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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02226-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02226-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: Primero: REVOCAR el numeral primero de la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2016 por la Subsección “A”, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones 785 del 22 de mayo de 2013 y 1212 del 10 de mayo de 2013, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU a pagar a favor de la parte actora la suma de $11.563.176. por concepto de lucro cesante. Tercero: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada de 7 de diciembre de 2016, proferida por la Subsección “A”, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Quinto: RECONOCER personería a la abogada Martha Cecilia Cañón Solano, para actuar como apoderada judicial del IDU, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido. Sexto: TENER POR TERMINADO el poder conferido por el IDU a la abogada Martha Cecilia Cañón Solano, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76 del CGP. 27 Índice 29 de Samai. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25-000-23-41-000-2013-02226-01 Demandante: Rosmira Isabel Montes Flores y otros Séptimo: RECONOCER personería al abogado Julio César Torrente Quintero, para actuar como apoderada judicial del IDU, en los términos y para los efectos del poder a él conferido. Octavo: TENER POR TERMINADO el poder conferido por el IDU al abogado Julio César Torrente Quintero, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76 del CGP. Noveno: RECONOCER personería al abogado Hernán David Bonilla Sua, para actuar como apoderado judicial del IDU, en los términos y para los efectos del poder a él conferido. En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2013-02226-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

5 de junio de 2025

Radicado: 25-000-23-41-000-2013-02226-01
Demandante: Rosmira Isabel Montes Flores y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., cinco (05) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25-000-23-41-000-2013-02226-01
Demandantes: Rosmira Isabel Montes Flores, Alexandra Bonilla Montes y
Eduardo Andrés Bonilla Montes
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

Tema: Expropiación por vía administrativa – perjuicio por
concepto de lucro cesante.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 7 de diciembre de 2016, proferida por la Subsección
“A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda incoada por
Rosmira Isabel Montes Flores, Alexandra Bonilla Montes y Eduardo Andrés
Bonilla Montes en contra del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 138 del C.P.A.C.A., en concordancia con el artículo 71 de la Ley 388
de 1997, Rosmira Isabel Montes Flores, Alexandra Bonilla Montes y Eduardo
Andrés Bonilla Montes, a través de apoderado judicial, demandaron al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, con el objeto de que se
accediera a las siguientes:

1.1.1. Pretensiones

“Pretensiones principales:

Primero. Que se declare la nulidad del Artículo 2, de la Resolución Número
785 del 22 de Marzo de 2013, "por la cual se ordena una expropiación por

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vía administrativa", expedida por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
(IDU), la cual ordena decretar la expropiación del inmueble ubicado en la AK
24 N° 76 — 08, de la ciudad de Bogotá D.C. en cuanto fijó en DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($265.981.987.°°), el precio
indemnizatorio por concepto de avalúo comercial y daño emergente por
concepto de avaluó comercial y daño emergente.

[…]

Segundo. Que se declare la nulidad de la Resolución Número 1212 del 10
de Mayo de 2013, "por cual se resuelve un recurso de reposición", expedida
por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU), en cuanto a que confirma
el valor del precio indemnizatorio.

Tercero: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
anteriores actos administrativos, se restablezca en su derecho a los
demandantes, condenando al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU-
al pago de los perjuicios económicos que a título de DAÑO EMERGENTE, se
producen "entendiéndose el daño emergente como el justo precio dejado
pagar por la entidad demandada por la expropiación (este precio debe ser
como mínimo la suma de CUATROCIENTOS TRES MILLONES CIENTO
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($403.184.500), por
valor del inmueble expropiado, lo que equivaldría a una diferencia de CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA $144.880,450, por pago del inmueble
expropiado)".

[…]

Cuarto: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
anteriores actos administrativos, se restablezca en su derecho a los
demandantes, condenando al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU-
al pago de los perjuicios económicos que a título de LUCRO CESANTE, se
prueben dentro del proceso, "como los rendimientos dejados de percibir por
mis poderdantes como consecuencia del no pago de ese justo precio y los
cánones de arriendo que producía el inmueble expropiado".

[…]

Quinto. Se condene a la entidad demandada al pago de los intereses
comerciales y moratorios establecidos en el Artículo 192 del Código
Contencioso Administrativo, que se causen entre la fecha de ejecutoria de la
sentencia y la fecha efectiva de pago de las condenas indemnizatorias citadas
en las pretensiones de la demanda.

Sexto. Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad
demandada.

Séptimo: Que en caso de no decretarse la nulidad de ninguno de los actos
demandados, se ordene la modificación del Artículo 2 de la Resolución Número
785 del 22 de Marzo de 2013, "por la cual se ordena una expropiación por vía
administrativa" y la Resolución Número 1212 del 10 de Mayo de 2013, "por

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cual se resuelve un recurso de reposición", en el sentido de ajustar el precio
establecido en ellos como compensación de la expropiación, según se prueben
dentro del proceso.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS.

Primero. Por lo expuesto en los hechos 11,12 y 13, esto es, no haber
realizado el pago del valor indemnizatorio en el término de 10 días contados
a partir de la ejecutoria del acto administrativo que expropio el bien inmueble,
propiedad de mis representados, solicito se declare sin efectos la expropiación
por vía administrativa del inmueble ubicado en la Carrera 24 N° 76 — 08 de
la ciudad de Bogotá, de matrícula inmobiliaria 50C-441264, lo anterior, según
el sustento normativo de los Numeral 2 y 4, del Articulo 70 de la Ley 388 de
1997”1 (Negrita del texto original)

1.1.2. Los actos acusados

En este proceso se pretende la nulidad de los siguientes actos administrativos
expedidos por el director técnico de Predios del Instituto de Desarrollo
Urbano de Bogotá – IDU:

Resolución 785 del 22 de marzo de 2013, por medio de la cual se ordena
la expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en la AK 24 N°.
76 - 08 de la ciudad de Bogotá D.C., con un área del 139.1 m2 de terreno,
198.62 m2 de construcción y 0.29 m2 de zona dura, identificado con la
matricula inmobiliaria Nro. 50C-441264 y cuyos titulares del derecho de
dominio son Rosmira Isabel Montes Flórez (50%), Alexandra Bonilla Montes
(25%) y Eduardo Andrés Bonilla Montes (25%)

En este acto se establece como destinación del bien la ejecución del proyecto
AVENIDA COLOMBIA (AK 24) DESDE LA CALLE 76 HASTA AVENIDA MEDELLIN
(AC 80) y como valor del precio indemnizatorio la suma de $265.991.987 que
corresponde a: i) $258.304.050 por concepto del valor comercial del bien y ii)
$7.677.937 por concepto de daño emergente, de conformidad con el Informe
Técnico CA 701 del Proyecto No. 106 RT 39264-2011 del 2 de diciembre de
2011, elaborado por el Consorcio Avalúos Cámara de la Propiedad Raíz Lonja
Inmobiliaria Navarro Rocha y Cía. S.A.

Resolución 1212 del 10 de mayo de 2013, por medio de la cual se
resuelve el recurso de reposición y se modifica el precio indemnizatorio
previsto en la Resolución 785 de 2013 en la suma de $273.052.987 que
corresponde a: i) $258.304.050 por concepto del valor comercial del bien; ii)
$7.677.937 por daño emergente y; iii) $7.071.000 por concepto de lucro
cesante de acuerdo con el informe de tasación de 16 de abril de 2013.

1.1.3. Fundamentos de hecho
1
Cuaderno Principal, folios 166 a 168. Las pretensiones trascritas son que obran en el
escrito de subsanación de la demanda.

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Demandante: Rosmira Isabel Montes Flores y otros

La parte actora manifiesta que mediante el Decreto 316 de 19 de julio de 2007
el Alcalde Mayor de Bogotá declaró condiciones de urgencia por razones de
utilidad pública e interés social en la adquisición de los inmuebles requeridos
para la ejecución de obras de valorización previstas en el Acuerdo 180 de
2005, entre los que se encuentra la obra Avenida Colombia (AK 24) desde la
calle 76 hasta avenida Medellín (AC 80).

