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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-01434-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-01434-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de agosto de 2018 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas, conforme con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2015-01434-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-41-000-2015-01434-01
Demandante: Entidad Cooperativa Solidaria de Salud -ECOOPSOS ESS-1
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Carga argumentativa en el recurso de apelación
Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. Sin condena en costas

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de 16 de agosto de 2018 proferida por la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones de
la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo3, la Entidad Cooperativa Solidaria de Salud -ECOOPSOS ESS-, por
conducto de apoderada judicial, demandó a la Superintendencia Nacional de Salud, con
el objeto de que se accediera a las siguientes pretensiones:

PRIMERA.- En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicito
respetuosamente se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos, proferidos
por la Superintendencia Delegada Para la Atención en Salud y la Superintendencia
Nacional de Salud, los cuales me permito relacionar de la siguiente manera:

a) Resolución sanción No. 000336 del 04 de Junio de 2010 «POR MEDIO DEL CUAL SE
SANCIONA LA ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS ESSEPS-S
CON NIT No. 832.000.760-8».

b) Resolución No. 001005 del 11 de junio de 2014 la Superintendencia Nacional de Salud
emite Resolución Sanción «Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición

1 Hoy Empresa Promotora de Salud ECOOPSOS EPS SAS.
2 Folios 3 a 13 del cuaderno principal
3 En adelante CPACA.

Radicado: 25000-23-41-000-2015-01434-01
Demandante: Entidad Cooperativa Solidaria de Salud -ECOOPSOS ESS-
Superintendente Nacional de Salud

interpuesto contra la Resolución 000336 del 04 de Junio de 2010» este último como acto
definitivo.

SEGUNDA.- Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos antes
mencionados se reestablezca el derecho a la ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE
SALUD ECOOPSOS ESS EPSS y por lo tanto se declare la improcedencia de la multa
establecida en los actos administrativos y se exonere a la entidad de cualquier investigación
sanción y/o multa

TERCERA.- Se ordene indemnizar a ECOOPSOS ESS EPSS, por los perjuicios causados
y el desgaste administrativo que acaecieron con la expedición de los actos administrativos
aquí enunciados.

CUARTA.- que se condene en costas y agencias en derecho.

1.2. Fundamentos de hecho

La parte demandante señaló que el 25 de marzo de 2009, el Superintendente Delegado
Para la Atención en Salud emitió auto núm. 000122, mediante el cual formuló cargos en
su contra, por la presunta irregularidad en el suministro de medicamentos al señor
Roberto Triana López.

Afirmó que, en ejercicio del derecho a la defensa, el 4 de junio de la citada anualidad,
presentó escrito de descargos.

Indicó que, el 12 de octubre de 2009 se emitió auto de pruebas núm. 1436, contra el cual
interpuso recurso de reposición, resuelto en forma desfavorable mediante auto núm.
000115 del 15 de febrero de 2010.

Adujo que el 4 de junio de 2010, mediante Resolución 000336, el Superintendente
Delegado Para la Atención en Salud la sancionó con una multa equivalente a 700 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, por haber encontrado probados los cargos
formulados en el auto 000122 del 25 de marzo de 2009.

Manifestó que, contra la decisión anterior, interpuso recurso de reposición y en subsidio
el de apelación, por considerar vulnerados los derechos al debido proceso y a la defensa,
por haberse configurado una obstrucción probatoria e incurrido en falsa motivación.

Señaló que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución núm. 001005
del 11 de junio de 2014, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución
000336.

Señaló que la demandada la sanciona desproporcionada y desmedidamente con una
multa de setecientos (700) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con violación al
debido proceso y derecho de defensa, pues además de haber negado las pruebas
testimoniales, no tuvo ni siquiera en cuenta las pruebas documentales.

Precisó que la Superintendencia se extralimitó en sus funciones de ente de vigilancia y
control, lo que la conllevó a la expedición de los actos administrativos cuestionados, pues
no valoró de manera integral los argumentos y pruebas aportadas, y se fundamentó en
una prerrogativa interna sin sustento normativo, conducta que se materializa como una
actuación de abuso del poder o abuso de la posición dominante.

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Refirió que, al emitirse la sanción a más de un año, es una circunstancia que no se
encuentra debidamente justificada, teniendo en cuenta que el recurso de reposición se
asemeja a un derecho de petición, por lo tanto, el mismo debía ser resuelto en términos
legales.

Afirmó que en el caso que nos ocupa existe negligencia por parte de la administración
teniendo en cuenta que se configura una morosidad frente a la expedición de los actos
administrativos que van en contra vía de los postulados constitucionales y legales.

Expresó que en el presente caso operó la figura jurídica del silencio administrativo
positivo, al no haberse definido la situación jurídica dentro de los términos legales, por lo
tanto, se debe tener en cuenta que la administración tiene el deber de respetar los
derechos fundamentales de los administrados.

1.3. Normas vulneradas y concepto de violación

El demandante señaló como vulnerados los artículos 1, 2, 4, 6, 29, 83, 89, 123, 124, 150,
209, 210 y 211 de la Constitución Política, 3 y 33 del Código Contencioso Administrativo
-CCA-, 5-23 del Decreto ley 1259 de 1994 (derogado por el Decreto 425 de 2000) y 10 y
12 del Código Penal. Con fundamento en dichas disposiciones, expuso los siguientes
cargos de violación:

i) Violación al debido proceso

Afirmó que la demandada, al iniciar la etapa investigativa, en especial mediante el auto
de trámite frente al cual se negó el decreto de las pruebas testimoniales, incurrió en vicio
de nulidad al no respetar el debido proceso, máxime cuando en la actuación
administrativa puede llegar a una decisión sancionatoria, por lo que es importante poner
a disposición del investigado todas las herramientas fácticas, jurídicas y probatorias con
el fin de obtener una decisión imparcial.

ii) La sanción impuesta es desproporcional e ilegal al no respetarse el
debido proceso

Señaló que la sanción impuesta es abiertamente contraria a derecho e infringe el debido
proceso, dado que no hay lugar al despliegue de dicha amonestación, teniendo en cuenta
que, en virtud del origen de la investigación, los hechos ocurridos no corresponden a
circunstancias voluntarias de la entidad demandante, por lo que la conducta endilgada
no existe.

iii) Falsa motivación

Manifestó que los compromisos asumidos, así como los legales y normativos fueron
cumplidos por la entidad demandante, tal como se demostró con la poca defensa a la que
tuvo la oportunidad de ejercer, en especial en el caso que dio origen a la investigación
administrativa, se cumplió con lo solicitado por el señor Roberto Triana López dentro de
la acción de tutela por él interpuesta, hecho que iba a ser corroborado, sustentado y
argumentado con la práctica de los testimonios solicitados, pero que fueron negados por
la demandada.

