Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-31-000-2008-00400-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-31-000-2008-00400-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 54001-23-31-000-2008-00400-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: Nortesantandereana de Gas S.A. E.S.P. - NORGAS S.A. E.S.P. (en
adelante NORGAS S.A. E.S.P.)1
Demandada: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Código Contencioso
Administrativo.
Tesis: No procede la nulidad de los actos administrativos en tanto no se probó
ninguna de las causales invocadas para desvirtuar su presunción de legalidad.
La fijación de los costos de transporte que se adicionan al valor del GLP en las
localidades diferentes a aquellas en las que los grandes comercializadores
entregan el producto de manera directa, está sujeta a los principios tarifarios
establecidos en la Ley 142 de 1994, en especial, los principios de eficiencia
económica y suficiencia financiera establecidos en el artículo 7 de esta Ley.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 17 de
marzo de 2022, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
I. DEMANDA
1.1 Las pretensiones
1. La sociedad Nortesantandereana de Gas S.A. E.S.P. (en adelante la
1 Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai.
Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
demandante o NORGAS) presentó demanda contra la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante la demandada o SSPD) en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando lo siguiente a
título de pretensiones:
«PRIMERA: Solicito que se Declare Nulidad de la Resolución No.
20072400034225 del 19-11-2007 expediente No. 2005240000344, proferida
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de la
cual se impuso una sanción a NORGAS S.A E.S.P.
SEGUNDA: Así mismo, solicito que se Declare Nulidad de la Resolución SSPD
No 20082400014605 del 20-05-2008, expediente No 2005240000344,
proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por
medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por NORGAS
SA E.S.P contra la Resolución SSPD No. 20072400034225 del 19-11-2007 y
se confirmó la sanción impuesta a ella.
TERCERA: Como consecuencia de las anteriores nulidades solicito que a título
de restablecimiento del derecho de la empresa NORGAS S.A E.S.P., en caso
de que haya cancelado la multa impuesta como sanción, se ordene a la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
devolución de lo indebidamente pagado de manera indexada y los respectivos
intereses debidos por dicha suma, como consecuencia del lucro cesante.
CUARTA: Se dé cumplimiento a la sentencia dentro de las previsiones y
términos contenidos en los Artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.»2.
2. A través del documento de adición y corrección de la demanda NORGAS
corrigió la pretensión tercera así:
“TERCERA: Como consecuencia de las anteriores nulidades, a título de
restablecimiento del derecho se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS devolver a la empresa
NORTESANDANDEREANA DE GAS “NORGAS S.A. E.S.P”, la suma de
DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIEN
PESOS M/CTE ($218.151.100,00) debidamente indexados, más los
respectivos intereses por dicha suma a título de lucro cesante”.
1.2 Los actos demandados
3. Las decisiones objeto de impugnación corresponden a los siguientes actos
administrativos:
2 Cfr.
índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo denominado: «CUADERNO No. 1
FOLIOS 1 AL 200(.pdf)». Pág. 9.
2
Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
3.1. La Resolución núm. SSPD-20072400034225 del 19 de noviembre de 2007,
«Por la cual se sanciona una Empresa de Servicios Públicos» expedida por
el Superintendente Delegado para Energía y Gas que en su parte resolutiva
señaló:
«ARTICULO PRIMERO.- Imponer sanción pecuniaria a la empresa NORGAS
S.A. E.S.P., por un valor de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y UN MIL CIEN PESOS moneda legal colombiana
($218.151.100.00), la cual se hará efectiva en el término de diez (10) días
hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta Resolución, por lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia […]»3.
3.2. La Resolución núm. SSPD-20082400014605 del 20 de mayo de 2008, «Por
la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por una Empresa de
Servicios Públicos» expedida por el Superintendente Delegado para Energía
y Gas, que dispuso:
«Artículo primero: CONFIRMAR en su integridad la Resolución SSPD No.
20072400034225 del 19 de noviembre de 2007, expedida por el
Superintendente Delegado para Energía y Gas de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia […]»4.
1.3 Presupuestos fácticos
4. Indicó que el 15 de julio de 2005 la Dirección Técnica de Gestión de Gas
Combustible de la SSPD le hizo un requerimiento a NORGAS en cumplimiento de
lo dispuesto en la Resolución CREG 083 de 1997, con el fin de que facilitara
información sobre las tarifas establecidas en distintas anualidades. La demandante
envió los documentos requeridos el 25 de julio de 2005.
5. Señaló que la Dirección Técnica de Gestión de Gas Combustible de la SSPD
realizó un estudio detallado de las tarifas que fue incluido en el Informe Técnico de
Gestión núm. ITG 2005-64.
6. Argumentó que con fundamento en el mencionado informe técnico la
3 Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: «CUADERNO No. 1
FOLIOS 1 AL 200(.pdf) ». Pág. 42.
4 Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: «CUADERNO No. 1
FOLIOS 1 AL 200(.pdf) ». Pág. 65.
3
Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
demandada inició una investigación contra NORGAS dentro de la cual le formuló
pliego de cargos por la presunta violación a la norma del régimen tarifario
establecida en el artículo 10 de la Resolución CREG 083 de 1997, en relación con
los costos de transporte correspondientes a los años 2004 y 2005.
7. Explicó que la SSPD en la formulación de los cargos consideró que en las
tarifas que NORGAS publicó para los años 2004 y 2005 no se reflejaron los costos
reales de transporte en los que incurrió la empresa durante ese período para
transportar el Gas Licuado de Petróleo - GLP desde Bucaramanga hasta Cúcuta.
8. Adujo que la SSPD sustentó su análisis en una metodología propia que utilizó
para el cálculo de los costos de transporte que no estaba prevista en ninguna
disposición que fuera de obligatorio cumplimiento.
9. Aseguró que el 15 de agosto de 2006 NORGAS respondió el pliego de cargos
indicando que el artículo 10 de la Resolución CREG 083 de 1997 simplemente
establecía que a los precios resultantes de la aplicación de la metodología fijada en
dicha regulación se debía adicionar el costo de transporte resultante de las
condiciones propias de cada empresa.
10. Señaló que no había una metodología establecida y que fuera de obligatorio
cumplimiento para calcular y fijar los costos de transporte, por lo cual no era
procedente establecer puntos de comparación respecto de esta clase de costos
entre una empresa u otra o en relación con una ciudad diferente a Cúcuta.
11. Insistió en que la SSPD no podía sancionar con base en metodologías
elegidas a su arbitrio y que no consideraran la realidad de cada empresa.
12. Concluyó que actuar en contravía de lo anterior era entrar a sancionar una
conducta en la que expresamente se le había dado libertad al regulado y en relación
con la que solo podía exigírsele que los costos de transporte fueran proporcionales
sin estar desfasados.
13. Sostuvo que con posterioridad a la apertura de investigación y a la
contestación de los cargos, la SSPD decretó una inspección administrativa en las
instalaciones de NORGAS para recolectar el supuesto acervo probatorio necesario
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para decidir acerca de la situación de la empresa; sin embargo, dicha autoridad no
revisó las metodologías que NORGAS utilizó para el cálculo de la tarifa de
transporte que debía adicionar como exigencia de la Resolución CREG 083 de
1997 sino que se limitó a aplicar una metodología propia.
