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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2011-00328-01

Fecha
4 de mayo de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2011-00328-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida 27 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión. SEGUNDO: DECLÁRASE patrimonialmente responsables al MUNICIPIO DE SAN PELAYO y a las EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SAN PELAYO ESP por los perjuicios ocasionados con el incendio del inmueble donde el demandante Rafael Antonio Quintero Petro operaba un establecimiento de comercio. TERCERO: CONDÉNASE solidariamente al MUNICIPIO DE SAN PELAYO y a las EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SAN PELAYO ESP al pago de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($296.057.395,61), por concepto de daño emergente a favor del señor Rafael Antonio Quintero Petro. CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: SIN CONDENA en costas. SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del CCA. SÉPTIMO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP. OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 23001-23-31-000-2011-00328-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

4 de mayo de 2022

Radicado: 23001-23-31-000-2011-00328-01 (48220)
Demandante: Rafael Antonio Quintero Petro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 23001-23-31-000-2011-00328-01 (48220)
Demandante: Rafael Antonio Quintero Petro
Demandados: Municipio de San Pelayo y otro

Tema: Responsabilidad del Estado por incendio de un local comercial. Se
revoca la decisión de negar las pretensiones y, en su lugar, se
condena al Municipio de San Pelayo y a las Empresas Públicas
Municipales de San Pelayo porque omitieron adoptar medidas que
permitieran conjurar el incendio de forma oportuna.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra
la sentencia dictada el 27 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Primera de Decisión, en la que se negaron las pretensiones.

La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con los artículos
129 y 132 numeral 6 del Código Contencioso Administrativo (CCA), por tratarse
de un recurso de apelación contra una sentencia proferida por un tribunal
administrativo. El Tribunal Administrativo de Córdoba conoció el proceso en
primera instancia en razón de la cuantía estimada en la demanda.

El recurso de apelación fue admitido el 30 de agosto de 2013 y se corrió traslado
para alegar de conclusión por medio de auto del 27 de septiembre de 2013. El
demandante presentó alegatos. La parte demandada y el Ministerio Público
guardaron silencio.

I. ANTECEDENTES

A.- Posición del demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue presentada el 14 de abril de 2011
por Rafael Antonio Quintero Petro (en adelante, el demandante). Se dirigió contra

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Radicado: 23001-23-31-000-2011-00328-01 (48220)
Demandante: Rafael Antonio Quintero Petro

el Municipio de San Pelayo, Córdoba, para obtener la reparación del daño
causado por el incendio de un inmueble donde el demandante operaba un
establecimiento de comercio.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<PRIMERA: Se declare administrativamente responsable al MUNICIPIO DE
SAN PELAYO – CÓRDOBA, representado legalmente por su señor alcalde
doctor Oswaldo Negrete Causil, por los perjuicios ocasionados al demandante
RAFAEL ANTONIO QUINTERO PETRO por la pérdida total del establecimiento
comercial denominado MISCELÁNEA DAIVILUZ Nº 1 de su propiedad, como
consecuencia del voraz incendio que no pudo contar con ayuda,
acompañamiento y control del cuerpo de bomberos de ese Municipio por no
existir el mismo, violándose claras disposiciones de orden legal, según hechos
ocurridos en fecha 16 de octubre de 2010, a las 11:15 p.m. en la cabecera
Municipal de San Pelayo, produciéndose incuestionablemente una falla en el
servicio atribuible al demandado, y por falta absoluta de un cuerpo de bomberos
que legalmente está obligado a tener.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la
entidad estatal MUNICIPIO DE SAN PELAYO – CÓRDOBA a que reconozca
espontáneamente y acceda a pagar al demandante los perjuicios materiales y
morales que se le ocasionaron, causados por el dolor, la angustia, la congoja y
la pena sufrida por la violenta y siniestra pérdida de su establecimiento comercial,
incinerado por las llamas, y por no contar el ente demandado con un cuerpo de
bomberos, estimados en TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS ($396.688.681) M/CTE., representados de la siguiente manera:

1. Daño emergente: La suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS ($230.688.681) M/CTE., correspondientes al valor de la mercancía
existente en el almacén al momento del siniestro, más los daños físicos (mano
de obra y materiales de construcción del local comercial).

2. Lucro cesante: Estimado en CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS
($42.000.000) M/CTE., por el no producido de la miscelánea desde la fecha del
incendio hasta la presentación de esta demanda, suma ésta que deberá
actualizarse hasta que quede en firme la sentencia que finalice este proceso,
teniéndose en cuenta que la miscelánea producía dicha suma mensualmente.

