Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02103-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02103-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-02103-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
28 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 28 de abril de 2025
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02103-01(62.530)
Demandante: Nicolás Andrés Rumié Guevara
Demandada: Agencia Nacional de Minería – ANM
Referencia: medio de control de reparación directa
Temas: reparación directa – caducidad parcial - Código de Minas - daño derivado de acto
administrativo revocado - daño derivado de omisión de inscripción de contrato de concesión
minera - ausencia de prueba del perjuicio
Síntesis del caso: el demandante solicitó que se declare responsable a la ANM por los daños y los
perjuicios causados con ocasión de la expedición de unas resoluciones que rechazaban las
propuestas de concesión minera, las cuales fueron revocados directamente y, además, por la
omisión de inscripción de los respectivos contratos en el Registro Minero Nacional.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la Sentencia de 21 de junio de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las
pretensiones de la demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante -1.2. Posición de la parte demandada - 1.3.
Sentencia recurrida - 1.4. Recurso de apelación - 1.5. Trámite relevante en segunda instancia.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 3 de septiembre de 2015, Nicolás Andrés Rumié Guevara (en adelante, el
demandante) presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, en contra de la Agencia Nacional de Minera de Minería (en
adelante, la ANM) con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas (se trascribe):
“PRIMERA: Se DECLARE que con los actos administrativos dictados por la Autoridad
Minera, contenidos en las resoluciones administrativas ilegales de rechazo de todos y
de cada uno de los cuarenta y ocho (48) contratos suscritos entre el entonces
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA, INGEOMINAS, hoy AGENCIA
NACIONAL DE MINERIA (ANM), como entidad concedente y mi mandante señor
NICOLAS ANDRES RUMIE GUEVARA, como concesionario de los mismos, relacionados
1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias
dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Folios 3 a 17 del Cuaderno 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02103-01(62.530)
Demandante: Nicolás Andrés Rumié Guevara
Demandada: Agencia Nacional de Minería – ANM
Referencia: medio de control de reparación directa
Decisión: Modifica la Sentencia y confirma la negación de
pretensiones
anteriormente en el HECHO PRIMERO de esta demanda, sobre las correspondientes
áreas ubicadas en los departamentos del Guainía y Vaupés, para la exploración y
explotación de minerales de "...Oro y sus concentrados, Niobio, Tantalio, Vanadio o
Circonio y sus concentrados, Piedras Preciosas, Semipreciosas y demás minerales
concesibles...", que fueron revocadas posteriormente por ilegales por la misma
Autoridad Minera y por la grave omisión en la inscripción, debida y oportuna en el
Registro Minero Nacional de tales contratos de concesión, conforme a lo dispuesto
sobre el particular en la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), se le han causado a mi
poderdante considerables perjuicios económicos que comprenden el daño
emergente y el lucro cesante, en razón de los costos y gastos efectuados para
obtener de nuevo la viabilidad de tales contratos y a la vez en lo que se refiere a los
valores económicos dejados de percibir por no haber podido realizar oportunamente
la exploración y explotación de los yacimientos de minerales y la consiguiente
comercialización de los productos, y/o la negociación de las correspondientes áreas
con terceros que se hallaban interesados en su momento en los respectivos títulos
mineros, daños y perjuicios que deberán ser resarcidos por las entidades públicas
demandadas.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se CONDENE a la NACION
COLOMBIANA - INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA, INGEOMINAS, hoy
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA (ANM), demandadas en este proceso, a pagar a
mi mandante, señor NICOLAS ANDRES RUMIE GUEVARA el valor de los daños y
perjuicios ocasionados por la Autoridad Minera al ordenar ilegalmente el rechazo de
los cuarenta y ocho (48) contratos de concesión minera suscritos con mi poderdante,
que fueron posteriormente revocadas por ésta, configurándose así el “daño
antijurídico” (Art. 90 de la C.P.) y por la negligente omisión, en la inscripción de éstos,
hasta la fecha, en el Registro Minero Nacional de conformidad con la Ley 685 de
2001, los cuales se estiman a la presentación de esta demanda, en la suma de
novecientos cincuenta millones de pesos, moneda corriente, $950.000.000.00 M/cte.,
por cada contrato, para un total de cuarenta y cinco mil seiscientos millones de
pesos, moneda corriente, $45.600'000.000.00 M/cte. por los cuarenta (48) contratos
de concesión minera suscritos entre el entonces INSTITUTO COLOMBIANO DE
GEOLOGIA Y MINERIA, INGEOMINAS, hoy AGENCIA NACIONAL DE MINERIA (ANM) y
mi poderdante, señor NICOLAS ANDRES RUMIE GUEVARA.
