Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-31-000-2011-00387-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-31-000-2011-00387-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 66001-23-31-000-2011-00387-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
29 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
Demandado: MUNICIPIO DE QUINCHÍA
Tema: Perjuicios patrimoniales en la modalidad de lucro cesante y pérdida de la
oportunidad / reconocimiento - Reiteración de jurisprudencia
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia de 14 de julio de 2016, proferida por la Sala Primera de
Decisión del “[…] TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA […]”.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La demanda1
1. La sociedad Transportes Batero S.A., actuando a través de apoderado judicial y
en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo [en adelante CCA], acudió ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo para elevar las siguientes
pretensiones:
“[…] 2.1-. PRINCIPALES (…) 2.1.1-. Que se declare nula la resolución número
033 de mayo 16 de 2011 por la cual se revocó directamente la licencia de
construcción de la Estación de Servicio Batero contenida en el acto
administrativo 006 de febrero 13 de 2011.
2.1.2-. Que se le restablezca el derecho a Transportes Batero S.A.,
permitiéndole el adelantamiento de las obras de construcción autorizadas
mediante el acto administrativo 006 de febrero 13 de 2011.
2.1.3-. Que se condene al municipio de Quinchía a cancelar las sumas de dinero
que resulten probadas pericialmente sobre el lucro cesante consolidado entre
la fecha probable del inicio de actividades de la estación de servicio y la
sentencia.
2.2-. SUBSIDIARIAS.
En caso que el restablecimiento del derecho mediante la autorización de la
construcción de la estación de servicio sea imposible, se solicitan las siguientes
a título subsidiario:
2.2.1-. Que se declare nula la resolución número 033 de mayo 16 de 2011 por
lo cual se revocó directamente la licencia de construcción de la Estación de
Servicio Batero contenida en el acto administrativo 006 de febrero 13 de 2011.
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Fol. 1-14, C. 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
2.2.2-. Que se le restablezca el derecho a Transportes Batero S.A., ordenándole
al municipio de Quinchía la cancelación en favor de la sociedad demandante,
de las siguientes sumas de dinero, o de las que se establezcan pericialmente:
2.2.2.1-. Daño Emergente
2.2.2.1.1-. Consolidado.
2.2.2.1.1.1-. $70.000.000.00 a título de daño emergente correspondientes al
valor cancelado por la adquisición del predio.
2.2.2.1.1.2-. $844.000.00 a título de daño emergente correspondientes al valor
cancelado por la expedición de la licencia.
2.2.2.1.1.3-. $5.000.000.00 a título de daño emergente como valor cancelado
por los estudios de prefactibilidad y factibilidad.
2.2.2.1.1.4-. $9.979.000.00 a título de daño emergente como valor cancelado
por los diseños constructivos de la estación de servicio y sus adecuaciones.
2.2.2.1.1.5-. Lucro cesante sobre las sumas que erogó el convocante para los
gastos anteriores.
2.2.2.1.2-. Futuro.
2.2.2.1.2.1-. La suma $79.719.218.40 equivalente al 20% del valor total del
contrato de obra $398.596.092.00, que está cobrando el contratista por el
incumplimiento del contrato de obra.
2.2.2.2-. Lucro cesante. Que se reconozcan las sumas de dinero que la
demandante pretendía obtener de utilidad en los próximos treinta (30) años,
según el dictamen pericial que se expida, y que por ahora se estima en
$4.000.000.000.00, como mínimo.
2.2.2.3-. Pérdida de oportunidad o de chance. El municipio colocó a Transportes
Batero S.A. en una situación difícil, que le bloquea cualquier oportunidad que el
predio adquirido pudiera tener, atendiendo que la destinación específica del
acuerdo 027, se considera legal y constitucional por la empresa demandante,
pero es específica, y si no se puede construir la estación de servicio porque se
revocó la licencia, entonces que hará Transportes Batero S.A. con un lote que
en el que no puede construir sino una estación de servicio, pero la
administración que lo vendió para ello, no permite que se construya. Este
perjuicio se estima en 500 salarios mínimos legales mensuales.
2.3-. Por los demás perjuicios que aparezcan acreditados y probados en el
proceso.
2.4-. Intereses sobre las sumas anteriores.
2.5-. Por las costas […]”
I.1.1. Los hechos
2. La sociedad demandante afirmó que el concejo municipal de Quinchía aprobó el
Acuerdo 27 de 10 de diciembre de 20082, a través del cual se autorizó a la alcaldía
2
Fol. 19-24, C. 1.
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Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
de ese municipio para enajenar bienes de su propiedad, en especial, el lote y las
instalaciones de lo que fue la Estación de Servicio “[…] Xixaraca […]”.
3. Manifestó que la alcaldía municipal de Quinchía, con base en la autorización
concedida en el citado acuerdo y previo el agotamiento del procedimiento legal
pertinente, le vendió el predio mencionado, por un valor de $70.000.000.
4. Indicó que, como propietaria del inmueble y “[…] atendiendo la destinación
específica para la que fue enajenado el mismo según su artículo cuarto […]”, solicitó
al municipio de Quinchía la expedición de licencia de construcción con el fin de
edificar una estación de servicio con equipamientos adicionales.
5. Anotó que la Secretaría de Planeación, Medio Ambiente y Obras Públicas le
concedió la Licencia de Construcción 006 de 13 de febrero de 2011 3, con un costo
de $844.000, y con base en ella, contrató las actividades de construcción de la
Estación de Servicio Batero, las cuales fueron, posteriormente, suspendidas ante
“[…] los quebrantos de salud de la esposa del representante legal de Transportes
Batero S.A., y esperando su recuperación (…) por el deseo de aquel de
supervisarlas personalmente, pero infortunadamente el 17 de mayo de 2011 (…)
falleció […]”.
6. Señaló que la autoridad administrativa entregó al representante legal de
Transporte Batero S.A., el 13 de abril de 20114, comunicación por la cual le solicitó
autorización y consentimiento para revocar directamente la precitada licencia de
construcción. El mismo día -13 de abril de 2011- manifestó que no consentía la
revocatoria del acto administrativo5.
7. Aseveró que el Secretario de Planeación, Medio Ambiente y Obras Públicas del
municipio de Quinchía expidió la Resolución 033 de 16 de mayo de 20116, mediante
la cual se revocó la Licencia de Construcción 006 de 13 de febrero de 2011.
8. Sintetizó los argumentos esgrimidos por la autoridad administrativa para revocar
el acto administrativo citado, de la siguiente forma:
“[…] i) Aspectos relacionados con sanidad y salubridad por la ubicación de la
central de sacrificio de ganado al lado de la estación de servicio, ii) aspectos de
extralimitación de funciones del Concejo Municipal por haberle agregado al
acuerdo 027 de 2008 un artículo con destinación específica, iii) aspectos de
ilegalidad de la licencia de construcción por la extralimitación de funciones del
Concejo, iv) aspectos de inconformidad de la licencia de construcción con el
interés público social por la preexistencia de la Central de Sacrificio de ganado
(sic) y las inversiones que se han realizado para obtener su legalización ante el
INVIMA, y, v) aspectos relacionados con la facultad que se tiene de revocar los
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Fol. 56-60, C. 1.
4
Fol. 67-69, C. 1.
5
Fol. 61, C. 1.
6
Fol. 64-66, C. 1.
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Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
actos administrativos parcialmente para corregir simples errores aritméticos o
de hecho que no incidan en el sentido de la decisión, o por ser ilegales […]”
I.1.2. Las causales de nulidad invocadas
9. Lademandante no dedicó un aparte específico a las causales de nulidad
invocadas en la demanda; no obstante, se refirió a ellas en los hechos que le dieron
sustento.
10. Manifestó que la Resolución 033 de 16 de mayo de 2011 violó normas superiores
de orden constitucional “[…] como el debido proceso y los derechos adquiridos […]”
y de orden legal como “[…] la presunción de legalidad y autenticidad de los actos
administrativos, como la obligatoriedad de los mismos, como la violación del
derecho de impugnar las decisiones de las autoridades […]”.
11. Adujo que se encontraba falsamente motivada puesto que le atribuyó al concejo
municipal de Quinchía “[…] una extralimitación de funciones cuando desde el
proyecto de acuerdo se restringió y limitó la venta del lote para estación de servicio,
o como establecer un cambio de la destinación del uso del suelo cuando siempre
existió en dicho sitio una estación de servicio […]”.
12. Alegó que se había expedido irregularmente toda vez que pretermitió “[…] todos
los requisitos de las actuaciones administrativas […]” y actuó sin el consentimiento
del beneficiario del acto administrativo.
13. Argumentó que se expidió con desviación de poder en razón a que se sustentó
en “[…] situaciones artificiosas como finalidad de interés público para revocar el acto
de licencia de construcción, cuando dichas situaciones se debieron establecer con
anterioridad al otorgamiento de la licencia, o que no demandan la intervención del
INVIMA como se indica por esta entidad, así como por no demandar su propio acto,
entre otras […]”.
14. Sostuvo, además, que la expedición del acto administrativo acusado le causó
perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente tales como “[…] los costos
causados por estudios, valor del predio, valor de [la] licencia, pagos anticipados por
obras, intereses, etc […]” y en la modalidad de lucro cesante por las utilidades que
habría dejado de percibir ante la imposibilidad de llevar a cabo la construcción y
operación de la estación de servicio.
