Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00117-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2013-00117-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00117-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2013-00117-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A., como administradora del patrimonio
autónomo P.A.R. Caprecom Liquidado
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y Fondo Financiero Distrital de Salud
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Carga argumentativa en el recurso de apelación
Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. Sin condena en costas
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de 20 de marzo de 2014 proferida por la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones de
la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2, la entonces Caja de Previsión Social de Comunicaciones -Caprecom-,
por conducto de apoderada judicial, demandó a la Secretaría Distrital de Salud y al Fondo
Financiero Distrital de Salud, con el objeto de que se accediera a las siguientes
pretensiones3:
1. Se declare la NULIDAD de la Resolución No. 1168 del 30 de septiembre de 2011,
mediante la cual se decidió liquidar las UPCS de los afiliados del Régimen Subsidiado para
el periodo de abril a mayo de 2010, resultando un saldo en contra de CAPRECOM de
$367.911.163.
2. Se declare la NULIDAD de la Resolución 493 del 13 de junio de 2012, mediante la cual
se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución 1168 del 30 de septiembre
de 2011 resultando un saldo en contra de CAPRECOM de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($236.871.894).
1 Índice 23 del aplicativo SAMAI. Archivo:
«CUADERNO2_NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO01DEMANDA(.pdf)».
2 En adelante CPACA.
3 Folios 7 y 8.
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
3. Se restablezcan los derechos violados a CAPRECOM.
1.2. Fundamentos de hecho
La parte demandante refirió que, durante el periodo de abril a mayo de 2010, la prestación
de los servicios para los usuarios del régimen subsidiado del Distrito Capital estuvo
desprovista de contrato celebrado con las empresas prestadoras de salud, a diferencia
de las vigencias que antecedieron el citado periodo y a la contratación realizada a partir
del mes de junio de 2010.
Para la operación del régimen subsidiado de los meses de abril a mayo de 2010, sin
mediar contrato, la Secretaría Distrital de Salud para efectos de cubrir la prestación de
los servicios de salud a los afiliados del régimen subsidiado en Bogotá, impartió
instrucciones a las EPS, incluida Caprecom.
Mediante comunicación suscrita por el director de Aseguramiento en Salud de la
Secretaría Distrital de Salud, reitera y ratifica lo expresado en comunicación remitida a la
EPS y al Ministerio de Protección Social, en la que señala que el instrumento oficial para
garantizar los servicios de salud a la población del régimen subsidiado es el Maestro de
Afiliados y el Comprobador de Derechos del Distrito Capital.
Indicó que, de conformidad con la instrucción impartida por la Secretaría Distrital de
Salud, dispuso lo necesario para la prestación de los servicios en el periodo de abril a
mayo de 2010 a los usuarios registrados en el Maestro de afiliados suministrado por la
entidad demandada.
A través de la Resolución núm. 1168 del 30 de septiembre de 2011, el secretario Distrital
de Salud procedió a liquidar las UPCS de los afiliados del régimen subsidiado de
Caprecom por el periodo comprendido entre abril a mayo de 2010, teniendo en cuenta
los registros de los afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, y no sobre
el Maestro de Afiliados y el Comprobador de Derechos del Distrito Capital, lo que resultó
una suma en contra de Caprecom por valor de trescientos sesenta y siete millones
novecientos once mil pesos ciento sesenta y tres mil pesos ($367.911.163).
Inconforme con la decisión anterior interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto
mediante Resolución núm. 493 de 13 de junio de 2012, que dispuso modificar la
Resolución 1168 del 30 de septiembre de 2011 en el sentido de disminuir el porcentaje
del valor en contra de Caprecom, dejándolo en la suma de doscientos treinta y seis
millones ochocientos setenta y un mil ochocientos noventa y cuatro ($236.871.894).
1.3. Normas vulneradas y concepto de violación
El demandante señaló como vulnerados los artículos 2, 4, 6, 29, 116 de la Constitución
Política, 87, 138 de la Ley 1437 de 2011, las leyes 640 de 2001 y 1122 de 2007. Con
fundamento en dichas disposiciones, expuso lo siguiente:
Que la demandada, para la liquidación de la prestación del servicio de salud para el
periodo entre abril y mayo de 2010, utilizó el procedimiento de liquidación unilateral, como
si estuviera frente a una relación contractual.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
Que la entidad demandada al liquidar la operación resultante de la prestación de los
servicios de salud para el período comprendido entre abril y mayo de 2010, con unas
reglas diferentes a las utilizadas en la ejecución, lo que conllevó a una diferencia de
valores a reconocer, pues el criterio de emplear la base de datos remitida por la
Secretaría Distrital de Salud, resulta a favor de Caprecom la suma de $503.860.532.40 y
utilizando el BDUA resulta en contra de Caprecom la suma de $236.871.894, afectando
el patrimonio de la empresa.
En la liquidación realizada la entidad demandada se desconoce la base de datos por ellos
remitida, conforme a lo señalado en los considerandos de la Resolución núm. 493 del 13
de junio de 2012, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, donde expone
unas aclaraciones realizadas por el Ministerio de la Protección Social en desarrollo de
una reunión y un pronunciamiento del 11 de noviembre de 2011, en el sentido de atender
la base de datos Base de Datos Única de Afiliados (BDUA).