TERCERA: Se ordene dar cumplimiento a la sentencia favorable a mi mandante en
los términos del inciso 2°. del Artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
CUARTA: Se ordene que, si no se efectúa el pago en forma oportuna por parte de las
Entidades Públicas demandadas, éstas deberán pagar los intereses moratorios, hasta
que se efectúe el pago total, según lo ordenado en el inciso 3° del Artículo 192 de la
Ley 1437 de 2011.
QUINTA: Se ordene que la suma en que se establezca la condena sea actualizada,
aplicando los ajustes de valor o indexación, hasta la fecha de ejecutoria de la
sentencia que ponga fin al proceso. (Art. 178 C. C.A.)
SEXTA: Se condene en costas del proceso a la parte demandada conforme a lo
dispuesto en el Artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, incluyendo en ellas las agencias
en derecho (Arts. 392 y 393 del C. de P. C.).”.
2. Los perjuicios materiales sufridos, según la estimación razonada de la cuantía,
son:
Tipo de perjuicios Valor
Daño emergente Gastos y costos para la suscripción de los La suma de “(…)
contratos de concesión minera: “(…) $16.800.000.000“.
$350.000.000 por cada contrato de
concesión suscrito”.
Lucro cesante Impedir legalizar e iniciar oportunamente las La suma de “(…)
labores de exploración y explotación de los $28.800.000.000,00“.
yacimientos: “(…) $600.000.000 por cada
contrato de concesión suscrito.”
Total: La suma de “(…)
$45.600.000.000,00”
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02103-01(62.530)
Demandante: Nicolás Andrés Rumié Guevara
Demandada: Agencia Nacional de Minería – ANM
Referencia: medio de control de reparación directa
Decisión: Modifica la Sentencia y confirma la negación de
pretensiones
3. El demandante fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones y hechos:
4. 1) Entre 2007 y 2008, el demandante presentó 48 propuestas de contrato de
concesión minera ante el Instituto Colombiano de Geología y Minería –
INGEOMINAS, hoy la ANM, para la exploración y explotación de yacimientos de
minerales, localizados en los departamentos de Guainía y Vaupés.
5. 2) Una vez se evaluó la viabilidad técnica y jurídica de las propuestas, por parte
del Grupo de Contratación y Titulación Minera, se consideró que cumplían con los
requisitos establecidos en el artículo 271 de la Ley 685 de 2001, por lo que se
suscribieron las minutas de los contratos de concesión entre la Autoridad Minera y
el demandante.
6. 3) En consecuencia, la ANM tenía la obligación de inscribir los contratos de
concesión en el Registro Minero Nacional, dentro de los 15 días posteriores a su
suscripción, según el artículo 333 del Código de Minas. No obstante, después de
haber sido suscritas las minutas de los contratos de concesión, cada una de las
propuestas fue rechazada por parte de la ANM, con argumentos idénticos3.
7. 4) Posteriormente, durante el segundo semestre de 2013 y el primero de 2014, la
ANM revocó directamente y de oficio los actos administrativos que rechazaban las
propuestas de contratos de concesión y ordenó su inscripción en el Registro Minero
Nacional, al advertir que las decisiones eran contrarias a la ley4. A pesar de lo
anterior, la ANM no ha inscrito los contratos de concesión minera, con lo cual omitió
el cumplimiento de su obligación normativa y ocasionó considerables perjuicios.
