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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-00011-01

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-00011-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la providencia apelada, esto es, la sentencia de 9 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2011-00011-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

1 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1.º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001233100020110001101
Demandantes: Martha Ramírez de Mojica, Guillermo León Valencia González y
Gloria del Socorro Valencia González
Demandado: Municipio de Medellín
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / Expropiación por vía
administrativa – está sujeta a posterior acción contencioso
administrativa, incluso para controvertir el precio indemnizatorio
/ Justo precio de la indemnización expropiatoria - se encuentra
amparado por la presunción de legalidad de las decisiones
administrativas / Perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante – para acreditarlo es necesario demostrar que
el inmueble expropiado se encontraba destinado a una
actividad productiva y estimar y acreditar el monto de las
rentas o ingresos dejados de percibir.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandantes
en contra de la sentencia de 9 de octubre de 2015 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión.

I-. ANTECEDENTES

1. La demanda1

1. En ejercicio de la acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, los señores Martha Ramírez de
Mojica, Guillermo León Valencia González y Gloria del Socorro Valencia González,
a través de apoderado judicial, presentaron demanda en contra del Municipio de
Medellín, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA. Que se declare la nulidad del artículo tercero de la Resolución 1049
del 10 de junio de 2010 por medio de la cual se fijó en la suma de quinientos
setenta y cuatro millones trescientos setenta y siete mil trescientos pesos m.l.
($574.377.300,00), el precio indemnizatorio por la expropiación por vía
administrativa que se decretó sobre el inmueble de propiedad de MARTHA
RAMÍREZ DE MOJICA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA GONZÁLEZ y GLORIA
DEL SOCORRO VALENCIA GONZÁLEZ, que se describe en el hecho
PRIMERO de esta demanda, al cual le correspondía el folio de matrícula

1 Folios 107 a 131 C1

2

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

inmobiliaria No. 01N -240911 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Medellín, Zona Norte.

SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución 1536 de julio 29 de 2010
por medio de la cual se resuelve “no revocar el acto administrativo que contiene
la Resolución 1049 del 10 de junio de 2010”.

TERCERA. Que se declare que el valor comercial del inmueble objeto de
expropiación era de mil cuatrocientos veintiséis millones novecientos cuarenta
y tres mil ciento cuarenta y dos pesos m.l. ($1.426.943.142,00) a valores del
mes de agosto de 2010.

CUARTA. Que se declare que por concepto de daño emergente y lucro cesante
derivados de la expropiación, a los demandantes se les debió haber reconocido
la suma de sesenta y tres millones ochocientos ocho mil doscientos noventa y
cuatro pesos m.l. ($63.808.294,00), los cuales aumentan el valor del precio
indemnizatorio en un total de mil cuatrocientos noventa millones setecientos
cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y seis pesos m.l. ($1.490.751.436,00)
de precio indemnizatorio objetivo.

QUINTA. Que para restablecer el derecho vulnerado y como consecuencia de
las anteriores declaraciones se condene al MUNICIPIO DE MEDELLIN a pagar
a favor de los demandantes la suma de novecientos dieciséis millones
trescientos setenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos m.l.
($916.374.136,00) que es el valor resultante de la diferencia entre el precio
indemnizatorio real y el precio indemnizatorio reconocido por el demandado.

SEXTA. Que las sumas a las que sea condenado el Municipio de Medellín se
actualicen teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor
entre el mes de agosto de 2010 y la fecha de la sentencia.

SÉPTIMA. Que se condene al Municipio de Medellín a pagar, a título de lucro
cesante, intereses de mora entre el momento en que se declaró la expropiación
y la fecha de la sentencia, calculados a la máxima tasa de interés moratorio
comercial o en subsidio a la tasa del interés bancario corriente (intereses
comerciales ordinarios).

OCTAVA. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos y
condiciones de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

NOVENA. Que se condene a la parte demandada a pagar la totalidad de las
costas y agencias en derecho que se causen en virtud del presente proceso.

1.1. Los hechos

2. Los hechos más relevantes que sustentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:

3. Los señores Martha Ramírez de Mojica, Guillermo León Valencia González y
Gloria del Socorro Valencia González fueron propietarios de un lote de terreno con
sus correspondientes construcciones, ubicado en el Municipio de Medellín, al cual
le correspondía el folio de matrícula inmobiliaria No. 01N-240911 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Medellín – Zona Norte. La señora Martha

3

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

Ramírez de Mojica contaba con la nuda propiedad del 50% del total del inmueble,
mientras que los señores Guillermo León Valencia González y Gloria del Socorro
de González lo eran en un 25%, cada uno.

4. El predio estaba conformado por «8 casas con 10 viviendas sin desenglobar que
conforman un único inmueble», destinadas al alquiler, del cual derivaban su medio
de subsistencia los propietarios y la usufructuaria, Sixta Tulia Valencia de Ramírez.

5. Latotalidad del inmueble fue requerido por el Municipio de Medellín para la
construcción del proyecto Parque Lineal Quebrada Santa Elena, razón por la cual
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal expidió la Resolución núm.
416 de 28 de agosto de 2009, declarando la situación de urgencia para su
adquisición con destino a dicho proyecto.

6. El alcalde de Medellín formuló oferta de compra a los propietarios mediante la
Resolución núm. 424 de 12 de marzo de 2010, ofreciendo la suma de $574.377.300,
equivalente al valor comercial del inmueble, más compensaciones de $2.575.000
por prima de trámites legales y $7.725.000 por prima de afectación económica.

7. El valor indemnizatorio fue determinado conforme a los avalúos comerciales 2010-
PLC-01, 2010-PLC-02, 2010-PLC-03, 2010-PLC-04, 2010-PLC-05, 2010-PLC-06,
2010-PLC-07 y 2010-PLC-08 de 11 de febrero de 2010 y 2010-PLC-09 y 2010-PLC-
10 de 13 de febrero de 2010, elaborados por la Corporación Avalúos, en los cuales
detalla cada una de las 10 viviendas que componen el inmueble.

8. Los propietarios no aceptaron la oferta de compra por considerar que el precio
ofrecido resultaba irrisorio y que en la elaboración de los avalúos se incurrió en
graves falencias.

9. Mediante la Resolución núm. 1049 de 10 de junio de 2010, el alcalde de Medellín
dispuso la expropiación por vía administrativa del inmueble, fijando como precio
indemnizatorio la suma de $574.377.300, decisión que fue notificada personalmente
a los señores Martha Ramírez de Mojica, Guillermo León Valencia González y Gloria
del Socorro Valencia González.

10. Losnotificados interpusieron oportunamente recurso de reposición contra la
Resolución núm. 1049 de 10 de junio de 2010, solicitando que se reconocieran los
derechos a la usufructuaria, Sixta Tulia Valencia de Ramírez; que se modificaran
los avalúos que sirvieron de base para la fijación del valor comercial y que se
determinara en justa forma el precio indemnizatorio, recurso que fue resuelto por
medio de la Resolución núm. 1536 de 29 de julio de 2010, por la cual se confirmó la
decisión cuestionada.

