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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-01827-02

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-01827-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de abril de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2015-01827-02

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: DANIEL CASTELLANOS TORRES
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación presentados por la parte demandante y
demandada contra la sentencia de 4 de abril de 2019, proferida por la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

I.1.1. Las pretensiones

1. El señor Daniel Castellanos Torres a través de apoderado y en ejercicio de la
acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho2, presentó demanda con
el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 1. PRETENSIONES DEMANDA ACCIÓN ESPECIAL CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 388 DE 1997

PRETENSIONES PRINCIPALES:

Primero. Que se declare la nulidad del Artículo 2, de la Resolución Número 106413
de 2014, “por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa”, expedida
por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU), la cual ordena decretar la
expropiación del inmueble ubicado en la Cl 127C N° 89 - 35, de la ciudad de Bogotá
D.C., en cuanto fijó en DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($258.513.055⁰⁰), el
precio indemnizatorio por concepto de avalúo comercial y daño emergente.

(ARTÍCULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($258.513.055⁰⁰) MONEDA CORRIENTE, el citado
valor incluye:

1. La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
($253.694.450⁰⁰) MONEDA CORRIENTE, por concepto de terreno más construcción
conforme el avalúo comercial No. 2014-0727 de fecha 9 de Julio de 2014, elaborado

1
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 3 y siguientes.
2
Prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de
1991 y se dictan otras disposiciones […]”.

2

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

por la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital – Gerencia de Información
Catastral, Subgerencia de Información Económica.

2. La suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL
SEISCIENTOS CINCO ($4.818.605⁰⁰) MONEDA CORRIENTE, por Concepto de
daño emergente conforme el avalúo comercial No. 2014-0727 de fecha 9 de julio de
2014, elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital – Gerencia
de Información Catastral, Subgerencia de Información Económica.

PARÁGRAFO. Que la presente resolución de expropiación, no implica la
aplicación del artículo 129 de la Ley 142 de 1994 que establece la cesión de los
contratos de servicios públicos con ocasión de la transferencia del dominio.
[…]

Segundo. Que se declare la nulidad de la Resolución Número 19938 de 2015, “por
la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO (IDU), en cuanto a que confirma el valor del precio
indemnizatorio.

Tercero: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los anteriores
actos administrativos, se restablezca en su derecho a los demandantes, condenando
al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- al pago de los perjuicios
económicos que a título de DAÑO EMERGENTE, se producen “entendiéndose el
daño emergente como el justo precio que se paga por la entidad condenada por la
expropiación (este precio debe ser como mínimo la suma de CUATROCIENTOS
QUINCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
PESOS ($415.117.440°°), por valor del inmueble expropiado, lo que equivaldría a
una diferencia de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($161.422.990°°), por pago del
inmueble expropiado)”.

La estimación de la indemnización por concepto de Daño Emergente, se hace por
parte del accionante bajo juramento (Artículo 206 del Código General del
Proceso), y se adopta de la diferencia entre el valor que existe del Avalúo Comercial
tomado dentro del acto administrativo que ordena la expropiación y el Avalúo
Comercial que presentamos, que es parte del material probatorio y que fue elaborado
por un avaluador inscrito en la LONJA DE COLOMBIA, la avaluadora DIANA
PATRICIA OSORIO ABELLO, (Ver, Tasación del Daño, Daño Emergente).

Cuarto. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los anteriores actos
administrativos, se restablezca en su derecho a los demandantes, condenando al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- al pago de los perjuicios económicos
que a título de LUCRO CESANTE, se producen dentro del proceso, “como los
rendimientos dejados de percibir por mis poderdantes como consecuencia del no
pago de ese justo precio y los cánones de arriendo que producía el inmueble
expropiado”.

La estimación de la indemnización por concepto de Lucro Cesante, se hace de la
información que el accionante bajo juramento aporta (Artículo 206 del Código
General del Proceso), y se adopta de la compensación establecida en el Numeral
6, del Artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, esto es, la compensación por las rentas
que se dejarán de percibir hasta por un período de máximo 6 meses, del inmueble
objeto de expropiación (Ver, Tasación del Daño, Lucro Cesante).

Quinto: Se condene a la entidad demandada al pago de los intereses comerciales y
moratorios establecidos en el Artículo 192 del Código Contencioso Administrativo,
que se causen entre la fecha de ejecutoria de la sentencia y la fecha efectiva de pago
de las condenas indemnizatorias citadas en las pretensiones de la demanda.

Sexto: Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

Séptimo: Que en caso de no decretarse la nulidad de ninguno de los actos
demandados, se ordene la modificación del Artículo 2, de la Resolución Número
106413 de 2014, “por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa”, y la

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Demandante: Daniel Castellanos Torres

Resolución Número 19938 de 2015, “por la cual se resuelve un recurso de
reposición”, en el sentido de ajustar el precio establecido en ellos como
compensación de la expropiación, según se prueben dentro del proceso.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

Primero. Por lo expuesto en los hechos 11, 12 y 13, esto es, no haber realizado el
pago del valor indemnizatorio en el término de 10 días contados a partir de la
ejecutoria del acto administrativo que expropió el bien inmueble, propiedad de mi
representado, solicito se declare sin efectos la expropiación por vía administrativa del
inmueble ubicado en la Cl 127C N° 89 - 35 de la ciudad de Bogotá, de matrícula
inmobiliaria 50N-20110443, lo anterior, según el sustento normativo de los
Numerales 2 y 4, del Artículo 70 de la Ley 388 de 1997 […]” (negrilla del texto).

I.1.2. Los hechos

2. Explicó que el Distrito Capital de Bogotá mediante Decreto 316 de 19 de julio
de 20073, declaró la existencia de condiciones de urgencia por razones de utilidad
pública e interés social para la ejecución de obras de valorización del proyecto vial
denominado Avenida El Rincón, desde la avenida Boyacá hasta la carrera 91 por la
calle 125.

3. Indicó que el IDU decretó la adquisición por enajenación voluntaria del inmueble
ubicado en la calle 127C # 89-35 de Bogotá mediante la Resolución 77518 de 28
de agosto de 20144, por encontrarse dentro de los predios requeridos para la
ejecución del proyecto Avenida El Rincón.

4. Aclaró que el predio se encontraba a nombre del demandante y de la señora
Sinforoza Torres de Castellanos, quien falleció en el año 2013 y para la fecha de
presentación de la demanda la sucesión se encontraba en proceso.

5. Agregó que el IDU elaboró el avalúo comercial del inmueble, contenido en el
Informe 2014-0727 de 9 de julio de 2014, en el que se determinó un valor de
$253.694.450.

6. Informó que el IDU ordenó en la Resolución 106413 de 4 de diciembre de 20145,
la expropiación administrativa del inmueble y fijó como precio indemnizatorio la
suma de $258.513.055, integrada por $253.694.450 correspondientes al valor del
terreno y las construcciones, así como $4.818.605 por concepto de daño
emergente.

7. Expuso que el avalúo utilizado para determinar el precio indemnizatorio se
elaboró el 9 de julio de 2014 de manera que, para la fecha de expedición de la
resolución de expropiación, transcurrieron más de 6 meses desde su elaboración.

8. Afirmó que interpuso recurso de reposición contra la Resolución 106413 de
2014, en el que cuestionó el valor indemnizatorio fijado por la entidad, por considerar
que no garantizaba la reparación integral del daño derivado de la expropiación, al
no reconocer adecuadamente el valor del inmueble ni el lucro cesante. En el recurso

3
“[…] Por medio del cual se declara la existencia de condiciones de urgencia para la adquisición de predios para la ejecución
de obras de valorización contempladas en el acuerdo 180 de 2005 mediante expropiación administrativa por razones de
utilidad pública e interés social […]”.
4
“[…] POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE POR EL PROCEDIMIENTO DE LA
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA […]”.
5
“[…] POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA […]”.

4

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

de reposición, solicitó la modificación de la resolución de expropiación y la
realización de un nuevo avalúo comercial del inmueble.

9. Señaló que el IDU resolvió el recurso mediante la Resolución 19938 de 24 de
marzo de 20156, por medio de la cual confirmó la decisión recurrida y se mantuvo
el precio indemnizatorio en la suma de $258.513.055. Sin embargo, la entidad
demandada pagó los valores del precio indemnizatorio hasta el 18 de junio de 2015.

I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

10. La parte demandante sostuvo que las Resoluciones 106413 de 2014 y 19938
de 2015 se encuentran falsamente motivadas y vulneran los artículos 29, 34 y 58
de la Constitución Política; 61 (inciso 4), 62, 68 y 70 (numerales 2 y 4) de la Ley 388
de 1997; 1 y 3 de la Resolución IGAC 620 de 23 de septiembre de 2008 7; 2 del
Decreto 1420 de 24 de julio de 19988, así como los principios de publicidad,
transparencia y contradicción.

11. Puso de presente que las Resoluciones 106413 de 2014 y 19938 de 2015
incurrieron en falsa motivación y vulneraron los derechos constitucionales al debido
proceso y a la propiedad privada, toda vez que el avalúo comercial que sirvió de
fundamento para fijar el precio indemnizatorio no reflejaba el valor real del inmueble
expropiado.

12. Argumentó que “[…] Se incurrió en la prohibición del artículo 34 de la
Constitución, "prohibición de destierro, confiscación", al violar las garantías
Constitucionales que garantizan el derecho de la propiedad privada y al expedir
Actos Administrativos incumpliendo los términos y requisitos procesales para la
elaboración de estos […]”.

13. Señaló que la entidad demandada desconoció los criterios técnicos previstos en
el Decreto 1420 de 1998 y en los artículos 1 y 3 de la Resolución IGAC 620 de 2008,
pues el estudio de mercado utilizado no incluyó inmuebles comparables ni ofertas
representativas que permitieran determinar adecuadamente el valor comercial del
bien. El inmueble fue subvalorado y el precio reconocido por la administración
resultó inferior al valor comercial que, según el dictamen aportado con la demanda,
ascendía a $415.117.440.

14. Alegó que la indemnización no cumplió el principio de reparación integral, ni
contempló la totalidad del lucro cesante, por cuanto la Resolución 106413 de 2014
omitió reconocer integralmente el lucro cesante derivado de la explotación
económica del inmueble.

15. Explicó que ese bien producía ingresos por concepto de cánones de 8
arrendamientos y la entidad tenía conocimiento de dicha circunstancia a partir de
los estudios sociales realizados durante el trámite de adquisición. No obstante, en
sede administrativa desconoció la existencia de los contratos de arrendamiento
celebrados entre Daniel Castellanos Torres y María Isabel Olarte Cabanzo sobre
uno de los apartamentos y un garaje.

6
"[…] POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN […]".
7
“[…] Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 […]”.
8
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995,
los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998,
que hacen referencia al tema de avalúos. […]”.

5

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

16. Sostuvo que se vulneraron los artículos 62 de la Ley 388 de 1997 y 2 del Decreto
1420 de 1998, porque la indemnización reconocida no adoptó el precio más
favorable ni podía limitarse únicamente al valor comercial del inmueble.

17. Frente a la transgresión de los artículos 61 y 68 de la Ley 388 de 1997,
argumentó que el IDU no agotó debidamente la etapa de enajenación voluntaria
previa a la expropiación ni acreditó el cumplimiento de los presupuestos legales
para acudir a la expropiación administrativa. Una vez comunicada la oferta de
compra, la entidad debía procurar en 30 días un acuerdo formal con el propietario,
antes de expedir la decisión de expropiación administrativa mediante acto motivado.

18. Planteó que e IDU quebrantó el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997
porque canceló la indemnización 11 meses después de la expedición del acto
expropiatorio definitivo, pese a que contaba con un plazo de 10 días.

19. Complementó que la administración desconoció los principios de publicidad,
transparencia y contradicción que gobiernan la gestión administrativa, en la medida
en que el avalúo no se encuentra motivado.

20. Afirmó que los actos demandados ocasionaron perjuicios por concepto de daño
emergente, representados en la diferencia entre el valor comercial real del inmueble
y el precio indemnizatorio reconocido, así como por concepto de lucro cesante,
correspondiente a las rentas dejadas de percibir con ocasión de la expropiación.