La entidad demandada ante la situación de una ejecución efectuada bajo sus directrices,
es decir, suministrando una base de datos diferente, esta es, la Base de Datos Única de
Afiliados (BDUA), conllevó a unas diferencias económicas sustanciales, en este caso
negativas para Caprecom y las demás EPS tal como se evidencia en los actos
administrativos acusados, optó por sostener la liquidación unilateral, cuando debió
revocar la Resolución 1168 del 13 de junio de 2012 y acudir ante la autoridad competente
para solicitar conciliación extrajudicial, con el fin de que se estableciera en forma ajustada
la liquidación para que no se produzca desequilibrio financiero a la entidad demandante
y acatando las reglas que conciernen a la liquidación de esos eventos, teniendo en cuenta
que no se celebró contrato entre las partes y que la administración no puede enriquecerse
sin justa causa.
La falta de competencia y desviación de las atribuciones propias para liquidar en forma
unilateral el periodo de abril y mayo de 2010, se configura toda vez que no existe relación
contractual que ampare ese periodo y que constituyeron hechos cumplidos por órdenes
dictadas por la propia administración.
Adujo que cualquier diferencia sobre la liquidación de las UPCS del periodo comprendido
entre abril y mayo de 2010, debió surtirse conforme la normatividad vigente mediante el
mecanismo de conciliación extrajudicial dando alcance a lo establecido en el artículo 59
de la Ley 23 de 1991 y el artículo 19 de la Ley 640 de 2001.
1.4. Contestación de la demanda4
La Secretaría Distrital de Salud se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, por cuanto los actos acusados fueron proferidos por autoridad competente y
con fundamento en las disposiciones legales vigentes.
Sostuvo que la demanda hace referencia a las causales de nulidad sin sustentación, lo
que equivale a decir que carece del concepto de violación y, por tanto, no cumple con lo
establecido en el artículo 162 del CPACA (Ley 1437 de 2011).
Destacó que las resoluciones objeto de cuestionamiento fueron expedidos por la
autoridad administrativa competente de acuerdo con la normatividad existente y vigente
al respecto.
4 Folios 104 a 110.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
1.5. El trámite de primera instancia
Mediante autos de 18 de marzo de 20135, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, admitió la demanda y ordenó las actuaciones procesales
correspondientes. Igualmente, se corrió traslado de la medida cautelar. Posteriormente,
por providencia de 26 de agosto de esa misma anualidad6 se negó la medida cautelar
solicitada por la parte demandante.
El 22 de enero de 20147, se llevó a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del
CPACA. En dicha diligencia el Tribunal resolvió cuestiones relacionadas con su
competencia, las excepciones propuestas8, la fijación del litigio, el intento de conciliación
y el decreto de pruebas. Asimismo, incorporó al expediente los documentos aportados
por las partes y decidió las solicitudes probatorias.
El 18 de febrero de 20149, se celebró la audiencia de pruebas y, en esa misma diligencia,
se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos dentro de los diez (10)
días siguientes.
II. LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia de 20 de marzo de 201410, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, resolvió lo siguiente:
1°) Deniéganse las pretensiones de la demanda.
2°) Abstiénese de condenar en costas.
3°) Notifíquese esta providencia en los términos establecidos en el artículo 203 del Código
Contencioso Administrativo.
4°) Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a su favor por concepto del
depósito de expensas para atender los gastos ordinarios del proceso.
5°) Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente previas las constancias
secretariales de rigor.
El Tribunal analizó de manera conjunta los cargos planteados por la parte demandante
relacionados con la infracción a las normas en que debía fundarse, falta de competencia,
desconocimiento del derecho de audiencia y desviación de poder.
Sobre el argumento consistente en que la Secretaría Distrital de Salud no tenía
competencia para liquidar unilateralmente las UPCS para el período entre abril y mayo
de 2010, el a quo lo desestimó, al analizar la Ley 715 de 2001, el Acuerdo 415 de 2009
y la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 4975 de 2009, y de los decretos que se
profirieron en virtud de este, a partir del cual concluyó lo siguiente:
De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no es de recibo el argumento
expuesto por la entidad demandante, toda vez que la Secretaría Distrital de Salud procedió
a realizar la liquidación de las UPCS de los afiliados al Régimen Subsidiado para el periodo
de abril y mayo de 2010 dentro del ejercicio de sus competencias de conformidad con lo
5 Folios 78 a 80 del expediente principal. Folio 18 del cuaderno de medida cautelar.
6 Folios 22 a 28 del cuaderno de medida cautelar.
7 Folios 157 a 162.
8 En esta etapa negó la excepción de inepta demanda presentada por la demandada.
9 Folios 272 a 274.
10 Folios 285 a 312.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
establecido en los artículos 44 de la ley 715 de 2001, 69 del Acuerdo 415 de 2009 y
atendiendo la directriz DGGS RS-002-2010 de 21 de mayo de 2010, si bien no existía una
relación contractual, por cuanto a esta entidad le correspondía proferir los actos
administrativos mediante los cuales se estableciera la ejecución y pago de lo debido de los
recursos destinados a financiar la afiliación de la población para el citado bimestre.
[…]
Atendiendo lo anterior, la Sala concluye que la Secretaría Distrital de Salud al proferir los
actos demandados no transgredió las normas de competencia, ni las directrices
establecidas por el Ministerio de la Protección Social, toda vez que la administración Distrital
estaba facultada para realizar la liquidación de las UPCS del régimen subsidiado para el
periodo comprendido entre abril y mayo de 2010, en consecuencia los cargos denominados
falta de competencia y transgresión de las normas en que debían fundarse no están
llamados a prosperar.
