Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02398-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02398-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2013-02398-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
6 de febrero de 2025
Radicado: 25-000-23-41-000-2013-02398-01
Demandante: Carlos Eduardo Neisa Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25-000-23-41-000-2013-02398-01
Demandante: Carlos Eduardo Neisa Ramírez
Demandado: Instituto de Desarrollo urbano - IDU
Temas: Expropiación por vía administrativa – perjuicio por
concepto de lucro cesante
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 17 de septiembre de 2015, proferida por la Subsección
“B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda incoada por
CARLOS EDUARDO NEISA RAMIREZ en contra del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU.
I.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 138 del C.P.A.C.A., en concordancia con el artículo 71 de la Ley 388
de 1997, el señor CARLOS EDUARDO NEISA RAMIREZ, a través de apoderado
judicial, demandó al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU con el objeto
de que se accediera a las siguientes:
1.1.1. Pretensiones
“Pretensiones Principales:
Primero: Que se declare la nulidad del Artículo 2, de la Resolución Número
572 del 1 de Marzo de 2013, “por la cual se ordena una expropiación por vía
administrativa”, expedida por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU).
la cual ordena la expropiación del inmueble ubicado en la AK 24 N° 78 - 18 de
la ciudad de Bogotá D.C., en cuanto fijó en TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
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Demandante: Carlos Eduardo Neisa Ramírez
CINCUENTA PESOS ($393.361.850), el precio indemnizatorio por concepto
de avalúo comercial.
(ARTÍCULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El
valor del precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la
presente resolución es TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS ($393.361.850), UNA MONEDA CORRIENTE, por concepto del
avalúo comercial del inmueble de conformidad con el INFORME TÉCNICO
CA 806 DEL PROYECTO N°. 106 RT 39254- 2011 el 31 de Mayo de
2012, elaborado por el Consorcio Avalúos.
PARÁGRAFO: Que en la presente resolución de expropiación no implica
la aplicación del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que establece la cesión
de los contratos de servicios públicos con ocasión de la transferencia del
dominio (…))
Segundo: Que se declare la nulidad de la Resolución Número 1138 del 30
de Abril de 2013, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida
por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU), en cuanto a que confirma
precio indemnizatorio por concepto de avalúo comercial.
Tercero: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los anteriores
actos administrativos, se restablezca en su derecho al demandante, condenando
al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- al pago de los perjuicios
económicos que a título de daño emergente, se producen “entendiéndose el
daño emergente como el justo precio dejado pagar por la entidad demandada
por la expropiación (este precio debe ser como mínimo la suma de Tres
Millones Quinientos Mil Pesos $3.500.000 por cada metro cuadrado de
terreno, lo que equivaldría a una diferencia de Dos Millones Trescientos Mil
Pesos $2.300.000, por cada metro cuadrado de terreno expropiado)”.
La estimación de la indemnización por concepto de Daño Emergente, se hace
por parte de la accionante bajo juramento (Artículo 206 del Código General
del Proceso) y se adopta de la diferencia entre el valor que existe del Avalúo
Comercial tomado dentro del acto administrativo que ordenó la expropiación y
el Estudio Técnico sobre el Avalúo Comercial que presentamos, que es parte
dentro del material probatorio y que fue elaborado por el avaluador inscrito en
la LONJA DE COLOMBIANA, el ingeniero James Pérez Cruz, (ver, tasación del
daño, Daño Emergente).
Cuarto. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los anteriores
actos administrativos, se restablezca en su derecho al demandante, condenando
al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- al pago de los perjuicios
económicos que a título de lucro cesante, se prueben dentro del proceso, “como
los rendimientos dejados de percibir por mi poderdante como consecuencia del
no pago de ese justo precio y los cánones de arriendo que producía el inmueble
expropiado.”
La estimación de la indemnización por concepto de Lucro Cesante, se hace de
la información que el accionante bajo juramento aportan (Artículo 206 del
Código General del Proceso) y se adopta de la compensación establecida en
el Numeral 6, del Artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, esto es, la
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compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta por un periodo de
máximo de 6 meses, del inmueble objeto de expropiación. (ver, Tasación del
Daño, Lucro Cesante).
Quinto: Se condene a la entidad demandada al pago de los intereses
comerciales y moratorios establecidos en el Artículo 192 del Código Contencioso
Administrativo, que se causen entre la fecha de ejecutoria de la sentencia y la
fecha efectiva de pago de las condenas indemnizatorias citadas en las
pretensiones de la demanda.
Sexto: Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad
demandada.
Séptimo: Que en caso de no decretarse la nulidad de ninguno de los actos
demandados, se ordene la modificación de los Artículos 2 de la Resolución
Número 572 del 1 de Marzo de 2013, “por la cual se ordena una expropiación
por vía administrativa” y de la Resolución Número 1138 del 30 de Abril de 2013,
“por la cual se resuelve un recurso de reposición”, en el sentido de ajustar el
precio establecido en ellos como compensación de la expropiación, según se
prueben dentro del proceso.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS.
Primero. Por lo expuesto en los hechos 10, 11 Y 12, esto es, no haber realizado
el pago del valor indemnizatorio en el término de 10 días contado a partir del
ejecutoria del acto administrativo que expropio el bien inmueble, propiedad de
mi representado, solicito se declare sin efectos la expropiación por vía
administrativa del inmueble ubicado en la Carrera 24 N° 78 - 18 de la ciudad de
Bogotá, de matrícula inmobiliaria 50C-1369206, lo anterior, según el sustento
normativo de los Numerales 2 y 4, del Artículo 70 de la ley 70 de la Ley 388 de
1997.”1 (Negrita del texto original)
1.1.2. Los actos acusados
En este proceso se pretende la nulidad de la Resolución nro. 572 del 1 de
marzo de 2013 expedida por el Director Técnico de Predios del Instituto de
Desarrollo Urbano – IDU, por medio de la cual se ordena la expropiación por
vía administrativa del inmueble ubicado en la AK 24 N° 78-18 de la ciudad de
Bogotá, identificado con la matricula inmobiliaria Nro. 50C-1369206, de
propiedad del señor Carlos Eduardo Neisa Ramírez, en la cual se establece
como valor del precio indemnizatorio la suma de $393.361.850 y cuya
destinación se señaló la ejecución de la obra Avenida Colombia (AK 24) desde
la Calle 76 hasta la Avenida Medellín (AC 80)2.
Así mismo, se pretende la nulidad de la Resolución nro. 1138 del 30 de
abril de 2013, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición
1
Cuaderno Principal, folios 136 y 137. Pretensiones del escrito de subsanación de la
demanda.
2
Cuaderno principal, folios 31 a 35.
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interpuesto por el señor Carlos Eduardo Neisa Ramírez3, en el sentido de
modificar el valor del precio indemnizatorio a la suma de $403.707.164, valor
que incluye:
• La suma de $393.361.850 por concepto del avalúo comercial del inmueble
de conformidad con el Informe Técnico CA 806 del Proyecto No. 106 RT-
39254-2012 del 31 de mayo de 2012, elaborado por el Consorcio Avalúos
Cámara de la Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria Navarro Rocha y Cía S.A. 4
• La suma de $10.345.314 por concepto de lucro cesante de acuerdo con el
informe de fecha 25 de abril de 2015, para la tasación del lucro cesante5.
1.1.3. Fundamentos de hecho
Manifiesta que, mediante el Decreto 316 de 2007, el Alcalde Mayor de Bogotá
declaró las condiciones de urgencia por razones de utilidad pública e interés
social en la adquisición de los inmuebles requeridos para la realización de las
obras de la Avenida Colombia (AK 24) desde la calle 76 hasta Avenida Medellín
(AC80).
Señala que, mediante la Resolución 2190 de 8 de agosto de 2012, se
determinó la adquisición del inmueble de su propiedad por el procedimiento
de expropiación por vía administrativa y se le realizó una oferta de compra.