14. Afirmó que la SSPD a través de la Resolución núm. SSPD-20072400034225
del 19 de noviembre de 2007 le impuso a NORGAS una sanción pecuniaria por
violación de lo dispuesto en el literal b) del artículo 10 de la Resolución CREG 083
de 1997.
15. Expuso que el día 17 de enero de 2008 NORGAS interpuso recurso de
reposición contra la anterior resolución y solicitó una inspección judicial y la
recepción de unos testimonios para demostrar que la SSPD había incurrido en un
grave error cuando estimó los costos de transporte.
16. Manifestó que la SSPD mediante Resolución núm. SSPD-2007
20082400014605 del 20 de mayo de 2008 desestimó todos los argumentos de
defensa expuestos por NORGAS, negó la práctica de las pruebas que había
solicitado la empresa y confirmó la resolución de sanción.
17. Posteriormente, dentro de la adición de la demanda agregó que el Pliego de
Cargos fue formulado el 27 de julio de 2006 con fundamento en el capítulo II el
Título VII de la Ley 142 de 1994, los descargos contestados el día 15 de agosto de
2006 y la sanción fue impuesta el 19 de noviembre de 2007, esto es, más de un
año después de la formulación del pliego.
1.4 Normas violadas
18. El demandante señaló en la demanda y en la adición a la misma que con los
actos acusados se infringieron los artículos 29, 367 y 370 de la Constitución Política;
el literal b) del artículo 10 de la Resolución CREG 083 de 19975; los artículos 108 y
5 «Por la cual se establece la fórmula general de costos y las fórmulas tarifarias de las actividades
de los comercializadores mayoristas y distribuidores de los gases licuados del petróleo (GLP), y se
dictan otras disposiciones».
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111 de la Ley 142 de 19946 y los artículos 35 y 84 del C.C.A.
1.5 Concepto de la Violación
1.5.1 Primer cargo. Violación del debido proceso y del principio de legalidad
19. Afirmó que la SSPD violó el derecho al debido proceso y el principio de
legalidad que hace parte del mismo, en tanto la norma que señaló como infringida,
esto es, el literal b) del artículo 10 de la Resolución CREG 083 de 1997, establece
una especie de libertad vigilada para que los distribuidores de Gas Licuado del
Petróleo (en adelante GLP) en aquellos municipios donde no existe suministro
directo de los grandes comercializadores, puedan incluir dentro del precio al usuario
final el costo del transporte desde la localidad terminal (esto es aquella donde llega
de manera directa el gran comercializador) hasta el destino final, sin que exista una
metodología o esquema tarifario impuesto legalmente.
20. Enfatizó en que cada distribuidor del GLP construye su propia estructura de
costos de transporte ya que dichas tarifas no están sujetas a una metodología
particular, contrario por ejemplo, a lo que ocurre con el gas natural que tiene una
regulación expresa en cuanto al costo del transporte o flete por tratarse de un
monopolio natural.
21. Agregó que “[…] la regulación normativa indica que el precio del GLP al
usuario final en las localidades no terminadas, contempla de un lado el resultado
de aplicar las fórmulas de la Resolución 083 y, del otro el costos (sic) del transporte
de cada agente sin que PREVIAMENTE definida la forma específica como se debe
calcular este último elemento, y sin que “motu proprio” o discrecional pueda entrar
la Superintendencia a fijar a “POSTERIORI” la forma específica como se debe
calcular este último elemento”.
22. Con fundamento en lo anterior, aseguró que la conducta que la SSPD le
reprochó a NORGAS no cumplía con el requisito de tipicidad en tanto no estaba
señalada en norma alguna para la fecha en la que ocurrieron los hechos, como
tampoco existía una norma que fijara una metodología puntual para el cálculo del
6 «Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones».
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valor del flete.
23. Así las cosas, sostuvo que lo señalado en los actos acusados en el sentido de
que el costo del transporte estaba condicionado a los “costos reales que se generen
del mismo”, no correspondía con la realidad normativa preexistente para la fecha
de ocurrencia de los hechos, con lo cual era evidente que la parte demandada había
vulnerado el principio de legalidad.
24. Arguyó que no existe ni puede existir una norma que establezca que el flete
está condicionado a los “costos reales que se generen del mismo”, por cuanto los
fletes deben ser publicados por obligación legal de manera previa a su causación,
lo que implica que su cálculo corresponde a un ejercicio de aproximación que está
sujeto a variables cambiantes que imposibilitan el registro de los costos de
transporte de manera exacta en la contabilidad de cualquier sociedad, entre ellas,
NORGAS.
25. Sostuvo que NORGAS publicó en el año 2004 los costos del transporte o el
flete máximo aplicable en cumplimiento a lo normado y de manera previa al año de
su causación, esto es 2005, por lo que estas tarifas fueron el resultado de un
ejercicio de aproximación realizado con la información de la cual disponía NORGAS
en ese momento y atendiendo sus particularidades logísticas y operativas.
26. Explicó que NORGAS cobró únicamente los costos en que efectivamente
incurrió, los cuales incluso fueron inferiores a los publicados y calculados por la
SSPD.
27. Recalco que la SSPD creó una metodología de cálculo posterior a la fecha en
la que NORGAS publicó sus costos de transporte y que ejerció sus potestades de
inspección, vigilancia y control con fundamento en ello, en clara violación del debido
proceso y del principio de legalidad porque calificó la conducta de NORGAS con
base en parámetros que esta no conocía y que no le eran exigibles.
28. Sostuvo que en el propio Informe Técnico de Gestión ITG-2005-64 sobre la
evaluación de los fletes aplicados por los prestadores que adelantan la distribución
de GLP, se reconoció que no existe una regulación específica que determine el
costo de los fletes o indique una metodología para su cálculo.
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Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
29. Debido a lo anterior, adujo que el Informe Técnico de Gestión ITG-2005-64 se
construyó con fundamento en un esquema comparativo que presentó entre otras
las siguientes deficiencias técnicas y valorativas:
30.1. Utilizó como factor de comparación para determinar el aumento del valor del
flete, el porcentaje de incremento que sufren los costos en el transporte para carga
común establecidos por el Ministerio de Transporte, con lo cual desconoció las
particularidades del transporte de GLP o de los cilindros de gas. Afirmó que el
transporte de GLP es especial porque, por ejemplo, el vehículo que descarga tiene
que retornar a su punto de origen vacío y por lo tanto el flete necesariamente debe
incluir los dos trayectos.
29.1. Realizó la estimación de los fletes tomando como referente la ruta de Marinilla-
Medellín y no Bucaramanga-Cúcuta, es decir, que tomó como referencia puntos o
trayectos no comparables.
29.2. Contrarió las recomendaciones del Ministerio de Transporte que señalan que
las comparaciones para establecer el costo de transporte para carga común deben
hacerse con la ruta de referencia cuyo origen y destino sea el más cercano a aquel
cuyos costos intentan definirse.