En cuanto al argumento asociado a que la demandada, al momento de proceder con la
liquidación de las UPCS desconoció su propia directriz en la que estableció que el
instrumento para garantizar los servicios de salud de la población del régimen subsidiado
en Bogotá a partir del 1° de abril de 2010, es el Maestro de Afiliados y Comprobador de
Derechos del Distrito Capital, el Tribunal consideró que la Secretaría Distrital de Salud
efectuó la liquidación de las UPCS con la información reportada y validada en la Base de
Datos Única de Afiliados-BDUA, en cumplimiento del instructivo DGGDS-RS-002-2010
expedido por el Ministerio de la Protección Social11.
Frente al motivo de inconformidad consistente en que la Secretaría Distrital de Salud
debió agotar la conciliación extrajudicial para realizar la liquidación de las UPCS, el a
quo señaló que dicha entidad se encontraba facultada, por las razones expuestas para
desestimar el cargo de falta de competencia e infracción de normas en que debían
fundarse, «además, la entidad demandante agotó este requisito de procedibilidad para
ejercer el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho de conformidad con lo
establecido en el numeral 1° del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011), convocando a la entidad
demandada, esto es, la Secretaría Distrital de Salud a la conciliación prejudicial celebrada
el 29 de enero de 2013 ante la Procuraduría 12 Judicial II para Asuntos Administrativos,
la cual fue declarada fallida por no existir animo conciliatorio de las partes (fl. 69 cdno.
ppal.), razón por la cual el procedimiento que alega la parte actora se surtió en debida
forma».
En relación con el argumento según el cual la demandada actuó con desviación de poder
por liquidar unilateralmente las UPCS del régimen subsidiado para el período de abril y
mayo de 2010, el Tribunal lo desestimó al considerar «que la decisión de la entidad
demandada se ciñó a los parámetros y lineamientos fijados por la ley 715 de 2001, el
Acuerdo 415 de 2009 y las directrices fijadas por el Ministerio de la Protección Social a
través de la directriz DGGDS-RS-002-2010, de modo que no está acreditado en el
expediente que la entidad demandada hubiera actuado con una finalidad distinta de la
señalada en la normatividad que rige dicho aspecto».
11 El cual estableció: «Para la liquidación de la UPC-S, se tomaron los registros de afiliados cargados y
validados en la Base de Datos Única de Afiliados BDUA, con corte al último proceso de cargue de marzo
de 2010 certificada por el Consorcio Fidufosyga 2005, y se aplicaron las fuentes de financiación definidas
en el artículo 3 del Decreto 1038 de 2010 - Última Doceava Sistema General de Participaciones - Conpes
130, doceava de enero distribuida en el Conpes 132, FOSYGA y los recursos de que trata el artículo 217
de la ley 100 de 1993».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
Finalmente, respecto del reproche relacionado con el desconocimiento del derecho de
audiencia, el a quo advirtió que «la entidad demandante no explicó el concepto de
violación del referido cargo, solo hizo mención del mismo, en atención a la naturaleza
rogada de esta jurisdicción, por lo que esta Sala de Decisión se sustrae de hacer un
pronunciamiento de fondo sobre la supuesta violación respecto de dicho cargo, pues no
se cumplió con la obligación procesal de precisar las normas violadas y el concepto de
su violación, de conformidad con lo dispuesto expresamente en el numeral 4 del artículo
162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
falencia esta que no puede ser desplazada o asumida por el juez».
III. RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia12, con fundamento en los
siguientes argumentos:
Refirió que la Secretaría Distrital de Salud es el responsable de la operación del Régimen
Subsidiado en el Distrito Capital, por ende, le concierne aplicar los principios de la función
pública, tal como fue reconocido en el fallo apelado. Sostuvo que los principios del
Sistema de Seguridad Social en Salud contenidos en la Ley 1438 del 19 de enero de
2011 son muy importantes para comprender las situaciones que rodearon la prestación
del servicio en el período de abril y mayo de 2010.
Expuso que la demandada, en su condición de coordinadora del sistema de salud,
históricamente ha impartido las instrucciones para que la población más pobre y
vulnerable del Distrito Capital acceda a los servicios de salud y, en ese contexto, en su
calidad de EPS ha venido interactuando bajo los parámetros establecidos por el ente
territorial, especialmente, para el período comprendido entre abril y mayo de 2010, en el
que se prestó el servicio de salud, en forma sui generis, sin la existencia de la relación
contractual, debido a que, como lo consideró el a quo, se presentaron una serie de
circunstancias determinadas por el marco normativo de la declaratoria de la Emergencia
Social, que posteriormente tue declarada inexequible por la Corte Constitucional.
Manifestó que, para la prestación del servicio comprendido entre abril y mayo de 2010,
la demandada determinó el número de afiliados que correspondía atender. Precisamente,
«el DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO EN SALUD de la SECRETARÍA DISTRITAL DE
SALUD […] reitera y ratifica lo expresado en comunicación remitida a las EPS y al
Ministerio de la Protección Social con radicado 48159 del 6 de abril de 2010, en el que
señala que el instrumento oficial para garantizar los servicios de salud a la población del
Régimen Subsidiado es el MAESTRO DE AFILIADOS Y EL COMPROBADOR DE
DERECHOS DEL DISTRITO CAPITAL», documento que fue aportado a la demanda y
respecto del cual no se ha negado su existencia ni inconformidad alguna.
Adujo que, en cumplimiento de la instrucción impartida por la demandada, prestó los
servicios de salud entre abril y mayo de 2010 a los usuarios registrados en el Maestro de
Afiliados suministrado por dicha entidad, actuación que adelantó de buena fe al confiar
en que el Maestro de Afiliados y el Comprobador de Derechos del Distrito Capital
constituía el instrumento idóneo para identificar la población beneficiaria y para efectuar
la liquidación del período. Sin embargo, la Secretaría Distrital de Salud desconoció su
12 Folios 320 a 325.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
propia instrucción y realizó una liquidación unilateral con fundamento en una base de
datos diferente a la previamente establecida.
