Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2013-00998-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2013-00998-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2013-00998-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 68001233300020130099801
Demandantes: Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos LTDA
Demandados: Municipio de Bucaramanga
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Expropiación por vía administrativa
Decisión: Modifica la sentencia de primera instancia y se inhibe de realizar
un pronunciamiento de fondo respecto de uno de los actos
administrativos demandados
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de
1.º de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante
la cual se declaró la nulidad parcial de las Resoluciones núm. 0284 del 20 de marzo de
2013, «por la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del bien inmueble
sometido al régimen de propiedad horizontal: Edificio El Mesón de los Búcaros […]», y núm.
0398 del 16 de mayo de 2013, «por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición»,
y se negaron las demás pretensiones de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El 25 de octubre del 20131, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, en concordancia con el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997, la Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos LTDA. demandó al Municipio de
Bucaramanga.
En la demanda original se formularon trece (13) pretensiones, tanto declarativas como de
condena. No obstante, mediante Auto del 19 de diciembre de 20132, la demanda fue
inadmitida, por cuanto no se evidenció claridad respecto de los actos administrativos contra
los cuales se dirigía. Además, se solicitó la inclusión, dentro de los anexos, de unos
documentos faltantes. En consecuencia, la parte demandante, mediante escrito del 20 de
enero de 20143, corrigió la demanda y reformó las pretensiones en los siguientes términos:
DECLARACIONES Y CONDENAS
1. Se declare la nulidad de la Resolución Nro. 0533 del 30 de Agosto de 2012 expedida
por el Alcalde Municipal de Bucaramanga en uso de sus facultades constitucionales y legales
y en especial las conferidas mediante el Acuerdo Municipal N° 008 del 31 de mayo de 2010
y Acuerdo Municipal N° 014 del 2 de mayo de 2012 que determina el procedimiento de
expropiación vía administrativa y se formula oferta de compra de un inmueble para destinarlo
1 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO I TRIBUNAL», FL. 449 al 515.
2 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO I TRIBUNAL», FL. 518.
3 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO I TRIBUNAL», FL. 520.
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a la construcción del INTERCAMBIADOR VIAL DE LA AVENIDA QUEBRADASECA CON
CARRERA 27 [...]
Por errores sustanciales y de procedimiento; por encontrase vencido el término facultado en
el Acuerdo Municipal Nro. 008 del 31 de Mayo de 2010 y el Acuerdo Municipal Nro. 014 del
2 de Mayo de 2012. Así mismo, estar los avalúos 41, 42 y 43 incurriendo en errores graves
y no incluir el valor del precio del Establecimiento de Comercio MESON DE LOS BUCAROS
[...] y no incluir el Lucro Cesante Futuro.
2. Se declare la nulidad de la Resolución Nro. 0284 del 20 de Marzo de 2013 en la cual
la Alcaldía de Bucaramanga ordena la expropiación por vía administrativa del bien inmueble
sometido al régimen de propiedad horizontal EDIFICIO MESÓN DE LOS BUCAROS
levantado sobre un lote de terreno ubicado en la carrera 27 con la calle 22 y Boulevar Bolívar
[...]
Y de la Resolución 0398 de Mayo 16 de 2013 del recurso de reposición que confirma la
Resolución 0284 del Marzo de 2013.
a) Por errores sustanciales y de procedimiento; por encontrarse vencido el término facultado
en el Acuerdo Municipal Nro. 008 del 31 de Mayo de 2010 y el Acuerdo Municipal Nro. 011
del 22 de Mayo de 2012 vinculándolo en esta resolución tratando de corregir el error en la
Resolución 0533 del 30 de Agosto de 2012. Así mismo, estar los avalúos 41, 42, 43
incurriendo en errores graves y no incluir el valor del precio del Establecimiento de Comercio
MESON DE LOS BUCAROS de propiedad de la SOCIEDAD VICTOR YEPES C. E HIJOS
LTDA MESON DE LOS BUCAROS, no incluir la indemnización del Art. 67 de la Ley 388 de
1997 que es igual a la del avalúo comercial que se utiliza para los efectos del Art. 61 y no
incluir el Lucro Cesante Futuro, siendo violatorio de la Ley al desconocer el daño emergente
y el lucro cesante aquí estipulados.
b) Por ser extemporáneamente, debido a que según la Ley 388 de 1997 solo tenía 30 días a
partir de la vigencia de la Resolución 0533 del 30 de Agosto de 2012 si la negociación
voluntaria fracasara.
c) Por ser violatoria del derecho constitucional fundamental consagrado en el Art. 29 de C.N
el cual reza "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas". El día 25 de Junio de 2013 a las 10:15 a.m. puso a disposición el pago,
violándose el Artículo 70 de la Ley 388 de 1997 numeral 2 y el Art. 70 Nral. 4 de la Ley 388
de 1997.
3. Se declare la nulidad del Decreto Nro. 0109 de fecha 6 de Junio 2013, evocando las
especiales atribuciones conferidas por el Acuerdo Municipal Nro. 008 del 31 de Mayo de
2010 y Acuerdo Municipal Nro. 011 del 22 de Mayo de 2012, declarando la renovación de
utilidad pública de los predios requeridos para la construcción del INTERCAMBIADOR VIAL
DE LA AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 27 y especiales condiciones de
urgencia que autoriza su expropiación por vía administrativa… Predios identificados con
folios de matrícula inmobiliaria Nros. 300- 224800, 300-224801, 300-224802. Por errores
sustanciales y de procedimiento; por encontrarse vencido el término facultado en el Acuerdo
Municipal Nro. 008 del 31 de Mayo de 2010 y el Acuerdo Municipal Nro. 011 del 22 Mayo de
2012, por ser un Decreto extemporáneo, los Acuerdos, en el momento de su expedición del
decreto Nro. 109 las facultades no eran vigentes.
4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se restablezca el derecho los
accionantes y se de aplicación al Art. 71 Nral. 7 y siguientes de la Ley 388 1997.
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5. En caso de negarse las anteriores peticiones se condene al MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA a cancelar a la SOCIEDAD VICTOR YEPES C. E HIJOS LTDA. MESON
DE LOS BUCAROS la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES
CIEN MIL PESOS ($2.252.100.000,00) por el valor de los inmuebles con matrículas
inmobiliarias Nro. 300-224800, 300-224801, 300-224802 a título del restablecimiento del
derecho por concepto de daño emergente, en esta condena se tendrá en cuenta se deduzca
la consignación realizada por el Municipio de Bucaramanga en la suma de
$2.266.592.148,00.
6. Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a cancelar a la SOCIEDAD
VICTOR YEPES C. E HIJOS LTDA. MESON DE LOS BUCAROS la suma de DOS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($ 2.252.100.000,00)
correspondiente al Art. 67 de la Ley 388 de 1997 por concepto de indemnización igual al
avaluó comercial.
7. Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a cancelar a la SOCIEDAD
VICTOR YEPES C. E HIJOS LTDA. MESON DE LOS BUCAROS la suma de DOS MIL
TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS ($2.035.160.838,oo) por concepto del valor comercial del Establecimiento de
Comercio MESON DE LOS BUCAROS de propiedad de la SOCIEDAD VICTOR YEPES C.
E HIJOS LTDA. MESON DE LOS BUCAROS. Por concepto de daño emergente.
8. Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA al pago por concepto de Luсго
Cesante Futuro a la Señora ANGELA MARIA YEPES GARCIA por valor de MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($1.588.013.943,60) equivalente al valor
presente de los flujos futuros de efectivo (ganancia o utilidad) dejados de percibir como
consecuencia de la afectación y daño producto de la expropiación del Establecimiento de
Comercio MESON-DE LOS-BUCAROS.
9. Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA al pago por concepto de Lucro
Cesante Futuro a la Señora MARIA VICTORIA YEPES GARCIA por valor de MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($1.958.297.226,00) equivalente al valor presente de
los flujos futuros de efectivo (ganancia o utilidad) dejados de percibir como consecuencia de
la afectación y daño producto de la expropiación del Establecimiento de Comercio MESON
DE LOS BUCAROS.
10. Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA al pago por concepto de Lucro
Cesante Futuro a la Señora OLGA MARIA YEPES GARCIA por valor de DOS MIL
CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($2.043.954.244,00) equivalente al valor
presente de los flujos futuros de efectivo (ganancia o utilidad) dejados de percibir como
consecuencia de la afectación y daño producto de la expropiación del Establecimiento de
Comercio MESON DE LOS BUCAROS.
11. Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA al pago por concepto de Lucro
Cesante Futuro al Señor VICTOR ALFONSO YEPES GARCIA por valor de MIL
OCHOCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($1.802.266.155,70)
equivalente al valor presente de los flujos futuros de efectivo (ganancia o utilidad) dejados de
percibir como consecuencia de la afectación y daño producto de la expropiación del
Establecimiento de Comercio MESON DE LOS BUCAROS.
12. Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA al pago por concepto de Lucro
Cesante Futuro a la Señora MARIA VICTORIA YEPES GARCIA equivalente al valor
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presente de los arrendamientos correspondiente al alquiler de la terraza del Edificio MESON
DE LOS BUCAROS la cual se encuentra ubicada la valla de publicidad, dejados de percibir
como consecuencia de la afectación y daño producto de la expropiación del inmueble, el
valor será el dictaminado pericialmente.
13. Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA al pago del Arancel Judicial pagado
por los accionantes en la suma de $64.092.000,00 SESENTA Y CUATRO MILLONES
NOVENTA Y DOS MIL PESOS.
14. Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA al pago de costas que serán
asignadas por esta Honorable Corporación. [se transcriben las pretensiones tal como se
presentaron, incluyendo deficiencias en la gramática y redacción]
Asimismo, dentro del escrito de demanda se solicitó como medida cautelar, la suspensión
provisional de los efectos jurídicos de la Resolución núm. 0284 del 20 de marzo de 2013 y
la Resolución núm. 0398 del 16 de mayo de 2013. Lo anterior, de la siguiente manera:
Solicito a la Honorable Corporación, ordenar al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA suspender
los efectos de la Resolución Nro. 0284 del 20 de Marzo de 2013 que ordena la expropiación
por vía administrativa de los inmuebles con folio de matrícula inmobiliaria Nros. 300-224800,
300-224801, 300-224802 y de la Resolución Nro. 0398 del 16 de Mayo de 2013 del Recurso
de Reposición que confirma la Resolución 0284 del 20 de Marzo de 2013.
Mediante auto de ponente del 5 de mayo de 20144, se decidió lo siguiente respecto de la
solicitud de medida cautelar:
NEGAR la medida de Suspensión de la Resolución Nro. 0284 del 20 de Marzo de 2013, que
ordena la expropiación por vía administrativa de los inmuebles con folio de matrícula
inmobiliaria Nros. 300-224800, 300-224802 y de la Resolución Nro. 0398 de 16 de Mayo de
2013 que resuelve el recurso confirmando la Resolución 0284 de 20 de Marzo de 2013,
conforme lo esbozado en la parte considerativa de este proveído
1.2. Fundamentos de hecho
La parte actora manifestó que el señor Víctor Alfonso Yepes Cadavid, mediante Escritura
Pública núm. 3328 del 2 de septiembre de 1985, vendió el predio identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria núm. 300-50353 a la Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos Ltda., inmueble
en el cual se encontraba ubicado el establecimiento de comercio denominado El Mesón de
los Búcaros. Asimismo, señaló que, con posterioridad a dicha venta, se abrieron los folios
de matrícula inmobiliaria núm. 300-224800, núm. 300-224801 y núm. 300-224802, los
cuales fueron sometidos al régimen de propiedad horizontal.
Indicó que, mediante los Acuerdos Municipales núm. 008 de 2010 y núm. 011 de 2012, se
facultó al alcalde de Bucaramanga para declarar, por motivos de utilidad pública e interés
social y en condiciones de urgencia, la adquisición de los predios requeridos para la
construcción de tres intercambiadores, entre ellos el Intercambiador Vial de la avenida
Quebradaseca con carrera 27. Con fundamento en lo anterior, se expidieron los Decretos
núm. 189 y 190 de 2010, mediante los cuales se declaró la existencia de la urgencia por
razones de utilidad pública e interés social para la adquisición del edificio El Mesón de los
Búcaros, requerido para la ejecución del proyecto vial.
4 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO MEDIDAS CAUTELARES», FL.20.
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La demandante puso de presente que el Concejo Municipal de Bucaramanga expidió el
Acuerdo núm. 11 del 22 de mayo de 2012, por el que se acordó facultar al Alcalde de ese
ente territorial para que declare por motivos de utilidad pública o interés social, la adquisición
de los predios requeridos para tres intercambiadores viales, entre ellos el intercambiador
vial de la avenida quebrada seca con carrera 27.
Sostuvo que, mediante la Resolución núm. 0533 del 30 de agosto de 2012, expedida por el
alcalde municipal, se determinó el procedimiento de expropiación por vía administrativa y
se formuló la oferta de compra del edificio El Mesón de los Búcaros, con el fin de destinarlo
a la construcción del Intercambiador Vial de la avenida Quebradaseca con carrera 27. La
demandante hizo énfasis en que en dicho acto administrativo se realizó mención a acuerdos
municipales que no existían o que no guardaban relación con la materia del mismo.
Asimismo, señaló que, en el ordinal tercero de la parte resolutiva de dicho acto, la oferta de
compra se fijó en la suma de dos mil quinientos treinta y cinco millones trescientos treinta y
siete mil novecientos setenta y un pesos ($2.535.337.971).
Señaló que, posteriormente, el alcalde de Bucaramanga expidió la Resolución núm. 0284,
por medio de la cual ordenó la expropiación por vía administrativa del bien inmueble
denominado edificio El Mesón de los Búcaros. Respecto de dicha resolución, hizo énfasis
en que fue expedida de manera extemporánea, toda vez que, conforme a la Ley 388 de
1997, la administración contaba con un término de treinta (30) días para proferirla, contados
a partir de la vigencia de la Resolución núm. 0533 del 30 de agosto de 2012. Indicó que la
mencionada resolución fue notificada el 17 de abril de 2013, contra la cual se interpuso
recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 0398, que confirmó
el acto administrativo recurrido.
Indicó que, mediante acta de entrega de 21 de agosto de 2013, la Alcaldía Municipal entregó
el título de la consignación efectuada el 15 de julio de ese mismo año en el Banco Caja
Agraria, a nombre de la sociedad Víctor Yepes C. e Hijos Ltda., por valor de $2.266.592.148.
señaló que sobre el monto total de la indemnización se realizaron descuentos por
$265.745.823.
Manifestó que el 14 de agosto de 2013 bajo la radicación núm. 2013-300-6-32382 se
inscribió en los folios de matrícula núm. 300-224800, núm. 300-224801 y núm. 300-224802
las Resoluciones núm. 0284 y núm.0398 de 2013, quedando la entidad demandada
propietaria de los bienes por expropiación por vía administrativa.
La accionante señaló que, pese a los intentos realizados para encontrar un nuevo local
comercial en el cual reabrir el establecimiento de comercio denominado El Mesón de los
Búcaros, no ha sido posible hallar un espacio físico adecuado para ello. Asimismo, sostuvo
que el pago efectuado por la administración, con ocasión de la expropiación del inmueble
de propiedad de la sociedad actora, fue insuficiente y no cumple con los criterios legales ni
jurisprudenciales aplicables.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Sostuvo que se vulneraron el preámbulo y los artículos 2, 6, 13, 29 y 58, así como el
numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, por cuanto el daño sufrido no fue
indemnizado en su integridad como consecuencia de la expropiación administrativa, lo
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que desencadenó la violación de disposiciones constitucionales y generó un perjuicio en
el patrimonio de la sociedad Víctor Yepes C. e Hijos Ltda. Asimismo, la sociedad
demandante señaló que la actuación de la administración vulneró el principio de igualdad,
al no habérsele indemnizado ni el lucro cesante ni el valor correspondiente al
establecimiento de comercio denominado «El Mesón de los Búcaros».
También, la demandante, afirmó que se vulneró el derecho al debido proceso, en la
medida en que no se cumplió con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997. En este punto,
realizó un recuento de los acuerdos y resoluciones que desembocaron en la expropiación
del inmueble de su propiedad, comenzando con el Acuerdo Municipal núm. 008 del 31
de mayo de 2010, mediante el cual se otorgaron al alcalde de Bucaramanga facultades
relacionadas con el proyecto del intercambiador vial de la avenida Quebradaseca con la
carrera 27.
Posteriormente, el alcalde expidió los Decretos núm. 189 y 190 de 2010, por medio de
los cuales declaró de utilidad pública e interés social, así como de especial urgencia, la
adquisición de ciertos inmuebles necesarios para la ejecución del proyecto vial previsto
en el citado acuerdo municipal. La demandante señaló que en dichos decretos
únicamente se incluyó el número de matrícula inmobiliaria correspondiente a uno de los
tres inmuebles que conformaban el edificio «Mesón de los Búcaros».
Indicó que, con posterioridad, se expidió el Acuerdo núm. 011 del 22 de mayo de 2012,
por el cual se facultó al alcalde de Bucaramanga para adquirir, por motivos de utilidad
pública e interés social, los predios necesarios para la construcción del intercambiador
vial de la avenida Quebradaseca con la carrera 27. En esta oportunidad, se incluyeron
los dos números de matrícula inmobiliaria que habían sido omitidos en los Decretos núm.
189 y 190 de 2010. La demandante hizo énfasis en que las facultades conferidas al
alcalde mediante el Acuerdo núm. 011 del 22 de mayo de 2012 fueron otorgadas
únicamente por el término de un año y, además, señaló que existieron imprecisiones en
la identificación de los inmuebles. Asimismo, manifestó que posteriormente el alcalde de
la entidad territorial expidió los Decretos núm. 128 y 129 del 28 de junio de 2012, con
fundamento en un acuerdo que, según la demandante, era inexistente, y mediante los
cuales se declararon condiciones de urgencia por razones de utilidad pública e interés
social respecto de los predios requeridos para la construcción del intercambiador vial.
Con fundamento en estos dos últimos decretos, la alcaldía expidió la Resolución núm.
0533 del 30 de agosto de 2012, por medio de la cual se determinó el procedimiento de
expropiación por vía administrativa y se formuló la oferta de compra de los bienes
identificados con las matrículas inmobiliarias núm. 300-224800, núm. 300-224801 y núm.
300-224802. La demandante formuló el siguiente reparo respecto de dicha resolución:
«se expidió por fuera de los términos legales, extralimitándose el municipio de
Bucaramanga, en cabeza del señor alcalde, tal como se demuestra en el artículo 313,
numeral 3, de la Constitución Nacional».
La demandante sostuvo que solo hasta el 20 de marzo de 2013 la alcaldía expidió la
Resolución núm. 0284, por medio de la cual se ordenó la expropiación por vía
administrativa de los inmuebles que conformaban el edificio «Mesón de los Búcaros». Al
respecto, señaló que dicha resolución fue expedida de manera extemporánea, pues,
según la Ley 388 de 1997, la administración contaba únicamente con un término de
treinta (30) días a partir de la vigencia de la Resolución núm. 0533 del 30 de agosto de
2012. En este punto, hizo especial énfasis en lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 388
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de 1997 y en los términos allí establecidos, en particular por la tardanza en el pago de la
indemnización establecida en las resoluciones demandadas.