29.3. Incurrió en graves errores al hacer la comparación con los costos de
transporte de otros prestadores como la empresa GAS PAIS S.A. y al tener como
correctos los valores reportados por ellas, que en caso de ser ciertos implicarían
que los insumos como combustible, llantas, peajes y salarios habrían sufrido una
disminución del 65% en el periodo comprendido entre 2004 y 2005.
29.4. Igualmente se equivocó al considerar como válidos los gastos unitarios
reportados por GAS ROSARIO, los cuales no son coincidentes con la información
de su facturación.
29.5. Erró en el cálculo por tonelada de GLP en tanto solo tuvo en cuenta el peso
del gas, pero no las características del producto, las cuales determinan que la
capacidad de carga del vehículo no solo comprende el transporte del producto sino
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del tanque cisterna que lo contiene, por lo que las cifras utilizadas carecerían de
rigor técnico.
29.6. Desconoció que el transporte de GLP es un transporte especializado de
sustancia peligrosa y, en consecuencia, que se trata de una carga que requiere de
sistemas especializados, GPS, escoltas, entre otros adicionales y que además
debe cumplir con unos horarios restringidos para circular.
29.7. Ignoró que la ruta Bucaramanga – Cúcuta tiene unas condiciones de orden
público muy especiales, que representan costos que no son necesarios en otras
rutas. Además, dicho informe dejó de lado el estado de las carreteras a nivel
nacional.
29.8. Se equivocó al considerar los fletes reconocidos por Ecopetrol como referente
toda vez que estos se refieren a rutas diferentes a la que estaba siendo objeto de
investigación.
30. En síntesis, concluyó que el Informe Técnico de Gestión ITG-2005-64 tenía
graves errores que condujeron a la SSPD a abrir una investigación por hechos
carentes de soporte y que en todo caso no permitían la determinación del costo
efectivo del flete en la vía Bucaramanga – Cúcuta.
31. De otra parte, alegó que la contabilidad de NORGAS estaba estructurada de
acuerdo con los principios contables y que la misma no estaba subordinada a la
creación de centros de costos específicos para los fletes del GLP.
32. Precisó que los costos de transporte no se establecen con criterios pura o
exclusivamente contables sino con criterios económicos distintos que no pueden
registrarse en la contabilidad con total exactitud, dado que la publicación de dichos
costos es previa a su causación y después de ella pueden ocurrir vicisitudes como
situaciones de orden público, estado de las vías, diseño de carreteras, o bien la
imposibilidad de asimilar el transporte de gas a otras formas de transporte de carga
etc. que generen modificación de los valores indicados inicialmente.
1.5.2 Segundo cargo: Violación del debido proceso especialmente en el
elemento integrador como es el derecho de defensa.
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33. Insistió que lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución CREG 083 de 1997
según el cual “[…] los precios del GLP serán fijados por lo distribuidores,
adicionando el costo del transporte a los precios que resulten de la aplicación de
las fórmulas establecidas en el artículo anterior […]”, simplemente lo que hace es
sujetar el precio del GLP a las fórmulas establecidas por la CREG y deja en libertad
a las empresas distribuidoras para que fijen el precio del transporte, lo que
claramente evidencia la existencia de régimen de libertad vigilada.
34. Arguyó que la SSPD violó el derecho de defensa porque no tuvo en cuenta
los medios probatorios que le fueron solicitados (con el recurso de reposición) y en
cambio sí practicó pruebas según su arbitrio. En particular, señaló que la entidad
no analizó ni revisó los argumentos de defensa que a su vez estaban fundados en
pruebas que exponían las metodologías usadas por la empresa para el cálculo de
las tarifas del transporte del GLP de los años 2004-2005.
1.5.3 Tercer cargo: Falsa motivación
35. Manifestó que la SSPD incurrió en falsa motivación porque no realizó una
“operación razonable” del contexto que envolvía a NORGAS en el momento de
imposición de la sanción y por esta razón la calificación jurídica que le dio a su
situación fue errada.
36. Adujo que se configuró la falsa motivación en tanto la SSPD consideró que el
literal b) del artículo 10 de la Resolución CREG 083 de 1997 imponía restricciones
a los costos de transporte que podían incluir el distribuidor e incluso que algunos
de ellos estaban excluidos, haciéndole decir a la norma algo que ella no expresa,
con lo cual también vulneró el principio de legalidad.
37. Contrario a lo indicado por la SSPD, reiteró que la norma utilizada como
fundamento del proceso y de la sanción impuesta a NORGAS [literal b) del artículo
10 de la Resolución CREG 083 de 1997] en realidad dejaba en libertad a las
empresas distribuidoras respecto de la tasación de los fletes de transporte sin
imponer ninguna clase de restricción o exclusión.
38. Añadió que existió falsa motivación en tanto el acto sancionatorio no se fundó
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Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
en razones objetivas y considerando los hechos ocurridos, como quiera que no se
tuvieron en cuenta las pruebas que demostraban los argumentos a favor de
NORGAS.
39. Aseveró que existió falsa motivación en tanto la sanción que impuso la SSPD
carecía de una causa jurídica que la justificara, pues la metodología para el cálculo
del costo de transporte que aplicó la SSPD no era vinculante legalmente en la
medida en que no estaba consignada en la norma.
40. Adicionalmente, argumentó que la SSPD debió haber analizado la información
suministrada por NORGAS con posterioridad a la publicación de las tarifas, a fin de
corroborar que los métodos usados por la empresa no fueran irregulares o
fraudulentos.
1.5.4 Cargo planteado en la adición de la demanda7: Capítulo II del Título VII
de la Ley 142 de 1994, artículos 106 a 115, especialmente el artículo 111.
41. Aseguró que la demandada profirió el pliego de cargos el 27 julio de 2006 y
sólo finalizó la actuación administrativa con la Resolución de sanción núm. SSPD-
20072400034225 del 19 de noviembre de 2007, con lo cual es evidente que
transcurrieron más de cinco (5) meses entre las dos actuaciones y en esta medida
la sanción fue expedida de manera extemporánea y sin competencia para ello
según lo estipulado por el artículo 111 de la Ley 142 de 1994.
42. Recalcó que de acuerdo con el pliego de cargos la investigación en contra de
NORGAS se inició atendiendo lo dispuesto en el capítulo II del título VII de la Ley
142 de 1994, que se refiere a los procedimientos administrativos para actos
unilaterales e indica que el término para proferir el acto que pone fin a la actuación
es de cinco (5) meses contados desde el día siguiente a aquel en el que se hayan
hecho las primeras citaciones o publicaciones.
43. De acuerdo con lo anterior, insistió que habiendo presentado NORGAS sus
descargos el 15 de agosto de 2006, de acuerdo con el artículo 108 de la Ley 142
7 Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: «CUADERNO No. 1
FOLIOS 1 AL 200(.pdf)». Folios 170 -178.
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de 1994, la SSPD debía decretar las pruebas dentro del mes siguiente al día en
que hizo la primera citación y, conforme lo dispone el artículo 111 ejusdem, tenía
cinco (5) meses para poner fin a la actuación administrativa contados desde el
momento ya descrito. No obstante lo anterior, la SSPD no atendió estos términos
en la presente actuación administrativa.