Destaca que no aceptó la oferta de compra, por no compensar el valor real
del bien inmueble, razón por la cual se expidió la Resolución 572 de 1 de
marzo de 2013 que ordena la expropiación del inmueble de su propiedad y
reconoce como precio indemnizatorio la suma de $393.361.850.
Precisa que, ante la inconformidad con el valor a indemnizar, formuló recurso
de reposición, el cual fue decidido mediante Resolución 1138 del 30 de abril
de 2013, en el sentido de reconocer por concepto de lucro cesante la suma de
$10.345.314, para un total de $403.707.164 por precio indemnizatorio.
Afirma que sólo hasta el 16 de agosto de 2012 el Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU) puso a disposición del demandante los valores del precio
indemnizatorio de la expropiación ordenada.
1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.
En opinión de la parte actora los actos acusados infringen los artículos 29,
34 y 58 de la Constitución Política; 61 (inciso 4), 62, 68 y 70 (numerales 2
3
Ibídem, folios 37 a 42.
4
Ibídem, folios 41 a 49.
5
Ibídem, folios 50 a 55.
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y 4) de la Ley 388 de 1997; 2 y 19 del Decreto 1420 de 1998; y 1° y 3° de
la Resolución 620 de 2008, con fundamento en los siguientes cargos:
• Violación de norma superior
Asegura que se trasgredió el debido proceso en tanto que la administración
no cumplió con los requisitos legales previstos para la expropiación por vía
administrativa, incurriendo en la prohibición del artículo 34 superior,
consistente en el destierro y la confiscación. Destaca que era obligación de
la entidad demandada reconocer y pagar una indemnización previa,
equitativa y justa; sin embargo, el precio indemnizatorio reconocido no tuvo
en cuenta los perjuicios derivados de la enajenación, al ser un predio de
utilidad comercial que generaba rentas por el arrendamiento de locales
comerciales.
Afirma que se desconoció el artículo 62 de la Ley 388 de 1997 en tanto que
el numeral 6 de dicha disposición señala que la indemnización comprende
no sólo el valor comercial del bien derivado del avalúo practicado, sino
también los perjuicios ocasionados, lo que en el presente caso no ocurrió.
Manifiesta que se infringieron los artículos 61 y 68 de la Ley 388 de 1997
que establecen que el proceso de expropiación administrativa debe iniciar
30 días después de que no se llegue a un acuerdo para la enajenación
voluntaria, toda vez que transcurrieron más de 8 meses entre que se notificó
la oferta de compra y el acto que ordenó la expropiación por vía
administrativa.
Aduce que no se cumplió lo previsto en los numerales 2° y 4° del artículo
70 de la Ley 388 de 1997, en la medida en que el pago del precio
indemnizatorio no se realizó dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria
del acto de expropiación como lo establecen las citadas disposiciones.
Resalta que se vulneró el artículo 2 del Decreto 1420 de 1998 que prevé
que el valor comercial del predio será el precio más favorable por el cual se
transaría en el mercado, ya que el avalúo en el que se sustentaron los actos
demandados no se tuvo en cuenta las condiciones físicas y jurídicas del
predio, como quiera que el método de mercado que se utilizó, además de
estar desactualizado, compara el inmueble con otros que no tienen sus
mismas características, ya que son inmuebles de ubicación medianera y
están en la parte interna de un barrio, contrario a la ubicación del inmueble
expropiado que es un predio esquinero con gran vitrina comercial y sobre
una importante vía principal.
Estima que, en el presente asunto, también se desconoció el artículo 19 del
Decreto 1420 de 1998, que prevé que los avalúos tienen una vigencia de un
año, ya que el avalúo fue elaborado el 31 de mayo de 2012 y el pago de la
indemnización se realizó el 16 de agosto de 2013, esto es, transcurridos
más de un año y dos meses. Agrega que la investigación de mercado se
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realizó en el mes de septiembre de 2011, por lo que está desactualizada 2
años, circunstancia que afecta el valor real del inmueble.
Precisa que se vulneran los artículos 1 y 3 de la Resolución 620 de 2006 del
IGAC que establecen los métodos de mercado y costo de reposición, ya que
no fueron correctamente elaborados, por cuanto los datos obtenidos de
bienes similares no son comparables ni similares con el bien objeto de
avalúo, a saber: i) los datos de mercado no se encuentran en una vía
principal sino que se ubican en la parte interna del barrio; ii) las condiciones
de vitrina del inmuebles son superiores a las de los datos de mercado, ya
que la carrera 24 es un corredor comercial consolidado y tradicional para
servicios de automóvil; iii) el inmueble expropiado tiene un frente de 19.50
metros sobre la carrera 24 lo que lo convierte en único en su zona; iv) los
parámetros normativos de los predios aportados como oferta son menos
favorables, ya que se ubican en los subsectores de edificabilidad 4, 5 y 6,
los cuales permiten el desarrollo entre 3 y 4 pisos de altura y sus índices de
construcción son bajos, ya que las ofertas presentan entre 2.0 y 3.0.,
mientras que el predio objeto de expropiación tenía un mayor potencial de
desarrollo.
Resalta que el avaluó en que se fundamentaron los actos acusados es
impreciso y carente de motivación, contrariando los principios de publicidad,
transparencia y contradicción.
• Falsa motivación
Aduce que los actos acusados incurrieron en falsa motivación en razón a que
el precio indemnizatorio no fue el real, tanto por el avalúo comercial del
inmueble como por el no reconocimiento de la ganancia o provecho que dejó
de percibir el accionante por causa de la expropiación, al recibir un pago
incompleto por concepto de lucro cesante.
Afirma que contrató un estudio técnico sobre el avalúo en que se
fundamentaron los actos acusados, el cual afirmó que el avalúo oficial al
momento de su elaboración no tuvo en cuenta varios factores, en los que
reiteró que i) el precio indemnizatorio reconocido estaba desactualizado; y
ii) los métodos y técnicas valuatorias no se realizaron con bienes semejantes
y comparables.
Destaca que, respecto a los valores de construcción y mejoras que tiene el
terreno no hay objeción, pero que, por el contrario, no se comparte el avalúo
que se le dio al terreno.
Indica que, aplicando el método comparativo o de mercado, teniendo en
cuenta inmuebles similares o comparables, por cuestiones de ubicación y
aplicando el factor de homogenización, se obtuvo un valor de $2.754.850
m2, mientras que, aplicando el método residual, se obtuvo un valor de
$3.596.000 m2, por lo que se propone replantear el valor de terreno a
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$3.500.000 m2, como el valor más probable a la hora de un eventual
desarrollo constructivo, considerando el principio de mayor y mejor uso.
Resalta que el precio real del metro cuadrado es de $3.500.000 y no de
$1.200.000 como se indicó en el avalúo oficial, lo que lleva a una diferencia
a indemnizar de $459.264.000.
Señala que los actos acusados reconocieron parcialmente el lucro cesante,
ya que no se tuvo en cuenta los gastos de traslado y bodegaje de los enseres
por un valor de $3.500.000, así como tampoco el valor total de los cánones
de arrendamiento de los dos locales comerciales, el primero por valor de
$2.300.000 y el segundo de $750.000, para un total de $3.050.000
mensuales, los cuales, multiplicados por 6 meses por ser el tiempo que por
ley se compensa, da un valor de $18.300.000, para un total por ambos
conceptos de $21.800.000.
Manifiesta que los actos demandados únicamente reconocieron $10.345.314
por concepto de lucro cesante, desconociendo los gastos de traslado y
bodegaje de los enseres, el canon de arrendamiento de uno de los locales y
el valor total del canon del otro de los locales, por lo que quedó pendiente
por reconocer y cancelar la suma de $11.454.686.
1.2. Contestación de la demanda.
El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU6 contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones al estimar que la expropiación del inmueble que era de
propiedad del actor se realizó cumpliendo el procedimiento y la metodología
prevista en la normatividad vigente sobre la materia.