Señala que mediante la Resolución 5051 de 2011 se determinó la
adquisición por el procedimiento de expropiación por vía administrativa del
inmueble de su propiedad ubicado en la Carrera 24 N° 76-08 en la ciudad de
Bogotá, con destino a la construcción de la Avenida Colombia (AK 24) desde
la calle 76 hasta avenida Medellín (AC 80), y se realizó una oferta de compra
por la suma de $258.304.050 con fundamento en el Informe Técnico CA 701
del proyecto N°. 106 RT 39264- 2011 del 2 de diciembre de 2011 elaborado
por la Consorcio Avalúos. Agrega que el anterior acto se modificó mediante la
Resolución 1447 del 29 de mayo de 2012 con el fin de ajustar los destinatarios
de la oferta de compra.

Resalta que hasta el 5 de abril de 2013 se les notificó la Resolución 785 del
22 de marzo de 2013, por medio de la cual se ordenó la expropiación por
vía administrativa del inmueble de su propiedad, acto que fijó el precio
indemnizatorio con base en el informe técnico elaborado hace más de un año
y cuatro meses.

Indica que al no estar de acuerdo con el precio indemnizatorio interpuso
recurso de reposición contra el acto que ordenó la expropiación, el cual fue
decidido mediante Resolución 1212 del 10 de mayo de 2013 en el sentido
de ajustar el valor en la suma total de $273.052.987.

Destaca que el precio indemnizatorio se puso a disposición sólo hasta el 13 de
julio de 2013, cuando la norma establece que el pago se debe realizar dentro
de los 10 días siguientes a la ejecutoria del acto que ordena la expropiación.

1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.

En opinión de los demandantes, los actos acusados infringen los artículos
29, 34 y 58 de la Constitución Política; 61, 62, 68 y 70 (numerales 2 y 4)
de la Ley 388 de 1997; 2 y 19 del Decreto 1420 de 1998 y, 1 y 3 de la
Resolución 620 de 2008, con fundamento en los siguientes cargos:

• Vulneración de norma superior

Aseguran que se desconocen los artículos 29, 34 y 58 de la Constitución en
razón a que no se cumplió con el procedimiento previsto en las leyes 9 de
1989 y 388 de 1997, así como en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución
620 de 2008, lo que llevó a que se les despojara de su propiedad.

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Aducen que la expropiación procede por motivos de utilidad pública y que la
indemnización debe ser equitativa, previa y justa, lo que, en su criterio, no
ocurrió en el presente asunto ya que no se reconoció los perjuicios derivados
con ocasión de la renta que se generaba por los locales comerciales que
estaban en el inmueble expropiado.

Afirman que se infringe el artículo 62 de la Ley 388 de 1997 toda vez que el
valor reconocido por la administración no incluye los perjuicios sufridos y
realiza un reconocimiento incompleto del lucro cesante, lo que constituye un
enriquecimiento sin causa por parte del IDU.

Consideran que se vulneran los artículos 61 y 68 de la Ley 388 de 1997 que
establecen que el proceso de expropiación debe iniciar vencidos 30 días
después de la oferta de compra sin que se llegue a un acuerdo, dado que
sólo se les notificó el acto que ordenó la expropiación pasados 9 meses de
la oferta de compra.

Precisan que también se desconoce el artículo 70 ibidem, al no haber
realizado el pago del precio indemnizatorio dentro del término de 10 días
contado a partir de la ejecutoria del acto que ordenó la expropiación, lo que
genera que la decisión de expropiación no produzca efectos y la entidad
deba adelantar nuevamente el procedimiento expropiatorio.

Aseguran que se desconoce el artículo 2 del Decreto 1420 de 1998 que
establece que el valor comercial del bien es el precio más favorable por el
cual se transaría en el mercado, en razón a que el precio reconocido en los
actos demandado no es el precio más favorable, además de que no se
tuvieron en cuenta las verdaderas condiciones físicas del inmueble, pues en
el método de mercado se compara el inmueble con otros bienes que no
tienen sus mismas características, al ser bienes de ubicación medianera y
estar en la parte interna de un barrio, contrario al inmueble expropiado que
era esquinero con gran vitrina comercial y sobre una importante vía
principal. Así mismo, afirman que el estudio de mercado que se utilizó esta
desactualizado.

Enfatizan que se infringe el artículo 19 del citado decreto, el cual prevé la
vigencia de los avalúos de 1 año, ya que el informe técnico en el que se
fundamentó el acto acusado se elaboró el 2 de diciembre de 2011 y el acto
de expropiación se expidió el 15 de julio de 2013, esto es, 19 meses después
de elaborado el avalúo oficial y 2 años después de la investigación de
mercado.

Alegan que se aplicó indebidamente el método de comparación o mercado
previsto en la Resolución 620 de 2008 en la medida en que los bienes en los
que se fundamentó la investigación de mercado no son comparables o
asimilables al bien expropiado.

• Falsa motivación

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Demandante: Rosmira Isabel Montes Flores y otros

Aseguran que los actos demandados incurren en falsa motivación de un
lado, porque el avalúo oficial perdió vigencia al momento de la expropiación
y; de otro, por la determinación incorrecta del valor comercial del bien
expropiado.

Insisten que desde la fecha en que se elaboró el avalúo hasta la fecha en
que se realizó el pago del precio indemnizatorio transcurrieron más de 19
de meses, lo que genera que el avalúo este desactualizado en consideración
a los incrementos mensuales en los valores de la finca raíz en Bogotá.

Indican que se contrató al ingeniero James Mauricio Pérez Orduz quien
realizó un avalúo aplicando los métodos de comparación o mercado y costo
de reposición en el que se determinó el valor comercial del inmueble en la
suma de $403.184.500, esto es, una diferencia por cancelar de
$144.880.450 respecto del valor reconocido por la administración.

Resaltan que además del daño emergente, se debe pagar el total del lucro
cesante, ya que el IDU únicamente reconoció el valor de las rentas de dos
de los tres locales que se encontraban arrendados, por lo que, aseguran se
dejó de cancelar la suma de $6.120.000 por un canon de arrendamiento
mensual de $1.020.000.

1.2. Contestación de la demanda.

El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones al estimar que la expropiación del inmueble que era de
propiedad de los actores se realizó cumpliendo el procedimiento y la
metodología prevista en la normatividad vigente sobre la materia.

Manifestó que no se desconocieron los artículos 29, 34 y 58 de la
Constitución Política, ya que no se pretendió ejercer actos confiscatorios, la
indemnización fue justa conforme los documentos allegados dentro del
trámite para adelantar el proceso de adquisición, además de que no se
demostró que la indemnización no fue de orden reparatorio o
compensatorio.

Aseguró que el valor entregado por el inmueble se hizo teniendo en cuenta el
avalúo comercial hecho por la Lonja Inmobiliaria Navarro Rocha y Cía. S.A,
entregando una indemnización justa y, por tanto, cumpliendo con el artículo
62 de la Ley 388 de 1997.

Afirmó que en desarrollo de los artículos 61 y 68 de la Ley 388 de 1997 la
oferta se realizó inicialmente en diciembre de 2011; no obstante, con el fin de
no trasgredir los derechos de quienes ostentaban el derecho real de dominio,
se esperó a que se surtiera el proceso de sucesión para adelantar la actuación
administrativa con los actuales propietarios.

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Precisó, respecto de los numerales 2 y 4 de la Ley 388 de 1997, que el proceso
de adquisición culminó con la expedición de las Resoluciones 785 de 22 de
marzo de 2013 que ordenó la expropiación, la cual fue modificada por medio
de la Resolución 1212 del 10 de mayo de 2013, día en que fue notificada y
quedó ejecutoriada. Aseveró que el 12 de julio de esa anualidad se entregó a
los beneficiarios los documentos para reclamar los cheques correspondientes
al precio indemnizatorio y que el predio fue entregado de forma voluntaria el
18 de julio de 2013.

Indicó que en cumplimiento de los artículos 2 y 19 del Decreto 1420 de 1998
para la tasación del lucro cesante se fundamentó en las rentas que produce o
genera el inmueble objeto de estudio, esto es, los contratos de arrendamiento
suministrados por los propietarios; sin embargo, no se reconoció uno de los
arrendamientos por cuanto no se allegó prórroga del contrato.

Por último, propuso las excepciones de “Falta de elementos que desvirtúen
la legalidad del acto administrativo atacado” y “Legalidad de los actos
administrativos demandados”.

II. LA SENTENCIA APELADA

La Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 7 de diciembre de 2016, negó las
pretensiones de la demanda. Específicamente, en su resuelve señaló:

“PRIMERO. NIÉGASE las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. CONDÉNESE en costas Rosmira Isabel Montes Flores, Alexandra
Bonilla Montes y Eduardo Andrés Bonilla Montes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A., y en consecuencia ordénese por
Secretaría hacer su respectiva liquidación.