4

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

11. Elapoderado de la parte actora aseguró que los actos administrativos
demandados fueron expedidos con desconocimiento de los artículos 61 y 67 de la
Ley 388 de 1997, en apoyo de lo cual formuló los siguientes cargos:

I) Violación de las normas sustantivas en las cuales debía fundarse la
decisión

12. Expuso que, de conformidad con los artículos 61 y 67 de la ley 388 de 1997, la
indemnización debe corresponder al valor comercial del inmueble objeto de
expropiación y aseveró que, en el caso concreto, al ofrecer y fijar el precio
indemnizatorio en una cifra que difiere significativamente del valor comercial del
predio expropiado, el Municipio de Medellín violó las normas sustantivas en las
cuales debía fundarse.

II) Falsa motivación

13. Señaló que el Municipio de Medellín incurrió en falsa motivación «porque se tomó
como base para calcular el valor del metro cuadrado del lote un valor que no
coincide con el valor comercial del inmueble, sin ningún reconocimiento adicional
por concepto de daño emergente y lucro cesante».

III) Desviación de poder

14. Manifestó que la competencia asignada a los municipios para decretar
expropiaciones debe ejercerse garantizando que al propietario se le pague un precio
justo, lo cual no hizo la entidad demandada toda vez que, por el contrario, reiteró,
reconoció un valor que no se compadece con el valor comercial del predio
expropiado y no reconoció el daño emergente y el lucro cesante que tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido pacíficos en reconocer, ello con
base en un avalúo elaborado por una entidad de derecho privado que omitió
fundamentarlo técnicamente.

2. Contestación de la demanda2

15. ElMunicipio de Medellín, a través de apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda aduciendo que en el proceso de adquisición del
inmueble de los demandantes se dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 61
y 67 de la Ley 388 de 1997, los artículos 2º y 25 del Decreto 1420 de 1998, así como
en la Resolución 620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
de manera que los actos administrativos demandados no adolecen de ningún vicio.

2
Folios 164 a 171 C1.

5

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

16. En ese sentido, sostuvo que el valor de la indemnización reconocido mediante la
Resolución núm. 1049 de 10 de junio de 2010 se estableció a través de los avalúos
comerciales 2010-PLC-01, 2010-PLC-02, 2010-PLC-03, 2010-PLC-04, 2010-PLC-
05, 2010-PLC-06, 2010-PLC-07 y 2010-PLC-08 de 11 de febrero de 2010 y 2010-
PLC-09 y 2010-PLC-10 de 13 de febrero de 2010, elaborados por la Corporación
Avalúos, en los cuales se tuvo en consideración las características de cada
inmueble en particular y se valoró por separado el área del lote y el área de la
construcción, ello con aplicación del método comparativo o de mercado y el método
de reposición.

17. Aludió que en la Resolución núm. 424 de 12 de marzo de 2010 se reconoció a
los arrendatarios la prima de traslado y a los propietarios la prima de trámites legales
y la prima por afectación económica, compensaciones previstas en el Decreto 2320
de 2005, y que en su total ascendieron a $12,617,500,00. Sin embargo, dijo, en la
Resolución núm. 1049 de 10 de junio de 2010, por la cual se decretó la expropiación
por vía administrativa, no se reconocieron tales compensaciones en razón de que
no se concretó la venta por enajenación voluntaria.

18. Finalmente, el apoderado formuló la excepción de falta de causa para pedir,
fincada en que el Municipio de Medellín aplicó a cabalidad las normas que rigen la
materia, e igualmente propuso la excepción de indebida acumulación de
pretensiones, «[t]oda vez que se observa que ellas no tienen origen en los actos
enjuiciados, pues el reajuste del precio y las primas por traslado y gastos legales,
tienen origen en diferentes actos administrativos, con mayor razón en tanto las
últimas no están contenidas en los actos enjuiciados».

19. En cuaderno separado3, el Municipio de Medellín llamó en garantía a la Empresa
de Desarrollo Urbano – EDU, argumentando que entre ambas entidades se
suscribió el Convenio Interadministrativo 4600022336 de 2009, cuyo objeto fue la
compra de predios y pago de compensaciones en el marco del proyecto Parque
Lineal Quebrada Santa Elena, razón por la cual, de resultar alguna condena relativa
a la indemnización o reembolso total o parcial del pago en favor de los
demandantes, le corresponde a la llamada en garantía asumirla con cargo a dicho
convenio.

20. El llamamiento en garantía fue admitido mediante auto de 3 de diciembre de
20124. No obstante, a través de providencia de 26 de julio de 20135, el magistrado
sustanciador dispuso reanudar el proceso sin la vinculación de tal entidad, por haber
precluido la oportunidad para efectuar su notificación personal.

3
Folios 155 a 158 C 1.
4
Folio 216 C 1.
5
Folio 217 C1.

6

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

21. ElTribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, en
sentencia de 9 de octubre de 20156, declaró impróspera la excepción de indebida
acumulación de pretensiones, declaró probado el medio exceptivo de falta de causa
para pedir y negó las súplicas de la demanda.

22. En sustento de su decisión, el a quo, como un aspecto previo, estimó que la
excepción de indebida acumulación de pretensiones formulada por el Municipio de
Medellín no tiene vocación de prosperidad, dado que, a la luz de lo regulado en el
artículo 71 de la Ley 388 de 1997, el administrado cuenta con el contencioso
subjetivo especial propendiendo por la nulidad de la decisión expropiatoria y el
consecuencial restablecimiento del derecho, o para controvertir el precio reconocido
por no resarcir de forma integral todos los menoscabos que estime le fueron
producidos a raíz la actuación pública, siempre que se encuentren debidamente
acreditados.

23. Enlo atinente a la excepción de falta de causa para pedir, señaló que se
entendería resuelta en el fondo de la sentencia por tratarse del asunto materia de
discusión.

24. Seguidamente, procedió a analizar la procedencia de modificar el precio
establecido por la entidad demandada por la expropiación del predio de los
demandantes, con arreglo a las probanzas obrantes en el plenario.

25. Resaltó que la valuación oficial está contenida en los avalúos 2010-PLC-01 a
2010-PLC10 de la Corporación Avalúos, en los cuales se valoró de forma
independiente cada una de las unidades habitacionales que componían la
construcción ubicada sobre el lote identificado con la matrícula inmobiliaria 01N-
240911, determinando que el lote presentaba una afectación de retiro de quebrada
de aproximadamente 1.791,10 M2 del total de 2.180,40 M2 que lo componían,
quedando solamente un área de 389,39 M2 libre para futuras construcciones.

26. Enfatizó que, según los mencionados avalúos, el lote sin afectar tenía un valor de
$128.469.000, mientras que el área afectada fue valorada en $177.318.900.
Igualmente, reparó que el método de valuación empleado para determinar el precio
comercial fue el comparativo o de mercado, así como el de reposición.

27. Advirtió que, con el fin de controvertir el avalúo oficial, los actores allegaron con
la demanda un avalúo ―realizado por el señor Francisco Ochoa― que no fue
aducido como tal, razón por la cual no se corrió traslado a la contraparte para que
ejerciera el derecho de contradicción, circunstancia que impide su valoración como
prueba pericial, al no cumplirse lo exigido por el artículo 238 del Código de

6
Folios 349 a 359 C 2.

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Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 116 de la Ley 1395 de 2010.
Por consiguiente, le reconoció al avalúo el mérito suasorio propio de una prueba
documental.