15. Finalmente, en el acápite que denominó “[…] V. DERECHO […]” citó como
normas aplicables los artículos 2° y 90 de la Carta Política; 86, 136 y normas
concordantes del CCA; 16 de la Ley 446 de 7 de julio de 19987 y demás normas
aplicables a esta controversia.
7
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.
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Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
I.2. Trámite de la demanda
16. El magistrado instructor del proceso, mediante auto de 15 de diciembre de 20118,
admitió la demanda y, en consecuencia, i) ordenó la notificación personal al alcalde
del municipio de Quinchía, así como al agente del Ministerio Público; y, ii) fijó el
negocio en lista por el término de diez (10) días para que la parte demandada y los
posibles intervinientes pudieran contestar la demanda, proponer excepciones y
solicitar la práctica de pruebas, advirtiéndole a la parte demandada que debía
allegar con la contestación de la demanda todos los documentos que se encontraran
en su poder y que pretendiera hacer valer en el proceso, so pena de tenerse como
indicio grave en su contra.
I.3. La contestación de la demanda9
17. El municipio de Quinchía, a través de apoderado judicial y dentro del término
previsto para el efecto10, contestó la demanda y se opuso a todas y cada una de
sus pretensiones principales y subsidiarias y, en consecuencia, que se mantuviera
incólume el acto administrativo acusado.
18. Expuso, como razones de defensa, que la Resolución 033 de 6 de mayo de 2011
se sustentó i) en razones de salubridad; ii) bajo el argumento consistente en que el
Acuerdo 27 de 2008 se habría expedido por medios ilegales, toda vez que al
proyecto inicialmente presentado por la administración municipal, le fueron
incorporados en el concejo municipal, artículos que no correspondían al texto
original del proyecto y que habrían desbordado la competencia de aquella
corporación, como el relativo a la destinación específica del predio cuya enajenación
se autorizó; y, iii) en la existencia de la central de sacrificio de ganado a una
distancia corta del lugar de ubicación de la estación de servicio que podría ocasionar
la contaminación por gases de las carnes para consumo humano que allí se
procesan.
I.4. La sentencia de primera instancia11
19. El “[…] Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda […]”, Sala Primera
de Decisión, mediante sentencia de 14 de julio de 2016, resolvió:
“[…] PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de la resolución número 033 de mayo
16 de 2011 por la cual se revocó directamente la licencia de construcción de la
Estación de Servicio Batero contenida en el acto administrativo 006 de febrero
13 de 2011, y como consecuencia de ello, la Licencia de Construcción No 006
de 2011 continúa vigente.
SEGUNDO.- Se niegan las demás súplicas de la demanda […]”.
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Fol. 111-112, C. 1.
9
Fol. 300-302, C. 2.
10
Fol. 303, C. 2.
11
Fol. 374-384, C. 2.
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Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
20. La primera instancia formuló el problema jurídico que debía resolverse en este
proceso, de la siguiente manera:
«[…] Corresponde a la Sala determinar si el acto administrativo contenido en la
Resolución No 033 de mayo 16 de 2011 por medio de la cual, el Secretario de
Planeación del municipio de Quinchía revoca una licencia de construcción, está
viciado de nulidad por falsa motivación, desviación de poder y expedición
irregular por haber sido expedido sin el consentimiento expreso del titular y
consecuencialmente es procedente la indemnización de los perjuicios causados
a la parte actora con la revocatoria de dicha licencia […]».
21. Luego de referirse al “[…] Acervo Probatorio […]”, procedió a su análisis
destacando que la Resolución 033 de 16 de mayo de 2011 es un acto de carácter
particular y concreto al crear una situación jurídica específica y vinculante
consistente en autorizar el desarrollo de una obra o construcción en un inmueble y,
por ello, en principio, para su revocatoria se requiere del consentimiento expreso de
su titular.
22. Citó el artículo 69 del CCA y reiteró que los actos administrativos particulares
sólo podían ser revocados con el consentimiento expreso y escrito del titular del
derecho y, cuando este no se otorga, la administración no tenía más remedio que
acudir a esta jurisdicción para que se declarara su nulidad.
23. No obstante, explicó que, excepcionalmente, dicha clase de actos podía ser
revocados sin el consentimiento del titular del derecho “[…] cuando resulte de la
aplicación del silencio administrativo positivo, o cuando es evidente que el acto se
produjo por medios ilegales […]”, para lo cual reprodujo el artículo 73 del CCA.
24. Citó la sentencia de 16 de julio de 2002, proferida por esta Corporación en el
expediente 23001 23 31 000 1997 8732 02 (IJ 029) y la sentencia T-215 de 2006 de
la Corte Constitucional, concluyendo que “[…] la ilegalidad del acto debe surgir al
momento de su formación por vicios en su consentimiento, error, fuerza o dolo y se
debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 74 de[l] CCA […]”.
25. Abordó el caso concreto y transcribió los fundamentos expuestos en el acto
administrativo demandado y que justificaron su expedición, para subrayar que la
administración del municipio de Quinchía pidió autorización a la sociedad
Transportes Batero S.A. para revocar la Licencia de Construcción 006 de 13 de
febrero de 2011, la cual no fue concedida y, en consecuencia, procedió a revocarlo
directamente “[…] por cuanto el Acuerdo del Concejo Municipal que autorizó a la
alcaldesa la venta del inmueble fue expedido con extralimitación de funciones de
esta Corporación (se refiere al concejo municipal de Quinchía) y por la preexistencia
de la central de sacrificio de ganado aledaño al lote de la estación de servicio […]”.
26. Se refirió al Acuerdo 027 de 2008, por medio del cual sea autorizó a la alcaldía
de Quinchía la enajenación de bienes del municipio, y afirmó que este acto
administrativo goza de presunción de legalidad pues no ha sido retirado del
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Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
ordenamiento jurídico por esta jurisdicción y “[…] si bien, en él se condicionó la
destinación del bien inmueble extralimitándose en sus funciones por ser una
competencia exclusiva del ejecutivo, no le correspondía a la administración entrar a
cuestionar su legalidad, pues si así lo consideraba, lo procedente era instaurar la
acción judicial respectiva […]”.
27. Anotó que si “[…] existían dudas sobre la legalidad del acuerdo que soportó la
negociación del inmueble, no debió haberse proferido la licencia de construcción
que fue revocada por la administración municipal […]” y destacó que la ilegalidad
alegada por el municipio de Quinchía no fue simultánea con la expedición de la
licencia de construcción otorgada a la parte demandante y, por el contrario, se
profirió con el cumplimiento de todos los requisitos legales.
28. Aseguró, frente a las razones de interés público expuestas en el acto
administrativo acusado por la preexistencia de la central de sacrificio de ganado en
sector aledaño al inmueble que podrían afectar las condiciones de salubridad e
inocuidad de los productos, que:
“[…] no existe un concepto técnico sobre el particular que permita establecer la
afectación a la salud pública alegada en el acto que hoy es materia de estudio
de legalidad; si bien obra en el dossier el oficio de fecha abril 4 de 2011, por
medio del cual el INVIMA le informa al Secretario de Planeación Municipal que
para emitir un concepto sanitario sobre los beneficios o perjuicios que podría
conllevar la construcción de una estación de servicio, se debe programar una
visita técnica, no obra ningún registro sobre el particular anterior o posterior al
otorgamiento de la licencia de construcción que fundamente su revocatoria. Por
el contrario a folio 19 y ss del cuaderno 2 obra oficio suscrito por dicha entidad
donde se indica que “el concepto de ubicación debe ser otorgado
específicamente por Planeación Municipal de Risaralda (sic) y los factores
relacionados con asuntos medio ambientales son competencia de las
autoridades medio ambientales (sic) como lo es la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda (CARDER)”, conceptos que no obran en el expediente;
de igual manera y en concordancia con lo anterior, en el dictamen pericial
rendido por la Secretaría de Salud Departamental se indica que “la pertinencia
o no, de autorizar construir y poner en funcionamiento una estación de gasolina
al lado de la sala de sacrificio municipal dependerá en primera instancia de la
aprobación y cumplimiento del marco legal específico para estaciones de
gasolina arriba citados decreto 1521 de 1998, decreto 4299 de 2005, decreto
737 de 2008, así como el concepto técnico de la autoridad ambiental por ellos
referida” […]”
29. La primera instancia, conforme a lo anterior, encontró que la Resolución 033 de
16 de mayo de 2011 se encontraba falsamente motivada en la medida en que las
“[…] causales en él invocadas no se encuentran probadas […]”, agregando que la
administración municipal asumió competencias que no le correspondían al
pronunciarse sobre la legalidad del Acuerdo 027 de 2008 y emitiendo un concepto
técnico ambiental “[…] cuando solo le correspondía conceptuar sobre la ubicación
de la estación de servicio, tal como lo indicó el INVIMA, concepto del que no obra
copia en el expediente […]”.
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Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
30. Aseveró que el municipio de Quinchía, al revocar unilateralmente y sin
autorización el acto administrativo por el cual se concedió la licencia de
construcción, violó el debido proceso de la sociedad demandante al omitir el
procedimiento establecido en los artículos 14, 28, 34, 35 y 74 del CCA, el cual debe
seguirse en todos los casos previstos en el artículo 73 del CCA.