TERCERO. DECLÁRENSE fundadas las objeciones por error grave formuladas
por el apoderado del IDU y en consecuencia el ORDENÁSE al auxiliar de la
justicia Nelson Enrique Velandia Bejarano, que de conformidad con el inciso
tercero del artículo 221 de la Ley 1437 de 2011, dentro de los diez (10) días
siguientes a la comunicación de esta decisión, restituya al IDU, el cien (100 %)
por ciento de los valores pagados por la objeción del dictamen pericial, so pena
de ser excluido de la lista de auxiliares de la justica.

CUARTO. ARCHÍVESE el expediente, previa ejecutoria.

2.1. Sobre las objeciones por error grave del dictamen pericial

Señaló, con relación a las objeciones por error grave planteadas por el IDU,
que las mismas se encuentran fundadas por las siguientes razones:

i) la metodología utilizada por el auxiliar de la justicia no tiene en cuenta

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las variables físicas particulares del inmueble objeto de estudio sino
únicamente busca establecer el valor comercial del bien a partir del estudio
de las ofertas o transacciones recientes de bienes que estima son semejantes
y comparables al objeto de avalúo.

ii) ni en el dictamen ni en el escrito de adición y aclaración presentados
por el auxiliar de la justicia, se establece con claridad la fecha de los valores
utilizados como referencia para determinar el valor comercial de inmueble
expropiado. El perito erró al no utilizar valores correspondientes al año 2011
como referencia para fijar el valor comercial del bien, lo cual altera en forma
ostensible la cualidad, esencia y sustancia del objeto analizado y, por ende el
resultado del dictamen.

iii) la prueba pericial omitió establecer el daño emergente y lucro cesante
que fue ordenado en el auto que decretó pruebas, elementos que son
constitutivos del precio indemnizatorio por la expropiación del bien inmueble

Indicó que, por lo anterior no se tendrá en cuenta el dictamen pericial rendido
por el auxiliar de la justicia Nelson Enrique Velandia Bejarano, quien debe
restituir a la parte que objetó el dictamen el 100% de los valores pagados, so
pena de ser excluido de la lista de auxiliares de la justica.

2.2. Sobre los cargos de nulidad

2.2.1. Violación de los artículos 29, 34 y 58 de la Constitución Política

Aclaró que la acción especial contencioso administrativa procede únicamente
en contra del acto administrativo que ordena la expropiación administrativa,
por lo que no se pronunciará sobre el acto que determina la adquisición de un
inmueble por el procedimiento de expropiación administrativa y se formula
una oferta de compra. Señaló que no se desconoce las normas alegadas como
vulneradas en razón a que los actos demandados además de corresponder al
avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación incluyeron el daño
emergente y el lucro cesante.

2.2.2. Violación del artículo 62 de la Ley 388 de 1997

Manifestó que no se trasgrede la citada norma ya que los actos enjuiciados,
además de reconocer el valor comercial del inmueble, tuvieron en cuenta el
daño emergente y el lucro cesante, valores que se encuentran consignados
en el avalúo del informe técnico No. 39264-2011.

2.3.3. Violación del inciso 4 del artículo 61 y artículo 68 de la Ley 388 de 1997

Precisó que el término de 30 días es para que las partes pueden realizar el
proceso de negociación una vez expedido el acto administrativo que determina
la adquisición del inmueble, por lo que una vez vencido, la autoridad tiene la
potestad de proferir el respectivo acto de expropiación. Resaltó que no es

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cierto que dicho plazo sea el término que tiene la administración para proferir
la resolución de expropiación después de que se determinó la adquisición del
inmueble.

2.3.4. Violación del artículo 2 del Decreto 1420 de 1998 – 7 vulneración del
artículo 1 y 3 de la Resolución 620 de 2008

Afirmó que no se trasgreden las normas invocadas, ya que el avalúo oficial
hizo una comparación con 4 inmuebles para la fecha de la formulación de
oferta de compra, identificando la ubicación de los mismos, el tipo de
inmuebles, llegando a la conclusión que i) el total de avaluó comercial
correspondía a $ 208.389.850 y ii) el avaluó del sobrante a $ 49.914.200,
para un total de $ 258.304.050, por lo que la metodología utilizada obedece
a la señalada por el IGAC en la Resolución 620 de 2008, además de que en la
Resolución 1212 de 2012 se incluyeron los valores de daño emergente y lucro
cesante.

2.3.5. Violación del artículo 19 del Decreto 1420 de 1998

Señaló que los avalúos tienen validez de un año a partir de la fecha de
expedición, por lo que el avalúo oficial en el que se sustentó los actos acusados
al ser expedido el 1 de diciembre de 2011 era válido hasta el 2 de diciembre
de 2012, sin que la norma especifique hasta qué momento del trámite de la
expropiación administrativa, sigue siendo válido, ni mucho menos dispuso el
efecto de invalidez que pretende la parte actora. Resaltó que el valor de
indemnización debe corresponder al momento de la formulación de la oferta
de compra.

Indicó que en el caso concreto la Resoluciones 5051 de 2011 y 1447 de 2012
fueron expedidas dentro del término de validez del avalúo oficial. Agregó que,
si bien las Resoluciones 785 y 1212 de 2013 se expidieron una vez vencido el
avalúo, dichos actos hacen parte del procedimiento administrativo que debía
tener como valor de compra el precio vigente al momento de la oferta de
compra y no otro.

Por último, condenó en costas a la parte vencida dentro del proceso.

III.- DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante presenta recurso de apelación y solicita que se
revoque la sentencia apelada, con fundamento en los siguientes
argumentos:

Afirma que la sentencia recurrida incurre en error al declarar probadas las
objeciones por error grave formuladas al dictamen pericial practicado dentro
del proceso, ya que, en su criterio, las deficiencias que determinó el a quo
como constitutivas de error grave, no se encuentran demostradas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25-000-23-41-000-2013-02226-01
Demandante: Rosmira Isabel Montes Flores y otros

Asegura que, contrario a lo señalado por el Tribunal de instancia, el
dictamen pericial sí tuvo en cuenta las particularidades del bien tal como se
detalló en el acápite de las características generales del inmueble, las cuales
sirvieron de fundamento para aplicar el método de comparación o de
mercado. Agrega que no se explica cómo las variables que supuestamente
no se tuvieron en cuenta por el perito constituían un error grave.

Manifiesta que no es cierto que el dictamen debía fundamentarse en valores
del año 2011, ya que, si bien el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 establece
que el valor comercial se determinará al momento de la oferta, ello no debe
aplicarse de manera literal y debe leerse en conjunto con el artículo 70
ibidem que prevé que si el pago de la indemnización no se efectúa dentro
de los 10 días siguientes a la ejecutoria del acto que ordenó la expropiación,
la decisión no producirá efecto y la entidad debe surtir nuevamente el
procedimiento expropiatorio, lo que incluye la oferta de compra.

Aduce que, en el caso concreto, a pesar de que la decisión que resolvió el
recurso de reposición contra el acto de expropiación se notificó el 10 de
mayo de 2013, sólo hasta el 12 de julio de 2013 la administración puso a
disposición de los demandantes los valores del precio indemnizatorio del
bien expropiado, es decir, cuando ya habían trascurrido el término de 10
días, por lo que el pago fue extemporáneo y, por tanto, para efectos de la
oferta no se pueden tener en cuenta los valores comerciales a la fecha de la
misma, pues carecen de efectos jurídicos y, por tanto, se debe realizar
nuevamente.

Resalta que en el dictamen practicado dentro del proceso si se determina el
daño emergente y el lucro cesante, lo que se advierte de la lectura de sus
conclusiones.

Precisa, respecto de los cargos de nulidad, que la administración vulneró los
artículos 29, 34 y 58 de la Constitución por la forma en que determinó el
lucro cesante, ya que el inmueble como bien comercial, generaba una renta
adicional a los demandantes, ya que estaba conformado además de la
vivienda habitacional, por tres locales comerciales que se encontraban
arrendados; sin embargo, la administración únicamente tuvo en cuenta el
arrendamiento de 2 locales.