Respecto de los hechos expuestos en la demanda indica que la entidad
avaluadora Consorcio Avalúos Cámara de la Propiedad Raíz Lonja
Inmobiliaria Navarro Rocha y Cía S.A., mediante comunicación de 18 de
abril de 2013, explicó que, para determinar el lucro cesante se analizaron
los documentos aportados por el actor, de los cuales observó lo siguiente:
i) no se aportó el contrato de arrendamiento con la señora Rosa Vilma López
que permitiera su revisión, análisis y reconocimiento; ii) los documentos del
contrato de arrendamiento con la señora Patricia del Pilar Nempeque Páez
no son consecuentes con lo pactado en el contrato respecto del ajuste del
canon; iii) los ingresos obtenidos por concepto de arrendamiento reportado
ante la DIAN mediante las declaraciones de renta no son consecuentes con
la información reportada por el actor; iv) para la tasación del lucro cesante
se tuvo en cuenta la cláusula décimo cuarta del contrato relacionada con el
reajuste del canon.
Afirma que, como el precio indemnizatorio se incrementó al incluir el
6
Cuaderno Principal, folios 175 a 197.
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reconocimiento de lucro cesante como consecuencia del recurso de
reposición interpuesto por la parte actora contra el acto de expropiación, fue
necesario adelantar los trámites internos para gestionar el certificado de
disponibilidad presupuestal y realizar la reserva de los recursos.
Destaca que para efectuar el desembolso del precio indemnizatorio se debe
verificar si existe algún saldo pendiente por concepto de la contribución de
valorización, caso en el cual se debe aplicar la compensación prevista en los
artículos 1714 y 1715 del Código Civil, situación que ocurrió en el presente
asunto, ya que el predio expropiado tenía una deuda de $613.200 por
concepto de valorización que no se encontraba cancelada, razón por la cual
se debió realizar la respectiva homologación del estado de cuenta de
valorización.
Indica que también se le notificó el beneficio local AC 451 de 2010, a fin de
ser excluido del cobro posterior, notificación que se surtió el 5 de junio de
2013 y se canceló el día siguiente por $219.000, situación de la cual se le
informó en comunicación del 3 de julio de 2013.
Resalta que la entidad ha realizado con diligencia todos los trámites que se
requieren para realizar el pago del precio indemnizatorio; sin embargo,
depende de varias dependencias y de circunstancias como las atrás
descritas.
Aduce, respecto del concepto de vulneración, que con la expedición de los
actos demandados no se trasgredió el debido proceso ni la propiedad del
demandante, así como tampoco se ejerció un acto confiscatorio, ya que el
precio reconocido por la expropiación fue justo y fundamentado en la ley.
Resalta que el daño previsto en el artículo 58 superior no es antijurídico y,
por tanto, no se basa exclusivamente en los intereses del afectado.
Afirma, con relación a los tiempos que tomó la administración para adoptar
la decisión de expropiación y pagar el precio indemnizatorio, que los mismos
obedecieron a que durante el trámite se resolvieron las inquietudes y
solicitudes del actor en torno al avalúo del inmueble, garantizando sus
derechos como propietario.
Alega que la tasación del lucro cesante se realizó con la documentación
aportada por el propietario del predio y que no es cierto que el valor
asignado corresponda a predios medianeros ya que el avalúo fue diferente
para predios medianeros y esquineros.
Formula la excepción de “Falta de elementos que desvirtúen la presunción
de legalidad del acto administrativo atacado” en la que realizó un recuento
de la actuación administrativa para indicar que los actos acusados fueron
expedidos por funcionarios competentes del IDU, con arreglo a la ley y con
fundamento en el avalúo elaborado por el Consorcio Avalúos Cámara de la
Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria Navarro Rocha y Cía. S.A., avaluador
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ajeno al IDU, que garantizó los derechos del propietario del inmueble
expropiado y que presentó un avalúo en el que no hay argumentaciones a
favor del IDU y en el que se tuvo en cuenta los documentos aportados por
el demandante. Aclara que los bienes ubicados en el sector del inmueble no
son iguales, tienen características constructivas, edad, acabados y estados
de conservación que los hace diferentes a los demás, circunstancias que
también fueron tenidas en cuenta en el avalúo oficial.
Asimismo, propuso la excepción de “Legalidad de los Actos administrativos
demandados”, en la que reitera que los actos demandados fueron expedidos
por la autoridad competente, debidamente motivados, sin incurrir en
desviación de poder y garantizando el derecho de defensa del demandante
dentro de la actuación administrativa.
II. LA SENTENCIA APELADA
La Sección Primera, Subsección “B”, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 17 de septiembre de 2015, negó las
pretensiones de la demanda. Específicamente, en su resuelve señaló:
“PRIMERO: DECLÁRENSE no probadas las excepciones propuestas por la
apoderada de la parte demandada.
SEGUNDO: DECLÁRENSE no probadas las objeciones por error grave
formuladas por las partes contra el dictamen pericial rendido dentro del proceso.
TERCERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda. […]”
Respecto de los medios exceptivos señala que no están orientados a
controvertir el trámite procesal y que tienen como fin oponerse a las
pretensiones de la demanda, razón por la cual se abordarán en el análisis de
fondo.
Con relación a las objeciones por error grave planteadas por la parte actora
contra el dictamen pericial practicado dentro del proceso, manifiesta que los
cuestionamientos sobre los desplazamientos y los gastos que se le
proporcionaron al perito no tienen relación con aspectos sustanciales del
dictamen que permita desvirtuarlo. Indica que la presentación del dictamen
por fuera del término no afecta su validez y que la censuras sobre el cálculo
del avalúo para el año 2012, así como la falta de determinación de las rentas
dejadas de percibir, carecen de fundamento, en tanto que el auxiliar de la
justicia tuvo como punto de partida la solicitud realizada por el demandante.
Frente a la objeción por error grave propuesta por la demandada, indica que
no existe extralimitación del perito al formular una nueva valoración comercial
del predio, por cuanto el objeto de la pericia consistía en determinar la suma
adicional que por indemnización le correspondía a la parte demandante, para
lo cual necesariamente debía efectuarse el respectivo avalúo.
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Demandante: Carlos Eduardo Neisa Ramírez
Frente al fondo del asunto, analizó los cargos formulados por la parte actora
en los siguientes términos:
• Violación de los artículos 29, 34 y 58 de la Constitución Política.
Indica, después de hacer un recuento del trámite adelantado para la
expedición de los actos acusados, que no se vulnera el debido proceso del
demandante, dado que se cumplió con el trámite dispuesto en los artículos 66
y siguientes de la Ley 388 de 1997, así como con el procedimiento para fijar
el precio indemnizatorio, el cual se determinó con el avalúo elaborado por el
Consorcio Avalúos. Aduce que, si bien los 10 días establecidos en la ley para
poner a disposición del demandante los valores y documentos de deber
vencían el 23 de mayo de 2013, se debe tener en cuenta que el predio tenía
una deuda por concepto de beneficio local derivado del Acuerdo 180 de 2005,
por lo que fue necesario realizar la compensación, lo que impidió la entrega
de los valores y documentos de deber dentro del término de ley, situación que
es imputable al demandante por la mora en el pago de la contribución de
valorización.
Asegura que tampoco hay una violación al artículo 58 superior en tanto que
la citada disposición señala que el interés particular debe ceder al general y
que en caso de existir discusión sobre la expropiación por vía administrativa
o el precio reconocido se puede acudir a la jurisdicción contencioso-
administrativa, lo que en efecto ocurrió en el presente asunto.
Afirma que la expropiación por vía administrativa no debe equiparse a la
confiscación, pues la primera comprende la primacía del interés general sobre
el particular por motivos de utilidad pública e interés social con la respectiva
indemnización, lo que es sustancialmente diferente a la pena de confiscación.
• Violación de los artículos 61, 62, 68 y 70 numerales 2 y 4 de la Ley 388
de 1997. Violación del Decreto 1420 de 1998 y de la Resolución 620 de 2008.
Reitera que, del recuento de la actuación administrativa, no se advierte que
la entidad demandada haya desconocido las disposiciones de la Ley 388 de
1997, ni la entrega oportuna de los valores y documentos de deber.
