Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-006-2015-00616-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-006-2015-00616-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-33-006-2015-00616-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 76001 23 33 006 2015 00616 01
Demandante: Claudia Elizabeth Cárdenas Fonseca
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Tercero: Industria Licorera del Valle del Cauca
Acción: Nulidad
Tema: No hay lugar a emitir un pronunciamiento en sede de segunda instancia
cuando el escrito contentivo del recurso de apelación carece de argumentos
para cuestionar la decisión adoptada, en tanto ello configura un
incumplimiento de la carga procesal que le asiste al recurrente.
Decisión: Confirmar la sentencia del 16 de junio de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el departamento del Valle del
Cauca contra la sentencia del 16 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Claudia Elizabeth Cárdenas Fonseca, presentó demanda1 en ejercicio del
medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en contra del departamento del Valle
del Cauca, en la que formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA
Que se declare la nulidad de los artículos 18 (parcial), 20, 21 (parcial), 22, 154 numerales
12 y 13 de la Ordenanza 397 del 18 de diciembre de 2014 "por la cual se establece el
Estatuto Tributarlo y de Rentas del Departamento del Valle del Cauca", expedida por la
Asamblea Departamental del Valle del Cauca.
SEGUNDA
Que una vez ejecutoriada la sentencia que le ponga fin al presente medio de control de
nulidad, se comunique a la autoridad administrativa que profirió el acto administrativo
demandado, para los efectos legales consiguientes3. (mayúsculas sostenidas y negritas
del original).
1 La demanda fue radicada el 5 de junio de 2015. Folios 2 a 74 cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado
que obra en el índice 26 Samai.
2 En adelante, CPACA.
3 Folio 2 cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 26 Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 76001 23 33 006 2015 00616 01
Demandante: Claudia Elizabeth Cárdenas Fonseca
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
1.2. Hecho probado
De acuerdo con los planteamientos de las partes y las pruebas obrantes en el expediente,
la controversia tiene origen en la expedición de la Ordenanza 397 de 2014 por parte de
la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, mediante la cual se regularon, entre
otros aspectos, diversas materias relacionadas con el ejercicio del monopolio rentístico
de licores destilados en el departamento, así como las condiciones aplicables a su
producción, introducción y comercialización.
1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación
1.3.1. La señora Claudia Elizabeth Cárdenas Fonseca invocó como vulnerados los
artículos 84, 150 numeral 12, 287 numeral 3, 300 numeral 4, 333, 334, 336 y 338 de la
Constitución Política; los artículos 121 y 122 del Decreto Ley 1222 de 1986; los artículos
214 y 221 de la Ley 223 de 1995; el artículo 7 de la Ley 256 de 1996; el artículo 14 de la
Ley 617 de 2000; el artículo 59 de la Ley 788 de 2002; y los artículos 1 y 11 de la Ley
962 de 2005.
1.3.2. Respecto de cada una de las disposiciones acusadas, la parte actora desarrolló el
concepto de violación a partir de los siguientes planteamientos:
1.3.2.1. Artículo 18 de la Ordenanza 397 de 2014 (parcial)
A continuación se subrayan los apartes de la disposición en contra de los cuales se dirige
la demanda con la demanda:
Articulo 18.- Producción, introducción y comercialización de licores. La producción de
licores destilados en el territorio Departamental es exclusiva del Departamento a través de
su Industria Licorera del Valle del Cauca.
La Industria Licorera del Valle del Cauca pagará al Departamento del Valle del Cauca en la
venta de sus productos, las tarifas de participación determinadas en este Estatuto.
En desarrollo del monopolio sobre la producción, introducción y venta de licores destilados,
el Departamento, con el concepto técnico de la Industria Licorera del Valle del Cauca y
previa autorización de la Asamblea Departamental, podrá celebrar contratos de intercambio
con personas de derecho público o de derecho privado y todo tipo de convenio que, dentro
de las normas de contratación vigentes, permita agilizar el comercio de estos productos.
Para la introducción y venta de licores destilados, nacionales o extranjeros, sobre los cuales
el Departamento ejerza el monopolio, será necesario obtener previamente su permiso, que
solo lo otorgará una vez se celebren los convenios económicos con las firmas productoras,
introductores o importadoras en los cuales se establezca la participación del Departamento.
En los convenios de intercambio con los Departamentos y en los contratos de producción,
introducción y comercialización, se establece una compensación a favor del Fondo de
Pensiones de la Industria Licorera del Valle del Cauca y del Fondo para los gastos de la
Actuación Tributaria.
Parágrafo.- Los productores, introductores y comercializadores de licores en el
Departamento del Valle del Cauca, no podrán exigir exclusividad de sus productos, frente
a los productos de la Industria Licorera del Valle del Cauca, en establecimientos públicos y
privados, so pena de ser causal de incumplimiento al convenio o contrato.
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Demandante: Claudia Elizabeth Cárdenas Fonseca
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
La parte demandante sostuvo que el inciso tercero del artículo 18 de la Ordenanza 397
de 2014 vulnera los artículos 121 y 122 del Decreto Ley 1222 de 1986, así como los
artículos 84 y 336 de la Constitución Política, porque supedita la celebración de los
convenios o contratos para la producción, introducción y comercialización de licores al
concepto técnico de la Industria Licorera del Valle. A su juicio, si bien las Asambleas
Departamentales tienen competencia para regular el monopolio rentístico de licores, esa
atribución no puede quedar condicionada al concepto emitido por una entidad
descentralizada que, además de integrar la administración departamental, participa como
agente económico en el mercado de licores.
Explicó que esa exigencia comporta una delegación indebida de la facultad de regulación
del monopolio, pues, en la práctica, la Industria Licorera del Valle terminaría por
condicionar la celebración de los convenios y contratos para la producción, introducción
y comercialización de licores. En ese sentido, resaltó que el inciso acusado supedita la
decisión de la Asamblea Departamental al concepto técnico de dicha entidad, pese a que
el artículo 122 del Decreto Ley 1222 de 1986 únicamente exige que los convenios
determinen la participación económica del departamento, sin prever la emisión de un
concepto técnico como requisito para su celebración. Por ello, consideró que la
ordenanza incorporó una exigencia adicional no prevista por el legislador, con
desconocimiento del artículo 84 de la Constitución Política y del artículo 1 de la Ley 962
de 2005.
Añadió que la atribución conferida a la Industria Licorera del Valle resulta incompatible
con los principios que rigen la libre competencia, porque permite que un competidor del
mercado de licores emita un concepto con incidencia en la celebración de convenios o
contratos con otros productores e introductores. En su criterio, esa circunstancia propicia
un trato preferencial en favor de la Industria Licorera del Valle, le otorga una posición
dominante frente a los demás actores del mercado y facilita prácticas contrarias a la libre
competencia.
Finalmente, sostuvo que la exigencia del concepto técnico constituye una medida de
carácter proteccionista que desnaturaliza la finalidad rentística del monopolio de licores
prevista en el artículo 336 de la Constitución, pues privilegia los intereses económicos de
la Industria Licorera del Valle sobre el interés público que justifica la existencia del
monopolio.
1.3.2.2. Artículo 20 de la Ordenanza 397 de 2014
Artículo 20. Precio mínimo de venta. Los licores que se comercialicen en el Departamento
del Valle del Cauca, en ningún caso podrán venderse por debajo del precio de venta al
público fijado para los productos de la Industria Licorera del Valle del Cauca. El Gobierno
Departamental expedirá hasta el último día calendario del mes de enero de cada año, la
lista de precios.
Los licores contenidos en paquetes promocionales, no podrán implicar un precio por botella
o su equivalente, menor a la base establecida en el presente artículo, so pena de incurrir
en las sanciones establecidas en este Estatuto.
Igualmente, se deberá tener en cuenta que en los convenios de intercambio de licores y en
los contratos de producción, introducción y comercialización de licores, los precios unitarios
de venta al público de los licores que sean comercializados en el territorio rentístico del
Valle del Cauca, deberán superar como mínimo en un 10% el precio unitario de productos
similares en categoría, volumen y graduación alcoholimétrica de los productos de la
Industria Licorera del Valle del Cauca.
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Radicado: 76001 23 33 006 2015 00616 01
Demandante: Claudia Elizabeth Cárdenas Fonseca
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
La demandante afirmó que el artículo 20 de la Ordenanza 397 de 2014 vulnera los
artículos 29, 333, 334 y 336 de la Constitución Política, así como el artículo 1 de la Ley
962 de 2005, porque establece un régimen de fijación de precios mínimos para los licores
comercializados en el departamento del Valle del Cauca. Explicó que la disposición
prohíbe la venta de estos productos por debajo del precio fijado por el Gobierno
departamental, faculta a esa autoridad para expedir una lista de precios y prevé
consecuencias sancionatorias para quienes incumplan esa prohibición.
Sostuvo que la norma demandada constituye una medida de intervención económica
mediante la cual la Asamblea Departamental instituyó un régimen de libertad vigilada o
de regulación de precios sin fundamento legal, pues la competencia para intervenir en la
economía corresponde, en principio, al legislador. En ese sentido, indicó que no existe
una ley de la República que autorice a las asambleas departamentales para fijar precios
mínimos de venta de licores, definir precios de referencia, imponer restricciones a la
comercialización de esos productos o establecer sanciones por el incumplimiento de tales
medidas.
