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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2016-00041-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2016-00041-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de diciembre de 2021, proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2016-00041-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: JOSÉ MANUEL OROZCO LÓPEZ
Demandado: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
Terceros: MUNICIPIO DE MEDELLÍN1 Y OTRO

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de 2 de diciembre de 2021, proferida por la Sala Segunda de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

I.1.1. Las pretensiones

1. El señor José Manuel Orozco López en ejercicio de la acción especial de nulidad
y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio
de 19972, presentó demanda en la que formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Se declare que la indemnización pagada por la Empresa de
desarrollo urbano (sic)-EDU por concepto de la expropiación administrativa de dos
inmuebles ubicados en Medellín en la carrera 52 No. 92-127 (interiores 135; 235), no
repara el daño sufrido por mi poderdante, ni su grupo familiar, impone una carga
excesiva que no debe soportar y no cumple con los parámetros y exigencias
establecidas en la constitución y la ley.

SEGUNDO (sic): Como restablecimiento del derecho, se ordene a la Empresa de
desarrollo urbano-EDU pagar una indemnización justa por la expropiación de los
inmuebles ya determinados, de la siguiente forma:
A- Daño Emergente
Se pague la reposición de los inmuebles conforme los valores establecidos en los
avalúos realizados por coralonjas y lo expuesto en el acápite del daño:
1- valor comercial del inmueble ubicado en la cra 52 N°92-127 interior 135 la suma
de $23.374.755 […]
2- valor comercial del inmueble ubicado en la cra 52 N°92-127 interior 235 la suma
de $58.757.997 […]

1
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2021 y la
Ley 2286 de 12 de enero de 2023.
2
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.

2

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

3- Pago a coralonjas por concepto de avalúo comercial del inmueble ubicado en la
cra 52 N°92-127 interior 135 $150.000 […]
4- Pago a coralonjas por concepto de avalúo comercial $200.000 […]
5- Pago a la señora Alba Luz Waitoto, por concepto de cánones de arrendamiento,
desde el 20 de junio de 2015 hasta el 20 de Octubre (sic) de 2015 $2.400.000 […].
TOTAL DAÑO EMERGENTE 82.482.752 […]

B- Lucro Cesante

Se paguen las compensaciones ofrecidas por LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO- EDU teniendo en cuenta que, la no enajenación fue producto de la negativa
de la entidad por ofrecer un precio justo y adecuado para el caso en concreto; Así
como las rentas dejadas de percibir, de conformidad con lo expuesto en el acápite del
daño.

1- Compensación por trámites legales para reposición $842.705 […]
2- Compensación por Impacto económico de $1.200.000 […]
3- Compensación por traslado $412.650 […]
4- Rentas consolidadas dejadas de percibir del contrato de arrendamiento $540.000
[…]
5- Rentas dejadas de percibir de los contratos de arrendamientos futuros o
prórrogas del anterior $207.000.000 […]

TOTAL LUCRO CESANTE: 209.995.355 […]

TERCERO: Que las sumas de dinero correspondientes a la indemnización definitiva
se actualicen teniendo en cuenta el I.P.C. y el I.V.P. desde la fecha de Expropiación
hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.

CUARTO: Que los dineros ya pagados por la entidad EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO EDU por concepto de indemnización, los cuales ascienden a la suma de
77.038.792 (…) se reconozcan como pago parcial de la indemnización final y sean
devaluados de conformidad con el I.P.C., teniendo en cuenta la fecha de ejecutoria
de la sentencia y la fecha del pago.
QUINTO: Se condene en costas a la entidad demandada EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

En caso de no proceder la pretensión ubicada en el N°5, literal B, pretensión segunda,
en la cual se persigue el reconocimiento y pago de las rentas dejadas de percibir en
la carrera 52 N°92-127 interior (135), la cual asciende a la suma de $207.000.000
(…); Solicito honorables magistrados de conformidad con el criterio de indemnización
restitutiva y el derecho a la vivienda digna consagrado en la constitución (sic), ordenen
a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU, reponer el inmueble descrito,
por uno de similares características técnicas, de polígono y sectoriales, del cual mi
poderdante pueda percibir una renta mensual igual a la que obtenía y que perdió
producto de la Expropiación (sic) administrativa […]” (negrilla del texto).

I.1.2. Los hechos

2. La parte demandante indicó que era propietario de los inmuebles ubicados en la
carrera 52 # 92-127, interiores 135 y 235 del Distrito de Medellín, identificados con
las matrículas inmobiliarias núms. 01N-5349110 y 01N-5349111. Uno de esos
inmuebles estaba destinado a vivienda familiar y el otro se encontraba arrendado.

3

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

3. Señaló que EDU, mediante la Resolución núm. GG 00448 de 29 de abril de
20153, dispuso la expropiación por vía administrativa de ambos bienes por un precio
indemnizatorio de $77.102.480.

4.Indicó que el 2 de junio de 2015 interpuso recurso de reposición contra la
Resolución núm. GG 00448 con el propósito de controvertir el precio indemnizatorio.

5. Manifestó que, durante la última semana de mayo de 2015, informó verbalmente
al arrendatario del inmueble ubicado en el interior 135 que debía entregarlo debido
a la expropiación. Por ello, el arrendatario restituyó el inmueble el 10 de junio de
2015.

6. Explicó que el 10 de junio de 2015 la Empresa de Desarrollo Urbano expidió la
Resolución núm. GG 00658 de 10 de junio de 20154, mediante la cual resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. GG 00448 de 2015, en
el sentido de confirmar la decisión.

7. Resaltó que el 17 de junio de 2015 la Empresa de Desarrollo Urbano efectuó el
pago de la indemnización correspondiente a los inmuebles objeto de expropiación,
por valor de $77.038.792, suma a la que se efectuó la respectiva retención en la
fuente. Por ello, el 20 de junio de 2015 desocupó el inmueble ubicado en la carrera
52 # 92-127, interior 235, destinado a vivienda familiar.

8. Explicó que el 20 de junio de 2015 celebró en calidad de arrendatario un contrato
de arrendamiento con la señora Alba Luz Waitoto respecto de un inmueble ubicado
en la calle 96 # 53-18 del Distrito de Medellín, identificado con matrícula inmobiliaria
núm. 01N-5256617. El 20 de octubre de 2015 terminó ese contrato de
arrendamiento.

9.Señaló que el 22 de junio de 2015 se suscribió el acta de entrega de los
inmuebles ubicados en la carrera 52 # 92-127, interiores 135 y 235.

I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

10. La parte demandante sostuvo que las resoluciones demandadas infringen los
artículos 2.º, 13, 29, 42, 46, 51, 58, 59 y 60 de la Constitución Política; 21 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos5, 61 y 71 de la Ley 388 de 18 de
julio de 19976; 2 (parágrafo) y 19 del Decreto 1420 de 24 de julio de 19987; 6 y 61
(inciso 2) de la Resolución 620 de 23 de septiembre de 20088; la Ley 446 de 7 de

3
“[…] Por la cual se dispone la expropiación concertada por vía administrativa de un inmueble, de conformidad con lo
establecido en el inciso 4° del artículo 15 y con el artículo 28 de la Ley 9 a de 1989 y se Declara el Saneamiento Automático
en virtud de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 […]”.
4
“[…] Por la cual se resuelve un Recurso de Reposición contra la Resolución N° GG 00448 del 29 de Abril de 2015 […]”.
5
Incorporada al ordenamiento interno mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972. “[…] Por medio de la cual se aprueba
la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica,
el 22 de noviembre de 1969 […]”.
6
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
7
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995,
los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998,
que hacen referencia al tema de avalúos […]".
8
“[…] Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 […]”.

4

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

julio de 19989 y el Decreto Ley 2150 de 5 de diciembre de 199510, por las siguientes
razones:

i) Desconocimiento del carácter justo del precio indemnizatorio

11. Indicó que la indemnización debía ser previa, justa y plena, de conformidad con
el artículo 58 de la Constitución Política, el artículo 21 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y las sentencias C-1074 de 200211, C-153 de 199412 y C-
192 de 199813, pues su determinación exigía ponderar las circunstancias concretas
del afectado y los intereses de la comunidad. Sin embargo, la entidad fijó el precio
indemnizatorio sin analizar las condiciones personales, familiares y económicas del
propietario.

12. Afirmó que EDU quebrantó el artículo 2 de la Constitución Política porque no tuvo
en cuenta que el propietario y su grupo familiar fueron víctimas de desplazamiento,
que el demandante y su cónyuge eran adultos mayores, que no contaban con un
empleo formal ni con una expectativa pensional y que una parte relevante de sus
ingresos provenía del arrendamiento de uno de los inmuebles expropiados.

13. Manifestó que el 8 de abril de 2015, mediante el programa “Renovando Ciudad”,
EDU le ofreció dos alternativas de solución habitacional. La primera correspondía a
una vivienda de 50 m², entregada en obra gris y valorada en 135 salarios mínimos
legales mensuales vigentes; la segunda, a una vivienda de 42 m², también en obra
gris, valorada en 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

14. Afirmó que la primera alternativa no tenía condiciones semejantes a las de los
inmuebles posteriormente expropiados, porque estos contaban con un área
aproximada de 100 m² y tenían acabados. Además, para acceder a la vivienda
ofrecida, debía entregar los dos inmuebles, uno destinado a la habitación familiar y
otro a producir renta, y asumir un saldo adicional de $9.948.458.

ii) Irregularidades de los avalúos oficiales

15. Argumentó que los avalúos oficiales presentan inconsistencias respecto de: i) las
normas en que deben fundarse; ii) la estructura y características físicas de los
inmuebles (redes y el medidor de gas, la zona de ropas, los niveles de la propiedad
y las habitaciones); y iii) la destinación económica de los mismos. Adicionalmente,
la empresa Avalúos y Tasaciones de Colombia - Valorar S.A. realizó una única visita
de reconocimiento del terreno el 6 de diciembre de 2012 para elaborar uno de los
avalúos y, respecto de los demás, utilizó la misma información. Por lo tanto, se
quebrantó el artículo 6 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC.