1.2. Posición de la parte demandada
8. La ANM contestó la demanda5 y se opuso a las pretensiones. Indicó que era
cierto que se habían suscrito las minutas de los contratos de concesión. Sin
embargo, consideró que no había lugar al reconocimiento de los perjuicios
alegados porque los contratos de concesión tienen naturaleza solemne y, por
tanto, sólo producían efectos jurídicos cuando se inscribían en el Registro Minero
Nacional. Asimismo, se opuso a la pretensión de reconocimiento de perjuicios
derivados de la imposibilidad de ejercer los actos de exploración y explotación,
puesto que aún no había tramitado la consulta previa, necesaria por las zonas
donde se ejecutarían los contratos, en superposición con resguardos indígenas.
3 La ANM argumentó que no se había acreditado el pago del canon superficiario, de acuerdo con lo previsto en la normativa
que entró en vigencia, esto es, la Ley 1382 de 2010, cuyo artículo 16 modificó el artículo 230 del Código de Minas prevé,
respecto al momento del pago del canon superficiario correspondiente al primer año de explotación, que en el caso de las
propuestas en trámite y de los títulos mineros que, a la fecha de entrada en vigencia de dicha normativa, no hubieran
pagado el canon correspondiente a la primera anualidad, deberían acreditarlo dentro de los 3 meses siguientes a la
promulgación de la Ley 1382 de 2010, so pena de rechazo.
4 Con fundamento en que no era procedente exigirle al proponente los nuevos requisitos contenidos en la “nueva
normativa” (Ley 1382 de 2010, artículo 16, parágrafo 2°), en relación con el momento del pago del canon superficiario, dado
que no se trataba de una propuesta, pero tampoco de un título, pues el contrato suscrito no se había inscrito en el Registro
Minero Nacional.
5 Folios 31 a 48 del Cuaderno 1.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02103-01(62.530)
Demandante: Nicolás Andrés Rumié Guevara
Demandada: Agencia Nacional de Minería – ANM
Referencia: medio de control de reparación directa
Decisión: Modifica la Sentencia y confirma la negación de
pretensiones
9. Propuso como excepciones: 1) la inexistencia de daños y perjuicios, derivados
de la imposibilidad de determinar si se percibirían ganancias, porque el
demandante debía aún cumplir con varios requisitos legales para poder,
efectivamente, ejecutar el objeto de los contratos de concesión minera. 2) El cobro
de lo no debido, porque era improcedente reconocerle perjuicios al demandante,
dado que no concretó negociaciones con terceros sobre las áreas otorgadas y,
por tanto, tenía meras expectativas. Por último, alegó que no se acreditaron los
perjuicios sufridos porque no se aportó ningún medio probatorio que los
demostrara.
1.3. Sentencia recurrida
10. El 21 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, profirió sentencia de primera instancia6, en la que decidió
(se trascribe):
“FALLA:
PRIMERO: Se NIEGAN las pretensiones de la demanda conforme a la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: La parte demandante deberá cancelar a título de agencias en derecho
a favor de la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, la suma de CUARENTA Y OCHO
MILLONES DE PESOS ($48.000.000).
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por secretaria de la
sección los gastos ordinarios del proceso y en caso de remanentes devuélvanse al
interesado, lo anterior de conformidad con lo establecido por los artículos 7 y 9 del
Acuerdo N° 2552 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.”
11. El Tribunal consideró que la controversia giraba en torno a determinar si (se
trascribe) “¿la Agencia Nacional de Minería e[ra] responsable por la expedición
de los actos administrativos que rechazaron las propuestas de los contratos de
concesión minera, teniendo en cuenta que, posteriormente, fueron revocados de
manera directa?” y adicionalmente ¿si la entidad e[ra] responsable por no hacer
la inscripción de los contratos de concesión minera suscritos con el señor Nicolás
Andrés Rumié Guevara, en el Registro Minero Nacional, con ocasión de la
revocatoria de los actos administrativos?”.