Finalmente, la demandante alegó la vulneración del artículo 58 constitucional, en la
medida en que, a su juicio, el procedimiento de expropiación presentó diversos errores
tanto procedimentales como sustanciales. En particular, sostuvo que el valor de la
indemnización fijada por la expropiación de los inmuebles no correspondía a la realidad,
pues dicha tasación fue abstracta y general, y, por ende, no resultó justa. Lo anterior,
debido a que no se indemnizó el valor del establecimiento de comercio «El Mesón de los
Búcaros», correspondiente tanto al daño emergente como al lucro cesante. Por último,
se pone de presente que en este apartado la demandante se trajo a colación diversa
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
1.4. Contestación de la demanda
El Municipio de Bucaramanga5, mediante apoderada judicial, se opuso a las pretensiones
de la demanda, al considerar que el proceso de expropiación se adelantó dentro de los
parámetros legales que rigen el trámite y con fundamento en las facultades otorgadas
por el Concejo de Bucaramanga.
Sostuvo que en la expedición de las Resoluciones núm. 0284 y núm. 0398 de 2013 no
se incurrió en error grave por no haberse incluido el valor del establecimiento de comercio
«El Mesón de los Búcaros» ni el lucro cesante futuro, toda vez que dicho valor
corresponde al avalúo comercial utilizado para los efectos previstos en el artículo 61 de
la Ley 388 de 1997. Señaló, además, que el avalúo fue realizado por la Lonja Inmobiliaria
de la Sociedad Colombiana de Arquitectos –Regional Santander–, entidad legalmente
autorizada y contratada por el Municipio de Bucaramanga para la elaboración de avalúos
corporativos especiales, con base en la normatividad vigente aplicable. Al respecto,
indicó:
En este aspecto, es necesario manifestar que, por el hecho de adelantarse un proceso de
expropiación de un bien inmueble, no quiere decir que, por ese solo hecho, la
indemnización ofrecida, sea para enriquecer de una forma exorbitante a los dueños del
bien expropiado, tal y como lo pretenden los Demandantes en este proceso.
Los Avalúos Nos. 41, 42 y 43, adelantados por la LONJA INMOBILIARIA DE LA
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS -REGIONAL SANTANDER-, adelantaron
el resarcimiento en su totalidad de la expropiación de los bienes inmuebles de la
SOCIEDAD VICTOR YEPES C. LTDA- MESON DE LOS BUCAROS.
Agregó que los actos administrativos demandados se ajustan a las disposiciones que
regulan la materia de expropiación, en particular a la Constitución Política, la Ley 9ª de
1989, la Ley 388 de 1997 y las demás normas concordantes; en consecuencia, sostuvo
que no se vulneraron las disposiciones invocadas por la Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos
Ltda.
Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) «enriquecimiento sin causa», por
cuanto, de prosperar las pretensiones, las demandantes recibirían una doble
indemnización por el mismo hecho, especialmente si se tiene en cuenta que en las
pretensiones se solicitan indemnizaciones tanto para la sociedad como para los socios
5 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO II TRIBUNAL», FL. 59.
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Demandantes: Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos LTDA
Demandados Municipio de Bucaramanga
individualmente considerados; ii) «pago», al estimar que el municipio ya canceló la
indemnización a que había lugar; iii) «presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados»; iv) «buena fe»; v) «falta de título y causa», excepción que, según se
advierte, no fue desarrollada por la defensa del municipio; y vi) «genérica».
II. LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 1º de septiembre de 2016,
profirió sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:
FALLA:
PRIMERO. Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones Nros. 0284 del 20 de Marzo de
2013 por la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del bien inmueble
sometido al régimen de propiedad horizontal y 0398 del 16 de Mayo de 2013 por la cual se
resuelve un recurso de reposición, en lo que atañe al valor de la indemnización reconocida
a la sociedad demandante, de acuerdo con la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR el reconocimiento de la
suma que resulte del incidente de liquidación previsto en el artículo 193 del C.P.A.C.A., por
concepto de daño emergente equivalente al valor de establecimiento de comercio a favor
de la sociedad VICTOR YEPES C. E HIJOS LTDA, conforme a la parte motiva de la
presente providencia.
TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO. Sin condena en costas.
El a quo llegó a esa decisión a partir de la solución al siguiente del siguiente problema
jurídico:
La Sala (sic) que el problema jurídico que subyace se circunscribe a determinar la legalidad
de las Resoluciones Núm. 0533 del 30 de Agosto de 2012 por la cual se determina el
procedimiento de expropiación vía administrativa y se formula oferta de compra de un
inmueble para destinarlo a la construcción del intercambiador vial de la Avenida Quebrada
seca con Carrera 27, 0284 del 20 de Marzo de 2013 por la cual se ordena la expropiación
por vía administrativa del bien inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal: Edificio
El Mesón de los Búcaros, 0398 del 16 de Mayo de 2013 por medio de la cual se resuelve un
recurso de reposición y del Decreto No. 0109 del 06 de Junio 2013 por medio del cual se
renueva la declaratoria de utilidad pública de los bienes inmuebles sometidos al régimen de
propiedad horizontal: Edificio El Mesón de los Búcaros y se declaran las especiales
condiciones de urgencia que autorizan su expropiación vía administrativa.
Para abordar el problema jurídico planteado, el tribunal realizó un recuento normativo y
jurisprudencial. En ese recuento hizo especial énfasis en el artículo 58 constitucional y en
el alcance que la Corte Constitucional ha dado al concepto de indemnización justa, así como
en la diferencia entre este y el de indemnización plena. Posteriormente, realizó un análisis
de las características de la expropiación por vía administrativa y de su marco normativo,
contenido en la Ley 388 de 1997. En este mismo punto, analizó las tres etapas del proceso
de expropiación por vía administrativa: i) la etapa de oferta, ii) la negociación y iii) el proceso
expropiatorio propiamente dicho.
Luego, abordó el tema correspondiente al quantum del precio indemnizatorio por la
expropiación del bien. En este punto, señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado
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ha establecido que «el avalúo considerado en el acto administrativo mediante el cual se fija
el precio indemnizatorio se encuentra amparado por la presunción de legalidad». Asimismo,
consideró que, de conformidad con la sentencia C-476 de 2007, proferida por la Corte
Constitucional, el legislador no estableció que, en el caso de la expropiación por vía
administrativa, el precio indemnizatorio que se pagará sea únicamente «el avalúo
comercial», ya que dicha mención se refiere a la etapa de enajenación voluntaria y
concierne exclusivamente a la oferta de compra que realiza la entidad al propietario del bien.
Por lo tanto, ese avalúo comercial constituye el punto de partida en dicha etapa para la
negociación, en la que las partes deciden los términos del negocio, y que, de no llevarse a
cabo, da lugar a la continuación del proceso en la etapa de expropiación.
Luego, la sentencia apelada realizó un análisis de la legitimación en la causa por activa, en
el cual examinó distintos testimonios que daban cuenta de la situación económica de los
socios de la Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos Ltda. Posteriormente, adelantó un estudio del
trámite de la expropiación de los inmuebles que componían el edificio denominado El Mesón
de los Búcaros, en el que examinó la legalidad del mismo y, al respecto, formuló la siguiente
conclusión general:
Expuesto el trámite de expropiación, la Sala advierte que en principio se cumplieron con los
requisitos sustanciales y procedimentales que regulan el mismo, toda vez que existían las
condiciones de urgencia señaladas en el artículo 65 de la Ley 388 de 1997 y se presentaban
motivos de utilidad pública o interés social que autorizaban este tipo de expropiación, como
lo es la "Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y sistemas de transporte
masivo"14. Así mismo, el Concejo Municipal de Bucaramanga otorgo (sic) facultades al
Alcalde de CED Bucaramanga para declarar la urgencia mediante Acuerdo N° 011 del 22 de
Mayo de 2012, y este último en efecto la declaró a través de los Decretos 128 y 129 del 28
de Junio de 2012.
En este punto, vale la pena señalar que si bien en los Decretos 128 y 129 del 28 de Junio de
2012 se indica que el Alcalde de Bucaramanga actúa en uso de las atribuciones
constitucionales y legales, en especial de las facultades otorgadas en la Ley 388 de 1997 y
en el Acuerdo N° 014 del 2 de Mayo de 2012, cuando en realidad el acto administrativo que
otorga las facultades para declarar por motivos de utilidad pública o interés social, la
adquisición de los predios requeridos para el intercambiador vial Avenida Quebradaseca con
Carrera 27 y la existencia de especiales condiciones de urgencia que autorizan la
expropiación vía administrativa era el Acuerdo N° 011 del 22 de Mayo de 2012, considera la
Sala que tal situación obedeció a un error de transcripción que no desvirtúa la legalidad de
los actos administrativos acusados, pues lo cierto era que, existía la autorización por parte
del Concejo. [Destaca la Sala]
Indicó que la Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos Ltda., allegó al expediente el avalúo
comercial y la valoración de la entidad comercial, es decir, El Mesón de los Búcaros,
arrojando un valor total de $6.539.360.838, donde se incorpora el valor de la indemnización
por la expropiación del inmueble, el valor del establecimiento del comercio y el valor del
avalúo del inmueble, así:
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Advirtió el tribunal que analizados los dictámenes anteriores se observó que el valor
comercial del inmueble establecido por la Lonja Inmobiliaria ($2.535.337.971), es superior,
al valor establecido en el peritaje allegado por la parte actora elaborado por Asolonjas
($2.252.100.000), por lo que no encontró reparo frente a la suma reconocida a los
demandantes por concepto del valor del inmueble objeto de expropiación. En ese sentido
señaló:
Como primera medida, advierte la Sala que analizados los dos dictámenes (avalúos) traídos
al proceso por la parte demandante, se desprende claramente que el valor comercial del
inmueble establecido por la LONJA INMOBILIARIA SOCIEDAD COLOMBIANA DE
ARQUITECTOS REGIONAL SANTANDER en los avalúos corporativos Nros. 41, 42 y 43
($2.535.337.971), resulta coincidente, incluso superior, al valor establecido en el peritaje
elaborado por ASOLONJAS ($2.252.100.000,00), de ahí que el Tribunal no encuentre reparo
frente a la suma reconocida a los demandantes por concepto del valor del inmueble objeto
de expropiación.
Por otro lado, el tribunal señaló que cuando se emitió la Resolución núm. 0284 de 2013 por
la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del bien inmueble Edificio El Mesón
de los Búcaros, el Municipio de Bucaramanga mantuvo el valor de la oferta establecida en
el ordinal tercero de la Resolución núm. 0533 de 2012 en el que se estableció el valor de
$2.535.337.971 equivalente a la sumatoria de los avalúos corporativos comerciales 41, 42
y 43 elaborados por la Lonja Inmobiliaria.
Al respecto consideró que esa actuación «no responde a los lineamientos expuestos por la
H. Corte Constitucional en sentencia C-476 de 2007 -citada en el marco normativo y
jurisprudencial- según los cuales, el Legislador no estableció que en el caso de la
expropiación por vía administrativa el precio indemnizatorio que se pagará será únicamente
"el avalúo comercial"».
Sostuvo que el Municipio de Bucaramanga no tuvo en cuenta el valor del establecimiento
de comercio que operaba en el edificio El Mesón de los Búcaros, ni el lucro cesante futuro,
y que, según la sentencia antes mencionada, proferida por la Corte Constitucional, el precio
indemnizatorio que se paga debe ponderar los intereses de la comunidad y del particular, a
fin de determinar el valor y la forma de pago de la indemnización.
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En ese sentido, el tribunal encontró que en el acto expropiatorio el Municipio de
Bucaramanga no se consideró el valor del establecimiento de comercio, como daño
emergente, que funcionaba en el inmueble El Mesón de los Búcaros, por lo que consideró
que la indemnización reconocida no fue justa, toda vez que el inmueble objeto de
expropiación se dedicaba a una actividad comercial, por lo que la parte actora tenía derecho
a que se les reconociera el valor del establecimiento de comercio. Posteriormente, procedió
a hacer un análisis sobre el peritaje allegado por la demandante para acreditar el valor del
establecimiento de comercio y concluyó que no lo encontraba justificado o procedente, por
lo que concluyó lo siguiente:
En definitiva, las conclusiones del experticio no son claras, ni ofrecen al fallador la precisión
y contundencia necesarias para que pueda adoptarlas o considerarlas como base para el
reconocimiento del daño emergente reclamado en la demanda, por consiguiente, en virtud
de lo dispuesto por los artículos 266 y 232 del C.G.P. carece de eficacia probatoria.
Por lo anterior, consideró que resultaba procedente ordenar el reconocimiento del perjuicio
material en la modalidad de daño emergente correspondiente al valor del establecimiento
de comercio El Mesón de los Búcaros; empero indicó que «lo cierto es que no se logró
acreditar la cuantía del mismo», en consecuencia, profirió una condena en abstracto, en los
términos del artículo 193 del C.P.A.C.A., trámite incidental para determinar el monto de la
indemnización.
Respecto las pretensiones sobre lucro cesante el tribunal concluyó lo siguiente:
Conforme a lo expuesto y analizados los citados dictámenes, considera el Tribunal que no
hay lugar a reconocer suma alguna por concepto de lucro cesante fundamentado en las
ganancias dejadas de percibir como consecuencia del acto expropiatorio, así como en la
renta mensual dejada de percibir por MARIA VICTORIA YEPES con ocasión de los cánones
de arrendamiento de la valla publicitaria descrita en la demanda, por considerarlo
improcedente, en la medida en que la justeza de la indemnización debida en el presente
trámite de expropiación se determina por el valor del inmueble expropiado y el valor del
establecimiento de comercio que allí se desarrollaba, lo cual se traduce en que el Municipio
reconoce a favor de los interesados el valor de estos dos aspectos y con ello quedan
satisfechos tanto los intereses de la comunidad como del afectado, sin que pudiere
predicarse que este último tenga derecho a percibir un lucro cesante por el establecimiento
de comercio y el arrendamiento de la valla publicitaria pues el inmueble expropiado ya no
pertenece a los demandantes. En ese orden, como quiera que la entidad expropiante asume
el valor tanto del inmueble como del establecimiento de comercio, no hay lugar a que se
reconozca suma alguna por concepto de lucro cesante.
Finalmente, el tribunal indicó que debía designarse un perito experto con el fin de efectuar
el cálculo del valor del establecimiento de comercio El Mesón de los Búcaros, para lo cual
debía tenerse en cuenta la totalidad de la documentación obrante en el expediente,
especialmente las declaraciones de renta del establecimiento, los estados de ganancias y
pérdidas y el balance general. Asimismo, precisó que dicho dictamen pericial debía
sustentarse en un concepto técnico emitido por una entidad oficial que estableciera la
metodología para determinar el valor de un negocio comercial.
III.- DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
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Las partes interpusieron recurso de apelación6, en los siguientes términos:
Parte actora - SOCIEDAD VICTOR YEPES C. E HIJOS LTDA
• Extemporaneidad de los actos y del pago de la indemnización
La parte actora sostuvo que el tribunal, en su decisión, no se pronunció sobre la
extemporaneidad de los actos demandados, esto es, el de oferta de compra y el de
expropiación administrativa, toda vez que fueron expedidos por fuera del término de un
año previsto en el Acuerdo 011 de 2012, mediante el cual el Concejo Municipal de
Bucaramanga facultó al alcalde para declarar la utilidad pública y el interés social de los
predios requeridos para la construcción del Intercambiador Vial de la avenida
Quebradaseca con carrera 27, así como para declarar la existencia de especiales
condiciones de urgencia. Al respecto, indicó:
Se prueba con ello que la Resolución 0533 del 30 de Agosto de 2012 fue extemporánea.
Partiendo de allí todo lo demás actuado por el Municipio de Bucaramanga como son la
Resolución 0284 del 20 de Marzo de 2013 que ordena la expropiación por vía
administrativa de los inmuebles con folios de matrícula inmobiliaria Núm. 300-224800,
300-224801 у 300-224802 y la Resolución 0398 del 16 de Mayo de 2013.
El Decreto Nro. 0109 de fecha 6 de Junio 2013 en el cual el Municipio de Bucaramanga
en cabeza del Señor Alcalde evocando las especiales atribuciones conferidas por el
Acuerdo Municipal Nro. 008 del 31 de Mayo de 2010 y Acuerdo Municipal Nro. 011 del 22
de Mayo de 2012.
Asimismo, elevó reparo respecto de la omisión de la sentencia sobre la evaluación del
pago extemporáneo de la indemnización, que obra en el expediente con la citación del
día 25 de junio de 2013, en el que la entidad demandada puso a disposición dicho pago
para su retiro, y de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 70 el municipio tenía que
volver a realizar toda la actuación. Como prueba de que se actuó por fuera del término
para efectos del pago aportó dicha citación. La Resolución núm. 0284 del 20 de marzo
de 2013 y su confirmatoria Resolución núm. 0398 del 16 de mayo de 2013 quedaron en
firme el 23 de mayo del mismo año; y el pago quedó a disposición el 25 de junio de 2013,
21 días hábiles después.
• Valoración de indemnización
Consideró que en el acto expropiatorio no se tuvo en cuenta el valor del establecimiento
de comercio ni el lucro cesante que funcionaba en el inmueble, esto es: El Mesón de los
Búcaros, por lo que la indemnización no fue justa; reiteró que la indemnización reconocida
por el Municipio de Bucaramanga no fue suficiente, dado que no se valoró
adecuadamente el establecimiento de comercio ni el lucro cesante futuro, a pesar de que
la parte demandante alegó que el daño no fue indemnizado en su integridad.
Ahora bien, respecto de la negativa del tribunal a aceptar el peritaje aportado para
establecer el valor del establecimiento de comercio, concluyó que la valorización del
establecimiento de comercio del predio expropiado se realizó mediante un peritaje
elaborado por ASOLONJAS, empresa reconocida a nivel nacional, cuyos profesionales
justificaron de forma motivada el valor comercial de la actividad económica que se
6 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO II TRIBUNAL», FL. 358 y siguientes.
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desarrollaba en el predio denominado El Mesón de los Búcaros. En dicho peritaje se
tasaron los perjuicios económicos sufridos, para efectos del pago de la indemnización
como daño emergente, y se afirmó que no acertó el a quo al considerar que el peritaje
carecía de fundamento por no estar respaldado en un concepto emitido por una entidad
oficial.
En cuanto a la supuesta necesidad de que una entidad como la Superintendencia de
Sociedades, la Superintendencia Financiera, el DANE, el Banco de la República o el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi fuera la encargada de emitir el concepto técnico en
el que debía sustentarse el peritaje destinado a concretar la indemnización por el valor
del establecimiento de comercio, concluyó que ninguna de dichas entidades tiene dentro
de su objeto social la evaluación de establecimientos comerciales. Por lo anterior, señaló
que la sentencia de primera instancia descartó de manera infundada el peritaje realizado
por el ingeniero William Robledo. Entonces, sostuvo que no se podía desconocer el
peritaje aportado.
