Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2003-01970-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2003-01970-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2003-01970-02
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 05001-23-31-000-2003-01970-02
Demandante: Banco Comercial AV Villas S.A.
Demandadas: Departamento de Antioquia y Contraloría General de
Antioquia
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Medidas cautelares en el proceso de responsabilidad fiscal -
Embargo de remanentes - Procedencia del lucro cesante
Decisión: Modifica la sentencia apelada únicamente en cuanto a la
forma de actualización de la condena impuesta en primera
instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos tanto por la parte demandante
como por las entidades demandadas contra la sentencia del 5 de septiembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El Banco AV Villas S.A., por conducto de apoderado, presentó acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo, en adelante CCA, contra el departamento de Antioquia y la Contraloría
General de Antioquia, con el objeto de que, respecto del proceso de responsabilidad fiscal
002-02, se efectúen las siguientes declaraciones y condenas:
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la
Contraloría General de la República a través de los cuales se decretó el embargo de la
mercancía de propiedad del BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. dentro del proceso de
responsabilidad fiscal adelantado contra LICOANTIOQUIA SA: la nulidad del ARTÍCULO
CUARTO del auto de desembargo No. 001 del 6 de febrero de 2002 expedido por la
funcionaria de la Contraloría General de Antioquia (…) en cuanto ordenó mantener el
embargo y secuestro de un eventual remanente de mercancía de propiedad de
LICOANTIOQUIA S.A.; del ARTÍCULO SEGUNDO del auto No. 18 del 21 de mayo de
2002 expedido por la Directora de Responsabilidad Fiscal (…), por medio del cual se
resolvió una solicitud de desembargo en el sentido de mantener embargada mercancía
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Radicación: 05001 23 31 000 2003 01970 02
Demandante: Banco AV Villas S. A.
Demandado: Departamento de Antioquia y Contraloría General de Antioquia
remanente de propiedad de AV VILLAS S.A; de la integridad del auto 23 del 2 de julio
de 2002 (…) por medio del cual se resolvió el recurso de reposición contra el auto anterior;
y del ARTÍCULO PRIMERO del auto No. 95 del 10 de febrero de 2003 (…) por medio del
cual se resolvió el recurso de apelación confirmando los embargos decretados en primera
instancia. (…).
PETICIONES CONSECUENCIALES:
1. Que como consecuencia de la anterior declaratoria de nulidad, con el fin de restablecer
el derecho y en caso de que para la fecha de la sentencia ya se hubiere formalizado el
secuestro de la mercancía, se ordene la devolución a la entidad demandante, de las botellas
de licor embargadas que se encuentran respaldadas en los certificados de depósito 002040,
002044 y 002043 del Almacén de Depósito Almaviva S.A. y el certificado de depósito
002660 expedido por Alpopular S.A. que en total suman $1.219.587.069. Como petición
subsidiaria a la anterior, y en caso de que la mercancía ya hubiere sido rematada, se ordene
el pago que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y/O LA CONTRALORÍA GENERAL DE
ANTIOQUIA paguen al BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. la suma de $1.219.587.069,
suma que deberá ser actualizada teniendo en cuenta la variación del índice de precios al
consumidor entre el momento del embargo (21 de mayo de 2002) y el momento de la
sentencia.
2. Que se condene al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y/O LA CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA a pagar los perjuicios (tanto por concepto de lucro cesante
como de daño emergente) ocasionados al BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. por no
poder disponer y comercializar la mercancía de su propiedad, perjuicios que se fijarán
teniendo en cuenta los cálculos incorporados en el capítulo correspondiente a la estimación
razonada de la cuantía.
3. Que se ordene a la parte demandada a cumplir con la sentencia en las condiciones
previstas en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
4. Que se condene en costas a la Contraloría General de Antioquia y/o al Departamento de
Antioquia. (Negrillas originales del texto)
Mediante escrito de 22 de enero de 2004, la demandante presentó reforma parcial de la
demanda, la cual fue admitida por auto de 17 de mayo de esa misma anualidad, en la
que modificó las peticiones a título de restablecimiento del derecho, así:
1. Que como consecuencia de la anterior declaratoria de nulidad, con el fin de restablecer
el derecho, se condene a la CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA Y/O AL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a indemnizar al BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
la totalidad de los perjuicios causados por las medidas preventivas practicadas sobre los
bienes de propiedad de la parte demandante, perjuicios que se detallan en el capítulo
correspondiente a la ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA y que estimamos en
la suma de $485.517.2931. Para los efectos legales les solicita entender que el capítulo
correspondiente a la estimación razonada de la cuantía se entiende incorporado a la
presente petición.
2. Que todas las sumas de dinero a que sea condenado EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA Y/O LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA sean actualizadas
teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor.
3. Que se ordene a la parte demandada a cumplir con la sentencia en las condiciones
previstas en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
1 Para los efectos legales solicita entender que el capítulo correspondiente a la estimación razonada de la
cuantía se entiende incorporado a la presente petición.
Radicación: 05001 23 31 000 2003 01970 01
Demandante: Banco AV Villas S. A.
Demandado: Departamento de Antioquia y Contraloría General de Antioquia
4. Que se condene en costas a la Contraloría General de Antioquia y/o al Departamento de
Antioquia.
1.2. Fundamentos de hecho
AV Villas S.A. indicó que, en desarrollo de su objeto social, otorgó crédito a la sociedad
LICOANTIOQUIA S.A. para el financiamiento de su actividad comercial como
distribuidora de licores producidos por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
(dependencia administrativa del departamento de Antioquia).
Manifestó que la obligación se garantizó con bonos de prenda expedidos por los
almacenes generales de depósito Almaviva S.A. y Alpopular S.A. sobre los licores que
LICOANTIOQUIA S.A. depositaba en dichas almacenadoras, los cuales se encontraban
incorporados en certificados de depósito expedidos por el correspondiente almacén
general de depósito.
Expresó que durante la ejecución del contrato que LICOANTIOQUIA S.A. tenía con el
departamento de Antioquia2, surgió entre las partes un conflicto económico y
administrativo que conllevó a LICOANTIOQUIA S.A. a contraordenar cheques que había
entregado a la entidad oficial por el valor de $15.480.955.293. Justificó dicha decisión en
el incumplimiento de las obligaciones contractuales del departamento.
Precisó que, en consecuencia, la entidad territorial ordenó la caducidad del contrato de
distribución e inició un proceso de responsabilidad fiscal a través de la Contraloría
General de Antioquia, lo cual dio lugar a que LICOANTIOQUIA no pudiera conseguir los
recursos con los cuales tenía previsto cumplir sus obligaciones con el sector financiero.
Afirmó que, en atención a la cesación de pagos en que incurrió LICOANTIOQUIA S.A.
frente al Departamento, la Contraloría General de Antioquia inició un proceso de
responsabilidad fiscal contra su distribuidor, dentro del cual se decretó el embargo y
secuestro de diferentes bienes de dicha sociedad comercial, entre ellos, de la mercancía
que se encontraba en las almacenadoras.
Señaló que el 6 de febrero de 2002, la Contraloría mediante auto núm. 001 reconoció que
la mercancía allí depositada (por estar incorporada en bonos de prenda) no podía ser
objeto de medidas preventivas.
Explicó que, en el numeral tercero de dicho auto, se ordenó continuar con el embargo y
secuestro de la mercancía que con anterioridad y/o posterioridad a la notificación de esa
decisión hubiese sido liberada y que se encontrara ubicada en alguno de los almacenes
generales de depósito. Igualmente, dispuso continuar con el embargo y secuestro sobre
el eventual remanente de la mercancía de propiedad de LICOANTIOQUIA S.A. y que se
encontrara afectada por los respectivos títulos de prenda y depósito.
Aclaró que ninguna porción de la mercancía incorporada en los certificados de depósito,
gravada con los bonos de prenda suscritos a favor de AV Villas S.A, fue liberada ni objeto
de remate con el fin de cancelar las obligaciones a cargo de la sociedad procesada, de
modo que se hubiera podido generar remanente alguno.
Refirió que el 21 de febrero de 2002, LICOANTIOQUIA S.A. y AV Villas S.A. suscribieron
un convenio tendiente a lograr el pago de las obligaciones que la primera había adquirido
para con la segunda, por el cual la deudora endosó en propiedad a favor de la actora los
certificados de depósito núm. 002040, 002044 y 002046 expedidos por el Almacén
2 En calidad de distribuidora de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
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Radicación: 05001 23 31 000 2003 01970 02
Demandante: Banco AV Villas S. A.
Demandado: Departamento de Antioquia y Contraloría General de Antioquia
General de Depósito Almaviva S.A., y el certificado de depósito núm. 02660 expedido por
el Almacén General de Depósito Alpopular S.A., correspondientes a bienes de propiedad
de LICOANTIOQUIA S.A., estimadas en valor de $5.771.237.920. Igualmente, se estipuló
que, de presentarse remanente alguno, sería entregado en especie a LICOANTIOQUIA
S.A.
Indicó que con base en el acuerdo de pago del 21 de febrero de 2002, AV Villas S.A.
solicitó el desembargo de todas las mercancías de su propiedad, lo que provocó la
expedición del Auto de desembargo núm. 18 de 21 de mayo de 2002, a través del cual la
Contraloría revisó el contenido del acuerdo suscrito y al calcular el monto del remanente
(que queda después de pagar las obligaciones que la comercializadora tenía con la
entidad financiera) dispuso, entre otras, conservar el embargo de botellas de licor
respaldadas en los depósitos mencionados hasta por la suma de $1.219.587.069.
