador Juan Gabriel Lugo Doncel se concluyó que no es
procedente modificar los valores asignados por nuestra entidad, ya que los
valores asignados están por encima del valor de inmuebles en estrato 2, y no
se está aplicando la respectiva depreciación.
Para llegar a esta conclusión el interventor del proyecto argumentó que no se
están teniendo en cuenta en la valoración de los inmuebles aspectos que están
contemplados dentro de la normatividad vigente en la resolución 620 de 2008
tales como:
• Área de retiro de quebrada
• Calificación del inmueble
• Depreciación por vetustez del inmueble
• Afectaciones de uso entre otros.
De lo anterior se concluye que si dichos avalúos se realizaran ajustándolos a la
normatividad existente (decreto 1420, resolución 620, ley 388, ley 9ª como lo expresa
el interventor, y lo contempla la norma, el valor promedio disminuiría notoriamente
afectando los precios ya asignados por nuestra entidad. […]” (negrilla fuera del texto).
20
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
68. En el plenario obra además el certificado de libertad y tradición de 19 de
noviembre de 201239, en el que no se evidencia el registro de la escritura pública
del reglamento de la propiedad horizontal en los términos del artículo 4 de la Ley
675 de 3 de agosto de 200140, ni el desenglobe de la propiedad en unidades
independientes. La descripción del inmueble es del siguiente tenor:
“[…]
[…]”.
69. Como puede apreciarse el inmueble objeto de valoración no estaba sometido al
régimen de propiedad horizontal según la información consignada en el avalúo
corporativo 2013-INM-C86-015.
70.Para determinar el valor comercial La Corporación Avalúos - Lonja Inmobiliaria
acudió al método comparativo o de mercado, conforme a los resultados del estudio
de mercado de la zona y las condiciones particulares del inmueble.
71. El artículo 30 del Decreto 1420 de 1998 dispone que, cuando el inmueble objeto
de avalúo cuente con obras de urbanización o construcción adelantadas sin el lleno
de los requisitos legales, estas no se tendrán en consideración para la
determinación del valor comercial y deberá dejarse expresa constancia de esa
situación en el avalúo.
72. Sin embargo, en el presente caso la valoración tuvo en cuenta las áreas no
reglamentadas, con el fin de no afectar injustificadamente el patrimonio del
demandante. Por ello, el menor valor atribuido frente a inmuebles sometidos a
propiedad horizontal no obedeció a una exclusión arbitraria, sino al estudio de las
particularidades de cada caso.
73. En ese contexto, como el avalúo oficial explicó la condición jurídica del bien, el
método utilizado y las razones por las cuales se valoraron las construcciones
existentes, al demandante le correspondía desvirtuar la presunción de legalidad del
avalúo incorporado al acto administrativo de expropiación mediante la demostración
concreta de los errores técnicos o inconsistencias que afecten el avalúo oficial y,
por ende, el valor indemnizatorio fijado por la administración.
39
Cfr. Índice 12 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CD FOLIO 164 CUADERNO
TRIBUNAL ADMIN(.rar) NroActua 12”, página 12 y siguientes.
40
“[…] Por medio de la cual se expide el Régimen de Propiedad Horizontal […]”.
21
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Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
74. La jurisprudencia de esta Sección ha señalado que el precio indemnizatorio, al
incorporarse en el acto administrativo que dispone la expropiación, se encuentra
amparado por la presunción de legalidad propia de las decisiones administrativas41.
75. Dicha carga no se satisface únicamente con la invocación de las disposiciones
normativas que regulan la elaboración de los avalúos comerciales ni con afirmar la
indebida escogencia del método valuatorio utilizado por la administración. Por el
contrario, el demandante debe acreditar, mediante elementos técnicos suficientes,
los errores concretos o inconsistencias metodológicas que afectan el avalúo oficial,
pues no basta con proponer otras alternativas posibles para la valoración del
inmueble, sino que resulta necesario demostrar objetivamente el defecto atribuido
al avalúo42.
76. La Sala no desconoce que la parte demandante solicitó la práctica de un
dictamen pericial orientado a controvertir el avalúo oficial y a establecer el valor
comercial del inmueble.