Reitera que se desconocen los artículos 2° del Decreto 1420 de 1998 y 1° y
3° de la Resolución 620 de 2008, por cuanto no se tuvieron en cuenta las
verdaderas condiciones físicas y jurídicas del bien inmueble expropiado, ya
que, al momento de aplicar el método de comparación para determinar el
precio indemnizatorio, compara el inmueble con otros que no tienen sus
características físicas, por ser inmuebles de ubicación medianera y estar en
la parte interna de un barrio, contrario a la ubicación del bien expropiado,
que es un inmueble esquinero con gran vitrina comercial y sobre una
importante avenida principal, como lo es la carrera 24 de la ciudad.

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Radicado: 25-000-23-41-000-2013-02226-01
Demandante: Rosmira Isabel Montes Flores y otros

Resalta que el acto que ordenó la expropiación no se expidió dentro de los
30 días siguientes a que no se llegara a un acuerdo sobre la oferta de
compra, circunstancia que genera que el precio cancelado esté
desactualizado. Específicamente, indica que el estudio de mercado que
fundamenta la oferta de compra es del mes de septiembre de 2011 y la
notificación del acto de expropiación de marzo de 2013, lo que denota la
vulneración del debido proceso y desconocimiento del derecho de la
propiedad al reconocer y pagar un valor desactualizado.

Alega que, aunque la norma no establece los efectos que produce el
desconocimiento del término de 30 días que debe trascurrir entre la oferta
de compra y el acto que ordena la expropiación, ello no significa que no se
deba cumplir, para evitar que el valor se desactualice.

Insiste en que se demostró el incumplimiento de los numerales 2 y 4 del
artículo 70 de la Ley 388 de 1997 al pagarse el precio indemnizatorio
después de transcurridos los 10 días con que contaba la administración para
hacerlo, por lo que se debió declarar nulos los actos demandados y, en
consecuencia, ordenar que el proceso expropiatorio se surtiera nuevamente.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. Por auto de 4 de diciembre de 2017 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera
instancia.

4.2. A través de auto de 18 de octubre de 2018 se ordenó correr traslado
para alegar de conclusión2, término dentro del cual el Instituto de
Desarrollo Rural - IDU3 presentó escrito en el que reitera lo expuesto en
la contestación de la demanda.

Manifestó que se debe confirmar la sentencia apelada, al no desvirtuarse la
legalidad de los actos demandados, que el dictamen practicado dentro del
proceso no logró desvirtuar el avalúo que sustentó los actos acusados y que,
por el contrario, incurrió en varios errores que vician las conclusiones
acogidas por el perito. Específicamente, insistió en que el avalúo se elaboró
con valores vigentes al año 2014, por lo que termina avaluando un predio
que ya era del IDU en donde ni siquiera estaba la construcción que existía
para la época de la expropiación.

Reiteró que las normas en materia de expropiación son claras en señalar
que el valor a pagar por el predio expropiado debe obedecer al valor
determinado en el informe técnico realizado para efectuar la oferta de
compra, el cual en el caso concreto cumple con la normativa valuatoria.
2
Cuaderno de segunda instancia, folio 21.
3
Ibidem, folios 28 a 32.

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Destacó que el término de 10 días a partir de la ejecutoria del acto de
expropiación es para que el propietario del predio retire los valores de pago
so pena de que se deba constituir depósito judicial, además de que dicho
plazo no es perentorio. Así mismo, señaló que debe entenderse sin perjuicio
de los trámites presupuestales que implican el desembolso del valor
indemnizatorio

4.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto, en segunda instancia.

5.2. Análisis de la Sala

De la lectura y alcance del recurso de apelación interpuesto por la parte
actora, la Sala advierte que se deberá pronunciar sobre: i) las objeciones por
error grave declaradas como probadas por el a quo; ii) si se acreditó dentro
del proceso la incorrección del avalúo oficial que sustentó los actos
demandados; y iii) la procedencia del reconocimiento del lucro cesante en el
caso concreto.

5.2.1. Objeciones dictamen pericial practicado en el proceso

En el fallo recurrido, el Tribunal de primera instancia declaró probada las
objeciones por error grave al dictamen pericial practicado dentro del proceso,
al estimar que i) incurrió en error al aplicar el método comparativo o de
mercado, al no considerar las particularidades y características del bien objeto
de valoración; ii) no ser clara la fecha de los valores adoptados en el método
de investigación ya que debía ser del año 2011 fecha en que se realizó la
expropiación; y iii) no establecer el lucro cesante que fue ordenado en el auto
que decretó pruebas.

En criterio de la parte accionante, el fallo recurrido incurrió en error al declarar
probadas las objeciones, ya que, a su juicio, las deficiencias que determinó
el a quo como constitutivas de error grave, no se encuentran demostradas,
además de que no se explicó cuáles fueron las omisiones en las que
supuestamente incurrió. Específicamente, asegura que el dictamen si tuvo
en cuenta las particularidades del bien objeto de avalúo y que no es cierto
que se debía tener en cuenta los valores del año 2011, ya que, al no
cancelarse el precio indemnizatorio dentro del término de ley, el

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procedimiento expropiatorio pierde sus efectos y se debe realizar
nuevamente, por lo que los valores ya no son los de esa época. Así mismo,
señala que, contrario a lo afirmado por el a quo, si se determinó el lucro
cesante.

Para decidir lo pertinente, es preciso señalar que mediante auto de pruebas
del 19 de junio de 2014 se decretó la práctica de una prueba pericial
solicitada por la parte actora con el fin de: “determinar la suma adicional
que como monto de la indemnización corresponda a los demandantes, como
afectados por la expropiación del predio de su propiedad, teniendo en cuenta
el daño emergente y el lucro cesante ocasionados”.

En cumplimiento de la prueba decretada, el perito Nelson Enrique Velandia
Bejarano allegó dictamen en los siguientes términos4:

“IDENTIFICACION DEL BIEN INMUEBLE OBJETO DE AVALUO.

Se trata de un predio esquinero el que se evidencia que recientemente
fue derrumbada la construcción y que actualmente solo es lote de
terreno, de uso mixto (Comercial y Residencial), demarcado con número
(148), de la manzana E, ubicado en la Avenida Carrera 24 No. 76 — 08, barrio
Juan XXIII, ciudad de Bogotá D.C. El referido predio se identifica con el folio
de Matricula Inmobiliaria No. 50C-441264 y cédula catastral 76 23 7, el cual
cuenta con gran frente comercial, puesto que se encuentra entre la avenida
carrera 24 y Calle 76.

[…]

MARCO CONCEPTUAL AL AVALUO COMERCIAL

Conforme a la diligencia de inspección ocular practicada por el suscrito perito,
se determinó en visita la descripción física del predio objeto de avalúo,
evidenciando que actualmente solo existe el terreno, y se observan
rastros de haber sido demolida su estructura, por ende no existen
dependencias que constituyan en el inmueble. Razón por la cual este
avalúo solo se puede limitar a establecer el valor del terreno.

[…]

INFORMACIÓN BÁSICA

TIPO DE INMUEBLE: Lote
TIPO DE AVALÚO: Comercial
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE: Av. Carrera 24 No. 76 —08
CIUDAD: Bogotá.
LOCALIDAD: (12) Barrios Unidos.
DEPARTAMENTO: Cundinamarca
USO ACTUAL: Comercial y Residencial
FECHA DE LA VISITA: Agosto 01 de 2014

4
Cuaderno de primera instancia, folios 292 a 301.

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FECHA ENTREGA DOCUM.: Agosto 01 de 2014
FECHA DEL INFORME: Agosto 25 de 2014

[…]

Metodología Valuadora:

[…]

Dada la inspección ocular practicada en el inmueble se evidencio que fue
demolido y no es posible desarrollar los métodos de CAPITALIZACIÓN DE
RENTAS O INGRESOS y MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN, ahora
revisando el MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL, se observó en zona cercana no
existe ventas de proyectos de construcción, lo que también impide la
utilización de este último método, lo que nos deja como mejor opción el
MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO, método que se utilizó para
obtener el justiprecio del avalúo en referencia.

Realizada la investigación de mercado para inmuebles comparables y
similares como regla la Resolución 620 de 2008, se encontraron datos de
mercado para inmuebles ubicados en el sector, considerando que estén en vía
principal.

El presente avalúo comercial, corresponde al valor comercial del respectivo
inmueble expresado en dinero; entendiéndose por valor comercial aquel que
un Comprador y un vendedor estarían dispuestos a pagar y recibir de contado,
respectivamente por la propiedad, en un mercado de alternativas de
negociación.