16. Advirtió que EDU vulneró los artículos 2 y 19 del Decreto 1420 de 1998 porque
el término de vigencia del avalúo oficial expiró para el momento de la notificación

9
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.
10
“[…] Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública […]”.
11
Sala Plena de la Corte Constitucional, expediente D-4062, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
12
Sala Plena de la Corte Constitucional, sentencia de 24 de marzo de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
13
Sala Plena de la Corte Constitucional, expediente D-1877, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

5

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

del acto expropiatorio. Ese avalúo no fue objeto de revisión ni de impugnación, y la
notificación de la Resolución GG-001201 del 5 de noviembre de 2013 se realizó 1
año, 1 mes y 29 días después de su elaboración.

17. Adujo que la ficha técnica del avalúo desconoció el parágrafo del artículo 2.º del
Decreto 1420 de 1998 porque indicó que la estructura del inmueble estaba
compuesta por muros cargueros y que la vida útil es de 70 años. Sin embargo, el
inmueble tiene una estructura de vigas y columnas con una vida útil de 100 años.

iii) Falta de reconocimiento del daño emergente y lucro cesante

18. Agregó que en los avalúos se indicó expresamente que su objeto se limitaba a la
valoración de los inmuebles y que no comprendía el daño emergente ni el lucro
cesante derivados de la adquisición. Esa exclusión demostraba que la
indemnización reconocida por EDU no comprendió la totalidad de los perjuicios
ocasionados por la expropiación.

19. Planteó que el daño emergente comprendía los gastos en que incurrió por la
elaboración de los avalúos de Coralonjas y los cánones de arrendamiento que pagó
a la señora Alba Luz Waitoto entre el 20 de junio y el 20 de octubre de 2015, después
de desocupar la vivienda familiar.

20. Frente al lucro cesante indicó que el inmueble ubicado en el interior 135 estaba
arrendado y producía una renta mensual, por lo que debía reconocerse la renta
dejada de percibir.

21. Agregó que también procedía el pago de las compensaciones por trámites
legales para reposición, impacto económico y traslado que habían sido ofrecidas
durante la etapa de enajenación voluntaria porque no aceptó la oferta toda vez que
el precio propuesto no era justo.

22. Finalmente, no desarrolló expresamente el concepto de violación de los artículos
13, 29, 42, 46, 51, 59 y 60 de la Constitución Política, la Ley 446 de 1998 y el Decreto
Ley 2150 de 1995.

I.2. Contestación de la demanda

I.2.1. Empresa de Desarrollo Urbano - EDU14

23. Se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó las excepciones de: “[…]
Falta de legitimación en la causa por pasiva […]”, “[…] La buena Fe […]”, “[…]
Inexistencia de la Obligación de indemnizar […]”, y “[…] Presunción de legalidad de
los actos administrativos […]”.

24. Indicó que EDU adelantó el procedimiento de adquisición y expropiación de los
inmuebles de conformidad con las normas aplicables y cumplió las obligaciones que
le correspondían en virtud del convenio interadministrativo suscrito con el Distrito de
Medellín.

14
Cfr. Índice 2 expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada “PIEZAS PROCESALES (.ZIP) NroActua 2” en
el documento: “06ContestacionEDUyAnexos(303-325)”.

6

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

25. Sostuvoque el precio indemnizatorio establecido en la Resolución núm. GG
00448 de 29 de abril de 2015, confirmada mediante la Resolución núm. GG 658 de
10 de junio de 2015, se determinó con fundamento en los avalúos comerciales
núms. V-01-14-37 y V-01-14-38, elaborados por Valorar S.A.

26. Puso de presente que dicha sociedad estaba facultada para realizar la valoración
y que aplicó los criterios técnicos previstos en la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420
de 1998 y la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Por
ello, consideró que la inconformidad del demandante con el valor determinado no
tenía la capacidad de desvirtuar la validez del avalúo.

27. Complementó que los avalúos identificados con los códigos V-01-14-37 y V-01-
14-38 correspondieron a revisiones efectuadas por la firma avaluadora a solicitud
de la entidad teniendo en cuenta las reclamaciones presentadas por el demandante.

28. Afirmó que la actividad desarrollada en materia de avalúos era reglada y, por lo
tanto, la entidad no contaba con un margen de discrecionalidad para apartarse de
los criterios técnicos establecidos en los artículos 21 y 22 del Decreto 1420 de 1998.

29. Reconoció que solo se efectuó una visita, pero manifestó que la finalidad de la
inspección era conocer sus condiciones físicas, las cuales ya habían sido
verificadas por la firma avaluadora. Por lo tanto, los incrementos registrados en los
avalúos obedecieron a criterios técnicos y no a apreciaciones subjetivas.

30. Explicóque, al momento de notificarse la oferta de compra contenida en la
Resolución núm. GG 0436 del 12 de marzo de 2013, se utilizó el avalúo identificado
con el código V-12-12-1314 de 6 de diciembre de 2012, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997.

31. Argumentó que los avalúos aportados por el demandante y elaborados por
Coralonjas no permitían desvirtuar los estudios utilizados por la entidad, pues no
especificaban la técnica ni el método empleados para establecer el valor de los
inmuebles.

32. Finalmente, señaló que el demandante no acreditó la existencia de perjuicios
adicionales que generaran la obligación de pagar las sumas reclamadas por daño
emergente y lucro cesante.

I.2.2. Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín15

33. Se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó la excepción de “[…]
Incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial […]”, con
fundamento en que la parte actora convocó a conciliación extrajudicial, pero las
pretensiones formuladas no son las mismas de la demanda.

34. Señaló que la Empresa de Desarrollo Urbano adelantó los trámites previos a la
adquisición de los inmuebles y expidió la resolución de expropiación, con el
propósito de destinarlos al proyecto “[…] Conexión Occidente Oriente al Norte de la

15
Ibidem, documento denominado: “17ContestacionLlamamientoenGarantiaMpioMedellin(755-768)”, página 119.

7

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

ciudad con el Puente Viaducto sobre el río Medellín Puente 93-94 (Aranjuez Castilla)
Santa Madre Laura Montoya Upegui […]”.

35. Sostuvo que los avalúos comerciales elaborados por la sociedad Avalúos y
Tasaciones de Colombia - Valorar S.A. respetan lo regulado en la Ley 388 de 1997,
la Resolución 620 de 2008 del IGAC y el Decreto 1420 de 1998. Dichos avalúos
fueron elaborados por avaluadores inscritos, mediante un análisis de las
características de las construcciones y del sector y con aplicación del método de
costo de reposición.

36. Indicó
que correspondía al demandante demostrar la falta de validez de los
avalúos oficiales, carga que no cumplió porque el avalúo aportado con la demanda
no gozaba de suficiente credibilidad al no señalar el origen de los costos de
construcción, aportar los documentos que los sustentaran ni especificar la técnica o
método empleado.

37. Manifestó que el demandante no aportó los recibos que acreditaran los pagos
correspondientes a los trámites legales que pretendía hacer valer. Además, debía
demostrar que percibía los cánones de arrendamiento durante la vigencia del
contrato y aportar los recibos o pruebas de consignación correspondientes.

38. Señaló que el demandante recibió el valor indemnizatorio del inmueble, suma
que podía destinar a la adquisición de otro bien y, por esa vía, continuar generando
rentas. En todo caso no se demostró que el valor reconocido por la expropiación
fuera inferior al valor comercial del inmueble ni que la expropiación hubiera
ocasionado los perjuicios económicos reclamados.

I.2.3. Sociedad Avalúos y Tasaciones de Colombia - Valorar S.A.16

39. Seopuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que los avalúos
comerciales elaborados por la sociedad cumplieron los requisitos técnicos y
reglamentarios aplicables. Esos informes se realizaron con fundamento en la
documentación suministrada por EDU.

40. Propuso las excepciones de inepta demanda, indebida acumulación de
pretensiones e inexistencia de la obligación porque: i) no existen supuestos fácticos
o jurídicos que reflejen una vulneración de derechos en el proceso de adquisición
de los bienes objeto de expropiación; ii) el restablecimiento del derecho reclamado
es excluyente con la pretensión para controvertir el precio indemnizatorio
reconocido; y iii) la entidad adquirente realizó el trámite de expropiación dentro del
marco normativo correspondiente.

41. Indicó que EDU en calidad de entidad adquirente, contaba con la facultad legal,
de conformidad con el Decreto 1420 de 1998, para pronunciarse sobre los avalúos
elaborados y solicitar su revisión. Por lo tanto, correspondía al EDU de acuerdo con
el Decreto Municipal 0543 de 15 de marzo de 201317, reconocer las
compensaciones económicas a las que tuvieran derecho los propietarios o

16
Ibidem, documento denominado: “16ContestacionLlamamientoenGarantiaVALORARSA”.
17
“[…] Por el cual se regula el pago de compensaciones por enajenación voluntaria […]”.

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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

tenedores de los bienes objeto de adquisición, incluidos los conceptos de daño
emergente y lucro cesante.

I.3. Trámite del proceso en primera instancia

42. Por auto de 28 de enero de 201618, se admitió la demanda, se ordenó la
notificación de la entidad demandada y el traslado al Ministerio Público.

43. El 11 de marzo de 2016, la Empresa de Desarrollo Urbano presentó escrito de
contestación de la demanda y llamó en garantía al Distrito de Medellín19 y a la
Sociedad Avalúos y Tasaciones de Colombia - Valorar S.A.20

44. Mediante providencias de 19 de agosto de 201621 se admitieron los llamamientos
en garantía formulados por la entidad demandada.

45. Por auto de 10 de marzo de 201722 se saneó el proceso y se decretaron las
pruebas solicitadas por las partes y terceros.

46. Los días 123, 1524 y 2925 de junio de 2017 se llevaron a cabo las audiencias de
pruebas, en las que se practicó la prueba testimonial y se realizó la contradicción
del dictamen pericial.

47. Mediante auto de 5 de julio de 201726 se corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto si lo
consideraba necesario.

48. Dentrode la oportunidad procesal correspondiente, presentaron alegatos de
conclusión la parte demandante27, la Empresa de Desarrollo Urbano, el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín28 y la Sociedad Avalúos
y Tasaciones de Colombia29.