31. En suma, concluyó que, “[…] al no demostrarse que el acto acusado se obtuvo
con utilización de medio ilegales, al no seguirse el procedimiento referido, ni haberse
otorgado la autorización del titular para su revocatoria, concluye la Sala que éste
vulnera los artículos 29 de la Constitución, 73 y 74 del CCA, vigente para la época
de los hechos, evidenciándose de esta manera una falsa motivación en su
contenido, razón por la cual se dispondrá su nulidad […]”, destacando que el
restablecimiento del derecho operaría de forma automática y, en esa medida, al ser
el lote de propiedad de la sociedad Transporte Batero S.A., las obras de
construcción y adecuación de la estación de servicio podrían realizarse.
32. Analizó
posteriormente las pretensiones indemnizatorias formuladas en la
demanda señalando que no se accedería a ellas, puesto que:
“[…] Para acreditar este perjuicio, obra el dictamen rendido por el perito
avaluador (sic) Miguel H. López Rivera y el estudio de proyección de flujo de
caja de la Estación de Servicio Transportes Batero, suscrito por la Economista
Carmen Gloria Zuluaga Palacio, en los cuales constan las proyecciones de las
utilidades a partir de la fecha programada para el inicio de labores, esto es,
octubre de 2011, tomando como base los precios del mercado y en los
promedios de consumo y tipo de combustibles que suministra la estación de
servicio del municipio de Belén de Umbría, aledaño y similar al municipio de
Quinchía.
Sobre el particular precisa la Sala que el peritaje carece de sustento técnico
sólido para argumentar el modo en que determina los perjuicios causados en la
modalidad de lucro cesante consolidado, por cuanto si bien hace referencia a
las fuentes de información a las que acudió para estimarlos, no existe en el
plenario un Contrato de Suministro de Combustibles Líquidos Derivados del
Petróleo, o una negociación con un distribuidor mayorista, que en este caso,
según afirmaciones de la demandante se realizará con BRIO DE COLOMBIA
S.A., hoy BIOMAX S.A., donde se hayan pactado precios, condiciones y tipo de
combustible a suministrar y demás condiciones que permitan establecer de
manera clara y precisa los perjuicios causados.
Por el contrario, a folio 245 del cuaderno 2-1 obra documento donde el
representante legal de BIOMAX indica que “… no hemos encontrado evidencia
alguna respecto de que BRIO DE COLOMBIA S.A., absorbida por BIOMAX S.A.
y el señor Ovidio Correa Maldonado o Transporte Batero S.A. de Quinchía –
Risaralda hayan adelantado alguna negociación o gestiones tendientes a la
distribución en el Municipio de Quinchía”
Así las cosas, se evidencia una mera expectativa de la negociación, aunado al
hecho que en los términos del literal a) numeral 8 del artículo 21 del Decreto
4299 de 2005 para que pueda expedirse la licencia de funcionamiento de la
estación de servicio (distribuidor minorista) deberá aportarse el respectivo
contrato de suministro, razón por la cual el funcionamiento de la Estación de
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Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
Servicio Transportes Batero se encontraba supeditada a requisitos legales, los
cuales no se evidencian en el expediente para establecer los perjuicios
reclamados, razón por la cual no se accederá a ellos […]”
I.5. El recurso de apelación12
33. Laparte actora, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó
recurso de apelación para que se revoque su numeral 2° y, en su lugar, se condene
al municipio de Quinchía a pagar los perjuicios reclamados y las costas procesales.
34. Solicitó que el municipio de Quinchía fuera condenado a pagar “[…] las sumas
de dinero que resulten probadas pericialmente sobre el lucro cesante consolidado
entre la fecha probable del inicio de actividades de la estación de servicios y la
sentencia […]”, dictamen pericial que fue descartado “[…] por no tener un sustento
técnico sólidos, por no existir en el plenario un contrato de suministro de combustible
o la negociación con un distribuidor mayorista […]”.
35. Afirmó que lo resuelto por la primera instancia carecía de fundamento puesto que
en el proceso fue decretado y practicado un dictamen pericial para determinar el
lucro cesante consolidado dejado de percibir por la sociedad demandante, el cual
no fue objetado por la contraparte “[…] quedando en firme sin mayor discusión, es
decir, que es la misma contraparte quien al analizarlo y valorarlo lo encontró
ajustado a las normas y por ello no fue objetado por error grave […]”.
36. Aseveró que el “[…] Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda […]”
debió valorar el dictamen pericial en el transcurso del proceso y no al final, puesto
que el ordenamiento jurídico dispone que “[…] si consideran que el dictamen pericial
no es suficiente, puede ordenar de oficio la práctica de otro con distintos peritos, si
se trata de prueba necesaria para su decisión […]”, lo cual no fue atendido por esa
instancia judicial pues solo con la sentencia consideró que el dictamen pericial
carecía de sustento sólido para acreditar los perjuicios “[…] causados en su
modalidad de lucro cesante, por no existir en el plenario un contrato de suministro
o una negociación […]”.
37. Subrayó que la autoridad judicial no aplicó las reglas de la sana crítica e impuso
una tarifa legal al estimar que la única prueba válida, pertinente y conducente para
acreditar el lucro cesante era un contrato de suministro con un mayorista, lo cual no
resultaba acertado, en su concepto, puesto que “[…] de haberse contado con ese
contrato, no habría necesidad de acudir a un perito, ya que, con el sólo contrato se
aplicarían las fórmulas actuariales, empleadas por la jurisprudencia y de ahí se
obtendría tanto el lucro cesante consolidado como el futuro […]”.
38. Indicó que no se valoraron las pruebas de manera integral y conjunta para el
análisis de las conclusiones del auxiliar de la justicia y tan solo se acudió a lo
previsto en el artículo 21 numeral 8° literal a) del Decreto 4299 de 25 de noviembre
de 200513 para no tener por probados los perjuicios reclamados, disposición que
12
Fol. 386-396, C. 2.
13
“[…] Por el cual se reglamenta el artículo 61 de la Ley 812 de 2003 y se establecen otras disposiciones […]”.
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Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
establecía la obligación de aportar, entre otros documentos para obtener la
autorización para ejercer la actividad de distribuidor minorista de combustibles en el
territorio colombiano a través de una estación de servicio automotriz, el respectivo
contrato de suministro, haciendo notar que la palabra “suministro” fue anulada por
esta Corporación sin identificar la providencia judicial.
39. Resaltó que el tiempo transcurrido entre el otorgamiento de la licencia y su
revocatoria no fue suficiente para adelantar los trámites ante el Ministerio de Minas
y Energía y el distribuidor mayorista de combustible, pues en este “[…] país todos
los trámites administrativos se llevan en muchas ocasiones muchos años; siendo
ésta es una regla (sic) de la experiencia que debería ser aplicada por los
funcionarios encargados de impartir justicia […]” y, además, que la primera instancia
violó el artículo 16 de la Ley 446 de 9 de julio de 1998 14, en cuanto allí se ordena
que toda indemnización debe ser integral y basada “[…] en principios como la
equidad entre otros […]”.
40. Consideró que el dictamen pericial rendido dentro del proceso “[…] y el cual no
fue objetado o solicitada su aclaración o corrección […]” era claro, preciso y
detallado como lo exigía el artículo 237 numeral 6° del Decreto 1400 de 6 de agosto
de 197015, puesto que:
“[…] indica los documentos que le sirvieron de fundamento, las normas
aplicables y cuando determina el lucro cesante sufrido por la empresa
Transporte Batero, investigó el valor de la gasolina y del ACPM en las
principales ciudades del país, lo cual fue tomado de la información subida a la
red por el Ministerio de Minas, la estructura de precios actuales para el mes de
mayo de 2013 que realiza Findepetróleo (sic) para la zona geográfica de Pereira
y su zona de influencia, donde se indican todas las variables para fijar el precio;
es decir que el valor indicado como PRECIO MÁXIMO DE VENTA POR GALÓN
incluida la sobre tasa (sic), no es el producto de una posición caprichosa del
perito o el producto del imaginario del mismo, esta conclusión de acuerdo por
lo expuesto por el perito y los anexos del peritaje, resulta ser clara, precisa y
detallada al explicar los fundamentos que tuvo en cuenta para establecer el
valor del galón y así poder con fundamento es éste precio.
Siendo éste el punto polémico por parte de los fundamentos de la sentencia,
pues para los Magistrados, la única fuente para determinar el valor del
combustible sería el contrato suscrito con la empresa mayorista de combustible,
pero con el análisis que hace el perito de la forma como llegó a la conclusión de
los precios de los productos que se pueden ofrecer en una Estación de Servicios
se demuestra que la única prueba no es el pluricitado contrato, sino que
existe[n] otros parámetros igualmente válidos para arribar a las misma[s]
conclusiones, sin lesionar el orden jurídico […]”
41. Anotó que existía certeza sobre la cuantía del daño puesto que la venta de
combustibles y sus derivados es una actividad que fuera de ser lícita es cuantificable
puesto que muchas empresas naturales y jurídicas se dedican a ella y, en esa
medida, el perito tomó como soporte de sus conclusiones el “[…] flujo que presenta
14
“[…] por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.