Contra dicha decisión la actora interpuso recursos de reposición y en subsidio el de
apelación, los cuales fueron resueltos por parte de la Contraloría en el sentido de
confirmar tal determinación. Así mismo, AV Villas S.A. instauró acción de tutela, por
estimar vulnerado el derecho al debido proceso, el cual fue amparado provisionalmente
por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, conforme lo señalado en el fallo de
tutela de fecha 29 de abril de 2003.
Con el fin de disminuir los perjuicios causados, AV Villas S.A. constituyó una garantía
para lograr el desembargo de los licores, el cual fue ordenado el 9 de septiembre de 2003
por la Contraloría General de Antioquia3.
En desarrollo del desembargo antes mencionado, se comenzaron las gestiones
tendientes a lograr la devolución de la mercancía y, para proceder a ella, la Fábrica de
Licores y Alcoholes de Antioquia sometió el alcohol embargado a peritazgo, el cual
detectó que el licor se había deteriorado, pues se había disminuido el grado alcoholímetro
por debajo del límite permisible, lo cual ocasionó que la mencionada entidad certificara
que las 5.060 botellas de Ron Medellín Añejo fueran calificadas como “NO CONFORME”.
Lo anterior, ocasionó que se perdieran dichas botellas cuyo valor comercial ascendía a
$56.176.120, a razón de $222.40 la caja (que contiene 20 botellas). Adicionalmente, AV
Villas S.A. tuvo que asumir los costos de bodegaje hasta el levantamiento del embargo.
1.3. Normas violadas
La sociedad demandante consideró que se vulneraron los artículos 29, 58 y 83 de la
Constitución Política; 797 y 798 del Código de Comercio; 12, 66 y 95 de la Ley 610 de
2000; 28 y 2491 del Código Civil, y 543 del Código de Procedimiento Civil.
1.3.1. Concepto de Violación
Alegó que, como las causales de nulidad invocadas se relacionan entre sí, es necesario
que se tengan en cuenta los siguientes argumentos:
Que al momento en el cual se realizó el acuerdo de pago entre LICOANTIOQUIA S.A. y
AV Villas S.A. no existía ningún embargo vigente ni medida cautelar alguna que impidiera
la libre negociación del licor, no obstante, la Contraloría embargó el licor depositado en
3 El apoderado de la parte actora advierte que con dicho desembargo no cesan los perjuicios causados,
dado que la entidad financiera tuvo que constituir, con Seguros del Estado, una póliza de garantía que
costó $35.370.664.
Radicación: 05001 23 31 000 2003 01970 01
Demandante: Banco AV Villas S. A.
Demandado: Departamento de Antioquia y Contraloría General de Antioquia
las almacenadoras, con lo cual desconoció que el licor estaba incorporado en los títulos
de certificados de depósito, sobre los cuales se habían expedido unos bonos de prenda
de los que era titular la actora. Posteriormente el ente de control reconoció su error, por
lo que emitió el auto de desembargo núm. 001 del 6 de febrero de 2002, en el cual se
expresó que se continuaría con el “embargo y secuestro sobre el eventual remanente de
la mercancía que se encuentra ubicada en los Almacenes Generales de Depósito”.
Señaló que la Contraloría jamás embargó los certificados de depósito, de los cuales era
titular LICOANTIOQUIA S.A., por lo que ellos eran de libre negociación y de libre
disponibilidad y, por lo tanto, nada impedía transferir el derecho de dominio de estos a
favor de AV Villas S.A.
Indicó que cuando se suscribió el acuerdo de pago del 21 de febrero de 2002 no existía
ninguna medida preventiva que les impidiera hacer la operación jurídica de manera lícita.
Adicionalmente, AV Villas S.A. tenía prenda sobre los certificados de depósito, lo que
daba la prelación propia de este tipo de gravámenes que tiene carácter real.
Precisó que el exceso cometido por la Contraloría consiste en que no se limitó a ordenar
el embargo de los remanentes4, sino que fue más allá y procedió a desconocer el contrato
que sirve de título de dominio a la entidad financiera, con lo cual negó los efectos jurídicos
del mismo y entró a tomar decisiones unilaterales sobre el presunto remanente.
Alegó que la Contraloría acudió al embargo de remanentes con el fin de desconocer los
efectos jurídicos de un acuerdo suscrito entre particulares, so pretexto de proteger el
interés público. Este acuerdo de pago es el contrato que constituye el título de dominio
de AV Villas sobre la mercancía recibida y este título debe ser respetado por todas las
personas privadas y públicas mientras no exista un pronunciamiento judicial que lo
invalide o declare nulo.
Argumentó que, si alguien no está de acuerdo con la transferencia de dominio que se
efectuó con base en un contrato por considerar la existencia de mala fe, tiene que acudir
a la acción consagrada en el Código Civil para que el juez rescinda el contrato y
reestablezca el patrimonio del deudor, pero mientras no exista un pronunciamiento
judicial, la propiedad del título de dominio debe ser respetada por todos.
Arguyó que la Contraloría desplazó al juez natural del contrato al interpretarlo y negarle
validez jurídica con el propósito de demostrar que AV Villas S.A. no era el legítimo titular
del derecho de dominio sobre la totalidad de la mercancía recibida en dación de pago y
poder así apropiarse de parte de esta. Con esta conducta se vulneran los derechos al
debido proceso y, en conexidad con este, el derecho a la propiedad privada.
Adujo que el artículo 12 de la Ley 610 de 2000 expresa de manera clara que las medidas
cautelares solo pueden decretarse sobre los bienes de la persona presuntamente
responsable, pero no le otorga facultades al ente de control para asumir la función judicial
de rescindir, anular o dejar sin efectos acuerdos realizados entre el presuntamente
responsable y un tercero con el fin de reestablecer el patrimonio del investigado, para
luego proceder a embargar los bienes que reingresaron a su patrimonio.
Afirmó que lo anterior vulnera el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política al no respetarse las reglas de procedimiento previstas en la ley, pues
se tomaron decisiones de fondo respecto de la titularidad del derecho de dominio de un
4 Es decir, el dinero o mercancía que llegara a sobrar después de que AV VILLAS la comercializara, la
aplicara al pago del crédito y pagara los impuestos derivados de la comercialización de los licores.
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Radicación: 05001 23 31 000 2003 01970 02
Demandante: Banco AV Villas S. A.
Demandado: Departamento de Antioquia y Contraloría General de Antioquia
bien. Se tomaron decisiones durante el trámite de las medidas cautelares respecto de la
validez y alcances de un contrato. Se pretermitieron las acciones procesales previstas en
el Código Civil que permiten impugnar contratos. El ente de control se arrogó funciones
que no le corresponden.
Manifestó que la Contraloría ha excedido los límites de sus facultades, pues acudió a la
figura del remanente para aplicarla a una situación diferente a la de la norma que regula
el embargo de remanentes (artículo 543 del CPC, norma aplicable por expresa remisión
del artículo 66 de la Ley 610 de 2000) en la cual se prevé como una medida cautelar
aplicable frente a los dineros que llegaren a sobrar como consecuencia del remate que
se practique en otro proceso.
Explicó que para que la figura de embargo de remanentes resulte procedente deben
existir dos procesos: uno en el que se haya practicado la medida preventiva, en el cual
se remataran los bienes y se determinará si se produce o no un remanente para poner a
disposición. Y otro proceso, en el cual se está a la espera del resultado del primero. Sin
embargo, la Contraloría expidió la orden de embargar a pesar de que no existía el “otro
proceso”.
A) Desviación de poder y falta de competencia
Señaló que la Contraloría General de Antioquia incurrió en desviación de poder, ya que
utilizó la competencia de la Ley 610 de 2000 para fines distintos a los previstos en esa
norma, usándola para tomar decisiones sobre las medidas de embargo y sobre la
legalidad y validez de un contrato realizado entre particulares y lograr de esta manera
embargar bienes que fueron del investigado en el proceso de responsabilidad fiscal, pero
que ya habían salido de su patrimonio.
Explicó que, de esta manera, se arrogó la facultad de reestablecer el patrimonio del
investigado fiscalmente con el fin de recuperar lo adeudado por este al departamento de
Antioquia.
Afirmó que la Contraloría General de Antioquia se arrogó la facultad de decidir sobre los
efectos, validez e interpretación de los contratos, con lo cual asumió competencias que
son exclusivamente de la Rama Judicial, vulnerándose el artículo 2491 del Código Civil.
B) Falsa motivación
Alegó que la Contraloría General de Antioquia fundamentó sus decisiones en hechos que
no son reales, al considerar que los bienes embargados no habían salido del patrimonio
del investigado en el proceso de responsabilidad fiscal, por lo que desconoció los efectos
jurídicos del contrato celebrado entre LICOANTIOQUIA S.A. y AV Villas S.A. que servía
de título de dominio a la sociedad actora.
C) Violación de las normas en que debía fundarse y vicios de forma
Afirmó que las decisiones adoptadas violaron las normas que regulan el embargo y
especialmente de remanentes.
Explicó que se vulneraron las normas que rigen los procedimientos a través de los cuales
se hace efectiva la citada medida cautelar de bonos de prenda y de remanentes,
específicamente las contenidas en los artículos 797 y 798 del Código de Comercio, en
concordancia con el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil.
Radicación: 05001 23 31 000 2003 01970 01
Demandante: Banco AV Villas S. A.
Demandado: Departamento de Antioquia y Contraloría General de Antioquia
Adujo que se vulneraron los artículos 12 y 95 de la Ley 610 de 2000 que, únicamente
autorizan el embargo de bienes del deudor respecto de los cuales hubiere establecido su
propiedad.