49. El Ministerio Público guardó silencio.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

50. La Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia de 2 de diciembre de 202130, negó las pretensiones de la demanda y
resolvió no condenar en costas.

18
Cfr. Índice 2 expediente digital de segunda instancia, en el archivo “PIEZAS PROCESALES (.ZIP) NroActua 2”, documento
denominado: “04Admision”.
19
Ibidem, documento denominado: “10LlamamientoEDUaMpioMedellin”.
20
Ibidem, documento denominado: “08CuadernoLlamamientoEduaValorarSA”.
21
Ibidem, documento denominado: “09CuadernoLlamamientoEduVALORARSA”, página 34 y
“12CuadernoLlamamientoEduMpioMedellin”, página 20.
22
Ibidem, documento denominado: “19AutoAdecuaTramite”.
23
Ibidem, documento denominado: “21AudienciadePruebas”, página 14.
24
Ibidem, documento denominado: “23ContinuacionAudienciadePruebas”, página 1.
25
Ibidem, documento denominado: “23ContinuacionAudienciadePruebas”, página 15.
26
Ibidem, documento denominado: “23ContinuacionAudienciadePruebas”, página 19.
27
Ibidem, documento denominado: “25AlegatosConclusionyADespachoxFallo”, página 11 y siguientes.
28
Ibidem, documento denominado: “25AlegatosConclusionyADespachoxFallo”, página 1 y siguientes.
29
Ibidem, documento denominado: “25AlegatosConclusionyADespachoxFallo”, página 5 y siguientes.
30
Ibidem, documento denominado: “33Sentencia20600041”.

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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

51. Declaró no probadas las excepciones de incumplimiento del requisito de
conciliación prejudicial, inepta demanda e indebida acumulación de pretensiones
porque: i) en la solicitud de conciliación y en la demanda se controvierte el precio
indemnizatorio; ii) la demanda reunía los requisitos legales; y iii) el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997 permitía controvertir el precio reconocido por la expropiación.

52. Precisó que la entidad demandada a través de la Resolución núm. GG-001201
de 5 de noviembre de 2013 puso en conocimiento de la parte demandante los
avalúos V-12-12-1314 de 6 de diciembre de 2012 y V-05-13-1482 de 28 de mayo
de 2013 elaborados por la Sociedad Avalúos y Tasaciones de Colombia - Valorar
S.A.

53. Señaló que EDU mediante la Resolución núm. GG-0108 de 17 de febrero de
2015 modificó el valor de la oferta en atención a la revisión de los avalúos V-01-14-
37 y V-01-14-38 del 17 de enero de 2014.

54. Argumentó que los avalúos núms. V-01-14-37 y V-01-14-38 de 17 de enero de
2014, elaborados por Valorar S.A., utilizan el método de comparación o mercado
para determinar el valor de los lotes y el método de costo de reposición para valorar
las construcciones. Allí se tuvo en cuenta la información del mercado inmobiliario,
bases de datos de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, las
publicaciones especializadas, las características físicas de los inmuebles y sus
coeficientes de copropiedad.

55. Explicó que el avalúo presentado por la parte demandante no tiene anexas las
consultas realizadas para establecer el precio, ni la fuente de la información relativa
al valor asignado al costo de reposición. De hecho, no se especifican las premisas
que permitan concluir que el valor promedio de venta del metro cuadrado
establecido asciende a las sumas mencionadas. Tampoco se consideró que el
precio está sometido al régimen de propiedad horizontal, y no se fijó el valor del m2
manera independiente (construcción y lote) sino sobre el área útil.

56. Determinó que el avalúo presentado con la demanda no es suficiente para
desvirtuar el análisis efectuado por la Sociedad Avalúos y Tasaciones de Colombia
• Valorar S.A.

57. En relación con el daño emergente, señaló que su reconocimiento exigía
demostrar la causación efectiva del menoscabo patrimonial y su cuantía. Sin
embargo, en el caso concreto no se acreditaron los pagos reclamados por los
avalúos de Coralonjas, los cánones de arrendamiento, los trámites legales para
reposición, la compensación por impacto económico ni los gastos de traslado.

58. Precisóque la parte demandante aportó el contrato celebrado con Alba Luz
Waitoto, pero no obraban los recibos que demostraran el pago del arrendamiento.

59. Respecto de la objeción por error grave formulada contra el dictamen del auxiliar
de la justicia Luis Fernando Serna Hernández, explicó que ese dictamen versó sobre
la materia solicitada y respondió los interrogantes formulados. Por lo tanto, los
reparos del EDU expresaban su inconformidad con sus conclusiones, pero no
demostraban la existencia de un error grave.

10

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

60. Agregó que el perito se pronunció sobre el daño emergente e indicó que, si bien
esos desembolsos tienen relación de causalidad con el daño, no se pueden calcular
porque no hay documento en el expediente que lo acredite. Por lo tanto, no realizó
ningún reconocimiento por esos conceptos.

61. Aclaró que la parte demandante debe acreditar el lucro cesante que dejó de
percibir y aquel cuya existencia tenga la viabilidad de presentarse en el futuro.
Aunado a ello, el daño causado por la expropiación debe ser cierto y existir un nexo
de causalidad entre éste y la decisión administrativa, porque la simple suposición
no da lugar a la indemnización solicitada.

62. Precisó que el señor José Manuel Orozco López recibió a través del Decreto 0543
de 2013 una compensación por el impacto económico del bien por un valor de
$1.200.000.00 que corresponde a 6 meses del canon de arrendamiento que percibía
por el alquiler de parte de su inmueble. También se le pagó el valor del inmueble
arrendado, con lo cual pudo en su momento adquirir otro inmueble para arrendar.
En consecuencia, no procedía pagar el valor del arriendo por toda la vida útil del
inmueble expropiado como lucro cesante.

63. Refirió que las condiciones personales invocadas por el actor, relativas a su
situación de desplazamiento, edad, falta de empleo formal y ausencia de
expectativa pensional, no constituían parámetros para fijar la indemnización por
expropiación distintos de los previstos en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1420 de
1998.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN31

64. El demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia para
que, en su lugar, se reconozca el pago de $44.487.665 por concepto de lucro
cesante, debidamente indexados, y se condene en costas y agencias en derecho a
las entidades demandadas.

65. Señaló que la indemnización en los procedimientos expropiatorios debe ser
previa y justa, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política, el
artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley 388 de
1997 y las sentencias de constitucionalidad C-153 de 1994, C-1074 de 2002 y C-
750 de 201532.

66. Sostuvo que la indemnización no se limita al precio comercial del bien
expropiado, sino que abarca los daños y perjuicios adicionales sufridos por el
afectado con ocasión de la expropiación. Sin embargo, EDU no estimó ni pagó el
lucro cesante ocasionado en el caso concreto, como expresamente lo reconoce el
avalúo oficial, lo que afectó “[…] su derecho a la igualdad, a la dignidad humana, al
debido proceso, a recibir una indemnización justa y al restablecimiento efectivo
frente a las cargas públicas. […]”.

31
Ibidem, documento denominado: “38RecursoApelacionParteDte201600041.pdf”.
32
Sala Plena de la Corte Constitucional, expedientes D-10708 y 10748, sentencia de 10 de diciembre de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos.

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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

67. Consideró que el tribunal de primera instancia incurrió en un defecto fáctico
porque desestimó el dictamen pericial rendido por el auxiliar de la justicia Luis
Fernando Serna Hernández, el cual determinaba el valor del lucro cesante. A su
juicio, el a quo debió acoger los resultados de la pericia pues las objeciones
formuladas en su contra por error grave fueron declaradas improcedentes.

68. Pusode presente que es falsa la afirmación del tribunal según la cual el
demandante obtuvo a través del Decreto 0543 de 2013, una compensación de
$1.200.000, equivalente a seis (6) meses del canon de arrendamiento.

69. Agregó que las compensaciones previstas en el Decreto 0543 de 2013 solo son
aplicables en los casos de enajenación voluntaria, supuesto distinto al de la
expropiación debatida en el proceso.

70. Calificó como subjetiva la afirmación del tribunal según la cual el demandante
habría podido adquirir otro inmueble con los $22.001.280 y continuar percibiendo
ingresos, pues para el año 2015, el valor de una vivienda de interés prioritario
ascendía a $45.104.500.

71. Respecto de la configuración de un defecto material o sustantivo, explicó que el
tribunal desconoció el criterio fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C-
153 de 1994, C-1074 de 2002 y C-750 de 2015, conforme al cual la indemnización
por expropiación tiene una función reparatoria que comprende tanto el daño
emergente como el lucro cesante.

72. Finalmente, solicitó que se valoraran las pruebas practicadas en primera
instancia, en especial el dictamen pericial rendido por el auxiliar Luis Fernando
Serna Hernández y el Decreto 0543 de 2013.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

73. Mediante auto de 25 de enero de 202233, el magistrado sustanciador del proceso
en primera instancia concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación
presentado por la parte demandante.

74. Esta autoridad judicial, a través de auto de 2 de marzo de 202234, admitió el
recurso de apelación y se advirtió a los sujetos procesales que no había lugar a dar
traslado para alegar de conclusión. Igualmente, se notificó al Ministerio Público.

75. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

76. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) los actos administrativos demandados; y
iii) el análisis del caso concreto.

33
Ibidem, documento denominado: “41ConcedeApelacion201600041”.
34
Cfr. Índice 4 expediente digital de segunda instancia.