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Igualmente, precisó que se evidencia una falsa motivación teniendo en cuenta que el acto
administrativo definitivo no se pronuncia frente a las consideraciones relacionadas dentro
del recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, interpuesto contra la decisión
sancionatoria de primera instancia, máxime cuando se omite pronunciamiento en relación
con la prueba testimonial negada por la Superintendencia Nacional de Salud.

iv) Abuso de poder por extralimitación de funciones

Lo fundamentó en la posición dominante que tiene la Superintendencia, como ente de
vigilancia y control, al negar el decreto de la prueba solicitada, y por disponer del tiempo
no reglado en la normatividad al no proferir una decisión de fondo dentro de un tiempo
proporcional y determinado.

Explicó que la demandada aparentemente adoptó una decisión legal, pero al pretender
imponer una sanción vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, a efectos de
lograr objetivos ajenos a la vigilancia y control, que debe tener conforme a sus
competencias, dirigiéndose exclusivamente a obtener erogaciones económicas.

1.4. Contestación de la demanda4

La Superintendencia Nacional de Salud, por conducto de apoderado, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, por considerar que los actos acusados
fueron expedidos en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, con respeto al
debido proceso, al principio de legalidad y al régimen sancionatorio, sin que exista causal
alguna que justifique su exclusión del mundo jurídico.

Propuso las siguientes excepciones:

i) Inexistencia de falsa motivación y desviación de poder

La hizo consistir en que la Superintendencia Nacional de Salud al momento de emitir las
Resoluciones 000336 del 4 de junio de 2010, 002042 del 17 de agosto de 2011 y la
001005 del 11 de junio de 2014, realizó un cotejo objetivo de las pruebas documentales
obrantes en el expediente y, si bien, negó la práctica de 2 testimonios, lo cierto es que
estos resultaban inconducentes, impertinentes e inútiles, pues pretendían acreditar
hechos que ya se encontraban probados con la documental allegada, sin que por esta
razón se violara el debido proceso o el derecho a una defensa, y sin que se presentara
una falsa motivación, pues la decisión se adoptó con base en pruebas debidamente
incorporadas al expediente administrativo.

ii) Inexistencia de vulneración del debido proceso y el derecho de defensa

La fundamentó en el hecho de que al negarse una prueba no significa per se que en el
proceso administrativo se hayan violado los derechos, menos aún sí, cómo ha quedado
demostrado, la prueba negada versaba sobre hechos que ya se encontraban acreditados
con otras pruebas contundentes.

Adujo que para demostrar la entrega oportuna de los medicamentos al señor Roberto
Triana, la prueba conducente no era otra que el acta de entrega, en la cual constaba la

4 Folios 113 a 121 del cuaderno principal

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fecha efectiva del suministro de las medicinas recetadas al paciente y no a través de
testimonios de funcionarios de la entonces investigada, quienes no hubieran podido
desvirtuar la fecha de entrega de los medicamentos, es decir, el 18 de diciembre de 2008,
2 meses después de que el médico tratante expidiera la fórmula. Y días después de
haberse emitido el fallo de tutela, siendo claro y evidente que la entrega de los
medicamentos no fue oportuna, y que, la misma sólo se produjo con posterioridad a la
interposición y resolución de la tutela concretándose así la conducta reprochada.

iii) Excepción genérica

Solicita se declaren las excepciones propuestas y todas aquellas que no hubiesen sido
presentadas pero que hayan sido de acuerdo con la ley debidamente probadas dentro
del proceso.

1.5. El trámite de primera instancia

Mediante auto de 24 de agosto de 20155, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, admitió la demanda y ordenó las actuaciones procesales
correspondientes. Igualmente, en la misma fecha se corrió traslado de la medida
cautelar6. Posteriormente, a través de providencia de 5 de noviembre de esa misma
anualidad7 se negó la medida cautelar solicitada por la parte demandante.

El 27 de septiembre de 20168, se llevó a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo
180 del CPACA. En dicha diligencia el Tribunal resolvió cuestiones relacionadas con su
competencia, se manifestó frente a las excepciones propuestas9, la fijación del litigio10 y
el decreto de pruebas.

El 25 de noviembre de 201611, se celebró la audiencia de pruebas y, en esa misma
diligencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión
dentro de los diez (10) días siguientes.

A través de providencia del 1º de marzo de 201812, la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi
Moreno ordenó pasar el expediente al magistrado que seguía en turno, por haberse
derrotado el proyecto de sentencia presentado en la Sala de Decisión.

Por auto del 27 de abril de 2018, el magistrado Felipe Alirio Solarte Maya declaró la
nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda, por haberse omitido
vincular al proceso al señor Roberto Triana López, en su calidad de tercero interesado.

5 Folios 94 a 98 del cuaderno principal.
6 Folios 109 del cuaderno de medida cautelar
7 Folios 132 a 141 del cuaderno de medida cautelar.
8 Folios 211 a 223
9 Indicó que las propuestas eran excepciones de mérito, las cuales serían analizadas al momento de proferir

sentencia
10 «el objeto de este proceso se circunscribirá a determinar la veracidad de los hechos que la
Superintendencia Nacional de Salud considera parcialmente ciertos (Hecho 2°), no son ciertos (hecho 9°),
o que considera que no son hechos (10, 11 y 12), así como a la revisión de los cargos de nulidad propuestos
para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados».
11 Folios 248 a 254.
12 Folio 284 del cuaderno principal

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Mediante proveído del 15 de junio de 201813, la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi
Moreno ordenó remitir el expediente al doctor Felipe Alirio Solarte Maya para que
procediera a elaborar proyecto de fallo, dado que, entre otras razones, conforme al
artículo 9 del Acuerdo 209 de 199714, cuando se remite el expediente al magistrado que
sigue en turno, el citado funcionario únicamente tiene competencia para emitir fallo mas
no para revocar actuaciones surtidas durante el trámite y que quedaron en firme. Así
mismo, precisó que, en el presente asunto, por tratarse de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter sancionatorio, no es necesaria la
comparecencia oficiosa de otras personas, más que la del sancionado y de la autoridad
que emitió el acto acusado.

Mediante auto del 27 de julio de 201815, el doctor Felipe Alirio Solarte Maya ordenó pasar
el expediente al magistrado que seguía turno por haber sido derrotado su ponencia en
Sala del 12 de julio de la citada anualidad.

II. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia de 16 de agosto de 201816, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, resolvió lo siguiente:

PRIMERO. NIÉGANSE las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho incoada por la Entidad Cooperativa Solidaria de Salud, ECOOPSOS ESS EPS-S,
contra la Superintendencia Nacional de Salud.