1.4. Contestaciones de la demanda
La Contraloría General de Antioquia5, actuando por conducto de apoderado, contestó
la demanda en oportunidad y se opuso a las pretensiones. Sostuvo que el acuerdo de
pago suscrito el 21 de febrero de 2002 entre la parte actora y LICOANTIOQUIA S.A., es
posterior al auto No. 001 de 6 de febrero de 2002, que continuó con el embargo y
secuestro de la mercancía, es decir, que AV Villas S.A. conocía la afectación de los
bienes lo que implicaba la prohibición de disponer de ellos, que se traduce en la
imposibilidad de ejercer sobre ellos actos de comercio.
Propuso la excepción de ineptitud de la demanda, por cuanto en el marco de los procesos
de responsabilidad fiscal, según el artículo 59 de la Ley 610 de 2000, solo es susceptible
de control de legalidad ante el juez contencioso el fallo fiscal que es el acto que pone fin
al proceso de responsabilidad fiscal. Razón por la cual los actos demandados por medio
de los cuales se adoptan medidas preventivas de embargo y secuestro de bienes no son
objeto de control jurídico.
El Departamento de Antioquia6, actuando por conducto de apoderado, se opuso a las
pretensiones. Manifestó que no le constan los hechos y solicitó la condena en costas para
la parte actora. Indicó que el ente de control adelantó proceso de responsabilidad fiscal
en contra de LICOANTIOQUIA S.A., una vez tuvo conocimiento del daño patrimonial que
esa empresa causó al departamento de Antioquia, al haber contraordenado el pago de
250 cheques correspondientes al pago de mercancías compradas a la Fábrica de Licores
y Alcoholes de Antioquia.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa, toda vez que, los actos
administrativos demandados no fueron expedidos por ese ente territorial, puesto que no
ejerció ninguna intervención en el proceso; toda vez que, las actuaciones cuestionadas,
fueron expedidas por la Contraloría General de Antioquia, por ende, al no tener la firma
del Gobernador, el departamento de Antioquia no debió ser vinculado al proceso judicial.
II. Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el 5 de septiembre
de 20197, resolvió lo siguiente:
PRIMERO, INHÍBASE para pronunciarse de fondo respecto de la legalidad del artículo 4º
del Auto de desembargo No. 001 de 6 de febrero de 2002, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. DECLÁRASE LA NULIDAD del artículo 2º del Auto 18 de 21 de mayo de 2002,
por medio del cual se resolvió una solicitud de desembargo en el sentido de mantener
embargada la mercancía de propiedad de AV VILLAS SA.; de la totalidad del Auto 23 del 2
de julio de 2002, por medio del cual no repuso el auto anterior; y del artículo 1º del Auto 95
de 10 de febrero de 2003, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación, en el sentido
de confirmar el decreto del embargo cuestionado, según se consideró de manera
antecedente.
5 Visto en el folio 233 del cuaderno 1.
6 Visto en el folio 248 del cuaderno 1.
7 Visto en el folio 70 del cuaderno 2 (recurso de apelación radicado 05001 23 31 000 2003 01970 01).
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TERCERO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
se CONDENA a la CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA, a reconocer y pagar a favor
de la sociedad AV VILLAS S.A., la suma de ciento veinticuatro millones cien mil ochocientos
veinticuatro pesos $124.100.824 por concepto de daño emergente, en los términos
expuestos en la parte motiva.
CUARTO. Se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.
Previo a entrar al fondo del asunto, explicó que se configuró la cosa juzgada frente al
artículo 4º del auto 001 de 2002, por cuanto mediante sentencia de 30 de agosto de 2011
el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró su nulidad8.
Así mismo, indicó que no prosperaba la excepción de falta de legitimación del
departamento de Antioquia, puesto que la jurisprudencia establece que las contralorías
departamentales carecen de personería jurídica y deben comparecer a través del ente
territorial. Sin embargo, aclaró que, en caso de producirse una eventual condena, esta se
impondría con cargo al presupuesto de la Contraloría General de Antioquia.
Frente al fondo del asunto, afirmó que la Contraloría General de Antioquia emitió los autos
núms. 001 del 14 de enero, 002 del 15 de enero y 003 del 18 de enero, todos del año
2002, por medio de los cuales ordenó el secuestro, entre otros, del licor ubicado en los
almacenes generales de depósito Aloccidente, Alpopular, Almagran y Almaviva.
Manifestó que, en atención a tales decisiones, los diferentes almacenes de depósito
certificaron la pignoración que recaía sobre la mercancía depositada. De manera puntual,
Almaviva acreditó que los artículos que estaban en sus establecimientos de propiedad
de LICOANTIOQUIA S.A. se encontraban pignorados a favor de una serie de entidades
crediticias, entre ellas, la parte demandante, por un préstamo por un valor de
$3.808.381.203.
Señaló que se probó que el 21 de febrero de 2002 entre LICOANTIOQUIA S.A. y AV
Villas S.A. se suscribió un acuerdo de endoso en propiedad de títulos valores para aplicar
a pago de obligaciones financieras. Por consiguiente, la hoy demandante solicitó el
desembargo de toda la mercancía de su propiedad depositada en Almaviva y Alpopular;
así como la entrega total de la misma.
Indicó que el ente fiscal emitió auto de desembargo núm. 18 del 21 de mayo de 2002, en
el que revisó el contenido del citado acuerdo del 21 de febrero y calculó el monto del
remanente que, a su juicio, debería quedar después que la entidad bancaria
comercializara la mercancía y aplicara el producto de las ventas a su crédito.
Precisó que mediante autos del 2 de julio de 2002 y 10 de febrero de 2003 negó la
solicitud elevada por la sociedad demandante.
Afirmó que de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio es
claro que el remanente procede una vez se ha ejecutado un remate, por lo que la
determinación de su valor es “ex post” y no “ex ante”. Se trata de una figura residual,
sujeta a condición, aleatoria y cuya determinación -el valor- deberá ser siempre posterior,
pues se presenta como el producto de un acto jurídico.
Concluyó que las medidas cautelares de embargo y secuestro fueron levantadas
respecto del universo de las mercancías ubicadas en los almacenes generales de
depósito. No obstante, se mantuvo el embargo del eventual remanente, decretado en
8 Porque consideró que fue expedido “en forma irregular y con desconocimiento del derecho de audiencia
y contradicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del C.C.A.”.
Radicación: 05001 23 31 000 2003 01970 01
Demandante: Banco AV Villas S. A.
Demandado: Departamento de Antioquia y Contraloría General de Antioquia
auto núm. 001 del 6 de febrero de 2002, es decir, del sobrante que resultara del pago de
las obligaciones mutuarias adquiridas por LICOANTIOQUIA con AV Villa S.A. y no sobre
su universalidad.
Señaló que, conforme al acuerdo de pago suscrito entre la actora y la investigada fiscal,
el 21 de febrero de 2002, las mercancías transferidas eran de propiedad de AV Villas S.A.
al momento del decreto de la medida cautelar.
Adujo que del artículo 12 de la Ley 610 de 2000, se colige que la facultad otorgada a los
órganos de control fiscal para decretar medidas cautelares que, permitan asegurar el
pago de la posible condena, deben tener por objeto los bienes del investigado fiscal,
razón por la que cuando esta recae sobre los bienes de terceros ajenos al juicio de
responsabilidad, debe concluirse la ilegalidad de los actos administrativos que así lo
disponen.
Argumentó que en atención a que solo una parte del producto de la comercialización
permitía pagar el crédito financiero a favor de AV Villas S.A., se observa que, dentro de
los valores embargados por la autoridad demandada, existían bienes cuya propiedad
pertenecía a la demandante sin establecerse el monto exacto.
Resolvió declarar la nulidad del artículo 2 del auto 18 del 21 de mayo de 2002; del auto
núm. 23 del 2 de julio de la citada anualidad, por medio del cual no se repuso el auto
anterior; y, del artículo 1º del auto núm.95 del 10 de febrero de 2003, mediante el cual se
resolvió confirmar el decreto de embargo cuestionado y, en consecuencia, efectuó
condenas a cargo de la Contraloría General de Antioquia, reconociendo a favor de AV
Villas S.A. la suma de $124.100.824 -actualizada- por concepto de daño emergente, el
cual incluye $35.370.664,32 por concepto del pago de la póliza de seguros y $27.750.097
por gastos de bodegaje. Negó el reconocimiento de las facturas MED0019400 y
MED19378, por considerar que no se probó su cancelación a favor de ALMAVIVA.
Indicó que, igualmente, no accedía al reconocimiento por lucro cesante solicitado con
respecto a la póliza de seguros, pago de bodegaje y deterioro del licor, por estimar que
se trataba de perjuicios eventuales o hipotéticos y que, la jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado ha reiterado que este perjuicio debe ser cierto y edificarse
en situaciones reales, existentes al momento del evento dañino. Frente al deterioro de
licor también denegó el daño emergente por no haberse acreditado su estado inicial.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.
III. Los recursos de apelación
3.1. La Contraloría General de Antioquia9
Argumentó que el Tribunal solo tuvo en cuenta el concepto de remanente prescrito en el
Código de Procedimiento Civil10 para el proceso ejecutivo singular, pero no tuvo en
cuenta que, desde que se adelantó el proceso de responsabilidad fiscal, la referencia a
remanente significaba el sobrante o exceso de la obligación; esta definición contractual
se referenció en el acuerdo entre AV Villas S.A. y LICOANTIOQUIA S.A., el 21 de febrero
de 2002.