12. Consideró que (se trascribe) “(…) el hecho de que los contratos no hubieran
sido inscritos en el Registro Minero, con posterioridad a la revocatoria de los actos
administrativos de rechazo, constituye un daño antijurídico para el demandante,
máxime cuando la autoridad minera reconoció que le correspondía efectuar
dicha inscripción y que a la fecha no lo ha hecho. En efecto, es evidente que la
omisión prolongada de la administración ha puesto al demandante en una
situación de incertidumbre frente al desarrollo de los contratos de concesión que,
según se afirma, le ha ocasionado un conjunto de gastos, ante la necesidad de
actualizar los estudios técnicos y financieros de cada contrato.” Por tanto,
consideró que le era imputable a la ANM, a título de falla del servicio, la
6 Folios 129 a 142 del Cuaderno de Consejo de Estado.
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Demandante: Nicolás Andrés Rumié Guevara
Demandada: Agencia Nacional de Minería – ANM
Referencia: medio de control de reparación directa
Decisión: Modifica la Sentencia y confirma la negación de
pretensiones
responsabilidad por los daños derivados de rechazar las propuestas de concesión
minera de forma ilegal y de omitir, injustificadamente, el cumplimiento de la
obligación normativa de inscribir los contratos suscritos, según los artículos 279, 328,
331 y 332 del Código de Minas.
13. No obstante lo anterior, consideró que el demandante no cumplió con la
carga probatoria de demostrar la causación de los perjuicios económicos
correspondientes al daño emergente y al lucro cesante alegados, puesto que, en
relación con el primero, (se transcribe) “(…) al no haber soporte probatorio alguno
de los perjuicios ocasionados, las aseveraciones contenidas en la demanda
resultan carentes de sustento probatorio (…)” y, en relación con el segundo, que
(se transcribe) “(…) si bien se encuentra acreditado que las áreas de los contratos
propuestos y suscritos (…) contienen un potencial aurífero que no se puede
desconocer, y que eventualmente se concretarían en negociaciones con ocasión
de los contratos de concesión minera, no hay lugar a afirmar que la causalidad
del lucro cesante se deriva del incumplimiento de la obligación concerniente al
registro de los contratos mineros, puesto que el procedimiento no finalizaba con
dicha inscripción, sino que debía adelantar el procedimiento correspondiente
para la obtención de licencias ambientales en las áreas afectadas y la realización
de consulta previa (…)”.
1.4. Recurso de apelación
14. El demandante presentó recurso de apelación7, en el que se opuso a la
decisión de primera instancia. En su escrito sintetizó las consideraciones hechas por
el Tribunal sobre la configuración del daño antijurídico, su atribución a la autoridad
minera a título de falla del servicio y, por tanto, la imputación de responsabilidad
para, con base en ello, alegar que los perjuicios sí estaban probados. En concreto,
afirmó que, tal como lo reconoció el Tribunal, quedaron demostrados (se
transcribe) “(…) los tres elementos necesarios (…) para declarar la responsabilidad
de la administración y, en consecuencia, condenarla al pago de los daños y
perjuicios sufridos por mi poderdante (…) entendidos estos como un detrimento o
afectación de un bien de un particular que no tiene el deber de soportarlo (…)”.
15. En línea con lo anterior, alegó que al demandante (se trascribe) “(…) le
asist[ían] fundadamente “expectativas legítimas” que configuran derechos objeto
de protección (…), ya que había cumplido con todas sus obligaciones legales en
el curso del proceso de contratación (…)”; situación que, en virtud de la omisión
de inscripción por parte de la ANM, nunca se consolidó. Por tanto, consideró que
el Tribunal, mediante (se transcribe) “(…) elucubraciones ficticias (…), sobre las
etapas del proceso de contratación y sobre los daños y perjuicios (daño
emergente y lucro cesante) causados a mi mandante, lleg[ó] a la afirmación de
que éstos no ha[bían] sido plenamente probados en el proceso, para concluir,
7 Folios 148 a 152 del Cuaderno del Consejo de Estado.
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pretensiones
erradamente, en su parte resolutiva negando las pretensiones de la demanda
(…)”.