SEGUNDO. CONDÉNASE en costas a ECOOPSOS ESS EPS-S; por Secretaría,
liquídense las mismas de conformidad con el Código General del Proceso, aplicable por
remisión del artículo 188 del C.P.A.C.A.

TERCERO. Por Secretaría, efectúese la liquidación de los gastos.

Respecto al cargo de violación al debido proceso, una vez analizado el material probatorio
obrante en el expediente, el Tribunal advirtió que la Superintendencia Nacional de Salud
le solicitó a la entonces investigada explicación sobre los hechos materia de pesquisas.
Le concedió término y le permitió solicitar pruebas, facultad de la cual hizo uso la
demandante, conforme al escrito del 4 de junio de 2009 en el que presentó las
argumentaciones del caso.

Señaló que, en relación con las pruebas aportadas y solicitadas por la actora, la
Superintendencia mediante auto 1436 del 12 de noviembre de 2009 abrió a pruebas el
proceso por el término de 20 días; admitió y tuvo como pruebas los documentos
aportados por ECOOPSOS ESS EPS-S; negó la testimonial de Jaime Quintero y Olga
Lucía Barragan; ofició a cargo de la investigada copia de los soportes pertinentes de las
reuniones adelantadas por el Comité Técnico Científico el 5, 11 y 26 de noviembre, así
como del 3 de diciembre de 2008.

13 Folios 293 a 304 del cuaderno principal
14 «Por el cual se establecen las reglas generales para el funcionamiento de los tribunales administrativos»
15 Folio 306 del cuaderno principal del expediente
16 Folios 308 a 324 del cuaderno principal, con ponencia del Dr. Luis Manuel Lasso Lozano y salvamento

de voto del Dr. Felipe Alirio Solarte.

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Indicó que, contra la decisión anterior, específicamente en lo referente a la prueba
testimonial, ECOOPSOS ESS EPS-S interpuso recurso de reposición, resuelto mediante
Resolución 000115 del 15 de febrero de 2010, en el sentido de confirmar la decisión
recurrida.

Afirmó que en sentencia T-1395 del 17 de octubre de 2000, proferida por la Corte
Constitucional, se puede concluir que: i) La administración no está obligada a decretar y
a practicar todas las pruebas solicitadas, sino, las que sean conducentes y pertinentes,
por lo que podrá negar las que no cumplan con tales condiciones; y, ii) cuando la
administración niegue una prueba, deberá hacerlo antes de emitir la decisión de fondo.
Que en este caso, antes de proferir la resolución sancionatoria -Resolución No. 000336
de 4 de junio de 2010-, así lo hizo la demandada, mediante los autos 1436 de 2009 y
000115 de 2010.

Aseveró que, examinado el testimonio rendido por la señora Olga Lucía Barragán, junto
con el acto sancionatorio cuestionado, se advirtió que el mismo no desvirtúa la decisión
de la administración consistente en sancionar con multa equivalente a 700 SMLMV a la
demandante, por ende, dicha declaración no tuvo las características para variar la
decisión tomada por la Superintendencia Nacional de Salud.

Argumentó que, por el contrario, del testimonio se desprende que para la entrega de los
medicamentos POS-S no se requiere de un trámite especial, por lo que no se entiende
por qué el señor Roberto Triana López tuvo que acudir a la acción de tutela para que le
fueran entregados. Asimismo, indicó que la prueba idónea para desvirtuar la conducta
endilgada es la correspondiente copia de entrega de medicamentos que debe reforzar en
la farmacia contratada para tal fin, y así demostrar que la entrega se hizo de manera
oportuna, documento que no se observa dentro del proceso.

Frente al cargo referente a la desproporción de la sanción impuesta, consideró que,
contrario a lo sostenido por la demandante, la multa impartida atendió a los criterios
establecidos en la Resolución 1212 de 2007 «Por medio de la cual se señalan los
procedimientos aplicables a los vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud
respecto de las investigaciones administrativas sancionatorias».

Explicó que los criterios allí establecidos fueron valorados en los actos cuestionados, en
la medida en que para efectos de determinar la sanción, la demandada tomó en cuenta
el interés jurídico tutelado, así como las circunstancias de que se contravino el deber de
prudencia y diligencia, ya que no entregar de manera oportuna los medicamentos
prescritos por el médico tratante, en un caso tan urgente y delicado puso en riesgo la vida
y la salud del señor Roberto Triana López, debido a la mora injustificada.

Alegó que no se adjuntó el formato de negación del servicio, lo que hubiera podido
determinar las razones por las cuales no se entregaron los medicamentos una vez
solicitados. Esto resulta concordante con lo dispuesto en la sentencia de 10 de enero de
2008 proferida por el Juez Tercero Civil Municipal de Bogotá, en la que se dijo que la EPS
no había atendido los requerimientos de salud del señor Triana López.

Expresó que de conformidad con lo señalado en el artículo 41 de la Resolución 1212 de
2007, para efectos de determinar la sanción, esta corresponde a 2000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes al momento de los hechos que dan lugar a la sanción por
infringir las normas que regulan el servicio de salud; y que, en este caso, se vio afectada,

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en particular, por la mora injustificada en la entrega de medicamentos incluidos en el
POS, por lo que la multa impuesta no resulta ser excesiva frente a las conductas de la
actora.

En cuanto a la configuración del silencio administrativo positivo, previsto en el artículo 52
del CPACA que, a juicio de la demandante, se configuró por la mora para resolver el
recurso de reposición, el Tribunal consideró que no era aplicable, por cuanto la actuación
administrativa iniciada por la Superintendencia, mediante auto de apertura 000122 de 25
de marzo de 2009, se efectuó en vigencia del CCA y, por lo tanto, es dicha codificación
la aplicable al presente asunto. Igualmente, precisó que el artículo 308 del CPACA señala
que los procedimientos y las actuaciones administrativas en curso, a la vigencia de la ley
1437 seguirán rigiéndose y culminarán con base en el régimen jurídico previo, esto es, el
previsto en el CCA.

En relación con la falsa motivación, adujo que si bien en los recursos de reposición y
apelación el demandante argumentó la negativa de la Superintendencia para decretar y
practicar la prueba testimonial, lo cierto es que no era necesario un pronunciamiento por
parte de dicha entidad al respecto, «por cuánto el momento para aducir tal
cuestionamiento ya se había agotado con anterioridad, esto es, cuando se presentó el
recurso de reposición contra el Auto 1436 del 12 de noviembre de 2009, mediante el cual
la demandada se pronunció con respecto a las pruebas solicitadas, recurso que fue
resuelto en el Auto 000115 de 15 de febrero de 2010».

Frente al cargo de desviación de poder, el Tribunal indicó que la jurisprudencia del
Consejo de Estado permite advertir que quien alega tal causal, debe probar de manera
clara y fehaciente, la existencia de los distintos móviles de la administración, lo que en el
presente caso se omitió, pues con las pruebas allegadas y pedidas por la actora no se
demuestra con certeza cuáles fueron los fines que habría impulsado a la administración
a obrar indebidamente.