12

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

V.1. Competencia

77. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, en
el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 1335 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201936, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

V.2. Los actos administrativos demandados

78.En la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución núm. GG 00448 de 29 de
abril de 201537, cuya parte resolutiva señala:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: Ordenar la expropiación por Vía
Administrativa a favor del Municipio de Medellín NIT 890.905.211-1 de derecho real
de dominio, en un 100% del derecho de dominio y posesión de dos (2) inmuebles
ubicados en la Carrera 52 No. 92-127 interiores 135 y 235 del Municipio de Medellín,
identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 01N-5349110 y 01N-5349111 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte de la ciudad de Medellín, de
propiedad del señor JOSÉ MANUEL OROZCO LÓPEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 3.535.766, propietario del 100% real de dominio, cuyos linderos son
conforme al Reglamento de Propiedad Horizontal, elevado a Escritura pública No.
3608 del 29 de agosto de 2012 de la Notaría 16 de Medellín de la siguiente manera:

“APARTAMENTO PRIMER PISO CARRERA 52 No. 92-127 (0135): Situado en el
primer piso del edificio, marcado en su puerta de entrada con el número 92-127
(0135), de la nomenclatura oficial del municipio de Medellín, con un área construida
de 28.80 metros cuadrados, un área libre de 0.85 metros cuadrados, para un área
total privada de 29.61 metros cuadrados. Su altura libre 2.40 metros comprendidos
por los siguientes linderos actualizados: por el frente, con la carrera 52; un costado,
con propiedad marcada en su puerta de entrada con el número 92.127 (136) de la
carrera 52; por el otro costado, con muro que lo separa de la propiedad marcada en
su puerta de entrada con el número 92-127 (0134) de la carrera 52; por la parte de
atrás con propiedad que es o fue de Gilberto Pineda; por el Cenit (sic), con losa de
concreto de dominio común que lo separa del apartamento del segundo y tercer piso
marcado en su puerta de entrada con el número 92-127 (0235) de la carrera 52 y que
pertenece a este mismo edificio y con el nadir con el suelo que sirve de cimentación
a la edificación. COMODIDADES: Sala, alcoba, cocina, baño y patio.

APARTAMENTO SEGUNDO Y TERCER PISO CARRERA 52 No. 92-127 (0235):
Situado en el segundo y tercer piso del edificio, marcado en su puerta de entrada con
el número 92-127 (0235), de la nomenclatura oficial del municipio de Medellín, con un
área construida (segundo y tercer piso) de 65.05 metros cuadrados, un área libre de
6.66 metros cuadrados, para un área total privada de 71.71 metros cuadrados y una
altura variable. Comprendidos por los siguientes linderos actualizados: Por el frente,
con la carrera 52; un costado, con propiedad marcada en su puerta de entrada con el
número 92-127 (0136) de la carrera 52; por el otro costado, con muro que lo separa
de la propiedad marcada en su puerta de entrada con el número 92-127 (0134) de la
carrera 52; por la parte de atrás con propiedad que es o fue de Gilberto Pineda; por
el cenit, techumbre general del edificio y por el nadir con losa de concreto de dominio
común, que lo separa del apartamento del primer piso marcado con el No. 92-127
(0135) de la carrera 52. COMODIDADES: 2 Salas, 2 comedores, 2 balcones, 2
alcobas, cocina, 2 baños y 2 patios.

35
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
36
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
37
Cfr. Índice 2 expediente digital de segunda instancia, en el archivo: “PIEZAS PROCESALES (.ZIP) NroActua 2” documento
denominado: “DemandayAnexos”, página 21.

13

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

Parágrafo 1: Sólo para efectos de pago, serán tenidas en cuenta las áreas construidas
constatadas en la Ficha Catastral y Oficio CT-12172 del 4 de Octubre de 2012, de la
Unidad de Cartografía de la Subsecretaría de Catastro, siendo un área construida
para el inmueble ubicado en la Carrera 52 No. 92-127 (135), de 32.73 M2 y un
coeficiente de 29.94% y área construida del inmueble ubicado en la Carrera 52 No.
92-127 (235), de 71.57 M2 y un coeficiente 70.06%.

Parágrafo 2: El bien inmueble está sometido a Reglamento de Propiedad Horizontal,
mediante Escritura Pública No. 3608 del 29 de agosto de 2012 de la Notaría 16 del
Círculo Notarial de Medellín.

ARTÍCULO SEGUNDO: TRADICIÓN. JOSE MANUEL OROZCO LOPEZ (sic),
adquirió el derecho de dominio por compra que realizó a la señora Yenni del Socorro
Arango, mediante escritura pública N° 2834 del 25 de Abril de 1995 de la Notaría 12
del Círculo Notarial de Medellín, debidamente registrado en el folio de matrícula
inmobiliaria N° 01N-398346 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Medellín Zona Norte y posteriormente sometió a Reglamento de Propiedad
Horizontal, mediante Escritura Pública No. 3608 del 29 de agosto de 2012 de la
Notaría 16 del Círculo Notarial de Medellín, generándose las matrículas inmobiliarias
Nos. 01N-5349110 y 01N-5349111 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Medellín Zona Norte.

ARTÍCULO TERCERO: PRECIO DE LA INDEMNIZACIÓN. El valor total de la
indemnización es conforme a los avalúos comerciales efectuados por la empresa
Avalúos y Tasaciones de Colombia Valorar S.A., que se relacionan de la siguiente
forma:

Avalúo No. V-01-14-37 del 17 de enero de 2014, correspondiente al inmueble ubicado
en la Carrera 52 #92-127 (135) por un valor de VEINTIDÓS MILLONES OCHENTA
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($22.001.280) (sic) y avalúo V-01-14-38
del 17 de enero de 2014, correspondiente al inmueble ubicado en la Carrera 52 #92-
127 (235) por un valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO UN MIL
DOSCIENTOS PESOS M/L ($55.101.200) (sic).

Parágrafo 1: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El pago se hará con cargo al
rubro presupuestal 24GOU0020171010601 de 2014 y Certificados de disponibilidad
y Certificados de Compromiso presupuestal expedidos por la Empresa de Desarrollo
Urbano-EDU-. Así
COMPROMISO
DISPONIBILIDAD NO
BENEFICIARIO DISPONIBILIDAD COMPROMISO MIGRADO 1772 de
MIGRADO 1246 de 2015
2015
JOSE MANUEL
2470 de 2014 2287 de 2014
OROZCO LOPEZ
3767 de 2015 9083 de 2015 N/A N/A
2419 de 2014 2286 de 2014 1245 de 2015 1171 de 2015

Parágrafo 2: La Entidad Financiera autorizada para lo relacionado con la
consignación indicada en la presente Resolución, es el Banco Agrario de Colombia,
Sucursal Carabobo Medellín, ubicado en la carrera 52 N° 49-86, de la nomenclatura
actual del Municipio de Medellín.

Parágrafo 3: Copia de la consignación se entregará al Tribunal Administrativo de
Antioquia, considerándose que de esta manera ha quedado formalmente hecho el
pago de conformidad con la Ley.

ARTÍCULO CUARTO: SANEAMIENTO AUTOMÁTICO: de conformidad a lo
señalado en el artículo 21 de la ley 1682 de 2013, se solicita al señor Registrador de
Instrumentos Públicos zona Norte de Medellín, la cancelación de la HIPOTECA que
sobre el inmueble se encuentra registrada en la anotación 1, la cual fue constituida
mediante Escritura Pública No. 3829 del 30 de Agosto de 1967 de la Notaría Sexta
de Medellín, a favor del señor Pablo Emilio Gallego, hipoteca del lote de mayor
extensión (01N-181574) que se encuentra prescrita, según consta en el despacho

14

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

comisorio No. 371 emitido por el JUEZ QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN
de fecha del 22 de septiembre de 2011, en el cual ordenó cancelar el gravamen
hipotecario, como consecuencia del fallo emitido en proceso ordinario de mínima
cuantía con trámite Verbal Sumario, la orden judicial se emitió sólo con respecto a la
matrícula inmobiliaria 01N-5261846, la cual fue cancelada mediante la Escritura
Pública No. 3495 del 08 de Noviembre de 2011 de la Notaría Sexta del Círculo Notarial
de Medellín, desconociendo que la Hipoteca inicialmente fue registrada en la
matrícula matriz 01N-181574, por lo que necesariamente se debe extender a las
matrículas que se han desprendido de la de mayor extensión, con fecha posterior a
la constitución de la hipoteca, entre las que se encuentra las matrículas 01N-5349110
y 01N-5349111 […]” (negrilla del texto).

79. También se demandó la Resolución núm. GG 00658 de 10 de junio de 201538 en
la que se resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: DECISIÓN: NO REPONER la Resolución N° GG -00448
del 29 de Abril (sic) de 2015, “Por la cual se dispone la expropiación por vía
administrativa de un inmueble con todas sus Mejoras y Anexidades”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se aclara que Resolución N° GG -00448 del 29 de Abril de
2015, trata de una expropiación, vía administrativa NO CONCERTADA, puesto que
pese a que en su título se presentó un error de digitación al denominarla expropiación
concertada, de la lectura del acto administrativo y la congruencia entre su parte motiva
y resolutiva, es claro que el acto comprende la expropiación vía administrativa no
concertada de los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 01N-
5349110 y 01N-5349111 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Medellín, Zona Norte de la ciudad de Medellín, ubicados (sic) Carrera 52 No. 92-127,
interiores 135 y 235, propiedad del señor JOSÉ MANUEL OROZCO LOPEZ (sic),
identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.535.766 con un 100% del derecho real
de dominio de ambos inmuebles.

ARTÍCULO TERCERO: Con fundamento en lo anterior, no se reconocerán las
compensaciones de conformidad con el Decreto Municipal 543 del 15 de marzo de
2013, “mediante el cual se regula el pago de compensaciones por enajenación
voluntaria”.

ARTÍCULO CUARTO VIGENCIA: Como consecuencia de lo anterior, todas las
consideraciones y disposiciones contenidas en la resolución GG -00448 del 29 de
Abril (sic) de 2015, continúan vigentes.

ARTÍCULO QUINTO: COPIAS: De conformidad con las disposiciones legales que
regulan la materia se le entregará a los titulares del derecho real de dominio
directamente, o a través de su respectivo apoderado, copia gratuita de la misma.

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICACIÓN: Se dispone notificar por intermedio de la
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- la presente resolución a los titulares del
derecho de dominio directamente, o a través de sus representantes o apoderados, de
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, advirtiendo que contra la presente resolución, NO
PROCEDE RECURSO ALGUNO en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley
388 de 1997. […]” (negrilla del texto).