Indicó que, «si bien es cierto que CAPRECOM tiene deberes, también tiene derechos,
que son los que se pretenden defender en el proceso de marras, toda vez que se ha
sufrido la vulneración de los mismos conforme a lo expuesto y frente a una posición
dominante asumida por la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, que le bastó obviar sus
propias instrucciones y proceder en forma arbitraria a la liquidación unilateral dejando de
lado el MAESTRO DE AFILIADOS Y EL COMPROBADOR DE DERECHOS DEL
DISTRITO CAPITAL».
A partir de lo expuesto, concluyó «que el asunto debe ser revisado nuevamente, porque
se insiste, que la Secretaría Distrital de Salud debió separarse por su propia iniciativa de
la liquidación y era un tercero, en este caso mediante el ejercicio de la conciliación
extrajudicial, para que se hubiera dirimido la diferencia presentada, frente al error
cometido por la Secretaría, lo que implica una merma económica injusta para
CAPRECOM, lo contrario implicaba una desviación de su propio poder». En
consecuencia, aseguró que los actos acusados «se encuentran afectados de NULIDAD
por desviación del poder».
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1. Mediante providencia del 9 de septiembre de 201413, se requirió a la parte
demandante para que allegara la dirección de notificación de Solsalud EPS; Colombiana
de Subsidio Familiar- COLSUBSIDIO; E.P.S. Salud Condor SA; Capital Salud E.P.S.S.
S.A.S.; Humana Vivir SA. E.P.S. A.R.S.; Entidad Cooperativa Solidaria de Salud E.S.E. -
ECOOPSOS- y a la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca E.P.S.S. -
COMFACUNDI-.
IV.2. A través de auto de 2 de abril de 201914, se resolvió: i) «DECLARAR LA SUCESIÓN
PROCESAL de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM Liquidada
y, en consecuencia, tener como parte demandante a la Fiduciaria la Previsora S.A. como
administradora del patrimonio autónomo P.A.R. CAPRECOM LIQUIDADO»; ii) admitir
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera
instancia; iii) negar por extemporánea la nulidad presentada por COMFACUNDI; y iv)
reconocer personería y aceptar renuncias a unos apoderados.
IV.3. Por auto de 3 de julio de 201915, se corrió traslado para alegar a las partes.
IV.4. La parte demandante presentó alegatos. Sostuvo que no comparte las
apreciaciones del Tribunal, dado que, en su análisis reconoce que la Secretaría Distrital
de Salud era la responsable de la operación del régimen subsidiado en la ciudad de
Bogotá en el período comprendido entre los meses de abril y mayo de 2010, momento
en el cual dicha entidad contrató bajo la modalidad de emergencia social a la EPS
CAPRECOM, hoy liquidada, para que sin contrato escrito se prestarán los servicios a los
beneficiarios en salud cubiertos por dicha entidad.
13 Folio 4 del expediente de segunda instancia.
14 Folios 91 a 97 del expediente de segunda instancia.
15 Folio 105 del expediente de segunda instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
Destacó que fue la Secretaría de Salud Distrital la que solicitó y ordenó la prestación de
los servicios de salud en el período comprendido entre abril y mayo de 2010,
estableciendo la condición y la base de datos sobre la cual iba a realizar los pagos por
capitación por la prestación de servicios realizada. Debido a ello, considera que «No
existe justificación alguna pues, existiendo un compromiso unilateral por parte de la
entidad demandada en la que se establecía la base para realizar los pagos por los
servicios prestados, al momento de realizar los pagos, que legalmente le correspondían
hacer, aplique un instrumento diferente como es la llamada a base de datos única de
afiliados (BDUA)».
Puntualizó que simplemente cumplió con las instrucciones que le fueron dadas para
prestar sus servicios en el mes de abril y mayo de 2010, «bajo los parámetros allí
establecidos, no puede darse una modificación unilateral de un contrato formal que no
existió, no hubo comunicación alguna durante estos dos meses informando a mi
representada que la base a aplicar no sería la mencionada en la carta de solicitud de
servicios, no hay elemento alguno que permita justificar la acción de la Secretaría Distrital
de Salud para proceder a hacer la liquidación en contra de su manifestación».
Por tanto, consideró que se está frente a la llamada “Teoría de los Actos Propios”, según
la cual en el futuro no es posible contradecir la propia conducta y las manifestaciones de
voluntad expresadas válidamente en el pasado, porque la buena fe supone el deber de
observar en el futuro la misma conducta que los actos anteriores hacían prever. Al
respecto, citó una sentencia del Consejo de Estado de 31 de enero de 1991.
Expuso que la entidad demandada no puede desconocer que al solicitar la prestación del
servicio a la liquidada CAPRECOM y establecerle unas bases para la prestación del
servicio y la liquidación de estas, al momento de reconocer sus obligaciones aplique una
base diferente y se procede en desmedro en el patrimonio de la liquidada CAPRECOM.
Aceptar esta tesis sería promover una total inseguridad jurídica de la contratación
administrativa, sin que pueda ser argumento el hecho que se hubiese contratado por
emergencia social. La facultad de modificación unilateral de los contratos no es
omnímoda, pues el artículo 16 de la ley 80 de 1993 establece las condiciones para la
modificación unilateral.