III. RECURSO DE APELACIÓN

La Entidad Cooperativa Solidaria de Salud, ECOOPSOS ESS EPS-S, apeló la sentencia
de primera instancia17, con fundamento en los siguientes argumentos:

Que no se encuentra de acuerdo con la postura del Tribunal, pues considera que existió
por parte de la Superintendencia Nacional de Salud una extralimitación en sus funciones
como ente de vigilancia y control dentro del proceso administrativo que conllevó a la
expedición de los actos demandados, conforme a la no valoración integral de los
argumentos y pruebas aportados por la entonces investigada.

Adujo que la Superintendencia no adelantó los trámites, pruebas, análisis, estudio en
caso particular de manera adecuada, prueba de ello es que no se aceptó la prueba
solicitada en su oportunidad.

Expresó que, existe negligencia por parte de la administración, teniendo en cuenta que
se configura una morosidad de esta frente a la expedición de los actos administrativos
que van en contra vía de los postulados constitucionales y legales.

17 Folios 347 a 352.

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Manifestó que los actos administrativos infringen las normas en que debieron fundarse y
fueron emitidos bajo falsa motivación de acuerdo con las causales de nulidad
establecidas en el artículo 138 y en el inciso 2 del artículo 137 del CPACA.

Señaló que operó la figura jurídica del silencio administrativo positivo al no definir la
situación jurídica de la demandante dentro de los términos legales, por lo tanto, se debe
tener en cuenta que la administración tiene un deber de respeto por los derechos
fundamentales de los administrados.

Indicó que coadyuvaba el salvamento de voto manifestado por el Magistrado Felipe Alirio
Solarte Maya frente a la sentencia apelada, el cual se fundamentó en que se había
configurado la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración. A partir de
ello, precisó que «en su oportunidad expuso en el escrito de demanda y recurso de
reposición y apelación frente al tema de los tiempos y del silencio administrativo positivo
frente al caso que nos ocupa, y que de conformidad al salvamento de voto el Honorable
Magistrado expone el amplia jurisprudencia (sic) y legalidad en lo que refiere a la
caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración».

Adicionalmente, indicó que era necesario resaltar la posición del magistrado en el
salvamento de voto, y transcribió los siguientes apartes:

Con el fin de determinar si en el asunto en particular operó caducidad de la facultad
sancionatoria al no definir la situación jurídica de la EPS dentro de los términos legales, es
del caso hacer referencia a lo siguiente:

En el caso concreto, se tiene que la Superintendencia Nacional de Salud mediante el Auto
000122 de 2009 ordenó la apertura de investigación en contra de la Entidad Cooperativa
Solidaria Ecoopsos ESS EPS-S, con ocasión de la comunicación No. 2467 de 11 de
diciembre de 2008, recibida en la misma fecha por la demandada, mediante la cual el
Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá remitió copia del fallo de tutela de diez (10) de
diciembre de dos mil ocho (2008) amparando los derechos fundamentales del señor
Roberto Triana López, y se ordenó a la EPS que le suministrara al usuario los
medicamentos ordenados por su médico tratante. En dicho auto, se indicó que se
formulaban cargos en contra de la hoy actora por presunta violación del derecho a la salud,
a la integridad física y personal del señor Roberto Triana al negar el suministro de
medicamentos y por renuencia a suministrar información.

La negativa en la entrega de los medicamentos se puede evidenciar en los oficios de 5, 11
y 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2008 y se prolongó hasta el día 18 de diciembre del
2008, fecha para la cual el usuario concurrió a recibir los medicamentos.

Como el hecho es cierto, y sucedió el 18 de diciembre del 2008, la caducidad de la facultad
sancionatoria del Estado se contabiliza desde el 19 de diciembre de 2008 hasta el 19 de
diciembre del 2011.

Mediante Resolución Nro. 000336 de 4 de junio de 2010, la Superintendencia Nacional de
Salud sancionó a la Entidad Cooperativa Solidaria de Salud ECOOPSOS ESS ESS-S que
fue notificada el 20 de agosto de 2010.

Contra la anterior decisión, la Cooperativa Solidaria de Salud - ECOOPSOS ESS EPS
mediante Oficio No. NURC 1-2010-076547 de 27 de agosto de 2010, interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación.

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El recurso de reposición fue decidido mediante la Resolución 002042 de 2011, en la que la
Superintendencia demandada confirmó la sanción impuesta y concedió el recurso de
apelación, notificado personalmente el acto administrativo el 14 de septiembre de 2011.

Posteriormente, la entidad demandada expidió la Resolución 001005 de 11 de junio de 2014
"por la cual se resuelve un recurso de apelación" notificada personalmente el 11 de
septiembre de 2014, esto es, más que vencido el plazo legal señalado en el artículo 38 del
Decreto 01 de 1984, lo que en criterio del Magistrado impone declarar la nulidad de los
actos administrativos demandados por haber operado la caducidad de la facultad
sancionadora de la administración.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

IV.1. Mediante providencia del 4 de marzo de 201918, se admitió el recurso de apelación
interpuesto y por auto del 3 de julio de 201919, se corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión y al señor agente del Ministerio Público para rendir concepto.

IV.2. Mediante memorial del 8 de julio de 201920, la apoderada de la demandante informa
la escisión total de la entidad, por lo que solicitó que, de conformidad con el artículo 68
del CGP, a partir del 1º de abril de 2018 la Entidad Cooperativa Solidaria de Salud,
ECOOPSOS ESS EPS-S pasa a denominarse Empresa Promotora de Salud
ECOOPSOS EPS SAS.

IV.3. La parte demandante presentó alegatos por medio de los cuales reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de apelación. Además, indicó que no fue renuente
en la entrega de medicamentos que se hallaban contratados bajo la modalidad de cápita.

Precisó que no se comparte bajo ningún punto de vista la motivación y tipificación de los
cargos endilgados por parte de la Superintendencia, toda vez que dentro de las
responsabilidades de la EPS, le fue explicado al usuario las razones por las cuales el
comité técnico científico no aprobó los medicamentos solicitados, siendo del caso aclarar
que no se le negó de facto la solicitud, sino que se solicitó información adicional para su
producción, la cual al no ser suministrada los llevó a su información definitiva de
conformidad con la facultad prevista en la Resolución 3099.

Afirmó que cumplió con las autorizaciones de todos y cada uno de los servicios de salud
incluidos en él POS-S y solicitados debidamente por el señor Roberto Triana López. En
ningún momento le violó el derecho a la salud, la integridad física y personal, en atención
a que se cumplió con lo que legal y contractualmente le correspondía, así como con lo
ordenado por los fallos de tutela, autorizándose la entrega inmediata de los
medicamentos requeridos pese a no corresponderle a la EPS.