V.3. Análisis del caso concreto

80. De conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201239, aplicables por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, corresponde
a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de 2 de diciembre

38
Ibidem, documento denominado: “DemandayAnexos”, página 140.
39
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

15

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

de 2021, proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

81. El demandante afirmó en la alzada que se debe revocar la sentencia de primera
instancia porque: i) el tribunal no valoró adecuadamente las pruebas relacionadas
con el reconocimiento y pago del lucro cesante; y ii) el precio indemnizatorio
reconocido es insuficiente para reponer el inmueble destinado a renta.

82. Con el fin de resolver los argumentos de la apelación de forma ordenada, la Sala
estudiará los problemas jurídicos en acápites independientes, así:

V.3.1. Indebida valoración probatoria del reconocimiento y pago del lucro
cesante

83. La
parte demandante sostuvo que el tribunal no valoró adecuadamente las
pruebas relacionadas con el lucro cesante.

84. Complementó que el a quo desconoció los artículos 58 de la Constitución Política,
21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos40, la Ley 388 de 1997 y
las sentencias C-153 de 1994, C-1074 de 2002 y C-750 de 2015, conforme a los
cuales la indemnización por expropiación debe ser previa, justa y reparatoria, y no
puede limitarse al valor comercial del inmueble cuando se acrediten otros perjuicios
causados por la actuación administrativa.

85. Explicó que la Empresa de Desarrollo Urbano no pagó el lucro cesante durante
la actuación administrativa, pues el avalúo que sirvió de fundamento a la
expropiación señaló expresamente que su objeto se limitaba a determinar el valor
comercial de los inmuebles y no comprendía los demás perjuicios derivados de su
adquisición.

86. Puso de presente que no recibió la compensación de $1.200.000, equivalente a
seis meses del canon de arrendamiento, con fundamento en el Decreto 0543 de
2013, porque esas compensaciones correspondían al escenario de enajenación
voluntaria.

87. Finalmente, indicó que el dictamen pericial practicado en el proceso no se valoró
adecuadamente, pese a que la prueba se practicó y las objeciones formuladas en
su contra no prosperaron. Dicha prueba demostraba que el demandante dejó de
percibir ingresos por concepto de lucro cesante como consecuencia de la pérdida
del inmueble destinado al arrendamiento.

88. Para resolver los referidos reparos la Sala pone de presente que la expropiación
puede adelantarse por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el
legislador, mediante indemnización previa, según lo dispuesto en el artículo 58 de
la Constitución Política.

40
Afirmó que la convención aplicaba en concordancia con el artículo 93 de la Constitución Política.

16

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

89. Elartículo 21.241 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, salvo mediante el
pago de una indemnización justa, por razones de utilidad pública o interés social y
en los casos y formas establecidas en la ley.

90. Esta Sección en la sentencia de 6 de febrero de 202042 aclaró que la expropiación
conlleva la obligación de indemnizar plena y previamente al afectado, con el
propósito de restablecer el equilibrio, con fundamento en los artículos 21.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1743 de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano.

91. En el mismo sentido, la Corte Constitucional sostuvo en la sentencia C-1074 de
2002 que “[…] la indemnización no se limita al precio del bien expropiado. Si bien la
jurisprudencia reconoce que el particular también sufre daños adicionales a la
pérdida patrimonial del inmueble, el cálculo del resarcimiento que deba recibir el
particular, no se limita a considerar el valor comercial del bien, sino que puede
abarcar los daños y perjuicios sufridos por el afectado por el hecho de la
expropiación.44 […]”.

92. En relación con el lucro cesante, en la sentencia de 22 de enero de 201545 la
Sección Primera precisó que, si bien dicho perjuicio puede integrar el precio
indemnizatorio en los procesos de expropiación administrativa, su reconocimiento
está condicionado a que se encuentre debidamente acreditado46.

93. Nótese que: “[…] una decisión administrativa mediante la cual se ordene la
indemnización derivada de la expropiación puede estar desprovista de lucro
cesante, de lo que no puede estar desprovista es de la motivación, de las razones
que se tuvieron en cuenta para no incluir dicho rubro, razones que deben estar
dirigidas inequívocamente a señalar que el perjuicio no fue causado por la
expropiación y en consecuencia, no hay lugar a repararlo […]”47.

94. Ahora bien, para establecer el régimen aplicable para la cuantificación del lucro
cesante cuando se trata de expropiaciones adelantadas en el marco de proyectos
de infraestructura vial, se debe tener en cuenta el momento de la elaboración del
avalúo.

41
“[…] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones
de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley […]”.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número: 08001-23-31-000-1997-
12256-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
43
“[…] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la
necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya una justa y previa
indemnización […]”.
44
“[…] Este criterio establecido en la sentencia C-153 de 1994, recoge la posición sostenida por la Corte Suprema de Justicia,
en Sala Plena el 11 de diciembre de 1964, MP: Julián Uribe Cadavid, donde dijo lo siguiente: “Sobra agregar que el concepto
de indemnización por expropiación no puede confundirse con el concepto de precio, como prestación de la venta. Esta es un
acuerdo bilateral, de derecho privado, fruto de la libertad contractual(...). La expropiación no es un contrato, no es una venta,
ni siquiera forzada, como la que se verifica en subasta pública en determinados casos; es una figura esencialmente distinta,
de derecho público, enderezada al bien de la comunidad y en virtud de la cual, por motivos superiores, la Administración toma
la propiedad particular, y como esta medida genera un daño, y no un precio, se satisface mediante una indemnización. Se
indemniza el perjuicio en diferentes órdenes de la responsabilidad contractual y extracontractual, y se indemniza al expropiado
el daño que para él implica esta forma de expropiación –que opera contra su voluntad- pero en provecho público […]”.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, radicación
número: 25000-23-24-000-2007-00389-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
46
En ese caso al estudiar la reclamación de las utilidades dejadas de percibir por un establecimiento de comercio que
funcionaba en el inmueble expropiado, con fundamento en la sentencia C-1074 de 2002, concluyó que, aunque la
indemnización no se limita al valor comercial del bien y puede comprender los perjuicios adicionales ocasionados por la
expropiación, el lucro cesante solo puede reconocerse cuando se encuentre demostrado.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2012, radicación
número: 63001-23-31-000-2007-00029-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E).

17

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

95. Concretamente, se debe distinguir entre las actuaciones iniciadas después de la
entrada en vigor del artículo 37 de la Ley 1682 de 22 de noviembre de 201348,
modificado por el artículo 6.º de la Ley 1742 de 26 de diciembre de 2014 49, y
reglamentado por la Resolución 898 de 19 de agosto de 201450 del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi; y aquellas que se rigen por el régimen jurídico anterior.

96. En el presente caso, mediante la Resolución núm. GG 0436 de 12 de marzo de
2013, la Empresa de Desarrollo Urbano inició las diligencias tendientes a adquirir
los inmuebles mediante enajenación voluntaria o, en su defecto, expropiación por
vía administrativa, y formuló la correspondiente oferta de compra.

97. Posteriormente, la sociedad Avalúos y Tasaciones de Colombia - Valorar S.A.
elaboró los avalúos definitivos V-01-14-37 y V-01-14-38 el 17 de enero de 201451.

98. Esto significaba que el procedimiento de adquisición predial de la referencia se
encontraba en curso al momento de entrar en vigencia la Ley 1682 de 2013, por lo
que debía continuar y culminar conforme al régimen jurídico anterior 52, como lo
explicó EDU en la Resolución núm. GG 00658 de 10 de junio de 2015, al resolver
el recurso de reposición.

99.En ese escenario se debe acudir por remisión del artículo 853 de la Ley 153 de
1887, a las reglas previstas en el numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 de
199854 y a las señaladas en el artículo 21 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC55.

100.El numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 dispone que para “[…] los efectos
del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se
encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que
ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos
provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que
se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses […]”.

El artículo 21 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC precisa cuáles son los
101.
soportes que se deben tener en cuenta para calcular esa compensación, así:

“[…] Artículo 21º.- Cálculo del valor de la compensación debida por la afectación a
causa de una obra pública. La forma para calcular este valor será:

48
“[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias […]”.
49
“[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y
saneamiento básico, y los demás sectores que requieran expropiación en proyectos de inversión que adelante el Estado y se
dictan otras disposiciones. […]”.
50
“[…] Por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios, y procedimientos para la elaboración de avalúos
comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013 […]”.
51
Estos informes correspondieron a revisiones efectuadas dentro del procedimiento iniciado mediante la Resolución núm. GG
0436 de 12 de marzo de 2013, en atención a las inconformidades formuladas por el propietario respecto de los avalúos
anteriores.
52
Mediante la Resolución 1044 de 29 de septiembre de 2014 se adicionó el artículo 18A a la Resolución 898 de 2014, con el
propósito de establecer un régimen transitorio para la implementación gradual de los procedimientos previstos en esta última
resolución. Posteriormente, dicha disposición fue modificada por la Resolución 316 de 18 de marzo de 2015, en la que se
precisó que las entidades podían comenzar a aplicar las nuevas reglas de valoración a más tardar el 1.º de octubre de 2015.
Adicionalmente, se estableció que los procesos de adquisición predial que se encontraran en curso al momento de entrar en
vigencia la Ley 1682 de 2013 conservarían plenos efectos y continuarían hasta su culminación conforme al régimen jurídico.
53
“[…] Artículo 8. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o
materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho. […]”.
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2012, radicación
núm. 05001-23-31-000-2003-00977-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, radicación
núm. 05001-23-31-000-2002-00716-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.

18

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

[…]
4. […] Para estimar el monto de la compensación de las rentas o ingresos que se
dejan de percibir por una limitación temporal o definitiva (numeral 6 del artículo 21,
Decreto 1420 de 1998) se deberán tener en cuenta:

• Las declaraciones para efectos tributarios.
• El balance contable que se presente para la Cámara de Comercio.

En caso de que la empresa no esté obligada a presentar ninguna de las anteriores,
deberá probar la utilidad neta del negocio de por lo menos los seis meses anteriores,
mediante un estado de pérdidas y ganancias mensual firmado por un contador
público titulado, con matrícula profesional vigente.