Finalmente, en cuanto al lucro cesante indicó que es necesario tener en cuenta la
trayectoria del establecimiento de comercio teniendo un goodwill de más de 50 años con
el cual se han sostenido más de 2 generaciones, relación que se encuentra probada
dentro del proceso y pidió tener en cuenta para ese reconocimiento el peritaje aportado
por la parte accionante en el proceso. En ese sentido señaló:
De acuerdo a lo anterior, los accionantes están reclamando su derecho a una
indemnización justa de acuerdo a lo que están perdiendo y es lo correspondiente al daño
emergente, en este caso el valor comercial del inmueble y del establecimiento de comercio
y el lucro cesante lo dejado de percibir, lucro cesante para esto es necesario tener en
cuenta la trayectoria del establecimiento de comercio teniendo un good will (sic) de más
de 50 años con el cual se han sostenido 2 generaciones e iban para la tercera, relación
que se encuentra probada dentro del proceso en su etapa probatorio con los testimonios
decepcionados y que se encuentra destruida con el hecho de la expropiación.
Parte demandada – Municipio de Bucaramanga
• El pago de la expropiación incluyó todos los conceptos de la afectación
Indicó que el procedimiento expropiatorio llevado a cabo por el Municipio de
Bucaramanga, sobre el edificio El Mesón de los Búcaros y el respectivo pago
indemnizatorio, sí contiene una ponderación del interés general y del interés particular
que se afectó con dicha actuación administrativa, de conformidad con la Jurisprudencia
de la Corte Constitucional, que además señala que la indemnización puede cumplir una
función meramente compensatoria, teniendo en cuenta la importancia del interés general,
sentencias C-1074 de 2002 y C-476 de 2007, que en el caso concreto radicaba en la
importante obra de infraestructura vial y que se beneficia la ciudadanía en general. Frente
a los intereses netamente económicos de la parte actora, alegó que esta fue indemnizada
con justo precio y con una suma superior a la que ellos mismos alegan dentro del presente
proceso.
Así mismo, trajo a colación el «diagnostico jurídico y socio económico» que obra en el
expediente, en ese sentido:
Adicionalmente es un hecho reconocido por la parte demandante (hecho 18 de la
demanda) que el Municipio de Bucaramanga, realizó un diagnóstico jurídico y socio
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económico de la afectación sobre el establecimiento de comercio El Mesón de los
Búcaros, lo que evidencia una vez más que sí existió un análisis de la situación en
concreto y una ponderación de los intereses confrontados. Dicho estudio incluyó:
$566.700 como apoyo económico para sufragar los gastos que se generen con la
mudanza;
$566.700 como apoyo económico para sufragar los gastos que se generen con la
mudanza;
$18′852.714 como apoyo para el establecimiento de la obtención de ingresos de acuerdo
a la utilidad mensual neta por seis (6) meses; y
$3.600.00 como apoyo al arrendador para compensar la renta dejada de recibir por el
arrendamiento del espacio para la colocación de la valla ubicada en la terraza equivalente
a tres (3) meses de canon mensual.
• La extinción del establecimiento de comercio El Mesón de los Búcaros no es
jurídicamente imputable al Municipio de Bucaramanga
Sostuvo que el tribunal erró al ordenar el reconocimiento por concepto de daño
emergente equivalente al valor de establecimiento de comercio, así como también está
equivocada la parte actora cuando solicita que el Municipio de Bucaramanga pague todo
lo que a futuro produciría el establecimiento de comercio; toda vez que, el establecimiento
de comercio denominado El Mesón de los Búcaros, no estaba destinado a desaparecer
definitivamente por el solo hecho de la expropiación del predio en el que se tenía la
actividad comercial de restaurante y expendio de licores, dado que dicha actividad
comercial es separable y diferenciable del bien inmueble donde se realizan dichas
actividades. Para sostener lo anterior citó el artículo 515 y 516 del Código de Comercio.
Además, señaló que el restablecimiento ordenado por el tribunal impone a la
administración municipal una carga adicional que no le corresponde asumir y que excede
lo dispuesto en la normativa en materia de expropiación.
Finalmente, indicó que los actos administrativos demandados se ajustaron al
procedimiento expropiatorio, por cuanto su motivación contiene una ponderación del
interés general frente a los derechos afectados de la Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos
LTDA., lo que se reflejó en el valor indemnizatorio pagado como precio justo.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
4.1. Mediante providencias de 4 de diciembre de 20177 y 17 de septiembre de 20188 se
admitieron los recursos de apelación y se corrió traslado para alegar de conclusión,
respectivamente.
4.2. Las partes presentaron escritos de alegatos de conclusión en los que reiteraron los
argumentos de los recursos interpuestos9.
4.3. El Ministerio Público guardó silencio10.
7 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO PRINCIPAL», FL.6.
8 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO PRINCIPAL», FL.21.
9 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO PRINCIPAL», FL.27 y siguientes.
10 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO PRINCIPAL», FL.43.
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V.- CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA11. y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
5.2. Planteamiento del caso y problemas jurídicos
La Sala pone de presente que la decisión en esta instancia se limitará a los aspectos que
fueron objeto de los recursos de apelación presentados por las partes.
La parte accionante propuso los siguientes argumentos para ser debatidos en esta
instancia, porque, en su concepto, no fueron correctamente abordados en la sentencia
del a quo: I) La extemporaneidad y, por lo tanto, la falta de competencia del alcalde de
Bucaramanga para la expedición de la Resolución núm. 0533 del 30 de agosto de 2012,
la Resolución núm. 0284 del 20 de marzo de 2013, la Resolución núm. 0398 del 16 de
mayo de 2013 y el Decreto núm. 109 del 6 de junio de 2013; II) La extemporaneidad en
el pago de la indemnización por la expropiación de los bienes inmuebles que componían
el edificio El Mesón de los Búcaros; III) El derecho a que la sociedad accionante y sus
socios reciban una indemnización por concepto de lucro cesante; y, IV) La idoneidad de
los peritajes aportados por dicha parte para determinar los emolumentos
correspondientes al lucro cesante y el valor del establecimiento de comercio.
Por su parte, el Municipio de Bucaramanga presentó los siguientes reparos en contra de
la sentencia de primera instancia: I) la indemnización entregada por el bien expropiado
fue justa e incluyó una ponderación del interés general y particular; y, II) no debe
indemnizar a los accionantes por el valor del establecimiento de comercio denominado
El Mesón de los Búcaros, pues dicha situación no es jurídicamente imputable a la entidad
territorial.
Entiende la Sala que, en el presente caso, se discuten aspectos relacionados tanto con
el procedimiento como con la indemnización del proceso expropiatorio adelantado por el
Municipio de Bucaramanga respecto del inmueble denominado «El Mesón de los
Búcaros», inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal y compuesto por las
siguientes matriculas inmobiliarias: núm. 300-224800, núm.300-224801 y núm. 300-
224802.
En cuanto a las supuestas falencias del procedimiento, se alega que los actos
administrativos, desde el cual se formuló la oferta de compra y se determinó el
11 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO
DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. [Destaca la Sala]
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procedimiento de expropiación, fueron expedidos de manera extemporánea, en la medida
en que superaron las competencias temporales que el Concejo Municipal otorgó al
alcalde para adelantar dichas expropiaciones. En ese orden, se sostiene que los demás
actos proferidos dentro del trámite se encuentran viciados. Este reparo se extiende a
cuatro actos administrativos, a saber: la Resolución núm. 0533 del 30 de agosto de 2012,
la Resolución núm. 0284 del 20 de marzo de 2013, la Resolución núm. 0398 del 16 de
mayo de 2013 y el Decreto núm. 0109 del 6 de junio de 2013.
De otro lado, la demandante endilga al proceso expropiatorio un vicio consistente en la
tardanza en el pago de los emolumentos adeudados con ocasión de la expropiación de
los inmuebles que conformaban el edificio El Mesón de los Búcaros. Este reproche recae
de manera particular sobre la Resolución núm. 0398 del 16 de mayo de 2013; sin
embargo, la demandante le atribuye un alcance general a todo el proceso expropiatorio,
con fundamento en la interpretación que efectúa del artículo 70 de la Ley 388 de 1997.
Finalmente, ambas partes manifiestan su inconformidad frente a la sentencia de primera
instancia en lo concerniente al análisis del quantum indemnizatorio. La parte demandada
sostiene que no debe reconocerse valor alguno a la demandante por concepto de daño
emergente, esto es por el valor del establecimiento de comercio, mientras que la parte
demandante afirma que debió reconocérsele el lucro cesante y admitirse los peritajes por
ella aportados para determinar el monto de dichas indemnizaciones. Estos reparos se
dirigen contra la Resolución núm. 0284 del 20 de marzo de 2013 y la Resolución núm.
0398 del 16 de mayo de 2013, mediante las cuales se fijó el valor de la indemnización
derivada de la expropiación del edificio El Mesón de los Búcaros.
Ahora bien, del estudio del expediente y las pretensiones de la demanda, esta Sala
encuentra necesario analizar si todos los actos administrativos son susceptibles de
control judicial.
Conforme a lo anterior, corresponde a la Sala determinar los siguientes puntos: I) Análisis
de la procedencia de control judicial de los actos administrativos demandados, II) La
presunta extemporaneidad y la consecuente falta de competencia en la expedición de los
actos administrativos demandados; III) La presunta extemporaneidad en el pago de la
indemnización por la expropiación y sus consecuencias; IV) Respecto de la justicia de la
indemnización reconocida, en especial atendiendo a que, supuestamente, no se incluyó
el valor del establecimiento de comercio, por concepto de daño emergente, ni el lucro
cesante; y, V) La idoneidad de los peritajes presentados por la parte demandante para
acreditar el lucro cesante y el valor del establecimiento de comercio.
5.3. Actos demandados
En el sub judice son cuestionados los siguientes actos administrativos:
1. Resolución núm. 0533 del 30 de agosto de 2012. En este acto administrativo el
alcalde del Municipio de Bucaramanga determinó el procedimiento de expropiación por
vía administrativa del inmueble del edificio El Mesón de los Búcaros y formuló oferta de
compra de esos inmuebles.
RESOLUCIÓN No. 0533 de 2012
POR LA CUAL SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN VÍA
ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA OFERTA DE COMPRA DE UN INMUEBLE
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 68001233300020130099801
Demandantes: Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos LTDA
Demandados Municipio de Bucaramanga
PARA DESTINARLO A LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL DE LA
AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 27.
El Alcalde de Bucaramanga, en uso de sus facultades constitucionales y légales y en
especial las conferidas mediante Acuerdo Municipal No. 008 del 31 de Mayo de 2010
y Acuerdo Municipal No. 014 del 2 de Mayo de 2012 y, CONSIDERANDO:
[…]
RESUELVE:
PRIMERO: DETERMINAR LA ADQUISICIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIÓN VIA ADMINISTRATIVA CONTEMPLADO EN EL CAPITÚLO VIII DE
LA LEY 388 DE 1997; EN ÉL EVENTO DE NO OBTENER DENTRO DEL TÉRMINO
LEGAL LA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA DEL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE
SOMETIDO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: Edificio EL MESÓN DE
LOS BÚCAROS; […]1) LOCAL COMERCIAL UNO (1) Folio de Matricula Inmobiliaria
No. No 300- 224800 y código catastral "68001010300220002901; , 2) LOCAL
COMERCIAL DOS (2): […]Folio de Matricula Inmobiliaria No. No: 300- 224801y
código catastral 68001010300220003901; 3) APARTAESTUDIO: con el Folio de
Matricula Inmobiliaria No: No. 300- 224802 y código catastral
68001010300220004901. PARAGRAFO: Es de entenderse que con la enajenación
del inmueble queda comprendido el dominio común indivisible e inalienable de los
bienes afectados al uso común general del edificio (Bienes Comunes) conforme al
respectivo Reglamento de Propiedad Horizontal y en la proporción asignada a cada
unidad dentro del mismo.
SEGUNDO: De conformidad con el artículo 66 de la misma Ley 388 de 1997 el
presente acto administrativo constituye OFERTA DE COMPRA tendiente a obtener
un acuerdo, de enajenación voluntaria, advirtiendo a los actuales propietarios
SOCIEDAD VICTOR YEPES C. E HIJOS LTDA. MESÓN DE LOS BÚCAROS, que si
dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente
resolución no ha sido posible llegar a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria
contenida en una promesa de compraventa o suscrita ésta, incumple cualquiera de
sus estipulaciones, EL MUNICIPIODE BUCARAMANGA, procederá a la expropiación
por vía administrativa, mediante acto administrativo según lo dispuesto por el Articulo
68 de la Ley 388 de 1.997.
TERCERO: Ei. valor del precio de. adquisición o precio, indemnizatorio que se le
reconocerá al propietario inscrito del predio SOCIEDAD VİCTOR YEPES C. E HIJOS
LTDA. MESÓN DE LOS BÚCAROS, cuya oferta de compra se presenta, y en su
defecto, el que entrare a operaren la expropiación administrativa de no lograrse. un
acuerdo para la enajenación voluntaria, se constituye en, la suma de DOS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES. TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($2.535.337:971) MONEDA
CORRIENTE, equivalente a la sumatoria de los AVALUOS CORPORATIVOS
COMERCIALES: 41, 42 Y 43 elaborado por la LONJA INMOBILIARIA SOCIEDAD
COLOMBIANA DE ARQUITECTOS REGIONAL SANTANDER; el cual se cancelará
así: El 40% es decir, la suma de MIL- CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y
CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($1:014.135:188) MONEDA
CORRIENTE, dentro de los 15'dias siguientes a la firma de la Promesa de
Compraventa. Y entrega por parte. Del propietario de los documentos requeridos por
la Tesorería municipal de Bucaramanga para su pago; y el. 60% restante es decir la
suma de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESO ($1.535.337:971):
MONEDA CORRIENTE, con la entrega por parte de los propietarios de los siguientes
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos LTDA
Demandados Municipio de Bucaramanga
documentos: A) Primera copia de la respectiva escritura pública: de compra venta a
favor del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA debidamente inscrita ante" la Oficina de
Registro con su respectivo certificado de tradición, libre de todo gravamen, b) Acta 'de
entrega material del predio al municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de
Infraestructura. c) Paz y salvos de servicios públicos domiciliarios y cancelación de
matrículas d) Escritura debidamente registrada de la Liquidación de la Propiedad
Horizontal. PARÁĜRAFO: El pago del monto señalado queda sujeto a los descuentos
que por Ley debe hacer el municipio por concepto de estampillas del orden municipal
y Departamental.
[…]
2. Resolución núm. 0284 del 20 de marzo de 2013. En este acto administrativo el
alcalde del Municipio de Bucaramanga ordenó la expropiación por vía administrativa de
los inmuebles que hacían parte del edificio El Mesón de los Búcaros.
RESOLUCIÓN No. 0284 DE 2013
POR LA CUAL SE ORDENA LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA DEL
BIEN INMUEBLE SOMETIDO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL:
EDIFICIO EL MESÓN DE LOS BÚCAROS, LEVANTADO SOBRE UN LOTE DE
TERRENO UBICADO EN LA CARRERA 27 CON LA CALLE 22 Y BOULEVAR
BOLÍVAR, DISTINGUIDO EN SU PUERTA DE ENTRADA CON EL NÚMERO 26-70
DE ESTA CIUDAD, INSCRITO EN EL CATASTRO CON EL PREDIO No.
01030220001000 PARA DESTINARLO A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL "INTERCAMBIADOR VIAL DE LA AVENIDA
QUEBRADASECA CON CARRERA 27".
EL ALCALDE DE BUCARAMANGA,
En uso de sus facultades constitucionales y Legales y en especial las que le confiere
las Leyes 9ª de 1989, Ley 388 de 1997 y, los Acuerdos No. 008 del 31 de Mayo de
2010 y 011 del 22 de mayo de 2012
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar por motivos de Utilidad Pública e Interés Social, la
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA del Edificio EL MESÓN DE LOS
BÚCAROS, levantado sobre un lote de terreno ubicado en la Carrera 27 con la Calle
22 y Boulevar Bolívar, distinguido en su puerta de entrada con el número 26-70 de
esta Ciudad, inscrito en el catastro con el Predial No. 01030220001000, у alinderado
así:
[…]
ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago se
realizará de conformidad a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley 388 de 1997, y a
lo estipulado en el Artículo Tercero de la Resolución No. 0533 del 30 de Agosto de
2012, se determinó: "El valor del precio de adquisición o precio indemnizatorio que se
le reconocerá al propietario inscrito del predio SOCIEDAD VÍCTOR YEPES C. E
HIJOS LTDA. MESÓN DE LOS BÚCAROS, cuya oferta de compra se presenta y en
su defecto, el que entrare a operar en la expropiación administrativa de no lograrse
un acuerdo para la enajenación voluntaria, se constituye en la suma de DOS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandados Municipio de Bucaramanga
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($2.535.337.971) MONEDA
CORRIENTE, equivalente a la sumatoria de los AVALÚOS CORPORATIVOS
COMERCIALES 41, 42 Y 43 elaborado por la LONJA INMOBILIARIA SOCIEDAD
COLOMBIANA DE ARQUITECTOS REGIONAL SANTANDER, el cual se cancelará
así: El 40%, es decir, la suma de MIL CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y
CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.014.135.188) MONEDA
CORRIENTE, dentro de los 15 días siguientes a la firma de la Promesa de
Compraventa y entrega por parte del propietario de los documentos requeridos por la
Tesorería municipal de Bucaramanga para su pago; y el 60% restante, es decir la
suma de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESO ($1.535.337.971)
MONEDA CORRIENTE, con la entrega por parte de los propietario de los siguientes
documentos: a) Primera copia de la respectiva escritura pública de compra venta a
favor del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA debidamente inscrita ante la Oficina de
Registro con su respectivo certificado de tradición, libre de todo gravamen, b) Acta de
entrega material del predio al municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de
Infraestructura. c) Paz y salvos de servicios públicos domiciliarios y cancelación de
matrículas, y d) Escritura debidamente registrada de la Liquidación de la Propiedad
Horizontal. PARÁGRAFO: El pago del monto señalado queda sujeto a los descuentos
que por Ley debe hacer el municipio por concepto de estampillas del orden municipal
y Departamental."
ARTÍCULO TERCERO: La destinación del inmueble plenamente identificado en el
artículo primero del presente acto administrativo se realiza de acuerdo con las
declaratorias de utilidad pública o de interés social invocadas en el Decreto No. 0189
del 6 de Julio de 2010 y el Decreto No. 0129 del 28 de Junio de 2012 y la existencia
de especiales condiciones de urgencia por razones de utilidad pública e interés social
declaradas por medio del Decreto No. 0190 del 6 de Julio de 2010 y el Decreto No.
0128 del 28 de Junio de 2012, inmueble requerido para la CONSTRUCCIÓN DEL
INTERCAMBIADOR VIAL DE AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 27.
[…]
3. Resolución núm. 0398 de 16 de mayo de 2013, por este acto administrativo el
alcalde del Municipio de Bucaramanga resolvió el recurso de reposición interpuesto por
la parte demandante contra la Resolución núm. 0284 de 20 de marzo de 2013 que ordenó
la expropiación por vía administrativa del inmueble denominado El Mesón de los Búcaros.
RESOLUCIÓN No. 0398 DE 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN.
EL ALCALDE DE BUCARAMANGA,
En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las consagradas en
el artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 9a de 1989, la
Ley 388 de 1997 y, los Acuerdos Municipales No. 008 del 31 de Mayo de 2010 y 011
del 22 de Mayo de 2012 y, 1. 2. 3.