44. Concluyó que a pesar de lo indicado en las normas mencionadas la SSPD
adoptó la decisión de manera extemporánea en más de un año, esto es, el 19 de
noviembre de 2007, cuando expidió la Resolución de sanción núm. SSPD-
20072400034225.
1.5.5 Cargo formulado en la adición de la demanda: Violación de los artículos
29 de la Constitución Política y del capítulo VIII del C.C.A.,
especialmente de los artículos 34 y 35
45. Señaló que la SSPD no acató lo dispuesto en el artículo 29 de la C.P ni lo
establecido en el capítulo VII del C.C.A. especialmente en sus artículos 34 y 35 y
demás normas que establecen los requisitos para proferir una decisión.
46. Indicó que la SSPD no le otorgó a NORGAS la oportunidad procesal para
expresar sus opiniones a través de los alegatos de conclusión, esto es, el derecho
a presentar un análisis integral de la argumentación jurídica y probatoria de manera
articulada y sistemática sobre el caso concreto.
47. Resaltó que de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en las
sentencias C-107 de 2004 y C-540 de 1997 la oportunidad para presentar alegatos
resulta vital y hace parte integral del debido proceso.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
48. La parte demandada contestó la demanda8, se opuso a las pretensiones de
NORGAS y formuló las excepciones correspondientes.
49. En su contestación la SSPD realizó algunas consideraciones generales sobre
8 Cfr.
Índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo denominado: «CUADERNO No. 1
FOLIOS 1 AL 200 (.pdf)». Folios 156 – 166.
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Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento (artículo 84 y 85 del C.C.A.)
que generaron que la numeración de los cargos hecha en ese documento no se
corresponda exactamente con la demanda.
50. En razón de lo anterior, se precisa que a continuación se abordarán los
argumentos de la demandada bajo el título asignado por ella en su contestación:
2.1. Procedencia de la demanda respecto de la acción consagrada en los
artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo
51. Indicó que la demanda no cumplió con las exigencias establecidas en el
artículo 137 del C.C.A., en tanto en ella no se indicaron con claridad las normas
vulneradas ni el concepto de la violación.
52. Explicó que el cargo basado en la “infracción a las normas en que debería
haberse fundado el acto administrativo” en realidad termina por incorporar la
totalidad de la base normativa y conceptual de principios y valores aplicables a cada
acto administrativo en el ordenamiento colombiano, sin ser claras las normas
supuestamente infringidas.
53. Afirmó que cualquiera sea la causal de nulidad del acto administrativo que se
invoque, el demandante debe precisar su alcance porque de lo contrario puede
entenderse de manera tan general que terminaría por abarcar el ordenamiento
jurídico en su totalidad, Al respecto precisó que “[…] el accionante no es claro en
establecer bajo que (sic) causal o casuales se basa su demanda, ya que en todo el
recorrido de este punto se dedica a trascribir estos artículos sin demostrar
jurídicamente la previa configuración de algunas de ellas en relación con los actos
demandados […]”.
2.2. Violación de los artículos 29, 367 y 370 de la Constitución Nacional al
principio de legalidad
54. Reiteró que en la demanda no existe claridad sobre la manera en que los actos
demandados supuestamente transgredieron diversas normas constitucionales, es
decir, que no se expuso un verdadero concepto de violación en los términos
exigidos en el numeral 4 del artículo 137 del C.C.A.
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Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
55. Señaló que la SSPD no transgredió ni el derecho de defensa ni el debido
proceso por cuanto en el curso de la actuación administrativa NORGAS pudo
ejercer estos derechos presentando descargos, aportando y solicitando pruebas e
interponiendo los recursos de ley.
56. Indicó que no infringió el principio de legalidad por cuanto no desconoció lo
dispuesto por el regulador, pues simplemente lo que hizo fue aplicar una
metodología para calcular los costos de transporte y a través de ello constató que
el valor del flete que la demandante publicó y aplicó no correspondía a los costos
reales que tuvo que asumir esa empresa por concepto de la actividad de transporte.
57. Declaró que en el curso de la investigación encontró que la demandante
calculó los costos de transporte para el año 2005 de manera concordante con los
publicados y aplicados en ese período; sin embargo, para el año 2004 encontró que
los costos de transporte reales fueron inferiores a los publicados y aplicados, por lo
cual a NORGAS solo se le sancionó frente a esta anualidad.
58. Aseguró que no se violó el derecho de defensa de la demandante porque
durante la actuación se le respetaron sus garantías constitucionales y legales.
Precisó que fue necesario practicar una inspección administrativa en la sede de
NORGAS con el objeto de buscar y obtener un mayor acervo probatorio, dado que
la empresa aportó información muy escasa, sin que ello hubiera supuesto una
vulneración sus derechos fundamentales.
59. Aseveró que, aunque la formula tarifaria establecida por la CREG permite que
en efecto el distribuidor adicione el costo del transporte al valor del GLP, ello no
significa que este último valor se puede establecer de manera arbitraria, pues tal y
como lo ordena la regulación, estos costos deben estar debidamente sustentados.
60. Concluyó que la demandante no justificó ni en la investigación ni en la
demanda el incremento de las tarifas del costo de transporte para el año 2004.
61. Finalmente, afirmó que el régimen tarifario de libertad regulada establecido
por la CREG incorpora la aplicación de los principios de eficiencia económica y
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Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
suficiencia financiera establecidos en el artículo 7 de la Ley 142 de 1994.
2.3. Violación del debido proceso especialmente en su elemento integrador,
como lo es el derecho de defensa
62. Afirmó que no se desconoció el derecho de defensa ya que el artículo 108 de
la Ley 142 de 1994 no obliga al funcionario competente a decretar pruebas. Recalcó
que los artículos 35 y 59 del C.C.A. indican que una vez agotada la práctica de
pruebas el funcionario debe decidir siempre de manera motivada, para lo cual
deberá tener en cuenta los aspectos de derecho, los aspectos de hecho e incluso
aspectos de conveniencia, de ser el caso.
63. Indicó que ante la escasa información que fue aportada por la demandante en
respuesta a los requerimientos de la SSPD, fue necesario practicar una inspección
administrativa en la sede de NORGAS con el objeto de buscar material probatorio.
64. Enfatizó que el acto sancionatorio se basó en la documentación y en las
pruebas que obraban en el expediente, así como en el concepto técnico y en la
investigación realizada por la Dirección Técnica de Gestión de Gas y Combustible.
2.4. Falsa motivación
65. Sostuvo que ante la alegación de falsa motivación por proferir un acto
sancionatorio sin contar con elementos probatorios para ello o de manera contraria
a los elementos aportados por NORGAS, bastan los argumentos de defensa ya
expuestos en los numerales anteriores para afirmar que tampoco resultaría
procedente este cargo.