Sostuvo que lo que no podía hacer ese ente fiscal era el levantamiento del embargo sobre
el remanente, porque existía prueba del endoso en propiedad en el citado acuerdo. Allí
se estableció el valor de la mercancía y de la obligación, es decir que la diferencia
9 Visto en el índice 90 del cuaderno 2 del radicado 05001 23 31 000 2003 01970 00. (Fl. 117 Cdno principal)
10 ARTÍCULO 537. TERMINACIÓN DEL PROCESO POR PAGO.
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constituía el remanente que permanecía embargado por orden de autoridad
administrativa y del cual no podía disponer ni la actora ni la investigada.
Afirmó que no es cierto que los valores de los certificados de depósito eran de su absoluta
propiedad como lo dice la demandante, pues, fue anterior al endoso en propiedad.
Concluyó que no actuó con ligereza ni concretó vías de hecho, sino que su actuar se
ajustó a la normatividad vigente.
3.2. El departamento de Antioquia11
Afirmó que de acuerdo con el artículo 268, numeral 5 de la Constitución, la
responsabilidad de control fiscal es del Contralor, cuya atribución lo faculta a imponer
sanciones pecuniarias pertinentes y ejercer el control y vigilancia en la materia. Estas
facultades tienen su asiento en la función pública que recae sobre los servidores o
particulares en relación con los bienes y recursos estatales puestos a su cargo, funciones
que se predican por igual a las contralorías departamentales.
Manifestó que el Congreso de la República, en ejercicio del mandato constitucional,
expidió la Ley 610 de 2000, la cual define el proceso de responsabilidad fiscal, como un
conjunto de actuaciones materiales que se siguen para actuar cuando se vea afectado el
patrimonio estatal.
Indicó que la Contraloría de Antioquia, dentro del marco de dicha normativa, adelantó el
proceso de responsabilidad fiscal en forma inmediata y una vez tuvo conocimiento del
daño patrimonial que LICOANTIOQUIA S.A. ocasionó al departamento, al ordenar
cheques correspondientes al pago de la mercancía comprada a la Fábrica de Licores de
Antioquia, inició la investigación correspondiente.
Señaló que la declaración de responsabilidad tiene una finalidad meramente resarcitoria,
que es precisamente lo que la Contraloría busca a través de dicho proceso y mediante el
cual se logró recuperar algunas sumas de dinero. Además, esta acción es independiente
de cualquier otra que se pueda iniciar, como el caso de la acción cambiaria derivada de
los títulos.
Efectuó un resumen y transcripciones de otros procesos judiciales en los que ha sido
parte LICOANTIOQUIA S.A. con la finalidad de que sean tenidos en cuenta para revocar
el fallo apelado, pues señala que no fue el departamento de Antioquia el que ocasionó
algún perjuicio a AV Villas S.A., sino que el daño lo generó LICOANTIOQUIA S.A.
3.3. AV Villas S.A.12
Impugnó parcialmente el fallo recurrido con el objeto de que sea modificado en el sentido
de reconocer de manera integral los perjuicios ocasionados a la actora, con fundamento
en lo siguiente:
Sostuvo que la negativa del a quo frente al reconocimiento del lucro cesante es
cuestionable, puesto que la decisión desconoció hechos notorios y reglas de la
experiencia que no necesitan ser probados, toda vez que, el objeto social de las entidades
financieras es precisamente colocar dinero a cambio de rendimientos; por consiguiente,
si a una entidad financiera se le retiene el capital y se le priva de la posibilidad de obtener
rendimientos que genera su actividad, se produce una pérdida, que se conoce como lucro
cesante.
11 Visto en el folio 90 del cuaderno 2 del radicado 05001 23 31 000 2003 01970 00.
12 Visto en el índice 90 del cuaderno 2 del radicado 05001 23 31 000 2003 01970 00.
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Afirmó que, al revisar la jurisprudencia del Consejo de Estado, se observa que ha
reconocido el daño en la modalidad de lucro cesante y que no requiere prueba especial,
dado que existen criterios objetivos para tasarlo, como, por ejemplo, la rentabilidad del
capital reflejado en la respectiva tasa de interés aplicable al caso. Por consiguiente,
existen suficientes elementos para una condena en concreto, pero en el peor de los
casos, debió haberse condenado en abstracto.
Manifestó que, si bien el Tribunal reconoció el daño emergente con su valor actualizado
al 15 de agosto de 2019, omitió incluir una disposición que permita la actualización
definitiva de la condena hasta la fecha de su ejecutoria, la cual puede tardar varios años.
Alegó que haber negado el reconocimiento de los perjuicios generados por la pérdida del
licor que se deterioró durante el tiempo en que estuvo secuestrado por cuenta de la
Contraloría, resulta inadecuado y merece ser revisado.
Explicó que, si bien es cierto, el informe técnico no dice expresamente que el licor se
deterioró como consecuencia del tiempo en que estuvo almacenado, también lo es que
las pruebas indiciarias permiten concluir que ella fue la causa.
Al respecto, sostuvo que el único fenómeno extraño que se produjo con respecto a dicho
licor es el paso del tiempo, lapso en el que estuvo secuestrado por cuenta de la decisión
de la Contraloría sin que ninguna de las partes hubiera alegado ni mucho menos
demostrado que se presentaron causas extrañas que hubiera generado deterioro de este.
Manifestó que frente a los pagos por bodegaje no reconocidos, el perjuicio no surge por
el hecho de pagarse o no la obligación generada a través de la factura, pues ello “termina
desconociendo las reglas de la experiencia y la normatividad contable”, dado que
aquellas entran a formar parte de los pasivos de una empresa independientemente de
que su pago se haga efectivo y, por lo tanto, debió haber sido reconocido por el Tribunal.
Solicitó la modificación de la sentencia, para incluir expresamente la totalidad de los
daños reclamados para la época de los hechos. Estos rubros comprenden el lucro
cesante respecto de la mercancía inmovilizada ($324.080.129), la póliza constituida
($1.793.403), la pérdida de las botellas de licor ($19.029.057) y los costos de bodegaje
($5.087.744); así como el daño emergente por la pérdida física de 5.060 botellas
($56.176.120) y el pago de facturas adicionales de almacenamiento ($15.810.319).
IV. Trámite de segunda instancia
Mediante proveído del 27 de enero de 202013, se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por AV Villas S.A., el departamento de Antioquia y la Contraloría General de
Antioquia.
Por auto del 1º de julio de 202014, se corrió traslado para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para rendir concepto.
El apoderado de la parte demandante presentó escrito de alegatos en el que reiteró los
argumentos que presentó en primera instancia15, a partir del cual concluyó que la
sentencia apelada debe ser confirmada, pero “con las modificaciones señaladas en
nuestro escrito de apelación y en este alegato, es decir reconociendo la totalidad de los
13 Índice 3 del aplicativo Samai.
14 Índice 6 del aplicativo Samai.
15 Índice 19 del aplicativo Samai, documento denominado: APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 19,
págs. 15 a 38.
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perjuicios causados con el fin de reparar integralmente el daño causado a AV VILLAS
S.A.” y con la “actualización de las sumas reconocidas, dado que ella se limitó al 15 de
agosto de 2019 y no se previó ninguna fórmula o mecanismo para llevar dicha
actualización hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia”.
Los demás sujetos procesales no presentaron alegatos. El expediente ingresó para fallo
el 28 de septiembre de 2020.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo,
el Acuerdo núm. 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de
2024, expedido por la Sala Plena de la Corporación, que regula la distribución de
negocios entre las secciones.
5.2. Cuestión Previa
5.2.1. De la resolución de la excepción de inepta demanda
El 19 de abril de 2013, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
profirió sentencia de primera instancia dentro del asunto de la referencia, por medio de la
cual declaró probada la excepción de inepta demanda y, en consecuencia, resolvió
declararse inhibida para pronunciarse sobre el fondo del asunto. Ello, al considerar que
el acto que decreta medidas cautelares es preparatorio o de trámite y, por ende, no era
susceptible de ser demandado ante la jurisdicción.
Contra dicha decisión, AV Villas S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto
por la Sección Quinta del Consejo de Estado16, mediante sentencia del 9 de agosto de
2018, que revocó el fallo del 19 de abril de 2013 y ordenó remitir el expediente al a quo
para que “se pronuncie respecto de los demás cargos que en su momento fueron objeto
de demanda”.
Como sustento de la anterior decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado indicó lo
siguiente:
A. Los actos censurados tienen naturaleza preparatoria, pero cuentan con un contenido
sustancial, porque modifican el vínculo patrimonial del demandante y los bienes
embargados, a pesar de que no es el investigado fiscal.
[…]
B . La demandante no dispone de legitimación en la causa por activa para demandar el fallo
con responsabilidad fiscal, contenido en el auto 19 de 3 de mayo de 200217. Ello, por cuanto:
B.1. No se trató del investigado fiscal en el curso de trámite administrativo, ya que, como
quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, el juicio de responsabilidad fue
seguido contra la sociedad LICOANTIOQUIA por los presuntos detrimentos cometidos en
el contrato de distribución del alcohol suscrito con la Fábrica de Licores y Alcoholes de
Antioquia.
16 Esa Sección conoció de este proceso, en virtud del Acuerdo 357 de 5 de diciembre de 2017 suscrito,
ante la Sala Plena, entre las Secciones Primera y Quinta del Consejo de Estado, mediante el cual se creó
una medida de descongestión.
17 Folios 42-68 cuaderno principal.
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Demandante: Banco AV Villas S. A.
Demandado: Departamento de Antioquia y Contraloría General de Antioquia
[…]
B.2. La sociedad AV VILLAS S.A. no fue vinculada al proceso de responsabilidad fiscal,
como se desprende de la revisión de los antecedentes administrativos allegados al Plenario,
por lo que imponerle la carga de demandar el fallo, resultaba improcedente.