Añadió que la disposición también desconoce el principio de reserva de ley en materia
sancionatoria, puesto que tipifica una conducta sancionable asociada al desconocimiento
del precio mínimo fijado por la administración departamental. En su criterio, las
autoridades territoriales carecen de competencia para crear nuevas infracciones o
imponer consecuencias jurídicas restrictivas sin una habilitación legal previa.
De otra parte, insistió en que la medida persigue un propósito eminentemente
proteccionista en favor de la Industria Licorera del Valle, pues exige que el precio de los
licores introducidos al departamento supere en un porcentaje determinado el precio de
los productos elaborados por esa empresa. A su juicio, esa regulación afecta la libre
competencia y configura una práctica contraria a los postulados previstos en el artículo 7
de la Ley 256 de 1996, porque altera las condiciones del mercado, limita la libertad de
elección de los consumidores y favorece, de manera injustificada, los productos de la
Industria Licorera del Valle frente a los ofrecidos por los demás agentes económicos.
1.3.2.3. Artículo 21 de la Ordenanza 397 de 2014 (parcial), se subrayan los apartes
demandados:
Articulo 21.- Contenido de los Convenios o Contratos. El convenio o contrato autorizado
deberá contener como mínimo lo siguiente:
1. Relación de productos autorizados y cuotas.
2. Registro marcario de los productos que va a producir, comercializar o introducir. En caso
de no ser el titular de la marca, deberá aportar el documento que soporte el licenciamiento
de la misma.
3. Registro sanitario de los licores.
4. Control de transporte.
5. Bodegaje.
6. Señalización.
7. Distribuidores autorizados y lista de precios a canales y al público.
8. Cuota mínima en los contratos de participación.
9. Cuota máxima en los convenios de intercambio o introducción.
10. Compensación para el caso de convenios de intercambio y los contratos de producción,
introducción y comercialización de Licores.
11. Participación económica del departamento en el precio de venta del producto.
12. Pólizas de cumplimiento para el pago de impuestos y demás amparos que se requiera.
13. Certificado de buenas prácticas de manufactura o concepto sanitario, según el caso
expedidos por el INVIMA, una vez sea exigible por mandato legal.
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14. Concepto técnico de la ILV.
15. Los demás aspectos que se consideren pertinentes.
(i) Frente a los numerales 1, 8 y 9, que hace referencia a las “Cuotas”, “Cuota mínima en
los contratos de participación” y “Cuota máxima en los convenios de intercambio o
introducción”, la actora indicó que vulneran los artículos 121 y 122 del Decreto Ley 1222
de 1986 y el artículo 52 de la Ley 788 de 2002, porque establecen cuotas o volúmenes
mínimos y máximos de introducción de licores en los convenios celebrados en ejercicio
del monopolio de licores.
Explicó que, aunque algunos departamentos han utilizado tradicionalmente esa práctica
para regular los contratos de participación, tal circunstancia no se ajusta al ordenamiento
jurídico. En ese sentido, señaló que, conforme con los pronunciamientos del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, acogidos por la Dirección General de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los convenios suscritos para el ejercicio del
monopolio de licores no pueden establecer cuotas mínimas o máximas de introducción.
Agregó que la fijación de esos volúmenes excede las competencias otorgadas a los
departamentos por la ley, pues las facultades de regulación del monopolio no
comprenden la posibilidad de imponer restricciones cuantitativas a los productores,
introductores o comercializadores de licores. En consecuencia, consideró que las
disposiciones demandadas están viciadas de nulidad y deben retirarse del ordenamiento
jurídico.
(ii) En cuanto al numeral 2, que prevé el “Registro marcario de los productos que va a
producir, comercializar o introducir”, sostuvo que esa exigencia vulnera el artículo 1 de la
Ley 962 de 2005, porque incorpora un requisito adicional e injustificado. Explicó que,
cuando una bebida alcohólica cuenta con registro sanitario expedido por el INVIMA, debe
entenderse acreditada la existencia del registro de marca o de la autorización para su
uso, de conformidad con el numeral 6 del artículo 61 del Decreto 1686 de 2012.
En ese contexto, indicó que la disposición demandada desconoce los principios de
racionalización de trámites previstos en el artículo 1 de la Ley 962 de 2005, en particular,
la prohibición de exigir documentos o requisitos relacionados con actuaciones
administrativas ya agotadas o cuya existencia pueda inferirse de un trámite previamente
culminado. Por ello, consideró que el numeral acusado impone una carga administrativa
innecesaria a los interesados y, en consecuencia, debe declararse su nulidad.
(iii) Frente a los numerales 4, “Control de transporte”; 5, “Bodegaje”; y 6, “Señalización”,
la parte demandante alegó que vulneran las normas que regulan las competencias en
materia de control, transporte, almacenamiento y señalización de productos gravados con
el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares.
En relación con el denominado “control de transporte”, afirmó que la regulación del
sistema único de control de transporte de productos gravados con el impuesto al consumo
corresponde de manera exclusiva al Gobierno Nacional, competencia desarrollada por el
Decreto 3071 de 1997. En consecuencia, sostuvo que las autoridades departamentales
carecen de competencia para establecer regulaciones adicionales sobre esa materia,
incluso mediante convenios o contratos celebrados en ejercicio del monopolio.
Respecto del “bodegaje”, sostuvo que la disposición demandada no puede interpretarse
como una autorización para imponer bodegajes oficiales obligatorios ni para cobrar ese
servicio, toda vez que el artículo 127 del Decreto Ley 1222 de 1986 prohíbe
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expresamente a los departamentos exigir ese tipo de almacenamiento o efectuar cobros
por ese concepto.
En cuanto a la “señalización”, explicó que la materia se encuentra regulada por el Decreto
602 de 2013, que reglamentó el Sistema Único Nacional de Información y Rastreo
(SUNIR). En ese contexto, adujo que los departamentos deben sujetarse a ese sistema
y, por tanto, carecen de competencia para establecer de manera autónoma sitios de
señalización o marcación de productos gravados con el impuesto al consumo o sujetos a
participación, pues esa actividad debe realizarse en los lugares autorizados por la DIAN
y conforme a las condiciones previstas en la normativa nacional.
Con fundamento en lo anterior, consideró que las disposiciones acusadas exceden las
competencias de las autoridades departamentales, porque regulan materias reservadas
al Gobierno Nacional y desconocen la normativa que establece los sistemas de control
aplicables a los productos sometidos al monopolio de licores.
(iv) En relación con el numeral 7, que contempla que el convenio o contrato deberá
contener los “Distribuidores autorizados y lista de precios a canales y al público”, señaló
que esa disposición guarda relación con la regulación de precios mínimos prevista en el
artículo 20 de la Ordenanza demandada. En ese sentido, reiteró que la medida constituye
una forma de intervención en la economía y en las condiciones del mercado de licores,
materia que, a su juicio, excede las competencias de la Asamblea Departamental por las
razones expuestas al sustentar el cargo formulado contra la fijación de precios mínimos.
(v) Respecto del numeral 10, que hace referencia a la “Compensación para el caso de
convenios de intercambio y los contratos de producción, introducción y comercialización
de licores”, la actora afirmó que, en desarrollo del monopolio de licores, la única
contraprestación económica autorizada por las normas que regulan la materia
corresponde a la participación departamental, razón por la cual la creación de una
compensación adicional carece de fundamento legal.
Agregó que esa medida desconoce, de una parte, la facultad impositiva territorial, sujeta
al principio de reserva de ley y, de otra, la prohibición prevista en el artículo 14 de la Ley
617 de 2000, porque establece una transferencia o aporte en favor de una entidad
descentralizada sin autorización legal.
(vi) En relación con el numeral 12, relativo a las “Pólizas de cumplimiento para el pago
de impuestos y demás amparos que se requieran”, la actora sostuvo que ese requisito
desconoce las normas que regulan el ejercicio del monopolio de licores y la
administración de los ingresos departamentales.
Explicó que la obligación impuesta a los responsables de constituir pólizas para
garantizar el pago de la participación configura un requisito adicional no previsto en las
disposiciones que regulan el monopolio. Añadió que esa exigencia implica que el
departamento renuncie al ejercicio de sus facultades de administración, fiscalización y
control, pues traslada a una compañía de seguros la garantía del recaudo de sus
ingresos. En su criterio, esa regulación desconoce la Ley 1386 de 2010, porque permite
una forma de delegación de funciones propias de la administración tributaria.
Sostuvo, además, que la disposición acusada vulnera los artículos 221 de la Ley 223 de
1995 y 59 de la Ley 788 de 2002, conforme con los cuales la administración, fiscalización,
liquidación, discusión, cobro y recaudo del impuesto al consumo y de los demás ingresos
departamentales deben sujetarse a las reglas previstas en el Estatuto Tributario Nacional.
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Para respaldar su planteamiento, citó jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada
con la improcedencia de exigir cauciones o pólizas para garantizar el pago de impuestos
al consumo, dado que el régimen tributario prevé mecanismos suficientes para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Añadió que esa interpretación también
resulta aplicable a la participación derivada del monopolio de licores, por tratarse de un
ingreso departamental cuyo recaudo debe adelantarse mediante los procedimientos y las
facultades establecidos por la ley.