15
“[…] Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil […]”.
11
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
una estación de servicios con iguales o semejantes características […]” a la que
pretendía habilitar la sociedad apelante, mencionando que tenía a su favor que se
dedicaba, entre otras actividades, al transporte de pasajeros, lo que aseguraba un
consumo mensual “[…] de gasolina y ACPM, fuera de los demás usuarios del pueblo
que tienen vehículos o de las personas que lleguen al mismo […]”.
42. Manifestó, adicionalmente, que en su demanda pidió el reconocimiento de la
pérdida de oportunidad o de chance, como pretensión subsidiaria de la principal, lo
que quiere decir que, si se estimaba que no logró demostrar el lucro cesante, se
debió abordar lo relativo a dicho perjuicio.
43. Aseguró que, desde el momento en que le fue revocada la licencia a la parte
demandante hasta la fecha de presentación del recurso de apelación frente a la
sentencia de primera instancia, se le privó de la oportunidad de poder emprender la
construcción de la estación de servicio, esto es, de una oportunidad de un negocio.
44. Finalmente, señaló que no compartía la decisión adoptada por la primera
instancia relativa a las costas procesales toda vez que, en su concepto, cumplió a
cabalidad con sus obligaciones procesales “[…] hizo comparecer a los testigos para
rendir las correspondientes declaraciones, le pagó los honorarios al perito, presentó
alegaciones finales y estuvo siempre presente durante los 5 años que duró el trámite
de la primera instancia atenta al proceso […]”; añadiendo que la autoridad judicial
no realizó un estudio de la conducta asumida por las partes para llegar a la
conclusión de no condenar en costas.
I.6. Trámite del recurso de apelación
45. El magistrado ponente a cargo de la sustanciación del proceso en primera
instancia, a través del auto de 19 de agosto de 201616, concedió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante.
46. El Consejero de Estado a cargo de la sustanciación del proceso en segunda
instancia, mediante auto de 10 de febrero de 201717, admitió el recurso de apelación
y, decidió que, en firme lo anterior, se corriera traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que, de
considerarlo pertinente, rindiera concepto. Ninguno de los sujetos procesales
intervino durante el término del traslado concedido18.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
47. Esta sala de decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentado por la parte demandante, abordará: i) la competencia; ii) el acto
administrativo acusado; iii) el problema jurídico; y, iv) el caso concreto.
16
Fol. 398, C. 2.
17
Fol. 4, C. Consejo de Estado.
18
Fol. 6, C. Consejo de Estado.
12
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
II.1. La competencia
48. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA19 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.
II.2. El acto administrativo acusado
49. La Resolución 033 de 16 de mayo de 2011, “[…] POR EL CUAL SE REVOCA
UNA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN […]”, expedida por el secretario de
planeación del municipio de Quinchía (Risaralda), cuya parte resolutiva es la
siguiente:
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar por las razones expuestas la licencia de
construcción de TRANSPORTES BATERO S.A. en representación legal del
señor OVIDIO CORREA MALDONADO otorgada en el Municipio de Quinchía
mediante Acto Administrativo No 006 del 13 de febrero de 2011.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia del presente decreto (sic) a la
Procuraduría Provincial para que en caso de considerarlo procedente inicie la
investigación disciplinaria respectiva y de traslado si lo considera pertinente o
compulse copias a otras autoridades, por las actuaciones administrativas
anteriores relacionadas con la aprobación del acuerdo municipal N° 027 de 10
de diciembre de 2009 y la no observancia de claras disposiciones legales.
ARTÍCULO TERCERO: Que en los términos del decreto 01 de 1984 artículos
36 y 43 los actos condición y discrecionales no tienen recursos, por lo tanto no
se notifican, solo se comunican […]”
II.3. El problema jurídico
50. La Sala, siguiendo las prescripciones de los artículos 320 20 y 32821 del CGP,
aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, así como el recurso de apelación
presentado por la parte demandante, considera que el problema jurídico que se
debe resolver en el presente asunto es el consistente en determinar si resulta
procedente la revocatoria parcial de la sentencia de 14 de julio de 2016, proferida
por el “[…] Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda […]”, Sala
Primera de Decisión, en la cual se declaró nulidad del acto administrativo acusado
19
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.
20
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión. […]”.
21
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
13
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
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y se negaron las demás súplicas de la demanda y, en su lugar, acceder i) al
reconocimiento de los perjuicios solicitados en la demanda a título de lucro cesante
o, subsidiariamente, de pérdida de la oportunidad y ii) a la condena en costas para
la parte demandante.
II.4. El caso concreto
i) El reconocimiento de la indemnización de los perjuicios en la
modalidad de lucro cesante
51. La apelante solicita la revocatoria del artículo segundo de la parte resolutiva de
la sentencia de 14 de julio de 2016 que negó las demás súplicas de la demanda y,
en su lugar, se reconozca la indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro
cesante entre la fecha probable del inicio de actividades de la estación de servicios
hasta la sentencia que decida de fondo la controversia.
52. Adujo que para acreditar tales perjuicios se practicó un dictamen pericial, que no
fue objetado por error grave por la parte demandada pero no fue tenido en cuenta
por la primera instancia por no existir en el expediente un contrato de suministro o
una negociación entre la demandante y una empresa expendedora de productos
derivados del petróleo, con lo cual aplicó una tarifa legal de prueba, soportado en el
artículo 21 literal a) numeral 8° del Decreto 4299 de 2005, disposición que
precisamente fue anulada por esta Corporación en el aparte “suministro”.
53. Asimismo, manifestó que el dictamen pericial aludido era claro, preciso y
detallado, pues indicó los documentos que le sirvieron de sustento, las normas
aplicables y, frente a la determinación del lucro cesante, investigó el valor de la
gasolina y del “[…] ACPM […]” en las principales ciudades del país, la estructura de
precios actuales siguiendo la información del Ministerio de Minas y Energía y tomó
como soporte de sus conclusiones el flujo de recursos que presenta una estación
de servicios de iguales o semejantes características.
54. El artículo 85 del CCA establece que toda persona que se crea lesionada en un
derecho amparado en una norma jurídica puede pedir que se declare la nulidad del
acto administrativo, que se le restablezca el derecho y la reparación del daño
causado.
55. La sociedad apelante obtuvo la declaratoria de nulidad de la Resolución 033 de
16 de mayo de 2011, por la cual se revocó unilateralmente la Licencia de
Construcción 006 de 13 de febrero de 201122 -aspecto no discutido en el recurso de
apelación-, lo cual trajo consigo el restablecimiento del derecho automático, como
lo indicó la primera instancia, consistente en que las obras de construcción y
adecuación allí autorizadas sobre el “[…] lote ubicado en la Calle 13 del Barrio Gobia
22
Fol. 56-60, C. 1.
14
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Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
del área urbana del Municipio de Quinchía Departamento de Risaralda […]”23
podrían realizarse.
56. Lo solicitado con ocasión del recurso de apelación es, en consecuencia y de
acuerdo con el citado artículo 85 del CCA, la reparación del daño patrimonial
causado por el acto administrativo que fue anulado, en la modalidad de lucro
cesante -y, de manera subsidiaria, la pérdida de oportunidad-.
57. El actor en su demanda reclamó el reconocimiento de esos perjuicios, así:
“[…] II. PRONUNCIAMIENTOS (…) 2.1-. PRINCIPALES (…) 2.1.3-. Que se
condene al municipio de Quinchía a cancelar las sumas de dinero que resulten
probadas pericialmente sobre el lucro cesante consolidado entre la fecha
probable del inicio de actividades de la estación de servicio y la sentencia. (…)
2.2-. SUBSIDIARIAS (…) En caso que el restablecimiento del derecho mediante
la autorización de la construcción de la estación de servicio sea imposible, se
solicitan las siguientes a título subsidiario: (…) 2.2.2.2-. Lucro cesante. Que se
reconozcan las sumas de dinero que la demandante pretendía obtener de
utilidad en los próximos treinta (30) años, según el dictamen pericial que se
expida, y que por ahora se estima en $4.000.000.000, como mínimo (…)
2.2.2.3-. Pérdida de oportunidad o de chance. El municipio colocó a Transportes
Batero S.A. en una situación difícil, que le bloquea cualquier oportunidad que el
predio adquirido pudiera tener, atendiendo que la destinación específica del
acuerdo 027, se considera legal y constitucional por la empresa demandante,
pero es específica, y si no se puede construir la estación de servicio porque se
revocó la licencia, entonces que hará Transporte Batero S.A. con un lote que
en el que no puede construir sino una estación de servicio, pero la
administración que lo vendió para ello, no permite que se construya. Este
perjuicio se estima en 500 salarios mínimos legales mensuales […]”.
58. El lucro cesante, conforme la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte
Constitucional, corresponde a “[…] “[…] la ganancia frustrada o el provecho
económico que deja de reportarse y que, de no producirse el daño, habría ingresado
ya o en el futuro al patrimonio de la víctima. Pero que, como todo perjuicio para que
proceda su indemnización debe ser cierto, comoquiera que el perjuicio eventual no
otorga derecho a reparación alguna24”[…]”25.