16. Con base ello, alegó que (se trascribe) “(…) e[ra] absolutamente evidente que
sí se causaron perjuicios (…) [y] para su tasación y cuantificación exist[ía] la figura
jurídica de la condena en abstracto”. Por último, impugnó la condena en agencias
en derecho, por considerarlas (se transcribe) “exorbitantes y excesivas frente la
actuación de la entidad demandada”.
1.5 Trámite relevante en segunda instancia
17. En la oportunidad para alegar de conclusión el demandante8 insistió en los
argumentos expuestos durante el proceso. A su turno, la ANM9 alegó que la
competencia del juez de segunda instancia se limitaba únicamente a los reparos
concretos formulados por el recurrente, esto es, a (se transcribe) “(i) la apreciación
del juez (…) en relación con los perjuicios sufridos por el extremo demandante” y
“(ii) la imposición de agencias en derecho”; los no cuales no debían prosperar. Por
su parte, el Ministerio Público guardó silencio10.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar - 2.2. - Análisis sustantivo. - 2.3. Sobre
la condena en costas.
2.1. Presupuestos procesales11 y decisión a adoptar
18. La Sala resalta que, en la demanda se plantearon dos fuentes dañinas, en
primer lugar, los rechazos ilegales de las propuestas de contratos -probados por la
revocación directa- y, en segundo lugar, las omisiones de inscripción de los
contratos en el Registro Minero Nacional. La Sala se pronunciará sobre el fondo del
asunto porque, si bien la acción está caducada para algunos de los daños
derivados del rechazo ilegal de las propuestas de contratos, para otros la demanda
se presentó oportunamente. En relación con los daños producto de la omisión de
inscripción de los contratos la demanda fue oportuna12.
8 Folios 167 a 170 del Cuaderno del Consejo de Estado.
9 Folios 244 a 261 del Cuaderno del Consejo de Estado.
10 Folio 262 del Cuaderno del Consejo de Estado.
11 El medio de control de reparación directa es el adecuado porque, excepcionalmente, esta Corporación ha reconocido
que procede la reparación de perjuicios a través de la reparación directa “(…) cuando lo que se pretende es la reparación
del daño producto de (a) un acto administrativo, cuya legalidad no se cuestiona, o (b) un acto administrativo que fue
revocado directamente por la administración o declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 19 de abril de 2023, Exp.
47.176; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de marzo
de 2021, Exp. 63.999; Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia de 31 de agosto de 2020, Exp. 65.722;
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de 4 de junio de 2019, Exp. 43.758.
12 La inscripción en el Registro Minero Nacional debía efectuarse, por la ANM, dentro de los 15 días siguientes a su
perfeccionamiento o vigencia, según el artículo 333 del Código de Minas. En el presente caso, dicho término se computa
desde la ejecutoria de los actos que revocaron el rechazo y, en todos los 47 contratos, la demanda fue oportuna porque a
la fecha de presentación de la demanda (3 de septiembre de 2015) no habían trascurrido 2 años. CD aportado por el
demandante. Folio 18 del Cuaderno 1.
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Decisión: Modifica la Sentencia y confirma la negación de
pretensiones
19. En relación con los rechazos ilegales de las propuestas, por las particularidades
del caso, el término de caducidad de 2 años debe computarse desde que el
demandante tuvo conocimiento del daño antijurídico, según lo previsto en el literal
i), numeral 2 del artículo 164 del CPACA, esto es, desde que le notificaron cada una
de las resoluciones de revocación directa de los actos que rechazaron,
ilegalmente, los contratos de concesión minera. Análisis que fue omitido por el
Tribunal, pero que se efectuará, de oficio, por la Sala.