Manifestó que el Tribunal se equivocó al justificar la actuación de la Secretaría Distrital
de Salud al no pagar las obligaciones contraídas y no puede aceptarse que se hayan
presentado acercamientos entre las partes, «pues se confunde el hecho de haber
solicitado la conciliación para presentar la demanda, pues esta no es la que se planteaba
en la demanda, pues sin que haya hecho pronunciamiento alguno la Secretaría Distrital
de Salud, sobre el cambio de las condiciones de contratación».
Por las anteriores razones, solicitó declarar la nulidad de los actos acusados.
IV.5. La Secretaría de Salud Distrital presentó escrito de alegatos. Manifestó que
reiteraba los argumentos que expuso en la contestación de la demanda. Solicitó confirmar
la sentencia apelada por cuanto los actos administrativos acusados fueron expedidos por
órgano competente y se encuentran debidamente motivados. Igualmente, «tampoco
aprecia abuso de autoridad, pues fueron expedidos en ocasión a la facultad concedida
por la ley para ello, a saber: Decreto 812 de 1996, numeral 4 del artículo 176 de la Ley
100 de 1993, literales q y r del artículo 12 de la Ley 10 de 1990 y a los objetivos atinentes
a su función estatal».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
La Sala es competente para conocer los recursos de apelación, de conformidad con lo
previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 16
(modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), que regula la distribución
de negocios entre las secciones.
5.2. Los actos demandados
Resolución núm. 1168 de 30 de septiembre de 2011, que resolvió lo siguiente:
Resolución núm. 493 de 13 de junio de 2012, que resolvió el recurso de reposición contra
la decisión anterior, así:
16 Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
5.3. De la carga argumentativa en el recurso de apelación
La Sala destaca que, de conformidad con los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso17, aplicables por remisión del artículo 306 del CPACA, el recurso de apelación
delimita la competencia del juez de segunda instancia a los reparos concretos formulados
por el apelante frente a la decisión impugnada.
En ese contexto, el artículo 247 del CPACA impone al apelante la carga de sustentar el
recurso, esto es, de exponer las razones por las cuales considera que la decisión apelada
debe ser revocada o modificada. El cumplimiento de esa carga exige formular censuras
concretas dirigidas a controvertir los fundamentos de la sentencia impugnada; por tanto,
no basta con reproducir o reiterar los argumentos expuestos al contestar la demanda,
pues solo a partir de una verdadera confrontación con las razones de la decisión recurrida
el juez de segunda instancia puede ejercer el control que le corresponde.
La jurisprudencia ha precisado que la carga procesal de sustentar el recurso de apelación
no se satisface con la simple manifestación de inconformidad frente a la decisión
adoptada, ni con la mera reiteración de los argumentos expuestos en la demanda. Por el
contrario, el apelante debe formular reparos concretos dirigidos a controvertir los
fundamentos de la sentencia impugnada. En ese sentido, se ha señalado:
la carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con
la llana indicación de discrepancia frente a la providencia recurrida, como tampoco con la
solicitud de que se revoque para que se acceda a los intereses de la parte inconforme y
menos aún, con la simple reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera
instancia, bien sea en la demanda o en la contestación, en tanto que aquellas ya fueron
objeto de comprobación y debate por parte del a quo. Lo que la ley impone es que se
ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la decisión
de primer grado en aquello que se considere desfavorable, no solo por considerarla
contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque exista en realidad una razón por
la que se considere que lo fallado no corresponde en derecho a una decisión acertada.18
En armonía con lo anterior, esta Sección ha señalado que, ante la ausencia de reparos
que habiliten un examen de fondo, procede confirmar la sentencia apelada. En ese
sentido, ha sostenido:
la jurisprudencia de la Sección ha sido reiterativa en señalar que no hay lugar a tramitar el
recurso de apelación cuando el recurrente no ha expresado de manera clara y precisa los
argumentos o motivos de su inconformidad con el fallo, esto es, las razones por las cuales
estima que la decisión adoptada por el juez de primera instancia adolece de errores o
falencias que conducen o hacen necesario que deba ser revocada. En otros términos, es
necesario que quien interpone el recurso cumpla con la carga de exponer clara y
expresamente sus desavenencias con la decisión, pues lo contrario imposibilitaría que el
ad quem aborde el estudio de fondo del recurso.19
De lo anterior se sigue que la competencia del juez de segunda instancia está delimitada
por los reparos formulados contra la sentencia apelada. En ese sentido, esta Sección ha
sostenido de manera reiterada que la sustentación del recurso exige que el apelante
17 En adelante, CGP.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 18 de marzo de 2024, radicado: 85001-23-31-
000-2011-00091-01 (51.209), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2026,
expediente 54001-23-31-000-2008-00400-01, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
confronte los argumentos que sirvieron de fundamento a la decisión de primera instancia
y no se limite a reproducir los planteamientos expuestos en las actuaciones surtidas ante
el juez de primera instancia. Al respecto, ha señalado:
el presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de apelación es la referencia
clara y concreta que el recurrente haga de los argumentos que el juez de primera instancia
consideró para tomar su decisión, para efectos de solicitarle al superior jerárquico funcional
que decida sobre los puntos o aspectos que se plantean ante la segunda instancia,
tendientes a dejar sin sustento jurídico aquellos, pues precisamente al juzgador de segundo
grado corresponde hacer dichas confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia merece
ser o no confirmada.20
En conclusión, la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe al examen
de los reparos concretos formulados por el apelante frente a la decisión impugnada y a
los fundamentos que la sustentan. De ahí que, cuando el recurso no contiene argumentos
dirigidos a controvertir la ratio decidendi de la sentencia apelada, no corresponde al
superior suplir esa carga argumentativa ni pronunciarse sobre aspectos que no fueron
objeto de censura, pues ello desconocería el principio de congruencia y el derecho de
defensa de la contraparte.