En consecuencia, consideró que la exigencia de pólizas de cumplimiento desconoce las
competencias legales de la administración departamental para ejercer las facultades de
fiscalización y cobro, e incluso puede afectar el ejercicio de la potestad sancionatoria. Por
esa razón, solicitó declarar la nulidad de la disposición demandada.
(vii) En cuanto al numeral 14, relativo al “Concepto técnico de la ILV”, la demandante
reiteró los argumentos expuestos al sustentar el cargo formulado contra la exigencia del
concepto técnico de la Industria Licorera del Valle como requisito para la celebración de
convenios o contratos en ejercicio del monopolio de licores.
Destacó que esa exigencia desconoce los artículos 84 y 336 de la Constitución Política,
los artículos 121 y 122 del Decreto Ley 1222 de 1986 y el artículo 7 de la Ley 256 de
1996, porque supedita el ejercicio de las competencias departamentales a la valoración
de una entidad que, además de integrar el sector descentralizado del departamento,
participa como agente económico en el mercado de licores.
1.3.2.4. Artículo 22 de la Ordenanza 397 de 2014:
Articulo 22.- Compensación económica. Los convenios interadministrativos de intercambio
de licores y los contratos de producción, introducción y comercialización, deberán incluir el
pago de una compensación económica correspondiente al 2% de una UVT por cada botella
convertida a 750 C.C. ingresada al Departamento. Dicha compensación será distribuida de
la siguiente manera: 50% con destino al Fondo de Pensiones de la Industria Licorera del
Valle del Cauca y, 50% con destino al Fondo para los costos de la Actuación Tributaria.
Esta compensación será pagada por el productor, importador o el distribuidor, dentro de los
quince (15) diez siguientes a la introducción de los productos al Departamento o a la
solicitud de las etiquetas de señalización, para el caso de los productores ubicados en la
jurisdicción del Departamento, en las cuentas que para tal fin disponga la Industria Licorera
del Valle del Cauca y la Subsecretaria de Tesorería del Departamento, de acuerdo a su
destinación especifica.
La parte demandante sostuvo que el establecimiento de una nueva carga económica
denominada “contribución”, aplicable a los licores sometidos al monopolio departamental,
vulnera las normas constitucionales y legales que regulan la potestad tributaria de las
entidades territoriales.
Afirmó que esa figura constituye, en realidad, un tributo adicional a la participación que
actualmente percibe el departamento por el ejercicio del monopolio, pues impone un
cobro equivalente al 2 % de una UVT por cada botella de licor de 750 c.c. comercializada.
En su criterio, la creación de ese gravamen excede las competencias impositivas de las
asambleas departamentales y desconoce los artículos 150 numeral 12, 287 numeral 3,
300 numeral 4 y 338 de la Constitución Política, porque crea un tributo que el legislador
no ha establecido previamente.
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Agregó que la disposición demandada también desconoce el artículo 84 de la
Constitución Política, porque impone requisitos y cargas no previstos en la ley. Asimismo,
sostuvo que vulnera los artículos 221 de la Ley 223 de 1995 y 59 de la Ley 788 de 2002,
al apartarse de las reglas del Estatuto Tributario Nacional que rigen la administración,
fiscalización y recaudo de los ingresos departamentales. De igual forma, afirmó que la
disposición infringe el artículo 1 de la Ley 1386 de 2010, porque involucra a particulares
en el ejercicio de funciones propias de la administración tributaria.
De otra parte, añadió que la disposición también desconoce las normas que regulan el
ejercicio del monopolio de licores, en particular el artículo 336 de la Constitución Política,
los artículos 121 y 122 del Decreto Ley 1222 de 1986 y el artículo 51 de la Ley 788 de
2002 pues, a su juicio, la única contraprestación económica autorizada en desarrollo del
monopolio corresponde a la participación departamental.
Finalmente, señaló que la denominada “contribución” vulnera el artículo 214 de la Ley
223 de 1995, que prohíbe a las entidades territoriales establecer impuestos, tasas,
sobretasas o contribuciones adicionales sobre los productos gravados con el impuesto al
consumo. Agregó que también desconoce el artículo 14 de la Ley 617 de 2000, porque
constituye una transferencia o un aporte en favor de la Industria Licorera del Valle,
prohibido para el sector central departamental.
1.3.2.5. Numerales 12 y 13 del artículo 154 de la Ordenanza 397 de 2014:
Articulo 154.- Tarifas. Las tasas por los servicios, trámites o derechos tendrán las siguientes
tarifas aplicables para la vigencia 2015:
(…)
12. Los rótulos de los adhesivos para la expedición y legalización de tornaguías de
productos gravados con impuesto al consumo y/o participación, $3.600.
13. Anulación de rótulos de adhesivos de tornaguías de productos gravados con impuesto
al consumo y/o participación, $3.600.
La parte demandante sostuvo que los numerales 12 y 13 del artículo 154 de la Ordenanza
397 de 2014 vulneran los artículos 150 numeral 12, 287 numeral 3, 300 numeral 4 y 338
de la Constitución Política, porque establecen una tasa por la expedición, legalización y
anulación de los rótulos de tornaguías.
Afirmó que, conforme con el principio de legalidad tributaria, los tributos que recauden las
entidades territoriales deben haber sido creados previamente por el legislador, quien
además debe autorizar a las asambleas departamentales para establecerlos. En ese
sentido, sostuvo que no existe una ley de la República que haya creado esa tasa o que
haya facultado a los departamentos para imponer un gravamen sobre los rótulos
adhesivos utilizados en los trámites de expedición, legalización o anulación de
tornaguías.
En consecuencia, consideró que la Asamblea Departamental del Valle del Cauca excedió
sus competencias en materia tributaria al crear directamente ese gravamen sin contar
con una habilitación legal previa.
Por las razones expuestas, solicitó declarar la nulidad de las disposiciones acusadas.
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Demandante: Claudia Elizabeth Cárdenas Fonseca
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
II. TRÁMITE DE LA DEMANDA
2.1. Mediante auto del 13 de agosto de 2015 4, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca admitió la demanda y ordenó correr traslado al departamento del Valle del Cauca.
2.2. El departamento del Valle del Cauca5 por intermedio de apoderado contestó la
demanda oponiéndose a las pretensiones de esta. Expuso los siguiente:
En primer lugar, transcribió en su integridad los artículos 300, 305 y 338 de la Constitución
Política; los artículos 51 y 59 de la Ley 788 de 2002; los artículos 24 y 61 de la Ley 14 de
1983, el artículo 123 del Decreto Ley 1222 de 1986 y el artículo 1 de la Ordenanza del
Valle del Cauca 004E del 29 de febrero de 1988.
Luego, señaló que con la expedición de la Ordenanza 397 del 18 de diciembre de 2014,
lo que se hizo fue establecer los tributos del orden departamental determinando entre
otros aspectos, los hechos generadores, los sujetos pasivos, la causación, la base
gravable, las tarifas, el periodo gravable, la declaración y pago, las exenciones y
sanciones de los impuestos y contribuciones de propiedad del departamento.
2.3. Por auto del 18 de abril de 20166, el despacho sustanciador del Tribunal ordenó
vincular a la Industria Licorera del Valle del Cauca como tercero interesado en las resultas
del proceso y dispuso que se le corriera traslado de la demanda por 30 días.
La Industria Licorera del Valle del Cauca no contestó la demanda.
2.4. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del CPACA, el despacho
sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca celebró audiencia inicial el
18 de mayo de 20177, a la cual asistieron las partes demandante y demandada y el
Ministerio Público.
El tercero interesado en las resultas del proceso no asistió.
El Tribunal fijó el litigio de la siguiente manera: “El litigio se fijó sobre la ilegalidad de las
normas demandadas que hacen parte de la Ordenanza 397 de 2014”.
2.5. El Despacho agotó las etapas previstas para la audiencia y corrió traslado a las
partes para exponer sus alegatos de conclusión. La parte demandante y la demandada
hicieron uso de esa oportunidad procesal. Por su parte, el Ministerio Público rindió
concepto en forma verbal mediante el cual solicitó declarar la nulidad parcial del inciso
cuarto del artículo 18, del artículo 20, del numeral 10 del artículo 21 y del artículo 22, así
como negar las demás pretensiones de la demanda.
El tercero interesado no se pronunció.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 16 de junio de 20178, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, resolvió lo siguiente:
4 Folios 77 y 78 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 26 Samai.
5 Folios 94 a 98 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 26 Samai.
6 Folios 128 y 129 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 26 Samai.
7 Folios 160 a 163 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 26 Samai.
8 Folios 178 a 259 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 26 Samai.
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Radicado: 76001 23 33 006 2015 00616 01
Demandante: Claudia Elizabeth Cárdenas Fonseca
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
PRIMERO: DECLARASE la nulidad del artículo 18 de la Ordenanza 397 de 2014, respecto
de las expresiones "...con el concepto técnico de la Industria Licorera del Valle del Cauca"
y "En los convenios de intercambio con los Departamentos y en los contratos de producción,
introducción y comercialización, se establece una compensación a favor del Fondo de
Pensiones de la Industria Licorera del Valle del Cauca y del Fondo para los gastos de la
Actuación Tributaria.", y su parágrafo, de acuerdo con la parte motiva de la sentencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad del artículo 20 de la Ordenanza 397 de 2014, de
conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente providencia.