28. Asimismo, anotó que en el proceso obra un dictamen pericial realizado a solicitud
de los demandantes por una auxiliar de la justicia, quien llevó a cabo una
caracterización general del sector y, aplicando el método comparativo o de mercado
para el año 2010, estimó que el valor del terreno era de $763.140.000 y el de la
construcción de $597.780.500, para un total de $1.355.920.500.

29. Observó que si bien en la experticia se indica que se valoraron ofertas y
transacciones en el sector, no se detalla ni explica ninguna de las operaciones del
mercado tenidas como fundamento para arribar a tal conclusión, sumado a que para
la época de realización del dictamen ya no era posible inspeccionar físicamente la
construcción, dada su demolición, por lo que no pudo valorarse in situ el estado de
conservación y la calidad de los acabados de las unidades habitacionales, las
cuales tenían una “notoria vetustez”.

30. Agregó que en el dictamen pericial no se tuvo en consideración que la mayor
parte del lote ―1.791,10 M2― se encontraba afectada con un retiro de quebrada,
lo que constituye una carga que necesariamente incide en el valor comercial del
bien, en la medida que sobre tal área no es posible adelantar nuevas
construcciones, pues no sería posible obtener licencia para tal fin.

31. Al respecto, puso de presente que el Acuerdo 46 de 2006, «[p]or el cual se revisa
y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan
otras disposiciones», vigente al momento de expedirse la resolución expropiatoria,
señalaba en su artículo 20 cómo debían manejarse los retiros a corrientes naturales
de agua, y en su artículo 141 contemplaba que en la franja de retiro de la quebrada
Santa Elena se desarrollaría un parque lineal desde la carrera 38 con calle 54 hasta
límite del perímetro urbano, es decir, incluyendo el predio objeto de debate,
circunstancia que debe ser analizada en armonía con lo regulado en el canon 35 de
la Ley 388 de 1997, en tanto restringe la posibilidad de urbanizar los suelos de
protección.

32. De las aludidas disposiciones, el a quo concluyó que los retiros de corrientes de
agua son catalogados como suelos de protección, sobre los cuales no puede darse
ningún desarrollo constructivo, ni pueden estar encerrados, además de que deben
destinarse únicamente como zonas de recreación pasiva y de preservación
ambiental, a excepción de obras públicas que formen parte del sistema de movilidad
o proyectos de interés general que respeten las limitaciones de tales zonas, lo cual
se concatena con lo regulado en el artículo 252 del Acuerdo 46 de 2006.

8

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

33. Señaló que, dadas las falencias expuestas, las conclusiones plasmadas en el
dictamen pericial no serían acogidas para efectos de asignar un mayor valor del
metro cuadrado al inmueble expropiado a la parte actora.

34. Argumentó que, en tanto no se allegaron medios de convicción que lograran
desvirtuar el valor del metro cuadrado fijado por la entidad expropiadora con base
en la valuación oficial, y que en su lugar debiera adoptarse el aducido en la
demanda, resulta forzoso sostener que no se logró menguar la presunción de
legalidad de la que se encuentran investidos los actos administrativos demandados
con relación al valor del metro cuadrado en ellos consignado.

35. Actoseguido, analizó si era procedente el reconocimiento de los perjuicios
patrimoniales accesorios pretendidos por los demandantes.

36. Sobre ese particular, expuso que el hecho de que no se haya adoptado una
metodología para la valoración de los daños y perjuicios ajenos a la expropiación
de un inmueble por vía administrativa no puede servir de pretexto a la administración
para desconocer la obligación de indemnizar en forma justa y plena los perjuicios
patrimoniales accesorios causados al propietario, pues ello equivaldría a
desconocer el verdadero alcance de lo dispuesto en los artículos 34 y 58 de la
Constitución Política de Colombia, en el artículo 17 de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y en el artículo 21.2 del Pacto de
Derechos Económicos y Sociales o Pacto de San José de Costa Rica.

37. En esa línea de ideas, sostuvo que todos aquellos perjuicios que logren probarse
determinando claramente su cuantía deben ser plenamente indemnizados, siempre
y cuando exista un nexo de causalidad entre el daño inferido y la decisión de
expropiación.

38. Puso de presente que, en el caso concreto, en la oferta de compra formulada a
los demandantes se enunciaron algunas primas a manera de resarcimiento
―afectación económica, gastos legales, entre otros― bajo la condición de que se
llegara a una enajenación voluntaria, razón por la cual no se hicieron tales
reconocimientos en el acto que ordenó la expropiación por vía administrativa.

39. Advirtió
que el hecho de que la administración haya indicado que tales
reconocimientos solo se harían efectivos si se llegaba a un mutuo acuerdo sobre la
enajenación no es óbice para que aquellos puedan ser reconocidos judicialmente
en el marco de una concepción de la reparación integral de perjuicios antijurídicos
si se demuestre idónea y efectivamente la generación de un daño en tal sentido.

40. Apuntó que, frente a la compensación por afectación económica, los
demandantes centraron su reclamo en que las construcciones eran destinadas para
la renta, dado que las unidades habitacionales del inmueble se encontraban

9

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

arrendadas, a pesar de lo cual no se reconoció suma alguna por el menoscabo que
implicaba la expropiación del bien.

41. Sobre ese aspecto, indicó que, al analizar individual y conjuntamente el acervo
probatorio arrimado al plenario, encontró que no se acreditó la forma en que el bien
expropiado se encontraba destinado a la renta pues, además de lo aducido en la
demanda, solamente se aportó con tal finalidad una certificación suscrita por
contador, sin que repose en el expediente copia de algún contrato u otro medio de
convicción que dé certeza de la existencia de los negocios jurídicos de tal
naturaleza, así como de la duración pactada y los cánones, entre otros aspectos,
sin que ello pueda ser objeto de presunción.

42. En síntesis, el a quo consideró que, al no desvirtuarse el precio fijado por la
entidad avaluadora, y teniendo en cuenta que el mismo se encuentra investido de
la presunción de legalidad que se predica de las decisiones de la administración,
deberían negarse las pretensiones de la demanda, dando paso a la prosperidad de
la excepción de falta de causa para pedir.

III.- RECURSO DE APELACIÓN

43. La apoderada de los demandantes presentó oportunamente recurso de
apelación7 solicitando que se revoque la sentencia de primera instancia y que, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

44. Para soportar su inconformidad, afirmó que si bien es cierto que, como lo
estableció el a quo, el avalúo aportado con la demanda no tiene la calidad de
dictamen pericial, también lo es que se trata de una prueba documental que no fue
censurada por la parte demandada, y que conlleva a establecer que el avalúo
utilizado por la entidad demandada para fijar el monto expropiatorio fue precario y
no consultó la realidad material del predio expropiado y de los titulares del derecho
de dominio que resultaron afectados.

45. Aseveró que tanto la aludida prueba documental como el dictamen pericial
practicado en el proceso, efectuado por la auxiliar de la justicia Esperanza de
Lourdes Agudelo, coinciden en su metodología y son similares en cuanto a su
resultado económico, aspecto que, cuestionó, no fue tenido en cuenta por el juez
de primera instancia.