3. Perjuicios morales: Se estiman en la suma de CIENTO VEINTICUATRO
MILLONES DE PESOS ($124.000.000) M/CTE., equivalentes a doscientos
cuarenta (240) salarios mínimos legales mensuales, cuantificados en pesos
colombianos para la fecha de presentación de esta demanda.

TERCERA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo
previsto en el artículo 178 del CCA, aplicando en la liquidación la variación
promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de
ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo
definitivo.

CUARTA: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 176 y 177 del CCA>>.

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Radicado: 23001-23-31-000-2011-00328-01 (48220)
Demandante: Rafael Antonio Quintero Petro

3.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:

3.1.- El demandante era propietario del establecimiento de comercio
<<Miscelánea Daiviluz No. 1>>, ubicado en el casco urbano del municipio de San
Pelayo, Córdoba, dedicado a la venta de distintas mercancías.

3.2.- El 16 de octubre de 2010 a las 11:15 p.m. ocurrió un incendio en el
inmueble donde estaba ubicado el establecimiento de comercio debido a un corto
circuito en el cableado del local.

3.3.- Los vecinos del lugar intentaron apagar el incendio, sin resultado. Debido a
que el Municipio de San Pelayo no contaba con un cuerpo de bomberos, los
vecinos llamaron al Cuerpo de Bomberos de Cereté, que llegó cuando el local
estaba envuelto en llamas. Los bomberos no tenían agua para apagar el incendio
porque no había hidrantes.

3.4.- El incendio fue controlado a la 1:30 a.m. del 17 de octubre de 2010.

4.- Según el actor, el daño es atribuible a la <<falla del servicio>> del Municipio
de San Pelayo porque no contaba con un cuerpo de bomberos oficial o voluntario
para prestar el servicio público esencial de prevención y control de incendios,
como lo ordenaba la Ley 322 de 1996.

5.- En relación con los perjuicios, el demandante indicó que: (i) perdió todas las
mercancías y enseres que tenía en el local; (ii) el inmueble se deterioró y debió
incurrir en gastos para remodelarlo; (iii) dejó de percibir los ingresos provenientes
del negocio; (iv) el actor y sus familiares sufrieron dolor y angustia por el incendio;
y (v) el incendio le causó un trastorno depresivo.

B.- Posición de la parte demandada

6.- El Municipio de San Pelayo no contestó la demanda ni compareció al trámite,
a pesar de haber sido notificado1.

7.- En el auto admisorio de la demanda el tribunal ordenó vincular a las Empresas
Públicas Municipales de San Pelayo ESP por tener un interés directo en el
resultado del proceso, de acuerdo con el artículo 207, numeral 3, del CCA2. La
empresa fue notificada personalmente de ese auto y no lo recurrió3. Tampoco
contestó la demanda ni compareció al trámite.

1 Fl. 113 c. 1.
2 <<Recibida la demanda y efectuado el reparto, si aquélla reúne los requisitos legales, el ponente debe

admitirla y además disponer lo siguiente: (…) 3. Que se notifique personalmente a la persona o personas
que, según la demanda o los actos acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso (…)>>.
3 Fl. 119 c. 1.

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Radicado: 23001-23-31-000-2011-00328-01 (48220)
Demandante: Rafael Antonio Quintero Petro

C.- Sentencia recurrida

8.- En la sentencia del 27 de junio de 2013 el Tribunal Administrativo de Córdoba
negó las pretensiones de la demanda porque si bien el demandante sufrió un
daño por la incineración de su establecimiento de comercio y el Municipio de San
Pelayo omitió su deber de contar con un cuerpo de bomberos oficial o voluntario,
el daño no puede imputarse a esa omisión. El incendio fue causado por un corto
circuito y se expandió por la existencia de materiales consumibles e inflamables
en el local.

D.- Recurso de apelación

9.- En su recurso de apelación el demandante solicita que se revoque la
sentencia de primera instancia y en su lugar se condene a la parte demandada.
Su inconformidad se centra en los siguientes puntos:

9.1.- Se demostró el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley 322
de 1996 en materia de control y prevención de incendios. En su respuesta a los
requerimientos realizados por el tribunal, el Municipio de San Pelayo reconoció
que, para la época de los hechos, no contaba con un cuerpo de bomberos oficial
o voluntario, ni con un sistema de hidrantes, y las Empresas Públicas Municipales
señalaron que no tenían un mapa de hidrantes.