TERCERO: DECLARASE la nulidad de la expresión "y cuotas" del numeral 1°, y los
numerales 8° y 9° del artículo 21 de la Ordenanza 397 de 2014, de conformidad con lo
destacado en las consideraciones del presente proveído.
CUARTO: DECLARASE la nulidad de los numerales 4, 5, 6, 7,10 y 14 del artículo 21 de la
Ordenanza 397 de 2014, de acuerdo con la parte motiva de la sentencia.
QUINTO: DECLARASE la nulidad del artículo 22 de la Ordenanza 397 de 2014, de acuerdo
con lo señalado en la parte considerativa de la presente providencia.
SEXTO: DECLARASE la nulidad de los numerales 12 y 13 del artículo 154 de la Ordenanza
397 de 2014, en congruencia con lo destacado en las consideraciones de la presente
providencia.
SEPTIMO: NIEGANSE las demás pretensiones de la demanda, relacionadas con los
numerales 2 y 12 del artículo 21 de la Ordenanza 397 de 20149. (mayúsculas sostenidas y
negrita del original).
El razonamiento del Tribunal para acceder parcialmente a las pretensiones de la
demanda se sustentó en las siguientes consideraciones:
3.1. En relación con los apartes demandados del artículo 18 de la Ordenanza 397 de
2014, el a quo consideró que la Asamblea Departamental excedió sus competencias al
establecer requisitos y condiciones adicionales a los previstos en los artículos 121 y 122
del Decreto Ley 1222 de 1986 para la celebración de convenios y contratos relacionados
con el ejercicio del monopolio de licores.
Respecto de la exigencia del “concepto técnico de la Industria Licorera del Valle”, señaló
que dicha condición desconocía el principio de jerarquía normativa, pues una disposición
de carácter departamental no podía incorporar requisitos adicionales a los previstos en
la normativa superior que regula el monopolio. En consecuencia, concluyó que la
expresión demandada excedía las competencias de la Asamblea Departamental y
vulneraba normas de superior jerarquía.
En cuanto a la compensación prevista en el inciso cuarto del artículo 18, indicó que la
disposición imponía obligaciones económicas adicionales en los convenios de
intercambio y en los contratos de producción, introducción y comercialización de licores,
pese a que esa materia correspondía a la competencia del legislador. Asimismo,
consideró que la medida desconocía la prohibición establecida en el artículo 14 de la Ley
617 de 2000, porque destinaba recursos provenientes del monopolio rentístico al
sostenimiento de gastos de funcionamiento de la Industria Licorera del Valle. A su juicio,
esa destinación contrariaba la finalidad constitucional del monopolio, concebido como
9 Folios 258 y 259 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 26 Samai.
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Radicado: 76001 23 33 006 2015 00616 01
Demandante: Claudia Elizabeth Cárdenas Fonseca
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
una fuente de generación de rentas públicas y no como un mecanismo de financiación
de actividades industriales o comerciales.
Frente al parágrafo del artículo 18, estimó que la Asamblea Departamental invadió
competencias propias del legislador al establecer restricciones a la libertad contractual
de los productores, introductores y comercializadores de licores, mediante la prohibición
de pactar exclusividades respecto de los productos de la Industria Licorera del Valle.
Consideró que esa regulación constituía una intervención en la actividad económica y
limitaba la libertad de empresa y la libertad negocial reconocidas en los artículos 333 y
334 de la Constitución Política, sin que existiera una habilitación constitucional o legal
que permitiera imponer dicha restricción.
Sobre este punto, precisó que el monopolio rentístico de licores no puede utilizarse como
instrumento de protección económica ni como mecanismo de regulación del mercado,
pues su finalidad constitucional consiste en generar recursos destinados al cumplimiento
de fines públicos y sociales. Por ello, señaló que, una vez cumplidos los requisitos
previstos en la ley y celebrado el respectivo convenio, el departamento no puede imponer
restricciones adicionales a la libertad económica y contractual de los particulares
mediante disposiciones de carácter departamental.
En ese sentido, sostuvo que la facultad para establecer límites a la libertad económica
corresponde al legislador, dentro de los parámetros constitucionales y cuando concurran
razones de seguridad, salubridad, moralidad, utilidad pública o interés social. Por tanto,
consideró que no resultaba jurídicamente admisible que la Asamblea Departamental
prohibiera, de manera general, los pactos de exclusividad celebrados entre particulares,
pues la eventual afectación de la libre competencia debe analizarse conforme con las
reglas legales aplicables y no mediante una restricción contractual impuesta por la
administración.
En consecuencia, el Tribunal concluyó que los apartes acusados del artículo 18 de la
Ordenanza 397 de 2014 vulneraron normas constitucionales y legales de superior
jerarquía, razón por la cual declaró su nulidad.
3.2. En relación con el artículo 20 de la Ordenanza 397 de 2014, el Tribunal consideró
que la disposición imponía restricciones indebidas a la libertad económica, porque fijaba
precios mínimos de venta para los licores comercializados en el departamento del Valle
del Cauca, facultaba al Gobierno departamental para establecer listas de precios y
preveía sanciones por el desconocimiento de dichos valores.
Al respecto, señaló que el artículo 333 de la Constitución Política reconoce la libertad de
empresa y la libre competencia, entendida esta última como la facultad de los
empresarios para orientar sus esfuerzos y factores de producción hacia la participación
en el mercado en condiciones de igualdad. En ese sentido, precisó que la libre
competencia comprende, entre otras prerrogativas, la posibilidad de concurrir al mercado,
ofrecer las condiciones comerciales que resulten adecuadas y celebrar contratos con los
consumidores o usuarios. Añadió que esas garantías también benefician a los
consumidores, pues les permiten elegir entre diferentes oferentes en condiciones de
precio y calidad.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que la regulación de precios prevista en la
ordenanza otorgaba una posición privilegiada a los productos de la Industria Licorera del
Valle del Cauca, porque limitaba la competencia y restringía la posibilidad de que los
consumidores escogieran libremente entre las diferentes alternativas disponibles en el
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Radicado: 76001 23 33 006 2015 00616 01
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mercado. Consideró que esa medida desconocía la libertad de elección del consumidor
y podía afectar el funcionamiento competitivo del mercado, en los términos del artículo 7
de la Ley 256 de 1996.
Asimismo, recordó que la finalidad del monopolio rentístico prevista en el artículo 336 de
la Constitución Política no consiste en excluir la actividad económica del mercado ni en
establecer mecanismos de protección en favor de una empresa determinada, sino en
reservar una fuente de ingresos para el Estado destinada al cumplimiento de finalidades
de interés público, especialmente en materia de salud y educación.
En consecuencia, declaró la nulidad del artículo 20 de la Ordenanza 397 de 2014, porque
consideró que la fijación de precios mínimos de venta, la imposición de sanciones por su
desconocimiento y la regulación de precios unitarios de comercialización restringían la
libre competencia y desnaturalizaban la finalidad constitucional del monopolio rentístico.
3.3. En relación con los numerales 1, 8 y 9 del artículo 21 de la Ordenanza 397 de 2014,
el Tribunal consideró que las disposiciones demandadas establecían condiciones
adicionales para la celebración de convenios y contratos relacionados con el ejercicio del
monopolio de licores, particularmente respecto de la fijación de cuotas o volúmenes de
introducción y de otras limitaciones a la comercialización de estos productos.
Para resolver el cargo, precisó que el monopolio rentístico de licores previsto en el artículo
336 de la Constitución Política tiene como finalidad exclusiva la generación de rentas
destinadas al cumplimiento de fines de interés público y social. Por ello, sostuvo que no
puede utilizarse como instrumento para restringir el comercio, limitar la circulación de
mercancías o establecer medidas que afecten la libre competencia. En consecuencia,
consideró que las entidades territoriales no pueden ejercer las facultades derivadas del
monopolio de manera que introduzcan restricciones o tratamientos discriminatorios
respecto de licores nacionales o provenientes de otros países miembros de la Comunidad
Andina.
Asimismo, recordó que, conforme con el artículo 63 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 123
del Decreto Ley 1222 de 1986, los convenios económicos para la introducción y venta de
licores destilados nacionales o extranjeros únicamente deben establecer la participación
económica correspondiente al departamento titular del monopolio. En consecuencia,
estimó que la imposición de requisitos adicionales, como las cuotas mínimas o máximas
de introducción, excedía el ámbito propio del monopolio rentístico y constituía una
restricción injustificada a la comercialización de licores.
Por lo anterior, el Tribunal declaró la nulidad de los numerales 1, 8 y 9 del artículo 21 de
la Ordenanza 397 de 2014, porque consideró que las medidas allí previstas excedían las
competencias departamentales y desconocían las reglas del derecho comunitario andino
sobre libre circulación de mercancías.