46. Así, adujo, ambos avalúos valoraron de la misma forma las áreas de retiro de
quebrada y las áreas construidas. En este punto, señaló que la normativa
urbanística en Colombia tuvo su origen en la Ley 9 de 1989, la cual previó normas
restrictivas en materia de retiros, y mencionó que el inmueble expropiado a los
demandantes fue construido mucho antes de la entrada en vigencia de dicha Ley.

7
Folios 361 a 366 C2.

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Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

47. Añadió que el hecho de que hubiera una explotación y un uso del área de retiro
de la quebrada es indicador de la existencia de una situación jurídica ya consolidada
que debió verse reflejada en el avalúo encomendado por la entidad demandada
para la fijación del precio indemnizatorio de la expropiación y anotó que si, en gracia
de discusión, se hubiera presentado una valoración dual de las áreas de retiro, no
se reflejó en el monto de la indemnización expropiatoria el costo de un muro de
contención que fue construido en el inmueble y que debió ser valorado como una
mejora en el hipotético caso de que las áreas de retiro tuvieran valor diferente.

48. Alegó que, en esos términos, la valoración realizada por el a quo es errada, pues
lo que se tiene como área de retiro obedece a una situación jurídica debidamente
consolidada, que fue explotada económicamente y que debía ser tenida en cuenta
para la fijación del monto expropiatorio.

49. Aseguró que, aun cuando se dejase de valorar el área de retiro y el muro de
contención, el precio por metro cuadrado del área construida también fue
artificialmente envilecido por la entidad demandada, situación que se ve reflejada
en el avalúo realizado por su cuenta.

50. Asimismo, sostuvo que en el avalúo oficial se soslayó hacer por lo menos
mención al uso del suelo que para el predio expropiado contemplaba el Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio y que no fue debidamente aprobado por el
correspondiente Comité de Avalúos, requisito que es indispensable para dotarlo de
credibilidad.

51. Adicionalmente, discutió que en el precio indemnizatorio no se consideró que el
monto de la indemnización debió ser integral e involucrar el costo de los
arrendamientos dejados de percibir por el término establecido en la normatividad
colombiana, esto es, la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi.

52. Por lo demás, indicó que el ad quem debe tener en cuenta que la entidad
demandada no desplegó ninguna conducta encaminada a enervar la prueba
pericial, respecto de la cual no presentó objeción ni solicitó aclaración, lo que, en su
criterio, constituye una aceptación tácita de la metodología y los resultados, por lo
cual no debe restársele valor probatorio.

53. Arguyó que, así las cosas, puede concluirse que el avalúo oficial no refleja el valor
comercial del inmueble objeto de expropiación y que, bajo ninguna circunstancia,
podía servir como base para fijar el monto de la indemnización.

54. Finalmente, manifestó que el juez no puede ir en contra de los actos de sus
propios agentes, como lo es la auxiliar de la justicia designada por el Despacho
sustanciador, quien ratificó las conclusiones de la demanda, demostrando con
suficiencia que el precio expropiatorio fijado por la entidad era precario.

11

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

IV-. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

55. La magistrada sustanciadora de la primera instancia, mediante auto de 11 de
diciembre de 20158, concedió el recurso de apelación presentado por el apoderado
de la parte actora.

56. Remitido y repartido el proceso entre los diferentes Despachos que integran la
Sección Primera del Consejo de Estado, a través de auto de 25 de mayo de 20169,
el Despacho sustanciador admitió los recursos interpuestos y dispuso correr
traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que, de tenerlo a bien, rindiera concepto.

57. El apoderado de los demandantes presentó escrito de alegatos de conclusión10
reiterando lo expuesto en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

58. Por su parte, la entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en
esta etapa procesal.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Competencia

59. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º11 del artículo 71 de la Ley 388
de 1997 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo sobre competencia
del Consejo de Estado, y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201912,
sobre distribución de asuntos entre las secciones, esta Sección es competente para
conocer del presente asunto.

V.2.- Problema jurídico

60. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de
primera instancia, para lo cual, en los términos del recurso de apelación, deberá
analizar: i) si las pruebas practicadas en el proceso desvirtúan o no el valor
comercial de los inmuebles de los demandantes fijado por el Municipio de Medellín
con ocasión de la expropiación administrativa ordenada mediante los actos
administrativos demandados y ii) si a los demandantes les asistía el derecho a
obtener una indemnización del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante,

8
Folio 367 C 2.
9
Folio 4 C 3.
10
Folios 6 a 11 C 3.
11
5. Contra la sentencia procederá recurso de apelación ante el Honorable Consejo de Estado, el cual decidirá de plano,
salvo que discrecionalmente estime necesaria practicar nuevas pruebas durante un lapso no superior a un mes. La parte que
no ha apelado podrá presentar sus alegaciones, por una sola vez, en cualquier momento antes de que el proceso entre al
despacho para pronunciar sentencia.
12
Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad de actos
administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.

12

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

en razón de los ingresos dejados de percibir por cánones de arrendamiento a causa
de la expropiación administrativa.

V.3. Los actos administrativos demandados

61. Los demandantes solicitaron la nulidad del artículo tercero de la Resolución núm.
1049 de 10 de junio de 201013, expedida por alcalde de Medellín, «por la cual se
dispone la expropiación por vía administrativa de un Inmueble con todas sus
Mejoras y Anexidades», cuyo tenor literal es el siguiente:

“[…] ARTICULO TERCERO: PRECIO DE LA INDEMNIZACIÓN. El valor total de la
indemnización es, conforme a los avalúos comerciales radicados N° 2010-PLC-01,
2010-PLC-02, 2010-PLC-03, 2010-PLC-04, 2010-PLC-05, 2010-PlC-06, 2010-PLC-
07, 2010-PLC-08 del 11 de febrero de 2010 y 2010-PLC-09 y 2010-PLC-10 del 13 de
Febrero de 2010, efectuados por la Corporación Avalúos, por la suma total de
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MIL ($574.377.300), los cuales se dividen para
cada interior antes mencionado así:

Para el avalúo 2010-PLC-01, correspondiente a la dirección calle 51 No. 33-02,
el valor es CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL
DOSCIENTOS PESOS M/L. ($43.123.200).

Para el avalúo 2010-PLC-02, correspondiente a la dirección calle 51 No. 33 -06
el valor es SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS PESOS M/L. ($62.210.400).

Para el avalúo 2010-PLC-03, correspondiente a la dirección calle 51 No. 32 -72,
el valor es TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS PESOS M/L. ($13.445.600).

Para el avalúo 2010-PLC-04, correspondiente a la dirección calle 51 No. 32 -82,
el valor es TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS PESOS M/L. ($13.263.600).

Para el avalúo 2010-PLC-05, correspondiente a la dirección calle 51 No. 32 -88,
el valor es CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL
CUATROCIENTOS PESOS M/L. ($14.822.400).

Para el avalúo 2010-PLC-06, correspondiente a la dirección calle 51 No. 32 -92,
el valor es TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
PESOS M/L. ($36.176.000).

Para el avalúo 2010-PLC-07, correspondiente a la dirección calle 51 No. 32 -
100 el valor es TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/L. ($36.953.600).

Para el avalúo 2010-PLC-08, correspondiente a la dirección calle 51 No. 32 -
108, el valor es QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L. ($15.949.800).