59. La jurisprudencia de esta Corporación, en sentencia de 21 de noviembre de
202226, destacó frente a esta modalidad de perjuicio, lo siguiente:
23
El inmueble para el cual fue expedida la Licencia de Construcción 006 de 13 de febrero de 2011 fue adquirido por la
sociedad demandante a través de adjudicación que se le hiciera por parte de la administración municipal en la Resolución
065 de 16 de julio de 2010 [fol. 149-155, C. 1.], mediante la cual “[…] SE ADJUDICA EN PROCESO DE SELECCIÓN
ABREVIADA EN SUBASTA LA VENTA DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA
RISARALDA […]”, la cual se materializó a través de la Escritura Pública 212 de 5 de agosto de 2010 de la Notaría Única del
Círculo de Quinchía [[fol. 176-178, C. 2 Pruebas] .
24
Sentencia del 7 de julio de 2011, Rad.: 18.008, que se reitera, entre otras, en sentencias del 21 de mayo de 2007, Rad.:
15.989, del 1° de marzo de 2006, Rad.: 17.256 y del 1° de febrero de 2016, Rad.: 55.149.
25
Citada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Consejero ponente:
Nicolás Yepes Corrales. Bogotá D. C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020). Radicación número: 68001-23-
31-000-2008-00579-01(51217). En el mismo sentido Corte Constitucional, Sentencia SU 272 de 2021, Magistrado Ponente:
Alberto Rojas Ríos.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Consejero ponente: José
Roberto Sáchica Méndez. Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Expediente: 760012333000-
2013-00034-01 (60138).
15
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
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“[…] 50. Se concibe como lucro cesante el ingreso o ganancia neta
frustrada a consecuencia del acto dañino, o en otros términos,
corresponde al no incremento en el patrimonio del afectado, en este caso,
con ocasión del incumplimiento del contrato; en consecuencia, a diferencia de
lo que ocurre con el daño emergente, donde el valor económico salió o saldrá
del patrimonio, en el lucro cesante, el valor económico no entró o no entrará
en el patrimonio del lesionado con ocasión de un daño cierto, en la medida
que el damnificado tenía un acreditado derecho legítimo a la percepción
de estos lucros al momento del evento dañoso. En esa medida, el lucro
cesante tampoco indemniza la pérdida de una mera expectativa o
probabilidad de beneficios económicos futuros, sino que repara el daño
que supone privar al patrimonio damnificado de la obtención de un
beneficio real al cual su titular tenía derecho.
51. Como es natural, para el reconocimiento del lucro cesante, corresponde
a la parte actora acreditar haber sufrido un daño cierto, pero tal certeza,
atendiendo a la naturaleza de esta clase de daño, que como ha explicado
la Doctrina se identifica con hechos que no han sucedido pero que podrán
suceder o hubieran podido suceder, debe apoyarse en un juicio de
probabilidad objetiva y no de seguridad, puesto que “tratándose la prueba
del lucro frustrado de un hecho virtual, la dificultad se encuentra en que resultará
necesario predecir lo que el perjudicado hubiera ganado en caso de no haber
incumplido la otra parte el contrato (…) Sobre esta base, no es posible exigir
certeza absoluta allí donde no puede haberla”.
52. Por tanto, al encontrarse en el terreno de hechos que no han sucedido
pero que podrán suceder, o hubieran podido suceder, la doctrina moderna
coincide en que la existencia del lucro cesante debe establecerse bajo un
juicio de probabilidad, sin que éste deba ser inexpugnable, exacto o
infalible, pues siendo imposible determinar con exactitud qué es lo que va
a ocurrir en el futuro, resulta suficiente la probabilidad objetiva que resulte
del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del
caso concreto, pues de lo contrario, en pro de la certeza, podría
desconocerse la reparación de un daño real y efectivo […]” (negrilla fuera de texto)
60. De la definición surge que para que se proceda a su indemnización debe ser
cierto. El carácter cierto del daño implica, como lo señala esta Corporación, que “[…]
el perjuicio a indemnizar no sea eventual - casual, fortuito, incierto, inseguro-, ni
genérico o hipotético, esto es, debe ser específico, no puede estar fundado en
suposiciones o conjeturas, ni deben existir dudas sobre su ocurrencia […]”27.
61. El apelante afirma que existe certeza del daño a partir de lo expuesto en el
dictamen pericial decretado, a petición del demandante, por el magistrado instructor
del proceso en primera instancia mediante auto de 13 de septiembre de 201228, que
ordenó se rindiera “[…] dictamen sobre el daño emergente y el lucro cesante
relacionado con la falta de operación de la Estación de Servicio Batero, los costos
de adecuación de la misma, y en general sobre todo los aspectos económicos
relacionados con ella, desde la adquisición del predio, la construcción y puesta en
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Consejero ponente: María
Adriana Marín. Bogotá D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 25000-23-26-000-
2009-00200-01 (45121).
28
Fol. 310-314, C. 2.
16
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
funcionamiento, y su operación, hasta un plazo de treinta (30) años a futuro,
discriminando costos de operación y utilidades […]”.
62. El dictamen pericial29 estableció como lucro cesante “[…] $418.445.677 pesos
(…) que corresponde a la construcción de la obra civil de la estación de servicio
Batero en Quinchía Risaralda (…) $3.060.000.000 […]”, el cual fue calculado en la
siguiente forma:
“[…] 2. FUNDAMENTOS (…) 4. Procedimiento dos (Posible Construcción y
adecuación de la estación de servicio “BATERO”) ello se comprueba con los
siguientes documentos anexos a este informe:
4.1. Contrato de construcción de obra civil suscrito entre Ebers Germán
Rodríguez de profesión Arquitecto y Ovidio Correa Maldonado representante
legal de Transportes Batero S.A. (ver anexo).
4.2. Presupuesto de obra de la estación de servicio Batero propuesto con
ocasión de la construcción de la obra civil. Para el año en que se efectuó febrero
1° de 2011- (sic) se estimó en la suma de $398.596.092 (TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
NOVENTA Y DOS PESOS) los que a indexarlos a mes de 2013 resultan en la
suma de $418.445.677 pesos (CUATROCIENTOS DIEZCIOCHO (sic)
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS) (Ver anexo).
Aquí se demuestra la intención frustrada de la construcción de la obra civil
concerniente a la estación de servicio Batero.
5. Posible operación comercial a 30 años de la estación de servicio “BATERO”
con proyección económica. A efecto de calcular esto se tendrán en cuenta lo
siguiente:
5.1. Estructura de precios de combustible de las principales ciudades de
Colombia (Ver anexo) [cita el valor de la gasolina y el ACPM en las ciudades de
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Villavicencio, Pasto,
Tunja, Bucaramanga, Medellín, Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué y
Neiva, datos extractados de la página web del Ministerio de Minas y Energía]
5.2. Estructura de precios actuales para el mes de mayo de 2013 que realiza
Fendipetroleo para Risaralda y su zona de influencia regional (Ver anexo).
5.3. Flujo de caja proyectado de la Estación de Servicio Batero del municipio de
Quinchía (Ver anexo).
Este flujo de caja proyectado para analizar el comportamiento a invertir en la
compra de lote y construcción de una estación de servicio en el municipio de
Quinchía. Las bases para realizar esta proyección se presentan en la primera
sección del cuadro de Excel denominado parámetros, para determinarlos se
tomaron las siguientes bases:
• El valor de la gasolina corriente, la gasolina extra y el biodiesel se
tomaron de la página web del ministerio de minas y energía a precios de
mayo de 2013 (http: //www.minminas.gov.co/mme/búsqueda/-/journal
content/56 INSTANCE A9nP/10157/19856)
29
Fol. 128-136, C. 2 Pruebas.
17
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
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• Para el estimado de ventas de gasolina corriente, biodiesel y gasolina
extra se tomó como referencia los promedios de la estación de servicio
de propiedad de la Cooperativa de Transportadores de Belén de Umbría,
ubicada en el mismo municipio, por corresponder a un municipio
semejante al del tamaño de Quinchía y de un parque automotor similar,
ellos son:
a. Gasolina corriente, 11.000 galones al mes, para un total de 132.000 galones
/ año
b. Diesel, 15.000 galones mes para un total de 180.000 galones/año
c. Gasolina extra, 85 galones/ mes para un total de 10.200 galones/año
d. Lubricantes y llantas, las ventas promedio mensuales son aproximadamente
de $27.000.000,oo mensuales. La utilidad de estos productos es en promedio
del 20% de utilidad.
e. Los gastos de operación corresponden al 25% sobre la utilidad bruta.
f. Los costos de los combustibles se determinan restando al precio actual de
cada uno el margen de distribuidor minorista, que corresponde a $578/Galón
para el biodiesel y la gasolina corriente y a $838/galón a la gasolina extra.
(Fuente Fendipetróleo (sic); ESTRUCTURA DE PRECIOS PARA EL MES DE
MAYO DE 2013)
Con los parámetros anteriores se proyecta el flujo de caja, de acuerdo al libro
Excel que se anexa y del cual me permito puntualizar:
• El flujo de caja se trabaja a precios constantes, por lo cual el flujo neto
está a precios de hoy, pero al observar el VF (Valor futuro) se puede ver
el equivalente, proyectado a una tasa del 4% anual.