3.4. De otra parte, respecto del numeral 2 del artículo 21, relacionado con la exigencia
del registro marcario dentro de los convenios o contratos de producción, introducción y
comercialización de licores, el Tribunal negó la pretensión de nulidad. Al respecto,
consideró que no podía entenderse que el trámite de registro marcario se encontraba
agotado por el solo hecho de contar con un registro sanitario expedido por el INVIMA,
pues, conforme con el numeral 6 del artículo 61 del Decreto 1686 de 2012, para obtener
dicho registro sanitario basta acreditar que la solicitud de registro marcario se encuentra
en trámite o que existe autorización para utilizar la marca cuando su titular es un tercero.
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En consecuencia, concluyó que la exigencia del registro marcario no constituía un
requisito redundante ni desconocía las normas sobre racionalización de trámites, dado
que la sola existencia del registro sanitario no garantiza la aprobación definitiva del
registro de marca.
3.5. Frente a los numerales 4, 5 y 6 del artículo 21 de la Ordenanza 397 de 2014, el
Tribunal precisó lo siguiente:
En relación con el control de transporte, consideró que la Asamblea Departamental
excedió sus competencias al establecer que esa materia debía regularse dentro de los
convenios o contratos celebrados en ejercicio del monopolio de licores. Para sustentar
esa conclusión, indicó que el artículo 219 de la Ley 223 de 1995 atribuyó al Gobierno
Nacional la reglamentación de un sistema único nacional de control del transporte de
productos gravados con el impuesto al consumo, facultad que se desarrolló mediante el
Decreto 3071 de 1997.
En ese sentido, precisó que la tornaguía constituye un documento único nacional que
autoriza y controla la movilización de productos sometidos al monopolio rentístico de
licores entre entidades territoriales. Por ello, señaló que su regulación corresponde
exclusivamente al Gobierno Nacional y no puede quedar sometida a las estipulaciones
que definan las partes dentro de los convenios o contratos suscritos con el departamento.
En consecuencia, encontró fundada la censura formulada contra esa disposición.
Respecto del bodegaje, el Tribunal señaló que, conforme con los artículos 67 de la Ley
14 de 1983 y 127 del Decreto Ley 1222 de 1986, los departamentos únicamente pueden
gravar la producción, introducción, distribución, venta y consumo de licores mediante el
impuesto al consumo o la participación porcentual en el precio de venta cuando ejercen
el monopolio. En consecuencia, indicó que existe una prohibición para imponer
bodegajes obligatorios o gravámenes adicionales.
No obstante, precisó que esa prohibición no impide que las partes acuerden
contractualmente la prestación de un servicio de bodegaje cuando exista consentimiento
entre ellas. Sin embargo, aclaró que esa obligación no puede incorporarse como un
requisito obligatorio dentro del contenido mínimo de los convenios de intercambio o de
los contratos de producción, introducción y comercialización de licores. Por lo anterior,
concluyó que la Asamblea Departamental excedió sus facultades al establecer dicha
exigencia.
En cuanto a la señalización de los productos, el Tribunal indicó que esa materia se
encuentra regulada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 602 de 2013, expedido
en desarrollo del Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR). Señaló que
dicha norma atribuyó a la DIAN la competencia para definir los mecanismos, tecnologías
y lugares autorizados para la marcación, medición y conteo de los productos sujetos al
impuesto al consumo y al monopolio de licores.
En consecuencia, consideró que los departamentos carecen de competencia para
establecer, mediante convenios o contratos, reglas propias sobre señalización o
marcación de productos, pues ello desconoce la regulación nacional aplicable y afecta la
finalidad del sistema único de control diseñado para garantizar la trazabilidad de esos
bienes.
Por lo anterior, el Tribunal concluyó que los numerales 4, 5 y 6 del artículo 21 de la
Ordenanza 397 de 2014 desconocían el marco legal que regula el monopolio rentístico
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de licores y las competencias atribuidas al Gobierno Nacional en materia de control del
transporte, bodegaje y marcación de productos. En consecuencia, declaró su nulidad.
3.6. Frente al Numeral 7 del artículo 21, señaló que se soportaría en las consideraciones
esgrimidas al analizarse el artículo 20 de la Ordenanza 397 de 2014. Bajo ese contexto,
declaró su nulidad.
3.7. En relación con el numeral 10 del artículo 21 de la Ordenanza 397 de 2014, el
Tribunal indicó que frente a dicha disposición resultaba pertinente el análisis efectuado al
resolver los cuestionamientos formulados contra el inciso cuarto del artículo 18 de la
misma ordenanza. En consecuencia, declaró su nulidad.
3.8. Frente al numeral 12 del artículo 21 de la Ordenanza 397 de 2014, referido a la
exigencia de constituir pólizas de cumplimiento dentro de los convenios de intercambio y
los contratos de producción, introducción y comercialización de licores, el Tribunal
descartó la vulneración de la Ley 1386 de 2010, porque consideró que la prohibición
prevista en esta norma tiene como finalidad impedir que las entidades territoriales
deleguen o tercericen las funciones de administración, fiscalización, liquidación, cobro
coactivo, discusión, devolución e imposición de sanciones relacionadas con los tributos
a su cargo.
Precisó que, en el caso concreto, la póliza no implica una delegación de las funciones
tributarias del departamento, sino una garantía contractual a cargo del contratista para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del negocio jurídico celebrado
con la entidad territorial. En ese sentido, señaló que, conforme con las normas de
contratación estatal, en particular la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, las entidades
públicas pueden exigir garantías destinadas a respaldar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, siempre que estas no desconozcan la Constitución ni la ley.
De otra parte, frente al argumento según el cual el departamento debía acudir
exclusivamente a los mecanismos previstos en el Estatuto Tributario Nacional para
garantizar el pago de la participación derivada del monopolio de licores, el Tribunal indicó
que las normas invocadas por la demandante —artículos 221 de la Ley 223 de 1995 y 59
de la Ley 788 de 2002— regulan la administración y el cobro de tributos territoriales,
particularmente de los impuestos, y no resultan aplicables a la participación económica
derivada del ejercicio del monopolio rentístico.
En ese sentido, explicó que, aunque tanto los tributos como los monopolios tienen
fundamento en el principio de reserva legal, la participación derivada del monopolio de
licores tiene una naturaleza distinta a la del impuesto al consumo. Señaló que esa
participación surge de la facultad otorgada a los departamentos para celebrar convenios
y contratos económicos relacionados con la producción, introducción y comercialización
de licores, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 14 de 1983. Por ello, al tratarse de
obligaciones de naturaleza contractual, consideró admisible acudir a garantías propias
de la contratación estatal para asegurar su cumplimiento.
En consecuencia, el Tribunal concluyó que la exigencia de pólizas de cumplimiento
prevista en el numeral 12 del artículo 21 de la Ordenanza 397 de 2014 no desconocía la
Ley 1386 de 2010 ni las normas tributarias invocadas. Por esa razón, negó la pretensión
de nulidad formulada contra dicha disposición.
3.9. En relación con el numeral 14 del artículo 21 de la Ordenanza 397 de 2014, el
Tribunal señaló que el análisis del cargo se encontraba relacionado con las
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consideraciones expuestas al resolver la solicitud de nulidad del inciso tercero del artículo
18 de la misma ordenanza, por lo que procedía declarar su nulidad.
3.10. Respecto del artículo 22 de la Ordenanza 397 de 2014, el Tribunal indicó que el
estudio del cargo debía resolverse conforme con las consideraciones expuestas al
analizar el inciso cuarto del artículo 18 de la misma normativa. En consecuencia, con
fundamento en los argumentos desarrollados en ese acápite, declaró su nulidad.
3.11. En relación con los numerales 12 y 13 del artículo 154 de la Ordenanza 397 de
2014, el Tribunal señaló que, conforme con las consideraciones expuestas al estudiar el
inciso cuarto del artículo 18 de la misma ordenanza, los tributos y contribuciones se
encuentran sometidos al principio de reserva de ley previsto en los artículos 150 numeral
12, 287 numeral 3, 300 numeral 4 y 338 de la Constitución Política.
Precisó que, aunque las entidades territoriales cuentan con autonomía para la
administración de sus recursos, dicha facultad se encuentra limitada por los mandatos
constitucionales y legales aplicables a la creación de tributos, incluidas las tasas.
En ese sentido, indicó que la creación de una tasa requiere una habilitación legal previa
que faculte a las asambleas departamentales para establecerla, así como la
determinación de sus elementos esenciales. Bajo ese entendido, al no existir una
disposición legal que autorizara al departamento del Valle del Cauca para crear una tasa
sobre los rótulos adhesivos utilizados en los trámites de expedición, legalización y
anulación de tornaguías, concluyó que los numerales 12 y 13 del artículo 154 de la
Ordenanza 397 de 2014 desconocían el principio de reserva de ley en materia tributaria.
Por ello, declaró su nulidad.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
El departamento del Valle del Cauca solicitó revocar la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, según lo siguiente10:
4.1. Manifestó que el departamento goza de plena autonomía según lo dispuesto en el
artículo 287 de la Constitución Política, el cual transcribió en su contenido literal.