9.2.- No se discute el origen del incendio sino la responsabilidad por la omisión
de las demandadas, al no tener un cuerpo de bomberos ni una infraestructura de
hidrantes. El incendio podía provenir de múltiples causas, pero pudo conjurarse
de haber cumplido con esas obligaciones.

II. CONSIDERACIONES

E.- Asuntos procesales

10.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos (2)
años previsto en el artículo 136 del CCA. El incendio se produjo el 16 de octubre
de 2010 y la demanda se radicó el 14 de abril de 20114. El término de caducidad
estuvo suspendido entre el 22 de noviembre de 2010 y el 21 de febrero de 2011
por la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho5.

4 Fl. 15 c. 1.
5 F. 81-83 c. 1.

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Demandante: Rafael Antonio Quintero Petro

F.- Síntesis de la controversia y decisiones a adoptar

11.- Con el certificado de matrícula mercantil está demostrado que el demandante
Rafael Antonio Quintero Petro era propietario del establecimiento de comercio
denominado <<Miscelánea Daiviluz No. 1>>, ubicado en el municipio de San
Pelayo, Córdoba6. Se probó que el 16 de octubre de 2010 un incendio destruyó
la mercancía y los enseres del establecimiento y deterioró la estructura del
inmueble, como lo certificó el delegado departamental de Córdoba ante la Junta
Nacional de Bomberos el 25 de octubre de 20107.

12.- Está demostrado que para la época de los hechos el Municipio de San
Pelayo no tenía un cuerpo de bomberos oficial o voluntario, ni había celebrado
un contrato o convenio para proveer el servicio de prevención y control de
incendios con los cuerpos de bomberos de otros municipios8. También está
acreditado que la red de acueducto del municipio, administrada por las Empresas
Públicas Municipales de San Pelayo, no tenía hidrantes públicos9.

13.- La Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenará
a las entidades demandadas a reparar el daño sufrido por el demandante, porque
está demostrado que omitieron el cumplimiento de sus funciones relacionadas
con la prevención y control de incendios; y que, como consecuencia de esa
omisión, el incendio no fue controlado oportunamente. Las entidades
demandadas serán condenadas en forma solidaria de acuerdo con el artículo
2344 del Código Civil (CC)10, porque las dos contribuyeron a causar el daño.

G.- El daño es imputable a las entidades demandadas porque omitieron
adoptar medidas que permitieran conjurar oportunamente el incendio

14.- El artículo 90 de la C.P. dispone que el Estado responde por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las
autoridades públicas. Aunque el incendio del local comercial tuvo origen en un
corto circuito, el Estado debe responder porque las entidades demandadas
podían haber evitado la destrucción total del establecimiento. Esto habría
ocurrido si se hubiera contado con un cuerpo de bomberos que hubiese acudido
oportunamente a controlar el incendio o si, al menos, existieran los hidrantes para
que los bomberos del municipio vecino hubiesen podido usarlos.

6 Fl. 62 c. 1.
7 Fl. 18-19 c. 1.
8 Oficios del alcalde municipal de San Pelayo del 14 de marzo de 2011 (fl. 93-94 c. 1) y del delegado

departamental de Córdoba ante la Junta Nacional de Bomberos del 5 de abril de 2011 (fl. 98-99 c. 1)
9 Oficios del representante legal de las Empresas Públicas Municipales del 6 de marzo de 2012 (fl. 129 c. 1)

y del alcalde municipal de San Pelayo del 14 de marzo de 2011 (fl. 93-94 c. 1).
10 <<Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente

responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los
artículos 2350 y 2355. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del
precedente inciso>>.

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Radicado: 23001-23-31-000-2011-00328-01 (48220)
Demandante: Rafael Antonio Quintero Petro

15.- A diferencia de lo que sucede cuando se verifica la causalidad entre
conductas positivas (o acciones) y un daño, la prueba de la relación causal entre
una omisión y un daño no se aborda desde la relación entre un hecho y otro, sino
entre la ausencia de una actividad de las demandadas y el resultado dañoso. La
doctrina explica que <<por medio de una abstención de conducta se puede llegar
a situaciones lesivas por parte de quien omite comportarse de determinada
manera (…) y es aquí donde el derecho, para determinar el nexo de causalidad,
se pregunta qué habría pasado si la persona realmente hubiera ejecutado la
conducta. En este caso, la causalidad no opera entre un hecho de la realidad y
un daño, sino entre un fenómeno jurídico y un daño>>11.