Para efectos de la conformación del justiprecio del bien avaluado, el presente
avalúo comercial, entre otros criterios, se ha tenido en cuenta las
transacciones del sector e identifica el inmueble homogéneamente.

(Anexo valores comparativos de estudio de la zona)

De acuerdo a lo anterior se ha estimado el siguiente avalúo comercial:

AVALÚO COMERCIAL

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Los anteriores valores se encuentran ajustados teniendo en cuenta la revista
metro cuadrado en su versión internet y visitas al sector

[…]

CONCLUSIÓN

[…]

II. Además del valor anterior, es preciso hacer referencia a que adicional al
pago del valor del avalúo comercial, el Decreto 1420 de 1998 en su Artículo
21 Numeral 6, determina que los inmuebles que se encuentren destinados a
actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una
limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del
desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo
del inmueble, la compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta
por un período máximo de seis (6) meses.

III. El presente estudio no hace referencia al valor de la Construcción, pues
ya no existe. tampoco tasa la indemnización que trata Numeral 6, del Artículo
21 del Decreto 1420 de 1998, ni hace referencia a gastos ocasionados por
mudanzas y demás. […]” (Subrayas y negrita fuera del texto original)

Con el anterior dictamen se aportó la consulta realizada en la revista Metro
Cuadrado de 23 de agosto de 2014 respecto de una casa de 354 m2, un lote
o casa lote de 432 m2 y una casa de 348 m2.

Adicionalmente, el citado dictamen fue objeto de aclaración5 en la que se
indicó que el método valuatorio utilizado fue el de comparación o de
mercado, y en el que se precisaron los bienes ofertados comercialmente que

5
Cuaderno de primera instancia, folios 331 a 333.

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fueron utilizados como de referencia, y que se afirman son de similares
características al bien avaluado, para lo cual se allega el siguiente cuadro:

De la revisión del dictamen elaborado dentro del proceso por el perito Nelson
Enrique Velandia Bejarano, así como del escrito de aclaración, se advierte
que le asiste razón al Tribunal de instancia al señalar que se incurrieron en
diferentes errores que impiden otorgar credibilidad a sus conclusiones.

En efecto, al revisar el documento se lee como característica general del
predio que es un lote de terreno y se indica que para el momento de la visita
no había construcción, por lo que sólo se determinaría el valor del lote de
terreno. En ese sentido, es claro que no se tuvieron en cuenta las
particularidades que el bien tenía para el momento de la expropiación, esto
es, que correspondía a un lote de terreno junto con su construcción.

Ahora bien, a pesar de que se indica que únicamente se valora el lote de
terreno, la investigación de mercado se realiza con el valor de transacciones
de casas y casa lotes que aparecen en la revista Metro Cuadrado, esto es,
bienes inmuebles que no tienen las mismas características del lote de
terreno que se afirma se está valorando.

Por otro lado, el dictamen también incurre en error al realizar el estudio de
mercado para la fecha del dictamen y no para el momento de la
expropiación. Sobre este asunto, conviene recordar que esta Corporación ha
señalado que, dado el comportamiento variable del mercado inmobiliario, el

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avalúo debe determinarse para el momento en que se produjo la
expropiación6.

En ese sentido, en el caso concreto, resulta relevante el que la valoración del
dictamen practicado en el proceso sea para el año 2014, pues el estudio de
mercado se realizó con base en la revista de Metro Cuadrado del mes de
agosto de dicha anualidad, circunstancia que impide compararlo con el avalúo
que sirvió de fundamento de los actos demandados el cual se realizó en año
2011.

Adicionalmente, la parte recurrente alega que no se debía tener en cuenta la
fecha de la expropiación para realizar el dictamen, al considerar que el proceso
de expropiación se debía llevar a cabo nuevamente por el no pago del precio
indemnizatorio dentro del término de ley7. Sin embargo, dicho argumento no
es aceptable, ya que los actores confunden una consecuencia prevista por el
legislador por la falta de pago, con el análisis que en este punto se realiza de
si el valor comercial determinado por el avalúo oficial y que fue el sustento de
los actos acusados para el momento de su expedición incurrió o no en error.

Sobre este argumento, cabe recordar que esta Sección8 ha señalado que la
consecuencia prevista en el numeral 4° del artículo 70 de la Ley 388 de 1997
corresponde a un asunto relacionado con la eficacia del acto administrativo
que ordena la expropiación y no con su legalidad, por lo que en el evento
en que la administración no pague el precio indemnizatorio en los términos
fijados por el legislador, la consecuencia será la imposibilidad de ejecutar y
hacer exigible su cumplimiento, situación que no afecta la validez del acto.

Por último, tampoco es acertado el argumento del impugnante relacionado
con que en el dictamen judicial se realizó un pronunciamiento por concepto
de lucro cesante, ya que, por el contrario, de la lectura del citado dictamen

6
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 28 de abril de 2022, Rad.
05001233100020100195901, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
7
Ley 388 de 1997. Artículo 70. “Efectos de la decisión de expropiación por vía
administrativa. Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no haberse
formulado el recurso de reposición dentro del término legal o por haber sido decidido el
recurso interpuesto en forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos: […] En
caso de que los valores y documentos de deber no se pongan a disposición del propietario
o no se consignen dentro de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la
decisión de expropiación por vía administrativa no producirá efecto alguno y la entidad
deberá surtir nuevamente el procedimiento expropiatorio. […]”
8
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 9 de julio de 2020, Rad.
25000232400020110066401, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. “[…] Visto el numeral 4.°
del artículo 70 de la Ley 388, en caso de que la entidad no ponga a disposición del
propietario el precio indemnizatorio, la decisión de expropiación por vía administrativa no
producirá ningún efecto y la entidad deberá surtir nuevamente el procedimiento
expropiatorio. || La norma indicada supra se refiere a la eficacia del acto administrativo
que declara la expropiación y no a una causal de nulidad; en tal virtud, en caso de
verificarse la falta de pago, la administración no puede ejecutar esa decisión ni exigir su
cumplimiento porque omitió adelantar las actuaciones indispensables para que el acto
existente y válido provoque los efectos jurídicos deseados, por lo tanto, es un asunto que,
en principio, debe resolverse en la vía administrativa. […]”

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se lee expresamente que “el presente estudio no hace referencia al valor de
la construcción, pues ya no existe”, y “tampoco tasa la indemnización que
trata Numeral 6, del Artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 […]”.

Por todo lo anterior, la Sala comparte la decisión del a quo de declarar
probadas las objeciones por error grave del dictamen aportado con la
demanda.

5.2.2. Cuestionamientos sobre el avalúo oficial

De otra parte, el recurrente cuestiona el avalúo que fue utilizado para
determinar el precio de la indemnización en los actos acusados, por cuanto,
a su juicio, no se tuvieron en cuenta las verdaderas condiciones físicas y
jurídicas del bien inmueble expropiado.

Para resolver, es necesario citar algunos apartes del informe elaborado el 2
de diciembre de 2011 por Luis Fernando Maguin del Consorcio Avalúos,
Navarro Rocha y Cía. S.A., el cual fue acogido por los actos demandados y
que señala lo siguiente:

“INFORME TÉCNICO CA 701
PROYECTO NO. 106 R.T. No. 39264-2011

Fecha: 2 de diciembre de 2011
Avenida Colombia (AK 24 desde la Calle 76 hasta
Avenida Medellín (AC80)
PROYECTO
1. INFORMACIÓN BÁSICA
1.1 DEPARTAMENTO Cundinamarca
1.2 CIUDAD: Bogotá
1.3 LOCALIDAD Barrios Unidos
1.4 BARRIO Juan XXIII
1.5 PROPIETARIO
1.6 SOLICITANTE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
1.7 FECHA VISITA 6 de septiembre de 2011
1.8 TIPO DE INMUEBLE Lote y Construcción
1.9 ESTRATO Tres (3)
1.10 DIRECCIÓN Avenida Carrera 24 No. 76-08
1.11 REGISTRO TOPOGRÁFICO 39264
1.12 ELABORADO POR Luis Fernando Maguin H.
Avaluador Profesional CPR 025

2. PROPÓSITO DEL AVALÚO
Establecer el valor comercial, en el mercado inmobiliario actual, del inmueble
que se describe a continuación. Se entiende por valor comercial de un
inmueble el precio más probable por el cual éste se transaría en un mercado
donde el comprador y el vendedor actúan libremente, con el conocimiento de
las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien. Se supone que la
transferencia de los derechos de propiedad en caso de venta puede ser
efectuada sin limitaciones.