2.5. Contestación al cargo planteado en la adición de la demanda: violación
de los artículos 108 y 111 de la Ley 142 de 1994
66. Indicó que la demandante interpretó de manera errónea el artículo 111 de la
Ley 142 de 1994, pues esta norma remite a su vez al artículo 108 ibidem, lo que
significa que el término de cinco (5) meses debe contarse con referencia o
considerando lo dispuesto en la segunda disposición. En consecuencia, el término
de cinco (5) meses debe empezar a computarse desde que se profiere el auto de
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Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
pruebas y no desde los descargos.
67. Señaló que, mediante auto de 9 de abril de 2007, la SSPD decretó la prueba
de inspección administrativa y, posteriormente, a través de comunicación núm.
20072400470401 de 4 de octubre de 2007 corrió traslado a NORGAS del Informe
Técnico elaborado en relación con los costos de transporte para 2004 y 2005. Indicó
que NORGAS se pronunció frente a dicho Informe presentando sus argumentos de
inconformidad el 11 de octubre de 2007, lo cual significa que para el mes de octubre
del año 2007 no había concluido la etapa probatoria.
68. Precisó que la resolución de sanción se expidió el 19 de noviembre de 2007,
cuando tan sólo había transcurrido un mes desde que se concluyó la etapa
probatoria, de manera que el acto con el que finalizó la actuación administrativa se
produjo dentro del término.
69. Advirtió además que sobre este hecho la demandante no agotó la vía
gubernativa porque no incluyó la inconformidad en el recurso de reposición que dio
origen al segundo acto acusado.
2.6. Cargo propuesto en la adición de la demanda: Violación del artículo 35
del C.C.A.
70. Argumentó que no violó el artículo 35 del C.C.A. porque el procedimiento que
se tramitó fue en sede administrativa y no judicial y en aquella no existe la figura
procesal de los alegatos de conclusión.
71. Reiteró que se dio traslado a NORGAS de la comunicación No.
20072400470401 del 4 de octubre de 2007 y que frente a lo allí señalado la
empresa se pronunció a través de comunicación del 11 de octubre de 2007.
72. Además, recordó que la SSPD se basó en las pruebas y en la documentación
que obra en el expediente de la actuación administrativa, e igualmente en el
concepto técnico y en la investigación realizada por la Dirección Técnica de Gas y
Combustible.
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2.7. Excepciones
73. La SSPD formuló las siguientes excepciones i) Inepta demanda por cuanto el
demandante no expuso con claridad las causales de nulidad ni el concepto de la
violación; ii) legalidad e inexistencia de violación de normas superiores con la
expedición de los actos acusados; iii) falta de causa petendi por no presentar el
concepto de violación de las normas superiores; y iv) falta de agotamiento de la vía
gubernativa respecto de la supuesta violación al artículo 111 de la Ley 142 de 1994.
74. Fundó la excepción de inepta demanda en el hecho de que la demandante no
precisó los cargos formulados, es especial no indicó las normas superiores que se
habrían desconocido o vulnerado con los actos demandados. Adujo que el actor se
limitó a enunciar normas de rango constitucional sin hacer una valoración que
permita establecer con claridad por qué razón los actos demandados vulneran esas
disposiciones, transgrediendo de esta manera lo dispuesto en el numeral 4 del
artículo 137 del C.C.A.
75. Sobre la inexistencia de la violación de normas superiores con la expedición
de los actos acusados reiteró los argumentos de defensa expuestos frente a los
cargos de violación, para concluir que “[…] no existe violación por parte del acto
administrativo sobre las normas citadas por el actor”.
76. En relación con la falta de causa petendi precisó que no existiendo violación
alguna por parte de los actos acusados por sustracción de materia no hay causa
alguna que sustente las pretensiones de la demanda.
77. En la contestación a la adición de la demanda la SSPD propuso la excepción
de falta de agotamiento de la vía gubernativa indicando que no resulta aceptable
que a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se discutan
hechos que no fueron objeto de controversia en sede administrativa por cuanto
respecto de ellas la Entidad pública no tuvo la oportunidad de revisar, enmendar o
corregir sus propios actos.
78. Finalmente invocó la excepción de inexistencia de la violación por parte de los
actos administrativos No. 20072400034195 de 19 de noviembre de 2007 y No.
20082400015165 del 27 de mayo de 2008.
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Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
79. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia
proferida el 17 de marzo de 20229, resolvió:
«PRIMERO: Niéguense las pretensiones de la demanda instaurada
por NORGAS SA ESP contra la Superintendencia de Servicios Públicos,
conforme lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas […]».
3.1. Primer cargo de la demanda: Infringir normas en las que debió
fundarse-violación del debido proceso frente al principio de legalidad
80. El a quo consideró que no se infringió la norma del debido proceso ni el
principio de legalidad.
81. Indicó que si bien el literal b) del artículo 10 de la Resolución CREG 083 de
1997 establece que al precio del Gas Licuado de Petróleo - GLP se debe adicionar
el costo del transporte sin que exista una metodología específica para el cálculo de
este flete, esto no era una razón suficiente para que la demandante reportara a la
SSPD unos valores diferentes a los reales sin motivación alguna.
82. Indicó que la SSPD ni en el curso de la actuación administrativa ni en sede
judicial le pidió a NORGAS que los costos del transporte del GLP fueran calculados
conforme a lo indicado por alguna norma, pues en realidad lo que se le requirió fue
que la información dada a la entidad de inspección, vigilancia y control gozara de
veracidad y correspondiera con los costos reales en que hubiese incurrido la
empresa.
3.2. Segundo cargo de la demanda: Desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa-violación del debido proceso
83. Consideró que en el presente asunto no se desconoció el derecho de defensa
9 índice núm. 2 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: «CUADERNO No. FOLIOS
201 AL 320(.pdf)». Págs. 118-141.
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Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
porque durante la actuación administrativa la demandante tuvo conocimiento de
todas las actuaciones, aportó y solicitó pruebas, tal y como consta en los
antecedentes del acto administrativo.
84. Adicionalmente, aseveró que no se violó el debido proceso por haberse
decretado una inspección administrativa en la sede de la demandante, pues esta
prueba hacía parte del procedimiento administrativo y en desarrollo de ella se
recogió material probatorio, teniendo en cuenta que la demandante aportó
información muy escasa.
3.3. Tercer cargo de la demanda: Falsa motivación
85. Estimó que el cargo de falsa motivación de los actos acusados no tenía
vocación de prosperar por lo mismo que se dijo anteriormente frente al cargo de
"Violación del derecho al debido proceso y especialmente al principio de legalidad”,
toda vez que la demandada nunca le exigió a la demandante que el cálculo del
costo del transporte del GLP se hiciera de una forma determinada o bajo una
metodología específica, lo exigido por la SSPD fue que el costo fuese proporcional
y que el dato emitido o publicado fuera veraz.
86. Indicó que los motivos de hecho y de derecho invocados en los actos
demandados se ajustaron a la realidad y en todo caso que el demandante no probó
que las consideraciones que adujo la SSPD para sancionar no hubiesen existido o
fuesen falsas.
87. En consecuencia, concluyó que la decisión de sancionar no fue caprichosa,
sino que está fundamentada en unas circunstancias de hecho y de derecho que la
parte actora no logró desvirtuar.