I.2. Contestación de la demanda

I.2.1. Instituto de Desarrollo Urbano9

21. La entidad presentó la excepción denominada “[…] LEGALIDAD DE LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS […]”. Sostuvo que las Resoluciones 106413 de 2014
y 19938 de 2015 fueron expedidas por autoridad competente, con observancia del
procedimiento previsto en la Ley 388 de 1997 y demás normas aplicables a la
expropiación por vía administrativa, por lo que se encontraban amparadas por la
presunción de legalidad.

22. Indicó que el valor indemnizatorio se fijó con fundamento en el avalúo comercial
2014-0727 de 9 de julio de 2014, elaborado por la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital, mediante la aplicación de las metodologías previstas en el
Decreto 1420 de 1998 y la Resolución IGAC 620 de 2008. El estudio contenía los
soportes técnicos necesarios, incluyendo análisis de mercado, información sobre
inmuebles comparables y los criterios utilizados para determinar el valor del terreno,
las construcciones y el daño emergente, sin que se hubiera acreditado alguna
inconsistencia técnica que desvirtuara sus conclusiones.
23. Explicó que los propietarios interpusieron recurso de reposición durante el
trámite administrativo, y previo a emitir un pronunciamiento de fondo se profirió auto
de apertura a pruebas de 9 de febrero de 2015, por un término de 15 días hábiles
el cual venció el 2 de marzo de 2015. Posteriormente, se prorrogó el término

9
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO CONTESTACION
DEMANDA(.pdf) NroActua 14. Página 425 y siguientes.

6

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Demandante: Daniel Castellanos Torres

mediante auto de 3 de marzo de 2015, adicionándolo por 15 días hasta el 24 de
marzo de 2015. Dicha actuación culminó con la ratificación del avalúo inicialmente
practicado.

24. Indicó que el demandante en el recurso de reposición no explicó la razón por la
cual los datos del estudio de mercado no son semejantes ni comparables con el
bien objeto de avalúo.

25. Respecto del lucro cesante, señaló que la administración reconoció dicho
concepto con fundamento en los contratos de arrendamiento cuya existencia fue
acreditada y validada durante la actuación administrativa. Después de la
documentación allegada por el recurrente, la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital modificó el avalúo inicial e incorporó dentro del precio
indemnizatorio el valor correspondiente a seis contratos de arrendamiento, por lo
que mediante la Resolución 19938 de 2015 se reconoció la suma de $12.936.000
por ese concepto.

I.3. Trámite del proceso en primera instancia

26. Mediante providencia de 5 de febrero de 201610, el magistrado sustanciador
admitió la demanda y ordenó la notificación de la entidad demandada y del
Ministerio Público. Por medio de auto11 de la misma fecha, se corrió traslado de la
solicitud de medida cautelar.

27.Mediante auto de 27 de junio de 201612, el despacho sustanciador negó la
medida cautelar solicitada por la parte demandante.

28. En providencia de 2 de mayo de 201813, se abrió el proceso a pruebas; se
tuvieron como tales los documentos allegados al expediente; se decretó el dictamen
pericial solicitado por la parte demandante y se negaron algunas pruebas solicitadas
por el IDU.

29. El 26 de julio de 201814 el perito rindió el dictamen pericial decretado. El 31 de
julio de 201815, el auxiliar de justicia corrigió dos páginas del informe por un error de
transcripción. El 1.º de agosto de 201816, el IDU formuló objeción por error grave
contra la mencionada prueba.

30. El 6 de noviembre de 201817 se llevó a cabo la diligencia de contradicción del
dictamen pericial decretado y el aportado con la demanda, y se dispuso correr
traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.

10
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 199 y siguientes.
11
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO MEDIDA CAUTELAR(.pdf)
NroActua 14 CUADERNO MEDIDA CAUTELAR(.pdf) NroActua 14”. Página 33 y siguientes.
12
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO MEDIDA CAUTELAR(.pdf)
NroActua 14 CUADERNO MEDIDA CAUTELAR(.pdf) NroActua 14”. Página 48 y siguientes.
13
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 249 y siguientes.
14
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 273 y siguientes.
15
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 300 y siguientes.
16
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 304 y siguientes.
17
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 321 y siguientes.

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

31. Mediante escritos radicados el 818 y 919 de noviembre de 2018, las partes
presentaron sus alegatos de conclusión.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

32. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 4 de abril de 201920, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO.- ACCÉDASE PARCIALMENTE a las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Daniel Castellanos
Torres, a través de apoderado judicial, contra el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU,
ÚNICAMENTE en relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor del
demandante en la suma de tres millones cuatrocientos veinte mil pesos M/Cte
($3.420.000.oo).

SEGUNDO.- NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO.- Sin condena en costas, conforme a la parte motiva de esta providencia.

CUARTO.- Por Secretaría, efectúese la liquidación de los gastos del proceso y
devuélvanse los remanentes, si a ello hay lugar […]” (negrilla del texto).

33. Previo a estudiar el fondo del asunto, el tribunal negó la objeción por error grave
propuesta por el IDU contra el dictamen pericial rendido en el proceso. El IDU
sostuvo que el dictamen: i) utilizó el método de comparación o de mercado para
establecer el valor comercial del terreno con base en ofertas que no correspondían
realmente a lotes; ii) no diferenció adecuadamente el valor del terreno y el de la
construcción; y iii) en el cálculo del lucro cesante los cánones de arrendamiento
tenidos en cuenta por el perito no correspondían a los valores realmente informados
por el propietario durante el trámite de adquisición predial.

34. Frente a la primera objeción, el tribunal indicó que la información provenía de
avisos publicados en la página Finca Raíz por lo que los datos podían verificarse
mediante los códigos de los anuncios y los teléfonos de contacto suministrados.

35. En cuanto a la supuesta falta de diferenciación entre el valor del terreno y el de
la construcción, señaló que el auxiliar de justicia tuvo en cuenta ambos
componentes, y que al valor de la construcción se le aplicaron las depreciaciones
correspondientes.

36. Respecto de la tercera objeción, referida al cálculo del lucro cesante, indicó que
los arrendamientos sumaban $2.770.000 mensuales, de modo que la cifra utilizada
por el perito se encontraba acreditada.

37. Acto seguido, resolvió el cargo de infracción de las normas en las que los actos
demandados debieron fundarse. Para ello, advirtió que el avalúo oficial con base en
el cual el IDU fijó el precio indemnizatorio se ajustó a las exigencias legales, tal y
como constaba en las pruebas obrantes en el expediente porque: i) empleó los
métodos de mercado y de costo de reposición; ii) tuvo en cuenta los parámetros y

18
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 341 y siguientes.
19
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 347 y siguientes.
20
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 373 y siguientes.

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

características al momento de la determinación del valor comercial en relación con
el terreno y las construcciones; iii) identificó de manera física el predio señalando
su localización, dirección, uso y estado de conservación; y iv) se fundamentó en una
visita realizada el 9 de junio de 2014.

38. Explicó que, por el contrario, en el avalúo comercial aportado por la parte
demandante, pese a que se anunció la utilización del método de costo de reposición
para avaluar el inmueble, el perito no acató los parámetros técnicos enunciados en
el artículo 10 de la Resolución 620 de 2008. Ese avalúo tampoco indicó la suma de
los costos directos, indirectos, financieros y de gerencia del proyecto en los que
debería incurrir para la realización de la obra, ni los volúmenes y unidades
requeridos para la construcción.

39. Adujo que la Resolución 19938 de 24 de marzo de 2015 modificó los artículos
2, 3 y 4 de la Resolución 106413 de 4 de diciembre de 2014, en el sentido de
reconocer, por concepto de lucro cesante, la suma de $12.936.000.

40. Señaló que la entidad demandada excluyó dos contratos de arrendamiento que
sirvieron de fundamento para que procediera la indemnización a título de lucro
cesante, por cuanto la arrendataria no se encontraba en la “[…] ficha censal
levantada por parte del área social del instituto en la visita realizada al predio
expropiado […]”. Sin embargo, en el proceso se demostró la existencia de esos
contratos a través de la declaración juramentada expedida por la Notaría Cincuenta
y Nueve del Círculo de Bogotá del 27 de enero de 2015.

41. Manifestó que en el dictamen rendido por el perito se relacionaron los 8
contratos y se determinó que el valor del lucro cesante de julio a diciembre de 2014
equivalía a $16.620.000, valor que correspondía al estimado por la parte
demandante.

42. Advirtió que el registro censal al que se refirió en la Resolución 19938 de 2015
no fue aportado por el IDU. Por lo tanto, como no existía prueba alguna que
soportara tal afirmación, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en
relación con el lucro cesante no reconocido, por la suma de $3.420.000.

III. FUNDAMENTO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. Parte demandante21

43. Sostuvo que el tribunal omitió pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria
encaminada a que se declarara sin efectos la expropiación por vía administrativa,
fundada en el incumplimiento del término previsto en el numeral 4.º del artículo 70
de la Ley 388 de 1997 para el pago de la indemnización.

44. Explicó que la Resolución 19938 de 2015, mediante la cual se resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 106413 de 2014, fue
notificada personalmente el 25 de marzo de 2015, por lo que el IDU contaba con 10
días para poner a disposición el valor indemnizatorio. Sin embargo, dicho pago se
efectuó el 18 de junio de 2015, cuando había vencido el plazo legal.

21
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 414 y siguientes.

9

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

45. Sostuvo que se configuró la consecuencia prevista en el numeral 4.º del artículo
70 de la Ley 388 de 1997, consistente en que la decisión de expropiación no
produjera efecto alguno y la entidad debiera surtir nuevamente el procedimiento
expropiatorio.

46. Alegó que el tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria, aunque
desestimó las objeciones formuladas por el IDU contra el dictamen pericial rendido
por el ingeniero Antonio Ramírez Tafur, ya que omitió examinar su contenido y
alcance al momento de adoptar la decisión.

47. Señaló que la sentencia se limitó a comparar el avalúo elaborado por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital con el avalúo aportado por la parte
demandante, sin efectuar un análisis del dictamen pericial decretado y practicado
dentro del proceso, pese a tratarse de una prueba orientada a determinar el valor
real del inmueble expropiado.

48. Agregó que el dictamen pericial constituía un medio de prueba determinante
para establecer el justo precio del inmueble y que el tribunal estaba obligado a
valorar integralmente dicho elemento probatorio, de conformidad con las reglas de
la sana crítica. Por ello, la sentencia carece de una valoración probatoria suficiente.

III.2. Instituto de Desarrollo Urbano - IDU22

49. Solicitó revocar el numeral primero de la sentencia de primera instancia,
mediante el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se
reconoció una suma adicional por concepto de lucro cesante.

50. Sostuvo que la administración reconoció el lucro cesante con fundamento en
las pruebas válidamente aportadas y verificadas durante la actuación administrativa.
Al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 106413 de
2014, se ordenó la revisión de los contratos de arrendamiento allegados por los
propietarios y se solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital su
validación técnica, actuación que culminó con la incorporación de dicho concepto al
precio indemnizatorio por valor de $12.936.000.

51. Afirmó que no procedía reconocer un valor superior por concepto de lucro
cesante, porque dos de los ocho contratos de arrendamiento aportados por el
demandante, correspondientes a la señora María Isabel Olarte, no aparecían
registrados en la ficha censal elaborada durante la visita practicada al inmueble
expropiado. Por esta razón, consideró que dichos contratos carecían del soporte
necesario para ser tenidos en cuenta dentro de la liquidación de la indemnización.

52. Cuestionó las conclusiones del dictamen pericial acogido por el tribunal, al
señalar que el auxiliar de justicia tomó en consideración cánones de arrendamiento
que no coincidían con la información validada por la administración durante el
procedimiento de adquisición del inmueble. El dictamen estimó ingresos mensuales
por arrendamiento de $2.770.000, pero la tasación administrativa determinó una
renta mensual de $2.200.000.

22
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 402 y siguientes.