B.3. La responsabilidad fiscal decretada en contra de LICOANTIOQUIA, en auto 19 de 3 de
mayo de 2002, no se constituye en la causa eficiente de los perjuicios alegados por la
accionante, motivo por el que no dispone de la legitimación en la causa para demandar
dicho acto administrativo.
[…]
B.4. La declaratoria de nulidad de los actos preparatorios y de trámite –en el contexto de
un proceso judicial– pasa por la anulación del acto definitivo, a saber, el fallo fiscal. Esto
supone para el Juez de lo Contencioso Administrativo evaluar la trascendencia de los yerros
en relación con la juridicidad de ese último acto.
[…]
De allí que decretar la ineptitud de la demanda, a la manera del Tribunal, supondría
dejar sin medios impugnatorios a la demandante para ventilar las irregularidades
propuestas en esta ocasión.
[…]
En el asunto de autos, los actos cuestionados finiquitan la actuación administrativa en lo
que a AV VILLAS S.A. respecta, a saber, el embargo recaído frente a sus mercancías, ya
que con auto 95 de 10 de febrero de 2003, la autoridad demandada desató el recurso de
apelación interpuesto contra el auto 18 de 21 de mayo de 2002, con el que se decretó el
embargo parcial de mercaderías consistentes en licores de su propiedad.
Ello significa que en el aspecto que supone interés para la demandante, los actos
demandados, aunque preparatorios para el juicio fiscal, conllevan terminación de la
actuación, pues la parte actora no contaba con medios de impugnación alternos para
procurar por el desembargo de sus bienes.
D. Una interpretación contraria desconoce los postulados que se derivan de la tutela judicial
efectiva, referente axiológico salvaguardado en el orden interno18 e internacional. En lo que
respecta a este último, la Convención Americana de Derechos Humanos consagra en su
artículo 8º:
[…]
Por lo anterior, la Sala procederá a revocar la sentencia de 19 de abril de 2013, para en su
lugar, ordenar devolver el expediente al Tribunal de origen, para que se pronuncie sobre el
fondo del asunto, toda vez que no es posible emitir un pronunciamiento sobre los
cargos de la demanda presentados por la parte actora, habida cuenta que aquellos
nos fueron analizados por el tribunal de primera instancia, autoridad a la que le
correspondía efectuar dicho análisis. (Negrillas fuera del texto)
En cumplimiento de dicha sentencia, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió
nuevo fallo el 5 de septiembre de 2019, el cual es objeto de estudio en el presente asunto.
18 Artículo 229 Constitucional.
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5.2.2. Del alcance de la apelación
En el caso bajo examen, la Sala advierte que tanto la parte demandante como las
entidades demandadas presentaron recurso de apelación contra la sentencia proferida
por el Tribunal, motivo por el cual en esta instancia se resolverá de manera separada
cada uno de los motivos de inconformidad planteado por los apelantes.
Adicionalmente, la Sala considera que, comoquiera que los apelantes no controvirtieron
la determinación del a quo relacionada con inhibirse “para pronunciarse de fondo
respecto de la legalidad de artículo 4o del Auto de desembargo No. 001 de 6 de febrero
de 2002”, como tampoco frente a la negativa de declarar la falta de legitimación en la
causa del departamento de Antioquia, la Sala se abstendrá de efectuar un análisis al
respecto.
5.3. Los actos demandados
El artículo segundo del auto No. 18 del 21 de mayo de 200219 expedido por la Dirección
de Responsabilidad Fiscal por medio del cual se resolvió una solicitud de desembargo
así:
ARTÍCULO SEGUNDO: Conservar el embargo en botellas de licor respaldada el (sic) los
certificados de depósito 002040, 002043, 002044 de Almaviva S.A. y 002060 de Alpopular
S.A. hasta la suma de $1.219.586.069., de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva.
El Auto No. 23 del 2 de julio de 200220 expedido por la Dirección de Responsabilidad
Fiscal por medio del cual se resolvió el recurso de reposición contra el auto anterior:
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer el Auto de Desembargo 018 del 21-05-02 dictado dentro
del proceso de Responsabilidad Fiscal 002/02URI en contra de Licoantioquia S.A., por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Aceptar el Recurso de apelación y remitir el expediente al Superior
Jerárquico para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente decisión a la Dra. Adriana Zapata Giraldo,
Representante Legal de AV VILLAS S.A.
El artículo primero del Auto No. 95 del 10 de febrero de 200321 expedido por el Contralor
Auxiliar de la Contraloría General de Antioquia por medio del cual se resolvió el recurso
de apelación:
ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a lo solicitado en las apelaciones por los apoderados
de AV VILLAS, doctora Adriza Zapata, y Banco de Occidente, doctor Fernando F. Obregón
Echavarría, contra los Autos números 018 del 21 de mayo de 2002 y 020 del 2 de junio de
2002; acoger lo dispuesto por la Dirección de Responsabilidad Fiscal en los Autos números
023 del 2 de julio de 2002 y 025 del 15 de julio de 2002, que no reponen las decisiones
apeladas, acorde a lo motivado.
19 Visto en el folio 69 y 74 del cuaderno 1 del radicado 05001 23 31 000 2003 01970 00.
20 Visto en los folios 86 y 89 del cuaderno 1 del radicado 05001 23 31 000 2003 01970 00.
21 Visto en los folios 92 y 105 (se repite en los folios 109 y 124) del cuaderno 1 del radicado 05001 23 31
000 2003 01970 00.
Radicación: 05001 23 31 000 2003 01970 01
Demandante: Banco AV Villas S. A.
Demandado: Departamento de Antioquia y Contraloría General de Antioquia
5.4. Resolución de los recursos de apelación en el caso concreto
5.4.1. De la apelación interpuesta por el departamento de Antioquia
Esta entidad presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, para
lo cual se limitó a explicar de manera general o abstracta la naturaleza del proceso de
responsabilidad fiscal y, adicionalmente, lo siguiente:
Frente a la Condena Impuesta a la Contraloría General de Antioquia manifiesto lo siguiente:
Si bien es cierto, el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Quinta Mixta condena
únicamente al reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente,
por la suma que debió ser cancelada -Póliza de Seguros- para obtener el desembargo de
los licores por los gastos de bodegaje en que debió incurrir la actora durante el tiempo del
embargo de los mismos, para un total de, ciento veinticuatro millones cien mil ochocientos
veinticuatro pesos $124.100.824, y con el ánimo de que El Consejo de Estado, revoque la
Sentencia Apelada, en esta oportunidad quiero realizar un informe en relación con los
siguientes Procesos: Proceso Ejecutivo en Contra de Licoantioquia Radicado No.
050013101520020005900 (01), de Acción Contractual Radicado No.
05001233100020020356300 (01) y de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con
Radicado No. 05001233100020030189100 (01), todos estos en relación con el tema de
Licoantioquia es decir relacionados con el Procesos de la Referencia, Proceso radicado No.
05001233100020030197000.
Lo anterior, para que sean tenidos en cuenta por el Despacho y sirvan de soporte para
Acceder a lo Solicitado.
Resumen del Proceso Ejecutivo en Contra de Licoantioquia Radicado No.
050013101520020005900 (01):
(…)
Resumen del Proceso de Acción Contractual Radicado No.
05001233100020020356300 (01).
(…)
Resumen del Proceso Nulidad y Restablecimiento del Derecho con Radicado No.
050012331000 00 (01)
(…)
Teniendo en cuenta todo lo anterior, le solicito al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO,
revoque en su totalidad la Sentencia Providencia SPE N° 014 - 201.9, por medio de la cual
el Despacho, Accede Parcialmente a las Pretensiones incoadas en contra de la Contraloría
General de Antioquia y del Departamento de Antioquia, esto en razón de que no fue el
Departamento de Antioquia el que ocasiona algún perjuicio a la entidad financiaría AV
VILLAS, tal como quedó demostrado a lo largo de los diferentes Procesos adelantados en
contra del Departamento de Antioquia, esta situación proviene únicamente de
LICOANTIOQUIA EN LIQUIDACIÓN para lo cual AV VILLAS deberá iniciar algún Acción
en su contra con el fin de que le sean resarcidos los derechos que la entidad financiera
considera.
A su vez, el Tribunal en la sentencia apelada fundamentó su decisión, entre otros
argumentos, así:
De conformidad con las cláusulas transcritas, es claro que el pago de las obligaciones
crediticias pasaba por la comercialización de los licores, situación que implicaba el pago de
impuestos —como el IVA a órdenes del Servicio de Salud de Antioquia — motivo por el que
solo una parte del precio de la mercancía ofrecida en dación en pago, permitía compensar
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Radicación: 05001 23 31 000 2003 01970 02
Demandante: Banco AV Villas S. A.
Demandado: Departamento de Antioquia y Contraloría General de Antioquia
el monto de los créditos, lo que explicaba el aparente desfase entre lo dado y lo debido. El
acuerdo de voluntades al que se hace referencia reconoció de igual manera que de los
actos de negociación podían resultar remanentes, que serían puestos a disposición de
LICOANTIOQUIA, salvo que hubieren sido embargados y secuestrados por alguna
autoridad pública.
Sin embargo, antes que estas operaciones de comercialización se materializaran, la
Contraloría General de Antioquia procedió a embargar $1.219.586.069, ya que, en su sentir,
era el monto que resultaba de sustraer a los $5.771.237.920 —representados en licor por
parte de LICOANTIOQUIA a AV VILLAS SA. - los $4.551.651.851, correspondiente a
crédito gastos complementarios, lo que no podía ser entendido como el remanente, pues
éste solo podía ser determinado una vez se pusieran en marcha los negocios que
conllevaran la venta de licores.