3.4. Cargo planteado en la adición de la demanda: Capítulo II del Título VII
de la Ley 142 de 1994, artículos 106 a 115, especialmente artículo 111
88. En relación con este cargo, el a quo declaró probada la excepción de falta de
agotamiento de la vía gubernativa que formuló la demandada. Para el Tribunal dado
que el argumento sobre la violación del artículo 111 de la Ley 142 de 1994 no fue
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Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
propuesto en el recurso de reposición no era viable alegarlo de manera
extemporánea ante la jurisdicción, en tanto no haberlo propuesto en la vía
gubernativa habría impedido a la administración revisar, enmendar o corregir sus
propios actos.
89. Finalmente estimó que con los actos acusados no se vulneraron las normas
superiores citadas por la demandante.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
90. La parte demandante interpuso y sustentó el recurso de apelación contra la
sentencia proferida en primera instancia el 17 de marzo de 2022.
91. Discrepó del análisis que condujo al Tribunal a declarar la prosperidad de la
excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa con relación a la violación
del artículo 111 de la Ley 142 de 1994, teniendo en cuenta que en la demanda y/o
en la corrección de la misma se pueden plantear mejores o nuevos argumentos y
fundamentos de derecho respecto de los formulados en los recursos interpuestos
en la vía gubernativa.
92. En este orden, aseguró que el Tribunal debió estudiar el cargo de nulidad
esgrimido en la corrección de la demanda relacionado con la violación del artículo
111 de la ley 142 de 1994.
93. Consideró que el a quo no analizó en debida forma las causales de nulidad
expuestas en el libelo demandatorio y en consecuencia procedió a reiterar los
argumentos que demuestran «[…] que los actos demandados se profirieron en
forma irregular, vulnerando las normas de las cuales debían fundarse violando el
debido proceso al proferir una decisión cuando ya no tenía competencia para ello,
y con una clara falsa motivación […]»10.
V. ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
10 índice núm. 2 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: «CUADERNO No. FOLIOS
201 AL 320(.pdf)». Págs. 144-145; 146-147.
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Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
94. El Despacho sustanciador mediante auto de 17 de agosto de 202211, admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida en primera instancia el 17 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander.
95. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación, el Despacho
Sustanciador mediante auto proferido el 5 de febrero de 202412, corrió traslado a
las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emitiera el concepto.
VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
96. La parte demandante13 reiteró su inconformidad con la sentencia de primera
instancia respecto a la prosperidad de la excepción de falta de agotamiento de la
vía gubernativa con relación a la violación del artículo 111 de la Ley 142 de 1994,
pues en su criterio en la corrección de la demanda se podían plantear mejores o
nuevos argumentos y fundamentos de derecho respecto de los que se hubieren
planteado en el trámite de los recursos interpuestos en la vía gubernativa.
97. Consideró que no se analizaron en debida forma las causales de nulidad
expuestas en el libelo demandatorio y por ello manifestó su insistencia en cada uno
de los argumentos esgrimido en la demanda.
98. La parte demandada no se pronunció en esta oportunidad procesal.
VII. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
99. El Agente del Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad
procesal14.
11 Cfr. índice 4 del expediente digital de Samai.
12 Cfr. índice 12 del expediente digital de Samai.
13 Cfr. índice 16 del expediente digital de Samai.
14 Cfr. índice 17 del expediente digital de Samai.
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Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
100. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
así como de lo ordenado en los artículos 129 y 132 (numeral 3) del C.C.A. y en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 201915, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
101. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala
a decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.
8.2. Alcance del recurso de apelación
102. En el recurso de alzada la demandante manifestó su oposición a la decisión
del a quo en cuanto (i) declaró procedente la excepción de falta de agotamiento de
la vía gubernativa respecto de la supuesta violación al artículo 111 de la Ley 142
de 1994 y (ii) no analizó en debida forma las causales de nulidad expuestas en la
demanda.
103. Concretamente en relación con este segundo punto el recurrente manifestó
literalmente lo siguiente:
“Igualmente considero que no se analizaron en debida forma las causales de
nulidad expuestas en libelo demandatorio, por ello reitero cada argumento
esgrimiendo (sic) en los cuales se esbozó claramente que los actos
demandados se profirieron en forma irregular, vulnerando las normas de las
cuales debían fundarse violando el debido proceso al preferir (sic) una decisión
cuando ya no tenía competencia para ello, y con una clara falsa motivación ya
señalado en el escrito de demanda”.
104. En este orden de cosas, la Sala estima necesario valorar si en los términos en
que fue formulado el recurso de apelación resulta procedente abordar el estudio de
fondo de este o por el contrario debe estarse a lo decidió por el a quo.
105. Al respecto es preciso destacar que la jurisprudencia de la Sección ha sido
reiterativa en señalar que no hay lugar a tramitar el recurso de apelación cuando el
15 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
recurrente no ha expresado de manera clara y precisa los argumentos o motivos
de su inconformidad con el fallo, esto es, las razones por los cuales estima que la
decisión adoptada por el juez de primera instancia adolece de errores o falencias
que conducen o hacen necesario que deba ser revocada. En otros términos, es
necesario que quien interpone el recurso cumpla con la carga de exponer clara y
expresamente sus desavenencias con la decisión, pues lo contrario imposibilitaría
que el a quem aborde el estudio de fondo del recurso.
106. En reciente decisión de la Sección16 en la que por demás se hace un estudio
detallado de la evolución jurisprudencial en el tema, se expuso la importancia del
deber de sustentar el debida forma el recurso de apelación no siendo posible para
el juez cubrir esta carga de la parte interesada”
“En efecto, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 247 del CPACA, es
menester que el memorialista precise los motivos de inconformidad sobre el
fallo, circunstancia sin la cual el Juez de Segunda Instancia no puede entrar a
hacer un estudio sobre el fondo del asunto, pues se trata de una carga que le
asiste al recurrente y que constituye el lindero o el límite por medio del cual el
superior puede dirimir el debate. En el mismo sentido se ha pronunciado esta
Corporación desde tiempos remotos:
«Al no haber expuesto el recurrente las razones que motivaron su
disconformidad con las motivaciones y conclusiones de la sentencia
que puso fin a la primera instancia, no le es permitido al ad quem
hacer un nuevo estudio de fondo acerca de las pretensiones incoadas,
sin incurrir en palmario quebranto de la norma procedimental que
exige la debida sustentación del recurso de apelación».