10

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

53. Adujo que el tribunal desconoció que el lucro cesante debe corresponder a un
perjuicio cierto y plenamente acreditado. En ese sentido, sostuvo que los contratos
excluidos por la administración no demostraban de manera suficiente la existencia
de las rentas reclamadas y que, en consecuencia, el dictamen pericial no
desvirtuaba la legalidad del avalúo oficial ni del valor indemnizatorio reconocido en
los actos demandados.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

54. Mediante auto de 15 de mayo de 201923 el magistrado sustanciador del proceso
en primera instancia concedió ante el Consejo de Estado los recursos de apelación
presentados por la parte demandante y la parte demandada.

55. Por auto de 13 de marzo de 202024 esta autoridad judicial ordenó la devolución
del expediente al tribunal para que se celebrara la audiencia de conciliación prevista
en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

56.En audiencia de 24 de febrero de 202125 se llevó a cabo la audiencia de
conciliación posterior al fallo, la cual se declaró fallida.

57. Esta autoridad judicial, a través de auto de 13 de abril de 202126 admitió los
recursos de apelación y corrió traslado a los sujetos procesales para que
presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

58. La parte demandada presentó escrito el 7 de mayo de 202127 en el que reiteró
los argumentos del recurso de apelación.

59. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

60. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) los actos administrativos demandados; iii)
el planteamiento del problema jurídico; y iv) el análisis del caso concreto.

V.1. Competencia

61. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 1328 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201929, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

23
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 422.
24
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO PRINCIPAL APELACION
SENTENCIA II(.pdf) NroActua 14”. Página 5 y siguientes.
25
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 438.
26
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO PRINCIPAL APLELACION
SENTENCIA(.pdf) NroActua 14”. Página 5.
27
Cfr. Índice 8 expediente digital de segunda instancia.
28
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
29
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

11

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

V.2. Los actos administrativos demandados

62. En la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución 10641330 de 4 de
diciembre de 201431, cuya parte resolutiva señala:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía administrativa a favor
del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU del inmueble ubicado en CL 127C No 89 - 35
de la ciudad de Bogotá D.C., con cédula catastral 009218381400000000, CHIP
AAA01237UYJH y matrícula inmobiliaria 50N-20110443, cuyos titulares inscritos
objeto de expropiación son los señores DANIEL CASTELLANOS TORRES,
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.689.658, y SINFOROSA TORRES DE
CASTELLANOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.420.288, conforme al
registro topográfico número 40862, elaborado por la Dirección Técnica de Predios en
el mes de agosto de 2014, cuyos linderos específicos son: Por el NORTE: Del punto
F al punto A, en línea recta y distancia de (8.95 mts) lindando con la CL 127C. Por el
ORIENTE: Del punto A al punto B en línea recta y distancia de (9.05 mts) lindando
con propiedad particular RT 40861. Por el SUR: Del punto B al punto D pasando por
el punto C, en línea recta y distancias parciales de (3.69 mts) y (5.33 mts), lindando
con propiedad particular RT 40864. Por el OCCIDENTE: Del punto D al punto F
pasando por el punto E, en línea recta y distancias parciales de (7.14 mts) y (1.86
mts), lindando con propiedad particular RT 40863 y cierra.

ARTÍCULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($258.513.055,oo) MONEDA CORRIENTE, el citado
valor incluye:

1. La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
($253.694.450,oo) MONEDA CORRIENTE, por concepto de terreno más
construcción conforme al avalúo comercial No. 2014-0727 de fecha 9 de julio de
2014, elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital -
Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de Información Económica.

2. La suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL
SEISCIENTOS CINCO PESOS ($4.818.605,oo) MONEDA CORRIENTE, por
concepto de daño emergente conforme el avalúo comercial No. 2014-0727 de
fecha 9 de julio de 2014, elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro
Distrital - Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de Información
Económica.

PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación, no implica la aplicación
del artículo 129 de la Ley 142 de 1994 que establece la cesión de los contratos de
servicios públicos con ocasión de la transferencia del dominio. “En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los contratos de servicios
públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa. La cesión operará de
pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio”, teniendo en cuenta que los predios
adquiridos por el IDU por motivos de utilidad pública e interés social son destinados
exclusivamente a la construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble con vocación de
domicilio para convertirse en un bien de uso público dejando por ello de ser
destinatario de servicios públicos domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo
responsable del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos, a los señores DANIEL CASTELLANOS TORRES y
SINFOROSA TORRES DE CASTELLANOS.

30
“[…] POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA […]”.
31
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 37 y siguientes.

12

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

ARTÍCULO TERCERO.- FORMA DE PAGO.- El trámite del pago se efectuará por la
Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, previa autorización expresa y escrita de
la Dirección Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y
CINCO PESOS ($258.513.055,oo) MONEDA CORRIENTE, el citado valor, será
puesto por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano a disposición de
los señores DANIEL CASTELLANOS TORRES, identificado con cédula de
ciudadanía No. 13.689.658 y SINFOROSA TORRES DE CASTELLANOS,
identificada con cédula de ciudadanía No. 28.420.288, una vez ejecutoriada la
presente resolución y efectuados los respectivos trámites financieros.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto a
disposición de los señores DANIEL CASTELLANOS TORRES y SINFOROSA
TORRES DE CASTELLANOS, no es retirado dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes, este se consignará en la entidad financiera autorizada para tal efecto, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 70 de la Ley 388 de 1997,
remitiendo copia de la consignación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
considerándose que de esta manera ha quedado formalmente efectuado el pago.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se
efectuarán los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones
aplicables, contemplados en la normatividad vigente.

PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de dinero correspondiente
al único contado, se deberá verificar el estado de cuenta por la contribución de
valorización; en caso de existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a
la compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del Código Civil
Colombiano.

ARTÍCULO CUARTO.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la
adquisición se ampara en el presupuesto del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, según Certificado de Registro Presupuestal No. 3682 del 2 de octubre de
2014, emitido por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad de la
Dirección Técnica Financiera del IDU.

ARTÍCULO QUINTO.- DESTINACIÓN.- El inmueble referido, será destinado para la
construcción de la obra AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ
HASTA LA CARRERA 91 POR LA CALLE 125 código de Obra 108, de conformidad
con la Resolución 0700 del 21 de abril de 2009, expedida por la Secretaría Distrital
de Planeación.

ARTÍCULO SEXTO.- SOLICITUD CANCELACIÓN OFERTA, GRAVÁMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO.- Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 68 núm. 4 de la Ley 388 de 1997, se ordena cancelar la Anotación número
11 de fecha 29 de octubre de 2014, Radicación: 2014-77109 del Folio de Matrícula
Inmobiliaria 50N-20110443 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona
Norte, donde se encuentra registrada la Resolución No. 77518 del 28 de agosto de
2014 “POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE, POR
EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA Y SE
FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA”.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- ORDEN DE INSCRIPCIÓN.- De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 68 núm. 4 de la Ley 388 de 1997, ORDENASE (sic) al(a)
señor(a) Registrador(a) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona
Norte, inscribir la presente resolución en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20110443, con lo que se surtirán los efectos atinentes a la transferencia del derecho
de dominio en cabeza del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, identificada
con Nit: 899.999.081-6.

ARTÍCULO OCTAVO.- ENTREGA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
70 numeral 3 de la Ley 388 de 1997, efectuado el registro de la presente resolución
el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO exigirá la entrega del inmueble

13

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

identificado en el artículo primero (1º), para lo cual en caso de renuencia del
expropiado acudirá al auxilio de las autoridades de policía.

ARTÍCULO NOVENO.- Notifíquese la presente resolución de conformidad con las
reglas establecidas en el artículo 66 y ss. del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo a los señores DANIEL CASTELLANOS TORRES,
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.689.658, y SINFOROSA TORRES DE
CASTELLANOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.420.288, haciéndole
saber que contra la presente solo procede el recurso de reposición, dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha de notificación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 69 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]” (negrilla del
texto).

63. También se demandó la Resolución 19938 de 24 de marzo de 201532 que
dispuso modificar la Resolución 106413 de 4 de diciembre de 2014, en los
siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los artículos segundo, tercero y cuarto de la
Resolución número 106413 del 4 de diciembre de 2014, “Por la cual se ordena una
expropiación por vía administrativa”, los cuales quedarán así:

ARTÍCULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es
de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($271.449.055.oo) MONEDA
CORRIENTE, el citado valor incluye:

1. La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
($253.694.450,oo) MONEDA CORRIENTE, por concepto de terreno más
construcción conforme al avalúo comercial No. 2014-0727 de fecha 9 de julio
de 2014, elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital -
Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de Información Económica.

2. La suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL
SEISCIENTOS CINCO PESOS ($4.818.605,oo) MONEDA CORRIENTE, por
concepto de daño emergente conforme el avalúo comercial No. 2014-0727 de
fecha 9 de julio de 2014, elaborado por la Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital - Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de
Información Económica y el informe de reconocimientos económicos de fecha
2 de diciembre de 2014, adicionada por el informe de fecha 20 de marzo de
2015, elaborado por el Grupo Económico de la Dirección Técnica de Predios
del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

3. La suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS
($12.936.000,oo) MONEDA CORRIENTE, por concepto de lucro cesante
conforme el informe técnico de avalúo comercial No. 2014-0727 de fecha 16 de
marzo de 2015, que adiciona el informe técnico de avalúo comercial No. 2014-
0727 de fecha 9 de julio de 2014, elaborado por la Unidad Administrativa
Especial Catastro Distrital.

PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación, no implica la aplicación
del artículo 129 de la Ley 142 de 1994 que establece la cesión de los contratos de
servicios públicos con ocasión a la transferencia del dominio: “En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los contratos de servicios
públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa. La cesión operará de
pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio”, teniendo en cuenta que los predios
adquiridos por el IDU por motivos de utilidad pública e interés social son destinados

32
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 44 y siguientes.

14

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

exclusivamente a la construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble con vocación de
domicilio para convertirse en un bien de uso público dejando por ello de ser
destinatario de servicios públicos domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo
responsable del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos a los señores DANIEL CASTELLANOS TORRES y
SINFOROSA TORRES DE CASTELLANOS.

ARTÍCULO TERCERO.- FORMA DE PAGO.- El trámite del pago se efectuará por la
Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, previa autorización expresa y escrita de
la Dirección Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la cantidad de DOSCIENTOS
SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($271.449.055,oo) MONEDA CORRIENTE, el citado
valor, será puesto por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano a
disposición de los señores DANIEL CASTELLANOS TORRES, identificado con
cédula de ciudadanía No. 13.689.658 y SINFOROSA TORRES DE CASTELLANOS,
identificada con cédula de ciudadanía No. 28.420.288, una vez ejecutoriada la
presente resolución y efectuados los respectivos trámites financieros.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto a
disposición de los señores DANIEL CASTELLANOS TORRES y SINFOROSA
TORRES DE CASTELLANOS, no es retirado dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes, este se consignará en la entidad financiera autorizada para tal efecto, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 70 de la Ley 388 de 1997,
remitiendo copia de la consignación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
considerándose que de esta manera ha quedado formalmente efectuado el pago.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se
efectuarán los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones
aplicables, contemplados en la normatividad vigente.

PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de dinero correspondiente
al único contado, se deberá verificar el estado de cuenta por la contribución de
valorización; en caso de existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a
la compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del Código Civil
Colombiano.

ARTÍCULO CUARTO.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la
adquisición se ampara en el presupuesto del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, según Certificado de Registro Presupuestal No. 1901 del 24 de marzo de
2015, expedido por la Dirección Técnica Administrativa Financiera - Subdirección
Técnica de Presupuesto y Contabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar los demás artículos de la Resolución No. 106413
del 4 de diciembre de 2014, por las consideraciones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente resolución al Doctor CAMILO
FERNANDO PEÑA ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.032.362.680 y Tarjeta Profesional No. 213.474 del C. S. de la J., actuando en
condición de apoderado de señor DANIEL CASTELLANOS TORRES, identificado
con cédula de ciudadanía No. 13.689.658, titular del derecho real de dominio, de
acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 68 y ss del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, informándole que contra la
presente providencia no procede recurso alguno y queda agotada la actuación
administrativa, según lo establecido en el artículo 69 de la Ley 388 de 1997 […]”
(negrilla del texto).