13
Folios 33 a 45 C1.

13

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

Para el avalúo 2010-PLC-09, correspondiente a la dirección calle 51 No. 32 -66,
el valor es TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/L. ($318.267.300).

Para el avalúo 2010-PLC-10, correspondiente a la dirección calle 51 No. 32 -
106, el valor es VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS PESOS M/L. ($20.165.400) […]”.

62. Igualmente, los demandantes solicitaron la nulidad de la Resolución núm. 1536
de 29 de julio de 201014, a través de la cual el alcalde de Medellín dispuso «NO
REVOCAR el Acto Administrativo que contiene la Resolución N° 1049 del 10 de
junio de 2010, “Por la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de
unas mejoras y anexidades”, por las consideraciones que en él fueron expuestas».

V.4. Análisis del caso concreto

63. ElTribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, en la
sentencia de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda por considerar
que la parte actora no demostró la incorrección del avalúo oficial que sirvió de
sustento para la fijación del precio indemnizatorio pagado por el Municipio de
Medellín por la expropiación administrativa del inmueble ubicado en la calle 51 Nos.
33-02/06 y calle 51 Nos. 32-66/72/82/88/92/100/106 y 108 de la ciudad de Medellín,
identificado con matrícula inmobiliaria 01N-240911 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Medellín ‒ Zona Norte, ordenada a través de la
Resolución núm. 1049 de 10 de junio de 2011, confirmada mediante la Resolución
núm. 1536 de 29 de julio de 2010.

64. Asimismo, el a quo determinó que los demandantes no demostraron el perjuicio
que alegaron haber sufrido en la modalidad de lucro cesante por las rentas dejadas
de percibir, toda vez que no acreditaron que las unidades habitacionales que
conformaban el predio expropiado se encontraban arrendadas.

65. La parte actora interpuso recurso de apelación solicitando que se revoque la
decisión y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, insistiendo
en que el precio indemnizatorio reconocido por el ente territorial demandado no se
ajusta al valor comercial que tenía el inmueble expropiado y, por lo demás, no se
tuvo en consideración los arrendamientos dejados de percibir por el término
establecido en la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

66. Previo al análisis de los argumentos de inconformidad expuestos por los
demandantes, la Sala recuerda que el artículo 58 de la Constitución Política protege
y garantiza el derecho a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, siempre que su adquisición se haya ajustado a las
prescripciones del ordenamiento jurídico.

14
Folios 47 a 51 C1.

14

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

67. El inciso cuarto del citado precepto fue modificado por el Acto Legislativo No. 1
de 30 de julio de 1999, norma que prescribe que, por motivos de utilidad pública o
de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa, que se fijará consultando los intereses de
la comunidad y del afectado y que, en los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contencioso administrativa, incluso respecto del precio.

68. Como se advierte, en caso de conflicto entre el derecho a la propiedad privada y
el interés general es este último el llamado a primar y, por ende, el derecho de
propiedad debe ceder en procura de la satisfacción de los intereses de la
colectividad, lo que devela que no se trata de un derecho absoluto ni tampoco
intangible15.

69. En armonía con lo expuesto, el derecho a la propiedad privada puede ser limitado
cuando no cumple la función social o ecológica, cuando su adquisición quebrante
las normas que la sustenta o, incluso, cuando entra en conflicto con el interés
general, por lo cual el constituyente y el legislador, en el marco de los cometidos
constitucionales, diseñaron diferentes instrumentos dirigidos a enervar ese derecho
por la ocurrencia de alguno de los supuestos mencionados.

70. Uno de tales instrumentos es el mecanismo de la expropiación, cuya regulación
legal se encuentra en la Ley 9 de 1989, normativa que desarrolla la expropiación
por vía judicial; en la Ley 388 de 1997, que modificó aquella en algunos
procedimientos de la expropiación judicial y reguló expresamente la expropiación
por vía administrativa, y en los artículos 451 a 459 del Código de Procedimiento
Civil, ahora 399 del Código General del Proceso, norma que contiene las
disposiciones a las cuales se encuentra sujeta la expropiación por vía judicial.

71. Pues bien, el artículo 71 de la referida Ley 388 de 1997 dispone que contra la
decisión de expropiación por vía administrativa procede la acción especial
contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del
derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido. Así, para
debatir el precio indemnizatorio no se requiere cuestionar la legalidad del acto
administrativo que lo determina, como en efecto ocurre en el sub lite, considerando
que la pretensión de la parte actora está encaminada, en esencia, a que se ordene
el reajuste del precio indemnizatorio reconocido y pagado por la administración.

72. En este contexto, la Sala analizará a continuación los argumentos expuestos en
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia:

15
Corte Constitucional. Sentencia C-459 del 1º de junio de 2011. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

15

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

I) El valor comercial de los inmuebles expropiados

73. El juez de primera instancia consideró que el dictamen pericial practicado en el
proceso no puede ser acogido para efectos de asignar un mayor valor al inmueble
expropiado a la parte accionante, toda vez que la auxiliar de la justicia que lo practicó
no argumentó, explicó o probó de forma suficiente y técnica sus conclusiones, en
tanto no ilustró las operaciones inmobiliarias sobre inmuebles semejantes que tuvo
en cuenta para extraer el precio indemnizatorio aplicando el método comparativo de
mercado y tampoco tuvo en consideración el hecho de que gran parte del terreno
consistía en suelo protegido, de manera que en caso de que se optara por venderlo
en condiciones normales no podría reconocerse el 100% del valor comercial de un
terreno semejante que no contara con dicha restricción.

74. En el escrito de apelación, el apoderado de la parte actora adujo que tanto el
avalúo allegado con la demanda como el dictamen pericial coinciden en la
valoración de las áreas de retiro de quebrada y las áreas construidas y argumentó
que, de cualquier forma, el inmueble expropiado fue construido y utilizado antes de
la entrada en vigencia de la Ley 9 de 1989, la cual estableció restricciones en
materia de retiros, razón por la cual, en su criterio, la valoración realizada por el a
quo es errada, pues al aplicar retroactivamente la citada disposición desconoce que
lo que se tenía como área de retiro al momento de la expropiación «obedece a una
situación jurídica debidamente consolidada que fue explotada económicamente y
que debía ser tenida en cuenta para la fijación del monto expropiatorio».

75. Sostuvo que dado el caso de que las áreas de retiro tuvieran un valor diferente,
en la indemnización expropiatoria debió tenerse en cuenta el costo de un muro de
contención que fue construido en el inmueble, el cual constituía una mejora.

76. Señaló, además, que el juez de primer grado no analizó que el precio por metro
cuadrado del área construida también fue artificialmente depreciado por el Municipio
de Medellín y agregó que el avalúo oficial no hizo mención del uso del suelo que
para el predio expropiado contemplaba el Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio y que no aparece debidamente aprobado por el Comité de Avalúos,
razones por las cuales no podría servir como base para fijar el monto de la
indemnización expropiatoria.

77. Aunado a lo anterior, advirtió que la parte demandada no desplegó conducta
encaminada a enervar o censurar tanto la prueba documental como la prueba
pericial, conducta que debe ser apreciada como prueba para determinar que no se
encuentra razón alguna para que se le reste valor probatorio a dichas pruebas.