4.2. Mencionó que con la expedición de la Ordenanza 397 del 18 de diciembre de 2014,
lo que se hizo fue establecer los tributos del orden departamental determinando entre
otros aspectos, los hechos generadores, los sujetos pasivos, la causación, la base
gravable, las tarifas, el periodo gravable, la declaración y pago, las exenciones y
sanciones de los impuestos y contribuciones de propiedad del departamento.
4.3. Transcribió los artículos 300, 305 y 338 de la Constitución Política; los artículos 51 y
59 de la Ley 788 de 2002; los artículos 24 y 61 de la Ley 14 de 1983, el artículo 123 del
Decreto – Ley 1222 de 1986 y el artículo 1 de la Ordenanza del Valle del Cauca 004-E
del 29 de febrero de 1988.
4.4. Finalmente, señaló:
En este orden, considero que el Tribunal Contencioso del Valle yerra al interpretar dicha
norma pues confundió los conceptos de impuesto, tasa y contribución, pues de la lectura
del artículo 338 de la Constitución Política, se desprende el inciso primero, que se refiere a
los impuestos, mientras que el inciso segundo se refiere a las tasas y contribuciones. Es
10 Folios 269 a 272 cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 26 Samai.
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decir, que la norma constitucional permite la delegación para la fijación de la tarifa
solamente respecto de las tasas y las contribuciones.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El recurso de apelación fue admitido mediante proveído del 6 de marzo de 201811.
5.2. Mediante auto de 22 de enero de 201912, el magistrado sustanciador corrió traslado
a las partes por el término de diez (10) días para que presentaran sus alegatos de
conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
5.3. Las partes y el tercero interesado en las resultas del proceso guardaron silencio. El
Ministerio Público no se pronunció.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de
marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.
6.2. Actos demandados
Los apartes demandados de la Ordenanza 397 de 2014 “por la cual se establece el
estatuto tributario y de rentas del departamento del Valle del Cauca” se subrayan:
Articulo 18.- Producción, introducción y comercialización de licores. La producción de
licores destilados en el territorio Departamental es exclusiva del Departamento a través de
su Industria Licorera del Valle del Cauca.
La Industria Licorera del Valle del Cauca pagará al Departamento del Valle del Cauca en la
venta de sus productos, las tarifas de participación determinadas en este Estatuto.
En desarrollo del monopolio sobre la producción, introducción y venta de licores destilados,
el Departamento, con el concepto técnico de la Industria Licorera del Valle del Cauca y
previa autorización de la Asamblea Departamental, podrá celebrar contratos de intercambio
con personas de derecho público o de derecho privado y todo tipo de convenio que, dentro
de las normas de contratación vigentes, permita agilizar el comercio de estos productos.
Para la introducción y venta de licores destilados, nacionales o extranjeros, sobre los cuales
el Departamento ejerza el monopolio, será necesario obtener previamente su permiso, que
solo lo otorgará una vez se celebren los convenios económicos con las firmas productoras,
introductores o importadoras en los cuales se establezca la participación del Departamento.
En los convenios de intercambio con los Departamentos y en los contratos de producción,
introducción y comercialización, se establece una compensación a favor del Fondo de
Pensiones de la Industria Licorera del Valle del Cauca y del Fondo para los gastos de la
Actuación Tributaria.
Parágrafo.- Los productores, introductores y comercializadores de licores en el
Departamento del Valle del Cauca, no podrán exigir exclusividad de sus productos, frente
11 Folios 5 y 6 cuaderno de segunda instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 26 Samai.
12 Folio 21 cuaderno de segunda instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 26 Samai.
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a los productos de la Industria Licorera del Valle del Cauca, en establecimientos públicos y
privados, so pena de ser causal de incumplimiento al convenio o contrato.
Artículo 20. Precio mínimo de venta. Los licores que se comercialicen en el Departamento
del Valle del Cauca, en ningún caso podrán venderse por debajo del precio de venta al
público fijado para los productos de la Industria Licorera del Valle del Cauca. El Gobierno
Departamental expedirá hasta el último día calendario del mes de enero de cada año, la
lista de precios.
Los licores contenidos en paquetes promocionales, no podrán implicar un precio por botella
o su equivalente, menor a la base establecida en el presente artículo, so pena de incurrir
en las sanciones establecidas en este Estatuto.
Igualmente, se deberá tener en cuenta que en los convenios de intercambio de licores y en
los contratos de producción, introducción y comercialización de licores, los precios unitarios
de venta al público de los licores que sean comercializados en el territorio rentístico del
Valle del Cauca, deberán superar como mínimo en un 10% el precio unitario de productos
similares en categoría, volumen y graduación alcoholimétrica de los productos de la
Industria Licorera del Valle del Cauca.
Articulo 21.- Contenido de los Convenios o Contratos. El convenio o contrato autorizado
deberá contener como mínimo lo siguiente:
1. Relación de productos autorizados y cuotas.
2. Registro marcario de los productos que va a producir, comercializar o introducir. En caso
de no ser el titular de la marca, deberá aportar el documento que soporte el licenciamiento
de la misma.
3. Registro sanitario de los licores.
4. Control de transporte.
5. Bodegaje.
6. Señalización.
7. Distribuidores autorizados y lista de precios a canales y al público.
8. Cuota mínima en los contratos de participación.
9. Cuota máxima en los convenios de intercambio o introducción.
10. Compensación para el caso de convenios de intercambio y los contratos de producción,
introducción y comercialización de Licores.
11. Participación económica del departamento en el precio de venta del producto.
12. Pólizas de cumplimiento para el pago de impuestos y demás amparos que se requiera.
13. Certificado de buenas prácticas de manufactura o concepto sanitario, según el caso
expedidos por el INVIMA, una vez sea exigible por mandato legal.
14. Concepto técnico de la ILV.
15. Los demás aspectos que se consideren pertinentes.
Articulo 22.- Compensación económica. Los convenios interadministrativos de intercambio
de licores y los contratos de producción. introducción y comercialización, deberán incluir el
pago de una compensación económica correspondiente al 2% de una UVT por cada botella
convertida a 750 C.C. ingresada al Departamento. Dicha compensación será distribuida de
la siguiente manera: 50% con destino al Fondo de Pensiones de la Industria Licorera del
Valle del Cauca y, 50% con destino al Fondo para los costos de la Actuación Tributaria.
Esta compensación será pagada por el productor, importador o el distribuidor, dentro de los
quince (15) diez siguientes a la introducción de los productos al Departamento o a la
solicitud de las etiquetas de señalización, para el caso de los productores ubicados en la
jurisdicción del Departamento, en las cuentas que para tal fin disponga la Industria Licorera
del Valle del Cauca y la Subsecretaria de Tesorería del Departamento, de acuerdo a su
destinación especifica.
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Articulo 154.- Tarifas. Las tasas por los servicios, trámites o derechos tendrán las siguientes
tarifas aplicables para la vigencia 2015:
(…)
12. Los rótulos de los adhesivos para la expedición y legalización de tornaguías de
productos gravados con impuesto al consumo y/o participación, $3.600.
13. Anulación de rótulos de adhesivos de tornaguías de productos gravados con impuesto
al consumo y/o participación, $3.600.
6.3. Análisis del caso
6.3.1. En su demanda, la parte demandante sostuvo que varios apartes de la Ordenanza
397 de 2014 excedían las competencias de la Asamblea Departamental del Valle del
Cauca, al imponer requisitos, cargas y restricciones no previstos en la normativa que
regula el monopolio rentístico de licores.
En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de varias
disposiciones de la Ordenanza 397 de 2014, al concluir que algunas de ellas
incorporaban requisitos, cargas y limitaciones que carecían de sustento en las normas
que regulan el monopolio rentístico de licores y, por tanto, desbordaban las competencias
de la Asamblea Departamental.
En el recurso de apelación, el departamento del Valle del Cauca solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Para sustentar esa solicitud, centró su argumentación, principalmente, en la transcripción
de disposiciones constitucionales y legales que, a su juicio, respaldaban la competencia
del ente departamental para regular los aspectos económicos y tributarios relacionados
con el monopolio de licores.
Asimismo, sostuvo que el Tribunal incurrió en un error de interpretación al confundir las
categorías de impuesto, tasa y contribución.
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por cuanto los planteamientos
expuestos en el recurso de apelación no constituyen reparos concretos frente a las
razones que llevaron al Tribunal a acceder parcialmente a las pretensiones de la
demanda, sino que, en esencia, reproducen los argumentos formulados al contestar la
demanda, los cuales consisten, en su mayoría, en la simple transcripción de
disposiciones normativas, sin desarrollar un análisis dirigido a controvertir los
fundamentos de la decisión apelada. En consecuencia, la entidad demandada incumplió
la carga de sustentar el recurso de apelación mediante la formulación de censuras
concretas contra la decisión impugnada, lo que impide a la Sala efectuar un examen de
fondo de la sentencia, según se explica a continuación:
6.3.2. En primer lugar, corresponde a la Sala establecer si el recurso de apelación
interpuesto por el departamento del Valle del Cauca satisface la carga de sustentación
exigida por el ordenamiento jurídico. Solo en caso afirmativo procedería el examen de los
cuestionamientos formulados contra la sentencia de primera instancia.