Señaló que se evidencia que la entidad demandada no tuvo en cuenta la valoración
probatoria y en general los argumentos expuestos por la entonces investigada, dando
lugar a las resoluciones acusadas con absoluta violación al debido proceso y al derecho
de defensa.

18 Folio 4 del cuaderno de segunda instancia.
19 Folio 11 del cuaderno de segunda instancia.
20 Folios 17 a 21 del del cuaderno de segunda instancia

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IV.4. La demandada presentó alegatos21 por los cuales solicitó que se confirme la
sentencia de primera instancia, a través de la cual, se negaron las pretensiones de la
demanda, pues como quedó demostrado a lo largo del proceso, la Superintendencia
Nacional de Salud expidió la Resolución 000336 el 4 de junio de 2010 confirmada por las
Resoluciones 002042 del 17 de agosto de 2011 y 001005 el 11 de junio de 2014, en
estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, mediante las cuales se respetó el debido
proceso, el principio de legalidad y el régimen sancionatorio, sin que exista falsa
motivación, desviación de poder, ni ninguna otra causa que afecte la validez de los actos
demandados.

Adujo que dicha entidad ejerce la función de control, por lo que adelante investigaciones
administrativas encaminadas a determinar la posible responsabilidad de sus vigilados
respecto de eventuales infracciones de las normas que rigen el sistema general de salud,
por lo que impone sanciones establecidas en la ley, previo agotamiento de un proceso
administrativo sancionatorio, en el cual los investigados tienen la posibilidad de ejercer
sus derechos de contradicción y defensa.

Expresó que para el caso bajo examen el asunto se encontraba regulado en la resolución
1212 de 2007, vigente para la época de los hechos y del inicio de la investigación. De
acuerdo con lo establecido en sus artículos 29, 30, 31 y 32, la Superintendencia podía
decretar pruebas que fueran conducentes, pertinentes y útiles para demostrar los hechos
en materia de investigación, así como negar aquellas que no cumplieran dichos
requisitos.

Manifestó que los testimonios se negaron por inconducentes, impertinentes e inútiles,
decisión válida que puede adoptar la entidad sancionadora al interior de los procesos
administrativos a su cargo, sin que por esta sola razón se pueda presumir la existencia
de una violación al debido proceso, al derecho de la defensa o una falsa motivación por
insuficiencia del material probatorio, más aún cuando se explica la forma en que dichos
testimonios no habrían podido variar la decisión final adoptada por la Superintendencia.

Señaló que dentro del expediente administrativo sancionatorio obra la orden de
medicamentos del 27 de octubre de 2008, el fallo de tutela del 10 de diciembre de dicha
anualidad, y el acta de entrega de los medicamentos de 18 de diciembre de 2008, siendo
claro que la entrega de los medicamentos se produjo casi 2 meses después de su
prescripción y solamente después de proferido el fallo de tutela. Por lo tanto, los
testimonios solicitados fueron considerados inconducentes, impertinentes e inútiles,
porque con ellos no se podía comprobar que la entrega de medicamentos hubiera sido
oportuna, ni menos aún se podía desvirtuar la prueba documental allegada.

Expuso que al estudiar concienzudamente las normas que rigen el actuar de la
Superintendencia y el procedimiento administrativo sancionatorio aplicado, así como las
pruebas documentales recaudadas durante la investigación, se vislumbra de manera
contundente la infracción cometida por la entidad demandante concretada al no entregar
oportunamente a su afiliado medicamentos pese a estar incluidos en el POS, con lo cual
el paciente tuvo la necesidad de interponer una acción de tutela.

Indicó que no existe falsa motivación que afecte la legalidad y la validez de las
resoluciones acusadas, dado que se emitieron en atención a la normatividad vigente y a

21 Folios 25 a 29 del cuaderno de segunda instancia

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las pruebas obrantes en el expediente, las cuales eran suficientes para llevar a la
administración al convencimiento de la existencia de la infracción por parte de la
investigada.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

La Sala es competente para conocer los recursos de apelación, de conformidad con lo
previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 22
(modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), que regula la distribución
de negocios entre las secciones.

5.2. Los actos demandados

RESOLUCIÓN SANCIÓN NÚMERO
00033623

«POR MEDIO DEL CUAL SE SANCIONA LA ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE
SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S CON NIT No. 832.000.760-8»

INVESTIGACIÓN NURC 8026-1-0436005 EXP 0511201000032

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA ATENCIÓN EN SALUD

[…]

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR a la ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE
SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S identificada con …con multa equivalente a
SETECIENTOS (700) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES a la
fecha de expedición del presente Acto Administrativo, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente Resolución.

PARÁGRAFO: El valor de la multa impuesta deberá ser consignado…

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el presente acto administrativo a
la Doctora MARÍA MAGDALENA FLORES en calidad de Representante Legal de la
COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S o quien haga sus veces,
en sus instalaciones ubicadas en la carrera 7…

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de
reposición y apelación, que deberán interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a
la fecha de su notificación. Por escrito ante la Superintendencia Delegada para la Atención
en Salud de la Superintendencia Nacional de Salud, previo el cumplimiento de las
formalidades contempladas en el Código Contencioso Administrativo.

22 Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
23 Folios 76 a 84 del cuaderno principal

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RESOLUCIÓN SANCIÓN NÚMERO
00100524
«Por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la
Resolución 000336 del 4 de junio de 2010»

EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

[…]

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 000336 del 4 de junio de 2010, por
medio de la cual se sancionó a la COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS
ESS EPS-S, con multa equivalente a Setecientos (700) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de expedición del citado acto administrativo, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: La multa impuesta deberá ser consignada a favor de la
Superintendencia Nacional de Salud…

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución
al Representante Legal de la COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS
EPS-S.

5.3. De la carga argumentativa en el recurso de apelación

Antes de abordar los cargos de apelación, la Sala considera necesario precisar que el
ejercicio de la función jurisdiccional se encuentra delimitada por el principio de
congruencia25, según el cual las decisiones judiciales deben guardar correspondencia
con las pretensiones, los hechos y los cargos oportunamente formulados26. En su
dimensión externa27, este principio impide al juez pronunciarse sobre cuestionamientos
ajenos al debate fijado por la demanda y su contestación, pues ello supondría exceder
los límites del litigio y afectar el derecho de defensa y contradicción de la contraparte

La Sala destaca que, de conformidad con los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso28, aplicables por remisión del artículo 306 del CPACA, el recurso de apelación
delimita la competencia del juez de segunda instancia a los reparos concretos formulados
por el apelante frente a la decisión impugnada.