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3. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS LEÍDOS
El inmueble materia de estudio es : Lote y construcción
3.1 CÉDULA CATASTRAL : 76 23 7
3.2 MATRÍCULA INMOBILIARIA : 050C-441264
3.3 ESCRITURA : 3514 del 11 de Junio de 1984,
Notaria 2 de Bogotá.
3.4 CHIP : AAA00860MYX

[…]

5. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO
5.1 UBICACIÓN Costado oriental de la Avenida Carrera 24 o Avenida
Colombia y costado norte de la Calle 76
5.2 TERRENO
5.2.1 ÁREA RESERVA VIAL 112,29 M2
5.2.2 AREA SOBRANTE 26,81
5.2.3 ÁREA TOTAL DEL TERRENO 139.10 M2
5.2.4 TOPOGRAFÍA RESERVA VIAL Plana
5.2.5 FORMA GEOMÉTRICA RESERVA VIAL Polígono irregular
5.2.6 USO PERMITIDO RESERVA VIAL Vivienda y Comercio

5.3 CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
5.3.1 AREA CONSTRUIDA 160,05 M2
5.3.2 ESTRUCTURA Concreto
5.3.3 CUBIERTA Teja de fibrocemento.
5.3.4 FACHADA Pañete liso y rústico con pintura en vinilo
5.3.5 CIELO RASO Listón de madera, falso en icopor y aluminio,
pañete liso y pintura en vinilo.
5.3.6 PUERTAS Metálicas y madera
5.3.7 VENTANAS Metálicas
5.3.8 PISOS Tableta, cerámica, alfombra, listón de
madera
5.3.9 MUROS Pañete liso y pintura en vinilo, cerámica
5.3.10 INSTALACIONES ELECTRICAS Si hay.
5.3.11 INSTALACIONES HIDRAULICAS Si hay.
5.4.4 CARPINTERÍA METÁLICA Marcos de puertas y ventanas
5.4.5 CARPINTERÍA MADERA No hay
5.4.6 COCINETA Estufa independiente de cuatro (4) puestos
a gas propano.
5.4.7 BAÑOS Aparatos sanitarios en porcelana y las
puertas son en divisiones de ducha en
aluminio y acrílico.
5.5 DEPENDENCIAS Primer Piso Dos locales comerciales cada
uno de ellos con baño; local comercial,
taller, hall, baño, comedor, cocineta, zona
de ropas, escaleras; Segundo Piso: sala-
comedor, tres (3) alcobas.
5.6 ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular
5.7 EDAD Cincuenta (50) años aproximadamente
5.8 USO ACTUAL Comercio y vivienda.
5.9 SERVICIOS PÚBLICOS DEL PREDIO Agua, alcantarillado, energía eléctrica
5.10 OTRAS CONSTRUCCIONES Zona dura, armario

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6. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
6.1 LOCALIZACIÓN Al norte de la Ciudad de Bogotá D.C., sobre
la Avenida Carrera 24 o Avenida Colombia
entre la Calle 76 y Avenida Calle 80 o
Avenida Medellín
6.2 ACTIVIDADES PREDOMINANTES Comercio en Corredor comercial y
residencial habitacional.
6.3 SERVICIOS PÚBLICOS

6.4. VÍAS DE ACCESO Avenida Calle 72 o Avenida Chile, Cabe 74, Calle
76, Avenida Calle 80 o Avenida Medellín, Avenida
Carrera 24 o Avenida Colombia, Avenida Carrera
30 o Avenida NQS.
6.5 NORMA URBANÍSTICA UPZ 98 LOS ALCÁZARES, REGLAMENTADA POR EL
DECRETO 262 DEL 07 DE JULIO DE 2010. Sector 5
Tratamiento: Consolidación; Área de Actividad:
Comercio y / Servicios: Modalidad: Densificación
moderada; Zona: Comercio. Aglomerado. Altura
Permitida: 6 Pisos, índice de Construcción: 4,5,
índice de Ocupación 0,75, Tipología: Continua.

7. FACTORES Y METODOLOGIA APLICADA
7.1 FACTORES Ubicación, área del terreno, servicios públicos con
que cuenta el predio y la reserva vial, uso actual
del sector y del predio, norma del uso del suelo,
topografía.
7.2 METODOLOGIA APLICADA Método de mercado: Es la técnica valuatoria
que busca establecer el valor comercial del bien, a
partir del estudio de las ofertas o transacciones
recientes, de bienes semejantes o comparables al
del objeto de avalúo.

Método de costo de Reposición: Es el que busca
establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la
construcción a precios de hoy, de un bien
semejante al del objeto de avalúo y restarle la
depreciación acumulada

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Demandante: Rosmira Isabel Montes Flores y otros

10. OBSERVACIONES

El Certificado de Libertad y Tradición suministrado tiene una fecha de expedición
del 29 de abril de 2010.

El predio se encuentra en zona de influencia directa del corredor de la
AVENIDA COLOMBIA, la cual es una vía de la malla vial arterial tipo par.

No es pertinente realizar el corte estructural a la construcción y el lote
sobrante no es desarrollable.

El INFORME TÉCNICO CA 696, AVALÚO PROYECTO No.106 R.T No. 39264-2011,
del 1 de diciembre de 2011 se anula. […]” (Subrayas y negrita fuera del texto
original)

Junto con el citado avalúo obra estudio de mercado en el cual se relacionan 4
inmuebles de los cuales se indican los siguientes datos: fecha, ciudad, barrio,
dirección, estrato, edad, ubicación, área lote, área construida, valor venta
total, valor metro cuadrado lote, calor construcción metro cuadrado y
teléfono. En este mismo documento se señaló como valor adoptado para
predios medianeros “$1.000.000” y para predios esquineros “$1.200.000”. Así
mismo, en las observaciones se indicó que: “las esquinas por su condición
comercial tienen mayor vitrina para el uso comercial y mejor desarrollabilidad,
por tanto mayor valor de acuerdo con las condiciones del sector”.

De la revisión del anterior avalúo se observa que para su elaboración se
tuvieron en cuenta las condiciones particulares del predio al momento de su
valoración. Específicamente, en el citado avalúo se lee: i) la identificación
y ubicación del inmueble; ii) características del predio, tanto del terreno
como de la construcción; iii) características del sector y actividades
predominantes; iv) redes de servicios públicos; v) vías de acceso; vi) norma
urbanística vigente al momento del avalúo; vii) uso actual del bien, y viii)
factores y metodología aplicada para la valoración tanto de la construcción

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como del terreno. Así mismo, se encuentra que el avalúo se realizó respecto
del terreno y de la construcción que era necesaria para la expropiación, así
como del terreno y la construcción sobrante que al no ser desarrollable se
debía reconocer.

Así las cosas, contrario a lo afirmado por el recurrente, en el avalúo oficial
sí se tuvo en cuenta las condiciones particulares del bien incluida su posición
de predio esquinero, la cual fue determinante para fijar el valor del metro
cuadrado en el estudio de mercado.

De otro lado, la parte recurrente alega que el acto que ordena la expropiación
incurre en nulidad al acoger un avalúo que está desactualizado, ya que, de
un lado, el acto que ordena la expropiación no se expidió dentro de los 30
días siguientes a que no se llegara a un acuerdo sobre la oferta de compra y,
de otra, el estudio de mercado que sustenta el avalúo se elaboró en el mes
de septiembre de 2011 y la notificación del acto de expropiación se realizó
sólo hasta en el mes de marzo de 2013.

Pues bien, de la revisión del expediente se observa que tanto la Resolución
5051 del 15 de diciembre de 2011, que ordenó la adquisición del bien
inmueble por el procedimiento de expropiación por vía administrativa y realizó
la oferta de compra, como el acto que la modificó, Resolución 1447 del 29 de
mayo de 2012, fueron expedidas dentro del término de vigencia de un año
que tiene el avalúo, teniendo en cuenta que dicho informe data del 2 de
diciembre de 2011.

En este punto, se debe recordar que el artículo 61 de la Ley 388 de 19979,
aplicable por remisión expresa del artículo 67 ibidem10, establece que el valor
del precio indemnizatorio que se reconocerá al propietario del bien expropiado
corresponde al valor comercial que se determine para el momento de la oferta
de compra, lo cual se cumple en el presente asunto, ya que en el acto de
expropiación se acogió el valor fijado en la oferta de compra, el que a su vez
se sustentó en un avalúo que estaba vigente.