La anterior es sin duda una posición reiterada de esta Corporación, entre las
que se pueden observar las siguientes providencias, de las que se transcribirán
los apartes pertinentes:
En fallo del 23 de enero de 2020, emitido dentro del proceso número 25000 23
25 000 2012 90514 01, con Ponencia del Consejero de Estado Roberto
Augusto Serrato Valdés, se acotó lo siguiente:
«Sobre este último aspecto, la Sala recuerda que el artículo 350 del
CPC14 al que se acude por remisión expresa del artículo 267 del
CCA, dispone que el recurso de apelación tiene por objeto “que el
superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado
y la revoque o reforme”. En este mismo sentido, el artículo 212 del
CCA modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 de 12 de julio de
2010, impone a quien haga uso del recurso que sustente el mismo,
esto es, que exponga las razones de su inconformidad con la decisión
de primera instancia. En este contexto se ha considerado que el
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 2 de octubre de
2025. Radicación: 63001 23 33 000 2019 00212 01.
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Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
recurso de apelación se encuentra establecido para que el afectado
con una decisión judicial le formule reparos, inconformidades o
cuestionamientos, lo que conlleva a que la parte que lo interponga
dirija su sustentación a esos aspectos. […]
[…]
En otra oportunidad, señaló:
“Tal exigencia implica que el recurrente en el escrito de sustentación
señale el ámbito o marco procesal a que debe circunscribirse el juez
ad quem para decidir el recurso. La competencia de éste queda pues
limitada a confrontar la providencia recurrida con los motivos de
inconformidad aducidos por el recurrente. No puede, por
consiguiente, el juez de segundo grado analizar la providencia
recurrida en aspectos diferentes a los controvertidos en el escrito de
sustentación del recurso.” (Sentencia de 17 de julio de 1992, Exp:
1951, C.P.: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz)
Posteriormente, manifestó:
De acuerdo con la jurisprudencia. “… el deber de sustentar este
recurso (el de apelación) consiste precisa y claramente en dar o
explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para
interponer el recurso, o sea para expresar la idea con un criterio
tautológico, presentar el escrito por el cual, mediante la pertinente
crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver su
contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o
modificación.” (Corte Suprema de Justicia, Providencia de agosto 30
de 1984, M.P. Dr. Humberto Murcia Ballén, Código de procedimiento
Civil, José Fernando Ramírez Gómez, Colección Pequeño Foro, pág.
319) (Auto de Sala Unitaria de 17 de marzo de 1995, Exp. 3250, C.P.
Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez). (Negritas de la Sala) […]”.
107. Atendiendo lo señalado, la Sala estima que en el presente asunto el recurrente
no satisfizo de manera adecuada la carga argumentativa que debía desplegar en
el recurso, por cuanto simplemente se remitió a la demanda sin precisar en qué
clase de errores u omisiones había incurrido el a quo ni expresar los argumentos o
razones por los cuales la decisión debía ser revocada y en cambio debía
procederse a declarar la prosperidad de sus pretensiones.
108. En este orden de ideas, en razón a las falencias del recurso, la Sala confirmará
la decisión de instancia como en efecto lo declarará en la parte resolutiva del
presente fallo.
109. Sin perjuicio de lo anterior, y toda vez que en el recurso de alzada la
demandante sí expreso las razones o los motivos por los cuales estimó equivocada
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Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
la decisión del a quo en relación con la excepción de falta de agotamiento de la vía
gubernativa, se abordará enseguida este tema.
8.3. Cargo planteado en la adición de la demanda17: Capítulo II del Título VII
de la Ley 142 de 1994, artículos 106 a 115, especialmente el artículo 111.
110. Corresponde a la Sala establecer si en el presente asunto se debió estudiar
el argumento de nulidad relacionado con la violación del artículo 111 de la Ley 142
de 1994 y, por ende, no debió declararse próspera la excepción de falta de
agotamiento de la vía gubernativa, teniendo en cuenta que tanto en la demanda
como en su corrección o adición se pueden plantear tanto mejores como nuevos
fundamentos de derecho respecto de aquellos que hubieren sido planteados en los
recursos interpuestos en la vía gubernativa.
111. A efectos de dar respuesta al problema planteado, deberá analizarse el
alcance de la excepción de agotamiento de la vía gubernativa y si la misma
comprende, tal como lo indicó el Tribunal, la imposibilidad de incluir en la demanda,
así como en su adición y/o corrección, argumentos diferentes a los que se
expusieron ante la entidad pública que profirió los actos objeto de censura.
112. Como en repetidas oportunidades lo ha señalado esta Corporación18 no se
configura la falta de agotamiento de la vía gubernativa que da lugar a la declaratoria
de ineptitud de la demanda, cuando los demandantes presentan en sede
jurisdiccional argumentos, censuras y cargos que no fueron invocados ante la
administración en desarrollo de la vía administrativa, siempre y cuando dichos
argumentos se mantengan dentro del marco fáctico de la controversia.
113. En otros términos, la parte interesada puede complementar, profundizar y
proponer argumentos distintos a los esgrimidos en sede administrativa cuando
acude ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre que los
fundamentos fácticos del debate no sean diferentes. Al respecto se destaca la
17 Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai. Archivo denominado: «CUADERNO No. 1
FOLIOS 1 AL 200(.pdf) ». Folios 170 -178.
18 Ver Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del
12 de noviembre de 2009. Radicación: 25000-23-24-000-2003-00883-01 y Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2019, Radicación:
080012331000200301881-01.
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Número de radicación: 54001 23 31 000 2008 00400 01
Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
siguiente decisión de la Sección que a su vez reitera otras anteriores:
“Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado
ha considerado que la parte demandante, en sede judicial, tiene la
facultad de mejorar los argumentos que expuso en los recursos que
interpuso en sede administrativa, sin que ello pueda ser considerado como
un incumplimiento de la carga de agotar la vía gubernativa. En efecto, en
providencia proferida el 5 de julio de 2019, esta Corporación consideró lo
siguiente:
“[…] Al respecto estima la Sala que le asiste razón al a quo, considerado
que esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que no es
necesario que el demandante aduzca los mismos hechos o argumentos
invocados en sede administrativa para acudir legítimamente ante la
jurisdicción, pues ello equivaldría a un desconocimiento del derecho de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso.
En esa línea, ha señalado esta Sección que la formulación en la
demanda de acusaciones o censuras no planteadas en vía
gubernativa contra el acto administrativo que ponga fin a una
actuación no comporta per se falta de agotamiento de dicha vía,
puesto que ese presupuesto no significa que el uso de la sede
jurisdiccional se deba limitar a reproducir los motivos de
inconformidad de los recursos que se hubieren impetrado dentro de
aquélla, sino la circunstancia de que se configure alguna de las
situaciones previstas en el artículo 63 del CCA., o la del inciso final del
artículo 135 ibídem en relación con el acto demandado y que, siendo éste
susceptible de recursos los mismos hubieren sido resueltos, debiéndose
recordar que cuando procede el recurso de apelación es indispensable
su adecuada interposición para agotar la vía
gubernativa19 […]”20]”21.(Negrilla fuera de texto).
114. En este orden de ideas, la Sala no comparte lo señalado por el Tribunal en
cuanto a la declaratoria de inepta demanda y, en consecuencia, estima necesario
abordar de fondo el estudio sobre la presunta infracción de lo establecido en el
artículo 111 de la Ley 142 de 1994.
19Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 12 de
noviembre de 2009. Radicación: 25000-23-24-000-2003-00883-01.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de
julio de 2019, Radicación 080012331000200301881-01
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 1 de
junio de dos mil veinte (2020) C. P. Hernando Sánchez Sánchez, Radicación número: 25000-23-24-
000-2003-00072-01. Esta posición fue reiterada en la sentencia del Consejo de Estado, Sala de los
Contencioso Administrativo, Sección Primera, del 1 de junio de 2023 C.P. Roberto Augusto Serrato,
dentro de los procesos con radicados 13-001-23-31-000-2007-00795-01 y 13-001-23-31-000-2008-
00032-00 [Acumulados].