15

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

V.3. El planteamiento del problema jurídico

64. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de
4 de abril de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

65. En la providencia apelada, el tribunal accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda en el sentido de reconocer una suma adicional por concepto del
lucro cesante derivado de la pérdida de ingresos por arrendamiento, y negó las
demás pretensiones.

66. La parte demandante sostuvo en su recurso de apelación que el tribunal omitió
pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria encaminada a que se declarara sin
efectos la expropiación por vía administrativa, debido a que el IDU no puso a
disposición de los propietarios el valor de la indemnización dentro del término de 10
días previsto en el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997.

67. Asimismo, alegó que la sentencia no valoró adecuadamente el dictamen pericial
practicado dentro del proceso, pese a haber desestimado las objeciones formuladas
en su contra.

68. Por su parte, el Instituto de Desarrollo Urbano afirmó que el tribunal no debió
reconocer una suma adicional por concepto de lucro cesante, toda vez que dicho
perjuicio debía fundarse en pruebas ciertas y suficientes.

69. Señaló que los contratos excluidos no debían ser tenidos en cuenta por no
encontrarse reflejados en la ficha censal levantada durante la visita al inmueble; y
que el dictamen pericial practicado por el tribunal no desvirtuaba la legalidad de los
actos administrativos demandados frente al componente del lucro cesante
reconocido.

V.4. Análisis del caso concreto

70. Para resolver los problemas jurídicos planteados en el recurso de apelación, la
Sala estudiará: i) la vulneración del artículo 70 de la Ley 388 de 1997; ii) la
presunción de legalidad del precio indemnizatorio contenido en el acto
administrativo demandado; y iii) el reconocimiento del lucro cesante por los cánones
de arrendamiento dejados de percibir.

V.4.1. La vulneración del artículo 70 de la Ley 388 de 1997

71. La parte demandante sostuvo que la Resolución 19938 de 2015 se notificó de
manera personal al interesado el día 25 de marzo de 2015, es decir, “[…] que a
partir del día siguiente, el Instituto de Desarrollo Urbano contaba con 10 días para
realizar el pago de esa indemnización, so pena, de que la decisión de expropiación
por vía administrativa no producirá efecto alguno y la entidad deberá surtir
nuevamente el procedimiento expropiatorio. (Numeral 4° del artículo 70 de la Ley
388 de 1997) […]”.

72.Afirmó que el 18 de junio de 2015 se puso a disposición del demandante el
pago, transcurridos 3 meses y 7 días de haberse expedido la resolución.

16

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

73. Para resolver lo anterior, se precisa que el numeral 4 del artículo 70 de la Ley
388 de 1997 indica que en caso de que la entidad no ponga a disposición del
propietario el precio indemnizatorio, la decisión de expropiación por vía
administrativa no producirá ningún efecto y la entidad deberá surtir nuevamente el
procedimiento expropiatorio.

74. Esta Sección33 determinó que el alcance jurídico de la norma indicada supra se
refiere a la eficacia del acto administrativo que declara la expropiación y no a una
causal de nulidad. Por lo tanto, en caso de verificarse la falta de pago, la
administración no puede ejecutar esa decisión ni exigir su cumplimiento porque
omitió adelantar las actuaciones indispensables para que el acto existente y válido
provoque los efectos jurídicos deseados. Sin embargo, esa omisión no desvirtúa la
presunción de legalidad del acto expropiatorio.

75.De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente34, la Subdirección
Técnica de Tesorería y Recaudo del Instituto de Desarrollo Urbano expidió el 26 de
mayo de 2015 la orden de pago número 1920. Igualmente, obra en el proceso el
comprobante de pago 3141 de 11 de junio de 201535.

76. El día 18 de junio de 201536 en las oficinas de la Subdirección Técnica de
Tesorería y Recaudo del Instituto de Desarrollo Urbano, se hizo entrega al
demandante, en un sobre sellado, el cual contenía la identificación del pago “[…]
solicitado al Banco de Occidente en fecha 17/06/2015, para reclamar el cheque en
la Sucursal Avenida 19, por valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
MCTE.($131.192.897.00) por concepto del pago del precio indemnizatorio señalado
en el artículo Tercero de la Resolución de Expropiación número 106413 de 2014 y
19938 de 2015, con Orden de Pago No 1920 del 17/06/2015 […]”.

77. Por lo tanto, contrario a lo afirmado por el apelante, el pago de la indemnización
se realizó en un término prudencial y razonable, sin que dicho reparo corresponda
a una causal de nulidad conforme al criterio jurisprudencial vigente de esta Sección.

V.4.2. La presunción de legalidad del precio indemnizatorio contenido en el
acto administrativo demandado

78.La determinación del valor comercial del bien inmueble tiene un carácter técnico
que se fundamenta en los procedimientos y parámetros previstos en el Decreto
1420 de 1998 y en la Resolución 620 de 2008, expedida por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi.

79. Conforme con los artículos 20, 21, 22 y 25 del Decreto 1420, el avaluador debe
acudir a la metodología prevista en la reglamentación, especificar cuál fue el método
utilizado, definir el valor comercial desglosando el valor del suelo, edificaciones y

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 27 de febrero de 2015, Rad.
25000234100020150240201, C.P. Hernando Sánchez Sánchez y 28 de mayo de 2026, Rad. 25000234100020170006103,
C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
34
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO CONTESTACION
DEMANDA(.pdf) NroActua 14. Página 96.
35
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO CONTESTACION
DEMANDA(.pdf) NroActua 14. Página 97.
36
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 171 y siguientes.

17

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

mejoras, y tener en cuenta la reglamentación urbanística vigente, la destinación
económica, los valores unitarios de las construcciones, los aspectos físicos, la clase
de suelo, las construcciones en la zona, la estratificación socioeconómica y las
construcciones existentes.

80. El artículo 25 ibídem precisa que los avalúos comerciales de inmuebles que se
requieran con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 se deberán
efectuar aplicando el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual o, si el caso lo
amerita, varios de ellos. El artículo 26 del decreto mencionado establece que
cuando las condiciones del inmueble objeto del análisis permitan la aplicación de
uno o más de los métodos enunciados, el avaluador debe realizar las estimaciones
correspondientes y sustentar el valor que se determine.

81. La Resolución 620 de 2008 del IGAC define el alcance de cada uno de los
métodos referidos y su forma de aplicación, e igualmente regula las etapas,
procedimientos y normas metodológicas para la realización de los avalúos.

82. En el artículo 6 de la resolución ibídem se determinan las etapas para la
elaboración de los avalúos. La norma establece que la elaboración de un avalúo
exige la revisión documental, jurídica, urbanística y física del inmueble, así como la
verificación en terreno de sus características y condiciones, con el fin de obtener los
elementos técnicos necesarios para determinar su valor comercial.

83. En relación con el método de mercado, la resolución dispone:

“[…] Artículo 1º.- Método de comparación o de mercado. Es la técnica valuatoria
que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas
o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto
de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.

[…] Artículo 10º.- Método de Comparación o de mercado. Cuando para la
realización del avalúo se acuda a información de ofertas y/o transacciones, es
necesario que en la presentación del avalúo se haga mención explícita del
medio del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación, además de
otros factores que permitan su identificación posterior.

Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad horizontal, el valor del terreno
y la construcción deben ser analizados en forma independiente para cada uno de los
datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios. Para los
inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal se debe presentar el valor por
metro cuadrado de área privada de construcción.

Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y construcción sean
coherentes.

En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías de los predios en
oferta o de los que se ha obtenido datos de transacción para facilitar su posterior
análisis. […]” (negrilla fuera del texto).

84. Respecto del método residual señala que:

“[…] Artículo 4º.- Método (técnica) residual. Es el que busca establecer el valor
comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total
de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación

18

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el
terreno objeto de avalúo.
Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar, al monto total de las
ventas proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto
constructivo. Es indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica se
evalúe la factibilidad comercial del proyecto, es decir la real posibilidad de vender lo
proyectado.

Parágrafo. Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el principio de mayor y
mejor uso, según el cual el valor de un inmueble susceptible de ser dedicado a
diferentes usos será el que resulte de destinarlo, dentro de las posibilidades legales
y físicas, al económicamente más rentable, o si es susceptible de ser construido con
distintas intensidades edificatorias, será el que resulte de construirlo, dentro de las
posibilidades legales y físicas, con la combinación de intensidades que permita
obtener la mayor rentabilidad, según las condiciones de mercado.

[…] Artículo 14º.- Método (técnica) residual. En desarrollo de este método (técnica),
se debe tener en cuenta:

Para el cálculo de ventas totales, se debe analizar el tipo de producto que por efectos
del principio de mayor y mejor uso se pueda dar sobre el predio, para lo cual se deben
referenciar las ofertas de inmuebles comparables y semejantes al proyecto
planteado, así como las características de áreas, valores de venta, elementos
del proyecto, entre otros que este tenga.

El costo total es la suma del costo de urbanismo asociado al proyecto y/o plan parcial
y el costo de la construcción siendo este la suma de los costos directos, costos
indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, teniendo en cuenta los
volúmenes y unidades requeridas para el proyecto planteado.

El costo de urbanismo se establece como la suma de los costos para habilitar el suelo
a usos específicos e incluye las cargas asociadas a su desarrollo.

La utilidad esperada debe ser concordante con los usos y su estratificación, ubicación
espacial, especificaciones del tipo de proyecto que sobre el predio se plantee,
teniendo en cuenta las condiciones de renta fija presentes en el momento del cálculo,
así como la tasa interna de retorno y que el valor presente de este proyecto sea como
mínimo igual a cero.

El valor resultante de esta técnica es el valor total del inmueble, es decir, del valor
del terreno y del valor de la construcción sobre él edificada, por lo tanto, al valor
obtenido no se debe agregar el valor de la construcción.

Cuando se requiera presentar en el avalúo de forma independiente, tanto el valor del
terreno como el de la construcción, se deberá hacer de la siguiente forma: calcular
por el método de reposición el valor de la construcción y descontarla al valor total del
inmueble. […]” (negrilla fuera del texto).

85.Se destaca además que el artículo 2337 de la Ley 1682 de 22 de noviembre de
201338 permite incluir en el valor comercial el monto de las indemnizaciones o
compensaciones, si estas son procedentes.

86. El artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, establece que el precio de adquisición
será igual al valor comercial. El valor comercial se determina teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística, la destinación económica, el daño emergente y el lucro
cesante. El daño emergente incluye el valor del inmueble (terreno, construcción y/o

37
“[…] ARTÍCULO 23. Avaluadores y metodología de avalúo. El avalúo comercial para la adquisición o expropiación de los
inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte será realizado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas
y autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz. El avalúo comercial, de ser procedente, incluirá el valor de las
indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso realizar por afectar el patrimonio de los particulares […]”.
38
“[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias […]”.

19

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

cultivos objeto de adquisición). El lucro cesante se calculará según los rendimientos
reales del inmueble al momento de la adquisición y hasta por un término de seis (6)
meses.

87. Con fundamento en este marco normativo, la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de 4 de abril
de 2019, negó las pretensiones de la demanda que cuestionaban el daño emergente
reconocido, luego de comparar el avalúo oficial elaborado por la UAECD, con el
avalúo aportado por la parte demandante núm. 9.868/2014 de 7 de octubre de 2014,
elaborado por Sarmiento & Osorio Soluciones Inmobiliarias y suscrito por la perito
Diana Patricia Osorio Abello.

88. Respecto del avalúo oficial, el tribunal de primera instancia consideró lo
siguiente:

“[…] Según se aprecia por la Sala, el avalúo con base en el cual el IDU fijó el precio
indemnizatorio se ajusta a las exigencias legales expuestas para la obtención de los
mismos, según consta dentro de los documentos anexos al expediente, pues se
emplearon los métodos de mercado y de costo de reposición que, según se
afirmó, se definen de la siguiente manera (Fl. 151, Cdno. de contestación de la
demanda):

“Método de mercado: Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor
comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de
bienes semejantes o comparables al del objeto del avalúo.

Método de costo de Reposición: Es el que busca establecer el valor comercial del
bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios
de hoy, de un bien semejante al del objeto de avalúo y restarle la depreciación
acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente al
terreno.”