5.5. Análisis del caso concreto
En la demanda, la parte demandante sostuvo que los actos acusados fueron expedidos
sin competencia, con desviación de poder, con infracción a las normas en que debían
fundarse y con desconocimiento del derecho de audiencia.
En la sentencia de primera instancia, el a quo negó las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente:
i) frente a los cargos de falta de competencia e infracción de las normas en que debían
fundarse los actos demandados, consideró que la Secretaría Distrital de Salud actuó
dentro de sus competencias, conforme al artículo 44 de la Ley 715 de 2001, el artículo
69 del Acuerdo 415 de 2009 y la Directriz DGGDS-RS-002-2010 expedida por el
Ministerio de la Protección Social;
ii) en cuanto al argumento relacionado con el desconocimiento de la directriz impartida
por la misma demandada, sostuvo que la liquidación de las UPCS correspondientes a
abril y mayo de 2010 se realizó con la información reportada y validada en la Base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), de conformidad con el instructivo DGGDS-RS-002-
2010 expedido por el Ministerio de la Protección Social;
iii) respecto del reproche consistente en que la demandada debía acudir a la conciliación
para dirimir la controversia sobre la liquidación de las UPCS correspondientes a abril y
mayo de 2010, señaló que la entidad estaba facultada para realizar dicha liquidación
unilateralmente. Además, dicho mecanismo fue agotado por la parte demandante como
requisito de procedibilidad del presente medio de control;
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre de 2025,
expediente 63001-23-33-000-2019-00216-01, C.P. (E) Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
iv) sobre la desviación de poder, consideró que la actuación de la Secretaría Distrital de
Salud se ajustó a la normatividad aplicable, sin que existiera prueba de que hubiese
perseguido una finalidad distinta.
v) frente a la vulneración del derecho de audiencia, se abstuvo de estudiarlo de fondo
porque la parte demandante no desarrolló el concepto de violación ni precisó las normas
presuntamente infringidas.
Ahora bien, del análisis de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
advierte que no están dirigidos a cuestionar las consideraciones del fallo apelado, sino a
reiterar los argumentos de la demanda, tal como se logra observar de la siguiente
comparación:
Demanda21 Recurso de apelación22
Lo que se desprende de lo ocurrido en el Examinadas las consideraciones de la sala,
transcurso de la vigencia de mayo y abril de plasmadas en el fallo proferido persiste la
2010, es que la prestación de los servicios de inconformidad frente a los actos demandados,
salud se efectuó sin la celebración de un que se considera debe ser objeto de
contrato entre CAPRECOM y la evaluación.
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, a
diferencia del normal comportamiento del Dentro de los fundamentos de la sentencia,
Aseguramiento, tal como se desprende del como bien lo advierte el a quo, la
contrato que antecedió este periodo como lo SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD es el
fue el contrato No. 1225 del 30 de septiembre responsable de la operación del Régimen
de 2009 que culminó su plazo el 31 de marzo Subsidiado en el Distrito Capital, por ende le
de 2010 y del No. 7251 de 2010 celebrado a concierne en la operación del régimen
partir del 1 de junio de 2010, con un plazo subsidiado y dentro del ejercicio de la
hasta el 31 de marzo de 2011. coordinación, aplicar los principios de la
Para la liquidación de la prestación del función pública del que se destacó en el fallo
servicio de salud del periodo abril y mayo de la eficiencia.
2010, la SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD, utilizó el procedimiento de una Adicionalmente, si de principios se trata,
liquidación unilateral, como si se estuviera resaltó los principios del Sistema de
frente a una relación contractual. Seguridad Social en Salud contenidos en la
Ley 1438 del 19 de enero de 2011, a saber: la
En la Resolución No.1168 del 30 de universalidad, solidaridad, igualdad,
septiembre de 2011 donde se liquidó el obligatoriedad, prevalencia de los derechos,
periodo abril a mayo de 2010, no se le está enfoque diferencial, equidad, calidad,
dando valor alguno a la orden impartida por la eficiencia, participación social, progresividad,
misma Secretaría Distrital de Salud, en lo libre escogencia, sostenibilidad,
concerniente a la base de datos a tener en transparencia, descentralización
cuenta para la prestación de los servicios de administrativa, complementariedad y
salud, instrucción que quedo plasmada en el concurrencia, corresponsabilidad,
oficio suscrito por el Director de irrenunciabilidad, intersectorialidad,
Aseguramiento de la Secretaría Distrital de prevención y continuidad.
Salud Dr. Harol Cárdenas y dirigido a las EPS
en su oportunidad y citado en los hechos de la Lo anterior, es muy importante, porque desde
presente demanda. ese punto de vista se pueden comprender las
situaciones que rodearon la prestación del
Una liquidación como la realizada en la servicio en el periodo de abril y mayo de 2010.
precitada Resolución, en la cual desconoce la
21 Se citan textualmente los argumentos consignados por el demandante en el acápite de fundamentos de
hecho y concepto de violación. Folios 10 a 13.