El año 0 se presenta la realización de la inversión, equivalente a compra de lote,
gestión de la licencia, la construcción de la estación de servicio y puesta en
operación, vale la pena aclarar que de acuerdo a los estudios de ingeniería este
proceso descrito no tardaría más de 9 meses.
Los impuestos se provisionan en el flujo así: El de renta a la tasa del 25% e
igualmente se provisiona el impuesto a la equidad CREE a una tasa del 9%
anual para los primeros tres años y al 8% para los siguientes, de acuerdo a la
nueva reforma tributaria ley 1607/2012
• El flujo de caja se trabaja a precios constantes, por lo cual el flujo neto
está a precios de hoy. Los precios constantes no tienen en cuenta la
inflación, es por ello que se muestran los mismos precios durante todo
el lapso de proyección del flujo.
• PRECIOS CONSTANTES: Método equivalente a datos reales que
calcula las variaciones en las cifras utilizando un año base, sea anterior
o posterior al que se está evaluando, para evitar las distorsiones que
causa la inflación o la deflación.
(http://es.mimi.hu/economia/precios_constantes.html)
• La tasa interna de retorno (TIR) para una operación proyectada a 30
años es del 25%.
18
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un indicador de la rentabilidad de un
proyecto, que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se utiliza
para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.
Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o costo de oportunidad de la
inversión, que equivale a la mejor alternativa que presente el mercado de
rendimiento de la inversión, por ejemplo, los tipos de interés para un depósito a
plazo en el sistema financiero.
El costo de oportunidad se entiende como aquel costo en que se incurre al tomar
una decisión y no otra. Es aquel valor o utilidad que se sacrifica por elegir una
alternativa A y despreciar una alternativa B. Tomar un camino significa que se
renuncia al beneficio que ofrece el camino descartado.
• El valor Actual Neto (VAN) del proyecto es de $1.607,37 millones, lo que
significa que el proyecto es muy rentable y que a precios de hoy los flujos
futuros de la inversión es de $1.607,37 millones.
Para su cálculo se utilizó una tasa de descuento de 4,33%, que corresponde a
la tasa de interés que un banco comercial está dispuesto a pagar al captar este
dinero, vigentes desde mayo 3 de 2013. (Fuente Tasas de interés CDT
Bancolombia).
El valor actual neto, más conocido por las siglas de su abreviación, VAN, es una
medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al valor
presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo).
El VAN, en términos matemáticos, es equivalente a la sumatoria, con n desde
0 hasta N (el número de períodos), de (In-En) / (1+i)^n, con In representando a
los ingresos, En los egresos, e “i” como el interés, considerado para efectos de
cálculo como un valor fijo.
Otro acercamiento para comprender el VAN, consiste en interpretar a “i” como
la tasa de retorno a la inversión que se podría ganar en un mercado financiero
con un riesgo similar. Por ejemplo si una inversión alternativa nos da un 7% de
retorno a la inversión o rentabilidad, podemos usar este valor como “i” para
efectos de cálculo, y poder decidir cuál de las alternativas de proyecto nos
conviene.
5.4. Con estos estimados puede verse que para el año 5 ya se ha recuperado
la inversión, para el año 10 se tendrían utilidades acumuladas por efectos de la
inversión es de 679 millones, para el año 20 $ 1869 millones y para el año 30,
final del proyecto, las utilidades acumuladas serían del orden de $ 3.060
millones. Vale anotar que estas utilidades se muestran a precios de hoy. La
suma anterior corresponde al Flujo de caja (sic) proyectado de la estación de
servicio Batero ello se puede observar en el anexo a la experticia […]”.
63. El dictamen pericial fue acompañado de los siguientes documentos: i) fotografías
del inmueble en donde se construiría la estación de servicio 30; ii) información del
índice de precios al consumidor extraída de la página web del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística31; iii) “[…] PRESUPUESTO ADECUACION
ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSPORTES BATERO […]”32, por la suma total de
$398.596.092 con la nota “[…] INDEXADO A MAYO DE 2013 dan $418.445.677
30
Fol. 137-140, C. 2 Pruebas.
31
Fol. 142, C. 2 Pruebas.
32
Fol. 143-145, C. 2 Pruebas.
19
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
[…]”; iv) flujo de caja de la estación de servicio para 30 años33; v) contrato civil de
obra celebrado para la “[…] CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y TECNICAS
para la E.D.S. TRANSPORTES BATERO ubicada en la vía salida del área urbana
del Municipio de Quinchía (Risaralda) al lado del matadero […]” 34;vi) Estructura de
precios para el mes de mayo de 2013 de “[…] FENDIPETROLEO RISARALDA Y
ZONA DE INFLUENCIA REGIONAL […]”35; vii) Flujo de caja proyecto de la estación
de servicio en el municipio de Quinchía36; viii) Estudios de conveniencia y
oportunidad para la enajenación de un bien inmueble de propiedad del municipio de
Quinchía37 y proyecto de pliego de condiciones38; ix) copia de la Resolución 065 de
16 de julio de 201039; x) certificado de tradición y libertad correspondiente al
inmueble de matrícula inmobiliaria 293-2548840; xi) Escritura pública 212 de 5 de
agosto de 201041; xii) Informe ambiental de los posibles efectos de gases que
pudiera producir la estación de servicio frente a la central de beneficio animal
cercana de 20 de septiembre de 201242; xiii) recibos de pago de 7 de mayo de
201143 a “[…] Combustibles Juanchito Ltda. […]” por concepto de “[…] servicio de
manejo de residuos sólidos y líquidos […]”; y, xiv) recibos y comprobantes de pago
de la demandante a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y expedidos
por la propia corporación autónoma de marzo y abril de 201244.
64. Para el análisis de la prueba pericial se debe tener en cuenta el artículo 237
numeral 6° de la Ley 1400 de 1970, norma bajo la cual se decretó y practicó la
experticia que se encuentra en el expediente, el cual estableció que el dictamen
pericial debía ser claro, preciso y detallado y en él se explicarían los exámenes,
experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos
técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones.
65. Igualmente, se debe atender lo señalado en el artículo 241 de la misma norma,
el cual subraya que “[…] Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza,
precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás
elementos probatorios que obren en el proceso […]”.
33
Fol. 146-149, C. 2 Pruebas. En el folio 104-108, C. 1, se encuentra el documento “[…] FLUJO DE CAJA PROYECTADO
(…) ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSPORTES BATERO […]” con fecha julio de 2010.
34
Fol. 151-155, C. 2 Pruebas. El contrato señaló “[…] CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es
por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS
PESOS MDA CTE ($398.596.092) como aparece en las cantidades, valores unitarios, parciales y totales del anexo 01 de este
contrato, pero el valor final será el resultante de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas y los cambios, modificaciones,
reformas, adiciones, a que haya lugar a los valores unitarios sin reajuste establecidos en el anexo 01. QUINTA: FORMA DE
PAGO EL CONTRATANTE: pagara (sic) AL CONTRATISTA por anticipo el 70%, 20% como segundo avance, 10% a la
entrega final de los trabajos y recibo del CONTRATANTE. SEXTA: PLAZOS: EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos
el día 14 Febrero del 2011 y termina el día 14 de Junio de 2011 […]”.
35
Fol. 156-157, C. 2 Pruebas.
36
Fol. 158-161, C. 2 Pruebas.
37
Fol. 162-168, C. 2 Pruebas.
38
Fol. 169-173, C. 2 Pruebas.
39
Fol. 174, C. 2 Pruebas. En este acto administrativo se decidió “[…] ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a la Empresa
TRANSPORTES BATERO S.A. representada por el señor OVIDIO CORREA MALDONADO (…) la venta que hace el
Municipio por medio de subasta pública realizada el día 16 de julio de 2010 en proceso 001-2010 […]”.
40
Fol. 175, C. 2 Pruebas.
41
Fol. 176-178, C. 2 Pruebas. Escritura pública de compraventa del lote de terreno de ubicado “[…] anteriormente en la
Vereda de Gobia, hoy área urbana del Municipio de Quinchía, según acuerdo No. 024 de Diciembre de 23 de 1999 del Concejo
Municipal de Quinchía, en la calle 13 sin nomenclatura […]” que se destinaría a “[…] la construcción o remodelación de la
Estación de Servicio de Gasolina […]” del municipio de Quinchía a la sociedad Transportes Batero S.A.
42
Fol. 179-195, C. 2 Pruebas.
43
Fol. 196-197, C. 2 Pruebas.
44
Fol. 198-200, C. 2 Pruebas.
20
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
66. La Sala45 ha estimado frente a la valoración este medio de prueba que:
“[…] Ahora, el Consejo de Estado, en relación con las normas recién
mencionadas, ha dicho que: (…) “(...) para su eficacia probatoria, el dictamen
pericial debe reunir ciertas condiciones de contenido como son la conducencia
en relación con el hecho a probar; que el perito sea competente, es decir,
un verdadero experto para el desempeño del cargo; que no exista un motivo
serio para dudar de su imparcialidad; que no se haya probado una objeción
por error grave; que el dictamen esté debidamente fundamentado y
sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones
expuestas; que haya surtido contradicción; que no exista retracto del mismo
por parte del perito y en fin que otras pruebas no lo desvirtúe. El dictamen del
perito debe ser claro, preciso y detallado; en él se deben explicar los
exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones y durante el
traslado del dictamen pericial las partes pueden solicitar que este se
complemente o aclare u objetarlo por error grave. A su turno, el artículo 241
ibídem señala que al valorar o apreciar el juez el dictamen de los peritos, el juez
tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la
competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el
proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar
el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez
que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la
administra. En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana
crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo
encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o
parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con
razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin
la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen
para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo
dicho, de suerte que permita al juez otorgarle mérito a esta prueba por
llegar a la convicción en relación con los hechos objeto de la misma” 46(se
resalta).