78. Agregó que no puede ir la magistratura contra los actos de sus propios agentes
y que fue precisamente una auxiliar de la justicia nombrada por el Despacho
sustanciador quien ratificó las conclusiones de la demanda y probó con suficiencia
que el precio expropiatorio fijado por la entidad era insuficiente.

16

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

79. Con fundamento en lo expuesto, sostuvo que, contrario a lo concluido por el a
quo, en el proceso se probó con suficiencia la precariedad del precio fijado por la
entidad demandada.

80. En orden a resolver, la Sala destaca que el artículo 61 de la Ley 388 de 1997
dispone que el precio de adquisición por la expropiación será igual al valor comercial
determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus
funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto
reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. La norma igualmente
señala que el valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación
urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir y, en particular, con su destinación económica.

81. El Decreto 1420 de 1998 señala que los avalúos comerciales de inmuebles que
se requieran con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 se deberán
efectuar aplicando el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual o, si el caso lo
amerita, varios de ellos (artículo 25). Igualmente, el Decreto establece que cuando
las condiciones del inmueble materia de análisis permitan la aplicación de uno o
más de los métodos enunciados, el avaluador debe realizar las estimaciones
correspondientes y sustentar el valor que se determine (artículo 26).

82. La Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi define y
precisa el alcance de cada uno de los métodos referidos y su forma de aplicación,
y además regula las etapas, procedimientos y normas metodológicas para la
realización del avalúo. En relación con el método de comparación o de mercado y
el método de costo de reposición, la resolución dispone:

ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO. Cuando para
la realización del avalúo se acuda a información de ofertas y/o transacciones,
es necesario que en la presentación del avalúo se haga mención explícita del
medio del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación, además de
otros factores que permitan su identificación posterior.

Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad horizontal, el valor del
terreno y la construcción deben ser analizados en forma independiente para
cada uno de los datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores
unitarios. Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal se
debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada de construcción.

Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y construcción sean
coherentes.

En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías de los predios
en oferta o de los que se ha obtenido datos de transacción para facilitar su
posterior análisis.

17

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. En desarrollo de este
método se debe entender por costo total de la construcción la suma de los
costos directos, costos indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto,
en que debe incurrirse para la realización de la obra. Después de calculados los
volúmenes y unidades requeridos para la construcción, se debe tener especial
atención con los costos propios del sitio donde se localiza el inmueble.

Al valor definido como costo total se le debe aplicar la depreciación.

PARÁGRAFO 1o. Este método se debe usar en caso de que el bien objeto de
avalúo no cuente con bienes comparables por su naturaleza (colegios,
hospitales, estadios, etc.) o por la inexistencia de datos de mercado (ofertas o
transacciones) y corresponda a una propiedad no sujeta al régimen de
propiedad horizontal.

PARÁGRAFO 2o. Para depreciar los equipos especiales que posea el bien, se
emplea el método lineal, tomando en cuenta la vida remanente en proporción a
la vida útil establecida por el fabricante “

83. Enel asunto sub examine, la Sala constata que el justiprecio del inmueble
expropiado, identificado con matrícula inmobiliaria 01N-240911 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte, fue determinado
mediante los avalúos comerciales 2010-PLC-01, 2010-PLC-02, 2010-PLC-03,
2010-PLC-04, 2010-PLC-05, 2010-PLC-06, 2010-PLC-07 y 2010-PLC-08 de 11 de
febrero de 2010 y 2010-PLC-09 y 2010-PLC-10 de 13 de febrero de 201016,
elaborados por la Corporación Avalúos, y a través de los cuales se valoraron de
manera independiente cada una de las unidades habitacionales que componían el
predio. De los informes de los avalúos se destacan los siguientes aspectos que
tienen en común:

16
Folios 223 a 283 C1.

18

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

84. En cada uno de los avalúos se describió, además, las características particulares
de cada una de las construcciones, tales como su vetustez, estructura, materiales y
fachadas. Las conclusiones de los avalúos pueden resumirse de la siguiente
manera:

No. Avalúo Dirección Antigüedad Área Área lote Área lote Valor
construida afectado sin afectar
2010-PLC-01 Calle 51 N° 33-02 45 años 134,76 M2 $43.123.200
2010-PLC-02 Calle 51 N° 33-06 80 años 122,18 M2 $62.210.400
2010-PLC-03 Calle 51 N° 32-72 60 años 48,02 M2 $13.445.600
2010-PLC-04 Calle 51 N° 32-82 60 años 47,37 M2 $13.263.600
2010-PLC-05 Calle 51 N° 32-88 60 años 46,32 M2 $14.822.400
2010-PLC-06 Calle 51 N° 32-92 70 años 129,20 M2 $36.176.000
2010-PLC-07 Calle 51 N° 32-100 80 años 115,48 M2 $36.953.600
2010-PLC-08 Calle 51 N° 32-108 80 años 88,61 M2 $15.949.800

19

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

2010-PLC-09 Calle 51 N° 32-66 60 años 69,33 M2 1,7991,10 M2 389,30 M2 $318.267.300
2010-PLC-10 Calle 51 N° 32-106 80 años 112,03 M2 $20.165.400
Total: $574.377.300

85. De lo anterior, la Sala corrobora que, como lo advirtió el a quo, en la evaluación
oficial se tuvo en consideración la afectación por retiro de quebrada,
estableciéndose que el área de lote que resultaba afectada era de 1,791,10 M 2, la
cual fue valorada en $177,318,900, mientras que el área sin afectar era de 389,30
M2, cuyo valor se fijó en $128,469,000.

86. Asimismo, se evidencia que, contrario a lo aducido por la parte actora, en la
valoración sí se tuvo en cuenta el uso del suelo del predio expropiado, de
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín.

87. También se advierte que, aunque la avaluadora hizo uso del método comparativo
o de mercado, no se enlistaron ni detallaron las transacciones u ofertas similares
tomadas como punto de cotejo.

88. En este punto, viene al caso recordar que, en reiterada y pacífica jurisprudencia,
esta Sección ha sostenido que al incorporarse el valor del avalúo oficial en el texto
de los actos que decretan la expropiación por vía administrativa, debe entenderse
que este se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza
que se predica de las decisiones de la administración. Por lo tanto, es obligación de
la parte demandante demostrar en el proceso judicial los errores que le atribuya a
dicho avalúo. En sentencia de 14 de septiembre de 2020, esta Sala expuso lo
siguiente sobre el particular:

[…] 5.2.3. [L]a Sala considera relevante precisar el alcance de la carga que
recae sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración; no basta entonces con que se argumente que los
mismos no cumplieron con lo determinado en la norma para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo oficial. Resulta
indispensable que la parte demandante indique el defecto en que se ha incurrido
y cuál es el impacto en el precio que se ofreció por la administración conforme
las normas que regulan la materia […]17.

89. La Sección igualmente ha considerado que la determinación del valor comercial
del bien inmueble tiene un carácter técnico, en la medida en que se requiere la
aplicación de los métodos previstos en las normas que regulan la materia, así como
la aplicación de distintos criterios y parámetros como la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente, la destinación económica del inmueble, los valores
unitarios para cada una de las construcciones del terreno, aspectos físicos, la clase
del suelo, las construcciones en la zona, la estratificación socio económica del bien
inmueble y las construcciones existentes, entre otros18.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de septiembre de 2020.