16.- Está demostrado que el Municipio de San Pelayo incumplió su deber de
prestar el servicio de prevención y control de incendios por medio de un cuerpo
de bomberos oficial o voluntario:

16.1.- Según el artículo 2º de la Ley 322 de 1996, vigente para la época de los
hechos, <<es obligación de los distritos, municipios y entidades territoriales
indígenas la prestación del servicio a través de los Cuerpos de Bomberos
Oficiales o mediante la celebración de contratos para tal fin, con los Cuerpos de
Bomberos Voluntarios>>, para lo cual los concejos municipales pueden
establecer sobretasas a los impuestos del nivel territorial. El artículo 12 de esa
ley establece que una de las funciones de los cuerpos de bomberos es la de
<<atender oportunamente las emergencias relacionadas con incendios,
explosiones y calamidades conexas>>.

16.2.- Para la época de los hechos el Municipio de San Pelayo no tenía un cuerpo
de bomberos oficial ni había celebrado contratos o convenios para prestar el
servicio. Además, aunque en un oficio dirigido al demandante el alcalde señaló
que el municipio no había impuesto sobretasas o recargos con ese fin12, en el
Estatuto de Rentas adoptado mediante el Acuerdo No. 15 del 6 de diciembre de
2004 sí se contempló una sobretasa bomberil equivalente al cinco por ciento (5%)
del impuesto predial unificado13. Y, mediante la circular externa No. 21-CIR10-
86-DGR-0260 del 29 de julio de 2010, el ministro del Interior y de Justicia insistió
a los municipios adoptar las medidas necesarias para prestar el servicio de
prevención y control de incendios a través de cuerpos de bomberos oficiales o
voluntarios14.

11 Corcione Morales, María Carolina, “El nexo de causalidad como elemento de la responsabilidad civil

extracontractual” en Derecho de las Obligaciones, 2ª ed., coordinado por Marcela Castro de Cifuentes.
Bogotá, Temis-Universidad de los Andes, 2018.
12 Fl. 93-94 c. 1.
13 Fl. 146 c. 1.
14 Fl. 64-65 c. 1.

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Demandante: Rafael Antonio Quintero Petro

17.- Por su parte, las Empresas Públicas Municipales de San Pelayo omitieron
su función de instalar los hidrantes públicos, que estaba a su cargo como
prestadora del servicio de acueducto del municipio15. De acuerdo con el artículo
14.22 de la Ley 142 de 1994, el servicio público de acueducto comprende <<las
actividades complementarias tales como captación de agua y su procesamiento,
tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte>>. Y según el artículo 36
del Decreto 302 de 2000, <<los hidrantes públicos serán instalados oficiosamente
por la entidad prestadora de los servicios públicos o a solicitud del interesado,
conforme a las determinaciones>> que sobre su ubicación adopte <<la Oficina
de Planeación>> o, como lo expresa el primer inciso de esa norma, el reglamento
interno de prestación del servicio adoptado por la entidad prestadora 16.

18.- Para la Sala es claro que si bien la causa mecánica o física del incendio fue
un corto circuito en el cableado del local17, la ausencia de un cuerpo de bomberos
y de hidrantes públicos fue determinante para que no se pudieran apagar las
llamas antes de que se destruyera toda la mercancía almacenada en el inmueble.
Es razonable esperar que en un municipio como San Pelayo, que no es de mayor
extensión y dado que el local estaba ubicado en el casco urbano, la existencia de
un cuerpo de bomberos y un sistema de hidrantes habría permitido cumplir con
el propósito para el que estas obligaciones fueron previstas: conjurar los
incendios y evitar los daños que pueden causar a bienes y personas.

19.- Aunque el Cuerpo de Bomberos de Montería señaló que en el inmueble
había materiales consumibles e inflamables18, afirmación que recogió el tribunal
para negar las pretensiones, se observa que: (i) no es claro a qué materiales se
hace referencia, porque el establecimiento era una tienda en cuyo inventario no
se observan elementos distintos de los que habría en cualquier negocio de
provisión de víveres y artículos de consumo19; y (ii) el cuerpo de bomberos no
precisó qué tan rápido se extendió el incendio por cuenta de esos materiales y
cuál fue su grado de incidencia en la destrucción de los bienes. Estas
circunstancias impiden afirmar que, incluso con la existencia de un cuerpo de
bomberos e hidrantes, el incendio habría constituido una fuerza irresistible que
hubiese sido imposible de controlar a tiempo.