CONSIDERANDO
Que el Señor Alcalde del Municipio de Bucaramanga, expidió la Resolución Número
0284 de fecha veinte (20) de Marzo de 2013, "POR LA CUAL SE ORDENA LA
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA DEL BIEN INMUEBLE SOMETIDO AL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: EDIFICIO EL MESÓN DE LOS
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BÚCAROS, LEVANTADO SOBRE UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA
CARRERA 27 CON LA CALLE 22 Y BOULEVAR BOLÍVAR, DISTINGUIDO EN SU
PUERTA DE ENTRADA CON EL NÚMERO 26-70 DE ESTA CIUDAD, INSCRITO EN
EL CATASTRO CON EL PREDIO No. 01030220001000 PARA DESTINARLO A LA
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
"INTERCAMBIADOR VIAL DE LA AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA
27"."
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR, en todas sus partes la Resolución Número
0284 de fecha veinte (20) de Marzo de 2013, "POR LA CUAL SE ORDENA LA
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA DEL BIEN INMUEBLE SOMETIDO AL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: EDIFICIO EL MESÓN DE LOS
BÚCAROS, LEVANTADO SOBRE UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA
CARRERA 27 CON LA CALLE 22 Y BOULEVAR BOLÍVAR, DISTINGUIDO EN SU
PUERTA DE ENTRADA CON EL NÚMERO 26-70 DE ESTA CIUDAD, INSCRITO EN
EL CATASTRO CON EL PREDIO No. 01030220001000 PARA DESTINARLO A LA
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
"INTERCAMBIADOR VIAL DE LA AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA
27".", por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR la solicitud de SUBSANAR LOS ERRORES
COMETIDOS POR ACCIÓN U OMISIÓN de la Resolución Número 0284 de fecha
veinte (20) de Marzo de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: ORDÉNESE a la Secretaría de Hacienda y a la Tesorería
Municipal, a cancelar el valor del precio indemnizatorio de conformidad a lo
establecido en el Artículo 67 de la Ley 388 de 1997, y a lo estipulado en el Artículo
Tercero de la Resolución No. 0533 del 30 de Agosto de 2012 y Artículo Segundo de
la Resolución No. 0284 del 20 de Marzo de 2013, en los cuales se determinó el valor
que se le reconocerá al propietario inscrito del predio SOCIEDAD VÍCTOR YEPES C.
E HIJOS LTDA. MESÓN DE LOS BÚCAROS, la suma de DOS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($2.535.337.971) MONEDA CORRIENTE,
equivalente a la sumatoria de los AVALÚOS CORPORATIVOS COMERCIALES 41,
42 Y 43 elaborado por la LONJA INMOBILIARIA SOCIEDAD COLOMBIANA DE
ARQUITECTOS REGIONAL SANTANDER.
La destinación del inmueble plenamente identificado en el artículo primero del
presente acto administrativo se realiza de acuerdo con las declaratorias de utilidad
pública o de interés social invocadas en el Decreto No. 0189 del 6 de Julio de 2010 y
el Decreto No. 0129 del 28 de Junio de 2012 y la existencia de especiales condiciones
de urgencia por razones de utilidad pública e interés social declaradas por medio del
Decreto No. 0190 del 6 de Julio de 2010 y el Decreto No. 0128 del 28 de Junio de
2012, inmueble requerido para la CONSTRUCCIÓN DEL INTERÇAMBIADOR VIAL
DE LA AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 27.
[…]
4. Mediante el Decreto núm. 0109 del 6 de junio de 2013, el alcalde del municipio de
Bucaramanga renovó la declaratoria de utilidad pública de los predios requeridos para la
construcción del Intercambiador Vial de la avenida Quebradaseca con la carrera 27, así
como las condiciones especiales de urgencia que autorizaban su expropiación por vía
administrativa.
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DECRETO No. 0109 de 2013
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA LA DECLARATORIA DE UTILIDAD
PUBLICA DE LOS BIENES INMUEBLES SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL: EDIFICIO EL MESÓN DE LOS BÚCAROS,
LEVANTADO SOBRE UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA CARRERA 27 CON
LA CALLE 22 Y BOULEVAR BOLÍVAR, DISTINGUIDO EN SU PUERTA DE
ENTRADA CON EL NÚMERO 26-70 DE ESTA CIUDAD, INSCRITO EN EL
CATASTRO CON EL PREDIO No. 01030220001000, REQUERIDO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL DE LA AVENIDA
QUEBRADASECA CON CARRERA 27, Y SE DECLARAN LAS ESPECIALES
CONDICIONES DE URGENCIA QUE AUTORIZA SU EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA" EL ALCALDE MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, En uso de sus
facultades constitucionales y legales y en especial de las atribuciones conferidas por
el Acuerdo Municipal 008 del 31 de Mayo de 2010 y Acuerdo Municipal No. 011 de 22
de Mayo de 2012 y […]
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Declárese la renovación de la utilidad pública, de los predios
requeridos para la Construcción del INTERCAMBIADOR VIAL DE LA AVENIDA
QUEBRADASECA CON CARRERA 27 y las Especiales Condiciones de Urgencia que
autoriza su Expropiación por Vía Administrativa, de conformidad con lo establecido
en el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989 y el articulo 58 de la Ley 388 de 1997, los cuales
se relacionan en el siguiente cuadro:
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad a lo señalado en el artículo 37. de la Ley 9
de 1989, notifíquese personalmente el presente acto a los propietarios de los predios
afectados. ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia del presente acto administrativo
debidamente ejecutoriado a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bucaramanga, para que conforme con su competencia inscriba la medida en el
respectivo folio de matrícula inmobiliario.
ARTICULO CUARTO: Esta declaratoria surtirá los efectos. Consagrados en el artículo
64 de la Ley 388 de 1997, para permitir al Municipio de Bucaramanga, adelantar los
trámites de Expropiación por la Vía Administrativa respecto de los inmuebles
requeridos para la ejecución del proyecto mencionado.
ARTÍCULO QUINTO: Efectuado el registro de la decisión, el Municipio de
Bucaramanga, podrá exigir la entrega material del inmueble expropiado, sin
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necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al auxilio de las
autoridades de policía si es necesario.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo, en atención a lo
señalado en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
5.4. Análisis de la Sala
5.4.1. Respecto de la procedencia de control judicial de los actos administrativos
demandados
De manera previa a analizar los reparos presentados por las partes, para la Sala es
necesario determinar la procedencia de realizar el control judicial de los actos
administrativos demandados.
1. Respecto de la Resolución núm. 0533 del 30 de agosto de 2012, esto es, el acto
administrativo por el cual se determinó el procedimiento de expropiación por vía
administrativa y se formuló la oferta de compra de los inmuebles que integraban el edificio
El Mesón de los Búcaros, la Sala encuentra que debe declarar probada de oficio la
excepción de acto no susceptible de control judicial y, en consecuencia, inhibirse de su
estudio de fondo.
Lo anterior, porque esta Sección ha sido consistente en señalar que el acto por medio del
cual se formula la oferta de compra no es susceptible de control judicial 12. Esta posición
se sustenta en la literalidad del artículo 71 de la Ley 388 de 1997, el cual dispone lo
siguiente:
ARTICULO 71. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso-administrativa
con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los
cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. […].
De la norma transcrita se entiende que el acto administrativo susceptible de control
judicial es aquel que decide la expropiación; en este caso, la Resolución núm. 0284 del
20 de marzo de 2013, confirmada por la Resolución núm. 0398 del 16 de mayo de 2013.
Este alcance de la norma guarda plena consistencia con el artículo 43 del CPACA, el cual
señala que «son actos definitivos los que deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto o hacen imposible continuar con la actuación».
Esa naturaleza no puede ser atribuida a la Resolución núm. 0533 del 30 de agosto de
2012, pues, al constituir una oferta, requeriría de aceptación para consolidar la situación
jurídica, además de los demás trámites previstos en la Ley 388 de 1997. Adicionalmente,
la misma resolución señala que es el acto que inicia el proceso de expropiación
administrativa; en ese sentido, no puede ser tenida como un acto definitivo y, recuérdese
que, en principio, únicamente los actos administrativos definitivos son susceptibles de
control judicial13.
12 Al respecto:Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación
núm.: 25000-23-24-000-2011-00855-01; M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 25 de abril de
2018, Radicación núm.: 08001-23-33-000-2012-00453-01(21906), MP: Milton Chavez García: «De manera
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Respecto de la imposibilidad de realizar control judicial de los actos administrativos por
los cuales se formula la oferta de compra en el proceso de expropiación administrativa,
esta Sección ha señalado:
Vistos los artículos: i) 50, sobre actos definitivos del Código Contencioso Administrativo; y
ii) 429 del Código de Procedimiento Civil y atendiendo a que esta Sección ha considerado
que el acto por medio del cual la entidad pública hace una oferta de compra para adquirir
el bien inmueble previo a ordenar su expropiación no es susceptible de control judicial:
“[…] En efecto el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 señala que sólo pueden
controvertirse ante la jurisdicción, mediante la acción especial contencioso-
administrativa, los actos que deciden la expropiación. A propósito, esta norma
dispone:
[…]
De la literalidad de la norma transcrita se infiere, evidentemente, que la demanda
ante esta Jurisdicción procede únicamente contra el acto administrativo que
decide la expropiación.
[…]
De otro lado, es del caso señalar que los actos referentes a la oferta de compra no
están llamados a generar perjuicios al administrado, teniendo únicamente tal
potencialidad el acto administrativo de expropiación, por lo que, desde esta
perspectiva, tampoco se vislumbra el que proceda la acción incoada por la
demandante contra aquellos. Así se puntualizó por esta Sección en Sentencia de 18
de marzo de 2010, Expediente No. 2008-00434-01, con ponencia de quien presenta
esta Providencia:
De las explicaciones expuestas, considera la Sala que en la etapa de negociación
voluntaria la administración no está efectuando ningún tipo de actividad administrativa
que pueda perjudicar al administrado, pues precisamente, los términos en que se
presentan la negociación es voluntaria. Lo anterior permite concluir que el acto por
medio del cual se hace una oferta al propietario del bien inmueble que puede ser
objeto de expropiación administrativa o judicial dependiendo de las circunstancias ya
reseñadas, no genera un perjuicio alguno para el actor.
Así las cosas, le asiste razón al a quo cuando afirma que la acción especial
contencioso administrativa tendiente a obtener la nulidad y restablecimiento del
derecho o a controvertir el precio indemnizatorio, se predica en exclusiva del
acto administrativo expropiatorio en los términos del artículo 71 de la Ley 388 de
1997 […]” (Se resalta y subraya).
Por lo expuesto anteriormente, se considera que la Resolución núm. 6866 de 13 de
diciembre de 2006, expedida por la directora técnica de predios del Instituto de Desarrollo
Urbano, mediante la cual se determinó la adquisición de una zona de terreno, por el
procedimiento de expropiación administrativa y se formula una oferta de compra no
es susceptibles de control judicial, por cuanto la acción prevista en el artículo 71 de la
Ley 388 no procede contra este tipo de actos14. [Destaca la Sala]
Por lo anterior, la Sala declarará de oficio probada la excepción de acto no susceptible
de control judicial y se inhibirá para pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución 0533
que únicamente las decisiones de la Administración, provenientes de un procedimiento administrativo o los
actos que hacen imposible la continuación de la actuación o que decidan de fondo el asunto, son
susceptibles de control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En
consecuencia, los “actos preparatorios, de trámite y de ejecución que, como tales, se limitan a preparar,
impulsar la actuación administrativa, o dar cumplimiento a la decisión, no son demandables”»
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera. Sentencia del 10 de abril
de 2025, Radicación núm.: 25000232400020070025401. MP. Hernando Sánchez Sánchez.
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de 30 de agosto de 2012.
2. Por otro lado, respecto a la Resolución núm. 0284 del 20 de marzo de 2013 «por
la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del bien inmueble sometido al
régimen de propiedad horizontal: Edificio el Mesón de los Búcaros» y la Resolución núm.
0398 del 16 de mayo de 2013 «Por medio de la cual se resuelve un recurso de
reposición», la Sala encuentra que, en virtud del artículo 71 de la Ley 388 de 1997, sí son
susceptibles de control judicial.
3. Finalmente, respecto del Decreto núm. 0109 del 6 de junio de 2013, «por medio
del cual se renueva la declaratoria de utilidad pública de los bienes inmuebles sometidos
al régimen de propiedad horizontal: Edificio El Mesón de los Búcaros […] y se declaran
las especiales condiciones de urgencia que autorizan su expropiación por vía
administrativa», se pone de presente que, antes de 2015, esta Sección no contaba con
un criterio unificado en relación con la posibilidad de someter a control judicial los actos
administrativos mediante los cuales se decretaba la utilidad pública de determinados
inmuebles, se declaraban las condiciones de urgencia y se establecían los motivos de
utilidad pública dentro de un proceso administrativo de expropiación. No obstante, a partir
de la Sentencia de Unificación del 11 de diciembre de 2015, proferida dentro del radicado
núm. 25000-23-24-000-2006-01002-01, dicha cuestión quedó zanjada, al resolverse que
tales actos sí son susceptibles de control judicial. Al respecto, en la mencionada sentencia
se señaló lo siguiente:
En conclusión, la Sala adopta los siguientes criterios en aras de unificar la jurisprudencia:
• Todo procedimiento expropiatorio debe respetar el principio de legalidad como
expresión democrática del Estado Social de Derecho.
• No puede haber actos exentos de control judicial; se proscribe la inexistencia
de controles judiciales respecto de las actuaciones resultantes del ejercicio del
poder público en materia expropiatoria.
• Los actos que declaran los motivos de utilidad pública o de interés social crean
una situación jurídica particular y concreta; producen efectos jurídicos
inmediatos y directos respecto del administrado.
• La revisión judicial de los motivos de utilidad pública o de interés social se puede
hacer vía judicial a través del ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento
del derecho.
• La acción especial contencioso – administrativa también procede contra el acto
administrativo que decide la expropiación con el fin de “obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio
indemnizatorio reconocido”, al tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
388 de 1997.
Se hace énfasis que la decisión guarda relación con la expropiación administrativa figura
diferente a la expropiación judicial15. [Destaca la Sala]
En sentencia posterior, esta Sección señaló que la naturaleza de los actos administrativos
mediante los cuales se decreta la utilidad pública y las condiciones de urgencia, en el
marco de un proceso de expropiación, corresponde a un acto administrativo de carácter
mixto. Por tanto, el medio de control que se ejerce respecto de estos actos depende de
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de Unificación
del 11 de diciembre de 2015, Radicación núm.: 25000-23-24-000-2006-01002-01. MP: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia del 11 de abril de 2024, Radicación núm.: 68001 23 31 000 2011 00025 02. MP: Nubia Margoth
Peña Garzón.
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la situación jurídica en la que se encuentre el actor frente al acto censurado, de la
pretensión formulada y de los cargos expuestos en la demanda para controvertir la
legalidad de la decisión administrativa. En ese sentido:
Resulta necesario puntualizar que el acto mediante el cual el ente territorial declara la
urgencia para la adquisición de inmuebles en el marco de un proceso de expropiación es
un acto mixto, en tanto produce efectos generales representados por los motivos de
interés general que se invocan para calificar un predio como de utilidad pública, pero
también provocan efectos particulares en la medida en que crean una situación jurídica
en relación con el derecho de propiedad que ostenta el particular sobre el predio objeto
de esa decisión.
[…]
También se ha indicado que el carácter mixto de este tipo de actos permite que sean
impugnables por medio de las acciones de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento
del derecho, dependiendo de lo que se pretenda en cada caso. Así, si lo que se busca es
la desaparición de aquella parte que afecta de manera directa y específica el inmueble de
propiedad del demandante o la indemnización de perjuicios la acción procedente será la
de nulidad y restablecimiento del derecho; en tanto que si lo perseguido es la desaparición
de los efectos jurídicos del acto sin ninguna referencia a un interés subjetivo entonces la
procedente es la acción de simple nulidad.
[…]
El control judicial entonces depende de la situación jurídica en la que se encuentre el
actor respecto del acto censurado, de la pretensión formulada y de los cargos
esbozados para controvertir la legalidad de la decisión, toda vez que se requiere que
en uno y otro caso se precisen de manera directa y detallada16. [Destaca la Sala]
Teniendo en cuenta la jurisprudencia citada y los criterios que esta ha decantado para
determinar qué medio de control procede en contra del acto administrativo que decreta
la utilidad pública y las condiciones de urgencia, en el presente caso el medio de control
adecuado para controvertir el Decreto núm. 109 de 2013 era el contemplado en el artículo
138 del CPACA.
Lo anterior, toda vez que, en relación con la situación jurídica del actor, se encuentra que
este es el directamente afectado por el Decreto núm. 109 de 2013 y que, con la tercera
pretensión formulada en la demanda persigue la nulidad de dicho acto. Además, en la
pretensión cuarta de la misma demanda, se señala que «como consecuencia de las
anteriores declaraciones, se restablezca el derecho de los accionantes». En
consecuencia, se evidencia que el demandante buscaba la nulidad del acto administrativo
comentado en este aparte y el restablecimiento del derecho como consecuencia de dicha
nulidad.
Pese a lo expuesto, la Sala observa que, si bien la sociedad demandante interpuso el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Decreto núm.
0109 del 6 de junio de 2013, la demanda adolece de una indebida acumulación de
pretensiones, toda vez que el proceso contemplado en el artículo 138 del CPACA tiene
un trámite procedimental distinto al previsto en el artículo 71 de la Ley 388 de 199717.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 14 de abril
de 2016, Radicación núm.: 05001233100020030010301. MP: Guillermo Vargas Ayala.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 20 de marzo
de 2025, Radicación núm.: 05001233300020210151901. MP: Hernando Sánchez Sánchez.
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Así las cosas, no se cumple con el numeral cuarto del artículo 165 del CPACA, el cual
señala que «en la demanda se podrán acumular las pretensiones de nulidad, de nulidad
y restablecimiento del derecho […] siempre que sean conexas y concurran los siguientes
requisitos: […] 4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento». Por ello, la
Sala se abstendrá de estudiar la pretensión tendiente a declarar la nulidad del Decreto
núm. 109 de 2013 y, en su lugar, declarará de oficio la excepción de inepta demanda por
indebida acumulación de pretensiones respecto de la pretensión consistente en la nulidad
del Decreto núm. 109 de 2013.
5.4.2. La presunta extemporaneidad y la consecuente falta de competencia en la
expedición de los actos administrativos demandados
La Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos LTDA. sostuvo que las resoluciones acusadas fueron
expedidas de manera extemporánea, por fuera del término de un año previsto en el
Acuerdo núm. 011 de 201218, por el cual se facultó al alcalde del Municipio de
Bucaramanga para declarar la utilidad pública e interés social de los predios requeridos
para la construcción del intercambiador vial avenida Quebradaseca con carrera 27. En
ese sentido señaló lo siguiente en su escrito de apelación:
La Resolución Nro. 0533 del 30 de Agosto de 2012 en uso de sus facultades
constitucionales y legales, determina el procedimiento de expropiación vía
administrativa y se formula la oferta de compra de los inmuebles con folio de matrícula
inmobiliarias Nros. 300-224800, 300-224801 (este predio que corresponde a la parte
estructural del edificio se encuentra enunciado en el numeral a) y 300- 224802 basados
en el Acuerdo Municipal Nro. 008 del 31 de Mayo de 2010 y Acuerdo Municipal Nro.