En otros términos, habida cuenta de las circunstancias que rodearon el pago de la
obligación crediticia, en el que solo una parte del producto de la comercialización permitía
pagar el crédito financiero a favor de AV VILLAS S.A., la Sala observa que dentro de los
valores embargados por la autoridad demandada, existían bienes cuya propiedad
pertenecía a la demandante, sin establecerse su monto exacto.
Así las cosas, la Sala procederá a declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados, por medio de los cuales se embargó mercancía perteneciente a AV VILLAS
S.A., en el contexto del proceso de responsabilidad fiscal seguido en contra de
LICOANTIOQUIA, por los motivos consignados de manera antecedente.
De la confrontación de lo expuesto por el departamento de Antioquia y de las
consideraciones en que se cimentó la sentencia de primera instancia, la Sala encuentra
que el recurso de apelación presentado por esa entidad en los términos formulados no
busca controvertir los fundamentos de la sentencia apelada, motivo por el cual dicho
recurso de alzada no ofrece sobre un reparo concreto que habilite su examen de fondo.
Es de destacar que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
reparos concretos que el apelante formule contra la sentencia de primera instancia. Así
se desprende de los artículos 350 y 357 del Código de Procedimiento Civil (aplicables
por remisión del artículo 267 del CCA), conforme a los cuales la apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos del
apelante, quien tiene la carga de exponer su inconformidad con lo decidido. Al respecto,
la Sección ha precisado:
la jurisprudencia de la Sección ha sido reiterativa en señalar que no hay lugar a tramitar el
recurso de apelación cuando el recurrente no ha expresado de manera clara y precisa
los argumentos o motivos de su inconformidad con el fallo, esto es, las razones por
los cuales (sic) estima que la decisión adoptada por el juez de primera instancia adolece de
errores o falencias que conducen o hacen necesario que deba ser revocada. En otros
términos, es necesario que quien interpone el recurso cumpla con la carga de exponer
clara y expresamente sus desavenencias con la decisión, pues lo contrario
imposibilitaría que el a quem (sic) aborde el estudio de fondo del recurso22. (Se
destaca)
En consonancia con lo anterior, la Sección también ha reiterado que la sustentación del
recurso exige del apelante la confrontación de los argumentos que sirvieron de
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo
de 2026, expediente núm. 54001-23-31-000-2008-00400-01, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta. En esa
providencia, proferida en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sección Primera examinó
el alcance de la carga de sustentación del recurso de apelación y reiteró que el ad quem no puede abordar
el estudio de fondo cuando el recurrente no expresa de manera clara y precisa las razones de su
inconformidad con la sentencia; con base en ello, confirmó el fallo de primera instancia.
Radicación: 05001 23 31 000 2003 01970 01
Demandante: Banco AV Villas S. A.
Demandado: Departamento de Antioquia y Contraloría General de Antioquia
fundamento a la decisión de primera instancia, y no la sola reproducción de lo debatido
frente al acto administrativo. En esa medida ha sostenido23:
[…] el presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de apelación es la referencia
clara y concreta que el recurrente haga de los argumentos que el juez de primera instancia
consideró para tomar su decisión, para efectos de solicitarle al superior jerárquico funcional
que decida sobre los puntos o aspectos que se plantean ante la segunda instancia,
tendientes a dejar sin sustento jurídico aquellos, pues precisamente al juzgador de segundo
grado corresponde hacer dichas confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia merece
ser o no confirmada.
Por lo expuesto, la Sala concluye que no hay lugar a efectuar un examen de fondo
respecto del recurso de apelación interpuesto por el departamento de Antioquia.
5.4.2. De la apelación interpuesta por la Contraloría General de Antioquia
La Contraloría General de Antioquia sustentó su recurso de apelación en que: i) el
Tribunal interpretó indebidamente el concepto de remanente, por lo que, a su juicio,
resultaba legítimo afectar el exceso de la mercancía materia de embargo; y ii) se equivocó
al considerar que los valores de los certificados de depósito eran de absoluta propiedad
de la demandante.
A) Del motivo de inconformidad relacionado con la propiedad de los
certificados de depósito
Para resolver este argumento de la apelación, se estima necesario referirse a los
siguientes hechos probados dentro del presente expediente:
• En junio de 1998 fueron cedidos a LICOANTIOQUIA S.A. ocho contratos de
distribución de licor en todo el departamento de Antioquia para una vigencia de 4
años24. El 15 de noviembre de 2000, el departamento de Antioquia y
LICOANTIOQUIA S.A. prorrogaron el contrato de distribución de productos de la
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia y compilaron en un solo acuerdo los
8 contratos cedidos25.
• El Banco Comercial AV Villas S.A. aprobó un crédito a favor de LICOANTIOQUIA
S.A. con el objeto de financiar su actividad comercial, para lo cual se pignoró la
mercancía depositada26 mediante la expedición de bonos de prenda con el objeto
de garantizar el cumplimiento de la obligación con fecha de diciembre de 200127.
• El 14 de diciembre de 2001, LICOANTIOQUIA notificó al departamento de
Antioquia la decisión unilateral de interrumpir la ejecución del contrato y aunque el
departamento la requirió para garantizar la continuidad, dicha sociedad hizo caso
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre
de 2025, expediente núm. 63001-23-33-000-2019-00216-01, C.P. (E) Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
En esa providencia, dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relativo a la negativa
de un permiso ambiental, la Sección reiteró que el ad quem no puede emprender un nuevo examen de
fondo cuando el recurso no confronta los fundamentos del fallo, sino que reproduce lo expuesto en la
demanda; con base en ello, confirmó la sentencia de primera instancia.
24 Ver Fallo No. 19 del 3 de mayo de 2002.
25 Ver Resolución 048 del 3 de enero de 2002, expedida por el Departamento de Antioquia visible a folio 3
del cuaderno de antecedentes administrativos
26 Visto en el folio 125, 126, 130, 131, 285 a 294 y 303 a 310 del cuaderno 1 del radicado 05001 23 31 000
2003 01970 00.
27 Visibles a folio 285 a 290 y 292 a 293 del cuaderno principal del expediente
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omiso. Por consiguiente, mediante Resolución núm. 48 del 3 de enero de 2002, la
citada entidad territorial declaró la caducidad del contrato.
• Ante dicho incumplimiento contractual28, la Contraloría General de Antioquia inició
el proceso de responsabilidad fiscal núm. 002-0229, en el cual se decretaron
medidas cautelares por auto de apertura del 14 de enero de 2002, emitido por el
director de Responsabilidad Fiscal30 y, en consecuencia, ese mismo día, se
efectuó diligencia de secuestro de la mercancía y así mismo se embargaron dichos
bienes31.
• En virtud de lo anterior, una vez se le informó a la Contraloría tal situación, la cual
se corroboró mediante las actas de inventario levantadas en los diferentes
almacenes de depósito, procedió a emitir el auto núm. 001 del 6 de febrero de
2002, por el cual reconoció que dicha mercancía no podía ser objeto de medidas
preventivas, por lo que, entre otras, ordenó únicamente mantener el embargo y
secuestro, pero con respecto al eventual remanente de los bienes de propiedad
de LICOANTIOQUIA S.A.
• Con la finalidad de solventar las obligaciones derivadas del crédito otorgado a
LICOANTIOQUIA S.A, el 21 de febrero de 2002 AV Villas S.A. y dicha sociedad
suscribieron acuerdo para dar por terminada la obligación. Por consiguiente,
LICOANTIOQUIA S.A. le endosó los certificados de depósito números 002040,
002044, 002043 y 002046 expedidos por Almaviva S.A. y el Certificado de
Depósito 0026960 expedido por Alpopular S.A., los cuales incorporan mercancía
de licor en distintas presentaciones, cuyo valor comercial para ese momento
ascendía a $5.771.237.920. Igualmente, se firmó un Otrosí al citado acuerdo.
• El 5 de marzo del 2002, la Contraloría mediante oficio le comunicó a Almaviva S.A.
el embargo de remanentes sobre la mercancía de propiedad de AV Villas S.A
frente a lo cual el citado almacén de depósito, mediante respuestas del 6 y 14 de
marzo de 2002, manifestó su desacuerdo por considerar que dicha decisión era
inconducente, entre otras, porque LICOANTIOQUIA S.A. ya había transferido a las
entidades financieras buena parte del licor almacenado.
• El 3 de mayo de 2002, la Contraloría emitió fallo por medio del cual declaró
responsable fiscal a la sociedad LICOANTIOQUIA S.A. en cuantía de
$15.847.388.207 a favor del departamento de Antioquia (Fábrica de Licores y
Alcoholes de Antioquia).
• Posteriormente, se emitió el auto núm. 18 del 21 de mayo de 2002 expedido por
la directora de Responsabilidad Fiscal, por el cual resolvió mantener la orden de
embargo de las botellas de licor respaldadas en los depósitos mencionados hasta
por la suma de $1.219.587.069 correspondiente, según sus cálculos, al eventual
remanente que se pudiese generar a favor de LICOANTIOQUIA S.A.
• Dicha decisión fue recurrida y mediante auto núm. 23 del 2 de julio de 2002, la
Contraloría resolvió en forma desfavorable el recurso de reposición. Y mediante el
auto núm. 95 del 10 de febrero de 2003, se decidió el recurso de apelación, en el
sentido de confirmar los embargos decretados en primera instancia.