77. Por medio de auto de 23 de octubre de 2018 el despacho sustanciador accedió
a la prueba y designó a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia para su
realización. Posteriormente, mediante oficio de 30 de octubre de 201843 la Lonja de
Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia informó al tribunal que nombró a la perito
Magally Alvaréz Toro, quien se posesionó el 26 de marzo de 201944.
78. En el escrito de 6 de mayo de 2019, la perito informó:
“[…] De acuerdo con la solicitud hecha por este Despacho, para realizar el avalúo
del inmueble localizado en la carrera 53 # 55-45, Barrio Las Acacias, del Municipio
de Itagüí, me permito informar que en este sitio no existe vivienda alguna, estas
fueron demolidas y en su lugar hay una vía pública.
Motivo por el cual no se puede llevar a cabo el avalúo solicitado.
Anexo Registro fotográfico. Fuente: Google Earth. […]
Cualquier aclaración adicional, estoy a sus órdenes […]” (negrilla fuera del texto).
79. En auto de 16 de mayo de 2019 el despacho sustanciador puso en conocimiento
a la parte demandante la mencionada respuesta. Por auto de 1.º de octubre de 2019
se precisó que, ante el traslado del dictamen pericial allegado por la auxiliar, las
partes no emitieron pronunciamiento y se declaró vencida la etapa probatoria.
80. Por lo tanto, aunque la prueba técnica fue decretada, esta no permitió establecer
un valor diferente al fijado en el avalúo oficial. Además, la parte demandante no
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de febrero de 2026, radicación
núm. 25000-23-41-000-2016-01133-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de febrero de 2021, radicación
núm. 25000-23-24-000-2012-00483-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
43
Cfr. Índice 12 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CD FOLIO 164 CUADERNO
TRIBUNAL ADMIN(.rar) NroActua 12”, página 225 y siguientes.
44
Cfr. Índice 12 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CD FOLIO 164 CUADERNO
TRIBUNAL ADMIN(.rar) NroActua 12”, página 236 y siguientes.
22
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
solicitó pruebas adicionales, no pidió la designación de otro auxiliar, ni allegó otros
elementos técnicos que permitieran demostrar los errores atribuidos al avalúo
oficial.
81. Para la Sala la afirmación del demandante relativa a que el inmueble tenía un
valor aproximado de $222.000.000 carece de respaldo técnico suficiente para
desvirtuar el avalúo oficial y, por ende, para demostrar que el precio indemnizatorio
fijado por la administración fue incorrecto.
82. En consecuencia, el cargo planteado no prospera porque el avalúo oficial
precisó que el inmueble no estaba sometido al régimen de propiedad horizontal y
aplicó el método comparativo o de mercado conforme al estudio de la zona y a las
características particulares del bien. Incluso el menor valor frente a inmuebles
sometidos a propiedad horizontal obedece a las particularidades jurídicas y físicas
del predio, sin que el demandante desvirtuara la presunción de legalidad del avalúo
incorporado a la Resolución 6939 de 5 de febrero de 2014.
V.4.2. El reconocimiento del lucro cesante por los cánones de arrendamiento
dejados de percibir
83. La parte demandante sostuvo que los contratos de arrendamiento allegados al
proceso debían ser valorados como prueba de los ingresos generados por el
inmueble expropiado. Dichos contratos guardaban relación con el bien y con el
período objeto de controversia, pese a que no fueron suscritos directamente por el
demandante. Además, la legislación colombiana admite el arrendamiento de cosa
ajena.
84. Esta Sección ha considerado que, ante la ausencia de una norma expresa que
regule la indemnización de los detrimentos patrimoniales accesorios causados a los
propietarios con ocasión de una expropiación administrativa, debe acudirse, por
remisión del artículo 845 de la Ley 153 de 1887, a las reglas previstas en el numeral
6 del artículo 21 del Decreto 1420 de 199846.y en el artículo 21 de la Resolución 620
de 2008 del IGAC47.