En ese contexto, el artículo 247 del CPACA impone al apelante la carga de sustentar
el recurso, esto es, de exponer las razones por las cuales considera que la decisión
apelada debe ser revocada o modificada. El cumplimiento de esa carga exige formular

24 Folios 103 a 105 del cuaderno de medidas cautelares
25 Los artículos 280 y 281 del Código General del Proceso exigen que la sentencia esté debidamente

motivada y guarde coherencia entre sus partes considerativa y resolutiva, así como congruencia con lo
probado y lo pedido.
26 Sobre la congruencia y sus dimensiones interna y externa, ver: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 12 de diciembre de 2024 en el radicado nro.
25000 23 24 000 2005 01152 02. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
27 Los artículos 280 y 281 del Código General del Proceso exigen que la sentencia esté debidamente

motivada y guarde coherencia entre sus partes considerativa y resolutiva, así como congruencia con lo
probado y lo pedido.
28 En adelante, CGP.

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censuras concretas dirigidas a controvertir los fundamentos de la sentencia
impugnada; por tanto, no basta con reproducir o reiterar los argumentos expuestos en
la demanda, pues solo a partir de una verdadera confrontación con las razones de la
decisión recurrida el juez de segunda instancia puede ejercer el control que le
corresponde.

La jurisprudencia ha precisado que la carga procesal de sustentar el recurso de apelación
no se satisface con la simple manifestación de inconformidad frente a la decisión
adoptada, ni con la mera reiteración de los argumentos expuestos en la demanda. Por el
contrario, el apelante debe formular reparos concretos dirigidos a controvertir los
fundamentos de la sentencia impugnada. En ese sentido, se ha señalado:

[L]a carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface
con la llana indicación de discrepancia frente a la providencia recurrida, como tampoco con
la solicitud de que se revoque para que se acceda a los intereses de la parte inconforme y
menos aún, con la simple reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera
instancia, bien sea en la demanda o en la contestación, en tanto que aquellas ya fueron
objeto de comprobación y debate por parte del a quo. Lo que la ley impone es que se
ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la decisión
de primer grado en aquello que se considere desfavorable, no solo por considerarla
contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque exista en realidad una razón por
la que se considere que lo fallado no corresponde en derecho a una decisión acertada.29

En armonía con lo anterior, esta Sección ha señalado que, ante la ausencia de reparos
que habiliten un examen de fondo, procede confirmar la sentencia apelada. En ese
sentido, ha sostenido:

[L]a jurisprudencia de la Sección ha sido reiterativa en señalar que no hay lugar a tramitar
el recurso de apelación cuando el recurrente no ha expresado de manera clara y precisa
los argumentos o motivos de su inconformidad con el fallo, esto es, las razones por las
cuales estima que la decisión adoptada por el juez de primera instancia adolece de errores
o falencias que conducen o hacen necesario que deba ser revocada. En otros términos, es
necesario que quien interpone el recurso cumpla con la carga de exponer clara y
expresamente sus desavenencias con la decisión, pues lo contrario imposibilitaría que el
ad quem aborde el estudio de fondo del recurso.30

De lo anterior se sigue que la competencia del juez de segunda instancia está
delimitada por los reparos formulados contra la sentencia apelada. En ese sentido,
esta Sección ha sostenido de manera reiterada que la sustentación del recurso exige
que el apelante confronte los argumentos que sirvieron de fundamento a la
decisión recurrida y no se limite a reproducir los planteamientos expuestos en las
actuaciones surtidas ante el juez de primera instancia. Al respecto, ha señalado:

[e]l presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de apelación es la referencia
clara y concreta que el recurrente haga de los argumentos que el juez de primera instancia
consideró para tomar su decisión, para efectos de solicitarle al superior jerárquico funcional
que decida sobre los puntos o aspectos que se plantean ante la segunda instancia,
tendientes a dejar sin sustento jurídico aquellos, pues precisamente al juzgador de segundo

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 18 de marzo de 2024, radicado: 85001-23-31-

000-2011-00091-01 (51.209), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2026,

expediente 54001-23-31-000-2008-00400-01, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta.

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grado corresponde hacer dichas confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia merece
ser o no confirmada.31

Así las cosas, la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe al examen
de los reparos concretos formulados por el apelante frente a la decisión impugnada
y a los fundamentos que la sustentan. De ahí que, cuando el recurso no contiene
argumentos dirigidos a controvertir la ratio decidendi de la sentencia apelada, no
corresponde al superior suplir esa carga argumentativa ni pronunciarse sobre aspectos
que no fueron objeto de censura.

En conclusión, el a quo al proferir sentencia de primera instancia emite pronunciamiento
sobre las objeciones planteadas en la demanda, los argumentos de defensa expuestos
en su contestación y los demás elementos del proceso, tales como el material probatorio,
el marco normativo y la jurisprudencia aplicable al caso. Por su parte, el recurso de
apelación tiene por objeto controvertir los puntos de inconformidad proferidos en la
decisión de primera instancia. Por ende, la sentencia de segunda instancia debe guardar
correspondencia con las pretensiones, los hechos y los cargos oportunamente
formulados en primera instancia que han sido debidamente debatidos a través del
respectivo recurso.

Por consiguiente, no pueden ser de recibo nuevos cargos invocados por el recurrente, es
decir, argumentos que no se manifestaron ante la primera instancia, pues el recurso de
apelación no puede convertirse en la oportunidad procesal para subsanar las
omisiones en las que incurrió el apelante en el transcurso del proceso, dado que, admitir
lo contrario, desconocería el principio de congruencia y el derecho de defensa de la
contraparte.

5.4. Análisis del caso concreto

En la demanda, la parte demandante sostuvo que los actos acusados fueron expedidos
con violación al debido proceso, falsa motivación y abuso de poder. Además, que a través
de las resoluciones censuradas se impuso una sanción desproporcional e ilegal.