014 del 2 Mayo de 2012 (no existe) y si es en el Acuerdo Municipal 011 del 22 de Mayo
de 2012 y en el Acuerdo Municipal 008 del 31 de Mayo de 2010 se prueba con ello que la
Resolución 0533 del 30 de Agosto de 2012 fue extemporánea. Partiendo de allí todo lo
demás actuado por el Municipio de Bucaramanga. [Destaca la Sala]
La Sala encuentra que este punto no fue estudiado con suficiente detenimiento en la
sentencia de primera instancia, toda vez que del texto de la providencia impugnada solo
se encuentra la siguiente referencia a la idoneidad del proceso expropiatorio:
Expuesto el trámite de expropiación, la Sala advierte que en principio se cumplieron con
los requisitos sustanciales y procedimentales que regulan el mismo, toda vez que
existían las condiciones de urgencia señaladas en el artículo 65 de la Ley 388 de 1997 y
se presentaban motivos de utilidad pública o interés social que autorizaban este tipo de
expropiación, como lo es la "Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y
sistemas de transporte masivo". Así mismo, el Concejo Municipal de Bucaramanga otorgó
facultades al Alcalde de Bucaramanga para declarar la urgencia mediante Acuerdo N° 011
del 22 de Mayo de 2012, y este último en efecto la declaró a través de los Decretos 128 y
129 del 28 de Junio de 2012.
En este punto, vale la pena señalar que si bien en los Decretos 128 y 129 del 28 de Junio
de 2012 se indica que el Alcalde de Bucaramanga actúa en uso de las atribuciones
constitucionales y legales, en especial de las facultades otorgadas en la Ley 388 de 1997
y en el Acuerdo N° 014 del 2 de Mayo de 2012, cuando en realidad el acto administrativo
que otorga las facultades para declarar por motivos de utilidad pública o interés social, la
adquisición de los predios requeridos para el intercambiador vial Avenida Quebradaseca
18 Por medio del cual se otorgan facultades al señor alcalde para declarar la utilidad pública de unos predios,
y las especiales condiciones de urgencia que autoriza su expropiación vía administrativa.
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con Carrera 27 y la existencia de especiales condiciones de urgencia que autorizan a la
expropiación vía administrativa era el Acuerdo N°011 del 22 de Mayo de 2012. considera
la Sala que tal situación obedeció a un error de transcripción que no desvirtúa la legalidad
de los actos administrativos acusados, -pues lo cierto era que, existía la autorización por
parte del Concejo.
Continuando con el estudio y revisión de las etapas del proceso de expropiación por vía
administrativa, observa la Sala que el Municipio de Bucaramanga cumplió con la etapa de
la oferta, mediante la expedición de la Resolución N° 0533 del 30 de Agosto de 2012 en
la que determina el procedimiento de expropiación vía administrativa y formula la oferta de
compra del inmueble. Agotada la primera etapa comienza la subsiguiente, consistente en
la negociación. En ella, según lo dispone la Ley 388 de 1997, se busca, entre otras cosas,
modificar el precio base que la administración fijó en la oferta y terminar el proceso
anticipadamente por la enajenación voluntaria del bien. [Destaca la Sala]
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a estudiar este reparo. Sin embargo,
desde este momento se pone de presente que no le asiste razón a la demandante en
relación con este aspecto, por las siguientes razones.
En primer lugar, se resalta que esta Sección, en sentencia reciente, dentro del radicado
núm. 68001-23-33-000-2015-00811-02, ya tuvo la oportunidad de estudiar el contenido y
alcance del Acuerdo núm. 011 del 22 de mayo de 2012, expedido por el Concejo
Municipal de Bucaramanga. A continuación, se transcriben in extenso los análisis
realizados en dicha sentencia:
La Sala observa que el Acuerdo 011 de 2012 no constituye en sí mismo un acto de
declaratoria de utilidad pública ni de expropiación, sino un acto de autorización conferido
por el Concejo Municipal al alcalde, en los términos del artículo 313 (numeral 3) de la
Constitución Política.
Al respecto el referido acuerdo señala:
[...]
Acuerdo 011 de 22 de mayo de 2012
“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE PARA
DECLARAR LA UTILIDAD PUBLICA DE UNOS PREDIOS, Y LAS ESPECIALES
CONDICIONES DE URGENCIA QUE AUTORIZA SU EXPROPIACION VÍA
ADMINISTRATIVA”.
El CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA En uso de las facultades constitucionales y
legales, y en especial las consagradas en el artículo 313 (3) de la Constitución política y las
leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, y
Que dentro de las obras planteadas por el gobierno municipal en el Plan de desarrollo 2012-
2015, son prioridad durante el presente cuatrienio, para recuperar la movilidad vial y posicionar
a Bucaramanga en la plataforma de ciudades modernas, sostenibles, atractivas, seguras y
con adecuada infraestructura de servicios, diez (10) mega-proyectos, nueve de los cuales
hacen parte del plan maestro de movilidad entre los cuales se encuentran el
INTERCAMBIADOR VIAL DE LA AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15 Y EL
INTERCAMBIADOR VIAL DE LA AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 27.
Que los intercambiadores de la Carrera 15 y la Carrera 27 con la Avenida Quebradaseca y La
Transversal Oriental - La Flora, están relacionados dentro de la tabla 27 denominado Nuevos
Proyectos de Infraestructura Vial del Plan Maestro de Movilidad 2010-2030 (Anexo 01).
Que el Honorable concejo Municipal de Bucaramanga, mediante Acuerdo No. 008 del 31 de
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Mayo de 2010, facultó por un término de seis (6) meses, al señor Alcalde para declarar de
utilidad pública e interés social, así como también la existencia de especiales condiciones de
urgencia, que autorizan la expropiación vía administrativa de los predios requeridos para la
construcción de los INTERCAMBIADORES VIALES de la avenida QUEBRADASECA CON
CARRERA 27 (MESON DE LOS BUCAROS) Y AVENIDA QUBRADASECA CON CARRERA
15, relacionados en el acuerdo.
[…]
ACUERDAN
ARTICULO PRIMERO: Facúltese al señor Alcalde del Municipio de Bucaramanga para que
declare por motivos de utilidad pública o interés social, la adquisición de los predios requeridos
para la construcción del INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADASECA CON
CARRERA 15, identificados con los Folios de Matricula Inmobiliaria No. 300- 21613, 300-
194307, 300-99647, 300-20089, 300- 19965, 300-19990, 300- 228810, 300-228809, 300-
14491, 300-53884, 300- 43909,300-43908, 300-228808, 300-228807, 300-19991, 300-20132,
300-2360, 300- 99648, 300-194306, 300- 180130, 300- 3986, 300-3990, 300-32194, 300-
38720, 300- 199958, 300-199959, 300-199960, 300-251721, 300- 251722, 300-52395 y 300-
46092, e identificados en el ANEXO 1
[…]
ARTICULO SEXTO: Las facultades otorgadas son por el término de un (1) año contado a partir
de la vigencia del presente acuerdo19.
[…]
Ahora bien, el artículo sexto es cierto que el acuerdo fijó el término de un año, para el
ejercicio de las facultades conferidas al alcalde para expedir los actos de declaratoria de
utilidad pública e interés social y de condiciones de urgencia, esto es, los actos habilitantes
del procedimiento expropiatorio.
No obstante, no se desprende de su texto que el Concejo hubiese condicionado a ese
mismo término la culminación del procedimiento de adquisición predial en todas sus fases,
enajenación voluntaria y eventual expropiación, ni que hubiese establecido una caducidad
del trámite administrativo si no se dictaban dentro del año las resoluciones de oferta o de
expropiación.
No existe en el texto del acuerdo una disposición que imponga la obligación de expedir las
resoluciones de oferta o de expropiación dentro del año de vigencia de la autorización, ni
puede inferirse tal consecuencia de manera extensiva sin desconocer la diferencia entre
acto habilitante y los actos de ejecución.
En consecuencia, no se configura la extralimitación funcional alegada por la parte actora
ni la extemporaneidad de los actos acusados con fundamento en el Acuerdo 011 de
201220.
Pues bien, conforme al entendimiento que le ha dado esta Sala al Acuerdo núm. 011 del
22 de mayo de 2012, la habilitación otorgada por el Concejo Municipal de Bucaramanga
al alcalde de dicha entidad territorial se circunscribía a la expedición de los actos de
declaratoria de utilidad pública e interés social y de las condiciones de urgencia, los
cuales constituyen los actos habilitantes del procedimiento expropiatorio, mas no a la
19 El numeral segundo del acuerdo es el aplicable al presente caso: «ARTICULO SEGUNDO: Facúltese al
Señor Alcalde del Municipio de Bucaramanga para que declare por motivos de utilidad pública o Interés
social, la adquisición de los predios requeridos para la construcción del INTERCAMBIADOR VIAL
AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 27, identificados con los Folio de matrícula No. 300-224800,
300-224802, 300-98087, 300-52210, 300-48304, 300-23164, 300-119481, 300-48303 y 300-3425, e
identificados en el ANEXO 2.»
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera. Sentencia del 26 de febrero
de 2026, Radicación núm.: 68001-23-33-000-2015-00811-02. MP: Nubia Margoth Peña Garzón.
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realización de todo el proceso de expropiación administrativa de los inmuebles cobijados
por tales declaratorias. Por consiguiente, el proceso expropiatorio podía extenderse más
allá del año contado desde la expedición del Acuerdo núm. 011 del 22 de mayo de 2012.
Por lo anterior, no le asiste razón a la Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos LTDA, con
relación a la extemporaneidad de los actos acusados con fundamento en el Acuerdo 011
de 2012.
5.4.3. La presunta extemporaneidad en el pago de la indemnización por la
expropiación y sus consecuencias
Respecto a este reparo, la demandante sostuvo que la alcaldía puso a disposición de la
Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos LTDA., el pago por concepto de la expropiación del
edificio El Mesón de los Búcaros solo hasta el 25 de junio de 2013, es decir, 21 días
hábiles después de que según ella debió habérsele entregado ese pago.
La Sala encuentra que el a quo omitió el estudio de este argumento en la sentencia de
primera instancia. No obstante, la falta de pronunciamiento en el fallo objeto de apelación
sobre este punto obedece a que no quedó incorporado en la fijación del litigio, cuestión
en la cual la parte demandante no reparó. En la audiencia inicial del presente proceso, al
momento de determinar qué puntos serían debatidos en el proceso, se puso de presente
los siguientes:
Se concreta el desacuerdo o litigio en que para la demandante SOCIEDAD VICTOR
YEPES C. e HIJOS LTDA. MESON DE LOS BUCAROS: a)-. El inmueble el identificado
con matrícula inmobiliaria 300-224801 no estaba incluido dentro de la autorización de
expropiación. b)-. Que el Acuerdo 014 del 2 de mayo de 2012 invocado como soporte de
los actos acusados no existe, pero si existe el Acuerdo 014 del 30 de mayo de 2012, pero
no tiene nada que ver con lo aplicado. c)- . En que los actos administrativos acusados
vulneran la constitución y la ley por cuanto incurren en errores graves en el procedimiento
expropiatorio al no incluir dentro del valor indemnizatorio, el valor del precio del
establecimiento de comercio MESON DE LOS BUCAROS de propiedad de la SOCIEDAD
VICTOR YEPES e HIJOS Ltda. MESON DE LOS BUCAROS, ni el valor del lucro cesante
futuro de los socios ya que la fijación de la indemnización fue abstracta y general, no tuvo
en cuenta el caso particular de los demandantes, y por ende el valor de la indemnización
o reparación no fue justo. d)-. Además de todos los errores procedimentales y técnicos en
que incurrieron los actos atacados la Resolución Nro. 0284 del 20 de marzo de 2013 se
expidió por fuera del término ya que el Alcalde solo tenía 30 días después de la vigencia
de la Resolución 0533 del 30 de agosto de 2012, igualmente se expidió
extemporáneamente el Decreto 0109 del 6 de junio de 2013 porque los Acuerdos Nro. 008
del 31 de mayo de 2010 y 11 del 22 de mayo de 2012, ya no estaban vigentes. Por ello
estima que el Alcalde del Municipio de Bucaramanga se extralimito en sus funciones. En
tanto que para el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: […]
Esta es la manera como se concreta o se fija el litigio por parte del Despacho. Se le
concede la palabra a los intervinientes quienes manifiestan estar conformes con la
fijación del litigio. Por lo anterior, por AUTO: el Despacho declara precluida esta etapa de
la diligencia y se continúa con la misma. [Destaca la Sala]
Como se puede apreciar, la apoderada de la sociedad aceptó los cuatro puntos expuestos
por el tribunal, pese a que el consistente en el pago tardío de los emolumentos no se
encontraba en la fijación del litigio. Recuérdese que la fijación del litigio es la etapa dentro
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de la audiencia inicial en la que se traba el objeto del litigio, «precisando los hechos que
considera demostrados y los que requieran ser probados»21.
Esta corporación ha señalado anteriormente que de la fijación del litigio se desprende el
problema jurídico o los problemas jurídicos que han de ser resueltos en la sentencia, en
ese sentido:
El artículo 180 del CPACA señala las reglas a las que se debe sujetar la audiencia inicial.
Una de estas reglas tiene que ver con la fijación del litigio (numeral 7). La fijación del litigio
consiste en determinar de manera precisa los puntos de desacuerdo de las partes, porque
en torno a estos se dirigirá la dinámica probatoria y, por ende, la resolución del conflicto.
Conforme con la fijación de litigio, el juez debe identificar y formular el problema jurídico
que se va a resolver en la sentencia, en el marco de las normas aplicables al caso
concreto. De esta manera, la resolución del problema jurídico es la que orienta la
motivación de la sentencia. 22
Ahora bien, pese a lo expuesto, la Sala pone de presente que el cargo tampoco tiene
vocación de prosperidad. En primer lugar, porque la jurisprudencia ha entendido que uno
de los elementos esenciales de la indemnización en la expropiación administrativa
consiste en su carácter previo. Al respecto:
La indemnización, según la Corte Suprema de Justicia, es "definición y reconocimiento del
derecho del propietario, con anterioridad a la expropiación, de modo que no haya, por una
parte, expropiaciones arbitrarias, y por otra, que el dueño pueda contar desde entonces
con bienes o valores comerciales, enajenables y ciertos, equivalentes al perjuicio causado"
La Corte ha establecido como características constitucionales de la indemnización en caso
de expropiación, las siguientes:
(i) La indemnización debe ser pagada antes del traspaso del dominio del bien.
Esta corporación [se refiere a la Corte Constitucional] en numerosas ocasiones ha
destacado el carácter, la condición o la exigencia previa de la indemnización y menos
veces se ha referido al momento preciso de pago. En la sentencia C-153 de 1994, como
aspecto sustancial, conforme a los fines del artículo 58 superior, indicó que “la
expropiación exige la indemnización previa a la transferencia del derecho de dominio” […]
En ese orden, cuando un particular se ve constreñido por el Estado a transferirle una
porción de su patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés social
debidamente determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una
indemnización previa, garantía sobre la cual también se ha pronunciado el Consejo de
Estado23. [Destaca la Sala]
Con el anterior criterio, a partir de la verificación de los documentos obrantes en el
expediente digital la Sala advierte demostrado que la representante de la sociedad Víctor
Yepes C. e Hijos LTDA. recibió la totalidad de la indemnización por la expropiación del
inmueble denominado El Mesón de los Búcaros el 21 de agosto de 201324 (aunque tenía
a su disposición dicho dinero desde el 7 de junio de 2013, como se verá más adelante)
y, según informa la demandante, la entrega material del bien se surtió el 15 de enero de
21 Código General del Proceso, numeral 7 del artículo 372.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 10 de octubre
de 2019, Radicación núm.: 63001-23-33-000-2015-00254-01(23096). MP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
23 Corte Constitucional, Sentencia C-306 del 22 de mayo de 2013, MP: Nilson Pinilla Pinilla.
24 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO I TRIBUNAL», FL. 222.
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2014. En ese sentido, se cumplió con la característica esencial de la indemnización25,
esto es: el pago previo a la transferencia del derecho de dominio del bien expropiado.
En segundo lugar, porque la tardanza que alega la parte demandante no tiene la
implicación necesaria para decretar la nulidad de la actuación, pues esta Sección, de
manera reiterada, al interpretar el artículo 70 de la Ley 338 de 1993, ha sostenido que el
hecho de no entregarse de manera inmediata los dineros correspondientes a la
expropiación, siempre que sea dentro de un plazo razonable, no vicia de nulidad la
actuación administrativa, sino que tiene efectos respecto de su eficacia26.
En tercer lugar, la tardanza no fue irrazonable. Lo anterior, si se tiene en cuenta que en
la sentencia mediante la cual se decidió la acción de tutela interpuesta por la sociedad
Víctor Yepes C. e Hijos Ltda. en contra del Municipio de Bucaramanga, en la que dicha
sociedad alegó la vulneración de distintos derechos fundamentales —entre ellos, el
derecho al debido proceso—, por no habérsele consignado de manera inmediata los
dineros correspondientes a la indemnización derivada de la expropiación del inmueble
denominado El Mesón de los Búcaros, el juez constitucional encontró probado lo
siguiente:
[E]n el expediente se encuentra demostrado que, el valor indemnizatorio fue puesto a su
disposición, ya que el 7 de junio del 2013, el municipio de Bucaramanga expide el
certificado de disponibilidad presupuestal No. 2572 y el certificado de registro presupuestal
No. 4960 por el valor total de $2-535.337.971, debiendo la SOCIEDAD VICTOR YEPES
C E HIJOS LTDA. MESON DE LOS BUCAROS, retirar dichos valores, pero al no proceder
de conformidad, el ente territorial, conforme a lo dispuesto en los numerales 2° y 3 del
articula 70 de la ley 368 de 1997, procedió a consignar el valor total del precio
indemnizatorio en el Banco Agrario de Colombia en la cuenta de Depósitos Judiciales del
Municipio de Bucaramanga, el día 1º de Julio de 201327.
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la sociedad accionante tuvo a su disposición
los recursos desde el 7 de junio de 2013, y no desde el 25 de junio de ese mismo año,
como se alega. Lo anterior, si se considera que la Resolución núm. 0398, por medio de
la cual quedó en firme la Resolución núm. 0284, mediante la cual se ordenó la
expropiación por vía administrativa del inmueble correspondiente al edificio El Mesón de
los Búcaros, fue expedida el 16 de mayo de 2013. En consecuencia, la disponibilidad del
pago se produjo en un término inferior a quince (15) días hábiles, lapso que a juicio de la
Sala resulta prudencial y razonable, teniendo en cuenta las gestiones internas propias de
las autoridades administrativas y la cuantía de la indemnización28.
25 Téngase qué cuándo se acepta el pago tardío sin objeción, por regla general, se tiene por cumplida la
obligación. «en principio el deudor puede intentar un cumplimiento tardío, y el acreedor, de entrada, es libre
de aceptarlo o rehusarlo, solo qué en este último caso está la prevención del abuso del derecho, toda vez
qué sí la pretensión conserva aún su valor y pertinencia para la economía del contrato, no se justificaría
repudiarla» HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el
negocio jurídico vol. I. Universidad Externado, 2015.
26 Al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de
27 de febrero de 2025. Proceso núm. 25000234100020150240201 M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Reiterada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del
12 de febrero de 2026, radicación núm. 25000-23-41-000-2016-01799-01, M. P. Nubia Margoth Peña
Garzón.