20. El demandante indicó que aportó al proceso cada uno de los 48 expedientes
del trámite de los contratos de concesión minera13. Sin embargo, sólo en 47
expedientes se puede constatar la forma de notificación de las resoluciones que
revocaron directamente los actos que rechazaban las propuestas de contrato de
concesión minera14. Para analizar la configuración de la caducidad se tiene que la
demanda se presentó el 3 de septiembre de 201515, que la solicitud de conciliación
se radicó el 14 de julio de 201516 y la audiencia, sin ánimo conciliatorio, se llevó a
cabo el 2 de septiembre de 201517, por lo que el término estuvo suspendido 51 días.
Sobre esa base, la Sala concluye que en los 41 expedientes en los cuales la
resolución de revocación directa fue notificada al demandante después del 15 de
julio de 201318 (al incluir en el cómputo los 51 días en que estuvo suspendido el
término por el trámite de la conciliación) no operó la caducidad. Por
contrapartida, en los restantes 6 expedientes, la notificación del acto de
revocación ocurrió antes del 15 de julio de 201319 y, por tanto, la acción caducó y
la demanda fue inoportuna.
21. La Sala modificará la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar,
de oficio, la caducidad parcial de la acción, en relación con los daños derivados
del rechazo ilegal de los contratos, en los 6 expedientes reseñados. A su turno,
confirmará la negación de la pretensión de indemnización, toda vez que la parte
actora incumplió con la carga probatoria que le incumbía y no demostró la
existencia de perjuicios.
2.2. Análisis sustantivo
22. De la lectura del recurso de apelación la Sala encuentra que se plantearon
dos reparos contra la sentencia de primera instancia: uno relativo a que los
perjuicios sufridos por el demandante estaban probados y que, de no ser así, “(…)
13 El expediente IHR-10401 aparece 2 veces. CD aportado por el demandante. Folio 18 del Cuaderno 1.
14 En el expediente IHR-10252X no obra el acto de revocación directa de la decisión de rechazo de la solicitud de concesión
minera. CD aportado por el demandante. Folio 18 del Cuaderno 1.
15 Folio 17 del Cuaderno 1.
16 Folio 1 del Cuaderno 1.
17 Folios 2 y 3 del Cuaderno 2.
18 Expedientes: IHR-10071; IHR-10101; IHR-10102; IHR-10122; IHR-10161; IHR-10181; IHR-10182; IHR-10183; IHR-10201; IHR-10202; IHR-
10211; IHR-10221; IHR-10231; IHR-10251; IHR-10271; IHR-10291; IHR-10292; IHR-10301; IHR-10302; IHR-10311; IHR-10332; IHR-10351;
IHR-10361; IHR-10381; IHR-10401; IGN-11331X; IGN-11351X; IGN-11371X; IGN-11411X; IIB-11471X; IIB-11501X; JAB-10161; JAB-
10201; JAB-10212; JAB-10221; JAB-10231; JAB-10251; JAB-11181; JAB-11221; JAB-11241; y JAB-11251. CD aportado por el
demandante. Folio 18 del Cuaderno 1.
19 Expedientes: JAB-10171 (notificación el 19 de junio de 2013); JAB-10181 (notificación el 19 de junio de 2013); JAB-10211
(notificación el 19 de junio de 2013); JAB-10261 (notificación el 19 de junio de 2013); JAB-11041 (notificación el 19 de junio de
2013); y JAB-11081 (notificación el 19 de junio de 2013).
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Demandante: Nicolás Andrés Rumié Guevara
Demandada: Agencia Nacional de Minería – ANM
Referencia: medio de control de reparación directa
Decisión: Modifica la Sentencia y confirma la negación de
pretensiones
para su tasación y cuantificación existe la figura jurídica de la condena en
abstracto (…)”; y otro relativo al monto de la condena en agencias en derecho.
Con base en lo anterior, y de conformidad con el artículo 328 del CGP20, la
competencia de la Sala se circunscribe a los referidos cargos.