20.- En casos similares el Consejo de Estado ha considerado que este tipo de
omisiones genera la responsabilidad de las entidades encargadas de prestar el

15 Fl. 129 c. 1.
16 En la Resolución No. 1096 del 17 de noviembre de 2000 expedida por el Ministerio de Desarrollo
Económico, mediante la cual se adoptó el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico, se determinaron los parámetros requeridos para la disposición de los hidrantes.
17 Fl. 18-19 c. 1.
18 Ibídem.
19 En el inventario aparecen enlatados, dulcería, bebidas, licores, utensilios de oficina, cigarrillos,

desechables, condimentos y productos de limpieza, además de los estantes, congelador y vitrinas. Todos
los elementos se encontrarían en cualquier establecimiento de expendio de víveres y no se observan
materiales especialmente inflamables como explosivos, pólvora o gasolina (fl. 53-56 c. 1).

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Demandante: Rafael Antonio Quintero Petro

servicio de prevención o control de incendios porque, si bien la conducta de la
entidad pública no es la que origina el daño, su omisión es determinante para que
se consolide o agrave20.

21.- Además, la Sala advierte que el municipio y las Empresas Públicas de San
Pelayo no comparecieron al trámite ni propusieron alguna excepción orientada a
demostrar que la conducta de la víctima o el hecho de un tercero tuvieron
incidencia en la producción del daño21. Al demandado le corresponde alegar y
probar los hechos que fundamentan las excepciones y en este caso no lo hizo.

H.- Los perjuicios indemnizables

i) Daño emergente

22.- El actor solicitó la indemnización de dos perjuicios por concepto de daño
emergente: (i) el valor de la mercancía y enseres que se perdieron como
consecuencia del incendio y (ii) los gastos que debió asumir para remodelar el
local donde operaba el establecimiento de comercio.

23.- La Sala negará la indemnización solicitada por concepto de la adecuación
del local, porque para demostrarla solo se aportó un presupuesto de materiales
y mano de obra elaborado por un arquitecto22, pero no se acreditó la realización
de la obra y el pago de las sumas acordadas. En consecuencia, no se demostró
si el demandante efectivamente incurrió en esa erogación.

24.- Se ordenará la indemnización del daño emergente causado por la pérdida
de la mercancía y de los enseres de propiedad del demandante porque, además
de estar demostrado que todos los bienes del local fueron destruidos 23, el actor
aportó un inventario del establecimiento de comercio al 30 de septiembre de
2010, menos de un mes antes del incendio. Ese inventario presenta de forma
clara y detallada cada uno de los ítems que tenía el establecimiento con sus
respectivas cantidades, precios de compra y valor total; y está firmado por una
contadora cuya tarjeta profesional fue aportada al proceso24. Estas circunstancias
permiten aplicar la presunción de veracidad que el artículo 10 de la Ley 43 de

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección A: Sentencias

del 27 de abril de 2016 (Exp. 35782, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico) y 4 de diciembre de 2020 (Exp.
48745, M.P. José Roberto Sáchica Méndez). Subsección C: Sentencias del 26 de septiembre de 2012 (Exp.
23340, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa); 26 de enero de 2015 (Exp. 32414, M.P. Olga Mélida Valle
de la Hoz) y 10 de noviembre de 2016 (Exp. 35241, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa).
21 En sentencias del 5 de febrero de 2021 (Exp. 45746) y 5 de marzo de 2021 (Exp. 64163), la Subsección

A de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que en los casos bajo estudio concurría la culpa
de la víctima porque no adoptó medidas para evitar el incendio. Sin embargo, por tratarse de una excepción,
la carga de la prueba recae en la parte demandada y requiere estar demostrada para poder ser declarada,
lo que no ocurre en este caso.
22 Fl. 49-50 c. 1.
23 Fl. 18-19 c. 1.
24 Fl. 53-57 c. 1.

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Radicado: 23001-23-31-000-2011-00328-01 (48220)
Demandante: Rafael Antonio Quintero Petro

1990 otorga a la firma de los contadores públicos en los actos propios de su
profesión25:

<<Artículo 10. De la fe pública. La atestación o firma de un Contador Público en
los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que
el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los
estatutarios en casos de personas jurídicas. Tratándose de balances, se
presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que
éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan
en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del
balance.

Parágrafo. Los Contadores Públicos, cuando otorguen fe pública en materia
contable, se asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones
penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades propias
de su profesión, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil que hubiere
lugar conforme a las leyes>>.