Ahora bien, esta Sección11 ha señalado que el término de 30 días hábiles12

9
Ley 388 de 1997. Artículo 61. “[…] El valor comercial se determinará teniendo en cuenta
la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de
compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica.
[…]”
10
Ley 388 de 1997. Artículo 67. Indemnización y forma de pago. “En el mismo acto que
determine el carácter administrativo de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio
indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial
que se utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 de la presente ley. […]”
11
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de febrero de 2014, radicado nro.
25000-23-24-000-2005-00348-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; sentencia del 27 de
febrero de 2025, radicado nro. 76-001-2333-000-2013-00348-01, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez; y sentencia del 6 de marzo de 2025, radicado nro. 25-000-2341-000-2016-
02052-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
12
Ley 388 de 1997. Artículo 68. Decisión de la expropiación. “Cuando habiéndose
determinado que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía administrativa,

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previsto en el artículo 68 de la Ley 388 de 1997 para disponer de la
expropiación por falta de un acuerdo para la enajenación voluntaria
corresponde a una fase razonable de negociaciones que, de resultar
infructuosas, permiten a la administración desistir de la búsqueda de una
enajenación voluntaria ante el administrado y proceder así a expropiar el
inmueble. En ese sentido, no es un término perentorio que pueda generar las
consecuencias de nulidad que el actor pretende.

En ese orden de ideas, si bien la recurrente alega que el avalúo oficial estaba
desactualizado, más allá de realizar dicha afirmación, no obra prueba en el
expediente que permita arribar a tal conclusión, pues las pruebas aportadas
al plenario no desvirtúan la legalidad del avalúo con relación al precio
indemnizatorio por concepto del valor comercial del bien objeto de
expropiación.

En este punto, cabe mencionar que la jurisprudencia de esta Corporación13
ha sostenido que el precio indemnizatorio está amparado por la presunción
de legalidad al ser incorporado al acto administrativo que ordena la
expropiación, por lo tanto, la parte demandante tiene la carga de probar cuál
es el error o la incorrección del avalúo oficial.

“[…] al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la
misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de
la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección.”14

La Sala reitera que para concluir que hay incorrección del avalúo oficial no
basta con realizar una comparación del valor del precio indemnizatorio entre
el avalúo oficial y los allegados o solicitados por la parte actora15, sino que se

y transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo de que trata el artículo 66 de la presente ley, sin que se haya llegado a un
acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de promesa de
compraventa, la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado la expropiación
administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo siguiente: […]”
13
Sobre este asunto se puede consultar entre otras providencias: Consejo de Estado.
Sección Primera. Sentencia del 20 de febrero de 2020. Rad. 25000-23-24-000-2011-
00115-01. C.P: Oswaldo Giraldo López; Sentencia de 28 de abril de 2022, Rad. 05-001-
2331-000-2010-0195901, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
14
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Rad. 05001-
23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
15 Sobre la carga de la parte actora para controvertir el avalúo oficial en sentencia del 20

de febrero de 202, C.P. Oswaldo Giraldo López, Rad. 25000-23-24-000-2011-00115-01 se
indicó: “[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el demandante, atendiendo
las presunciones de que gozan los actos de la administración, no es del caso que el escrito
de demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos desvirtuar el realizado por la
entidad pública; para atacar la presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
oficial, es indispensable que el actor, con base en las normas que regulan la materia,
indique el defecto en que se ha incurrido y su impacto en el precio oficialmente establecido,
pues de lo que se trata es precisamente de llevar al convencimiento del juez de que se ha

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requiere demostrar de manera clara y precisa el error en que incurrió el avalúo
oficial, teniendo en cuenta que para fijar dicho valor se analizan diferentes
criterios y parámetros técnicos, situación que no se acredita en el presente
caso.

En el anterior contexto, los reparos expuestos por el apelante en su recurso
de alzada no desvirtúan los argumentos y conclusiones expuestos por el juez
de primera instancia, toda vez que en el plenario no se encuentran elementos
probatorios que logren demostrar la ilegalidad de los actos acusados como
consecuencia de la incorrección del avalúo oficial que determinó el valor
comercial del bien objeto de expropiación y que sirvió de sustento para la
fijación del precio indemnizatorio reconocido a la parte actora con ocasión de
la expropiación administrativa.

En consecuencia, respecto de los anteriores argumentos el recurso de
apelación no tiene vocación de prosperar.

5.2.3. Cuestionamientos sobre el reconocimiento del lucro cesante.

La parte actora insiste en que los actos acusados incurren en error al
reconocer como lucro cesante únicamente la renta de 2 locales comerciales,
ya que, en su criterio, en el inmueble expropiado existían 3 locales que
generaban renta.

Para decidir el anterior cuestionamiento, es preciso señalar que la Resolución
1212 de 2013, que resolvió el recurso de reposición contra el acto que ordenó
la expropiación, respecto del reconocimiento de lucro cesante indicó:

“[…] Una vez revisada la documentación aportada por el recurrente mediante
el oficio No. 20135260634042 de abril 12 de 2013, se observó lo siguiente,
de acuerdo al informe técnico de tasación del lucro cesante de fecha 16 de
abril de 2013:

1. En diciembre 17 del 2007 se realiza una visita censal y se levanta ficha
socioeconómica, al señor CEDULIO BONILLA MOSQUERA, quien informa
que tiene 3 arrendatarios y el canon de arrendamiento, información que
es corroborada por cada uno de los arrendatarios.

incurrido en error al establecer el monto de la indemnización, y no simplemente de
identificar otras alternativas probables. […]” (Subraya del texto original)

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[…]

10.-Dentro de las pruebas aportadas por el recurrente no se evidenció
documento alguno en que este contrato de arrendamiento firmado con
ELIZABETH OLARTE MEDINA, haya tenido continuidad alguna.

11. Teniendo en cuenta que el recurrente aporta los contratos iniciales
firmados entre el causante (CEDULIO BONILLA MOSQUERA) y los
arrendatarios EDGAR DE LA PAVA ARBELAEZ Y SUSANA GARCIA CORTES, así
como los otros si a los contratos en donde se les informa quienes son los
nuevos arrendadores por motivo del fallecimiento del arrendador titular,
evidenciándose de esta manera la continuidad de los mismos y manteniendo
las condiciones inicialmente pactadas; cosa que no sucede con el contrato
firmado entre los herederos y JULIETH OLARTE ya que no se evidencia que
fuese la continuidad de un contrato anterior, a la fecha de oferta de compra.
por lo anterior, no es procedente tenerlo en cuenta como parte del
reconocimiento del lucro cesante por concepto de renta. […]”

Ahora bien, revisado el expediente se observan las siguientes pruebas:

• Copia simple del contrato de arrendamiento comercial celebrado el 21
de febrero de 2012 entre los actores, Rosmira Montes Flórez, Alexandra
Bonilla Montes y Eduardo Andrés Bonilla Montes como arrendadores y
la señora Julieth Olarte Medina como arrendataria, cuyo objeto es el
goce de un local comercial para destinar un almacén de eléctricos en el
inmueble ubicado en la calle 24 # 76-08 en la ciudad de Bogotá, con un
canon de arrendamiento de $850.000. La vigencia del contrato se pactó
de 1 año, contado desde el 21 de febrero de 2012, prorrogable
automáticamente.

• Recibos de 5 de enero de 2013 por $850.000; 5 de febrero de 2013 por
$906.667; 5 de marzo y 5 de abril de 2013 por $1.020.000, cada uno,
los cuales tienen la firma de la señora Rosa Isabel Montes.

• Resolución número 2711 del 16 de octubre de 2013 expedida por la
Dirección Técnica de Predios del IDU, por medio de la cual se autoriza
modificaciones al Censo Poblacional del Proyecto 106 del Acuerdo 180
de 2005: "Avenida Colombia (Ak 24) desde la Calle 76 hasta la Avenida
Medellín (AC 80)", específicamente se realiza la siguiente aclaración:

UNIDAD
No. R.T. TIPO U.S. TENENCIA ACLARACIÓN
SOCIAL
[…]
Se aprueba la aclaración con
respecto al responsable de la
Yulieth Olarte
unidad social para considerar a
7 Medina 39264 Económico Arrendatario
Yulieth Olarte Medina como
[…]
representante de la U.S.
económica arrendataria.