Indica que, si bien la norma establece que se debe iniciar el proceso de
expropiación transcurridos 30 días hábiles después de la comunicación de la
oferta de compra cuando no se ha llegado a un acuerdo para la enajenación
voluntaria, se debe tener en cuenta que, entre el lapso comprendido desde la
notificación de la oferta de compra y el acto de expropiación, la entidad
demandada resolvió dos peticiones del demandante, la primera relacionada
con observaciones de la oferta de compra y la segunda con las objeciones por
error grave contra el avalúo comercial; además de que la anterior situación
no afecta la legalidad de los actos demandados al no ser un vicio en su proceso
de formación.
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Demandante: Carlos Eduardo Neisa Ramírez
Manifiesta que la parte actora no logró probar la presunta diferencia entre el
valor que, a su juicio, tiene el predio, y el valor reconocido como precio
indemnizatorio en los actos demandados, por lo que no se desvirtúo la
legalidad de los actos demandados. Indica que los actos censurados se
fundamentaron en el avalúo elaborado por el Consorcio Avalúos en el cual se
aplicó el método de comparación o de mercado, en el que se tuvo en cuenta
4 ofertas de bienes semejantes ubicados en el sector, que el predio por ser
esquinero tiene mayor vitrina para uso comercial y mejor “desarrollabilidad”,
lo que implica un mayor valor de acuerdo a las condiciones del sector, razón
por la cual se fijó el valor del metro cuadrado en $1.200.000, esto es, por
encima de la media métrica establecida en el estudio de mercado que estaba
en $1.145.661,83.
Afirma que en el avalúo practicado dentro del proceso el auxiliar de justicia,
para determinar el precio del metro cuadrado, además del estudio de las
ofertas similares, aplicó el artículo 12 de la Resolución 620 de 2008 que
establece que, cuando se trata de un lote irregular respecto de los
investigados, se debe ajustar el valor del bien utilizando las fórmulas previstas
en el Capítulo VII; sin embargo, estima que no se podía aplicar la fórmula
estadística por influencia de la forma, ya que el supuesto de que el predio
fuera irregular respecto de los predios investigados no se configura en el
presente caso. Precisa que la fórmula erróneamente empleada influyó en el
alza del precio del metro cuadrado, razón por la cual las resultas del dictamen
no se adecuan a las circunstancias concretas del predio, por lo que no es
posible tenerlo en cuenta.
Enfatiza que, adicionalmente, en el dictamen practicado dentro del proceso el
perito calculó el valor del metro cuadrado para el año 2012 con fundamento
en la tabla de cálculos aritméticos para determinar el avalúo de años
anteriores, obteniendo los índices de variación catastral; sin embargo, dicho
índice no debió utilizarse, por cuanto se trata de un avalúo comercial.
Destaca con relación al cargo de la vigencia del avalúo que no es de recibo,
como quiera que la vigencia de 1 año no está prevista para realizar el pago
del valor respectivo, sino que se debe considerar para llevar a cabo la oferta
de compra y el eventual proceso de expropiación en caso de no llegar las
partes a un acuerdo de enajenación voluntaria. Resalta que la Resolución 2190
de agosto de 2012, que determinó la adquisición del inmueble, así como la
Resolución 572 de marzo de 2013 que ordenó la expropiación se expidieron
cuando el avalúo estaba vigente.
Aduce respecto del lucro cesante que se reconoció el canon percibido por el
arrendamiento del local comercial a la señora Patricia del Pilar Nempeque,
único soporte aportado por la parte actora para la verificación de dicho rubro,
por lo que el cálculo realizado por el auxiliar de justicia no se tendrá en cuenta
con relación a los costos de trasteo y contrato de arrendamiento de la señora
Rosal Vilma López, ya que dichos documentos no fueron aportados durante el
trámite administrativo.
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En cuanto a la pretensión subsidiaria dirigida a que se declare sin efectos la
expropiación por el hecho de no haber realizado la demandada el pago del
valor indemnizatorio en el término previsto en la ley reitera que no es posible
acceder a la misma, ya que la mora en el pago obedeció a la necesidad de
poner al día el predio por la deuda por concepto del beneficio local derivado
del Acuerdo 180 de 2005, siendo necesario el trámite interno para la debida
compensación.
III.- DEL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante presenta recurso de apelación y solicita que se
revoque la sentencia apelada, con fundamento en los siguientes
argumentos:
Afirma que la sentencia recurrida incurre en error al desestimar las
conclusiones del dictamen pericial practicado dentro del proceso, al señalar
únicamente que la fórmula adoptada por el perito no se ajusta a los
parámetros establecidos en la Resolución 620 de 2008 del IGAC y que el
predio no es irregular. Asegura que si, a juicio del juzgador, no era posible
acoger dicho dictamen, se debía insistir en la prueba para brindar garantías
procesales y, por tanto, lo procedente era practicarlo nuevamente.
Considera que el dictamen aportado con la demanda no fue valorado por el
Tribunal, el cual acredita que, independientemente del método que se
aplique, se debe replantear el valor del terreno, teniendo en cuenta sus
condiciones particulares, en la medida en que la carrera 24 es un corredor
comercial consolidado y tradicional y que el predio cuenta con un frente de
19.50 metros sobre la carrera 24, lo que lo hace único y atípico respecto de
los demás de su zona. Asegura que los inmuebles que fueron tenidos en
cuenta para fijar el precio en el avalúo del IDU no se encuentran ubicados
en la carrera 24, lo que hace que los valores presenten enormes diferencias.
Manifiesta que el avalúo en el que se fundamentó el IDU no incluyó el daño
emergente ni el lucro cesante derivados de la interrupción sobreviniente de
los contratos de arrendamiento de los locales comerciales que funcionaban
en el inmueble expropiado, ya que únicamente tuvo en cuenta el suscrito
por la señora Patricia Menpeque, pero no el contrato celebrado con la señora
Rosa Vilma López, a pesar de que fue aportado al expediente, junto con la
copia de los recibos de pago de los últimos meses y una declaración
extrajuicio de la arrendataria. Alega que solicitó como prueba el testimonio
de las arrendatarias; sin embargo, el Tribunal negó la prueba por
considerarla innecesaria, por estar demostrada dicha condición con los
anexos, es decir, que la existencia de los contratos estaba probada en el
proceso.
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Alega la recurrente que el artículo 70 de la Ley 388 de 1997 es claro en
señalar que el pago del precio indemnizatorio se debe realizar de contado
dentro de los 10 días siguientes a que quede en firme el acto que ordena la
expropiación por vía administrativa, so pena de que la expropiación no
produzca efectos y la entidad deba surtir el trámite nuevamente. Indica que
en el caso concreto se vulneró el debido proceso, ya que la decisión que
resolvió el recurso de reposición contra el acto que ordenó la expropiación
se notificó el 7 de mayo de 2013, por lo que a partir del día siguiente empezó
a correr el término de 10 días para efectuar el pago, situación que sólo
ocurrió el 16 de agosto de 2013. Señala que es equivocado que el a quo
asegure que dicha circunstancia obedece a trámites internos de la entidad
accionada, ya que ello sería aceptar una excepción a la norma que no está
prevista en la ley. Destaca que el hecho de que se efectúe el pago
posteriormente no valida el incumplimiento, ya que, por realizarse de
manera extemporánea, el proceso de expropiación no tiene efecto y se debe
realizar nuevamente.