En la sentencia de primera instancia, el a quo negó las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente:

i) Frente al debido proceso, indicó que no se vulneró, pues a la parte actora se le dio la
oportunidad de presentar y controvertir pruebas. Y la negativa de decretar los testimonios
solicitados se fundamentó en que eran inconducentes, impertinentes e inútiles. Además,
precisó que en sede judicial se decretó y examinó el testimonio solicitado junto con el
acto sancionatorio cuestionado, sin embargo, se concluyó que este no desvirtuaba la
decisión de la administración consistente en sancionar.

ii) En cuanto a la falsa motivación consideró que no se configuraba, dado que se
relacionaba con la negativa de decretar los testimonios solicitados por la parte actora, por
lo que estimó que no era necesario un pronunciamiento al respecto, «por cuánto el
momento para aducir tal cuestionamiento ya se había agotado con anterioridad, esto es,
cuando se presentó el recurso de reposición contra el Auto 1436 del 12 de noviembre de

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre de 2025,

expediente 63001-23-33-000-2019-00216-01, C.P. (E) Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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2009, mediante el cual la demandada se pronunció con respecto a las pruebas
solicitadas, recurso que fue resuelto en el Auto 000115 de 15 de febrero de 2010».

iii) Respecto del cargo de abuso de poder tampoco lo encontró configurado, por cuanto
la actora omitió probar de manera clara y fehaciente, la existencia de los distintos móviles
de la administración, pues con las pruebas allegadas no se demostró con certeza cuales
fueron los fines que habría impulsado a la administración a obrar indebidamente.

iv) Sobre el cargo relacionado con la desproporción de la sanción, señaló que la
demandada para su imposición atendió los criterios previstos en la Resolución 1212 de
2007, los cuales fueron valorados en los actos cuestionados, en la medida en que, para
efectos de determinar la sanción, se tuvo en cuenta el interés jurídico tutelado, así como
las circunstancias de que se contravino el deber de prudencia y diligencia, ya que la no
entregar de manera oportuna de los medicamentos prescritos por el médico tratante, en
un caso tan urgente y delicado puso en riesgo la vida y la salud del señor Roberto Triana
López, debido a la mora injustificada.

v) Aunque no se invocó como cargo de violación, sino en los hechos, el Tribunal se
pronunció frente a la configuración del silencio administrativo positivo -artículo 52 del
CPACA, y consideró que no se configuraba, dado que la actuación administrativa había
iniciado en vigencia del CCA y al ser dicha norma la aplicable, no le asistía razón a la
actora en solicitar su declaratoria.

Ahora bien, del análisis de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
advierte que no están dirigidos a cuestionar las consideraciones del fallo apelado, sino a
reiterar los argumentos relatados en los hechos de la demanda, así como invocar apartes
del salvamento de voto, a través de los cuales pretende adicionar nuevos cargos, tal
como se logra observar de la siguiente comparación:

Demanda32 Recurso de apelación33

9. De conformidad con los medios y 1. La parte resolutiva del fallo en mención […].
herramientas que ha utilizado la EPS-S frente
a los diferentes autos proferidos y 2. Teniendo en cuenta la manifestación y
Resoluciones en donde se evidencia que la argumentos por parte de su Honorable
Delegada y la Honorable Superintendencia de Despacho Judicial, respetuosamente me
Salud no tuvo en cuenta la valoración permito manifestar que la entidad que
probatoria y en general los argumentos represento está en desacuerdo con el fallo
expuestos por ECOOPSOS ESS EPS-S, La recurrido, toda vez que la fundamentación y
Superintendencia Nacional de Salud especialmente en las razones que justifica el
mediante la Resoluciones No.000336 del 04 fallador frente a la negación de las súplicas de
de Junio de 2010 y Resolución y: No.001005 la demanda expuestas por la suscrita
de 11 de Junio de 2014, sanciona apoderada
desproporcionadamente y desmedidamente a
ECOOPSOS ESS EPS-S, con una multa de 3. Es preciso manifestar y resaltar que con los
Setecientos (700) Salarios Mínimos Legales medios y herramientas que utilizo la EPS-S
Mensuales vigentes, confirmando una frente a los diferentes autos proferidos y
absoluta violación al debido Proceso y Resoluciones en donde se evidencia que la

32 Se citan textualmente los hechos y cargos de violación consignados por la demandante (folios 348 a 350

del cuaderno principal)
33 Se citan textualmente los argumentos consignados por el demandante en el recurso de apelación a
folios 347 A 352.

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derecho de defensa, además de haber Delegada y la Honorable Superintendencia de
negado las pruebas testimoniales , no tuvo ni Salud no tuvo en cuenta la valoración
siquiera en cuenta la pruebas probatoria y en general los argumentos
documentales. expuestos por ECOOPSOS ESS EPS-S, La
Superintendencia Nacional de Salud
10. La Honorable Superintendencia Nacional mediante la Resoluciones No.000336 del 04
de Salud, se extralimitó en sus funciones de Junio de 2010 y Resolución No.001005 de
de ente de vigilancia y control dentro del 11 de Junio de 2014, sancionó
proceso administrativo que conllevó a la desproporcionadamente y desmedidamente a
expedición de los actos administrativos ECOOPSOS ESS EPS-S con una multa de
antes mencionados, conforme a la no Setecientos (700) Salarios Mínimos Legales
valoración integral existente de los Mensuales vigentes, confirmando una
argumentos y pruebas aportadas por absoluta violación al debido Proceso y
ECOOPSOS ESS EPSS, basándose una derecho de defensa, además de haber
prerrogativa interna sin fundamento negado las pruebas testimoniales así como el
constitucional y normativo, conducta que se no haber tenido en cuenta siquiera la
materializa como una actuación de abuso del pruebas documentales en la defensa de la
poder o abuso de la posición dominante. Entidad.

Lo anterior se evidencia dentro del acto 4. Ecoopsos Eps- no comparte la postura por
administrativo definitivo, mediante el cual en parte de su Honorable Despacho cuando
el caso particular procede a emitir fallo no expone «…la jurisprudencia referida permite
tiene en cuenta el debido proceso y demás advertir que quien alega la desviación de
procedimientos establecidos en la poder debe probar, de manera clara, y
normatividad legal vigente. fehaciente, la existencia de los distintos
móviles de la administración», razón a ello, es
Al emitirse el fallo en el caso en particular preciso manifestar que existió por parte de la
objeto de la presente acción más de un año, Superintendencia Nacional de Salud una
circunstancia que no se encuentra extralimitación en sus funciones del ente
debidamente justificada teniendo en cuenta de vigilancia y control dentro del proceso
que el recurso de reposición se asemeja administrativo que conllevó a la
según la jurisprudencia a un derecho de expedición de los actos administrativos
petición, por lo tanto, el mismo debía ser antes mencionados, conforme a la no
resuelto en términos legales y una un (sic) valoración integral existente de los
término prolongado como sucedió en el argumentos y pruebas aportadas por
presente caso. ECOOPSOS ESS EPSS, basándose una
prerrogativa interna sin fundamento
En el caso que nos ocupa existe negligencia constitucional y normativo, conducta que a la
por parte de la Administración teniendo en sana critica legal se materializa como una
cuenta que se configura una morosidad de actuación de abuso del poder o abuso de la
ésta, frente a la expedición de los actos posición dominante.
administrativos que van en contra vía de los
postulados constitucionales y legales.
5. Dentro de la actuación administrativa y
12. En el presente caso que nos ocupa, operó procesal de la Superintendencia Nacional de
la figura jurídica del silencio administrativo Salud conforme se evidencia dentro de toda la
positivo al no definir la situación jurídica de la actuación administrativa, no adelantó los
EPSS dentro de los términos legales, por lo trámites, pruebas, análisis, estudio del caso
tanto, se debe tener en cuenta que la en particular de manera adecuada, prueba de
administración tiene un deber de respeto por ello es la no aceptación probatoria solicitada
los derechos fundamentales de los en su oportunidad.
administrados.
En el caso que nos ocupa existe negligencia
por parte de la Administración teniendo en
VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO cuenta que se configura una morosidad de