Esta utilidad neta mensual debe multiplicarse por los meses que se hayan establecido
como período de compensación […]” (negrilla fuera del texto).

102. De conformidad con la normativa supra, la compensación por rentas o ingresos
dejados de percibir procede hasta por 6 meses cuando se demuestre que el
inmueble estaba destinado a una actividad productiva y que, por causa de la
afectación derivada de la obra pública o de la expropiación, se produjo una pérdida
cierta de ingresos.

103.Así las cosas, no basta con afirmar que el inmueble generaba rentas. La parte
interesada debe acreditar la actividad productiva, el monto real de los ingresos
dejados de percibir y el nexo causal entre la pérdida alegada y la expropiación
administrativa.

104. En todo caso, frente a la valoración del lucro cesante la jurisprudencia de esta
Sección ha precisado que el reconocimiento, cuando se trata de perjuicios causados
a personas naturales, no depende únicamente de la existencia de declaraciones
tributarias o de un determinado medio de prueba, sino que el análisis del juez debe
contemplar todo el acervo probatorio a efectos de establecer con certeza la
existencia de la actividad productiva y los ingresos afectados por la expropiación.

105. En la sentencia de 1.º de febrero de 202456, se explicó que el reconocimiento
del lucro cesante exige acreditar la actividad productiva del inmueble, el monto de
las rentas dejadas de percibir y el nexo causal con la expropiación, razón por la cual
se negaron las pretensiones al no encontrarse demostrados tales presupuestos. En
ese caso, el demandante únicamente aportó una certificación suscrita por un
contador público, en la que se afirmaba que el inmueble generaba ingresos
mensuales, por lo que se concluyó que la sola certificación contable no era
suficiente para demostrar el perjuicio reclamado.

106.En la sentencia de 6 de febrero de 202557, esta Sección reconoció el lucro
cesante derivado de un contrato de arrendamiento excluido por la administración, al
encontrar acreditada su existencia y el ingreso dejado de percibir porque obraba el
contrato de arrendamiento a nombre del demandante, junto con una declaración
extra-juicio y los respectivos recibos de caja.

56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de febrero de 2024, radicación
número: 05001-23-31-000-2011-00011-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de febrero de 2025, radicación
número: 25000-23-41-000-2013-02398-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.

19

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

107.Recientemente, en la sentencia de 3 de julio de 202658 se precisó que “[…] no
basta con afirmar que el inmueble generaba rentas. La parte interesada debe
acreditar la actividad productiva, el monto real de los ingresos dejados de percibir y
el nexo causal entre la pérdida alegada y la expropiación administrativa 59 […]”.

108.En el caso concreto, el inmueble ubicado en la carrera 52 núm. 92-127 (135),
respecto del cual se alegó la pérdida de ingresos por arrendamiento, fue objeto del
avalúo comercial V-01-14-37 de 17 de enero de 201460, elaborado por la sociedad
Avalúos y Tasaciones de Colombia - Valorar S.A.

109.En dicho estudio se indicó que el alcance del trabajo encomendado
correspondía únicamente a la valoración del bien y que no comprendía la tasación
del daño emergente y lucro cesante eventualmente generados con ocasión de su
adquisición61.

110.Asimismo, se acreditó que la parte demandante informó al EDU mediante
petición de 27 de marzo de 201562 que en el avalúo comercial V-01-14-37 no tuvo
en cuenta la destinación económica del inmueble, el cual representaba una renta
periódica de $180.000 por motivo del canon de arrendamiento. Sin embargo, con
su petición no aportó prueba del ingreso informado.

En la visita social realizada por EDU a la parte demandante el 8 de abril de
111.
201563 se realizaron las siguientes observaciones:

58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de julio de 2026, radicación
número: 25000-23-41-000-2015-01827-02, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
59
“[…] Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 16 de febrero de 2017, Rad:
05001-23-31-000-2007-00379-01, C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. […]”.
60
Cfr. Índice 2 expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada “PIEZAS PROCESALES (.ZIP) NroActua 2” en
el documento: 01DemandaYAnexos, página 85.
61
Allí se señaló que el estudio “[…] se refiere a la valoración del inmueble, dado que este es el alcance del trabajo
encomendado. En el presente avalúo no se incluye tasación alguna de daño emergente ni lucro cesante que eventualmente
pueda generar a raíz de la adquisición […]”. Además, se hizo énfasis en que “[…] la diferencia existente entre las cifras del
avalúo efectuado por Avalúos y Tasaciones Colombia VALORAR S.A. (sic) y el valor de una eventual negociación. Lo normal
es que los dos valores no coincidan porque a pesar de que el estudio que efectúan Avalúos y Tasaciones de Colombia
VALORAR S.A., conduce al “Valor objetivo” del inmueble, en el “Valor de Negociación” intervienen múltiples factores
subjetivos o circunstancias imposibles de prever, tales como la habitabilidad de los negociadores, los plazos concedidos para
el pago, la tasa de interés, la urgencia económica del vendedor, el deseo o antojo del comprador, la destinación o uso que el
comprador le vaya a dar al inmueble, etc., todos los cuales sumados, distorsionan a veces el alto porcentaje – hacia arriba o
hacia abajo- el monto del avalúo […]”.
62
Cfr. Índice 2 expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada “PIEZAS PROCESALES (.ZIP) NroActua 2” en
el documento: 01DemandaYAnexos, página 114.
63
Ibidem, página 117.

20

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

112. EDU por medio del oficio radicado 20150002802 de 15 de abril de 201564 dio
respuesta a la petición del 27 de marzo de 2015, en los siguientes términos: “[…]
Respecto a su solicitud de actualización del avalúo comercial por el método de
rentas o ingresos con respecto al predio ubicado en Carrera 52 N° 92 – 127 (235),
le informamos que según las normas establecidas en el Decreto Municipal No. 543
de 2013 y teniendo en cuenta los ingresos familiares consignados en la ficha social,
se tasó la prima de afectación económica y se reconoció por medio de la Resolución
No. GG-1201 del 05 de noviembre de 2013. Es de anotar que es potestad de la
empresa avaluadora VALORAR S.A., determinar el método que utilizaría para
realizar el avalúo y presentar el informe correspondiente. Las compensaciones han
sido actualizadas por medio de la Resolución No. GG-1201 del 05 de noviembre de
2013 […]”.

113.Obra igualmente en el expediente la Resolución núm. GG 001201 de 5 de
noviembre de 201365, por medio de la cual EDU modificó la oferta de compra y
reconoció al señor José Manuel Orozco López diversas compensaciones
económicas, entre ellas la denominada compensación por impacto económico.

114. Dentro de los conceptos reconocidos en la mencionada resolución se
encontraban: i) la compensación por trámites legales; ii) compensación de traslado;
iii) compensación por impacto económico; iv) compensación por trámites legales por
vivienda de reposición; y v) la compensación por gastos de escolarización.

115.El parágrafo tercero de dicho acto administrativo dispuso expresamente que
tales compensaciones no serían reconocidas en caso de que no se lograra la
enajenación voluntaria y se procediera a la expropiación por vía administrativa.
Decisión reiterada posteriormente en el artículo tercero de la Resolución núm. GG
00658 de 10 de junio de 2015.

116.En concordancia con lo anterior, la Resolución núm. GG 00448 de 2015,
confirmada mediante la Resolución núm. GG 00658 de 2015, fijó el precio
indemnizatorio así:

“[…] ARTICULO TERCERO: PRECIO DE LA INDEMNIZACIÓN. El valor de total de
la indemnización es conforme a los avalúos comerciales efectuados por la empresa
Avalúos y Tasaciones de Colombia Valorar S.A. que se relacionan de la siguiente
forma:

Avalúo No. V-01-14-37 del 17 de enero de 2014, correspondiente al inmueble ubicado
en la Carrera 52 #92-127 (135) por un valor de VEINTIDÓS MILLONES
DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L. ($22.001.280) (sic)
y avalúo V-01-14-38 del 17 de enero de 2014, correspondiente al inmueble ubicado
en la Carrera 52 #92-127 (235) por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES
CIENTO UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/L. ($55.101.200) […]” (negrilla del texto).

También se acreditó que EDU efectuó al demandante un pago por valor de
117.
$77.038.792, según factura de proveedor de 17 de junio de 201566.

64
Ibidem, página 119.
65
“[…] Por la cual se modifica la Resolución número GG-0436 del 12 de Marzo de 2013, en sus artículos Primero, Tercero,
Cuarto y Décimo, mediante la cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria o
expropiación por vía administrativa y se formula una oferta de compra […]”.
66
Cfr. Índice 2 expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada “PIEZAS PROCESALES (.ZIP) NroActua 2” en
el documento: “01DemandaYAnexos”, página 237.

21

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

118.De las anteriores pruebas la Sala concluye que al apelante le asiste la razón al
afirmar que no se demostró el pago de la compensación por impacto económico por
valor de $1.200.000, asociada a la afectación de ingresos derivada del
arrendamiento del inmueble ubicado en la carrera 52 núm. 92-127 interior 135.

119.En sede judicial no obra prueba de aquel pago pues la compensación solo
procedía en el evento de enajenación voluntaria, el cual no se materializó.

120.No obstante, dicha circunstancia no conduce por sí sola al reconocimiento
judicial del lucro cesante reclamado.

121.Mediante auto de 10 de marzo de 2017 se decretó un dictamen pericial con el
propósito de determinar las especificaciones del inmueble, la vida remanente y las
rentas futuras del inmueble ubicado en la carrera 52 # 92-127 interior 135 primer
piso. Para tal efecto, se designó como auxiliar de la justicia al señor Luis Fernando
Serna Hernández.

122.El perito en su informe67 indicó que el objetivo de la pericia era determinar los
perjuicios materiales o patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) originados
por la expropiación administrativa del bien inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria núm. 01N-5349110 ubicado en la carrera 52 # 92-127 (135).