Resalta que el incumplimiento de términos se presentó durante toda la
actuación administrativa, ya que el acto que ordenó la expropiación tampoco
se expidió dentro de los 30 días siguientes a que no se llegara a un acuerdo
sobre la oferta de compra, circunstancia que genera que el precio cancelado
esté desactualizado. Específicamente, indica que el estudio de mercado que
fundamenta la oferta de compra es del mes de septiembre de 2011 y la
notificación del acto de expropiación de marzo de 2013, lo que denota la
vulneración del debido proceso y desconocimiento del derecho de la
propiedad al reconocer y pagar un valor desactualizado.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
4.1. El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU presentó escrito de alegatos
de conclusión en los que insistió en los argumentos esgrimidos en la
contestación de la demanda, y agregó que no se puede tener en cuenta el
dictamen pericial practicado en el proceso ya que el perito al momento de
elaborar el informe tuvo en cuenta unos valores para los predios con
características especiales establecidos en la Resolución 620 de 1998, esto
es, lo referido al coeficiente de asimetría, es decir, cuando se trata de
predios con forma irregular, lo que en el caso bajo análisis no es pertinente,
dado que el predio no es de este tipo, circunstancia que influye en el precio
del metro cuadrado. Agrega que el citado dictamen tampoco cumple con la
finalidad de establecer el precio o valor comercial del bien expropiado, en
razón a que se debe calcular bajo las condiciones jurídicas, técnicas y
económicas al momento de la expropiación, esto es, para el 2012; sin
embargo, el auxiliar de justicia lo calculó para el año 2014.
Asimismo, aduce que, contrario a lo afirmado en el recurso de alzada, el
avalúo oficial analizó las condiciones reales del inmueble expropiado tanto
para la valoración del terreno como para la construcción.
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4.2. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
V.- CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de
diciembre de 2024, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto, en segunda instancia.
5.2. Análisis de la Sala
5.2.1 Cuestionamiento sobre el precio indemnizatorio, valor del terreno.
5.2.1.1 Avalúo decretado y practicado dentro del proceso
Afirma el demandante que la sentencia recurrida incurre en error al
desestimar el avalúo practicado dentro del proceso judicial y que si, en criterio
del juez, no era posible acogerlo, era su deber decretar un nuevo dictamen.
Sobre el particular, es preciso recordar que el artículo 232 del C.G.C. establece
que el juez apreciará el dictamen pericial de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y
calidad de sus fundamentos. Sobre el rol del juez frente a este medio
probatorio, esta Sección ha indicado que, aunque el peritaje demanda unos
conocimientos especiales que el juez no posee, es deber de la autoridad
judicial someterlo a un posterior escrutinio, en el cual, de advertirse que la
información allí incorporada no brinda certeza y claridad sobre los
fundamentos técnicos empleados en su elaboración, lo habilita para separarse
de sus conclusiones. En efecto, sobre este asunto se indicó7:
“[…] 58. La jurisprudencia de esta Corporación8 ha sido pacífica en
admitir que al juez le está dado separarse del dictamen pericial si este
no se ofrece claro y certero sobre la información allí incorporada, y ello
obedece justamente a que la capacidad persuasiva de estos medios de
conocimiento depende de la claridad, precisión y certeza de los
fundamentos técnicos empleados en su elaboración. Si estos no ofrecen
7
Sección Primera, Sentencia de 8 de octubre de 2020, Rad. 05001-23-31-000-2011-
00013-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
8
Cita original del texto citado. CONSEJO DE ESTADO, SECCION CUARTA Consejera
Ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA, fallo del veintisiete (27) de mayo de
dos mil diez (2010), Radicación número: 76001-23-31-000-2003-03037-01(17324), Actor:
LUZ MARINA ECHEVERRY CEPEDA, Demandado: MUNICIPIO DE TULUA
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tales cualidades, al juez corresponderá asumir un papel activo en orden
a alcanzar la verdad del asunto puesto a su consideración.
59. Dicho de otro modo, contrario a lo dicho por el apelante, el juez no puede
asumir una actitud pasiva sobre las conclusiones que en este caso quedaron
consignadas en el dictamen pericial decretado en el curso del proceso. Por lo
contrario, se itera, este atenderá su valoración en el marco de la sana
crítica con el propósito de formarse una idea acerca del litigio a su
cargo. […]” (Negrita y subrayas fuera del texto original)
Así las cosas, el juez puede apartarse de las conclusiones del peritaje
practicado en el curso de proceso, si una vez realizado su estudio encuentra
que el mismo no proporciona claridad, precisión y coherencia en los
fundamentos técnicos que sustentaron el dictamen, y que, por tanto, no da
plena certeza sobre su contenido.
Ahora bien, respecto del análisis efectuado por el tribunal de instancia al
dictamen pericial elaborado por el auxiliar de justicia Javier Orlando Cortés
Gómez y practicado en el curso del proceso, es menester trascribir algunos
apartes que obran a folios 319 a 346 del expediente, a saber:
“[…] VII. Avalúo predio
Avalúo comercial
Inmueble carrera 24 No. 78-18
Bogotá D.C.
[…]
En consecuencia de lo anterior se puede concluir que el valor definitivo del Metro
cuadrado del terreno ubicado en la carrera 24 No. 78-18 para el año 2014 y por
el cual se adopta para el presente avalúo equivale a DOS MILLONES
NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE Y NUEVE PESOS
(2.903.919).
EL AVALÚO COMERCIAL PARA EL AÑO 2014 DEL PREDIO UBICADO EN LA
CARRERA 24 NO. 78-18 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EQUIVALE A SETECIENTOS
TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($733.600.395,92)
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De conformidad con la tabla anterior se determinó que el avalúo comercial del
terreno para el año 2012 es de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($447.404.170,14), por lo tanto se puede concluir que el
avalúo comercial total para el año 2012 del inmueble ubicado en la carrera 24
No. 78 - 18 de la ciudad de Bogotá es el siguiente:
El avalúo comercial para el año 2012 del predio ubicado en la carrera 24 No. 78
• 18 de la ciudad de Bogotá equivale a SEISCIENTOS Y UN MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL VEINTE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE
($601.150.020,14)
[…]” (Subrayas y negrita fuera del texto original)
Respecto del anterior dictamen, tanto la parte actora como la entidad
demandada solicitaron aclaración y adición, la cual fue realizada por perito
avaluador y que obra a folios 378 a 390 del expediente, en la cual se indicó:
“[…] AL PUNTO 2: Para determinar el valor comercial del año 2012, se aplicó un
método aritmético basado en la variación porcentual del precio comercial del
bien inmueble que existe año tras año desde el 2014 hacia atrás respecto su
avalúo catastral, una vez obtenidos estos resultados de variación porcentual se
los aplique al avalúo comercial determinado por el suscrito para el año 2014 con
el fin de determinar la variación hasta el año 2012.
[…]
Al punto 3: A este punto me permito reiterar lo aclarado en el punto anterior,
respecto que se aplicó un método aritmético, de cual es un experimento que
consistió en calcular las variaciones porcentuales del incremento del valor que
existían de un año a otro respecto del avalúo catastral del predio ubicado la
Carrera 24 no. 78-18, de donde los resultados obtenidos como variación
porcentual respecto a cada año, se le aplicó el avalúo comercial para el año
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2014 obteniendo de esta forma el valor comercial para el año 2012,
experimentos que se encuentran adjuntos al dictamen y denominan tablas de
cálculos aritméticos. […]”
Previo a pronunciase sobre el dictamen trascrito, se debe recordar que esta
Sección9 ha señalado que los dictámenes periciales que sean rendidos en los
procesos especiales de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se
esté discutiendo el precio indemnizatorio de un bien inmueble por vía
administrativa deberán acogerse a lo establecido en el Decreto 1420 de
199810, así como en la Resolución No. 620 de 2008 expedida por el IGAC11.
Adicionalmente, esta Corporación ha señalado que, teniendo en cuenta la
variación de precios en el mercado inmobiliario, el avalúo debe determinarse
para el momento de la expropiación12.
En el caso concreto, de la lectura del dictamen pericial practicado dentro del
proceso se advierte que la valoración del inmueble objeto de expropiación se
realizó inicialmente para el año 2014 y no para el 2012, fecha en la cual se
realizó el avaluó que soportó el acto de expropiación, circunstancia que impide
comparar el avalúo practicado dentro del proceso con el que sirvió de
fundamento de los actos demandados, por las dinámicas propias del mercado.