Además, se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros y características al
momento de la determinación del valor comercial: (i) Respecto del terreno: a) la
reglamentación urbanística vigente del inmueble objeto del avalúo; b) la estratificación
socioeconómica del bien; c) aspectos físicos tales como el área, ubicación, topografía
y forma de la reserva vial; y d) la dotación de redes primarias, secundarias y
acometidas de servicios públicos domiciliarios. (ii) Respecto de las construcciones:
a) el área de las construcciones existentes autorizadas legalmente; b) los elementos
constructivos empleados en su estructura y acabados; c) el estado de conservación
física; d) la vida útil de la construcción; y e) la funcionalidad del inmueble en relación
con el objeto para el cual fue construido.

Igualmente, se identificó de manera física al predio, señalando su localización,
dirección clara, uso que se le está dando, edad y estado de conservación; también se
informó que la visita respectiva se realizó al predio el 9 de junio de 2014 la cual, a
juicio de la Sala, permitió identificar sus características. […]” (negrilla del texto).

89. En todo caso, al resolver las objeciones presentadas por el IDU al dictamen
pericial rendido por el ingeniero Antonio Ramírez Tafur, consideró:

20

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

90. En este contexto, el demandante sostuvo que el tribunal incurrió en una indebida
valoración probatoria, porque rechazó la objeción por error grave formulada por el
IDU contra el dictamen pericial rendido por el ingeniero Antonio Ramírez Tafur, pero
omitió examinar su contenido al momento de decidir el fondo del asunto.

91. El demandante afirmó que el dictamen pericial constituía una prueba
determinante para establecer el justo precio del inmueble y los perjuicios derivados
de la expropiación, por lo que el tribunal estaba obligado a valorarlo conforme a las
reglas de la sana crítica.

92. Para resolver los planteamientos, la Sala pone de presente que el hecho
consistente en que el tribunal hubiera desestimado la objeción por error grave no
implica que estaba obligado a acoger integralmente las conclusiones del perito ni a
sustituir el valor indemnizatorio fijado por la administración en cuanto al daño
emergente, por el propuesto en la mencionada prueba; pues de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, el dictamen pericial constituye un elemento de juicio que
debe ser apreciado en conjunto con las demás pruebas obrantes en el expediente.
93. Esta Sección39 ha considerado que en los procesos en los que se controvierte
el precio indemnizatorio fijado en un acto de expropiación administrativa, el
dictamen pericial constituye un importante medio de convicción para verificar si el
avalúo que sirvió de fundamento a la actuación administrativa se ajusta a los
parámetros técnicos y normativos aplicables.

94. Sin embargo, su finalidad no consiste en sustituir la valoración efectuada por la
autoridad competente ni en imponer al juez el valor determinado por el auxiliar de
justicia, sino en suministrar elementos objetivos que permitan establecer si el avalúo

39
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 2020,
Rad. 05001233100020090022701, C.P. Oswaldo Giraldo López.

21

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

oficial incurrió en errores técnicos, metodológicos o fácticos capaces de desvirtuar
la presunción de legalidad que lo ampara.

95. En el plenario obra el avalúo comercial 2014-0727 de 9 de julio de 201440,
elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital.

96. Del documento se destaca la siguiente información:

“[…] 6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN

6.1 DESCRIPCIÓN:
N.º de pisos: Cuatro (4).
Estructura: Concreto reforzado.
Cubierta: Teja de fibrocemento.
Fachada: Bloque a la vista y pañete liso.
Ventanería: Lámina.
Acabados
Pisos: Tableta de granito y cerámica.
Muros: Estucados y pintados.
Cielorraso: Caraplast.
Carp. Madera: Puertas.
Carp. Metálica: Portón, puertas y marcos.
Cocina: Mesón de concreto enchapado en cerámica.
Baño: Enchapados en cerámica con aparatos en porcelana.
Distribución:
Piso 1: Garaje, sala-comedor, cocina, lavadero, 2 alcobas y 2 baños.
Piso 2: Un apartamento (sala-comedor, cocina, área de ropas, 1 alcoba y baño) y un
apartamento (comedor, cocina, área de ropas, 2 alcobas y baño).
Piso 3: Sala-comedor, cocina, área de ropas, 3 alcobas y baño.
Piso 4: Terraza cubierta, 1 alcoba con baño, 1 alcoba sencilla y área de ropas.
Edad aproximada: 15 años.
Fuente: Información obtenida durante la inspección.

6.2 ÁREA CONSTRUCCIÓN:

ITEM ÁREA
4 pisos teja 334,03
ÁREA TOTAL 334,03

Fuente: Registro topográfico N.° 40862, suministrado por el IDU.

6.3 EQUIPAMIENTO COMUNAL:

No aplica.

6.4 OTROS (ANEXOS):
ITEM ÁREA
Antepecho 5,40
ÁREA TOTAL 5,40
ITEM ÁREA
Placa volada 1,34
ÁREA TOTAL 1,34

Fuente: Registro topográfico N.° 40862, suministrado por el IDU.

40
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO CONTESTACION
DEMANDA(.pdf) NroActua 14. Página 208 y siguientes.

22

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

7. MÉTODOS DE AVALÚO - CÁLCULOS Y JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS

El presente informe cumple con las normas legales del Decreto 1420 de 1998 y las
metodologías establecidas en la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi. En desarrollo del trabajo se utilizaron los siguientes métodos para
determinar los valores reportados.

7.1 PARA EL VALOR DEL TERRENO:

El método de comparación o de mercado es la técnica valuatoria que busca
establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al objeto de avalúo.
Tales ofertas o transacciones deberán ser calificadas, analizadas e interpretadas para
llegar a la estimación del valor comercial.

Por lo anterior, con un límite inferior de $1'043.688/m² y límite superior de $1'206.768
m², con un coeficiente de variación del 7,25%.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el mercado no ha tenido variaciones, se le
asignó un valor por metro cuadrado de terreno de $1.150.000,00/m².

7.2 PARA EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN:

El método de costo de reposición es el que busca establecer el valor comercial del
bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de
hoy, un bien semejante al objeto de avalúo, y restarle la depreciación física y por
estado de conservación, basadas en las tablas de Fitto y Corvini, según Resolución
620 de 2.008 expedida por IGAC.

Para determinar el valor de reposición se utilizaron como referencia los costos por
tipología elaborados por la UAECD.

ESTADO DE DEPRECIACIÓ VALOR VALOR VALOR VALOR CÓDIG
CONSERVA N REPOSICIÓ DEPRECIADO FINAL ADOPTADO O
CIÓN N UAECD
2.5 16,01% $57 $91.27 $478.724 $479.000 122214
0.00 6
0

7.3 PARA EL VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES:

El método de costo de reposición es el que busca establecer el valor comercial del
bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de
hoy, un bien semejante al objeto de avalúo, y restarle la depreciación física y por
estado de conservación.

Para el presente caso se utilizará el criterio de Heidecke, según lo establecido en la
siguiente tabla:

Estado Condiciones Clasificación Coeficiente %
físicas Normal
1,0 Nuevo, no ha Óptimo O 0,00%
sufrido ningún
reparo
1,5 Muy buen Muy bueno 0,63%
estado MB
2,0 Regular, Bueno B 2,52%
requiere o ha
recibido reparos
sin importancia
2,5 — Intermedio I 8,09%

23

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

3,0 Requiere Regular R 18,10%
reparaciones
simples
3,5 — Deficiente D 33,20%
4,0 Requiere Malo M 52,60%
reparaciones
importantes
4,5 — Muy malo MM 75,20%
5,0 Sin valor. Valor Demolición 100,00%
de demolición DM

Para determinar el valor de reposición se utilizaron como referencia los costos por
tipología elaborados por la UAECD.

ITEM ESTADO DE DEPRECIACIÓ VALOR VALOR VALOR FINAL VALOR
CONSERVACIÓ N REPOSICIÓN DEPRECIADO ADOPTAD
N O
Antepech 2,0 2,52% $70.000 $1.76 $68.236 $68.000
o 4
Placa 2,0 2,52% $135.00 $3.40 $131.59 $132.000
volada 0 2 8

9. RESULTADO DEL AVALÚO

NOMENCLATURA: CL 127C 89 35

UNIDAD VALOR
SUBTOTAL
ITEM DE ÁREA UNITARIO
($)
MEDIDA ($/M²)
TERRENO M2 81.00 $1.150.000 $93.150.000
4 PISOS TEJA M2 334.03 $479.000 $160.000.370
ANTEPECHO M2 5.40 $68.000 $367.200
PLACA
M2 1.34 $132.000 $176.880
VOLADA
AVALÚO TOTAL ($) | $253.694.450 |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

FECHA: 9 de julio de 2014 […]” (negrilla del texto).

97.Se precisó que el valor comercial se soportó en el registro fotográfico y estudio
de mercado anexo que arrojó el siguiente resultado:
“[…]

24

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

[…]”

98. El valor de la indemnización es el siguiente:

“[…]

[…]”.

99. Mediante escrito de 28 de enero de 201541, el demandante presentó recurso de
reposición contra la Resolución 106413 del 4 de diciembre de 2014, por medio de
la cual se decretó la expropiación por vía administrativa del inmueble de su
propiedad.

100. En la impugnación manifestó su inconformidad con el valor de la indemnización
fijado por la entidad expropiante, al considerar que el avalúo de 9 de julio de 2014,
no reflejaba las características reales del predio ni garantizaba una indemnización
justa e integral.

101.Sostuvo que la valoración se sustentó en un estudio de mercado cuyos
inmuebles de referencia no eran comparables con el bien objeto de expropiación y
allegó un avalúo elaborado por una perito adscrita a la Lonja Colombiana de
Propiedad Raíz, según el cual el valor comercial del inmueble ascendía a
$415.117.440.

102.La Dirección Técnica de Predios, mediante auto de 9 de febrero de 201542, abrió
a pruebas la actuación administrativa con el propósito de estudiar los argumentos
expuestos por el recurrente. En la misma providencia dispuso correr traslado de la
documentación aportada a la entidad valuadora para que realizara el análisis técnico
correspondiente. El término probatorio inicialmente concedido fue posteriormente
prorrogado.

41
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO CONTESTACION
DEMANDA(.pdf) NroActua 14. Página 82 y siguientes.
42
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO CONTESTACION
DEMANDA(.pdf) NroActua 14. Página 82 y siguientes.

25

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

103.Mediante informe técnico 2014-0727 de 16 de marzo de 201543, la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital adicionó el avalúo inicialmente
practicado e incorporó dentro de la indemnización el reconocimiento del lucro
cesante, tomando en consideración 6 de los contratos de arrendamiento aportados
por el recurrente. Con base en dicha revisión, determinó que el valor a reconocer
por este concepto ascendía a la suma de $12.936.000, correspondiente a los
ingresos que el propietario dejaría de percibir por efecto de la expropiación.

104.Con fundamento en las conclusiones del análisis técnico realizado durante el
trámite del recurso, la entidad expidió la Resolución 19938 de 2015, mediante la
cual resolvió la reposición interpuesta contra la Resolución 106413 de 2014,
manteniendo el avalúo comercial del inmueble en lo relativo al daño emergente,
pero modificando el valor indemnizatorio para incluir el reconocimiento del lucro
cesante derivado de los contratos de arrendamiento validados durante la actuación
administrativa.

105. El avalúo complementario es el siguiente:

“[…]

43
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO CONTESTACION
DEMANDA(.pdf) NroActua 14. Página 229 y siguientes.

26

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

[…]

[…]”.

106.Obra en el proceso el dictamen pericial presentado el 26 de julio de 201844, el
cual tuvo como propósito: “[…] determinar el valor comercial del inmueble que es su
objeto, de modo que al ser sometido al mercado de oferta y demanda en
condiciones de tiempo y lugar, se obtenga por el un precio justo y real […]” y se
aclaró por medio de oficio de 31 de julio de 201845 en sus numerales IX y X.

107. El resultado del dictamen presentado el 26 de julio 2018 señalaba:

44
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 273 y siguientes.
45
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 300 y siguientes.