22 Se citan textualmente los argumentos consignados por el demandante en el recurso de apelación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD la base La SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
de datos remitida por ellos, conforme a lo como coordinador del sistema de salud,
señalado en los considerandos de la históricamente ha impartido las instrucciones
Resolución 493 del 13 de junio de 2012 para que la población más pobre y vulnerable
mediante la cual se resolvió el recurso de del Distrito Capital, acceda a los servicios de
reposición, donde anota que las aclaraciones salud y en ese contexto CAPRECOM en su
realizadas por el Ministerio de la Salud y calidad de EPS ha venido interactuando, bajo
Protección Social en desarrollo de una los parámetros establecidos por el Ente
reunión y un pronunciamiento del 11 de Territorial, especialmente, para el periodo
noviembre de 2011 es en el sentido de comprendido entre abril y mayo de 2010, en el
atender la base de datos BDUA. que se prestó el servicio de salud, en forma
sui generis, sin la existencia de la relación
Queda en evidencia que la SECRETARÍA contractual, debido a que como lo manifiesta
DISTRITAL DE SALUD, está procediendo a la sala, se presentaron una serie de
liquidar la operación resultante de la circunstancias determinadas por el marco
prestación de los servicios de salud del normativo de la declaratoria de la Empresa
periodo abril a mayo de 2010, con unas reglas Social, que posteriormente fue declarado
diferentes a las utilizadas en la ejecución, lo inexequible.
que conlleva a una diferencia de los valores a
reconocer, pues bajo el criterio de emplear la Nótese con especial atención, que en este
base de datos remitida por la Secretaría contexto y como se ha venido señalando
Distrital de Salud, resulta a favor de desde la interposición de la demanda, la
CAPRECOM la suma de $503.860.532,40 y SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD era la
utilizando la BDUA resulta en contra de que determinaba el número de afiliados que
CAPRECOM, la suma de $236.871.894, correspondía atender y por ende asumir el
afectando el patrimonio de la Empresa. valor por cada uno de ellos.
De las consideraciones y decisión adoptada Dentro de este contexto, el DIRECTOR DE
en la Resolución que resuelve el recurso de ASEGURAMIENTO EN SALUD de la
reposición, esto es la Resolución 493 del 13 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD […]
de junio de 2012 se evidencia que se reitera y ratifica lo expresado en comunicación
configuraron unos hechos cumplidos, es decir remitida a las EPS y al Ministerio de la
que al emplear la base de datos remitida por Protección Social con radicado 48159 del 6 de
la Secretaría Distrital de Salud, la totalidad de abril de 2010, en el que señala que el
esos registros no tenían un respaldo instrumento oficial para garantizar los
presupuestal, toda vez que según lo servicios de salud a la población del Régimen
determinaron, correspondía ejecutar abril y Subsidiado es el MAESTRO DE AFILIADOS
mayo de 2010 era con la base de datos BDUA Y EL COMPROBADOR DE DERECHOS DEL
que resultó con un número menor de registros DISTRITO CAPITAL.
que correspondía al presupuesto designado.
Documento allegado en la demanda y del cual
A pesar de encontrarse la SECRETARIA la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD, ante la situación de dentro del desarrollo del presente proceso no
una ejecución efectuada bajo sus directrices, ha negado su existencia, ni ha puesto reparo
es decir suministrando una base de datos en el contenido anotado.
diferente a la BDUA, lo cual conllevó a unas
diferencias económicas sustanciales, en este La controversia tiene su asidero en este
caso negativas para el patrimonio de aspecto, toda vez que debido a ello,
CAPRECOM y las restantes EPS, tal como se CAPRECOM como lo determina su obligación
evidencia de las liquidaciones resultantes en de asegurador conforme a lo instruido,
el acto administrativo, optó por sostener la dispuso lo necesario para la prestación de los
liquidación unilateral, cuando debió revocar la servicios en el período abril a mayo de 2010 a
Resolución 1168 del 13 de junio de 2012 y los usuarios registrados en el maestro de
acudir ante la autoridad competente a solicitar afiliados suministrado por la SECRETARÍA
la conciliación extrajudicial, toda vez, que DISTRITAL DE SALUD y como consecuencia
corresponde que se establezca en forma natural aplicó los recursos económicos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
ajustada la liquidación, sin que se produzca necesarios para que así fuera, porque era la
desequilibrio financiero para CAPRECOM y que determinaba el número de afiliados que
por supuesto acatando las reglas que correspondía atender y por ende asumir el
conciernen a la liquidación de estos eventos. valor por cada uno de ellos CAPRECOM,
asumió el principio de buena fe frente a las
La presencia de unos hechos cumplidos, instrucciones otorgadas por la SECRETARÍA
como resultado de la liquidación realizada, se DISTRITAL DE SALUD, y que conforme a las
puso de presente en el momento de la competencias que le asisten a esta, como
solicitud de la conciliación extrajudicial, para actor dentro del sistema, estaba entregando el
que la Secretaría Distrital de Salud realizara lo instrumento idóneo, habida cuenta que la
pertinente, previa revocación de los actos de BASE DE DATOS para este caso el
liquidación, que para este caso, no podía MAESTRO DE AFILIADOS Y EL
llevarse a cabo en forma unilateral, sino acudir COMPROBADOR DE DERECHOS DEL
a la autoridad competente para solicitar la DISTRITO CAPITAL, era nada más ni nada
conciliación en la que se resuelve este tipo de menos, el que indicaba e identificaba la
conflictos, sobre todo teniendo en cuenta que población más pobre y vulnerable a la que se
no se celebró contrato entre las partes y por le debía prestar los servicios y sobre la cual
otra parte es de observar que la en consecuencia lógica, debería haber sido el
administración no puede enriquecerse sin instrumento para la liquidación del periodo, en
justa causa; con respecto a esta figura, la cuyo caso seguramente no hubieran resultado
Corte Suprema de Justicia en Sentencia del diferencias económicas. El saldo negativo
26 de marzo de 1958 manifestó: "El para CAPRECOM que se desprendió de la
enriquecimiento injusto se produce toda vez liquidación exhibida en los actos atacados
que un patrimonio recibe un aumento sin obedece a que la base empleada BDUA
causa que la justifique. entonces contenía un número menor de
usuarios con derecho a acceder. En estas condiciones, se resalta que la
decisión sobre cualquier diferencia de la En este orden de ideas, si bien es cierto que
liquidación, de lo resultante del periodo abril y CAPRECOM tiene deberes, también tiene
mayo/10, conforme a lo establecido en la derechos, que son los que se pretenden
normatividad vigente, debió surtirse mediante defender en el proceso de marras, toda vez
el mecanismo de la conciliación extrajudicial y que se ha sufrido la vulneración de los mismos
no en forma unilateral, como se realizó en los conforme a lo expuesto y frente a una posición
actos administrativos cuestionados, dando dominante asumida por la SECRETARÍA
alcance al artículo 59 de la Ley 23 de 1991 y DISTRITAL DE SALUD, que le bastó obviar
al artículo 19 de la Ley 640 de 2001 sobre las sus propias instrucciones y proceder en forma
materias conciliables, ya que una decisión en arbitraria a la liquidación unilateral dejando de
las condiciones que se asumió, está viciada, lado el MAESTRO DE AFILIADOS Y EL
habida cuenta que el que liquidó, fue el que COMPROBADOR DE DERECHOS DEL
impartió la orden, que por consultas DISTRITO CAPITAL.