Ahora bien, en el citado dictamen también se presentó un avalúo para el año
2012; no obstante, la forma en que el perito llegó a dicho valor desconoce los
parámetros fijados por las normas que rigen los avalúos ordenados en el
marco de la Ley 388 de 1997, como quiera que, como el mismo perito lo
afirma, realizó un “experimento” en el que al avalúo comercial del año 2014
le aplica las variaciones porcentuales del avalúo catastral, descontando año
tras año tales porcentajes para llegar al año 2012; variables que no son
aplicables a los procesos de expropiación por vía administrativa, ya que el
valor catastral del bien se establece con propósitos muy distintos de los de la
expropiación, por lo que dicho valor, así como los elementos que se tienen en
cuenta para su obtención, no son un parámetro para determinar el precio que
debe pagarse en este caso.
9 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2014. Rad.
05001233100020080003201. C.P. Guillermo Vargas Ayala. “Con ese entendimiento la Sala
en pronunciamientos sobre asuntos similares al presente ha precisado que los avalúos
comerciales oficiales así como los dictámenes periciales ordenados en el proceso para
determinar el valor comercial de los inmuebles objeto de expropiación deben respetar las
normas contenidas en el Decreto 1042 de 1998 y en las resoluciones del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi en las que establece la metodología para la realización de los
avalúos de que trata la Ley 388 de 1997 y dicho decreto.”
10
Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27
del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de
la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al
tema de avalúos.
11
Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco
de la Ley 388 de 1997.
12
Consejo de Estado, Sección Primera. i) Sentencia de 28 de abril de 2022, Rad.
05001233100020100195901, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; ii) Sentencia de 1 de abril
de 2022, rad. 25-000-23-24-000-2011-00200-02, C.P. Roberto Augusto Serrato.
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Lo anterior resulta suficiente para señalar que las conclusiones del peritaje
practicado en el curso de proceso no proporcionan la solidez, precisión y
coherencia que se espera de un dictamen, y que, por tanto, llevan a que el
juzgador se separe de su contenido, al no brindar la certeza y credibilidad que
se requiere.
Ahora bien, con relación a la afirmación del accionante que era obligación del
Tribunal Administrativo decretar un nuevo dictamen pericial, es necesario
señalar que la controversia al dictamen se surte dentro del proceso; y sobre
lo que arroje el trámite correspondiente, el juez, al momento de pronunciarse
en la sentencia, realiza el análisis de la prueba respectiva, teniendo en cuenta
el dictamen inicial, sus aclaraciones y adiciones y, si es del caso, los motivos
que se han expuesto para objetarlo por error grave. Ahora, si el juez tiene
dentro del expediente un avalúo que se presume legal y válido, como lo es el
practicado por la administración, y no hay en el proceso elementos que
permitan dudar de su acierto, no tiene el juez que exigir la práctica de otro
dictamen, pues ello solo procede cuando hay serias dudas sobre el avalúo que
practicó la administración, que requieran ser aclaradas antes de dictar la
sentencia.
Ello, al margen de considerar que el recurrente no puede pretender que la
carga que recae en la parte actora de desvirtuar el avalúo técnico que brindó
soporte legal y fáctico al acto administrativo que ordenó la expropiación
administrativa se traslade a la autoridad judicial a cargo de la dirección o
decisión del proceso13, ya que cabe recordar que “incumbe a las partes probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”14, además de que sobre un mismo hecho sólo se puede decretar
un dictamen dentro del proceso15.
Por lo anterior, la Sala comparte la decisión del a quo de no acoger las
conclusiones del dictamen pericial decretado y practicado durante el proceso,
y no encuentra motivos para considerar que la primera instancia debía ordenar
un nuevo dictamen pericial.
5.2.1.2. Informe técnico aportado con la demanda
La recurrente afirma que el dictamen aportado con la demanda no fue
valorado por el Tribunal, prueba que acredita que se debe replantear el valor
del terreno por sus condiciones particulares que lo hacen único y atípico
respecto de los demás de su zona. Asegura que los inmuebles que fueron
tenidos en cuenta para fijar el precio en el avalúo del IDU no se encuentran
13
Consejo de estado, Sección Primera, Rad. 05001-23-31-000-2012-00716-01, C.P.
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
14
Artículo 167 del CGP.
15
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 30 de abril de 2020. Radicación:
05001-23-31-000-2003-00500-01 y sentencia de 21 de mayo de 2020, Rad. 05001-23-
31-000-2008-00033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Demandante: Carlos Eduardo Neisa Ramírez
ubicados en la carrera 24, lo que genera que los valores presenten enormes
diferencias.
Sobre el particular, cabe mencionar que, al revisar el informe técnico
elaborado por el ingeniero James Mauricio Pérez que fue aportado con la
demanda, se lee en el acápite de conclusiones que para la elaboración del
citado estudio se aplicaron los parámetros establecidos en la Resolución 70 de
201116, normativa que no es aplicable a los avalúos ordenados en el marco
de la Ley 388 de 1997, ya que tiene relación con la actualización y formación
de los avalúos catastrales.
Así las cosas, la prueba que estima el recurrente no fue valorada por el juez
de instancia, de un lado, es una prueba documental que fue aportada con la
demanda y que, en principio, no es la idónea para demostrar los errores del
avalúo oficial; y de otro, se fundamentó en normas que no son aplicables a
este tipo de avalúos, lo que impide que sus conclusiones tengan la solidez
suficiente para desvirtuar el avalúo en el que se fundamentaron los actos
acusados, o para generar dudas fundadas que hubieren llevado a ordenar la
práctica de otro dictamen pericial.
5.2.1.3. Avalúo oficial
Ahora bien, revisado el avalúo Nro. CA-806 Proyecto Nro. 106 R.T. No.
39254-2012 del 31 de mayo de 2012 elaborado por Consorcio Avalúos, el
cual fue acogido por los actos demandados para determinar el valor del
precio de indemnización, se observa que, contrario a lo afirmado por la
recurrente, en el mismo sí se tuvieron en cuenta las condiciones particulares
del predio al momento de su valoración.
Específicamente, en el citado avalúo se lee: la identificación y ubicación del
inmueble; ii) características del predio, tanto del terreno como de la
construcción; iii) características del sector y actividades predominantes; iv)
redes de servicios públicos; v) vías de acceso; vi) norma urbanística vigente
al momento del avalúo; vii) destinación económica del bien, y viii) factores
y metodología aplicada para la valoración, en la que se indica que, además
de las características más relevantes de la propiedad expuestas en el avalúo,
el precio corresponde a un valor de equilibrio dentro del mercado
inmobiliario del sector, estimado mediante un análisis de valores de oferta
y compra venta de inmuebles de características y usos comparables dentro
de la zona de influencia. Precisa que se aplican los métodos de mercado y
costo de reposición.
Se agrega que, al leer el estudio de mercado que acompaña el avalúo,
posterior a determinar la media aritmética de los bienes investigados, se
adopta un valor del metro cuadrado para predios medianeros ($1.000.000)
y otro para esquineros ($1.200.000), indicando como observación que “las
16
Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la
formación catastral y la conservación catastral.
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esquinas por su condición comercial tienen mayor vitrina para el uso
comercial y mejor desarrollabilidad, por tanto mayor valor de acuerdo con
las condiciones del sector”. Así mismo, se encuentra que este último valor
fue el tenido en cuenta en el avalúo oficial por metro cuadrado de terreno.
En ese sentido, tanto la ubicación, su condición de esquinero y demás
características del bien objeto de expropiación fueron advertidas y
analizadas en el avalúo oficial, condiciones objetivas y claras que no fueron
desvirtuadas dentro del proceso, por lo que este argumento del recurrente
tampoco está llamado a prosperar.
De otro lado, es preciso indicar que tampoco le asiste razón a la recurrente
cuando afirma que el avalúo oficial estaba desactualizado, toda vez que, de
un lado, la resolución que ordenó la expropiación por vía administrativa y
reconoció el precio indemnizatorio con fundamento en el informe técnico de
31 de mayo de 2012 se expidió el 1 de marzo de 2013, esto es, dentro del
término de vigencia del avalúo17, y de otro, más allá de realizar dicha
afirmación, no obra prueba en el expediente que permita arribar a tal
conclusión, pues se insiste, las pruebas aportadas al plenario no desvirtúan
la legalidad del avalúo con relación al precio indemnizatorio por concepto
del terreno.