27 JUZGADO VEINTITRÉS PENAL MUNICIPAL DE DEPURACIÓN DE BUCARAMANGA, Sentencia del 6
de agosto de 2013, Juez Ana Villarreal Goméz. Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO II
TRIBUNAL», FL. 219.
28 En un caso similar al presente, se consideró que el término había sido prudente, cuando el último acto
administrativo que dejó en firme el valor de la indemnización se expidió el 3 de agosto de 2016 y el pago
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Así las cosas, la Sala considera que no le asiste la razón a la sociedad apelante respecto
este reparo.
5.4.4. Respecto a los reparos de la indemnización reconocida
En este punto, ambas partes discuten la decisión de primera instancia. Por un lado, el
Municipio de Bucaramanga sostiene que la indemnización reconocida por el bien
expropiado fue justa e incluyó una adecuada ponderación entre el interés general y el
particular; asimismo, afirma que no debe reconocerse emolumento alguno a la sociedad
demandante por concepto del establecimiento de comercio denominado El Mesón de los
Búcaros. Por su parte, la sociedad Víctor Yepes C. e Hijos Ltda. considera que no solo
debía reconocérsele una indemnización por el establecimiento de comercio, sino que
también tiene derecho al pago del lucro cesante, y discrepa de que no se hubieran tenido
en cuenta los peritajes allegados al proceso para la determinación de dichos valores.
Por lo tanto, de acuerdo con los argumentos de las partes, en el presente caso, en esta
instancia, no se discute la indemnización por el valor propiamente de los inmuebles
expropiados, pues ambas partes están de acuerdo con el valor pagado por ese concepto
y no se discute la idoneidad de los peritajes que sustentaron la expropiación del inmueble.
De hecho, la demandante en su escrito de apelación señaló lo siguiente:
Analizado el dictamen pericial la Sala no encontró reparo frente a la suma reconocida a los
demandantes por valor de $2.252.100.000.00 por concepto del valor del inmueble objeto
de expropiación, análisis en el cual me encuentro de acuerdo. [Destaca la Sala]
Con fundamento en las anteriores precisiones, la Sala abordará, en primer término, el
análisis relativo a la indemnización solicitada por el valor del establecimiento de comercio,
aspecto en el que se centra la solicitud de indemnización por daño emergente, pretensión
que fue reconocida por el a quo y cuyo otorgamiento es objeto de apelación por parte del
municipio.
La Sala precisa que la sociedad demandante concentró sus pretensiones indemnizatorias
por concepto de daño emergente, derivadas de la expropiación administrativa, en dos
aspectos: (i) un mayor valor del inmueble y (ii) el valor del establecimiento de comercio
denominado El Mesón de los Búcaros.
No obstante, en relación con la primera, esta fue desestimada por el juez de primera
instancia, decisión que no fue objeto de apelación, en tanto la actora manifestó
expresamente su conformidad, como se desprende de la transcripción previamente
citada.
En ese orden, el debate en segunda instancia, en lo concerniente al daño emergente, se
circunscribe exclusivamente al reconocimiento de la pretensión relativa al valor del
establecimiento de comercio denominado El Mesón de los Búcaros, planteada en los
siguientes términos:
se puso a disposición el 26 de agosto del mismo año, es decir, 16 días hábiles después. Al respecto:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 12 de febrero
de 2026, radicación núm. 25000-23-41-000-2016-01799-01, M. P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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7. Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a cancelar a la SOCIEDAD
VICTOR YEPES C. E HIJOS LTDA. MESON DE LOS BUCAROS la suma de DOS MIL
TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS ($2.035.160.838,oo) por concepto del valor comercial del Establecimiento de
Comercio MESON DE LOS BUCAROS de propiedad de la SOCIEDAD VICTOR YEPES C.
E HIJOS LTDA. MESON DE LOS BUCAROS. Por concepto de daño emergente.
En segundo término, se examinará lo atinente al lucro cesante reclamado por la parte
demandante, rubro que fue negado en su totalidad por el tribunal, decisión respecto de
la cual la demandante se opuso en su apelación y respecto el cual subsisten en esta
etapa procesal las siguientes pretensiones:
Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA al pago por concepto de Luсго Cesante
Futuro a la Señora ANGELA MARIA YEPES GARCIA por valor de MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
CON SESENTA CENTAVOS ($1.588.013.943,60) equivalente al valor presente de los flujos
futuros de efectivo (ganancia o utilidad) dejados de percibir como consecuencia de la
afectación y daño producto de la expropiación del Establecimiento de Comercio MESON-DE
LOS-BUCAROS.
Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA al pago por concepto de Lucro Cesante
Futuro a la Señora MARIA VICTORIA YEPES GARCIA por valor de MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
VEINTISEIS PESOS ($1.958.297.226,00) equivalente al valor presente de los flujos futuros
de efectivo (ganancia o utilidad) dejados de percibir como consecuencia de la afectación y
daño producto de la expropiación del Establecimiento de Comercio MESON DE LOS
BUCAROS.
Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA al pago por concepto de Lucro Cesante
Futuro a la Señora OLGA MARIA YEPES GARCIA por valor de DOS MIL CUARENTA Y
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS ($2.043.954.244,00) equivalente al valor presente de los
flujos futuros de efectivo (ganancia o utilidad) dejados de percibir como consecuencia de la
afectación y daño producto de la expropiación del Establecimiento de Comercio MESON DE
LOS BUCAROS.
Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA al pago por concepto de Lucro Cesante
Futuro al Señor VICTOR ALFONSO YEPES GARCIA por valor de MIL OCHOCIENTOS
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO
PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($1.802.266.155,70) equivalente al valor presente de
los flujos futuros de efectivo (ganancia o utilidad) dejados de percibir como consecuencia de
la afectación y daño producto de la expropiación del Establecimiento de Comercio MESON
DE LOS BUCAROS.
Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA al pago por concepto de Lucro Cesante
Futuro a la Señora MARIA VICTORIA YEPES GARCIA equivalente al valor presente de los
arrendamientos correspondiente al alquiler de la terraza del Edificio MESON DE LOS
BUCAROS la cual se encuentra ubicada la valla de publicidad, dejados de percibir como
consecuencia de la afectación y daño producto de la expropiación del inmueble, el valor será
el dictaminado pericialmente.
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Previo a abordar los mencionados temas, se pone de presente que la Corte
Constitucional, en la Sentencia C-1074 de 200229, explicó las reglas generales que rigen
la indemnización en el marco de la expropiación, en los siguientes términos:
“[…] De lo anterior, a la luz de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional en la
materia, se deducen las siguientes conclusiones:
1. No puede haber expropiación sin indemnización;
2. La indemnización debe ser previa al traspaso del dominio del bien del particular al
Estado;
3. La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser fijada teniendo en cuenta los
intereses de la comunidad y del afectado y, por lo tanto, esos intereses deben ser
ponderados caso por caso. La ponderación dentro del marco legal y constitucional la hará
el juez civil en el evento de expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante o el juez
contencioso en el evento de la expropiación por vía administrativa;
4. La función de la indemnización es, por regla general, de orden reparatorio. Comprende
tanto el daño emergente como el lucro cesante. No obstante, en algunas
circunstancias, al ser consultados los intereses de la comunidad y asumir dichos intereses
un peso especial, ésta puede reducirse y cumplir tan sólo una función compensatoria. De
otra parte, en circunstancias diversas, al ser consultados los intereses del afectado y
adquirir éstos una relevancia constitucional especial, como en el evento de la vivienda
familiar y en otros que serán precisados en esta sentencia, la indemnización puede, tanto
en su monto como en su forma de pago, asumir una modalidad que la lleve a cumplir una
función restitutiva.
5. La indemnización no tiene que ser siempre pagada en dinero en efectivo, pero si se
paga la indemnización con instrumentos distintos al dinero, éstos han de reunir por lo
menos las siguientes características: i) No pueden transformar el pago de la indemnización
previa, en un pago futuro, posterior a la trasmisión del dominio del bien expropiado; (ii)
deben garantizar un pago cierto de la obligación y no meramente simbólico o eventual; (iii)
deben constituir un medio legal de pago de obligaciones, de tal forma que realmente
constituyan para el afectado una indemnización; (iv) deben permitir que el valor de la
indemnización por expropiación reconocido como justo, en el caso concreto, se mantenga
en el tiempo, si el expropiado actúa en los negocios diligentemente; (v) deben ser libre y
efectivamente negociables, a fin de garantizar que el afectado pueda convertirlos, en
dinero en el momento en que lo desee, inclusive al día siguiente del traspaso del dominio
del bien; (vi) no pueden ser revocados unilateralmente por la entidad que los emite. […]
[Destaca la Sala]
Asimismo, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 6 de
febrero de 202030, con fundamento en los artículos 21.231 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos32 y 1733 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, reiteró que la expropiación conlleva la obligación de indemnizar el daño
causado al particular, indemnización que debe ser previa y con el propósito de restablecer
el equilibrio. Además, esta Corporación explicó lo siguiente:
29 Corte Constitucional, Sentencia C-1074 del 4 de diciembre de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, Sentencia del 6 de febrero
de 2020 núm. de radicación: 08001233100019971225601; M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.
31 […] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización
justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por
la ley […]” 74 Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley
16 de 30 de diciembre de 1972.
32 Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30
de diciembre de 1972.
33 […] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella,
salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición
de haya una justa y previa indemnización […]
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“[…] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un bien
del dominio privado comporta necesariamente la obligación de indemnizar el daño, todo el
daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por defecto, pues es claro
que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o que resulte ser parcial o
incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado por el constituyente.
[…] No sobra precisar que, para poder obtener la reparación de los daños accesorios que
hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos sean
ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la decisión
administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su ocurrencia,
pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no pueden ser objeto
de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido entonces de certeza para
que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello que
constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar lugar a una indemnización.
Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos aquellos daños futuros que a pesar
de no haberse consolidado todavía, no existe ninguna duda acerca de su advenimiento.
Para que el perjuicio exista, resulta completamente indiferente que aquél ya se haya
presentado como un hecho existente en el plano ontológico o que aparezca como la
prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual. Al fin y al cabo, el daño futuro
no es sino una modalidad del daño cierto, tal como lo ha sostenido, en reiteradas
oportunidades esta Corporación.
En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser acreditados
en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de lesiones ya
causadas o de daños que, si bien no se han producido todavía, existe una alta probabilidad
en torno a su ocurrencia […] [Destaca la Sala]
Conforme a los enunciados preliminares expuestos, se procede a abordar los temas
señalados con anterioridad.
• Respecto de la indemnización correspondiente al establecimiento de comercio
– daño emergente
La sentencia apelada señaló lo siguiente al establecer si el municipio había reconocido
una indemnización justa a la Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos Ltda. por la expropiación
del inmueble denominado El Mesón de los Búcaros:
No obstante lo anterior, al revisar el acto expropiatorio resulta evidente que en el mismo no
se consideró ni se tuvo en cuenta el valor del establecimiento de comercio que funcionaba
en el inmueble expropiado y/o el lucro cesante que los propietarios hoy reclaman en la
demanda, razón por la que considera la Sala que la indemnización reconocida no fue justa,
pues no atendió a la particularidad del caso concreto, esto es, que el inmueble objeto de
expropiación se dedicaba a una actividad comercial y por ende sus propietarios tenían
derecho a que se les reconociera el valor del establecimiento de comercio Mesón de los
Búcaros, razón por la cual se pasarán a analizar los demás valores reclamados para
determinar si resultan procedentes.
[…]
Conforme a lo expuesto, considera la Sala que en el sub judice si bien resulta procedente
ordenar el reconocimiento del perjuicio material en la modalidad de daño emergente
correspondiente al valor del establecimiento de comercio Mesón de los Búcaros, lo
cierto es que no se logró acreditar la cuantía del mismo, en atención a que se desvirtuaron
las conclusiones del experticio traído al proceso para tal efecto, en consecuencia, se
proferirá una condena en abstracto, en los términos del artículo 193 del C.P.A.C.A.,
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debiéndose surtir el respectivo trámite incidental para determinar el monto de esta
indemnización. [Destaca la Sala]
La Sala se aparta de las conclusiones del a quo, por las razones que se exponen a
continuación.
En primer lugar, es preciso señalar que la actividad expropiatoria no recae sobre el
establecimiento de comercio, sino sobre el inmueble, el cual, si bien puede integrar aquel
en la medida en que así lo destine el empresario, constituye una entidad jurídica distinta.
Ello es así, por cuanto el establecimiento de comercio y el inmueble donde este opera
son conceptos jurídicos diferenciados. En efecto, el concepto de establecimiento de
comercio se encuentra definido en el artículo 515 del Código de Comercio en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 515. <DEFINICIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO>. Se entiende
por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario
para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios
establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá
pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades
comerciales. [Destaca la Sala]
Por su parte, el artículo 516 del mismo código señala que elementos se entiende que
forman parte de un establecimiento de comercio:
ARTÍCULO 516. <ELEMENTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO>. Salvo
estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de
comercio:
1) La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios;
2) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas
que se utilicen en las actividades del establecimiento;
3) Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás
valores similares;
4) El mobiliario y las instalaciones;
5) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento
de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones
que, conforme a la ley, tenga el arrendatario;
6) El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial,
y,
7) Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del
establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en
consideración al titular de dicho establecimiento. [Destaca la Sala]
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado los dos artículos transcritos de
la siguiente manera:
A propósito de la figura jurídica del establecimiento de comercio y de los actos de
transferencia que sobre él se pueden celebrar, resulta conveniente recordar que el
ordenamiento jurídico colombiano acogió la noción que respecto de dicha universalidad
se tiene en el sistema legal italiano, razón por la cual de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 515 del Código de Comercio se entiende por establecimiento de comercio “un
conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa”.
Con fundamento en el reseñado concepto normativo, la Sala ha indicado que ese fondo o
hacienda mercantil lo constituye el “conjunto heterogéneo y organizado de bienes
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utilizados por el comerciante para desarrollar una actividad económica enderezada a la
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la
prestación de servicios que, dada su destinación, conforma una unidad que permite su
negociación ‘en bloque’”.
En pertinente anotar que el régimen legal aplicable a la materia no restringe o limita la
naturaleza de los bienes que conforman la mencionada universalidad, no obstante que la
lista enunciativa de sus elementos integrantes, contenida en el artículo 516 ejusdem, sólo
haga referencia a diversas clases de bienes muebles, cosas incorporales –derechos- o a
los denominados bienes inmateriales o intangibles. En razón de lo anterior, pueden estar
incorporados al fondo de comercio todos los bienes que el empresario haya destinado
efectivamente a la actividad mercantil de que se trate, incluso los bienes inmuebles en los
que la respectiva empresa tenga su asiento34. [Destaca la Sala]
De las disposiciones antes citadas se reafirma que el establecimiento de comercio y el
local o inmueble en el que este opera constituyen dos figuras jurídicas sustancialmente
diferentes. En efecto, el inmueble puede integrar el establecimiento de comercio en la
medida en que el empresario lo destine al desarrollo de la actividad empresarial; sin
embargo, ello no desdibuja la autonomía jurídica de cada uno de estos conceptos.
En consonancia con dicha diferenciación, al recaer la actuación expropiatoria sobre el
bien inmueble, no da lugar al reconocimiento de una indemnización que comprenda el
valor del establecimiento de comercio, en tanto se trata de entidades jurídicas distintas.
Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
de esta Corporación, se debe reparar e indemnizar el daño, todo el daño y nada más que
el daño35.
En ese sentido, el demandante que pretende la reparación del daño emergente,
entendido este como «una pérdida patrimonial sufrida, con la consiguiente necesidad
para el afectado de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se
ha perdido»36, debe demostrar cuáles eran esos daños y el nexo de causalidad entre
estos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
No obstante, en el presente caso, la parte demandante centró su pretensión de daño
emergente en el valor del establecimiento de comercio, respecto del cual, como ya se
puso de presente, no resulta procedente el reconocimiento indemnizatorio. Por
consiguiente, al no haber aportado la sociedad actora prueba de otros perjuicios
derivados de la expropiación administrativa a título de daño emergente, no hay lugar a
reconocer suma alguna por tal concepto. En este punto, se recuerda que esta Sección
34 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de mayo de 2009 dentro del
Radicado núm. 41001-3103-004-1996-09616-01, MP: ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, Sentencia del 6 de febrero
de 2020 núm. de radicación: 08001233100019971225601; M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Sentencia del 14 de julio
de 2025 núm. de radicación: 25000232600020050212701; M.P. Dr. Nicolas Yepes Corrales. Esta Sección
ha definido de similar manera el concepto de daño emergente: «las sumas solicitadas por los demandantes
a título de daño emergente, puesto que no corresponden a una pérdida patrimonial sufrida en virtud de los
desembolsos que debieron hacer como consecuencia de la revocatoria de la licencia ambiental concedida
inicialmente» Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, Sentencia del 3
de abril de 2025 núm. de radicación: 05001233100020110160801; M.P. Dra. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.
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Radicado: 68001233300020130099801
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ha señalado que «los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser
acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento»37.
La Sala precisa que lo anterior no implica que la afectación de la actividad económica
desarrollada en el inmueble resulte jurídicamente irrelevante, pues los perjuicios ciertos,
directos y debidamente acreditados derivados de dicha afectación pueden integrar la
indemnización expropiatoria, siempre que se demuestren su certeza y nexo de
causalidad38.
En ese sentido, lo hasta acá expuesto no es óbice para desconocer que el bien objeto de
expropiación era utilizado para adelantar distintas actividades económicas,
especialmente de venta de alimentos y licores y, por lo tanto, debe aplicarse lo
preceptuado en el numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, aspecto que será
analizado en el acápite correspondiente al estudio del lucro cesante, toda vez que es
precisamente ese perjuicio el que atiende «la ganancia frustrada o del provecho
económico que deja de reportarse como consecuencia de la ocurrencia del daño, de
manera que, de no producirse el hecho lesivo, habría ingresado ya o en el futuro al
patrimonio de la víctima o de los perjudicados» 39, pues bien, la actividad económica del
establecimiento se vio afectada desde el momento en que la expropiación se materializó
y a futuro, esto es, luego de que la sociedad hizo entrega del inmueble.
En ese sentido, la Sala se aparta de la decisión del a quo al declarar la nulidad parcial de
la Resolución núm. 0284 de 2013 y de la Resolución núm. 0398 de 2013, por no haber
contemplado, dentro de la indemnización por daño emergente, el valor del
establecimiento de comercio denominado El Mesón de los Búcaros. En virtud de esta
conclusión, la Sala se abstendrá de abordar el estudio de la idoneidad de los peritajes
aportados por la demandante para acreditar el valor correspondiente a indemnizar por el
referido establecimiento de comercio.
En efecto, dado que la parte apelante sustentó la reclamación del daño emergente en la
indemnización pretendida por el establecimiento de comercio denominado El Mesón de
los Búcaros, como se observa en la pretensión séptima de la subsanación de la
demanda40, y teniendo en cuenta que ya fue determinada la improcedencia de dicha
solicitud, así como que en el expediente digital no obra prueba que acredite la
configuración del daño emergente por otro concepto, la Sala estima innecesario efectuar
consideraciones adicionales sobre este rubro indemnizatorio y procederá, en su lugar, al
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, Sentencia del 6 de febrero
de 2020 núm. de radicación: 08001233100019971225601; M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.