28 Visto en el folio 11 del cuaderno 1 de pruebas del radicado 05001 23 31 000 2003 01970 00.
29 Visto en el folio 42 del cuaderno 1 del radicado 05001 23 31 000 2003 01970 00.
30 No se indica la fecha, ver Auto 001 del 6 de febrero de 2002.
31 Visto en el folio 126 del cuaderno 1 de pruebas del radicado 05001 23 31 000 2003 01970 00.
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• Por su parte, la demandante instauró acción de tutela32 contra la Contraloría
General de Antioquia, decidida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín
mediante sentencia del 29 de abril de 2003, en la que se le ordena a la Contraloría
General de Antioquia, de manera provisional, abstenerse de practicar diligencia de
remate de las mercancías embargadas y secuestradas en el proceso de
responsabilidad hoy censurado, mientras se incoa la acción ordinaria
correspondiente.
• Mediante la Resolución No. 620 del 9 de septiembre del 2003 33, la Contraloría
General de Antioquia ordenó el desembargo de los bienes afectados con medida
cautelar como remanente, en virtud del amparo de la póliza de seguros No.
8103358 expedida por la Compañía de Seguros ALFA S.A. a favor de AV VILLAS,
hasta por la cuantía de $1.219.586.069.
A partir de los hechos probados, la Sala encuentra que para la época (14 de enero de
2002) en que se ordenó el embargo de la mercancía, esta se encontraba pignorada por
bonos de prenda con el objeto de garantizar el cumplimiento de la obligación adquirida
por LICOANTIOQUIA con la aquí demandante, los cuales fueron expedidos en diciembre
de 2001. Es decir que dichos bienes se encontraban fuera del comercio con anterioridad
a la investigación fiscal.
Asimismo, que el Acuerdo sobre endoso en propiedad de títulos valores suscrito entre
LICOANTIQUIA S.A. y AV VILLAS S.A. se efectuó con respecto a los certificados de
depósito que ya se encontraban pignorados a favor de esta última sociedad desde
diciembre de 2001.
Ahora bien, el artículo 757 del Código de Comercio establece que:
Los almacenes generales de depósito podrán expedir, como consecuencia del depósito de
mercaderías, certificados de depósito y bonos de prenda.
Los certificados de depósito incorporan los derechos del depositante sobre las
mercaderías depositadas y están destinados a servir como instrumento de enajenación,
transfiriendo a su adquirente los mencionados derechos.
El bono de prenda incorpora un crédito prendario sobre las mercaderías amparadas por el
certificado de depósito y confiere por sí mismo los derechos y privilegios de la prenda.
(Negrillas por fuera de texto).
En este contexto, no le asisten razón al apelante cuando indica que el Tribunal se
equivocó al considerar que la mercancía era de absoluta propiedad de AV VILLAS S.A.
Contrario a ello, las pruebas previamente valoradas acreditan que, para el momento en
que se decretó la medida de embargo por parte de la Contraloría General de Antioquia la
mercancía se encontraba pignorada por bonos de prenda y, por ende, la titularidad de
estas no radicaba en LICOANTIOQUIA. Tan cierto es que la misma Contraloría en el
marco del proceso de responsabilidad fiscal así lo reconoció en los siguientes términos:
En este orden de ideas, la mercancía que se encuentra en los almacenes de depósito y
reúne las características antes descritas, no debe estar sujeta a gravamen diferente del de
la prenda misma, por cuanto los tenedores de los títulos, tienen no solo el derecho real, sí
no la titularidad de la mercancía descrita en el respectivo documento y el poder de
disposición de la misma lo tanto este despacho, procederá a levantar la medida adoptada
a través de auto 001 del 14-01-02.
32 Radicada bajo el No. 2003-0165-00.
33 Folios 197 a 198 el cuaderno principal.
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Por las anteriores razones, el motivo de inconformidad planteado por la Contraloría objeto
de estudio en este acápite no tiene vocación de prosperidad.
B) Del motivo de inconformidad relacionado con la validez del embargo sobre
el remanente
En el marco de los procesos de responsabilidad fiscal se pueden decretar embargos, los
cuales deben recaer sobre los bienes del presunto responsable y, dicha facultad se debe
ejercer bajo los postulados de la buena fe y el respeto a la propiedad privada adquirida
con arreglo a las leyes civiles. El artículo 12 de la Ley 610 de 2000 prevé que:
En cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal se podrán decretar medidas
cautelares sobre los bienes de la persona presuntamente responsable de un
detrimento al patrimonio público, por un monto suficiente para amparar el pago del
posible desmedro al erario, sin que el funcionario que las ordene tenga que prestar caución.
(Negrillas fuera de texto).
De lo anterior, la Sala observa que la facultad que le otorga la ley a los órganos de control
fiscal, con relación al decreto de medidas cautelares que permitan asegurar el pago de
la posible condena, es requisito sine qua non que los bienes a embargar sean de
propiedad exclusiva del investigado fiscal.
Por su parte, la legislación comercial relativa a los contratos de depósito de mercancías
consagra que el titular del bono de prenda, a través del cual se pignora mercancía
depositada en los almacenes generales, dispone del derecho de solicitar el remate de las
mercancías allí ubicadas para el pago de su crédito.
En efecto, los artículos 794 a 798 del Código del Comercio regulan el cobro del bono de
prenda, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 794. <COBRO DE BONO DE PRENDA ANTE EL ALMACÉN>. El bono de
prenda deberá presentarse para su cobro ante el almacén correspondiente.
ARTÍCULO 795. <NO PROVISIÓN OPORTUNA DEL BONO AL ALMACÉN -
ANOTACIÓN>. Si no se hubiere hecho provisión oportuna al almacén, éste deberá poner
en el bono la anotación de falta de pago. Tal anotación surtirá efectos de protesto.
ARTÍCULO 796. <ALMACÉN QUE NIEGA PONER ANOTACIÓN AL BONO-
PROTESTO>. Si el almacén se niega a poner la anotación, deberá hacerse el protesto, en
la forma prevista para las letras de cambio.
ARTÍCULO 797. <EXIGENCIA AL ALMACÉN PARA SUBASTA DE BIENES
DEPOSITADOS>. El tenedor del bono debidamente anotado o protestado podrá, dentro de
los ocho días que sigan a la anotación o al protesto, exigir del almacén que proceda a la
subasta de los bienes depositados.
ARTÍCULO 798. <SUBASTA DE BIENES Y APLICACIÓN DE PRODUCTO>. El almacén
subastará los bienes y su producto lo aplicará al pago de:
1) Los gastos de la subasta;
2) Los créditos fiscales que graven las cosas depositadas;
3) Los créditos provenientes del contrato de depósito, y
4) El crédito incorporado al bono de prenda.
El remanente conservará por el almacén a disposición del tenedor del certificado de
depósito. (Subrayas por fuera de texto)
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A partir de lo anterior, la Sala encuentra que el remanente34 implica la desvinculación
económica y jurídica de los saldos resultantes tras la ejecución de un acto, es decir, que
su determinación (valor o cuantía) es aleatorio y depende necesariamente de un acto
previo.
En el presente caso, la Contraloría General de Antioquia ordenó el embargo del
remanente de las mercancías, el cual estimó en la suma de $1.219.586.069.
La Contraloría General de Antioquia determinó el valor del remanente a partir de la
universalidad de las mercancías que fueron transferidas a AV VILLAS S.A., antes de que
las operaciones comerciales se realizaran, toda vez que procedió a embargar la suma de
$1.219.586.069 que, en su sentir, correspondía al monto que resultaba de sustraer de los
$5.771.237.920 (valor total transferido) los $4.551.651.851 correspondientes al crédito y
gastos complementarios; operación aritmética que no podía entenderse como el
remanente, ya que solo podía ser determinado una vez se efectuara la comercialización
y venta del licor.
Cabe señalar que tal operación no da lugar a determinar el remanente, en razón a que
este solo podía establecerse una vez se pusieran en marcha los negocios que
conllevaran la venta de los licores. Además, tales bienes pertenecían a la demandante –
AV Villas S.A.
Así las cosas, a juicio de la Sala, el cargo de apelación propuesto por la Contraloría
General de Antioquia no tiene vocación de prosperidad.
5.4.3. De la apelación interpuesta por la parte demandante
La demandante apeló la sentencia de primera instancia en cuanto: i) a que la
actualización de la condena se efectuó al 15 de agosto de 2019, y no hasta la ejecutoria
de la decisión; ii) a la negativa del reconocimiento del lucro cesante; y iii) al no haberse
reconocido todos los conceptos reclamados por daño emergente.
a) Del reconocimiento del lucro cesante
La sociedad apelante solicitó el reconocimiento del lucro cesante por los siguientes
conceptos:
1. El lucro cesante sobre la mercancía embargada que se calculó para la época de la
demanda en la suma de $324.080.249.
2. El lucro cesante derivado de la póliza constituida, el cual se calculó para la época de la
demanda en la suma de $1.793.403.
(…)
4. El lucro cesante derivado de la pérdida de 5.060 botellas de Ron Medellín Añejo, el cual
se calculó para la época de la demanda en la suma de $19.029.057.
(…)
6. El lucro cesante causado sobre los valores pagados por costos de bodegaje el cual se
calculó para la época de la demanda en la suma de $5.087.744.
El Tribunal denegó tal perjuicio en aplicación a la jurisprudencia reiterada y unificada del
Consejo de Estado, que ha señalado que, para el reconocimiento del lucro cesante el
34 El diccionario de la Real Academia Española define esta palabra así: “Que queda o sobra. El líquido
remanente”. “restante, sobrante”.
m. Parte que queda de algo.
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daño debe ser cierto y, por ende, comprobable, pues debe basarse en situaciones
existentes al momento de su ocurrencia, ya que el perjuicio eventual no es susceptible
de reparación.
La sociedad demandante, por el contrario, estima que dicha tesis desconoce “hechos
notorios, los cuales no requieren prueba”, las reglas de la experiencia y la situación de
que una suma de dinero colocada en el mercado de valores es capaz de producir unos
rendimientos -intereses-, pues las entidades financieras tienen como negocio prestar
dinero a cambio de una retribución económica.