85. El numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 dispone que para “[…] los efectos
del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se
encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que
ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos
provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que
se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses […]”.
45
Artículo 8. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias
semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.
46
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2012, radicación número: 05001-23-31-000-2003-
00977-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
47
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, radicación número: 05001-23-31-000-2002-
00716-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.
23
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
86.El artículo 21 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC precisa cuáles son los
soportes que se deben tener en cuenta para calcular esa compensación, así:
“[…] Artículo 21º.- Cálculo del valor de la compensación debida por la afectación a
causa de una obra pública. La forma para calcular este valor será:
[…]
4. […] Para estimar el monto de la compensación de las rentas o ingresos que se
dejan de percibir por una limitación temporal o definitiva (numeral 6 del artículo 21,
Decreto 1420 de 1998) se deberán tener en cuenta:
• Las declaraciones para efectos tributarios.
• El balance contable que se presente para la Cámara de Comercio.
En caso de que la empresa no esté obligada a presentar ninguna de las anteriores,
deberá probar la utilidad neta del negocio de por lo menos los seis meses anteriores,
mediante un estado de pérdidas y ganancias mensual firmado por un contador
público titulado, con matrícula profesional vigente.
Esta utilidad neta mensual debe multiplicarse por los meses que se hayan establecido
como período de compensación […]” (negrilla fuera del texto).
87. El artículo 37 de la Ley 1682 de 22 de noviembre de 201348 establece que el
precio de adquisición de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura
de transporte será igual al valor comercial. Para su determinación se debe tener en
cuenta el lucro cesante, el cual se calcula con base en los rendimientos reales del
inmueble al momento de la adquisición y hasta por un término máximo de seis
meses.
88. Según el artículo 21 de la Resolución 620, una vez se determina que el inmueble
se encuentra destinado a una actividad productiva, los documentos que deberán
tenerse en cuenta para establecer el monto de la compensación por rentas e
ingresos dejados de percibir por la afectación son, las declaraciones para efectos
tributarios y el balance contable que se presente ante la Cámara de Comercio. Si el
afectado no está obligado a presentar dichos documentos, deberá acreditar la
utilidad neta del negocio mediante un estado de pérdidas y ganancias mensuales.
89. De conformidad con la normativa supra, la compensación por rentas o ingresos
dejados de percibir procede hasta por 6 meses cuando se demuestre que el
inmueble estaba destinado a una actividad productiva y que, por causa de la
afectación derivada de la obra pública o de la expropiación, se produjo una pérdida
cierta de ingresos.
90. Así las cosas, no basta con afirmar que el inmueble generaba rentas. La parte
interesada debe acreditar la actividad productiva, el monto real de los ingresos
dejados de percibir y el nexo causal entre la pérdida alegada y la expropiación
administrativa49.
48
“[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias […]”.
49
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 16 de febrero de 2017, radicación número: 05001-23-31-000-2007-00379-
01, C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.
24
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
91. En el presente caso, la Sala advierte que las pruebas allegadas al expediente
no permiten acreditar la existencia del perjuicio invocado.
92. Obra en el expediente el contrato de arrendamiento de vivienda urbana suscrito
entre los señores Gabriel Ángel Toro Morales y Carlos Giraldo50 el cual contiene las
siguientes cláusulas:
“[…] GABRIEL ANGEL TORO MORALES, mayor de edad, con domicilio en la ciudad
de Medellín, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 98'514.630 de Itagüí,
quien obra en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominará el
“Arrendador”, por una parte, y por la otra, CARLOS GIRALDO, mayor de edad, con
domicilio en la ciudad de Itagüí, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
8'285.816, quien para efectos de este contrato obra en nombre propio y se
denominará el “Arrendatario”, han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de
bien inmueble destinado a vivienda, en adelante el “Contrato”, el cual se rige por las
siguientes cláusulas:
Primera – Objeto: Por medio del presente Contrato, la Arrendadora entrega a título
de arrendamiento a los Arrendatarios el siguiente bien inmueble: Una casa de
habitación ubicada en la Carrera 53 No 55-47 (301) situado en el barrio Las Acacias
del Municipio de Itagüí, destinada para el uso de vivienda del Arrendatario y la de su
familia.