27

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

108. Posteriormente, en el oficio de 31 de julio de 201846 se determinó lo siguiente:

“[…] VIII. ESTUDIO ECONOMICO.

Para determinar los precios unitarios se adelantó un estudio exhaustivo en
información escrita y página WEB del mercado actual y de vivienda antigua, se visitó
y evaluó en otros inmuebles similares en el sector, se evaluó el costo de la vivienda
a precios de hoy aplicando la combinación del método de comparación de mercado y
el método de costo de reposición y se deprecio el 19,12% aplicado una conservación
del predio de 2,5 para una vetustez del inmueble de 20 años aproximadamente con
esto, se promedio valores de Lote y Valor Total Casa y aplicando los factores de
homogenización de área, fuente y ubicación, se halla un valor promedio por metro
cuadrado de terreno y de construcción, comparados estos con los valores catastrales
actuales del 2014.

46
Indicó en el oficio que “[…] por error de transcripción cometí y que contienen una corrección al Cálculo de los Valores
Avaluados de Tipo Comercial al Predio ubicado en la Calle 127C#89-35 Barrio ALMIRANTE COLON, por lo tanto las referidas
páginas 9 y 10 iniciales quedan sin validez […]”.

28

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

[…]”.

109. El dictamen contiene el siguiente análisis del método de mercado:

29

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

110.En audiencia de 6 de noviembre de 201847, el perito presentó la siguiente
respuesta a la objeción por error grave48:

“[…] PREGUNTA: En cuanto a lo Argumentado En el Folio 268 del expediente, por
parte del área técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano, que mediante
sus expertos conceptuó sobre las fallas que evidencia el dictamen pericial y que
conducen a conclusiones equivocadas así: Ver Folio 268 del Memorial radicado por
la Apoderada Parte Pasiva.

RESPUESTA: En el Folio No. 2 del presente Oficio Aclaratorio del Perito sobre el
presunto Error Grave del Dictamen de la Referencia, me permito su Señoría realizar
las siguientes precisiones así:

• Los Métodos Por el Perito aplicados para realizar el Dictamen en Referencia el cual
fue peticionado por su Despacho, SON EL MÉTODO DE COMPARACIÓN Y
MERCADO, Y EL MÉTODO DE COSTO DE REPOSICION como se indica, en los
Folios No. 245 y 246 del expediente del Dictamen entregado en el Capítulo VIII
ESTUDIO ECONOMICO y en la Tablas de Cálculo de avalúos Comercial del Lote
y de la Casa Cl. 127C#89-35 y el avalúo Comercial de la Casa Cl. 127C#89-35 ver
folios 255 y 257 respectivamente del expediente. Al respecto Los anteriores Métodos
utilizados son los contemplados en la Resolución IGAC 620 de 2008.

• PREGUNTA: En el folio 269 del expediente; se comenta que a folio 255 del
expediente, el dictamen pretende establecer por este método el valor comercial del

47
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 321 y siguientes.
48
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 329 y siguientes.

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

terreno del predio objeto de adquisición, para este en el folio mencionado relaciona
ofertas de lotes en venta en el sector.

Sin embargo al verificar estas ofertas, se determinan que no son lotes, como se
muestra a continuación.

Mediante la aplicación www.google.com.co/maps se trata de ubicar que el Lote
ubicado en la Tv 94 con Cl 129 según el folio 255; el Lote ubicado en la KR 121C con
CL 129 según el folio 255; el Lote si da dirección que investigó el IDU, cometió un
error, la Calle es la 129D y el Lote ubicado en la TV 127 con CL 134 según folio 255.
Es evidente que ninguna de las ofertas relacionadas en el dictamen sean lotes como
lo afirma el auxiliar de justicia, a su vez se desconoce si el valor de oferta presente en
el folio 255 corresponde únicamente al lote o también a la construcción, se asume
que el valor de cada oferta después de verificar las calles en donde se ubican las
ofertas, corresponden al terreno y a la construcción.

En este sentido el valor adoptado para el terreno en el folio 245 de $ 1.400.000.oo m2
incluye también la construcción y no solo podría asociarse con valores de terreno.

A su vez, en el dictamen pericial se aplica para la depuración de cada oferta factores
de homogenización de área, fuente y ubicación, estos factores no están
reglamentados en la Resolución IGAC citada.

RESPUESTA: Quiero precisar que en las Tablas de Cálculo de avalúos Comercial
del Lote de la Casa Cl. 127C#89-35 y el avalúo Comercial de la Casa Cl. 127C#89-
35 ver folios 255 y 257 respectivamente del expediente Cuadro de Cálculo, se tuvo
en cuenta lo siguiente:

• Las direcciones de las ofertas de Lotes son aproximadas como lo indica la Tabla,
esto tiene lógica porque en la página WWW.FINCARAIZ.COM de JULIO 22/18 donde
se sacó esta información, ellos son muy RECELOSOS con sus negociaciones de
COMPRA O VENTA de sus predios publicados, ya que personas diferentes a ellos o
personas inescrupulosas pueden utilizarlas e interferir en sus negocios.

• Sobre los Predios en Oferta, se informa del Código de Venta del predio y/o Celular
del Propietario. Al respecto Se llamó telefónicamente al Propietario posteriormente a
la entrega del dictamen pericial al despacho, y se consultó sobre el 1° lote de la
Relación de la Tabla de Ofertas de Lotes folio 255 Tabla de Cálculo de avalúos
Comercial del Lote de la Casa Cl. 127C#89-35 y contestó el Señor JEYSON
FUENTES argumentando que es el Propietario del predio de la Tv 94 Cl 129, Celular
3215959186 dijo que el Predio es un Lote o sea es Terreno, y que ya lo había vendido
por el valor Negociable de $ 145.000.000.oo; esto mismo se hizo con el Señor
VICTOR MUÑOZ Propietario Predio de la KR 121C CL 129D (en esta dirección que
investigó el IDU, cometió un error, la Calle es la 129D), Celular 3202115368 dijo
que el Lote o sea el Terreno su valor era negociable sobre $ 160.000.000.oo y el Lote
de la TV 127 CL 134 se volvió a consultar la página WWW.FINCARAIZ.COM pero ya
NO salía dicha Información de Venta del Lote pero hay una opción de investigar por
el Código de Venta que es el No. 3592817. Con la anterior explicación se deja en
CLARO y con una CERTEZA TOTAL que los Predios son Lotes de Terreno
Solamente. El valor adoptado es el de $ 1.400.000.oo el metro cuadrado;
Adicionalmente para dar mayor CERTEZA TOTAL, se anexa un cuadro ver folio No.
7 de esta aclaración, de la página de mapas.bogota.gov.co en donde se observa
que el valor de los Lotes o de Terreno para el año 2017 en este SECTOR oscila entre
$ 1.000.000.oo y $ 1.500.000.oo, esto indica que el valor de Terreno de $
1.400.000.000.oo adoptado está BIEN ESTIMADO.

En cuanto a la aplicación de los Factores de Homogenización para ser aplicado en el
MÉTODO COMPARATIVO O DE MERCADO para depurar el Valor de Metro
Cuadrado de Lote o Casa, INVITO A LOS EXPERTOS DEL ÁREA TÉCNICA DE
PREDIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO A QUE RELEAN la
Resolución IGAC citada, en lo referente a Zonas homogéneas Físicas, y También lo
realicen en el Libro de Avalúos del Dr. WILLIAM ROBLEDO GIRALDO Presidente
Lonja Nacional de Ingenieros Valuadores, consultar sobre la aplicación necesaria de

31

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

los Factores de Homogenización de ÁREA, FUENTE Y UBICACIÓN, para Depurar
el Valor Económico por metro cuadrado de Lotes y Casas.

2. PREGUNTA: A Folio 270 se dice que Para determinar el valor de la Construcción,
el dictamen hace uso del método de comparación o de mercado en el folio 257 del
expediente, de la misma manera relaciona ofertas de Casas en el sector.
Sin embargo se desconoce si los valores de oferta incluye el Terreno, puesto que no
se hace un Análisis por separado de terreno construcción como lo reglamenta la
resolución IGAC citada, por consiguiente se asume que los valores de cada oferta
incluyen el terreno.
En este sentido el valor adoptado para la construcción en el folio 258 de $
1.800.000.oo incluye también el terreno y no solo podría asociarse con valores de
construcción.

RESPUESTA: Es más que Obvio y se Cae de su Propio Peso, que las Ofertas de
Casas que tiene la página WWW.FINCARAIZ.COM de Julio 22/18 o alguna otra
página similar, incluyen en el Valor de la Oferta de la Casa, el Terreno; porque en
ninguna parte del Mundo Venden aparte el Terreno y aparte la Construcción de una
misma Casa, en este orden de ideas el valor de $ 1.800.000.oo por metro cuadrado
es el Valor Total por m2 de la Casa que incluye Terreno y Construcción.

PREGUNTA: A folio 269 se afirma que en el Artículo 10 de la Resolución IGAC citada
para aplicar el METODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO es necesario que en
la presentación del avalúo se haga mención explicita del medio del cual se obtuvo la
información y fecha de Publicación, además de otros factores que permiten su
identificación posterior.

RESPUESTA: Si se observa la RESPUESTA inmediatamente anterior la página que
se tuvo como referencia es la página de Ofertas y Ventas de Lotes y Casa es la
WWW.FINCARAIZ.COM de Julio 22/18, la Dirección aproximada del predio, número
de Celular y código de Venta, entre otros.

3. PREGUNTA: A folio 270 y 271 se dice que en el folio 245 del expediente, se
comete un error de metodología valuadora, toda vez que el valor que se denomina
“VR TOTAL CASA” se calcula con el valor adoptado para la construcción $
1.800.000.oo m2, como se mencionó en el numeral anterior este valor incluye terreno.
Es decir que el resultado final de multiplicar el valor anterior por el área construida es
de $ 601.254.000.oo a este valor se le resta el valor adoptado al terreno $
1.400.000.oo m2, este valor incluye la construcción. Dando como resultado $
487.854.000.oo.

Es de precisar que el valor calculado de $ 487.854.000.oo. incluye valores de terreno
y no solo pueden asociarse a la construcción, por tal motivo no es procedente aplicarle
a este valor conceptos de depreciación, como se hace en el folio 245, toda vez que
este procedimiento aplica únicamente para la construcción, para el caso particular se
demostró que el valor resultante de $ 487.854.000.oo incluye valores de terreno, lo
anterior al tenor de lo reglamentado por la Resolución IGAC 620 de 2008 artículo 13.
Se concluye entonces que se desconoce de facto las metodologías establecidas por
la normatividad que rige la materia, y este tipo de metodologías erróneamente
aplicadas inducen al error y crean expectativas equivocadas de valores comerciales.
Sin perjuicio de lo anterior, y del mal procedimiento para determinar el valor de la
construcción, en el folio 245 del expediente, el auxiliar de la justicia al valor de $
394.576.315. que según dictamen es el valor de la construcción producto de aplicar
una depreciación que no procede porque el valor depreciado $ 487.854.000 incluye
valores de terreno, nuevamente le suma valores de terreno$ 113.400.000.
Este procedimiento aumente de manera desproporcionada el valor comercial del
predio objeto de demanda, pues se adiciona un valor de terreno que ya fue tenido en
cuenta y que no es mérito de volverlo a sumar.

La suma de los cánones de arrendamiento mencionados en el folio 246 no
corresponden a la información suministrada por el propietario en el proceso de
adquisición del predio, toda vez que el dictamen menciona un valor mensual total de
$ 2.770.000.

32

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

Sin embargo según obra en la tasación de lucro cesante en el avalúo comercial 2017-
0727 este valor mensual es de $ 2.200.000, al año 2014.