38 Al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, Sentencia del
11 de abril de 2024 núm. de radicación: 68001233300020130107101; M.P. Dra. Nubia Margoth Peña
Garzón «Para poder obtener la reparación de los daños accesorios que hubieren podido consumarse con
la expropiación, es indispensable que los mismos sean ciertos y que exista un nexo de causalidad entre
ellos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación. El carácter resarcible del daño
en este caso depende fundamentalmente de la demostración de su ocurrencia, pues es claro que las
afectaciones hipotéticas o eventuales no pueden ser objeto de reparación o compensación.».
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Sentencia del 9 de
diciembre de 2025 núm. de radicación: 19001233100020100015801; M.P. Dr. Nicolás Yepes Corrales.
40 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO I TRIBUNAL», FL. 449 al 515. «7. Se condene
al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a cancelar a la SOCIEDAD VICTOR YEPES C. E HIJOS LTDA.
MESON DE LOS BUCAROS la suma de DOS MIL TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($2.035.160.838,oo) por concepto del valor comercial del
Establecimiento de Comercio MESON DE LOS BUCAROS de propiedad de la SOCIEDAD VICTOR YEPES
C. E HIJOS LTDA. MESON DE LOS BUCAROS. Por concepto de daño emergente.».
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análisis de lo concerniente al reconocimiento del lucro cesante.
• Respecto de la indemnización correspondiente al lucro cesante
De manera previa al análisis del reconocimiento de indemnización a título de lucro
cesante, la Sala pone de presente que, en las pretensiones octava, novena, décima,
undécima y duodécima de la demanda, se pretende una indemnización a favor de
distintas personas naturales titulares de una participación en la sociedad Víctor Yepes C.
e Hijos Ltda.
Esas pretensiones no están llamadas a prosperar, porque la propietaria del bien y
destinataria de los actos administrativos que decidieron la expropiación administrativa fue
la persona jurídica denominada Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos Ltda., sujeto de derecho
distinto de sus cuotapartistas. Así lo determina el artículo 98 del Código de Comercio,
cuando señala: «La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica
distinta de los socios individualmente considerados».
En ese sentido, no es viable reconocer indemnización a título de lucro cesante tanto a
quienes son titulares de acciones o cuotas de la persona jurídica como a la misma
persona jurídica, pues se estaría indemnizando dos veces el mismo perjuicio y, al mismo
tiempo, se desconocería la diferencia de sujetos de derecho que existe entre los socios
y la sociedad. En ese sentido en a quo acertó en negar dichas pretensiones.
Realizada la anterior precisión, la Sala advierte que, dentro del marco normativo que
regula la expropiación de bienes inmuebles, sí se contempla el reconocimiento por parte
del Estado de una compensación adicional al valor comercial de los inmuebles, cuando
estos estuvieren destinados a actividades productivas y la expropiación repercuta en una
afectación temporal o permanente de los ingresos obtenidos por dicha actividad. Lo
anterior se encuentra regulado en el numeral 6.º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998:
Artículo 21.- Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del valor
comercial:
[…]
6. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles
que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación
que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes
del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del
inmueble, la compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta por un período
máximo de seis (6) meses.
[…] [Destaca la Sala]
Del artículo se destacan tres aspectos: primero, que el bien debe estar destinado a
actividades productivas; segundo, que la indemnización por la afectación de dichas
actividades, como consecuencia de la expropiación, debe considerarse independiente del
avalúo comercial de los bienes; y tercero, que la compensación por esa afectación se
encuentra limitada a las rentas dejadas de percibir por un término máximo de seis (6)
meses. Esta norma debe interpretarse en consonancia con el numeral 4 del artículo 21
de la Resolución 620 de 2008, el cual señala lo siguiente:
ARTÍCULO 21. CÁLCULO DEL VALOR DE LA COMPENSACIÓN DEBIDA POR LA
AFECTACIÓN A CAUSA DE UNA OBRA PÚBLICA. La forma para calcular este valor
será:
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[…]
Para estimar el monto de la compensación de las rentas o ingresos que se dejan de
percibir por una limitación temporal o definitiva (numeral 6 del artículo 21, Decreto
1420 de 1998) se deberán tener en cuenta:
– Las declaraciones para efectos tributarios.
– El balance contable que se presente para la Cámara de Comercio.
En caso de que la empresa no esté obligada a presentar ninguna de las anteriores, deberá
probar la utilidad neta del negocio de por lo menos los seis meses anteriores, mediante un
estado de pérdidas y ganancias mensual firmado por un contador público titulado, con
matrícula profesional vigente.
Esta utilidad neta mensual debe multiplicarse por los meses que se hayan establecido
como período de compensación.
Si en el plan de ordenamiento o decisiones administrativas que configuran acciones
urbanísticas se autorizan acciones generadoras de plusvalía en la zona y en ella existen
afectaciones en razón del plan vial u otras obras públicas, es necesario tener en cuenta lo
establecido en el artículo 78 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989,
en lo que se refiere a las áreas. [Destaca la Sala]
En consideración a las normas transcritas, esta Sección, en anteriores oportunidades, se
ha referido a la indemnización del lucro cesante derivada de la expropiación de inmuebles
en los cuales se adelantaban actividades productivas, en los siguientes términos:
Como puede apreciarse de las normas citadas, previa determinación de que el inmueble
se encuentra destinado a una actividad productiva y presente una afectación que ocasione
una limitación temporal o definitiva a la generación de los ingresos provenientes del
desarrollo de las mismas, los documentos que se deberán tener en cuenta para determinar
el monto de la compensación por rentas e ingresos que se dejan de percibir con ocasión
de la afectación a causa de una obra pública, son i) las declaraciones para efectos
tributarios; ii) el balance contable que se presente a la Cámara de Comercio; y iii) un estado
de pérdidas y ganancias mensuales para acreditar la utilidad neta del negocio, este último
en el evento en que el afectado no esté obligado a presentar los dos primeros41.
Respecto del caso concreto, de los documentos obrantes en el expediente se desprende
lo siguiente sobre el reconocimiento del lucro cesante:
1. Mediante la Resolución núm. 0284 de 2013, el Municipio de Bucaramanga resolvió
ordenar, por motivos de utilidad pública e interés social, la expropiación por vía
administrativa del Edificio El Mesón de los Búcaros. El precio indemnizatorio fue
calculado a partir de la «sumatoria de los avalúos corporativos comerciales núm. 41,
42 y 43, elaborados por la Lonja Inmobiliaria Sociedad Colombiana de Arquitectos
Regional Santander», según lo cual, para el municipio, la suma de dichos avalúos
comerciales ascendía a un total de dos mil quinientos treinta y cinco millones
trescientos treinta y siete mil novecientos setenta y un pesos colombianos
($2.535.337.971 COP).
2. El 30 de abril de 2013, la sociedad propietaria del inmueble expropiado presentó
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto
2021 núm. de radicación 73001 2331 000 2012 00122 02, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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recurso de reposición en contra de la Resolución núm. 0284 de 2013. En este recurso
señaló lo siguiente respecto el desconocimiento de indemnización del lucro cesante:
No identifican la actividad económica, que se desarrolla allí desconociendo totalmente las
personas que desarrollan tal actividad y que, su sustento de toda la vida ha dependido de
este establecimiento de comercio, cinco familias cuyos propietarios son cabeza de hogar:
ADALGISA GARCIA DE YEPES, ANGELA MARIA YEPES GARCIA, MARIA VICTORIA
YEPES GARCIA, OLGA MARIA YEPES GARCIA, VICTOR ALFONSO YEPES GARCIA,
desconociendo esta parte indemnizatoria (Lucro Cesante).
[…]
Por lo anteriormente expuesto la Resolución Nro. 0284 de 2013 emitida el 20 de marzo de
2013 que ordena por motivos de Utilidad pública e interés social la EXPROPIACION POR
VIA ADMINSITRATIVA del edificio EL MESON DE LOS BUCAROS en la cual incluye el
valor indemnizatorio del daño emergente con graves errores en los avalúos y desconoce
totalmente el valor indemnizatorio del lucro cesante ha incurrido en errores y violado los
derechos fundamentales, constitucionales y demás normas concordantes tales como:
Decreto 1420 de 1998, Resolución IGAC 0620 de 2008, Decreto 1788 de 2004, Decreto
2181 de 2006, Decreto 4300 de 2007, Decreto 4259 de 2007 por lo tanto es llamada a
reponerse la resolución mencionada y subsanarse todos los errores cometidos por acción
y por omisión42.
3. La Resolución núm. 0398 de 2013, mediante la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto por la sociedad ahora demandante y se confirmó en su totalidad
el acto demandado, señaló lo siguiente respecto del lucro cesante. A continuación, se
realiza la transcripción in extenso, con el fin de que resulte claro el sentido de lo
expuesto por la administración, en los siguientes términos:
Ahora, continuando con lo señalado en su escrito de reposición, específicamente, con lo
concerniente a lo alegado por Usted en cuanto al daño emergente y el lucro cesante, me
permito razonar lo siguiente:
No se puede cuantificar la indemnización que Usted denomina, comprendida por el daño
emergente y el lucro cesante. A lo sumo, el Artículo 1613 del Código Civil estipula: "La
indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provenga
de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de
haberse retardado el cumplimiento. Exceptuándose los casos en que la ley la limita
expresamente al daño emergente."
Igualmente, el Artículo 1614 del Código Civil define: "DAÑO EMERGENTE Y LUCRO
CESANTE. Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no
haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse
retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de
reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido
imperfectamente, o retardado su cumplimiento."
Dicho lo anterior se infiere que el daño emergente abarca la pérdida misma de elementos
patrimoniales, los desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro sean
necesarios y el advenimiento de pasivo, generados por los hechos de los cuales trata de
deducirse su causación.
Y del lucro cesante que está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado
de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho. Con este
precepto legal, esta Administración avisa que en cuanto a la indemnización por daño
42 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO I TRIBUNAL», FL. 173.
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emergente y el lucro cesante, el artículo 67 de la Ley 388 de 1997 establece claramente:
"INDEMNIZACIÓN Y FORMA DE PAGO. En el mismo acto que determine el carácter
administrativo de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que
se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para
los efectos previstos en el artículo 61 de la presente ley. (...)"
Así las cosas, no es dable a esta administración cambiar o dar interpretación distinta a la
contemplada en la norma, pues de hacerlo entraríamos en un conflicto de competencia,
pues de hecho ni usted ni mucho menos esta entidad puede acomodar las leyes de
acuerdo a nuestros propios intereses.
Es pertinente precisar nuevamente que tanto el daño emergente y el lucro cesante solo
pueden ser resarcidos en el evento en que se demuestre la existencia de los mismos. Para
el caso que nos ocupa no se han producido aun estas dos figuras por cuanto el
establecimiento sigue funcionando con normalidad sim habérsele causado daño en su
estructura física o comerciales igualmente sigue percibiendo ingresos producto de su
respectiva actividad económica.
Con relación a lo anterior, y en concordancia con el "Artículo 61 de la Ley 388 de 1997.
Modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes
modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9ª de 1989:
"El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados
inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el
Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos
en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o
distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir,
y en particular con su destinación económica. (...)"
Asimismo, en línea con lo señalado por el Municipio de Bucaramanga, la Sala encuentra
que en los avalúos oficiales núm. 41, 42 y 43, elaborados por la Lonja Inmobiliaria de la
Sociedad Colombiana de Arquitectos -Regional Santander-, no se incluyó ningún
reconocimiento por concepto de lucro cesante, como se puede apreciar a continuación:
• Avalúo núm. 41
• Avalúo núm. 42
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• Avalúo núm. 43
De lo transcrito se tiene que el municipio no reconoció indemnización alguna por concepto
de lucro cesante. De hecho, la Sala pone de presente que, en esta oportunidad, el
municipio actuó de manera distinta a como lo hizo en un caso similar, en el cual se
expropió un inmueble para adelantar la misma obra pública del Intercambiador Vial de la
avenida Quebradaseca, asunto que también fue sometido a control judicial en segunda
instancia ante esta Sección, específicamente bajo el radicado núm. 68001-23-33-000-
2015-00811-02. En esa oportunidad, el Municipio de Bucaramanga le reconoció al
propietario del inmueble expropiado unos emolumentos por concepto de «factores de
compensación socioeconómica», previstos en los Decretos 087 y 227 de 2014, en los
que «se le reconocieron sumas por concepto de apoyo para el restablecimiento de
medios económicos y por trámites, con base en la utilidad mensual certificada y en la
documentación aportada». El presente caso se diferencia de aquel, en la medida en que
no hubo reconocimiento similar, sino que la entidad se limitó a negar el lucro cesante y a
circunscribir la indemnización por expropiación al valor de los inmuebles, sin adicionar al
total de la indemnización ningún concepto por «factores de compensación
socioeconómica» o similares43.
Asimismo, se resalta que esta Sección, en anteriores oportunidades, ya ha abordado el
43 Al respecto consultar:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera.
Sentencia del 26 de febrero de 2026, Radicación núm.: 68001-23-33-000-2015-00811-02. MP: Nubia
Margoth Peña Garzón.
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estudio del reconocimiento de indemnizaciones por daños accesorios. Estos hubieren
podido consumarse con la expropiación. Ello, pese a que no se hubiere demostrado la
incorrección del avalúo oficial. Siempre que quede demostrado en el acervo probatorio
que no se tuvo en cuenta, en el valor indemnizatorio, conceptos como el lucro cesante o
el daño emergente44.
Situación que ocurre en el caso bajo estudio. Pues en este no se discute el precio de
adquisición. Sino el precio indemnizatorio, el cual comprende, además del valor comercial
del bien inmueble, los conceptos de lucro cesante y daño emergente45. Los cuales, como
quedó demostrado con las anteriores transcripciones de los actos demandados y el
avalúo oficial, no fueron tenidos en cuenta.
Pues bien, en el presente caso la Sala se aparta de la actuación del municipio y la
considera infundada, toda vez que el numeral 6.º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998
establece que, en caso de expropiación de inmuebles destinados a actividades
productivas, como ocurre en el presente asunto, debe considerarse, además del avalúo
de los inmuebles, una compensación por las rentas que se dejaron de percibir,
equivalente a un período máximo de seis (6) meses. Esta Sección en reiteradas
oportunidades ha señalado que en el caso de expropiación de inmuebles que generen
rentas, debe reconocerse el lucro cesante conforme el numeral 6.º del artículo 21 del
Decreto 1420 de 1998, siempre y cuando el demandante pruebe la existencia de este y
en el expediente existan las pruebas para soportarlo, al respecto:
En relación con ese argumento, se debe aclarar que el titular del bien expropiado tiene
derecho a recibir una indemnización, que comprende, además del valor del bien
expropiado, los demás perjuicios que se le hubieren causado con ocasión de la
expropiación, incluido el daño emergente y lucro cesante. […]
Por lo anterior, esta Sección, en varias oportunidades, ha considerado que en la medida
en que no existe norma expresa sobre la forma de indemnizar de manera justa y plena los
detrimentos patrimoniales accesorios causados a los propietarios de una expropiación por
vía administrativa, en aplicación del artículo 8.° de la Ley 153 de 1887, se debe acudir a
la regla prevista en el numeral 6.° del artículo 21 del Decreto 1420 de 199846.
En otra oportunidad se señaló:
172. Es por ello que la Sala ha reconocido la procedencia de perjuicios en la modalidad
de lucro cesante por rentas e ingresos dejados de percibir a causa de expropiaciones
administrativas, siempre que se demuestre en los términos previstos en el artículo 21 de
la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
173. Bajo esa premisa, el carácter resarcible del daño depende, fundamentalmente, de la
certeza de su ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o
44Se ha procedido de esta manera, entre otras, en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 5 de junio 2025 núm. de radicación
25000234100020130222601, C.P. Oswaldo Giraldo López y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 6 de febrero 2025 núm. de radicación
25000234100020130239801, C.P. Oswaldo Giraldo López.
45 Sobre la diferencia de precio de adquisición y precio indemnizatorio: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 21 de marzo de 2016, radicación núm.
050012331000200204925, M. P. María Claudia Rojas.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 13 de marzo
de 2025, radicación núm. 25000234100020150184201, M. P. Hernando Sánchez Sánchez.
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contingente no pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar
revestido de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues
todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede generar una
indemnización.
174. Además, para obtener la compensación por los daños accesorios que pudieron
consumarse con la expropiación es indispensable demostrar un nexo de causalidad entre
estos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
175. En resumen, como ha señalado recientemente esta Sala, en casos como el
presente, para probar el lucro cesante es fundamental demostrar que el inmueble
expropiado era destinado a una actividad productiva, estimar y acreditar el monto
de las rentas e ingresos no percibidos, y establecer el vínculo de causalidad entre
el perjuicio reclamado y la expropiación decretada, ello en plena observancia del
término establecido en el numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, tal y
como lo consideró el a quo47.
En este sentido, la Sala encuentra necesario analizar si, en el presente caso, se cumplen
los supuestos para reconocer el lucro cesante solicitado.
En cuanto a la destinación de los inmuebles expropiados a actividades productivas, no
existe discusión alguna, pues ambas partes coinciden en que los inmuebles que
conformaban el edificio denominado El Mesón de los Búcaros tenían una vocación
predominantemente productiva. Además, en el acervo probatorio obran múltiples pruebas
que acreditan esta condición, tales como, por ejemplo:
• Certificado de Existencia y Representación Legal de la Sociedad. Limitada Víctor
Yepes C. E Hijos Ltda. del 2013, expedido por la Cámara de Comercio de
Bucaramanga. En este documento se señala que el edificio expropiado tenía como
objeto permitir el funcionamiento del Establecimiento de Comercio denominado El
Mesón de los Búcaros:
CERTIFICA
ОВЈЕТО SOCIAL: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5.321 ANTES CITADA
CONSTA: " LA EXPLOTACION COMERCIAL DEL NEGOCIO DENOMINADO "EL
MESON DE LOS BUCAROS" QUE ESTA ESTABLECIDO EN LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA EN LA ESQUINA DE LA CR. 27 CON EL BOULE VAR BOLIVAR Y LA
CL. 22 NO. 26-30 EN UN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD Y QUE SE HА
CONVENIDO EN DESTINARLO UNICAMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TAL
NEGOCIO. [Destaca la Sala]48
• En los avalúos 41, 42 y 43 realizados por la Sociedad Colombiana de Arquitectos
Regional Santander, los cuales sirvieron como fundamento para determinar la
indemnización por la expropiación del inmueble denominado El Mesón de los Búcaros
establecida en las Resolución núm. 0284 del 20 de marzo de 2013 y la Resolución
núm. 0398 del 16 de mayo de 2013, se anexaron registros fotográficos donde se
denota el uso de los inmuebles para un restaurante y el uso del techo del inmueble
como soporte para pancartas publicitarias49.
De hecho, el Municipio de Bucaramanga ha manifestado expresamente que en los
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 23 de mayo
de 2024, radicación núm. 25000-23-24-000-2010-00623-01, M. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
48 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO I TRIBUNAL», FL.6.
49Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO I TRIBUNAL», FL.90 al 104.