En consecuencia, no están llamados a prosperar estos motivos de
impugnación propuestos por la parte demandante.
5.2.2. Cuestionamiento sobre el reconocimiento del Lucro Cesante
La parte actora cuestiona que los actos demandados, al reconocer el lucro
cesante con ocasión de la expropiación del bien de su propiedad, únicamente
tuvieron en cuenta el contrato de arrendamiento celebrado con la señora
Patricia Menpeque; sin embargo, reclama el reconocimiento del contrato de
arrendamiento suscrito con la señora Rosa Vilma López, en la medida en que
fue aportado con la demanda, junto con los recibos de pago del canon y una
declaración extrajuicio de la arrendataria.
Para decidir el anterior cuestionamiento, es preciso señalar que la Resolución
1138 de 2013, que resolvió el recurso de reposición contra el acto que ordenó
la expropiación, respecto del reconocimiento de lucro cesante indicó:
“[…] Una vez analizados los documentos para la indemnización del lucro
cesante, debidamente aportados por el recurrente y la información registrada
en las fichas censales, se observó lo siguiente:
1. Contratos de arrendamiento
17
Decreto 1420 de 1998. Artículo 19º.- “Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año,
contados desde la fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o
impugnación”.
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a) El recurrente no aporta el contrato de arrendamiento con la señora Rosa
Vilma López López, que permitiera realizar su revisión y análisis y por ende
su reconocimiento.
b) Con relación al contrato de arrendamiento con la señora Patricia del Pilar
Nempeque Páez y sus documentos soportes, no son consecuentes con
relación a lo pactado en la cláusula decimocuarta- reajuste del canon de
arrendamiento.
c) Los ingresos obtenidos por concepto de arrendamiento, reportados ante
la DIAN, mediante las declaraciones de renta por los años gravables 2010
y 2011 no son consecuentes con la información aportada por el recurrente.
d) De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMO cuarta –
reajuste del canon de arrendamiento:” cada 12 meses de ejecución del
contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon
hasta en una proporción que no sea superior al 100% del incremento que
haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario
inmediatamente anterior a aquel en que deba efectuarse el reajuste del
canon. Para este contrato, queda pactado en el incremento del IPC MAS 4
PUNTOS.”
e) Por lo anterior y para la tasación del lucro cesante por concepto de renta,
se aplica lo pactado en el contrato de arrendamiento.
2. Gastos de traslado y bodegaje.
El recurrente toma estos gastos como parte del lucro cesante, el cual este
tipo de gastos es únicamente reconocidos dentro de la etapa de
enajenación voluntaria. […]”
Ahora bien, revisado el expediente se observan las siguientes pruebas:
• Copia simple del contrato de arrendamiento18 celebrado el 1 de mayo de
2006 entre el actor como arrendador y la señora Patricia del Pilar
Nempeque Páez como arrendataria, cuyo objeto es el goce del local
comercial ubicado en la carrera 24 # 78 - 18 en la ciudad de Bogotá,
cuya destinación es la instalación y venta de repuestos para automóviles,
con un canon de arrendamiento de $1.100.000. La vigencia del contrato
se pactó por 12 meses, contados desde el 1 de mayo de 2006, con
prórroga automática.
• Declaración extrajuicio del 2 de abril de 2013 ante el Notario 48 de
Bogotá de la señora Patricia del Pilar Nempeque Páez19 en la que señala
que ejerce la actividad económica en el local comercial ubicado en la
carrera 24 # 78-18 de razón social Exostos y Silenciadores JN, desde el
25 de agosto de 2004, siendo propietaria del inmueble y a partir del 2 de
18
Cuaderno principal, folios 71 a 73.
19
Cuaderno principal, folio 81.
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mayo de 2006 como arrendataria del señor Carlos Eduardo Neisa
Ramírez, pagando un canon de arrendamiento de $2.300.000 hasta la
fecha.
• Recibos de caja de 6 de noviembre y 3 de diciembre de 2012 por concepto
de arriendo de local comercial ubicado en la carrera 24 #78-18 por
$2.000.000, firmados por el demandante20.
• Recibos de caja de 4 de enero, 5 de febrero, 5 de marzo y 5 de abril de
2013 por concepto de arriendo de local comercial ubicado en la carrera
24 #78-18 por $2.300.000, firmados por el demandante21.
• Copia simple del contrato de arrendamiento22 celebrado el 1 de mayo de
2006 entre el actor como arrendador y la señora Rosa Vilma López como
arrendataria, cuyo objeto es el goce del local comercial ubicado en la
carrera 24 # 78 - 18 en la ciudad de Bogotá, cuya destinación es la
instalación y venta de repuestos para automóviles, con un canon de
arrendamiento de $450.000. La vigencia del contrato se pactó por 12
meses, contados desde el 1 de mayo de 2006, con prórroga automática.
• Declaración extrajuicio del 16 de julio de 2013 ante el Notario 48 de
Bogotá de la señora Rosa Vilma López López23 en la que señala que ejerce
la actividad económica en el local comercial ubicado en la carrera 24 #
78-18 de razón social Punto del Amortiguador y Frenos desde el 2 de
mayo de 2006, como arrendataria del señor Carlos Eduardo Neisa
Ramírez, pagando un canon de arrendamiento de $750.000 hasta la
fecha.
• Recibos de caja de 4 de enero, 1 de febrero, 5 de marzo, 2 de abril, 2 de
mayo y 4 de junio de 2013 por concepto de arriendo de local comercial
ubicado en la carrera 24 #78-18 por $750.000, firmados por el
demandante24.
• Ficha socioeconómica Familiar del IDU del 18 de diciembre de 2007 en la
que se identifica que en el predio objeto de expropiación existía una
unidad social con razón social Punto del Amortiguador y frenos a cargo
de la señora Rosa Vilma López.
• Copia simple del acta de visita de verificación de existencia de la Unidad
Social en el predio objeto de expropiación de fecha 19 de septiembre de
2011 suscrita por un funcionario del IDU y por la arrendataria Rosa Vilma
López en la que se lee: “en visita de verificación se constata que la señora
Rosa Vilma López continúa como arrendataria y desarrolla actividad
20
Cuaderno principal, folios 75 y 76.
21
Cuaderno principal, folios 77 a 80.
22
Cuaderno principal, folios 81 a 83.
23
Cuaderno principal, folio 84.
24
Cuaderno principal, folios 85 a 90.
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económica. Actualmente paga un canon de arrendamiento de $640.000
sin el aumento correspondiente”.25
De la revisión de las anteriores pruebas, se advierte que, si bien la parte actora
alegó en el recurso de reposición contra el acto que ordenó la expropiación la
existencia de 2 contratos de arrendamiento de local comercial, únicamente
allegó las pruebas que acreditaban la existencia de uno de ellos, esto es, el
celebrado con la señora Patricia del Pilar Nempeque Páez, situación de la cual
se dejó expresa constancia en la Resolución 1138 de 2013 que reconoció el
lucro cesante y que se confirma con los antecedentes administrativos de los
actos demandados donde únicamente reposa el contrato suscrito con la
señora Nempeque Páez.
No obstante lo anterior, dentro del presente proceso la parte actora allegó
copia del contrato celebrado con la señora Rosa Vilma López como
arrendataria, en el cual se indica que recibe para el año 2013 un canon de
$750.000, negocio jurídico que se corrobora con la declaración extra juicio de
la arrendataria que se allegó al proceso. Así mismo, reposan actas de visitas
de funcionarios del IDU que indican que para los años 2007 y 2011 la señora
Rosa Vilma López se encontraba como arrendataria de un local comercial
ubicado en el inmueble expropiado.