RESPUESTA: Explicación Folio 245 del expediente, realizando un análisis del Cuadro
de el avalúo Comercial de la Casa Cl. 127C#89-35 ver folio 257, se aprecia que los
valores de Casas son de Estrato 3 y ahí uno que es de Estrato 2 cuyo valor por metro
cuadrado es de $ 1.973.684 estos son bienes semejantes al del objeto de avalúo, por
lo tanto al aplicar un Valor de Casa por metro cuadro de Construcción de $1.800.000.
a precios de hoy considerando los factores de Homologación, y teniendo en cuenta
que todas las Casas están con mejores acabados que la casa Objeto de avalúo como
se comprobó mediante la revisión de los Registros Fotográficos, El Valor de la Casa
incluyendo Terreno y Construcción que es el producto de multiplicar 334,03 m2
Construidos por el valor de $ 1.800.000 m2 dando como resultado es $
601.254.000.oo; a este valor se le Resta el valor del Terreno 81 m2 por $ 1.400.000
m2 (valor hallado en la Tabla de Cálculo de avalúos Comercial del Lote de la Casa
Cl. 127C#89-35 para el Terreno solamente $1.400.000m2), dando como resultado $
113.400.000.oo; el resultado final es $ 487.854.000.oo que es el valor solamente
de la Construcción de la Casa a un bien Semejante al de objeto del avalúo a
precios de hoy con las salvedades mencionadas anteriormente, realizando un
análisis del Cuadro de el avalúo Comercial de la Casa Cl. 127C#89-35 ver folio 257;
a este último valor se le aplica las Tablas de Fitto y Corvini dando una depreciación
del 19,12% por $ 487.854.000.oo que corresponde a $ 93.277.685 aplicando un
Estado de Conservación de 2,5 para una vetustez de 20 años aproximadamente
dando como resultado $ 394.576.315 que corresponde al Valor Comercial de
Construcción, por último al valor inmediatamente hallado se le suma el Valor del
Terreno $ 113.400.000, dando un resultado final de Valor Comercial De la Casa a
Julio 24 de 2018 de $ 507.976.315; cuya fórmula aplicada es la siguiente, ver página
29 de la Resolución IGAC 620 de 2008, citada:

A=Vn – (Vn*Y) + Vt. En donde:

A= Avalúo del Bien.

Vn= Valor nuevo de construcción.

Y=valor porcentual a descontar.
RESPUESTA: A folios 111 a 141 del expediente los cánones de Arrendamiento
Mensuales de $ 2.770.000 en 6 meses (Julio 2014 a Diciembre 2014) da un valor de
$ 16.620.000. menos el valor reconocido a Diciembre 2014 por el IDU de $ 12.936.000
dando como resultado la diferencia $ 3.684.000 a Diciembre 2014 ver folios 160 y 161
del expediente.
El Daño Emergente y el Lucro Cesante da un valor Total de $ 283.094.317 a Julio/18,
dato igual a Como se Cálculo Inicialmente. La corrección última radicada queda sin
efecto debido a una nueva y exhaustiva revisión como lo comente en el último oficio
radicado. […]”.

111.En este contexto fáctico, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que el
precio indemnizatorio, al incorporarse en el acto administrativo que dispone la
expropiación, se encuentra amparado por la presunción de legalidad propia de las
decisiones administrativas49.

112.Dicha carga no se satisface únicamente con la invocación de las disposiciones
normativas que regulan la elaboración de los avalúos comerciales ni con afirmar la
indebida escogencia del método valuatorio utilizado por la administración. Por el
contrario, el demandante debe acreditar, mediante elementos técnicos suficientes,
los errores concretos o inconsistencias metodológicas que afectan el avalúo oficial,
pues no basta con proponer otras alternativas posibles para la valoración del

49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de febrero de 2026, Rad.
25000234100020160113301, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

inmueble, sino que resulta necesario demostrar objetivamente el defecto atribuido
al avalúo50.

113.Ahora bien, analizado el avalúo, la Sala considera que en el dictamen pericial
se utilizaron los métodos de comparación o de mercado y de costo de reposición,
metodologías previstas en el Decreto 1420 de 1998 y en la Resolución 620 de 2008,
para la determinación del valor comercial de los inmuebles. Asimismo, se elaboraron
cuadros de cálculo para el terreno y la construcción, se incorporó muestras
obtenidas del mercado inmobiliario y se efectuó un ejercicio de depreciación con
fundamento en la vetustez y el estado de conservación del inmueble.

114.No obstante, la Sala encuentra que el dictamen no desarrolla con suficiente
precisión algunos de los elementos exigidos por la Resolución 620 de 2008 para
garantizar la verificabilidad de los datos empleados en el método comparativo de
mercado.

115.En efecto, para el cálculo del valor del terreno por el método de comparación o
de mercado51 de inmuebles no sujetos a propiedad horizontal, el valor del terreno y
la construcción deben ser analizados de forma independiente para cada uno de los
datos obtenidos, lo cual no se evidencia en los cuadros de cálculo anexos al avalúo;
lo anterior, sumado a que indica unas direcciones aproximadas que no permiten la
identificación posterior de la oferta.

116.Por otra parte, el dictamen pericial desarrolla un ejercicio valuatorio y llega a un
valor comercial superior al reconocido por la administración. Sin embargo, no
identifica de manera específica cuáles fueron los errores metodológicos, técnicos o
normativos en los que incurrió la UAECD al elaborar el Informe Técnico 2014-0727.
Aunado a ello, en la audiencia de contradicción a la pregunta realizada por la
apodera del IDU en relación con el conocimiento que tenía del avalúo oficial, este
respondió que no se le presentó.

117. En el dictamen se manifestó que se empleó conjuntamente el método de
comparación de mercado y el método de costo de reposición, la Sala observa que
el dictamen no desarrolla suficientemente la forma en que fue aplicado este último.
En efecto, el perito se limitó a indicar que estimó el costo de la vivienda "[…] a precios
de hoy […]", aplicó un porcentaje de depreciación y obtuvo un valor promedio por
metro cuadrado de construcción; no obstante, omitió explicar el proceso técnico
mediante el cual determinó el costo total de reposición de la edificación.

118. En particular, el dictamen no permite verificar si el valor adoptado incorpora los
costos directos, indirectos, financieros y de gerencia del proyecto, ni expone las
cantidades de obra o las particularidades del sitio que sirvieron de base para la
estimación, aspectos que hacen parte de la metodología prevista en el artículo 13
de la Resolución 620 de 2008.

50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de febrero de 2021, Rad.
25000232400020120048301, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
51
“[…] ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio
del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación, además de otros factores que permitan su identificación posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores
unitarios. Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal se debe presentar el valor por metro cuadrado de
área privada de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis […]”.

34

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

119.En consecuencia, el avalúo analizado contiene una valoración alternativa del
inmueble, pero carece de argumentos técnicos y metodológicos suficientes para
desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el precio indemnizatorio contenido
en los actos demandados, pues no cuenta con la solidez, claridad, exhaustividad,
precisión y calidad requerida.

Por lo anterior, no le asiste razón al apelante cuando afirma que el tribunal debía
120.
apartarse del avalúo oficial por la sola existencia del dictamen pericial.

V.4.3. El reconocimiento del lucro cesante por los cánones de arrendamiento

121.El IDU sostuvo en el recurso de apelación que el tribunal reconoció
indebidamente una suma adicional por concepto de lucro cesante. Señaló que, al
resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. 106413 de
2014, la administración abrió un período probatorio y solicitó a la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital la validación de los contratos de
arrendamiento aportados por el propietario como sustento de dicho perjuicio.

122.Como resultado de esa verificación, la entidad valuadora determinó que
únicamente 6 de los 8 contratos allegados podían ser considerados para efectos
indemnizatorios, razón por la cual adicionó el avalúo inicial y reconoció por concepto
de lucro cesante la suma de $12.936.000.

123.Manifestó que los 2 contratos celebrados con la señora María Isabel Olarte
Cabanzo fueron excluidos del cálculo indemnizatorio debido a que dicha
arrendataria no aparecía registrada en la ficha censal elaborada durante la visita
practicada al inmueble objeto de expropiación, circunstancia que, a juicio de la
entidad, impedía tener por acreditada la existencia de los ingresos derivados de
tales contratos.

124.Agregó que esa misma situación fue puesta de presente al objetar el dictamen
pericial rendido en el proceso, pues el perito incluyó dentro de la liquidación del lucro
cesante la totalidad de los contratos aportados por el demandante.

125.Por su parte, el tribunal encontró acreditado que en el expediente obraban 8
contratos de arrendamiento aportados por el propietario del inmueble, de los cuales
2 correspondían a la señora María Isabel Olarte Cabanzo. Advirtió que dichos
contratos fueron excluidos por la administración al momento de determinar el lucro
cesante, bajo el argumento de que la arrendataria no figuraba en la ficha censal
levantada durante la visita realizada al predio.

126.No obstante, el a quo observó que, además de los contratos de arrendamiento,
en el expediente reposaba una declaración juramentada rendida por la señora María
Isabel Olarte Cabanzo ante la Notaría Cincuenta y Nueve del Círculo de Bogotá, en
la cual reconoció la existencia de los contratos y el pago de los respectivos cánones
de arrendamiento. Además, la entidad demandada no aportó al proceso la ficha
censal en la que sustentó la exclusión de dichos contratos.

Con fundamento en esas consideraciones, el tribunal concluyó que se
127.
encontraba acreditada la existencia de los 2 contratos excluidos por la
administración y, en consecuencia, accedió parcialmente a las pretensiones de la

35

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Demandante: Daniel Castellanos Torres

demanda para reconocer la suma de $3.420.000 por concepto de lucro cesante,
correspondiente a los cánones de arrendamiento derivados de tales contratos
durante el período indemnizable.

128.Para resolver los cargos, cabe precisar que, antes de la expedición de la
Resolución IGAC 898 de 19 de agosto de 201452, el Decreto 1420 de 1998 y la
Resolución IGAC 620 de 2008, no existía una regulación específica sobre la
tasación de los perjuicios patrimoniales accesorios que podían causarse al
propietario con ocasión de las expropiaciones adelantadas para ejecutar proyectos
de infraestructura de transporte, especialmente en lo relacionado con el daño
emergente y el lucro cesante.

Por ello, ante la ausencia de la referida norma, esta Sección consideró que la
129.
administración debía acudir, por remisión del artículo 853 de la Ley 153 de 15 de
agosto de 188754, a las reglas previstas en el numeral 6 del artículo 21 del Decreto
1420 de 199855.y en el artículo 21 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC56.

130.El numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 dispuso que para “[…] los efectos
del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se
encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que
ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos
provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que
se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses […]”.

El artículo 21 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC precisó cuáles son los
131.
soportes que se deben tener en cuenta para calcular esa compensación, así:

“[…] Artículo 21º.- Cálculo del valor de la compensación debida por la afectación a
causa de una obra pública. La forma para calcular este valor será:

[…]

4. […] Para estimar el monto de la compensación de las rentas o ingresos que se
dejan de percibir por una limitación temporal o definitiva (numeral 6 del artículo 21,
Decreto 1420 de 1998) se deberán tener en cuenta:

• Las declaraciones para efectos tributarios.
• El balance contable que se presente para la Cámara de Comercio.

En caso de que la empresa no esté obligada a presentar ninguna de las anteriores,
deberá probar la utilidad neta del negocio de por lo menos los seis meses anteriores,
mediante un estado de pérdidas y ganancias mensual firmado por un contador
público titulado, con matrícula profesional vigente.

Esta utilidad neta mensual debe multiplicarse por los meses que se hayan establecido
como período de compensación […]” (negrilla fuera del texto).

52
“[…] Por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios, y procedimientos para la elaboración de avalúos
comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de trasporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013 […]”.
53
Artículo 8. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias
semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.
54
“[…] Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887 […]”.
55
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2012, Rad:
05001-23-31-000-2003-00977-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
56
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, Rad:
05001-23-31-000-2002-00716-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.

36

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-01827-02
Demandante: Daniel Castellanos Torres

132. Posteriormente, se pone de presente que el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi expidió la Resolución 898 de 19 de agosto de 2014, en desarrollo del
artículo 3757 de la Ley 1682, mediante la cual estableció los parámetros, criterios y
procedimientos para calcular las indemnizaciones o compensaciones a que hubiera
lugar en los procesos de adquisición predial para proyectos de infraestructura de
transporte.