23. En la Sentencia de primera instancia se consideró que el demandante no
cumplió con la carga probatoria de demostrar la causación de los perjuicios
materiales alegados, correspondientes al daño emergente y al lucro cesante.
24. Al respecto, esta Sala ha precisado, en anteriores oportunidades21, que la
relación que existe entre el daño y el perjuicio es de causalidad porque, en
términos de responsabilidad, es reparable el perjuicio que proviene del daño
antijurídico. Así las cosas, no le asiste la razón al apelante cuando alega que, una
vez la entidad demandada es encontrada responsable de los daños sufridos, de
forma automática y consecuencial, debe condenársele al pago de perjuicios. Lo
anterior porque la existencia de estos últimos también debe ser demostrada. Para
el caso, si bien, según el análisis del Tribunal, quedó probado el daño sufrido
(afectación patrimonial), la falla del servicio (por el ilegal rechazo de las propuestas
de concesión minera y por la no inscripción de los contratos en el Registro Minero
Nacional) y la imputación de la responsabilidad a la entidad demandada (por el
nexo causal existente entre el daño y las fallas de la ANM), de ello no se deriva,
automáticamente, la demostración de los perjuicios sufridos, los cuales requerían
de prueba idónea y específica.
25. De este modo, el demandante tenía la carga probatoria, según el artículo 167
del CGP, aplicable por remisión del artículo 211 del CPACA, de acreditar en el
proceso la existencia de los perjuicios alegados. En específico, y según la
pretensión primera de la demanda, debía demostrar los “(…) perjuicios
económicos que comprend[ían] el daño emergente y el lucro cesante, en razón
de los costos y gastos efectuados para obtener de nuevo la viabilidad de tales
contratos y a la vez en lo que se refiere a los valores económicos dejados de
percibir por no haber podido realizar oportunamente la exploración y explotación
de los yacimientos de minerales y la consiguiente comercialización de los
productos, y/o la negociación de las correspondientes áreas con terceros que se
hallaban interesados en su momento en los respectivos títulos mineros (…)”.
26. Sin embargo, la Sala coincide con el Tribunal, en el sentido de que no es
procedente acceder a la pretensión de condena, de reparar los perjuicios
20 “Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones.
(…)
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. (…)
21 “Sobre la diferencia entre daño y perjuicio, en un sentido general […] plantea con claridad una relación de causalidad
entre el daño –como hecho, como atentado material sobre una cosa, como lesión- y el perjuicio –menoscabo patrimonial
que resulta del daño, consecuencia del daño sobre la víctima-, lo cual permite sentar la siguiente regla: se indemniza solo el
perjuicio que proviene del daño(...)” Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia de 18 de octubre de 2007, Exp. 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG).
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02103-01(62.530)
Demandante: Nicolás Andrés Rumié Guevara
Demandada: Agencia Nacional de Minería – ANM
Referencia: medio de control de reparación directa
Decisión: Modifica la Sentencia y confirma la negación de
pretensiones
alegados, pues en el expediente no obran pruebas de su existencia y, por tanto,
son inciertos e hipotéticos22. Lo anterior porque el apelante se limitó a alegar que
“(…) e[ra] absolutamente evidente que sí se causaron perjuicios” y a que el
demandante ostentaba “expectativas legítimas”. Sin embargo, no hizo referencia
a los medios probatorios específicos, de los obrantes en el expediente, que
permitirían dar por demostrada la generación de esos perjuicios, ni probó, de
forma concreta, que los conceptos que alegó componían, efectivamente, cada
uno de esos rubros. Es decir, no planteó las razones por las que el Tribunal efectuó
una errada valoración probatoria.