La Sala destaca que, de conformidad con los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso13, aplicables por remisión del artículo 306 del CPACA, el recurso de apelación
13 En adelante, CGP.
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delimita la competencia del juez de segunda instancia a los reparos concretos formulados
por el apelante frente a la decisión impugnada.
En ese contexto, el artículo 247 ibidem, impone al recurrente la carga de sustentar el
recurso, esto es, de exponer las razones por las cuales considera que la decisión apelada
debe ser revocada o modificada. El cumplimiento de esa carga exige formular censuras
concretas dirigidas a controvertir los fundamentos de la sentencia impugnada; por tanto,
no basta con reproducir o reiterar los argumentos expuestos al contestar la demanda,
pues solo a partir de una verdadera confrontación con las razones de la decisión recurrida
el juez de segunda instancia puede ejercer el control que le corresponde.
La jurisprudencia ha precisado que la carga procesal de sustentar el recurso de apelación
no se satisface con la simple manifestación de inconformidad frente a la decisión
adoptada, ni con la mera reiteración de los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda. Por el contrario, el recurrente debe formular reparos concretos dirigidos a
controvertir los fundamentos de la sentencia impugnada. En ese sentido, se ha señalado:
[…] la carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface
con la llana indicación de discrepancia frente a la providencia recurrida, como tampoco con
la solicitud de que se revoque para que se acceda a los intereses de la parte inconforme y
menos aún, con la simple reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera
instancia, bien sea en la demanda o en la contestación, en tanto que aquellas ya fueron
objeto de comprobación y debate por parte del a quo. Lo que la ley impone es que se
ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la decisión
de primer grado en aquello que se considere desfavorable, no solo por considerarla
contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque exista en realidad una razón por
la que se considere que lo fallado no corresponde en derecho a una decisión acertada14.
Por consiguiente, la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe al
examen de los reparos concretos formulados por el apelante frente a la decisión
impugnada y a los fundamentos que la sustentan. De ahí que, cuando el recurso no
contiene argumentos dirigidos a controvertir la ratio decidendi de la sentencia apelada,
no corresponde al superior suplir esa carga argumentativa ni pronunciarse sobre
aspectos que no fueron objeto de censura, pues ello desconocería el principio de
congruencia y el derecho de defensa de la contraparte.
En armonía con lo anterior, esta Sección ha señalado que, ante la ausencia de reparos
que habiliten un examen de fondo, procede confirmar la sentencia apelada. En ese
sentido, ha sostenido:
[…] la jurisprudencia de la Sección ha sido reiterativa en señalar que no hay lugar a tramitar
el recurso de apelación cuando el recurrente no ha expresado de manera clara y precisa
los argumentos o motivos de su inconformidad con el fallo, esto es, las razones por las
cuales estima que la decisión adoptada por el juez de primera instancia adolece de errores
o falencias que conducen o hacen necesario que deba ser revocada. En otros términos, es
necesario que quien interpone el recurso cumpla con la carga de exponer clara y
expresamente sus desavenencias con la decisión, pues lo contrario imposibilitaría que el
ad quem aborde el estudio de fondo del recurso15.
De lo anterior se sigue que la competencia de la Sala está delimitada por los reparos
formulados contra la sentencia apelada. En ese sentido, esta Sección ha sostenido de
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 18 de marzo de 2024, radicado: 85001-23-31-
000-2011-00091-01 (51.209), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2026,
expediente 54001-23-31-000-2008-00400-01, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta.
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manera reiterada que la sustentación del recurso exige que el apelante confronte los
argumentos que sirvieron de fundamento a la decisión de primera instancia y no se limite
a reproducir los planteamientos expuestos en las actuaciones surtidas ante el juez de
primera instancia. Al respecto, ha señalado:
[…] el presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de apelación es la referencia
clara y concreta que el recurrente haga de los argumentos que el juez de primera instancia
consideró para tomar su decisión, para efectos de solicitarle al superior jerárquico funcional
que decida sobre los puntos o aspectos que se plantean ante la segunda instancia,
tendientes a dejar sin sustento jurídico aquellos, pues precisamente al juzgador de segundo
grado corresponde hacer dichas confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia merece
ser o no confirmada16.
6.3.3. En el caso concreto, al comparar el contenido de la contestación de la demanda
con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala advierte que ambos
escritos coinciden sustancialmente, en tanto el recurso reproduce, en esencia, los
planteamientos formulados por la entidad demandada al contestar la demanda. Tales
planteamientos consisten, en su mayoría, en la transcripción de disposiciones
constitucionales y legales, sin desarrollar argumentos encaminados a controvertir las
razones que sustentaron la sentencia de primera instancia. La siguiente comparación
permite advertir dicha correspondencia:
Contestación de la demanda17 Recurso de apelación18
Por lo anterior, y con el ánimo de esbozar los
fundamentos del petitum principal del presente escrito,
El Departamento del Valle del Cauca, goza de plena es pertinente precisar que El Departamento del Valle del
autonomía según lo dispuesto en el artículo 287 de la Cauca, goza de plena autonomía según lo dispuesto en
Constitución Política de Colombia de 1991, que el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia
establece: de 1991, que establece:
“Las entidades territoriales gozan de autonomía para la “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la
Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes
derechos: derechos:
(…) (…)
3. Administrar los recursos y establecer los tributos 3. Administrar los recursos y establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
(…)”. (…)”.
Ahora bien, en este mismo orden el artículo 300 de la Ahora bien, en este mismo orden el artículo 300 de la
C.P. expresa: “Corresponde a las Asambleas C.P. expresa: “Corresponde a las Asambleas
Departamentales, por medio de ordenanzas (...): Departamentales, por medio de ordenanzas (...):
4. Decretar, de conformidad con la ley, los tributos y 4. Decretar, de conformidad con la ley, los tributos y
contribuciones necesarios para el cumplimiento de las contribuciones necesarios para el cumplimiento de las
funciones departamentales. funciones departamentales.
12. Cumplir las demás funciones que le asigne la 12. Cumplir las demás funciones que le asigne la
Constitución y la Ley. Constitución y la Ley.
Los planes y programas de desarrollo de obras públicas, Los planes y programas de desarrollo de obras públicas,
serán coordinados e integrados con los planes y serán coordinados e integrados con los planes y
programas municipales, regionales y nacionales. programas municipales, regionales y nacionales.
Las ordenanzas a que se refieren los numerales 3, 5 y 7 Las ordenanzas a que se refieren los numerales 3, 5 y 7
de este artículo, las que decretan inversiones, de este artículo, las que decretan inversiones,
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre de 2025,
expediente 63001-23-33-000-2019-00216-01, C.P. (E) Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
17 Folios 94 a 98 del cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 26 Samai.
18 Folios 269 a 272 cuaderno de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 26 Samai.
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participaciones o cesiones de rentas y bienes participaciones o cesiones de rentas y bienes
departamentales y las que creen servicios a cargo del departamentales y las que creen servicios a cargo del
Departamento o los traspasen a él, podrán ser dictadas Departamento o los traspasen a él, podrán ser dictadas
o reformadas a iniciativa del Gobernador (…)”. o reformadas a iniciativa del Gobernador (…)”.
De igual forma corresponde al Gobernador según lo De igual forma corresponde al Gobernador según lo
dispuesto en el artículo 305 de la C.P. “1. Cumplir y dispuesto en el artículo 305 de la C.P. “1. Cumplir y
hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del
Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas
Departamentales (…)”. Departamentales (…)”.
Asimismo, el artículo 338 de la C.P. estipula: “(…) La ley, Asimismo, el artículo 338 de la C.P. estipula: “(…) La ley,
las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las
autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones
que cobren a los contribuyentes, como recuperación de que cobren a los contribuyentes, como recuperación de
los costos de los servicios que les presten o los costos de los servicios que les presten o participación
participación en los beneficios que les proporcionen; en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema
pero el sistema y el método para definir tales costos y y el método para definir tales costos y beneficios, y la
beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley,
fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos”. las ordenanzas o los acuerdos”.
Tenemos en este mismo orden que el artículo 59 de la Tenemos en este mismo orden que el artículo 59 de la
ley 788 de 2002 establece: “Procedimiento tributario ley 788 de 2002 establece: “Procedimiento tributario
territorial. Los departamentos y municipios aplicaran los territorial. Los departamentos y municipios aplicaran los
procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario
Nacional, para la administración, determinación, Nacional, para la administración, determinación,
discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio
incluido su imposición, a los impuestos por ellos incluido su imposición, a los impuestos por ellos
administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento
administrative de cobro de multas, derechos y demás administrative de cobro de multas, derechos y demás
recursos territoriales. El monto de las sanciones y el recursos territoriales. El monto de las sanciones y el
término de la aplicación de los procedimientos término de la aplicación de los procedimientos
anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde
con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta
la proporcionalidad de estas respecto del monto de los la proporcionalidad de estas respecto del monto de los
impuestos”. impuestos”.