25.- Para la liquidación del daño emergente se tendrá en cuenta que:

25.1.- De acuerdo con el inventario, el valor total de los bienes que resultaron
destruidos era de ciento ochenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y siete
mil ochocientos setenta y ocho pesos ($185.487.878)26. Ese valor se actualizará
a valor presente con la siguiente fórmula financiera:

R = Rh x índice final
índice inicial

25.2.- Lo anterior significa que el valor presente del daño emergente (R) se
determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el valor del inventario para
el momento del daño, por el valor que resulte de dividir el índice final de precios
al consumidor (IPC) vigente a la fecha de la sentencia, sobre el índice inicial, que
es el IPC vigente para la fecha en que se causó el daño emergente.

R = $185.487.878 x 116,26 = $296.057.395,61
72,84

25.3.- Es decir, se reconocerá a favor del demandante Rafael Antonio Quintero
Petro la suma de doscientos noventa y seis millones cincuenta y siete mil
trescientos noventa y cinco pesos con sesenta y un centavos ($296.057.395,61)
por concepto de daño emergente.

25 Esta norma debe leerse en concordancia con los artículos 3º y 69 de la Ley 43 de 1990: <<Artículo 3º. La

inscripción como Contador Público se acreditará por medio de una tarjeta profesional que será expedida por
la Junta Central de Contadores (…)>>. <<Artículo 69. El certificado, opinión o dictamen expedido por un
Contador Público, deberá ser claro, preciso y ceñido estrictamente a la verdad>>.
26 En el inventario no aparecen productos que pueda presumirse que habrían perecido durante el tiempo

que transcurrió entre su elaboración y el incendio, ni se aportaron las fechas de vencimiento de los productos
de modo que la Sala excluya alguno de ellos de la indemnización del daño emergente.

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Radicado: 23001-23-31-000-2011-00328-01 (48220)
Demandante: Rafael Antonio Quintero Petro

ii) Lucro cesante

26.- El demandante pidió la indemnización de los ingresos dejados de percibir
por el establecimiento de comercio como consecuencia del incendio, que estimó
en cuarenta y dos millones de pesos ($42.000.000) mensuales. La Sala no
concederá esta indemnización porque el actor no demostró el perjuicio; solo
aportó certificaciones de algunos proveedores con los que tenía relaciones
comerciales27, pero estas no acreditan a cuánto ascendían los ingresos del
negocio antes de la emergencia y a cuánto disminuyeron después de ella.

iii) Perjuicios morales

27.- En la demanda se pidió la reparación de los perjuicios morales sufridos por
el demandante por el dolor y angustia como consecuencia del incendio, y porque
este le causó un estado de depresión severa. La Sala negará esta indemnización
por las siguientes razones:

27.1.- Para demostrar el dolor sufrido como consecuencia del daño el
demandante pidió los testimonios de varias personas, pero estos fueron negados
por el tribunal porque su petición no cumplió con los requisitos del artículo 219
del CPC28. El actor no recurrió esa decisión.

27.2.- El padecimiento psicológico descrito por el demandante podría llegar a
interpretarse como lo que esta Corporación ha denominado el daño a la salud.
Sin embargo, para demostrar ese trastorno depresivo solo se allegó una
certificación suscrita por quien dijo ser un médico neurólogo29, pero no explicó
qué valoraciones realizó del demandante ni cuáles fueron los fundamentos de su
diagnóstico. Por lo tanto, es insuficiente para demostrar el perjuicio.

I.- Costas

28.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

27 Fl. 68-73 c. 1.
28 Fl. 123 c. 1.
29 Fl. 100 c. 1.

10

Radicado: 23001-23-31-000-2011-00328-01 (48220)
Demandante: Rafael Antonio Quintero Petro

RESUELVE:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida 27 de junio de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión.

SEGUNDO: DECLÁRASE patrimonialmente responsables al MUNICIPIO DE
SAN PELAYO y a las EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SAN
PELAYO ESP por los perjuicios ocasionados con el incendio del inmueble donde
el demandante Rafael Antonio Quintero Petro operaba un establecimiento de
comercio.

TERCERO: CONDÉNASE solidariamente al MUNICIPIO DE SAN PELAYO y a
las EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SAN PELAYO ESP al pago de
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y UN
CENTAVOS ($296.057.395,61), por concepto de daño emergente a favor del
señor Rafael Antonio Quintero Petro.

CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: SIN CONDENA en costas.

SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178
del CCA.

SÉPTIMO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino
a las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP.

OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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