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115. Con este fin deberá la Sala analizar si el plazo previsto en el artículo 111 de
la Ley 142 de 1994 es un término perentorio dentro del cual se debe ejercer la
facultad sancionatoria por parte del SSPD o si en cambio se trata de un plazo
general o de referencia que en ningún caso limita la potestad de la entidad para
sancionar a quienes infringen las normas relacionadas con la prestación de
servicios públicos y, en el caso concreto, la prestación del servicio de suministro de
GLP.
116. El artículo 111 de la Ley 142 de 1994 indica:
“ARTÍCULO 111. Oportunidad para decidir. La decisión que ponga fin a las
actuaciones administrativas deberá tomarse dentro de los cinco meses
siguientes al día en el que se haya hecho la primera de las citaciones o
publicaciones de que trata el artículo 108 de la presente Ley”.
117. Considerando el tenor literal de la norma, la Sala estima que para su análisis
deben tenerse presente también las siguientes disposiciones de la misma Ley:
“ARTÍCULO 107. Citaciones y comunicaciones. La citación o comunicación
se entenderá cumplida al cabo del décimo día siguiente a aquel en que haya
sido puesta al correo, si ese fue el medio escogido para hacerla, y si el citado
tuviere domicilio en el país; si lo tuviere en el exterior, se entenderá cumplida
al cabo del vigésimo día. Las publicaciones se entenderán surtidas al cabo del
día siguiente a aquel en que se hacen. La citación o comunicación podrá
hacerse, también, verbalmente, o por la entrega de un escrito, de todo lo cual
se dejará constancia.
ARTÍCULO 108. Período probatorio. Dentro del mes siguiente al día en que
se haga la primera de las citaciones y publicaciones, y habiendo oído a los
interesados, si existen diferencias de información o de apreciación sobre
aspectos que requieren conocimientos especializados, la autoridad decretará
las pruebas a que haya lugar”.
118. De las normas trascritas junto con lo establecido en el artículo 38 del C.C.A.
se desprende que el plazo fijado en el artículo 111 de la Ley 142 de 1994 tiene un
carácter meramente enunciativo o programático, orientado a optimizar el trámite y
evitar dilaciones injustificadas, sin que se consagre allí la figura de la caducidad y
mucho menos la pérdida de competencia, las cuales requieren manifestación
expresa del legislador. Por tanto, la superación de ese plazo solo podría generar
responsabilidad para los funcionarios que lo incumplan siempre que no exista una
justificación razonable, pero en ningún caso la pérdida de la capacidad o facultad
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Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
sancionatoria de la SSPD.
119. Tal ha sido además el criterio de esta Sección:
“La demandante arguye que las Resoluciones demandadas fueron proferidas
con falta de competencia en razón de la violación del término dado por el
artículo 111 de la Ley 142 de 1994, que dispone:
(…)
Al respecto, esta Sala ha explicado en reiteradas oportunidades 22 que la
violación del plazo dado por la Ley 142 de 1994, no implica pérdida de
competencia de la SSPD para sancionar, pues la Ley no consagra esa
consecuencia para el incumplimiento.
En efecto, en sentencia de noviembre de 200923, la Sala precisó:
«Al respecto se observa que el artículo 111 de la Ley 142 de 1994 prevé un
término de 5 meses para que se tome la decisión que pone fin a la actuación
administrativa, pero en dicha norma no se le da a ese término el alcance de
caducidad que reclama la actora, y ni siquiera carácter preclusivo alguno,
de modo que ante la ausencia de cualquiera de esos alcances, sólo cabe
tenerlo como un término programático o indicativo, que a lo sumo puede
tener implicaciones disciplinarias por su incumplimiento. (Negritas de la
Sala)
(…)
Por consiguiente, el término de caducidad que se ha de aplicar por no existir
norma especial en la referida ley, es el artículo 38 del C.C.A., según el cual la
facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones
caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas»”24
(Negrillas dentro del texto y Subrayas de la Sala).
120. A su vez, esta Corporación ha señalado lo que sigue respecto al
incumplimiento de los términos fijados en los procedimientos administrativos:
22 Expediente núm. 85001-23-31-000-2009-00099-01. 10 de septiembre de 2015. Consejero
ponente: Roberto Augusto Serrato. Actor: GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P. Demandado:
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Expediente núm. 2004-01001-01. 23 de
agosto de 2012. Consejera ponente: María Elizabeth García González. Actor: EMGESA S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Expediente núm. 25000-23-24-
000-2004-00344-01. 23 de febrero de 2012. Consejera ponente. María Elizabeth García González
Actor: TERMOTASAJERO SA ESP. Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de
noviembre de 2009. Expediente núm. 25000-23-24-000-2004-00339-01. Consejero Ponente Rafael
Ostau de Lafont Pianeta.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 10 de
noviembre de 2016. Expediente núm.25000 23 41 000 2013 01041 00. Consejero Ponente:
Guillermo Vargas Ayala.
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Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
«En cuanto al cumplimiento del término para su expedición, cabe decir que
aunque el reglamento no es claro en su determinación, ya que el mismo
depende de que se ordene o no la práctica de pruebas, toda vez que el literal
“d” del numeral 03.03 del capítulo en comento, se debe proferir una vez
concluido el término para practicar pruebas, lo cierto es que la jurisprudencia
tiene dicho que el incumplimiento de los términos dentro de los
procedimientos administrativos no es causal de nulidad de los actos que
le pongan fin, sino que, a lo sumo, generan responsabilidad en el
funcionario que los incumpla, según lo ameriten las circunstancias en que
se da el incumplimiento»25 (Subrayas y negrillas de la Sala).
121. En consecuencia, conforme al texto de las normas y la jurisprudencia de esta
Sección el plazo de cinco (5) meses, establecido en el artículo 111 de la Ley 142
de 1994, no compromete la facultad sancionatoria de la SSPD.
122. Por las razones expuestas el cargo no está llamado a prosperar pues si bien
el acto administrativo sancionatorio se profirió y notificó por fuera del término fijado
en el artículo 111 de la Ley 142 de 1994, lo cierto es que la notificación de la sanción
se hizo dentro del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la SSPD
establecido en el artículo 38 del C.C.A., es decir, que no se configuró la falta de
competencia de la demandada.
123. Por las razones anteriormente expuestas este cargo no prospera.
8.4. Condena en costas
124. En atención a lo dispuesto por el artículo 171 del CCA, sobre condena
en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que
no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá
de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 17 de
agosto de 2000. Expediente núm.6179. Consejero Ponente: Juan Alberto Polo Figueroa.
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Demandante: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. ESP.
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 17 de marzo de 2022, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, excepto en lo
correspondiente a las consideraciones hechas respecto a la prosperidad de la
excepción formulada por la Superintendencia de Servicios Públicos relativa a la
falta de agotamiento de la vía gubernativa en relación con la supuesta violación al
artículo 111 de la Ley 142 de 1994.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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