Radicado: 05001-2331-000-2007-00419-01. M.P.: Oswaldo Giraldo López.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de abril de 2022. Radicado:

05001-2331-000-2010-00195-01. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez.

20

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

90. En suma, la carga de desvirtuar el avalúo técnico que brindó soporte legal y
fáctico al acto administrativo que ordena la expropiación administrativa recae en la
parte actora, sin que pueda ser trasladada a la autoridad judicial a cargo de la
dirección o decisión del proceso19, como lo pretende la parte apelante al aducir que
«no puede ir la magistratura contra los actos de sus propios agentes y fue,
precisamente, el auxiliar de la justicia nombrado por el Despacho, el que ratificó las
conclusiones de la demanda y mediante el cual se probó con suficiencia que el
precio expropiatorio fijado por la entidad era precario».

91. Pues bien, con el fin de desvirtuar el avalúo oficial, los demandantes aportaron
con la demanda un avalúo comercial elaborado por el señor Francisco Ochoa
Ochoa20, el cual fue valorado en la sentencia de primera instancia con carácter de
prueba documental y no como un dictamen pericial o informe técnico, lo que implica
que los precios consignados en el mismo no pueden ser acogidos como único
criterio para determinar el valor comercial del bien expropiado.

92. Del análisis del contenido del documento, el a quo estimó que el avaluador: i) se
basó en estadísticas propias –no explicitadas– y de la Lonja de Propiedad Raíz de
Medellín y Antioquia respecto del comportamiento general del mercado inmobiliario
en Medellín; ii) indicó el valor promedio del metro cuadrado por sectores para
vivienda nueva –es decir, formales, que cumplen normas urbanísticas y POT–; iii)
no hizo alusión a la restricción de retiro por quebrada que recaía sobre al menos
1.791,10 M2 del total de 2.180,40 M2 del predio, y que impedía nuevas
construcciones y iv) señaló que el estado de las construcciones era regular.

93. En razón de las aludidas falencias, el Tribunal Administrativo consideró que el
valor del metro cuadrado tomado en cuenta no es un parámetro que guarde
semejanza o que sea comparable al del bien expropiado, conclusión respecto de la
cual la parte apelante no presentó argumentos de disenso, pues se limitó a afirmar
que esta prueba es conducente y pertinente como prueba documental y «es
indicativa de que el avalúo utilizado por la entidad demandada para fijar el monto
expropiatorio fue precario y no consultó la realidad material, tanto del predio
expropiado, como de los titulares del derecho de dominio que resultaron afectados».

94. En el dictamen pericial practicado en el proceso a solicitud de la parte actora 21,
la auxiliar de la justicia, Esperanza de Lourdes Agudelo Galeano, aplicando el
método comparativo o de mercado, asignó al terreno un valor comercial de
$763.140.00 y a la construcción un valor de $597.780.500, para un total de
$1.355.920.500. Los apartes del dictamen más relevantes para el análisis que hace
la Sala son los siguientes:

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de julio de 2022. Radicado:
05001-23-31-000-2008-00035-01. M. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
20 Folios 64 a 101 C1.
21
Folios 303 a 315 C 2.

21

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

22

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

95. Examinado el informe, la Sala verifica que, como lo indicó el a quo, no contiene
los elementos fundamentales del método comparativo o de mercado, en tanto que
la perito no detalló ni suministró información que permita conocer y analizar las
ofertas o transacciones de bienes semejantes y comparables al del objeto de
avalúo. Tampoco detalló el estudio del suelo realizado por «la Lonja» que indicó
haber tenido en cuenta al hacer uso del método de reposición para estimar de
manera separada el valor del terreno y de la construcción, ni alude a la vetustez,
estado de conservación y demás características de las edificaciones al momento de
la expropiación.

23

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

96. De la misma manera, se constata que el dictamen pericial no se refirió a la
afectación por retiro de quebrada que, según la valuación oficial, recaía sobre parte
del predio, ni hizo mención al muro de contención que según la parte actora fue
construido sobre el inmueble. Siendo así, la experticia en nada soporta la afirmación
de la parte actora relativa a una situación jurídica consolidada por el hecho de la
explotación del predio antes de su afectación por retiro de quebrada y que, a su
juicio, debía tenerse en consideración para la fijación del justiprecio.

97. Aunado a lo anterior, la Sala observa que la ubicación de la faja de terreno
valorada por la perito no coincide en su totalidad con la del predio que fue
expropiado, en tanto que no incluyó las edificaciones ubicadas en la calle 51 No.
32-100 y calle 51 No. 32-108, cuyos valores comerciales se definieron en los
avalúos oficiales 2010-PLC-07 y 2010-PLC-08, respectivamente.

98. Por lo expuesto, la Sala considera que las conclusiones a las cuales arribó la
auxiliar de la justicia carecen de fundamentos técnicos y de soportes que las validen,
en la medida en que no sustentó de manera detallada y completa las razones de
sus afirmaciones, ni aportó la documentación y elementos que permita conocer y
analizar los estudios en los cuales se basó para el efecto.

99. Esta Sección del Consejo de Estado ha expresado que en estos casos no resulta
suficiente la mera exposición de los resultados de las operaciones periciales
practicadas y de las deducciones extraídas por el perito, huérfanas de las
explicaciones relativas a su origen y al proceso lógico e intelectivo que ha conducido
a su obtención, omitiendo la exposición y explicación de las razones por las cuales
no es dable mantener otro criterio diferente. Esto, teniendo en cuenta que las partes
y la autoridad judicial no cuentan con los conocimientos especializados del perito.
Así, en sentencia de 14 de mayo de 200922, la Sección sostuvo:

[…] Precisamente por el hecho de que tanto las partes como la autoridad judicial
no cuenten con los conocimientos especializados del perito, es de esperar que
éste revele los datos y los hitos de su discernimiento, que si bien un entendido
en la materia puede reputar elementales, un profano puede encontrarlos
inasequibles. Obsérvese que el cometido principal de cualquier experticia no es
otro que la persuasión, y esta difícilmente se logra cuando solamente se
efectúan afirmaciones o negaciones de manera apodíctica, negándole al juez y
a las partes la posibilidad de conocer los rudimentos básicos del análisis
efectuado. La labor del perito consiste precisamente en proporcionar, junto con
el fruto de su propia interpretación, los fundamentos que lo soportan, para situar
a sus destinatarios en condiciones de poder valorar la objetividad, la
razonabilidad, la coherencia y la sensatez de las conclusiones presentadas […]

100. En conclusión, las falencias del dictamen pericial que han quedado evidenciadas
impiden darle plena credibilidad, lo que conduce a la Sala a tener por cierto el avalúo
que sirvió de sustento para la fijación del precio indemnizatorio reconocido y pagado

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Radicado:

05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

24

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

a los demandantes con ocasión de la expropiación administrativa dispuesta
mediante las resoluciones demandadas.

101. Corolario de lo anterior, para la Sala resultan infundados los argumentos de
inconformidad en análisis y, en cambio, considera acertada la decisión de primera
instancia en cuando no se acogieron los parámetros establecidos en el dictamen
pericial practicado en la instancia judicial.