123.Para determinar si el bien generaba ingresos al momento de la expropiación, el
perito tuvo en cuenta el contrato de arrendamiento núm. W-05119719 de 1 de
noviembre de 201468 que identifica al señor José Manuel Orozco López como
arrendador y al señor Mario Alexander Aricapa como arrendatario. En ese
documento se pactó un término de duración de cinco meses y un canon mensual
de $180.000.

124.Ese valor se actualizó mediante el índice de precios al consumidor hasta abril
de 2015, fecha que el experto tomó como momento de ocurrencia del daño,
obteniendo una renta mensual de $203.335.

125.Para fijar el período durante el cual se habría prolongado la pérdida de dicha
renta, el auxiliar acudió a la vida remanente de la construcción y tomó como
referencia el avalúo elaborado por la sociedad Avalúos y Tasaciones de Colombia -
Valorar S.A., según el cual el inmueble tenía una edad de 20 años, una vida útil de
70 años y, por tanto, una vida remanente de 50 años. Con fundamento en esta
premisa, se proyectó que durante dicho período la renta total actualizada sería de
$44.487.665, integrado por $5.284.677 de lucro cesante pasado y $39.202.988 de
lucro cesante futuro.

126. El dictamen contiene la siguiente información:

“[…] PERJUICIOS MATERIALES:
1. LUCRO CESANTE: […]

67
Cfr. Índice 2 expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada “PIEZAS PROCESALES (.ZIP) NroActua 2” en
el documento: “20DictamenPericial(812-816)”.
68
Cfr. Índice 2 expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada “PIEZAS PROCESALES (.ZIP) NroActua 2” en
el documento: “01DemandaYAnexos”, página 234.

22

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

Para determinar si hay lugar al lucro cesante en el bien inmueble referenciado
previamente, debemos establecer si el bien al momento de la expropiación
administrativa estaba generando una renta y si esta tendría una permanencia en el
tiempo.
En el folio 231 del respectivo expediente aparece un contrato de arrendamiento del
bien inmueble previamente referenciado, el cual estaba generando una renta para la
época del 01 de noviembre de 2014 de CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($ 180.000).
Para efectos de calcular el lucro cesante tanto pasado como futuro, la renta histórica-
Rh ($ 180.000) se debe actualizar (indexar) hasta la fecha de la liquidación, para así
obtener la renta actualizada (Ra).
Ra=Rh x índice final / Índice inicial.
Índice final: Es decir, el índice de precios al consumidor al momento de la liquidación.
La presente liquidación tendrá la fecha de 15 de mayo de 2017, por lo tanto, el índice
final para los efectos de la indexación será el índice de precios al consumidor
correspondiente al mes de abril de 2017, es decir: 137,40327.
Índice inicial: Es decir, el índice de precios al consumidor que se encontraba vigente
al momento de la ocurrencia del daño o del perjuicio.
Como el daño ocurrió el 29 de abril de 2015, fecha en la cual, la Empresa de
Desarrollo Urbano-EDU a través de la resolución GG 00448 dispuso la expropiación
administrativa del citado bien inmueble, por lo tanto, el índice inicial para efectos de
la indexación de la renta histórica corresponde al del mes de abril del año 2015, es
decir: 121,63437
Entonces RA=Rh x Índice final / Índice inicial
Ra= 180.000 x 137, 40327/ 121, 63437 = $203.335
Es decir, la renta histórica para la época era de $180.000, pero indexada dicha cifra,
tiene un valor al 15 de mayo de $203.335.
Esta renta se ajusta a lo establecido en el artículo 18 de la ley 820 de 2003 (Régimen
de arrendamiento de vivienda urbana) en el sentido que el precio mensual de
arrendamiento no podrá superar al 1% del avalúo comercial del bien inmueble.
El avalúo comercial para el bien en estudio practicado por VALORAR alcanzó un valor
de $ 22.001.280 y el avalúo practicado por COROLONJAS (sic) alcanzó un valor de
$ 23.374.755.
N= Que corresponde al tiempo que dura el daño o perjuicio, período indemnizable en
meses.
Para poder encontrar el período indemnizable es necesario establecer la vida útil del
citado bien inmueble, igualmente la edad del inmueble en el momento de la
expropiación.
La resolución 620 de 2008 del INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI en su artículo
segundo se refiere al MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS O INGRESOS
como método para avaluar determinados bienes. Este artículo se refiere en su parte
final a la vida remanente del bien objeto de estudio.
El parágrafo del mismo artículo en relación con la vida remanente expresa: "Se
entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil y la edad que
efectivamente posee el bien. Para inmuebles cuyo sistema de construcción sea
muros de carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan estructura
en concreto, estructura metálica, mampostería estructural, la vida útil será de
100 años."

Como el bien referenciado no aparece físicamente es imposible realizar una visita
para poder determinar algunas características del bien, por ello debo recurrir a los
avalúos practicados tanto por VALORAR como por COROLONJAS (sic).
VALORAR en el respectivo avalúo que aparece en los folios 76 y siguientes en
relación con el bien con nomenclatura carrera 52 No. 92-127 (135) Indicó:
Edad de construcción: 20 años
Estructura: Muros Cargueros
Vida útil: 70 años por tener como estructura muros cargueros.

23

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

Si consideramos plenamente esta información la vida remanente sería:
Vida remanente del bien = Vida útil -edad del bien = 70- 20 = 50 años = 600 meses.
Lo cual indicaría que la renta perduraría por 600 meses aproximadamente.

COROLONJAS (sic) en el avalúo que aparece en los folios 223 y siguientes indicó lo
siguiente
Edad de construcción: 25 años
Estructura: Muros y columnas
Vida útil = 100 años por tener muros y columnas.
Vida remanente del bien = 100 - 25 = 75 años = 900 meses, lo cual indica que la renta
perduraría por 900 meses.
Como podemos notar en relación con estos criterios son avalúos diferentes, por lo
que se tratará de descartar algunos parámetros y así poder considerar la verdadera
vida remanente del bien citado.
Se entiende por muros cargueros, aquellos que tienen un plus en relación con un
muro normal, ese plus podría ser que dichos muros estuvieran rellenos de un mortero
por ejemplo y soportar más peso como podría hacerlo una columna, a la vez estos
pueden servir para establecer divisiones. VALORAR no estableció si todos los muros
eran cargueros.
COROLONJAS (sic) manifestó en el informe que por tener el inmueble muros y
columnas la vida útil alcanzaría los 100 años
El parágrafo citado se refiere a unas características que debe tener el inmueble para
alcanzar los 100 años de vida útil.
Se refiere a una mampostería estructural, que según los entendidos en la materia no
se trata simplemente de adobes de arcilla sino que estos deben de ser de concreto y
que estén reforzados con acero estructural, alambres de amarre, reforzados
internamente con muros de acero, igualmente rellenos con morteros (mezcla de
arena, cemento y otros aditivos) por lo que el bien objeto del avalúo no cumple con
esos requerimientos.
El mismo parágrafo se refiere a estructura de concreto, estas ya son fabricadas
previamente con el objetivo de disminuir costos en la construcción, por ejemplo, en
vez de vaciar una losa de concreto se colocan unas placas de concreto, estás son
empleadas en las construcciones modernas como podemos notar en nuestro entorno,
por lo tanto, el bien inmueble citado no reúne esas características.
Por lo anterior le damos mayor credibilidad al avalúo de VALORAR en lo referente a
la edad del bien, la vida útil, todo con el fin de determinar la vida remanente y las
rentas que se dejan de percibir al momento de la expropiación y que son elementos
determinantes para valorar plenamente el bien inmueble tal como lo establece el
artículo segundo de la resolución 620 de 2008.
Por lo anterior N (tiempo de la renta periódica) va ser de 50 años que equivalen a 600
meses
Interés: Para tales efectos, el interés que va generar esa renta actualizada por espacio
de 600 meses, es un interés legal del 6% anual, que corresponde al 0,487% interés
mensual efectivo, que se desprende de la siguiente fórmula:
1/2
(1, 6/100) = 1,06 = [(1,06) -1) x 100] = 0,487%
Factor (1+1) = (1+ 0,487/100) = 1,00487

1.1 LUCRO CESANTE PASADO O CONSOLIDADO: Se refiere como la cantidad de
dinero dejada de percibir por la víctima o por el reclamante desde el momento que se
produjo el daño, hasta el momento que se realiza la liquidación.

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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

Fecha del daño =29 de abril de 2015
Fecha de la liquidación =15 de mayo de 2017
30
15 5 2017
29 4 2015
16 1-1 2
N = 2 años, 0 meses, 16 días = 24 meses + 16/30 = 24, 53 meses,

LUCRO CESANTE PASADO =LCP= RAx [(1+i) -1] / i
24,53
LCP= 203.335 x[ (1,00487) - 1] / 0,00487 = 203.335 X 0,1265627/0,00487
=203.335 X 25,99 = $ 5.284.677
1.2 LUCRO CESANTE FUTURO: Corresponde a la cantidad de dinero que dejará de
percibir la víctima desde el momento que se efectúa la liquidación hasta finalizar el
período indemnizable.
N= 600 meses - 24, 53 meses = 575,47 meses […]
= 203.335 x 15, 374689/ 0, 00487 (16, 374689)
= 203.335 x 15, 374689/ 0,079745 = 203.335 x 192, 80 = $ 39.202.988 Total Lucro
Cesante = 5.284.677+ 39.202.988 = $ 44.487.665
2. DAÑO EMERGENTE: De manera general se entiende todo aquello que sale del
patrimonio de la víctima como producto del daño sufrido.
El Consejo de Estado en sentencia del 4 de diciembre se refirió: "Todo aquello que
salió o saldrá del patrimonio de la víctima".
Pero la doctrina va más allá y clarifica más dicho concepto: "El daño emergente es el
que se refiere al costo de la reparación necesaria del daño causado y los gastos que
se incurren por ocasión del daño. Son los gastos ocasionados o que se van (sic)
ocasionar como consecuencia del daño".
Teniendo este concepto bien claro, en la demanda se manifiesta que la víctima realizó
un desembolso por $ 150.000 para pagar un avalúo y confrontarlo con el de la firma
VALORAR.
De igual manera en la demanda se expresa que se ocasionaron gastos de honorarios
por valor de $ 842.705 para presentar unos recursos relacionados con la resolución
GG 00448.
Si bien es cierto que dichos desembolsos tienen relación de causalidad con el daño,
no se pueden calcular porque no hay documento alguno en el expediente que soporte
dichos desembolsos.
Conclusión general:
Al avalúo del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No.001-5349110 y
con nomenclatura carrera 52 No. 92-127 (135) se le debe de hacer un reajuste de $
44.487.665 con el fin de dar cumplimiento en lo establecido en el artículo segundo de
la resolución 620 de 2008 del instituto Geográfico AGUSTÍN CODAZZI […]” (negrilla
del texto),

127.En este contexto, la Sala advierte que la vida remanente de la construcción no
puede equipararse al período durante el cual el propietario habría continuado
percibiendo la renta derivada del arrendamiento. La primera constituye una
característica técnica relacionada con la duración estimada del inmueble, mientras
que el lucro cesante corresponde a la ganancia cierta que razonablemente habría
ingresado al patrimonio del afectado.