En ese orden ideas, se encuentra acreditado en el expediente que, para la
época en que se expidieron los actos demandados, el inmueble objeto de
expropiación estaba destinado a actividades productivas, como quiera que se
había arrendado para el funcionamiento de dos locales comerciales, respecto
de los cuales el actor recibía una renta mensual que resultó afectada por la
expropiación del bien. Específicamente, está acreditado que el actor recibía
una renta como consecuencia del contrato de arrendamiento celebrado con la
señora Rosa Vilma López sobre un local comercial destinado para la venta e
instalación de repuestos para automóviles que funcionaba en el inmueble
objeto de expropiación; y que el valor del canon, que se indica para el año
2013 de $750.000, resulta razonable26 para un canon que se pactó en el año
2006 y que se ajusta anualmente.
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el propietario del inmueble expropiado
tiene derecho a recibir una indemnización que reconozca el valor comercial,
así como los perjuicios que se le han generado con ocasión de la expropiación,
la Sala declarará la nulidad parcial del acto demandado, Resolución 1138 del
30 de abril de 2013, expedida por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU,
en tanto que no incluyó en el precio indemnizatorio correspondiente al valor
del lucro cesante, esto es, las rentas dejadas de percibir por el actor con
ocasión del contrato de arrendamiento de local comercial celebrado con la
señora Rosa Vilma López, sobre el inmueble ubicado en la carrera 24 # 78 -
18 en la ciudad de Bogotá, y que fue objeto de expropiación por parte de la
entidad demandada.
25
Cuaderno principal, folio 270.
26
Aproximadamente el incremento anual corresponde a IPC + 3.5 puntos adicionales.
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Ahora bien, esta Sección27, en varias oportunidades, ha señalado que, en la
medida en que no existe norma expresa sobre la forma de indemnizar de
manera justa y plena los detrimentos patrimoniales accesorios causados a los
propietarios de una expropiación por vía administrativa, en aplicación del
artículo 8° de la Ley 153 de 188728, se debe acudir a la regla establecida en
el numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 de 199829.
Así las cosas, se reconocerá a título de restablecimiento del derecho por
concepto de lucro cesante el valor mensual del canon de arrendamiento para
el momento de la expropiación ($750.000) por 6 meses, esto es, la suma de
cuatro millones quinientos mil pesos ($4.500.000), debidamente
indexados30.
Actualización lucro cesante
Vp: Vh * índice Final
índice inicial
Vp: Corresponde al valor presente
Vh: Es el valor histórico o inicial ($4.500.000)
Índice Final: Es el último IPC vigente a la fecha de la presente
providencia. Septiembre de 2024 = 144,02
Índice Inicial: Es el IPC vigente a la fecha de la Resolución 1138 de 2013.
Abril de 2013 = 78,99
Vp= $4.500.000 * 144,02
78,99
Vp= $8.204.709
27
Consejo de Estado, Sección Primera, i) sentencia de 23 de mayo de 2024, rad. 25000-
23-24-000-2010-00623-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; ii) sentencia de 23 de
noviembre de 2023, rad.05-001-23-31-000-2011-00268-01, C.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes; iii) sentencia de 19 de abril de 2021, rad. 25000-23-24-000-2011-00240-01,
C.P. Oswaldo Giraldo López; iv) sentencia de 26 de julio de 2012, rad. 05001-23-31-000-
2003-00977-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E)
28
Artículo 8. “Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán
las leyes que regulen casos ó materias semejantes, y en su defecto, la doctrina
constitucional y las reglas generales de derecho.”
29
“[…] Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos
provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del
avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta por
un período máximo de seis (6) meses.”
30
Artículo 187 del CPACA. “[…] Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida
de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor. […]”
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En ese orden, el valor correspondiente a título de restablecimiento del
derecho por concepto de lucro cesante que se reconocerá a favor de la parte
actora es la suma $8.204.709.
5.2.3. Por último, teniendo en cuenta que con ocasión del recurso de apelación
presentado por el demandante se accede a una de las pretensiones principales
de la demanda, consistente en declarar la nulidad parcial del acto que ordena
la expropiación por no reconocer la totalidad del lucro cesante, se advierte
que no resulta procedente efectuar pronunciamiento respecto de los
argumentos de la apelación dirigidos a demostrar el incumplimiento de
términos en el proceso de expropiación, pues, si bien con ellos se pretende
probar una posible vulneración del debido proceso, están relacionados
directamente con la pretensión subsidiaria de la demanda consistente en dejar
sin efectos la expropiación por vía administrativa del inmueble.
En ese sentido, si bien en la apelación obran argumentos dirigidos a cuestionar
tanto el precio indemnizatorio, como el incumplimiento de términos de la
actuación administrativa, lo cierto es que los primeros están relacionados con
las pretensiones principales y los segundos con la pretensión subsidiaria,
pretensiones que resultan excluyentes, y que por esa misma razón se
proponen como principales y subsidiarias. Por ello, el juez sólo puede
considerar las pretensiones subsidiarias cuando se niegan las principales, en
otras palabras, el estudio de aquellas depende de que la pretensión principal
no prospere.
Por lo anterior, la Sala se abstendrá de pronunciarse respecto de los cargos
relacionados con la nulidad de los actos censurados por incumplimiento de
términos, como quiera que estos corresponden a la pretensión subsidiaria de
la demanda, la cual es excluyente de la principal, carácter que permite su
estudio única y exclusivamente cuando las pretensiones principales no
prosperen, situación que no ocurre en el presente caso31, pues, se reitera, se
acogió una de las pretensiones principales de la demanda.
5.3. Costas
Finalmente, es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado ha
señalado que el criterio objetivo valorativo de la condena en costas implica: i)
objetivo porque no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera
culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el
proceso o recurso que hay interpuesto y ii) valorativo porque se requiere en
el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de
31
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 16 de diciembre de
2022, rad. 05-001-23-31-000-2001-01463-01 (36531), C.P. Guillermo Sánchez Luque;
providencia de 7 de septiembre de 2015, rad. 25000-23-26-000-2007-00441-01 (38797),
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; providencia de 21 de febrero de 2011, rad. 47001-
23-31-000-1989-02135-01 (16105), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con
la actividad que el abogado efectivamente realizada dentro del proceso.
En ese orden, de conformidad con los artículos 188 del CPACA32 y 365 del
CGP33, especialmente su numeral 5, así como lo expuesto sobre el punto por
esta Corporación, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena en
costas por concepto de agencias en derecho, en la medida que, el recurso de
apelación formulado por la parte actora prosperó parcialmente y, por tanto,
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Ahora, en lo que hace a los gastos y expensas, no se procederá a condenar
por ese concepto, toda vez que no se acreditó probatoriamente su causación.
5.4. Otros pronunciamientos
Mediante memorial obrante en el índice número 35 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado - SAMAI se allegó renuncia
de poder por parte del abogado Julio César Torrente Quintero, quien actúa
como apoderado del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. Como quiera que
la renuncia cumple los requisitos previstos en el artículo 76 del Código
General del Proceso, el Despacho la tendrá por bien presentada.
De otro lado, se reconocerá personería al abogado Hernán David Bonilla Sua
para que represente los intereses de la entidad demandada, Instituto de
Desarrollo Urbano – IDU, conforme el poder y anexos que obran en los
índices número 37 y 38 de Samai.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 17 de
septiembre de 2015 por la Subsección “B”, de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la
32
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. || En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal”.
33
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
// 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión
que haya propuesto. […] || 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez
podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los
fundamentos de su decisión. […]”
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demanda y, en su lugar, DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución nro.
1138 del 30 de abril de 2013, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR al INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO – IDU a pagar a favor del señor Carlos Eduardo Neisa Ramírez la
suma de $8.204.709 por concepto de lucro cesante.
Tercero: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada de 17 de
septiembre de 2015, proferida por la Subsección “B”, de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Quinto: TENER por debidamente presentada la renuncia de poder
presentada por el abogado Julio César Torrente Quintero como apoderado
del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.
Sexto: RECONOCER personería al abogado Hernán David Bonilla Sua, para
actuar como apoderado judicial del IDU, en los términos y para los efectos
del poder a él conferido, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del
CGP.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidente
Aclara voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Aclara voto
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CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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