De la anterior providencia, se advierte que el fallador, a la luz de la sana crítica
y de las reglas de la experiencia, debe valorar el dictamen pericial con el fin de
acogerlo, total o parcialmente, o desechar sus resultados, siempre que no sea
claro, preciso y detallado y no reúna las condiciones para adquirir eficacia
probatoria. […]”
67. La Sección ha resaltado, de igual modo, que:
“[…] Para que el peritaje tenga eficacia probatoria debe reunir ciertas
condiciones de contenido como lo son la conducencia en relación con el hecho
a probar, la idoneidad del perito en el conocimiento de la materia, su
imparcialidad, la debida fundamentación del dictamen, la existencia de
conclusiones claras, precisas y detalladas, que sean consecuentes con las
razones expuestas, que no se haya probado una objeción por error grave, que
no exista retracto de este por parte del perito y que no existan otras pruebas
que lo desvirtúen47.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López.
Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 25000-23-24-000-2005-01545-02.
46
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de mayo de 2017, proceso Nº 73001-23-31-000-
2005-00776-01, exp.: 37098.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de noviembre de 2011,
radicado Nro. 20001233100019990076401, consejera ponente doctora Ruth Stella Correa Palacio.
21
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
En cuanto a la apreciación o valoración48 del dictamen pericial, es menester
señalar que esta Sección en la sentencia proferida el 18 de febrero de 201649,
precisó lo siguiente:
“[…] De acuerdo con el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil “Al
apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus
fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios
que obren en el proceso.” En cuanto a la valoración del dictamen pericial esta
Corporación50 ha manifestado lo siguiente:
“En primer lugar advierte la Sala que, aún en el caso de que el dictamen
pericial no haya sido objetado por las partes, éste, como cualquier medio
probatorio debe ser analizado y valorado por el juez de la causa con miras
a establecer su idoneidad para probar el asunto sobre el cual versa […]”51
68. Lo expuesto permite afirmar que le asistían razones a la primera instancia para
no otorgarle eficacia probatoria al dictamen pericial practicado dentro del proceso.
69. Inicialmente, no resulta acertado indicar que los análisis y conclusiones de un
dictamen pericial deban ser aceptados por no haber sido objetado por las partes,
pues como cualquier medio de prueba, este debe ser analizado y valorado por el
juez para establecer su idoneidad para acreditar el asunto respecto del cual versa,
en este caso, los perjuicios patrimoniales en la modalidad de lucro cesante.
70. Los cálculos y operaciones realizadas por el perito, además, se encuentran en el
ámbito de lo hipotético en razón a que la operación de la estación de servicio de la
demandante era apenas una expectativa, pues no hay evidencia que el Ministerio
de Minas y Energía -o la autoridad a la cual se delegara tal facultad- la haya
autorizado para el ejercicio de la actividad de distribuidor minorista de combustibles
líquidos derivados del petróleo en el territorio colombiano, a través de una estación
de servicio automotriz, conforme lo dispone el artículo 21 del Decreto 4299 de 2005
ni que, en virtud de esta autorización, haya iniciado actividades que le permitieran
obtener ingresos y ganancias.
71. Lo anterior es ratificado por la apelante al manifestar en su recurso que:
“[…] Se pregunta esta apoderada, si en tres meses y cinco días, plazo
transcurrido entre el otorgamiento de la licencia y su revocatoria, la empresa
que apodero, sin haber iniciado aún las labores de construcción de la Estación
de Servicios en el Municipio de Quinchía, la Alcaldía lo otorgó el tiempo
suficiente para adelantar todos los trámites ante el Ministerio de Minas y ante
un distribuidor mayorista de combustibles líquidos para celebrar un contrato de
48
“[…] Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su
comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso […]”.
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2016, Sección
Primera, número único de radicación 13001-23-31-002-2001-00362-01, Consejera Ponente María Claudia Rojas Lasso.
Reiterada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de abril de 2016,
número único de radicación 76001-23-31-000-2012-00630-01, Consejera ponente María Elizabeth García González.
50
Sentencia de 10 de septiembre de 2014, Radicación número: 25000-23-26-000-2003-00558-01(29939) consejera ponente:
doctora Olga Melida Valle de De la Hoz.
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020). Radicación número: 25000-23-41-000-2013-02770-01.
22
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
esa naturaleza, teniendo en cuenta que en esta (sic) país todos los trámites
administrativos se llevan en muchas ocasiones muchos años […]”.
72. El mencionado artículo 21 del Decreto 4299 de 2005 52 estableció una serie de
documentos que debían ser presentados ante la autoridad administrativa para
obtener la autorización mencionada, consistentes en:
“[…] A. Estación de servicio automotriz:
1. Copia de los estatutos sociales, estados financieros al momento de su
constitución y composición accionaria de la empresa, según el caso.
2. Certificado de existencia y representación legal -para personas jurídicas- o
registro mercantil -para personas naturales-, expedidos con una antelación no
superior a tres (3) meses por la respectiva Cámara de Comercio, en el que
conste que la actividad a desarrollar dentro de la distribución minorista de
combustibles líquidos derivados del petróleo es a través de una estación de
servicio automotriz.
3. Licencia de construcción y permisos y/o autorizaciones ambientales
correspondientes, expedidos para la respectiva estación de servicio por las
autoridades competentes si estas así lo requieren.
4. Autorización del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, Invías,
el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, o quien haga sus veces, en caso de
que la estación de servicio se ubique en carreteras a cargo de la Nación. La
autorización deberá tramitarse ante las dependencias autorizadas por dicho
Ministerio de conformidad con la reglamentación expedida para este efecto.53
5. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, expedida en los
términos establecidos en el presente decreto, en la cual debe aparecer
expresamente determinada y ubicada la estación de servicio sobre la cual versa
la solicitud, acompañada del clausulado general con sus correspondientes
anexos, así como copia del recibo de pago de la prima, en los montos
establecidos.
6. Certificado de carencia de informes por narcotráfico expedido por la Dirección
Nacional de Estupefacientes.
7. Certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación
acreditado, sobre el cumplimiento de los requisitos contemplados en el
reglamento técnico expedido por las autoridades competentes, de la estación
de servicio sobre la cual versa la solicitud que se tramita.
8. Demostrar que ha celebrado contrato de suministro de combustibles líquidos
derivados del petróleo con un distribuidor mayorista, excepto cuando el
solicitante sea también distribuidor mayorista.
9. Adjuntar el Registro Único Tributario "RUT", en cumplimiento del artículo 555-
2 del Estatuto Tributario, reglamentado a través del Decreto 2788 del 31 de
agosto de 2004, o las normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen […]”
52
El Decreto 4299 de 2005 fue compilado en el Decreto 1073 de 26 de mayo de 2015, “[…] Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía […]”.
53
Modificado posteriormente por el artículo 1° del Decreto 4915 de 26 de diciembre de 2011, “[…] Por el cual se modifican
los numerales 4 del literal A) del artículo 21 y 10 del artículo 22 del Decreto número 4299 de noviembre 25 de 2005 […]”.
23
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
73. La primera instancia mencionó uno de los requisitos establecidos en el Decreto
4299 de 2005, el previsto en el literal A) numeral 8 del artículo 21 del citado decreto,
señalando que no se había aportado el contrato de suministro de combustibles
líquidos derivados del petróleo con un distribuidor mayorista [o una negociación] en
el cual se hayan determinado los precios, condiciones, tipo de combustible a
suministrar y demás condiciones que permitieran establecer de manera clara y
precisa los perjuicios causados.
74. Comparte la Sala la apreciación realizada en la sentencia impugnada bajo la
perspectiva de que la tasación de los perjuicios a título de lucro cesante se realizó
con sustento en cifras extractadas de la página web del Ministerio de Minas y
Energía y de un documento proveniente de “[…] FENDIPETROLEO RISARALDA Y
ZONA DE INFLUENCIA REGIONAL […]”, con los cuales se realizaron una serie de
cálculos y flujos de caja que no correspondían a la realidad.
75. El documento “[…] FLUJO DE CAJA ESTACIÓN DE SERVICIO […]” es reflejo
de lo anterior en razón a que las proyecciones se realizaron bajo el supuesto que
“[…] la inversión y el proyecto de la Estación de Servicio está listo para iniciar
operaciones […]”, lo cual no era cierto pues, se reitera, no se había obtenido la
autorización de la autoridad administrativa, siendo uno de los documentos que
debían ser presentados el que probara la celebración de un contrato 54 -no solo de
suministro- para obtener el combustible que vendería de un distribuidor mayorista,
el cual podría dar, al menos, cifras reales de la operación de la estación de servicio.