Así las cosas, con la expedición de la Ordenanza 397 Así las cosas, con la expedición de la Ordenanza 397
del 18 de diciembre de 2014, lo que se hizo fue del 18 de diciembre de 2014, lo que se hizo fue
establecer los tributos del Orden Departamental establecer los tributos del Orden Departamental
determinando entre otros aspectos, los hechos determinando entre otros aspectos, los hechos
generadores, los sujetos pasivos, la causación, la base generadores, los sujetos pasivos, la causación, la base
gravable, las tarifas, el periodo gravable, la declaración gravable, las tarifas, el periodo gravable, la declaración
y pago, las exenciones y sanciones de los impuestos y y pago, las exenciones y sanciones de los impuestos y
contribuciones de propiedad del Departamento. contribuciones de propiedad del Departamento.
Por otro lado, la ley 14 de 1983 en su artículo 61 Por otro lado, la ley 14 de 1983 en su artículo 61
establece: “La producción y venta de licores destilados establece: “La producción y venta de licores destilados
constituyen monopolios de los departamentos como constituyen monopolios de los departamentos como
arbitrio rentístico en los términos del artículo 336 de la arbitrio rentístico en los términos del artículo 336 de la
Constitución Política de Colombia. Constitución Política de Colombia.
En consecuencia, las Asambleas Departamentales En consecuencia, las Asambleas Departamentales
regularan el monopolio o gravaran esas industrias y regularan el monopolio o gravaran esas industrias y
actividades, si el monopolio no conviene, conforme a lo actividades, si el monopolio no conviene, conforme a lo
dispuesto en esta ley”. dispuesto en esta ley”.
Igualmente, el articulo 204 regula la causación del Igualmente, el articulo 204 regula la causación del
impuesto de los productos nacionales, indicando: impuesto de los productos nacionales, indicando:
“...ART. 24.- CAUSACION: En el caso de productos “...ART. 24.- CAUSACION: En el caso de productos
nacionales, el impuesto se causa en el momento, en que nacionales, el impuesto se causa en el momento, en que
el productor los entrega en fabrica o en planta para su el productor los entrega en fabrica o en planta para su
distribución, venta o permuta en el país o para distribución, venta o permuta en el país o para
publicidad, promoción, donación, comisión, o los de publicidad, promoción, donación, comisión, o los de
destinados a autoconsumo...”. destinados a autoconsumo...”.
La ley 788 de 2002 en su artículo 51 establece: La ley 788 de 2002 en su artículo 51 establece:
“Participación los Departamentos podrán, dentro del “Participación los Departamentos podrán, dentro del
ejercicio del monopolio de licores destilados en lugar del ejercicio del monopolio de licores destilados en lugar del
impuesto al consume, aplicar a los licores una impuesto al consume, aplicar a los licores una
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participación. Esta participación se establecerá por participación. Esta participación se establecerá por
grado de alcoholímetro. (...) grado de alcoholímetro. (...)
“...La tarifa de la participación será fijada por la “...La tarifa de la participación será fijada por la
Asamblea Departamental, será única para todos los Asamblea Departamental, será única para todos los
productos...”. productos...”.
En el caso del Valle mediante ordenanza No 004-E de En el caso del Valle mediante ordenanza No 004-E de
febrero 29 de 1988 en su artículo primero se establece: febrero 29 de 1988 en su artículo primero se establece:
“...Conforme a la ley 14 de 1983 y al art. 123 del decreto “...Conforme a la ley 14 de 1983 y al art. 123 del decreto
1222 de 1986, (Código de Régimen Departamental), el 1222 de 1986, (Código de Régimen Departamental), el
Departamento celebrará convenios (...) de tal manera Departamento celebrará convenios (...) de tal manera
que se acoja por el Departamento del Valle la fórmula de que se acoja por el Departamento del Valle la fórmula de
la participación porcentual y no la del impuesto al la participación porcentual y no la del impuesto al
consumo...”. consumo...”.
Así pues, el ejercicio del monopolio de licores como Así pues, el ejercicio del monopolio de licores como
arbitrio rentístico del departamento es objeto directo de arbitrio rentístico del departamento es objeto directo de
la regulación de la Asamblea Departamental ya que la la regulación de la Asamblea Departamental ya que la
ley 78.8 de 2002 faculta a las mismas para fijar una tarifa ley 78.8 de 2002 faculta a las mismas para fijar una tarifa
única de participación en licores, y esta no debe ser única de participación en licores, y esta no debe ser
inferior al impuesto al consumo. inferior al impuesto al consumo.
Finalmente, con respecto del ejercicio del monopolio en Finalmente, con respecto del ejercicio del monopolio en
producción el Decreto Ley 1222 de 1986, articulo 123 producción el Decreto Ley 1222 de 1986, articulo 123
precisa la amplitud para celebrar contratos de precisa la amplitud para celebrar contratos de
intercambio o de comercialización que se requieren bajo intercambio o de comercialización que se requieren bajo
las reglas de contratación para producir y comercializar las reglas de contratación para producir y comercializar
los productos y en específico para la introducción y los productos y en específico para la introducción y venta
venta de productos no propios dispone que: “...será de productos no propios dispone que: “...será necesario
necesario obtener previamente su permiso, que solo lo obtener previamente su permiso, que solo lo otorgará
otorgará una vez se celebren los convenios económicos una vez se celebren los convenios económicos con las
con las firmas productoras, introductoras o importadoras firmas productoras, introductoras o importadoras en los
en los cuales se establezca la participación porcentual cuales se establezca la participación porcentual del
del Departamento en el precio de venta del producto...”. Departamento en el precio de venta del producto...”.
De lo transcrito, la Sala advierte que el recurso de apelación interpuesto por el
departamento del Valle del Cauca no contiene reparos concretos dirigidos a controvertir
las razones que llevaron al Tribunal a acceder parcialmente a las pretensiones de la
demanda. En lugar de cuestionar los fundamentos jurídicos de la sentencia de primera
instancia, la entidad demandada se limitó a reiterar los planteamientos formulados
durante la etapa inicial del proceso.
Así las cosas, pese a que la finalidad del recurso de apelación es someter a consideración
del superior los errores que, a juicio del recurrente, contiene la providencia impugnada,
del examen del escrito no se advierten censuras encaminadas a desvirtuar su ratio
decidendi, lo que evidencia el incumplimiento de la carga de sustentación exigida para
este medio de impugnación.
Ahora bien, la Sala observa que el escrito de apelación contiene un único planteamiento
que no corresponde a una reproducción de los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda. En dicho aparte, la entidad demandada manifestó lo siguiente:
En este orden, considero que el Tribunal Contencioso del Valle yerra al interpretar dicha
norma pues confundió los conceptos de impuesto, tasa y contribución, pues de la lectura
del artículo 338 de la Constitución Política, se desprende el inciso primero, que se refiere a
los impuestos, mientras que el inciso segundo se refiere a las tasas y contribuciones. Es
decir, que la norma constitucional permite la delegación para la fijación de la tarifa
solamente respecto de las tasas y las contribuciones.
Al respecto, la Sala advierte que se trata de una afirmación de carácter general que no
controvierte los fundamentos específicos de la providencia impugnada ni plantea un
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reparo concreto frente a las consideraciones que sustentan la decisión de primera
instancia. En consecuencia, el argumento no fue desarrollado de manera suficiente para
desvirtuar la motivación de la sentencia apelada, razón por la cual no está llamado a
prosperar.
En esas condiciones, al no haberse formulado censuras dirigidas a desvirtuar los
fundamentos de la decisión apelada, la Sala carece de motivos para apartarse de lo
resuelto por el Tribunal. En consecuencia, confirmará la sentencia de primera instancia,
por cuanto la entidad demandada incumplió la carga de sustentar el recurso de apelación
mediante la formulación de reparos concretos contra la decisión impugnada.
6.4. Conclusión
La competencia de la Sala, en su condición de juez de segunda instancia, se circunscribe
a los reparos concretos formulados por el apelante contra la sentencia de primera
instancia. Con fundamento en lo anterior, y una vez revisado el escrito de apelación
presentado por el departamento del Valle del Cauca, la Sala advierte que este no contiene
reparos concretos dirigidos a controvertir los fundamentos de la sentencia de primera
instancia. En efecto, la entidad demandada se limitó a reproducir los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda, los cuales, a su vez, consistían
principalmente en la transcripción de disposiciones normativas, sin desarrollar una
verdadera confrontación con las razones que llevaron al Tribunal a acceder parcialmente
a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, el recurso no satisface la carga de
sustentación exigida para este medio de impugnación.
6.5. Condena en costas
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, la Sala se abstendrá de
condenar en costas, toda vez que el presente asunto fue promovido en ejercicio del medio
de control de nulidad, cuyo objeto es la protección objetiva del ordenamiento jurídico y en
el que el interés que motiva la actuación del demandante es de carácter público, orientado
a garantizar la prevalencia del principio de legalidad.
6.6. Reconocimiento de personería
Mediante memorial visible en el índice 23 de Samai, el abogado Crhistian Leonardo
Castro Londoño, allegó el poder que le confirió el departamento del Valle del Cauca. Por
tanto, la Sala le reconocerá personería para actuar en representación de la entidad
demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de junio de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
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Demandante: Claudia Elizabeth Cárdenas Fonseca
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
TERCERO: RECONOCER personería al abogado Crhistian Leonardo Castro Londoño,
para actuar en representación del departamento del Valle del Cauca, en los términos y
para los fines del poder a él otorgado.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 30 de julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
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