25

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

Por ello, la circunstancia de que la construcción pudiera tener una vida
128.
remanente de 50 años no demuestra que durante todo ese lapso el inmueble
hubiera permanecido arrendado, que el contrato se hubiera mantenido vigente o
que el propietario hubiera continuado percibiendo un ingreso equivalente al canon
tomado como referencia.

129. Además, la Sala destaca que en el plenario no obran las declaraciones
tributarias, balances contables, certificaciones de ingresos, comprobantes de pago
de cánones ni otros elementos de convicción que permitan establecer el monto de
las rentas efectivamente percibidas por el demandante o la utilidad económica
derivada de la explotación del inmueble.

130.La metodología empleada por el auxiliar de la justicia no se ajusta a los
parámetros establecidos en el numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998
y en el artículo 21 de la Resolución 620 de 2008.

131.El lucro cesante debe determinarse con fundamento en documentos que
acrediten la actividad económica desarrollada y la utilidad efectivamente obtenida,
por un período máximo de seis meses.

132.En este contexto, esta autoridad judicial considera que el dictamen pericial
rendido no tiene por objeto reemplazar la valoración realizada por la autoridad
competente ni imponer al juez el valor fijado por el perito, sino otorgar elementos
técnicos que aclaren si el avalúo oficial presenta o no errores metodológicos,
técnicos o fácticos69.

133. En consecuencia, la desestimación de la objeción por error grave no implicaba
que las conclusiones del dictamen fueran obligatorias70. El artículo 232 de la Ley
1564 de 2012, reseña que el juez debe valorar el dictamen de acuerdo con “[…] la
sana crítica y teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y
calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la
audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso […]”.

134.Así las cosas, para poder obtener la reparación de los daños accesorios que
hubieren podido consumarse con la expropiación, era indispensable que existiera
un nexo de causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante la cual se
decretó la expropiación71.

135.El carácter resarcible del daño depende, fundamentalmente, de la certeza de su
ocurrencia, pues las lesiones de carácter hipotético o contingente no pueden ser
objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido de certeza
para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello

69
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 2020,
radicación número: 05001-23-31-000-2009-00227-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.
70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2009,
radicación número: 25000-23-27-000-2004-02049-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de mayo de 2019, radicación número: 25000-23-24-000-
2009-00199-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. La jurisprudencia de la Sección ha precisado que el error grave debe
recaer sobre el objeto de la peritación, y no simplemente sobre las conclusiones o inferencias del experto. Por ello, la
inconformidad con la metodología, la interpretación, los cálculos o las conclusiones del dictamen no configura, por sí sola, un
error grave, siempre que el perito haya modificado el objeto de análisis.
71
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2009, radicación
número: 05001-23-31-000-2005-03509-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

26

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

que constituya una simple conjetura o una suposición no puede generar una
indemnización72.

136. En suma, el demandante no demostró que los actos acusados quebrantaran los
artículos 58 de la Constitución Política, 21 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Ley 388 de 1997 ni las sentencias C-153 de 1994 y C-1074
de 2002.

137.La Sala reconoce que en el plenario no se acreditó el pago de la compensación
por impacto económico de $1.200.000 como lo afirmó el a quo. Sin embargo,
tampoco se demostró la existencia y cuantía del lucro cesante reclamado, pues el
dictamen pericial sustentó su cálculo en una proyección hipotética de ingresos que
no encuentra respaldo suficiente en las pruebas obrantes en el plenario.

138.Para la Sala, el análisis de la compensación por impacto económico no puede
confundirse con la acreditación del lucro cesante reclamado como componente del
precio indemnizatorio. El Decreto 0543 de 15 de marzo de 2013 define aquella
compensación como un reconocimiento económico “[…] por concepto de lucro
cesante […]”, pero ese mecanismo administrativo de la política local se aplica en los
eventos de enajenación voluntaria.

139. Su reconocimiento se determina con fundamento en el censo y diagnóstico
socioeconómico elaborado por la entidad ejecutora del proyecto. Por el contrario, la
definición del lucro cesante causado por el procedimiento expropiatorio se rige por
lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 y en el artículo
21 de la Resolución 620 de 2008, conforme a las consideraciones esbozadas en
precedencia.

140. En consecuencia, los argumentos estudiados no prosperan.

141.Finalmente, la Sala precisa que el presente medio de control tiene por objeto
examinar la legalidad de los actos administrativos acusados y la procedencia del
restablecimiento, pero su objeto no consiste en determinar si la sentencia de primera
instancia incurrió en un defecto fáctico o sustantivo.

142.Aunado a ello, esta autoridad judicial se abstendrá de estudiar el cargo
relacionado con el presunto desconocimiento de la sentencia C-750 de 2015 y el
quebrantamiento de los derechos fundamentales del demandante “[…] a la
igualdad, a la dignidad humana, al debido proceso […]”, por cuanto corresponden a
argumentos introducidos en el recurso de apelación, cuya carga argumentativa no
se desarrolló expresamente en el escrito de la demanda, razón por la que su
examen excedería el marco de la controversia y desconocería los límites propios de
la segunda instancia73.

72
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 16 de febrero de 2017, radicación
número: 05001-23-31-000-2007-00379-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
73
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2007; C.P. Jaime
Moreno García; número único de radicación 97082005. La Sección Primera aclaró que: “[…] en el recurso de apelación […]
la competencia de la Corporación está restringida a los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente contra la
providencia objeto del recurso y que se relacionen, desde luego, con las causales de nulidad planteadas en la demanda, o
con las consideraciones que sirvieron de sustento al Tribunal para dictar la sentencia […]”.

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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

V.3.2. El precio indemnizatorio reconocido para reponer el inmueble destinado
a la generación de renta

143.El demandante sostuvo que el precio indemnizatorio reconocido por EDU
resultó insuficiente para reponer el inmueble ubicado en la carrera 52 núm. 92-127
(135), el cual generaba ingresos por concepto de arrendamiento.

144. Señaló que el valor reconocido por la administración es injusto y no le permitía
adquirir un inmueble de condiciones equivalentes ni conservar la fuente de ingresos
que obtenía antes de la expropiación por cuanto “[…] es un hecho notorio que con
la suma de Veintidós Millones de pesos era imposible conseguir una vivienda digna
para la reposición en cuanto en la fecha de la expropiación (2015), el valor de la
vivienda de interés prioritario correspondía a 70 SMLMV según el Decreto 1432 de
2013, es decir, $45.104.500 […]”.

145.Para resolver los cuestionamientos, la Sala pone de presente que el precio
indemnizatorio previsto en el avalúo oficial, al incorporarse en el acto administrativo
que dispone la expropiación, se encuentra amparado por la presunción de legalidad
propia de las decisiones administrativas74.

146. Para desvirtuar el avalúo oficial, el demandante debe demostrar, mediante
pruebas técnicas suficientes, los errores en los que este incurrió. Por lo tanto, no
basta con citar las normas aplicables, cuestionar de manera general el método
utilizado por la administración o proponer una valoración diferente del inmueble,
pues es necesario identificar y acreditar las fallas técnicas, metodológicas o fácticas
que afectaron la determinación del valor comercial75.

147.Como ya se mencionó el inmueble ubicado en la carrera 52 núm. 92-127 (135),
respecto del cual se alegó la pérdida de ingresos por arrendamiento, fue objeto del
avalúo comercial V-01-14-37 de 17 de enero de 2014, elaborado por la sociedad
Avalúos y Tasaciones de Colombia - Valorar S.A. Sin embargo, las pruebas
allegadas al proceso no permiten desvirtuar la presunción de legalidad que cobija a
los actos demandados que incorporan ese avalúo.

148.El dictamen aportado con la demanda no identificó errores concretos en la
metodología empleada por Valorar S.A. ni explicó de manera suficiente las razones
técnicas por las cuales el valor comercial determinado por la administración
resultaba incorrecto. Tampoco aportó elementos que permitieran verificar las
muestras de mercado utilizadas, las operaciones efectuadas para establecer el
valor del terreno y las construcciones o los criterios que justificaban las diferencias
frente al avalúo oficial. En todo caso, en el recurso de apelación el demandante no
cuestionó las valoraciones que efectuó el a quo para desestimar esa prueba.

149.Incluso el valor normativo de una vivienda de interés prioritario no demuestra el
precio comercial de un inmueble equivalente al expropiado ni incorpora
necesariamente sus condiciones de ubicación, área, antigüedad, estructura, estado

74
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de febrero de 2026, radicación
número: 25000-23-41-000-2016-01133-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
75
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de febrero de 2021, radicación
número: 25000-23-24-000-2012-00483-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-00041-01
Demandante: José Manuel Orozco López

de conservación y uso, porque para fijar ese monto se debe seguir la metodología
y el procedimiento legal y reglamentario aplicable al caso.

150. Por lo tanto, al no prosperar el reparo la Sala confirmará la sentencia de 2 de
diciembre de 2021, proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

151.Finalmente, se pone de presente que no se configuran los presupuestos
previstos en el artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de
2012, sobre condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de diciembre de 2021, proferida por la
Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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