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inmuebles expropiados se adelantaban actividades económicas, al respecto:
• En el documento denominado «DIAGNOSTICO JURÍDICO Y SOCIOECONÓMICO
DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL “EDIFICIO MESÓN DE LOS BUCAROS”
SEGÚN DECRETO 044 DE 2010» realizado por el Municipio de Bucaramanga señaló
lo siguiente sobre la identificación del inmueble:
El Edificio MESÓN DE LOS BÚCAROS, anteriormente descrito, es un predio destinado a
la actividad comercial, donde funciona desde hace varios años el establecimiento de
comercio conocido como el MESÓN DE LOS BÚCAROS.
Igualmente el Edificio, debido a su ubicación estratégica recibe renta por el arrendamiento
constante de una valla publicitaria, ubicada en la parte superior de la edificación.
El establecimiento de comercio que funciona en el inmueble objeto de afectación por el
PROYECTO "INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA
27", es de reconocida trayectoria en la ciudad, y su actual funcionamiento quedó plasmado
en la ficha predial y social elaborada por el Municipio de Bucaramanga Secretaria de
Infraestructura, que obra en la respectiva carpeta50.
• En el Acta de la Secretaria Técnica del comité de conciliación del Municipio de
Bucaramanga, del 15 de diciembre de 2016, se señaló lo siguiente: «porque dicho
establecimiento de comercio no estaba inexorablemente destinado desaparecer, por
el solo hecho de la expropiación de los bienes inmuebles en los que desarrollaba
la actividad comercial de restaurante y expendio de licores»51 [destaca la Sala].
• En la apelación presentada por el Municipio de Bucaramanga a la sentencia de
primera instancia, señaló lo siguiente: «El Mesón de los Búcaros, no estaba
inexorablemente destinado a desaparecer, por el solo hecho de la expropiación de
los bienes inmuebles en los que desarrollaba la actividad comercial de
restaurante y expendio de licores»52 [destaca la Sala]
Dado por probado que en los inmuebles expropiados se desarrollaban actividades
económicas, resulta evidente que dichas actividades no pudieron continuar
adelantándose como consecuencia de la expropiación decretada mediante la Resolución
núm. 0284 del 20 de marzo de 2013, confirmada por la Resolución núm. 0398 del 16 de
mayo de 2013, en tanto los propietarios perdieron el uso y goce del bien.
Finalmente, para determinar el quantum correspondiente al lucro cesante, se debe
estimar y acreditar el monto de las rentas e ingresos no percibidos, teniendo en cuenta
el límite establecido en el numeral 6.º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 y en el
numeral 4 del artículo 21 de la Resolución 620 de 2008. Para tal efecto, se abordará el
estudio de los peritajes obrantes en el proceso y, en caso de determinarse que ninguno
de ellos es idóneo para calcular el restablecimiento por concepto de lucro cesante, la Sala
realizará el cálculo con fundamento en los documentos que obran en el expediente y de
conformidad con las normas que regulan la indemnización por lucro cesante en los casos
de expropiación de inmuebles destinados a actividades productivas.
5.4.5. La idoneidad de los peritajes presentados por la parte demandante para
50Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO I TRIBUNAL», FL.112.
51Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO II TRIBUNAL», FL.412.
52 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO II TRIBUNAL», FL.6.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 68001233300020130099801
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acreditar el lucro cesante
Teniendo en cuenta que los avalúos que sirvieron de soporte para determinar el valor de
la indemnización establecida en los actos administrativos mediante los cuales se decretó
la expropiación del inmueble denominado como El Mesón de los Búcaros, y que, como
se expuso anteriormente en esta providencia, en los casos de expropiación de inmuebles
que generen rentas debe reconocerse el lucro cesante conforme al numeral 6.º del
artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, siempre que el demandante pruebe su existencia
y obren en el expediente las pruebas que lo respalden, se procederá a analizar los
avalúos y documentos incorporados al expediente digital, a fin de determinar si existen
elementos probatorios que sustenten el reconocimiento de emolumentos por concepto
de lucro cesante.
En el presente proceso, la parte actora aportó dos dictámenes periciales:
1. El elaborado por la Asociación Nacional de Lonjas y Colegios Inmobiliarios -
ASOLONJAS-, relativo al avalúo comercial de los inmuebles, identificados con los folios
de matrícula inmobiliaria núm. 300-224800, núm.300-224801 y núm.300-224802, así
como del establecimiento de comercio El Mesón de los Búcaros, todos de propiedad de
la Sociedad Víctor Yepes C. e Hijos Ltda.
2. El realizado por los señores Juan Pablo Gallo Maya economista especialista en
mercados y Lina Marcela Muñeton Agudelo contadora pública especialista en finanzas,
denominado «Peritaje del flujo de fondos netos proyectados dejados de percibir como
resultado de un daño о perjuicio (lucro cesante) para los propietarios de la empresa Víctor
Yepes C e hijos LTDA, Mesón de los Búcaros»53.
Celebrada la audiencia inicial el 9 de julio de 201454, se incorporaron tales dictámenes
como pruebas documentales, y se corrió traslado a la demandada para que presentara
las objeciones que estimara, las cuales se formularían en la audiencia de pruebas.
Asimismo, en la audiencia inicial se decretó un dictamen pericial «para que dictamine el
lucro cesante futuro del valor presente equivalente a los arrendamientos futuros dejados
de percibir por la señora MARIA VICTORIA YEPES, tomando en cuenta el periodo de
vida periodo de vida calculado para la mencionada señora, de acuerdo con la resolución
nro. 1555 de 2010 taza (sic) de mortalidad de rentistas hombres y mujeres expedida por
la superintendencia financiera»55. Este peritaje fue rendido el 16 de septiembre de 2014,
por el auxiliar de la justicia Antonio García Galvis.
En la audiencia iniciada el 27 de agosto de 201456 se llevó a cabo la contradicción de los
dictámenes aportados por la parte demandante, ocasión en la cual los peritos expusieron
y sustentaron los estudios realizados. Observa la Sala que el magistrado sustanciador
del tribunal hizo expresa referencia a la discusión de los dos dictámenes allegados al
proceso, con el propósito de garantizar su contradicción y, en consecuencia,
salvaguardar el derecho de defensa de cada una de las partes. De igual manera, el señor
Antonio García Galvis presentó las conclusiones del peritaje decretado en la audiencia
53 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO II TRIBUNAL», FL.170
54 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO II TRIBUNAL», FL.170
55 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO II TRIBUNAL», FL.169
56 SAMAI índice 221 expediente digital cuaderno 2 Tribunal, folio 713 – 716.
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inicial, con lo cual se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 228 del Código General
del Proceso.
De cara a lo anterior, corresponde a esta Sala valorar y establecer si los peritajes que
obran en el proceso son idóneos para determinar el valor de lucro cesante de conformidad
con el numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 y el numeral 4 del artículo 21
de la Resolución 620 de 2008.
• Respecto del peritaje realizado por ASOLONJAS -Asociación Nacional de Lonjas y
Colegios Inmobiliarios-
El peritaje, en su acápite 11, titulado «Valoración de la entidad comercial Mesón de los
Búcaros», desarrolla lo relativo a la estimación de El Mesón de los Búcaros como
empresa. Al respecto, señaló lo siguiente:
Es importante resaltar, que todo esquema de valoración implica incertidumbre, en
estas circunstancias, la contabilidad financiera existe para vencerla, por orden de
la Ley comercial (Código de Comercio), reflejada en los principios contables
(Decretos reglamentarios del Código de Comercio), Los procedimientos contables
de registrar valorizaciones de activos y de registrar ajustes por inflación, tratan de
cerrar la brecha entre los costos históricos y los valores de mercado. Pero esto no
siempre tiene éxito, por que priman los principios contables y las normas fiscales
sobre las realidades del mercado y los ciclos de la economía, por ello es necesario,
realizar una valoración de la empresa con otros criterios diferentes a los que
usa la contabilidad para reportar el valor del patrimonio de la empresa.
Para determinar el valor de la empresa denominada El Mesón de los Búcaros utilizó la
siguiente metodología:
Como puede apreciarse esta metodología no se acompasa con lo establecido por el
numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 y el numeral 4 del artículo 21 de la
Resolución 620 de 2008. Como puede apreciarse esta metodología no se acompasa con
lo establecido por el numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 y el numeral 4
del artículo 21 de la Resolución 620 de 2008. Lo anterior, porque en el peritaje se incluyen
variables como el EBITDA y se calculó el valor de la empresa, cuándo lo indicado en la
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normativa vigente señala que la indemnización debe calcularse a partir de la utilidad neta
mensual certificada, multiplicada por el período compensable que es máximo de 6 meses.
Además, es de recordar que como se expuso en acápites precedentes el objeto de la
expropiación es el bien inmueble no el establecimiento de comercio y mucho menos la
empresa.
Asimismo, se encuentra que el avalúo realizado por ASOLONJAS no toma como fuente
de sus conclusiones las declaraciones de renta ni los balances contables presentados
ante la Cámara de Comercio, sino que todos sus cálculos parten de la facturación del
establecimiento durante el año 2012. Además, variables como el flujo neto de caja fueron
calculadas a partir del promedio de dicha variable proyectada hacia el futuro, utilizando
una proyección que se extiende desde 2013 hasta 2021, cuando la norma señala que la
compensación por las rentas dejadas de percibir procede por un período máximo de seis
(6) meses. En ese sentido, ninguno de los cálculos allí realizados resulta de recibo.
En ese sentido la Sala no atiende a las conclusiones arribadas en el avaluó realizado por
ASOLONJAS.
• Respecto el peritaje realizado por el señor Juan Pablo Gallo Maya y la señora Lina
Marcela Muñeton Agudelo
El peritaje realizó una valoración de la empresa denominada Sociedad Víctor Yepes C. e
Hijos LTDA. a partir de un método denominado del flujo de caja libre descontado. El
peritaje llegó a las siguientes conclusiones:
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La Sala evidencia que el peritaje se fundamentó en métodos típicos de la valoración
financiera empresarial, tales como el flujo de caja descontado. En ese sentido, la
cuantificación del perjuicio no se construye a partir de ingresos efectivamente
demostrados, sino de utilidades hipotéticas futuras, extendidas incluso hasta la
expectativa de vida de los socios, lo que desborda el marco normativo aplicable, esto es
el numeral sexto del artículo 21 de la Resolución 620 de 2008, para la determinación de
las rentas dejadas de percibir por la afectación derivada de obra pública.
Este abordaje metodológico resulta incompatible con el régimen especial que rige la
compensación por la afectación de actividades productivas en la expropiación
administrativa, en la medida en que el numeral 6.º del artículo 21 del Decreto 1420 de
1998 no autoriza la indemnización del valor total de la empresa como unidad económica,
ni el reconocimiento del goodwill calculado o de utilidades futuras indeterminadas, sino
que limita el resarcimiento al pago de las rentas efectivamente dejadas de percibir por un
lapso máximo de seis (6) meses57. Teniendo en cuenta que la metodología abordada en
este peritaje es completamente distinta de la establecida en el Decreto 1420 de 1998, no
es posible acoger ni reconducir sus conclusiones en aspecto alguno de cara a establecer
lo correspondiente a la indemnización por lucro cesante.
• Respecto el peritaje realizado por el por el auxiliar de la justicia Antonio García Galvis
El auxiliar de la justicia realizó un peritaje donde adoptó la siguiente metodología:
Para el desarrollo de la liquidación de los daños materiales a título de lucro cesante, se
propone dividir el dictamen en dos partes: la primera, correspondiente al lucro cesante
pasado o consolidado, es decir, un lucro cesante que va desde el quince (15) de enero de
dos mil catorce (2014), hasta la fecha del presente dictamen, quince (15) de septiembre
de dos mil catorce (2014), en el cual se actualizan a valor presente todos los cánones de
arrendamientos dejados de percibir en ese lapso; la segunda, correspondiente al lucro
cesante futuro, que va desde el la fecha del presente dictamen hasta el quince (15) de
57 Al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera. Sentencia del
26 de febrero de 2026, Radicación núm.: 68001-23-33-000-2015-00811-02. MP: Nubia Margoth Peña
Garzón.
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abril de dos mil cincuenta y dos (2052), en donde se consolidan en el presente, todos los
cánones dejados de percibir en ese lapso.
En virtud de esa metodología arribó a las siguientes conclusiones respecto del lucro
cesante futuro:
Como se advierte, el auxiliar de la justicia desconoció en su dictamen la limitación prevista
en el numeral 6.º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, en la medida en que el
reconocimiento del lucro cesante se encuentra restringido a una compensación por las
rentas efectivamente dejadas de percibir, circunscrita a un período máximo de seis
meses. Conforme a lo anterior, no se dio cumplimiento a los parámetros establecidos en
la normativa aplicable y, por lo tanto, las conclusiones allegadas por el perito no son de
recibo, máxime si se tiene en cuenta que se efectuaron proyecciones e indexaciones por
más de 451 meses, cuando el Decreto 1420 de 1998 establece un período máximo de 6
meses.
Visto que ninguno de los peritajes obrantes en el proceso se ajusta a las disposiciones
legales aplicables, en particular al numeral 6.º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998
y al numeral 4.º del artículo 21 de la Resolución 620 de 2008, habida cuenta de que en
todos ellos se desconoció que el cálculo allí previsto debe fundarse, en principio, en las
declaraciones tributarias o en los balances contables y, en su defecto, en la utilidad neta
mensual certificada multiplicada por el período compensable, metodología que no fue
observada en los dictámenes rendidos.
La Sala advierte, además, que el precio indemnizatorio incorporado en la Resolución
núm. 0284 de 20 de marzo de 2013, confirmada mediante la Resolución núm. 0398 de
16 de mayo del mismo año, se encuentra amparado por la presunción de legalidad propia
de los actos administrativos. En consecuencia, correspondía a la parte demandante
demostrar la incorrección del avalúo oficial y del valor indemnizatorio reconocido. Sin
embargo, los dictámenes periciales allegados al expediente no cumplen esa finalidad,
pues emplean metodologías incompatibles con el régimen legal aplicable a la
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indemnización por lucro cesante derivada de la expropiación administrativa, razón por la
cual carecen de aptitud para desvirtuar dicha presunción.
Descartada la aptitud demostrativa de los dictámenes para desvirtuar el avalúo oficial,
corresponde acudir a la prueba contable obrante en el expediente para establecer la
utilidad real del negocio.
Pues bien, en tanto que ninguno de los peritajes obrantes en el proceso resulta útil para
determinar el quantum del lucro cesante, debe acudirse a lo señalado en el artículo 21
de la Resolución 620 de 2008, el cual determina que, para tal efecto, deben observarse,
en su orden, las declaraciones presentadas para fines tributarios; el balance contable
inscrito ante la Cámara de Comercio; y, de manera excepcional, los estados mensuales
de pérdidas y ganancias suscritos por contador público titulado. Ello, en la medida en que
dichos documentos constituyen prueba directa de la utilidad real del negocio.
Así mismo, se impone resaltar, con mayor énfasis, que la prueba consistente en las
declaraciones de renta debe prevalecer frente a estimaciones periciales cuando estas
resultan incompatibles con el régimen legal aplicable. En el presente caso, dentro del
expediente obra la Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio
correspondiente al año 2012 de la sociedad demandante, antigua propietaria del bien
inmueble expropiado58.
Como se puede apreciar, la sociedad Víctor Yepes C. e Hijos Ltda., según su propia
declaración de renta correspondiente al año gravable 2012, última presentada antes de
58 Expediente digital. Índice 33, documento «CUADERNO I TRIBUNAL», FL.356.
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la expropiación del inmueble denominado El Mesón de los Búcaros, registró una renta
líquida59 ordinaria para dicho ejercicio fiscal de $34.859.000.
En ese orden de ideas, habida cuenta de que el numeral 6.º del artículo 21 del Decreto
1420 de 1998 dispone que la indemnización por concepto de lucro cesante debe limitarse
a las rentas dejadas de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses, se
reconocerá, a título de restablecimiento del derecho por dicho concepto, el equivalente a
seis (6) meses de renta líquida, calculados con base en el total correspondiente al
ejercicio fiscal del año 2012, esto es (34′ 859.000 ÷ 12) × 6 = 17’429.500, debidamente
indexados60.
Para la actualización del lucro cesante se sigue la siguiente fórmula61:
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑉𝑝: 𝑉ℎ ∗
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙62
158,17
𝑉𝑝: 17’429.500 ∗
79,21
𝑉𝑝 = 34′ 803.990
En ese orden, el valor correspondiente a título de restablecimiento del derecho por
concepto de lucro cesante que se reconocerá a favor de la parte actora es la suma de
treinta y cuatro millones ochocientos tres mil novecientos noventa pesos ($34' 803.990
COP).
5.5. Condena en costas
La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni
probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en
concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del
artículo 306 de la mencionada ley.
5.6. Otros pronunciamientos
59 Estatuto Tributario, artículo 178 «La renta líquida está constituida por la renta bruta menos las
deducciones que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta».
60 CPACA. Artículo 187. Contenido de la sentencia. […] Las condenas al pago o devolución de una cantidad
líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor.
61 Del cálculo de lucro cesante en casos de expropiación administrativa de inmuebles: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 5 de junio 2025 núm. de radicación
25000234100020130222601, C.P. Oswaldo Giraldo López.
62 Dónde VP: es el valor presente, VH: es el valor histórico inicial, índice final: Es el último IPC vigente a la
fecha de la sentencia, Índice Inicial: es el IPC vigente a la fecha de las Resolución núm. 0398 del 22 de
mayo de 2013. Los valores históricos del Índice del precio al Consumidor se consultaron en la siguiente
página web del Banco de la República https://suameca.banrep.gov.co/descarga-multiple-de-
datos/consolidado
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Se reconocerá personería al abogado Mauricio Alberto Franco Hernández para que
represente los intereses del Municipio de Bucaramanga, conforme el poder a él
conferido63, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del CGP.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Santander, la cual quedará de la siguiente forma:
PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de acto no susceptible de control
judicial y, en consecuencia, INHIBIRSE para pronunciarse de fondo respecto de la
Resolución núm. 0533 del 30 de agosto de 2012, expedida por el alcalde del Municipio de
Bucaramanga, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de inepta demanda por indebida
acumulación de pretensiones y, en consecuencia, INHIBIRSE para pronunciarse de fondo
respecto el Decreto 109 de 2013, expedida por el alcalde del Municipio de Bucaramanga,
conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución núm. 0284 del 20 de marzo
de 2013 «POR LA CUAL SE ORDENA LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA
DEL BIEN INMUEBLE SOMETIDO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL:
EDIFICIO EL MESÓN DE LOS BÚCAROS […]» y la Resolución núm. 0398 de 16 de mayo
de 2013 «POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN»,
en lo que atañe al valor de la indemnización reconocida a la sociedad demandante, de
acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho, por concepto de lucro
cesante, a favor de la parte actora la suma de treinta y cuatro millones ochocientos tres
mil novecientos noventa pesos ($34' 803.990 COP), conforme con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: DESESTIMAR la tacha del testigo, formulada por el apodero de la entidad
demandado, conforme a los argumentos expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEPTIMO. Una vez en firme está providencia, por secretaría de la corporación, EXPEDIR
copia de la sentencia con la respectiva constancia y ejecutoria, previas las constancias de
rigor en el Sistema Justicia Siglo XXI.
SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Mauricio Alberto Franco Hernández
para que represente los intereses del Municipio de Bucaramanga.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
63 Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 68001
2331 000 2010 00499 01.
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Radicado: 68001233300020130099801
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CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 3 de
julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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