En los términos del artículo 1614 del Código Civil 35, el lucro cesante se define como la
utilidad, ganancia o provecho que la víctima deja de percibir debido al incumplimiento,
cumplimiento defectuoso o tardío de la obligación. En otras palabras, corresponde a la
frustración de un incremento patrimonial cierto y legítimo, cuya realización se vio
impedida de forma directa por la conducta de la parte demandada, rompiendo el curso
normal de los acontecimientos económicos del afectado.
Bajo esta perspectiva, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación36 ha establecido
que para que un perjuicio resulte indemnizable se requiere de su certeza objetiva37, pues
de ningún modo puede ser eventual o hipotético. Por tanto, recae sobre la parte
demandante la carga procesal38 de probar la existencia de la ganancia frustrada,
demostrando mediante elementos de juicio idóneos que el beneficio económico se habría
producido de no haber mediado el hecho aducido. La ausencia de este soporte probatorio
releva al juez de imponer una condena, pues no es dable indemnizar expectativas
abstractas.
En ese orden de ideas, la Sala comparte la decisión del Tribunal en negar el
reconocimiento de lucro cesante al invocarse perjuicios eventuales e hipotéticos no
demostrados. Del acervo probatorio allegado al proceso no se encontró prueba que diera
lugar a determinar que, para la época de los hechos, se había materializado la venta del
licor que resultó deteriorado o que los rubros erogados por el pago de la póliza de seguro
y gastos de bodegaje serían utilizados en algún negocio concreto.
Si bien la finalidad de las inversiones que realizan las entidades financieras es la
obtención de rendimientos, lo cierto es que la volatilidad y amplitud del mercado impiden
garantizar un resultado positivo; afirmar de forma absoluta que una inversión habría
reportado ganancias y no pérdidas resulta improcedente, pues el desenlace financiero
depende de las fluctuaciones del entorno económico.
35“Entiéndese por […] por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de
no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento”.
36 Sobre los presupuestos para el reconocimiento del lucro cesante, véase: Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia de unificación del 18 de julio de 2019, rad. 44572, C. P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera. Esta tesis ha sido replicada en esta Sección, entre otras, en las siguientes providencias: Sección
Primera, sentencias del 29 de febrero de 2024, rad. 66001-23-31-000-2011-00387-01; y del 1 de febrero
de 2024, rad. 05001-23-31-000-2011-00011-01, ambas con ponencia del C. P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.
37 Sobre el particular, en sentencia del 21 de noviembre de 2022, expediente: 760012333000- 2013-00034-
01 (60138), proferida por Sección Tercera, Subsección A, C.P: José́ Roberto Sáchica Méndez, se indicó:
“por tanto, al encontrarse en el terreno de hechos que no han sucedido pero que podrán suceder, o hubieran
podido suceder, la doctrina moderna coincide en que la existencia del lucro cesante debe establecerse bajo
un juicio de probabilidad, sin que este deba ser inexpugnable, exacto o infalible, pues siendo imposible
determinar con exactitud qué es lo que va a ocurrir en el futuro, resulta suficiente la probabilidad objetiva
que resulte del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso concreto, pues de
lo contrario, en pro de la certeza, podría desconocerse la reparación de un daño real y efectivo”.
38 Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.
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Así las cosas, le correspondía a la demandante demostrar la existencia cierta del perjuicio
alegado y su nexo causal con los actos administrativos acusados. Sin embargo, dicha
carga probatoria no se cumplió, por lo que no hay lugar al reconocimiento de los perjuicios
solicitados por concepto de lucro cesante.
Como consecuencia, la Sala concluye que este cargo de apelación no está llamado a
prosperar.
b) Del reconocimiento del daño emergente
La demandante cuestionó que el Tribunal haya negado el daño emergente causado por
la pérdida de las botellas de licor y por la totalidad de los pagos realizados por concepto
de bodegaje.
La Sala encuentra acertada la decisión del a quo en negar el reconocimiento del daño
emergente en relación con el licor que resultó “NO CONFORME”, toda vez que del
material probatorio allegado al proceso no se logró acreditar que el ron ostentara un buen
estado al momento de su retención, por lo tanto, no resulta procedente reconocer este
perjuicio.
Al respecto, resulta preciso indicar que, si bien el concepto técnico realizado por la
Dirección Aseguramiento de Calidad de la Fábrica de Licores de Antioquia 39 da cuenta
que 5.060 botellas de Ron Medellín Añejo se encontraron no conforme “por grado
alcoholimétrico inferir a límite permisible”, lo cierto es que, tal como lo consideró el a quo,
dicha prueba no es suficiente para tener por acreditado que la causa de dicha “no
conformidad” fue el tiempo de permanencia del licor en los almacenes de depósito
autorizados en razón de su embargo.
Por lo anterior, y comoquiera que se desconocen las causas que pudieron ocasionar la
alteración del grado alcoholimétrico de las 5.060 botellas Ron Medellín Añejo halladas no
conforme según el informe técnico, la Sala denegará lo solicitado por el apelante por
dicho concepto.
De otra parte, en cuanto el argumento del apelante relacionado con que el Tribunal no
reconoció el valor total de los pagos realizados por concepto de bodegaje “derivados de
las facturas 19378 por valor de $11.650.172 y la 19400 por valor de $4.160.147”, pese a
que dichas facturas se encontraban con fecha de recibido por AV VILLAS S.A.
Respecto de lo anterior, la Sala advierte que el Tribunal acertó en denegar el
reconocimiento de las facturas MED0019400 y MED19378, por no haberse acreditado su
pago a favor de ALMAVIVA, por lo que no son de recibo las argumentaciones de la
recurrente al manifestar que ello “termina desconociendo las reglas de la experiencia y la
normatividad contable”, frente a lo cual, indica surgen obligaciones para la sociedad, pues
de haberse efectuado el pago lo habría acreditado, inclusive al momento de apelar la
sentencia, sin embargo, no lo hizo, por lo que para la Sala no existe certeza de que la
actora haya efectuado dicha erogación y, por ende, no es posible acceder a su
reconocimiento.
c) De la actualización de la condena reconocida en primera instancia
El Tribunal accedió al reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente por la suma de: 1). 35.370.664,32 M/TE que AV Villas S.A. canceló por la
póliza de seguros para obtener el desembargo de los licores; y 2). 27.750.097 M/TE por
39 Folios 203 a 204 del expediente.
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los gastos de bodegaje en que debió incurrir durante el tiempo del embargo. Valores que
fueron actualizado a agosto de 2019 en la suma de $124.100.824.
AV Villas S.A. sostuvo que, si bien el Tribunal reconoció el daño emergente con su valor
actualizado, omitió incluir una disposición que permita la actualización definitiva de la
condena hasta la fecha de su ejecutoria.
La Sala considera que le asiste plena razón a la parte actora en este punto, pues la
garantía de una reparación verdaderamente integral impone la indexación de la suma
reconocida a título de daño emergente con el fin de devolver al afectado el poder
adquisitivo del dinero perdido por el fenómeno inflacionario. Al respecto, la Sección
Tercera en pronunciamiento del 4 de mayo de 202240 aplicó la actualización monetaria
del daño emergente. Bajo este criterio, se ordenará la actualización de la condena
mediante la aplicación de la fórmula adoptada por esta jurisdicción, la cual toma como
base la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Así mismo, en atención a la naturaleza de los perjuicios liquidados en la modalidad de
daño emergente en el sub examine, la Sala advierte que el cómputo de la indexación
debe ajustarse a la vigencia real del daño. Para tal efecto, se aplicará la fórmula41
reconocida por la jurisprudencia del Consejo de Estado:
R = RH x Índice Final
Índice Inicial
Donde "R" es el valor presente; "Rh" el valor histórico (capital), "Índice Final" es el IPC el
vigente a la fecha de la sentencia (o del pago previo) e "Índice Inicial" es el IPC vigente
al momento del daño. Primero se divide y ese valor se multiplica por R.
Bajo este escenario, se modificará el numeral tercero de la sentencia de primera instancia
para disponer que la actualización de la condena por concepto de daño emergente debe
realizarse desde la fecha de su causación hasta la ejecutoria de la sentencia.
5.4.4. Condena en costas
La Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia, al considerar que no se
cumplen los requisitos previstos en el artículo 171 del C.C.A. 42.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR al numeral TERCERO de la sentencia de 5 de septiembre de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual quedará así:
TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, se CONDENA a la CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA, a
reconocer y pagar a favor de la sociedad AV VILLAS S.A., la suma de sesenta y
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 23001233100020110032801 (48220) C.P. Martín
Bermúdez Muñoz.
41 Donde "R" es el valor presente, "Rh" el valor histórico (capital), "IPC Final" el vigente a la fecha de la
sentencia (o del pago previo) e "IPC Inicial" el vigente al momento del daño.
42 En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los
términos del Código de Procedimiento Civil.
Radicación: 05001 23 31 000 2003 01970 01
Demandante: Banco AV Villas S. A.
Demandado: Departamento de Antioquia y Contraloría General de Antioquia
tres millones ciento veinte mil setecientos sesenta y un pesos con treinta y dos
centavos ($63.120.761,32), por concepto de daño emergente. Dicho valor debe
actualizarse desde la fecha de causación hasta la ejecutoria de la presente
sentencia, de conformidad con la fórmula expuesta en la parte motiva de esta
decisión.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia de 5 de septiembre de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas.
CUARTO: DISPONER que por Secretaría se devuelva el expediente al tribunal de origen
por parte de la Secretaría, una vez ejecutoriada la presente providencia.
COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Presidente NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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