76. No se trató de la aplicación de una tarifa legal de prueba para acreditar los
perjuicios solicitados, como lo afirma la apelante. La primera instancia requirió la
prueba de la existencia de una relación contractual, que bien pudo ser un contrato
de suministro, conforme lo exigía una disposición de orden reglamentario -el
Decreto 4299 de 2005-, pues ésta era requerida para que se obtuviera la
autorización para ser distribuidor minorista a través de una estación de servicio
automotriz. La inexistencia de tal prueba da cuenta del hecho que la operación de
dicha estación era eventual e hipotética.
77. En suma, la Sala comparte la decisión de no acceder al reconocimiento de los
perjuicios en la modalidad de lucro cesante, que se han querido acreditar con un
dictamen pericial que no se encuentra debidamente fundamentado conforme a los
razonamientos expuestos, pues el perjuicio a indemnizar no era cierto y, por el
contrario, resultaba hipotético y fundado en suposiciones.
54
La sentencia de 25 de agosto de 2010 proferida por esta Sección dentro del expediente 11001 03 24 000 2006 00184 01,
declaró la nulidad de la expresión “de suministro” que figuraba en el numeral 8° literal A) del artículo 21 del Decreto 4299 de
2005, con el argumento consistente en que “[…] Empero, advierte que en cuanto únicamente contempla en forma exclusiva
el contrato de suministro, la normativa sub-examine contraría la libertad contractual y la autonomía de la voluntad, pues no
existe razón jurídicamente atendible para prohibir a los agentes distribuidores de la cadena de combustibles, a
regular sus relaciones contractuales mediante la diversidad de modalidades contractuales que contempla el
ordenamiento jurídico. En tal virtud, la Sala declarará la nulidad de la expresión "de suministro," en el entendido de
que los agentes pueden acordar otras modalidades de regulación de sus relaciones contractuales. […]” (negrilla fuera
de texto).
24
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
ii) El reconocimiento de la indemnización de los perjuicios por la “[…]
PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD O DE CHANCE […]”.
78. La sociedad apelante solicitó que, en caso de que no se haya logrado demostrar
el lucro cesante, como en efecto se ocurrió, se reconocieran los perjuicios por la
pérdida de la oportunidad en la suma de “[…] 500 SMMLV […]”.
79. Sustentó su petición en que desde el momento en que le fue revocada la licencia
de construcción a la sociedad Transportes Batero se le privó de la oportunidad de
explotar el predio adquirido para la ubicación de la estación de servicios.
80. Esta Corporación55 ha expuesto los presupuestos necesarios para probar la
ocurrencia de un daño por pérdida de oportunidad, en la siguiente forma:
“[…] 3) La oportunidad frustrada debe estar dotada de una cierta relevancia
jurídica que permita calificarla como valiosa o real que justifique el interés
legítimo de la demandante.
Aunque para acreditar la pérdida de oportunidad basta con la aleatoriedad del
eventual resultado favorable, debe existir certeza sobre la existencia de la
oportunidad entendida como la expectativa real, seria y relevante que, en
ausencia del hecho dañoso, la víctima habría mantenido intacta la expectativa
de obtener un provecho o de evitar un perjuicio, de manera que la oportunidad
se extinguió de forma irreversible para la víctima, pues, de lo contrario, el daño
sería eventual y por tanto no susceptible de indemnización.
4) En esa perspectiva, los presupuestos necesarios para probar la ocurrencia
de un daño por pérdida de oportunidad han sido tratados por la jurisprudencia,
como se explica a continuación:
a) El primero, referido a la aleatoriedad del resultado, es la incertidumbre acerca
de si el beneficio se iba a conseguir o si el perjuicio se iba a evitar, lo cual
constituye un mero interés legítimo de la frustración de una expectativa sin que
ello se oponga al carácter cierto del daño, pues, la certeza en este caso debe
analizarse respecto de la oportunidad perdida y no del resultado.
b) El segundo, relacionado con la certeza de la oportunidad propiamente dicha,
impone la obligación de probar que el afectado realmente se hallaba en una
situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el resultado
esperado.
c) El tercero, exige demostrar que la oportunidad de obtener la reparación se
extinguió definitivamente, vale decir, que se trató de una pérdida definitiva de la
oportunidad puesto que, si dicha reparación aún puede ser lograda la
oportunidad no estaría perdida o frustrada […]”.
81. La Sala, debe señalar, en primer lugar, siguiendo la demanda, que la parte
demandante solicitó el reconocimiento de estos perjuicios, de manera subsidiaria y
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B. Bogotá DC, diecinueve (19)
de octubre de dos mil veintitrés (2023). Magistrado ponente: Fredy Ibarra Martínez. Expediente: 13001-23-31-000-2012-
00347-02 (65.442).
25
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
“[…] En caso que el restablecimiento del derecho mediante la autorización de la
construcción de la estación de servicio sea imposible […]”.
82. Por esa razón, la primera instancia no se pronunció en relación con esos
perjuicios puesto que la sentencia impugnada, expresamente, afirmó que “[…] el
restablecimiento opera de manera automática, al ser el lote de propiedad de
Transportes Batero, las obras de construcción y adecuación de la estación podrá
realizarse […]”.
83. A pesar de lo anterior, estima que tampoco hay lugar a reconocer esta clase de
perjuicio en la medida en que la apelante no se encontraba en una situación tanto
fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el resultado esperado consistente
en la explotación del inmueble de su propiedad.
84. Como se advirtió supra para el ejercicio de la actividad de distribuidor minorista
de combustibles líquidos derivados del petróleo en el territorio colombiano, a través
de estaciones de servicio, en este caso automotriz, se requería obtener,
previamente, la autorización de la autoridad administrativa, siguiendo el artículo 21
del Decreto 4299 de 2005.
85. Uno de los requisitos previstos en el artículo 21 literal A) numeral 8 del Decreto
4299 de 2005 era el relativo a “[…] 3. Licencia de construcción y permisos y/o
autorizaciones ambientales correspondientes, expedidos para la respectiva
estación de servicio por las autoridades competentes si estas así lo requieren […]”
y para el momento en que fue revocada la licencia de construcción por parte del
municipio de Quinchía era claro que no se había expedido la autorización a la que
se refiere la disposición mencionada, luego no era posible la explotación a la que
alude la apelante, razón por la que el perjuicio por la pérdida de oportunidad no
puede ser reconocido en el presente caso.
iii) La inconformidad del apelante con la condena en costas procesales
86. La apelante cuestiona la decisión de la primera instancia de negar la condena en
costas a la parte vencida pues entiende que la autoridad judicial no estudió las
conductas asumidas por las partes, entendiendo que su argumentación fue vaga al
punto de desconocer el contenido del artículo 171 del CCA, modificado por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
87. Indicó que cumplió con todas las obligaciones y cargas que exigió el trámite del
proceso, lo cual ha debido ser objeto de estudio para la cuantificación de las costas
procesales.
88. La primera instancia, como lo indica la apelante, decidió en la sentencia de 14 de
julio de 2016 que no condenaría en costas a la parte vencida “[…] por cuanto su
conducta procesal no reúne los presupuestos previstos en el artículo 171 del CCA,
modificado por el 55 de la ley (sic) 446 de 1998 […]”.
26
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
89. El artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446, señala que
“[…] En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez,
teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas
a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de
Procedimiento Civil […]”.
90. Esta Corporación56 ha señalado frente al alcance de esta norma que “[…] El
artículo 171 del CCA establece como criterio para condenar en costas a la parte
vencida en el proceso, la conducta asumida durante la actuación procesal. Si bien
el recurrente soporta su solicitud en la falta de asidero de las pretensiones y
supuestos fácticos invocados en la demanda, esta no es la conducta que reprocha
la normativa procesal, contrario sensu, resulta merecedora de condena en
costas, aquella conducta desleal, dilatoria o contraria al derecho de acceso a
la administración de justicia […]” (negrilla fuera de texto).
91. El análisis realizado por la primera instancia se ajustó al contenido de la norma
mencionada, esto es, el juez indagó respecto de la conducta de los sujetos
procesales con el fin de establecer si existieron conductas desleales, dilatorias o
contrarias a la administración de justicia, las cuales son reprochadas por el
mencionado artículo y que ameritan la condena en costas, no encontrándolas como
lo evidencia la misma apelante al indicar que cumplió a cabalidad con sus
obligaciones y cargas procesales, por lo que el cargo propuesto no prospera.
II.5. Conclusión
92. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos, no encontró acreditados los
perjuicios reclamados en la modalidad de lucro cesante y pérdida de la oportunidad
y, además, evidenció que la decisión relativa a la condena en costas del proceso
siguió los parámetros del artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446, razones por las cuales confirmará el numeral segundo del fallo apelado
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el numeral segundo de la sentencia de 14 de julio de
2016, proferida por la Sala Primera de Decisión del “[…] TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA […]”, en cuanto negó las
demás súplicas de la demanda.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Consejero ponente: Ramiro
Pazos Guerrero. Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 25000-23-26-000-2005-
01174-01(37140).
27
Radicación núm.: 66001 23 31 000 2011 00387 01
Demandante: TRANSPORTES BATERO S.A.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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