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esta, frente a la expedición de los actos
La Supersalud, al iniciar toda la etapa administrativos que van en contra vía de los
investigativa en especial mediante el auto de postulados constitucionales y legales.
trámite frente al cual se le negó a la EPS-S el
decreto de las pruebas testimóniales, la 6. Es importante resaltar con todo respeto,
actuación administrativa estuvo viciada de que los actos administrativos demandados
nulidad al no respetar el Debido Proceso… imprimen las normas en que debieron
fundarse, y fueron expedidos bajo falsa
LA SANCIÓN IMPUESTA ES motivación, de acuerdo con las causales de
DESPROPORCIONAL E ILEGAL AL NO nulidad establecidas en el artículo 138 y el
RESPETARSE EL DEBIDO PROCESO inciso 2° del artículo 137 de la ley 1437 de
2011.
Se impuso una sanción abiertamente ilegal y
atentoria (sic) al Debido proceso a Por lo anterior es procedente manifestar que
ECOOPSOS ESS EPS-S, toda vez que no operó la figura del silencio administrativo
hay lugar al despliegue de dicha sanción positivo al no definir la situación jurídica de la
teniendo en cuenta que en virtud al origen de EPSS dentro de los términos legales, por lo
la investigación no corresponde a tanto, se debe tener en cuenta que la
circunstancias voluntarias de la EPS-S y su administración tiene un deber de respeto por
cometido fue cumplido... los derechos fundamentales de los
administrados.
FALSA MOTIVACIÓN
7. De otra parte, la suscrita apoderada
[…] se cumplió con lo solicitado por el coadyuva el salvamento de voto por parte del
accionante dentro de la acción de tutela honorable magistrado Dr. Felipe Alirio Solarte
interpuesta por el Señor ROBERTO TRIANA Maya, en donde manifestó en escrito de fecha
LOPEZ, hecho que iba a ser corroborado, 22 de agosto de 2018 su salvamento de voto
sustentando y argumentado en la práctica de en donde expuso: [en este punto se citó en
los testimonios solicitada por LA EPS y extenso los argumentos del salvamento]
negada por la SUPERSALUD, de
conformidad con las circunstancias de modo, […].
tiempo y lugar.

[…] no se pronunció frente a las
consideraciones relacionadas dentro del
recurso de reposición y en subsidio apelación
interpuesto por la EPS, máxime cuando se
omite pronunciamiento en relación con la
prueba testimonial negada por la Supersalud.

ABUSO DEL PODER Y EXTRALIMITACIÓN
DE FUNCIONES

Se constituye una violación a este concepto,
el cual se fundamenta en la posición
dominante que tiene la SUPERSALUD como
Ente de vigilancia y control al omitir o negar el
Decreto de pruebas solicitada por la EPS-S,
así como disponer del tiempo no reglado
dentro de la normatividad al no proferir una
decisión de fondo en un tiempo proporcional y
determinado.

La Supersalud tomó una decisión
aparentemente legal, pero no con miras a

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Radicado: 25000-23-41-000-2015-01434-01
Demandante: Entidad Cooperativa Solidaria de Salud -ECOOPSOS ESS-
Superintendente Nacional de Salud

obtener la finalidad legalmente establecida
para el ejercicio de imponer una sanción a la
EPS-S violando el debido proceso y el
Derecho a la Defensa, a efectos de lograr
objetivos ajenos a la vigilancia y control que
se debe tener conforme a sus competencias,
limitándose exclusivamente a obtener
erogaciones económicas…

De lo transcrito, la Sala encuentra que, efectivamente, ambos escritos coinciden
sustancialmente, habida cuenta que el recurso reproduce, en esencia, los planteamientos
formulados en la demanda, sin desarrollar argumentos encaminados a controvertir o
desvirtuar las razones que sustentaron la sentencia de primera instancia.

Precisamente, la Sala advierte que el recurso de apelación interpuesto por la demandante
no contiene reparos concretos dirigidos a controvertir las razones que llevaron al Tribunal
a negar las pretensiones de la demanda. En lugar de cuestionar los fundamentos jurídicos
de la sentencia de primera instancia, se limitó a reiterar los planteamientos formulados
en el libelo introductorio, así como a transcribir apartes del salvamento de voto.

Por lo tanto, no es de recibo para la Sala la manifestación efectuada por la actora, según
la cual «comparte los conceptos y normatividad» señalados en el salvamento de voto,
transcribiéndolo parcialmente, pues ello no constituye la carga argumentativa propia de
esta etapa procesal.

Tampoco resulta admisible que la parte demandante en el recurso de apelación pretenda
plantear nuevos argumentos a través del salvamento de voto en mención, dado que
dentro de la demanda no alegó, entre otras, la caducidad de la facultad sancionatoria,
frente a la cual la Superintendencia no tuvo la oportunidad de manifestarse.

Cabe aclarar que, aunque en los hechos de la demanda, la actora manifestó la
configuración del silencio administrativo y la morosidad de la entidad para expedir los
actos acusados, lo cierto es que en ningún momento invocó el mentado cargo de
caducidad. Y si aun en gracia de discusión se interpretara que, con tales argumentos la
demandante lo que pretendía era formular dicho cargo, la realidad es que en el escrito
de apelación tampoco confrontó tal aspecto en relación con el fallo censurado, es
decir, no reprochó los argumentos que tuvo el Tribunal para no declarar el «silencio
administrativo» o «morosidad» para expedir los actos en cuestión.

Así las cosas, pese a que la finalidad del recurso de apelación es someter a consideración
del superior los errores que, a juicio del apelante, contiene la providencia impugnada, del
examen del escrito no se advierten censuras encaminadas a desvirtuar su ratio decidendi,
lo que evidencia el incumplimiento de la carga de sustentación exigida para este medio
de impugnación, pues admitir lo contrario, implicaría vulnerar el principio de congruencia,
el derecho al debido proceso y de la defensa de la entidad demandada.

En esas condiciones, al no haberse formulado censuras dirigidas a desvirtuar los
fundamentos de la decisión apelada, la Sala carece de motivos para apartarse de lo
resuelto por el Tribunal. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera
instancia.

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5.5. Condena en costas

La Sala no condenará en costas en la presente instancia, comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de agosto de 2018 proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, conforme con lo señalado en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, devolver el expediente al
tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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