Segunda – Canon de Arrendamiento: El canon de arrendamiento mensual es la
suma de CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L (sic) ($330.000) que el
Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador o a su orden, dentro de los
primeros tres (3) días de cada mes. Cada doce (12) meses de ejecución del Contrato,
el valor del canon de arrendamiento será reajustado en una proporción igual al límite
máximo de reajuste fijado por la Ley. Parágrafo: La tolerancia del Arrendador en
recibir el pago del canon de arrendamiento con posterioridad al plazo indicado para
ello en esta Cláusula, no podrá entenderse, en ningún caso, como facultad del
Arrendador de modificar el término establecido en este Contrato para el pago del
canon.
Tercera – Vigencia: El Contrato de arrendamiento tendrá una duración de SEIS (6)
meses contados a partir del 2 de enero de 2006 hasta el 1 de junio de 2006. No
obstante lo anterior, el término del arrendamiento se prorrogará automáticamente por
períodos consecutivos iguales al inicial, si ninguna de las Partes dentro de los tres (3)
meses al vencimiento del período inicial o de cualquiera de sus prórrogas informa a
la otra Parte su decisión de terminar este Contrato […]” (negrilla del texto).
93. En la audiencia de pruebas celebrada el 20 de marzo de 2019 el señor Gabriel
Ángel Toro Morales manifestó ser el hermano del demandante y ratificó el contrato
de arrendamiento.
94.En los antecedentes administrativos obra el contrato de arrendamiento 51 de
inmueble celebrado entre la señora Bernarda Toro Morales y Walter Sirney Londoño
Restrepo, el cual contiene las siguientes clausulas:
50
Cfr. Índice 12 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CD FOLIO 164 CUADERNO
TRIBUNAL ADMIN(.rar) NroActua 12”, página 52.
51
Cfr. Índice 12 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CD FOLIO 164 CUADERNO
TRIBUNAL ADMIN(.rar) NroActua 12”, página 204 y siguientes.
25
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
“[…] Primera.- Objeto.- BERNARDA TORO MORALES entrega a título de
arrendamiento, al arrendatario WALTER SIRNEY LONDOÑO RESTREPO y a los
codeudores solidarios LUIS FERNANDO CARDENAS VALENCIA y SIDNEY
FERNANDO LONDOÑO CARDENAS, el inmueble situado en Itagüí-Antioquia,
identificado con el número 55-46 (Interior 201) de la carrera 53, Barrio Las Acacias
Itagüí, cuyos linderos generales y particulares aparecen en la escritura de la
propiedad y que de necesitarse se anexarán a este contrato.
Segunda. Término.- La duración del arrendamiento sobre el inmueble descrito en la
cláusula anterior será de SEIS MESES (6 MESES) contados a partir del OCHO (8)
de abril de 2011 y se terminará el OCHO (8) de octubre de 2011.
PARÁGRAFO: Prórroga, si las partes de común acuerdo llegan a un arreglo, el
contrato se prorrogará por el mismo período o de lo contrario no se renovará este
contrato.
Tercera. Entrega del inmueble.- El arrendatario y los codeudores solidarios darán
por recibido el inmueble arrendado en la fecha de legalización del contrato; el
inmueble se entrega en perfecto estado de conservación y se entregará en las
mismas condiciones por los arrendatarios.
Cuarta. Precio.- El precio o canon mensual que el arrendatario se obliga a pagar a
la señora BERNARDA TORO MORALES, arrendadora, será la suma de
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($400.000), pagaderos los días OCHO (8) de
cada mes y de forma anticipada, y los pagará en forma personal a la señora
BERNARDA TORO MORALES, o a quien esta autorice […]” (negrilla del texto).
95. También se encuentra el oficio de 20 de mayo de 2013 52 por medio del cual el
señor Efraín de Jesús Toro Morales informa a Metroplús S.A. que autorizó a “[…] la
señora BERNARDA TORO MORALES (mi hermana) […], para celebrar contrato de
arrendamiento de la vivienda construida en el segundo piso de la edificación que se
encuentra a mi nombre con el señor WALTER S. LONDOÑO RESTREPO […]”.