II) Lucro cesante por ingresos dejados de percibir

102. El apoderado de la parte actora argumentó que el a quo descuidó analizar que
«en el precio indemnizatorio, no se reflejó que el monto de la indemnización debió
ser integral e involucrar el costo de los arrendamientos dejados de percibir por el
término establecido en la normatividad colombiana, esto es, la Resolución 620 de
2008 del IGAAC».

103. Con miras a decidir lo que en derecho corresponda, la Sala destaca que el
numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 dispone que «[p]ara los efectos
del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se
encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que
ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos
provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que
se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses».

104. En
concordancia, el artículo 21 de la Resolución 620 de 2008 del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi dispone lo siguiente sobre los soportes de la estimación
del monto de las rentas o ingresos dejados de obtener:

Artículo 21º.- Cálculo del valor de la compensación debida por la afectación a
causa de una obra pública. La forma para calcular este valor será:

[…]

4. […] Para estimar el monto de la compensación de las rentas o ingresos que
se dejan de percibir por una limitación temporal o definitiva (numeral 6 del
artículo 21, Decreto 1420 de 1998) se deberán tener en cuenta:

• Las declaraciones para efectos tributarios.
• El balance contable que se presente para la Cámara de Comercio.

En caso de que la empresa no esté obligada a presentar ninguna de las
anteriores, deberá probar la utilidad neta del negocio de por lo menos los seis
meses anteriores, mediante un estado de pérdidas y ganancias mensual
firmado por un contador público titulado, con matrícula profesional vigente.

Esta utilidad neta mensual debe multiplicarse por los meses que se hayan
establecido como período de compensación […]”.

25

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

105. De la disposición transcrita se tiene que la compensación debida por la
afectación a causa de una obra pública resulta aplicable siempre que sobre un
inmueble destinado a una actividad productiva recaiga una afectación que ocasione
su limitación temporal o definitiva a la generación de rentas o ingresos provenientes
dicha actividad. En todo caso, la compensación será hasta por seis (6) meses.

106. Una vez se determina que el inmueble se encuentra destinado a una actividad
productiva, los documentos que deberán tenerse en cuenta para establecer el
monto de la compensación por rentas e ingresos dejados de percibir por la
afectación son, en principio, las declaraciones para efectos tributarios y el balance
contable que se presente ante la Cámara de Comercio. Si el afectado no está
obligado a presentar dichos documentos, deberá acreditar la utilidad neta del
negocio mediante un estado de pérdidas y ganancias mensuales.

107. En la medida en que no existe norma expresa sobre la forma de indemnizar de
manera justa y plena los detrimentos patrimoniales accesorios causados a los
propietarios de una expropiación por vía administrativa, esta Sección ha
considerado que, en aplicación del artículo 8º de la Ley 153 de 188723, debe
acudirse a la regla establecida en el referido numeral 6 del artículo 21 del Decreto
1420 de 199824.

108. Espor ello que la Sala ha reconocido la procedencia de perjuicios en la
modalidad de lucro cesante por rentas e ingresos dejados de percibir a causa de
expropiaciones administrativas, siempre que se demuestre en los términos previstos
en el artículo 21 de la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi25.

109. En esos términos, el carácter resarcible del daño depende, fundamentalmente,
de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético
o contingente no pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe
estar revestido de certeza para que produzca efectos jurídicos y de lugar al
resarcimiento, pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una
suposición no puede generar una indemnización26.

110. Asimismo, para poder obtener la reparación de los daños accesorios que
hubieren podido consumarse con la expropiación es indispensable que exista un
nexo de causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante la cual se
decretó la expropiación 27.
23 Artículo 8. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o

materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 26 de julio de 2012. Radicado:
05001-23-31-000-2003-00977-01. M. P. (E): Marco Antonio Velilla Moreno.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 19 de abril de 2021. Radicado:

05001233100020020071601. M. P.: Oswaldo Giraldo López.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 16 de febrero de 2017. Radicado:
05001-23-31-000-2007-00379-01. M. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

27
Sentencia del 14 de mayo de 2009 citada ut supra.

26

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

111. En síntesis, y como lo ha precisado esta Sala recientemente, en casos como el
que se analiza, para acreditar el lucro cesante resulta indispensable demostrar que
el inmueble expropiado se encuentra destinado a una actividad productiva, estimar
y acreditar el monto de las rentas e ingresos dejados de percibir y evidenciar el nexo
de causalidad entre el perjuicio alegado y la expropiación decretada28.

112. Esimportante recordar que, de conformidad con el artículo 164 del Código
General del Proceso, que regula la necesidad de la prueba, «Toda decisión judicial
debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».

113. Precisado lo anterior, la Sala resalta que, en la sentencia de instancia, el Tribunal
Administrativo señaló que, tras analizar individual y conjuntamente el acervo
probatorio arrimado al plenario, pudo concluir que no se acreditó que las unidades
habitacionales que conformaban el predio expropiado se encontraban arrendadas
pues, además de lo aducido en la demanda, solamente se aportó con tal finalidad
una certificación suscrita por un contador (fl. 102 C1), sin que obre en el expediente
copia de algún contrato u otro medio de convicción que dé certeza de la existencia
de los negocios jurídicos de tal naturaleza, así como de la duración pactada, los
cánones percibidos, entre otros, sin que ello pueda ser objeto de presunción.

114. Señaló que, «[p]or lo anterior, y
en vista de que no obran en el expediente
pruebas que señalen el acaecimiento de un perjuicio material en las modalidades
de daño emergente o de lucro cesante con ocasión de la expropiación, ni menos
aun en qué cuantía, y sin que sea procedente reconocer perjuicios eventuales o
aleatorios, esta Sala de Decisión denegará las súplicas relacionadas con estos
conceptos».

115. De esa forma, la Sala observa que, contrario a lo señalado por la parte actora,
el a quo se ocupó de analizar la censura fincada en que la indemnización por la
expropiación decretada no incluyó suma alguna por el menoscabo sufrido por los
actores al dejar de percibir las rentas que obtenían dado que las unidades
habitacionales del inmueble se encontraban arrendadas.

116. Ladecisión se basó en la falta de pruebas sobre la pérdida de la utilidad
económica que percibían los demandantes por cánones de arrendamientos durante
los 6 meses anteriores a la expropiación administrativa, decretada mediante la
Resolución núm. 1049 de 10 de junio de 2010, ello con sustento en razones de
hecho y de derecho que no fueron debatidas en el escrito de apelación, lo que
resulta suficiente para determinar que el cuestionamiento analizado no tiene
vocación de prosperidad.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 23 de noviembre de 2023.

Radicado 05001233100020110026801. M. P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

27

Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00011-01
Demandante: Martha Ramírez de Mojica y otros

117. Confundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que los
planteamientos de los apelantes no desvirtúan las argumentos y conclusiones
expuestos por el a quo, por lo que confirmará la sentencia recurrida.

118. Sobrela condena en costas prevista en el artículo 171 del CCA, esta Sala
considera que no se configuran los presupuestos para que la parte actora sea
obligada al reconocimiento de las mismas, en tanto no se observa en su proceder
un actuar doloso o temerario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia apelada, esto es, la sentencia de 9 de
octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta
de Descongestión, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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