133.Dicha resolución reguló, entre otros aspectos, la documentación que la entidad
debe aportar al solicitar el avalúo58, las obligaciones del avaluador, las fuentes de
información que debía consultar y los siguientes conceptos enunciativos del lucro
cesante:

“[…] Artículo 18. Lucro cesante. A continuación se presentan algunos conceptos de
lucro cesante, que usualmente se pueden generar en el marco del proceso de
adquisición predial:

1. Pérdida de utilidad por contratos que dependen del inmueble objeto de adquisición:

Este concepto corresponde a las utilidades dejadas de percibir por los beneficiarios,
derivados de contratos, tales como el de arrendamiento o aparcería, sobre parte o la
totalidad del inmueble.

Para el cálculo de este concepto se establecerá el ingreso derivado del contrato,
tomando en consideración la información contenida en el respectivo contrato.

Esta información se verificará con investigación de mercado, la cual permitirá
determinar la renta que el mercado está dispuesto a pagar por dicho contrato.

Si se encuentran diferencias entre lo pactado en el contrato y el resultado de la
investigación de mercado, prevalecerá el último para efectos del cálculo de la utilidad.

Adicionalmente, se tendrá en cuenta la información tributaria y/o contable aportada
para efectos del cálculo.

Una vez determinado el ingreso derivado del contrato, se establecerán los costos en
que el beneficiario debe incurrir para efectos de recibir el respectivo ingreso, tales
como tributos que debe pagar por el inmueble, el mantenimiento del inmueble, la
administración y los servicios públicos, de ser el caso.

57
Dicha norma estableció que el precio de adquisición será igual al valor comercial del inmueble y que, para determinarlo,
deberá tenerse en cuenta, cuando resulte procedente, el lucro cesante, calculado con base en los rendimientos reales del
inmueble al momento de la adquisición y hasta por un término máximo de seis meses.
58
Artículo 5°. Solicitud del avalúo. Una vez seleccionado y contratado el (los) avaluador(es), la entidad adquirente solicitará
la elaboración del avalúo comercial por escrito, aportando como mínimo los siguientes documentos:
ii). Para el cálculo de la indemnización:
1. Identificación de los beneficiarios, indicando las razones por las cuales tienen esta condición.
2. La relación de contadores y/o medidores y acometidas de servicios públicos y su ubicación.
3. Encuestas y censos socioeconómicos en caso de que la entidad adquirente las haya realizado, e información referente a
las actividades comerciales, industriales o residenciales, entre otras, que se desarrollen en el respectivo inmueble, así como
los titulares de las mismas.
4. Relación de muebles ubicados en el inmueble objeto de adquisición, que deban ser trasladados.
5. Indicación de los plazos para entrega del inmueble y forma de pago que se planteará por parte de la entidad adquirente en
la oferta de compra.
6. Copia de los contratos de arrendamiento y otros cuyo objeto sea el inmueble a ser adquirido. En el caso en que los contratos
sean verbales, se deberán aportar declaraciones de los contratantes, en que consten los elementos esenciales del contrato,
tales como identificación de las partes, objeto del contrato, plazo, precio, causales de terminación, sanciones por
incumplimiento.
7. Información tributaria (impuestos, tasas y contribuciones).
8. Documentos contables de estados de pérdidas y ganancias, el balance general más reciente. Para quienes no estén
obligados a llevar contabilidad, recibos de caja, consignaciones bancarias, facturas, entre otros.
9. Los demás documentos que considere relevantes para el cálculo de la indemnización.
El parágrafo 1 del artículo 5 complementó que: La entidad adquirente solicitará por escrito a los beneficiarios de la
indemnización, la documentación que estos tengan en su poder y que sea relevante para el cálculo de la indemnización. Si
estos no entregan la documentación solicitada, la entidad adquirente dejará constancia en la solicitud de avalúo, de esta
situación. El cálculo se hará con información entregada así como aquella recopilada por el avaluador a la que se refiere el
artículo 10 de la presente resolución.

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Demandante: Daniel Castellanos Torres

La utilidad será el resultado de descontar del ingreso definido los costos
determinados. […]”.

134.De conformidad con la normativa supra, la Sala advierte que el avalúo oficial
2014-0727 de 9 de julio de 2014, se elaboró antes de la entrada en vigencia de la
Resolución IGAC 898 de 19 de agosto de 2014. Dicho acto administrativo empezó
a regir cuando la administración estaba resolviendo el recurso de reposición
presentado contra la Resolución 106413 de 4 de diciembre de 2014, confirmada
mediante la Resolución 19938 de 24 de marzo de 2015.

135. En todo caso, frente a la valoración del lucro cesante la jurisprudencia de esta
Sección ha precisado que el reconocimiento, cuando se trata de perjuicios causados
a personas naturales, no depende únicamente de la existencia de declaraciones
tributarias o de un determinado medio de prueba, sino que el análisis del juez debe
contemplar todo el acervo probatorio a efectos de establecer con certeza la
existencia de la actividad productiva y los ingresos afectados por la expropiación.

136. En la sentencia de 1.º de febrero de 202459, se explicó que el reconocimiento
del lucro cesante exige acreditar la actividad productiva del inmueble, el monto de
las rentas dejadas de percibir y el nexo causal con la expropiación, razón por la cual
negó las pretensiones al no encontrarse demostrados tales presupuestos. En ese
caso, el demandante únicamente aportó una certificación suscrita por un contador
público, en la que se afirmaba que el inmueble generaba ingresos mensuales, por
lo que se concluyó que la sola certificación contable no era suficiente para demostrar
el perjuicio reclamado y negó su reconocimiento.

137.Posteriormente, en la sentencia de 6 de febrero de 202560, esta Sección
reconoció el lucro cesante derivado de un contrato de arrendamiento excluido por
la administración, al encontrar acreditada su existencia y el ingreso dejado de
percibir porque obraba el contrato de arrendamiento a nombre del demandante,
junto con una declaración extra-juicio y los respectivos recibos de caja.

138.Así las cosas, no basta con afirmar que el inmueble generaba rentas. La parte
interesada debe acreditar la actividad productiva, el monto real de los ingresos
dejados de percibir y el nexo causal entre la pérdida alegada y la expropiación
administrativa61.

En el presente caso, la Sala advierte que las pruebas allegadas al expediente
139.
permiten acreditar la existencia del perjuicio invocado.

Obra en el expediente los contratos de arrendamiento de vivienda urbana
140.
suscritos entre el señor Daniel Castellanos Torres y la señora María Isabel Olarte
Cabanzo62 los cuales señalan:

“[…]

59
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de febrero de 2024, Rad:
05001233100020110001101, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
60
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de febrero de 2025, Rad:
25000234100020130239801, C.P. Oswaldo Giraldo López.
61
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 16 de febrero de 2017, Rad:
05001-23-31-000-2007-00379-01, C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.
62
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 129 y siguientes.

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Demandante: Daniel Castellanos Torres

[…]”.

También se allegaron los comprobantes de recibo de dinero63 para acreditar el
141.
pago periódico de los cánones de arrendamiento, los cuales están numerados
consecutivamente y corresponden a los pagos realizados entre agosto de 2014 y
enero de 2015 por la suma de $450.000.

63
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 129 y siguientes.

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Demandante: Daniel Castellanos Torres

142.Igualmente se allegaron los comprobantes de recibo de dinero64 para acreditar
el pago periódico de los cánones de arrendamiento del parqueadero, los cuales
están numerados consecutivamente y corresponden a los pagos realizados entre
agosto de 2014 y enero de 2015 por la suma de $120.000.

143. Así las cosas, la Sala advierte que los 2 contratos de arrendamiento suscritos
con la señora María Isabel Olarte Cabanzo fueron aportados por el propietario con
ocasión del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 106413 de 2014,
mediante el cual solicitó que se revisara el reconocimiento del lucro cesante
inicialmente fijado.

144.El IDU dio apertura a un período probatorio con el fin de estudiar los argumentos
formulados en el recurso de reposición y requirió a la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital para que verificara los contratos de arrendamiento allegados
por el recurrente.

145.Como resultado de dicha actuación, la UAECD analizó los 8 contratos aportados
y concluyó que únicamente 6 debían ser incorporados al avalúo, al considerar que
estos no podían ser tenidos en cuenta porque la arrendataria no aparecía registrada
en la ficha censal levantada durante la visita al inmueble.

146.En consecuencia, aunque en el proceso administrativo se evidenció que los
contratos “[…] no están reflejados en la ficha censal levantada por parte del área
social del instituto en visita realizada al predio expropiado […]”, esa razón no
desvirtúa, de manera aislada, los demás elementos de convicción obrantes en el
expediente.

147.La Sala advierte que las pruebas deben apreciarse de manera integral y de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, de modo que un hecho no puede tenerse
por probado, cuando el acervo probatorio ofrece otros elementos que deben ser
ponderados conjuntamente.

148.La ficha censal, conforme al artículo 5 de la Resolución 898 de 19 de agosto de
201465, constituye un instrumento elaborado dentro del componente social de la
gestión predial, cuya finalidad consiste en identificar y caracterizar las unidades
sociales y las condiciones de ocupación del inmueble afectado. No obstante, dicha
ficha no tiene por objeto la determinación del monto del lucro cesante que deba
reconocerse al propietario.

149.La Sala pone de presente que, para poder obtener la reparación de los daños
accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable
que exista un nexo de causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante
la cual se decretó la expropiación66.

El carácter resarcible del daño depende, fundamentalmente, de la certeza de su
150.
ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no
pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido

64
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 14”. Página 129 y siguientes.
65
“Por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos
comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013”.
66
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2009, Rad:
05001-23-31-000-2005-03509-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

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Demandante: Daniel Castellanos Torres

de certeza para que produzca efectos jurídicos y de lugar al resarcimiento, pues
todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede generar
una indemnización67.

151.En el presente caso, el inmueble desarrollaba una actividad productiva
consistente en su explotación económica mediante contratos de arrendamiento.
También se demostró el monto de los ingresos dejados de percibir en los pagos
efectuados entre agosto de 2014 y enero de 2015, y la declaración extra-juicio
allegada. Dichas pruebas guardan correspondencia con los cánones pactados y
permiten corroborar que los ingresos derivados de dichos arrendamientos se
percibían de manera efectiva al momento de la expropiación.

152.Finalmente, como la entidad demandada en el recurso de apelación alegó que
el valor mensual de los cánones de arrendamiento previsto en el dictamen pericial
no coincide con el valor reconocido por el IDU, se pone de presente que esa
diferencia no obedece a un error metodológico del dictamen, sino al conjunto de
contratos de arrendamiento que cada valoración tomó como fundamento.

153. Mientras la administración calculó el lucro cesante con base en los 6 contratos
que consideró válidos dentro del procedimiento administrativo, el auxiliar de justicia
tuvo en cuenta los 8 contratos de arrendamiento que obran en el expediente,
incluidos los dos celebrados con la señora María Isabel Olarte Cabanzo.

154.Tampoco se comparte el argumento de la entidad apelante, según el cual los
dos contratos celebrados con la señora María Isabel Olarte Cabanzo debían
excluirse del cálculo del lucro cesante porque la arrendataria no figuraba en la ficha
censal levantada durante la visita al inmueble. Si bien es cierto que ese documento
fue invocado por la administración para justificar la exclusión de dichos contratos,
esa circunstancia, por sí sola, no tenía la entidad suficiente para desvirtuar los
demás medios de prueba allegados al expediente.

155.Además, aunque la ficha censal no fue aportada oportunamente al plenario ni
se solicitó expresamente su incorporación con el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, aun de haberse allegado, su contenido no
habría bastado para desvirtuar la existencia del perjuicio reconocido.

156.En consecuencia, los argumentos de oposición no prosperan porque la Sala
comparte la conclusión del a quo, según la cual se encontraba acreditada la
existencia de los 2 contratos y, por ende, los ingresos derivados de los mismos
debían ser considerados para efectos de la determinación del lucro cesante
reconocido con ocasión de la expropiación.

157.Finalmente, se pone de presente que no se configuran los presupuestos
previstos en el artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 12
de julio de 201268, sobre condena en costas en esta instancia.

67
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 16 de febrero de 2017. Radicación
núm. 05001-23-31-000-2007-00379-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
68
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

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Demandante: Daniel Castellanos Torres

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de abril de 2019, proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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