96. En el oficio DGSM-310 25759 de 20 de noviembre de 201353, la Coordinación
de Gestión Social de Metroplús S.A. dio respuesta a la solicitud de reconocimiento
por canon de arriendo y grietas en los siguientes términos:
“[…] Después de revisar la información consignada en su ficha Socioeconómica por
Unidad Social (Censo) del inmueble ubicado en la Carrera 53 No. 55-45/47 Apto
301, el cual reporta una aplicación del 22 de Enero de 2013. Dicho Censo permite
verificar la Unidad Social Existente en el predio, durante el proceso de adquisición.
Es de vital importancia especificar que el Censo le fue aplicado al señor Gabriel
Ángel Toro Morales (Hermano), en dicho censo se especifica que no paga Arriendo,
que reside en el tercer piso de la propiedad y que tiene en alquiler 2 piezas, estas
piezas en subarriendo no cumple con los lineamientos para ser consideradas como
Unidades Sociales Hogar (USH), ya que no poseen baño independiente, cocina y
habitaciones, según el concepto del DANE.
Es importante también mencionar que las Salvaguardas del Banco Mundial no
contemplan los Reconocimientos Económicos a través de la figura de Sub-arriendo,
52
Cfr. Índice 12 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CD FOLIO 164 CUADERNO
TRIBUNAL ADMIN(.rar) NroActua 12”, página 203 y siguientes.
53
Cfr. Índice 12 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CD FOLIO 164 CUADERNO
TRIBUNAL ADMIN(.rar) NroActua 12”, página 213 y siguientes.
26
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
por tal motivo no es posible la aplicación de Reconocimientos Económicos para este
inmueble […]”.
97. Como puede apreciarse, los contratos de arrendamiento aportados
corresponden a negocios jurídicos celebrados por personas distintas al
demandante. Así, uno de ellos figura suscrito por Gabriel Ángel Toro Morales en
calidad de arrendador y el otro por Bernarda Toro Morales, sin que el señor Efraín
de Jesús Toro Morales aparezca como parte contratante o beneficiario de los
cánones pactados.
98. Adicionalmente, dichos contratos fueron celebrados en los años 2006 y 2011 y
establecieron una vigencia inicial de seis meses, sin que obre prueba de su
renovación o permanencia para la época en que se adelantó el procedimiento
expropiatorio. Por ello, tales documentos no permiten concluir que el inmueble
continuara generando ingresos por arrendamiento al momento de la expropiación.
99. De igual manera, no se allegaron declaraciones tributarias, balances contables,
certificaciones de ingresos, comprobantes de pago de cánones ni otros elementos
de convicción que permitan establecer el monto de las rentas efectivamente
percibidas por el demandante o la utilidad económica derivada de la explotación del
inmueble.
100.La Sala pone de presente que, para poder obtener la reparación de los daños
accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable
que exista un nexo de causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante
la cual se decretó la expropiación54.
101.El carácter resarcible del daño depende, fundamentalmente, de la certeza de su
ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no
pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido
de certeza para que produzca efectos jurídicos y de lugar al resarcimiento, pues
todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede generar
una indemnización55.
102.Por lo anterior, el cargo no prospera a no estar acreditada la pérdida de ingresos
por arrendamiento alegada por la parte demandante, pues no existe certeza acerca
de la vigencia de los contratos, de la percepción de los cánones por parte del
demandante ni de la cuantía del perjuicio reclamado.
103.Finalmente, se pone de presente que no se configuran los presupuestos
previstos en el artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 12
de julio de 201256, sobre condena en costas en esta instancia.
54
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2009, radicación número: 05001-23-31-000-2005-
03509-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
55
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 16 de febrero de 2017, radicación número: 05001-23-31-000-2007-00379-
01, C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.
56
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
27
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01954-02
Demandante: Efraín de Jesús Toro Morales
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de octubre de 2020, proferida por la
Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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