posteriores a la ejecución, resultó que con una
directriz diferente, este arbitrariedad afectó el Es por esta razón, es (sic) que se considera
patrimonio, en este caso el de la EPS que el asunto debe ser revisado nuevamente,
CAPRECOM. porque se insiste, que la Secretaría Distrital de
Salud debió separarse por su propia iniciativa
Es así, como en las decisiones contenidas en de la liquidación y era un tercero, en este caso
las Resoluciones Nos.
1168 de 2011 y 493 del mediante el ejercicio de la conciliación
13 de junio de 2012, se configuran las extrajudicial, para que se hubiera dirimido la
causales descritas en el artículo 137 de la Ley diferencia presentada, frente al error cometido
1437 de 2011, a saber: infracción de las por la Secretaría, lo que implica una merma
normas en que deberían fundarse, falta de económica injusta para CAPRECOM, lo
competencia, con desconocimiento del contrario implicaba una desviación de su
derecho de audiencia y con desviación de las propio poder.
atribuciones propias. La DEMANDADA, debió asumir la
responsabilidad de verificar que base de datos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
EL SERVIDOR PUBLICO QUE PERSISTA que (sic) debía aplicar, antes de suministrarla
EN UNA DECISION ARBITRARIA E ILEGAL a la EPS-S, porque era el insumo con el que
RESPONDE PENAL, DISCIPLINARIA, necesariamente la EPS-S aplicaría la
FISCAL Y PATRIMONIALMENTE distribución de los recursos económicos para
la prestación de los servicios y por ende
El artículo 6 de la Constitución Política prevé: habida cuenta (sic) se generarían unas
implicaciones de carácter económico.
[…]
La Ley 1438 del 19 de enero de 2011, en su
El artículo 90 de la Constitución Política: artículo 3º. hace llamamiento a una serie de
principios, que para este caso, se convierten
[…] de manifiesta importancia, especialmente los
siguientes:
La falta de competencia y desviación de las
atribuciones propias para liquidar en forma […]
unilateral la ejecución del periodo abril y mayo
de 2010, se configura toda vez, que no existe En estos términos, se considera que los actos
relación contractual que ampare este periodo administrativos, se encuentran afectados de
y que se constituyeron hechos cumplidos por NULIDAD por desviación del poder
órdenes dictadas por la propia administración.
De lo transcrito, la Sala encuentra que, efectivamente, ambos escritos coinciden
sustancialmente, habida cuenta que el recurso reproduce, en esencia, los planteamientos
formulados por la parte demandante en la demanda, sin desarrollar argumentos
encaminados a controvertir o desvirtuar las razones que sustentaron la sentencia de
primera instancia.
Precisamente, la Sala advierte que el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante no contiene reparos concretos dirigidos a controvertir las razones que
llevaron al Tribunal a negar las pretensiones de la demanda. En lugar de cuestionar los
fundamentos jurídicos de la sentencia de primera instancia, se limitó a reiterar los
planteamientos formulados durante la etapa inicial del proceso -planteados en la
demanda-.
Así las cosas, pese a que la finalidad del recurso de apelación es someter a consideración
del superior los errores que, a juicio del apelante, contiene la providencia impugnada, del
examen del escrito no se advierten censuras encaminadas a desvirtuar su ratio decidendi,
lo que evidencia el incumplimiento de la carga de sustentación exigida para este medio
de impugnación.
Además, resulta preciso señalar que, aunque en los alegatos de conclusión la parte
apelante formuló cuestionamientos concretos frente a la decisión adoptada por el Tribunal
en primera instancia, lo cierto es que devienen extemporáneos, debido a que no
constituye la etapa procesal para subsanar las deficiencias de la sustentación del recurso
de apelación y mucho menos para controvertir la sentencia apelada.
En esas condiciones, al no haberse formulado censuras dirigidas a desvirtuar los
fundamentos de la decisión apelada, la Sala carece de motivos para apartarse de lo
resuelto por el Tribunal. En consecuencia, confirmará la sentencia de primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-00117-01
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandados: Secretaría Distrital de Salud y otro
5.6. Condena en costas
La Sala no condenará en costas en la presente instancia, comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de marzo de 2014 proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, conforme con lo señalado en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, devolver el expediente al
tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.