27. La anterior constatación, que revela el incumplimiento de la carga probatoria
del demandante, es suficiente para concluir que el cargo no prospera23. Con todo,
al revisar el acervo probatorio, la Sala considera, también, que al proceso no se
allegaron elementos de juicio que permitan tener como ciertas las afirmaciones
realizadas en la demanda, en relación con la existencia y extensión de los
perjuicios materiales, pues no obra prueba de que, en efecto, se materializó un
menoscabo cierto al patrimonio del demandante24 por el daño emergente (costos
y gastos efectuados para obtener de nuevo la viabilidad de tales contratos) o el
lucro cesante (los valores económicos dejados de percibir por no haber podido
realizar oportunamente la exploración y explotación de los yacimientos de
minerales) alegados.
28. Por su parte, el apelante también se equivocó al echar de menos una condena
en abstracto pues, de conformidad con el artículo 193 del CPACA, ello sólo es
procedente cuando se logra demostrar la existencia de un perjuicio, pero no su
cuantía. Tal como se explicó, en el caso, la falencia probatoria del demandante
radicó en que no demostró la generación o existencia de los perjuicios alegados
y, por tanto, tal como lo consideró el Tribunal, la consecuencia es la imposibilidad
de condenar en abstracto y la negación de las pretensiones.
29. Por último, en relación con la condena en agencias en derecho, el apelante
alegó que eran “exorbitantes y excesivas frente la actuación de la entidad
demandada”. No obstante, la Sala encuentra que el Tribunal motivó su decisión
en el Acuerdo 1887 de 2003, normativa aplicable al caso, la cual, en relación con
los asuntos de lo contencioso administrativo, en el numeral 3.1.2., para procesos
22 La ausencia de pruebas sobre la existencia de los perjuicios los hace hipotéticos y, por tanto, hace improcedente la
condena a su reparación. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
Sentencia de 23 de septiembre de 2024, Exp. 54.727; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia de 13 de octubre de 2023, Exp. 54.669; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 18 de noviembre de 2021, Exp. 44.566; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de febrero de 2024, Exp. 66001233100020110038701;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de diciembre de
2020, Exp. 51.217; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 22
de noviembre de 2021, Exp. 45.121; entre otras.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de febrero de
2021, Exp. 51.090.
24 “Por perjuicio material o patrimonial, en términos generales, se entiende todo menoscabo o detrimento que sufre una
persona en sus derechos o intereses de contenido económico o valorable pecuniariamente y que se concreta en las
pérdidas sufridas por disminución cierta del patrimonio del afectado (daño emergente) o en la frustración o imposibilidad,
también cierta, de incrementos patrimoniales, ganancias o provechos esperados (lucro cesante)”. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de junio de 2017, Exp. 33.945. Reiterada
en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de abril de
2024, Exp. 69.895.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02103-01(62.530)
Demandante: Nicolás Andrés Rumié Guevara
Demandada: Agencia Nacional de Minería – ANM
Referencia: medio de control de reparación directa
Decisión: Modifica la Sentencia y confirma la negación de
pretensiones
con cuantía25, en primera instancia, prevé que la tarifa de agencias en derecho
puede ser de “[h]asta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia”. Por tanto, la fijación hecha por el
Tribunal, “del 20% del valor de las pretensiones”, se enmarcó en los límites
normativos.
2.3. Sobre la condena en costas
30. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 numeral
1 del CGP, la Sala condenará en costas y agencias en derecho de esta instancia
a la parte demandante, y a favor de la ANM, toda vez que se resolvió
desfavorablemente su recurso de apelación. Ambas deberán ser tasadas y
liquidadas por el Tribunal de primera instancia, según lo dispuesto en los artículos
365 y 366 del CGP.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR, de oficio, la caducidad parcial de la acción, según las
consideraciones expuestas.
SEGUNDO: CONFIRMAR la parte resolutiva de la Sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de 21 de junio
de 2018, según las consideraciones expuestas.
TERCERO: CONDENAR, por concepto de costas y agencias en derecho de esta
instancia, a la parte demandante, según las consideraciones expuestas. De
conformidad con el artículo 366 del CGP, ambas serán liquidadas por el Tribunal.
CUARTO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
25 “(…) III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (…) 3.1.2. Primera instancia. (…) Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%)
del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. (…)”.
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