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• Resolución número 20864 del 22 de mayo de 2014 expedida por la
Dirección Técnica de Predios del IDU, por medio de la cual se otorga a
la unidad social en cabeza de Yulieth Olarte Medina un reconocimiento
económico por la suma de $10.449.647 y ordena su pago. En la parte
motiva del anterior acto se lee:

“[…] 13. Que de acuerdo con los Estudios y Diseños, el Censo Poblacional
y Diagnóstico Socioeconómico implementados para el Proyecto No. 106.
"Avenida Colombia (AK. 24) desde la Calle 76 hasta la Avenida Medellín
(AC. 80)" y la gestión social adelantada por los profesionales de la
Dirección Técnica de Predios del IDU, se determinó que la unidad social
en cabeza de YULIETH OLARTE MEDINA, identificada con la Cédula de
Ciudadanía […], en calidad de ARRENDATARIO ECONÓMICO, debía
trasladarse del predio ubicado en la Avenida Carrera 24 No. 76-08,
identificado con RT. 39264, el cual se requiere para la adecuación del
mencionado proyecto.

[…]

Que una vez estudiados y evaluados los documentos soporte que fueron
allegados por la unidad social beneficiaria de manera oportuna y que obran
en el expediente, se estableció que la Unidad Social tiene derecho al
reconocimiento de los siguientes factores.

FACTORES DE COMPENSACIÓN:

Movilización, Corresponde al reconocimiento y pago por concepto de
gastos de mudanza. Teniendo en cuenta que la unidad social en
cabeza de YULIETH OLARTE MEDINA, identificado con la Cédula de
Ciudadanía […], debía trasladarse del inmueble requerido para la
ejecución del proyecto, en su calidad de ARRENDATARIO
ECONOMICO, se le reconocerá lo equivalente a dos (2) SMLMV. Como
medios de prueba en el expediente obran los siguientes documentos:
Fichas socioeconómicas familiares, fotocopia de la cédula de ciudadanía de
la unidad social y constancia de contrato de arrendamiento. Por este
factor le corresponde la suma de: $1.232.000 PESOS M/CTE.

Factor por Traslado de Arrendatarios: Este factor se reconoce y
paga a quien ha sido identificado como arrendatario en el censo y
diagnóstico socioeconómico. El valor que se reconoce y paga por este
concepto es el equivalente a tres (3) veces el canon de arrendamiento
mensual del inmueble requerido por la entidad a cargo del proyecto. Este
factor no podrá ser en ningún caso inferior a un (1) SMLMV, ni superior a
tres (3) SMLMV. Por lo anterior, la unidad social aporta la siguiente
documentación: Constancia de contrato de arriendo, donde
aparece como último valor del canon mensual la suma $1.020.000
y paz y salvo expedido por la propietaria del inmueble. Por este
factor se le reconocerá la suma de $1.848.000/PESOS M/CTE. […]”
(Subrayas y negrita fuera del texto original)

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De la revisión de las anteriores pruebas, se advierte que, si bien la parte actora
solicitó el reconocimiento del lucro cesante por concepto de las rentas de 3
locales comerciales ubicados en el inmueble expropiado, la administración
únicamente reconoció el lucro cesante respecto del arrendamiento de 2 locales
comerciales, mientras que negó la solicitud con relación al contrato celebrado
con la señora Yulieth Olarte Medina por no estar acreditada su continuidad
como si se demostró con relación a los otros contratos.

Ahora bien, dentro del presente proceso la parte actora allegó copia del
contrato celebrado con la señora Yulieth Olarte Medina como arrendataria, en
el cual se indica que recibe para el año 2012 un canon de $850.000, negocio
jurídico que se corrobora con los actos administrativos, Resoluciones 2711 del
16 de octubre de 2013 y 20864 del 22 de mayo de 2014, expedidos por la
entidad demandada en los cuales se reconoce a la señora Yulieth Olarte
Medina como arrendataria del inmueble que fue objeto de expropiación
ubicado en la Avenida Carrera 24 No. 76-08, pagando un canon de
$1.020.00016.

En ese orden ideas, las citadas pruebas brindan certeza respecto de que para
la época en que se expidieron los actos demandados, el inmueble objeto de
expropiación, además de estar destinado a las actividades productivas que
reconoció la administración con el arrendamiento de 2 locales comerciales,
tenía un arrendamiento adicional de un local comercial a favor de la señora
Yulieth Olarte Medina para el funcionamiento de un establecimiento destinado
a la venta de artículos eléctricos, respecto del cual se pactó una renta mensual
de $1.020.000 para el año 2013 que resultó afectada por la expropiación del
bien, canon que resulta razonable teniendo en cuenta que en el contrato se
indicó que se ajustaría anualmente en 20%.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que el propietario del inmueble expropiado
tiene derecho a recibir una indemnización que reconozca el valor comercial,
así como los perjuicios que se le han generado con ocasión de la expropiación,
la Sala declarará la nulidad parcial de los actos demandados, Resoluciones
785 del 22 de marzo de 2013 y 1212 del 10 de mayo de 2013, expedidas por
el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en tanto que no incluyó en el precio
indemnizatorio correspondiente al valor del lucro cesante las rentas dejadas
de percibir por la parte actora con ocasión del contrato de arrendamiento del
local comercial ubicado en la carrera 24 # 76 - 08 en la ciudad de Bogotá,
celebrado con la señora Yulieth Olarte Medina, y que fue objeto de
expropiación por parte de la entidad demandada.

Ahora bien, esta Sección17, en varias oportunidades, ha señalado que, en la
medida en que no existe norma expresa sobre la forma de indemnizar de

16
Cuaderno de Pruebas “Respuesta Oficio CELM-No. 14-73”, folios 98 a 109.
17
Consejo de Estado, Sección Primera, i) sentencia de 23 de mayo de 2024, rad. 25000-
23-24-000-2010-00623-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; ii) sentencia de 23 de
noviembre de 2023, rad.05-001-23-31-000-2011-00268-01, C.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes; iii) sentencia de 19 de abril de 2021, rad. 25000-23-24-000-2011-00240-01,

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manera justa y plena los detrimentos patrimoniales accesorios causados a los
propietarios de una expropiación por vía administrativa, en aplicación del
artículo 8° de la Ley 153 de 188718, se debe acudir a la regla establecida en
el numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 de 199819.

Así las cosas, se reconocerá a título de restablecimiento del derecho por
concepto de lucro cesante el valor mensual del canon de arrendamiento para
el momento de la expropiación ($1.020.000) por 6 meses, esto es, la suma
de seis millones ciento veinte mil pesos ($6.120.000), debidamente
indexados20.

Actualización lucro cesante

Vp: Vh * índice Final
índice inicial

Vp: Corresponde al valor presente

Vh: Es el valor histórico o inicial ($6.120.000)

Índice Final21: Es el último IPC vigente a la fecha de la presente
providencia. Abril de 2025 = 149,66

Índice Inicial: Es el IPC vigente a la fecha de la Resolución 1212 del 10
de mayo de 2013. Mayo de 2013 = 79,21

Vp= $6.120.000 * 149,66
79,21

Vp= $11.563.176

En ese orden, el valor correspondiente a título de restablecimiento del
derecho por concepto de lucro cesante que se reconocerá a favor de la parte
actora es la suma $11.563.176.

C.P. Oswaldo Giraldo López; iv) sentencia de 26 de julio de 2012, rad. 05001-23-31-000-
2003-00977-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E)
18
Artículo 8. “Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán
las leyes que regulen casos ó materias semejantes, y en su defecto, la doctrina
constitucional y las reglas generales de derecho.”
19
“[…] Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos
provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del
avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta por
un período máximo de seis (6) meses.”
20
Artículo 187 del CPACA. “[…] Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida
de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor. […]”
21
https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-
economicas/#/informacionSerie/100002/%C3%8Dndice%20de%20Precios%20al%20Con
sumidor%20%28IPC%29

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5.3. Costas

Finalmente, es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado ha
señalado que el criterio objetivo valorativo de la condena en costas implica: i)
objetivo porque no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera
culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el
proceso o recurso que haya interpuesto y; ii) valorativo porque se requiere en
el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de
su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con
la actividad que el abogado efectivamente realiza dentro del proceso.

En ese orden, de conformidad con los artículos 188 del CPACA22 y 365 del
CGP23, especialmente su numeral 5, así como lo expuesto sobre el punto por
esta Corporación, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena en
costas por concepto de agencias en derecho, en la medida que, el recurso de
apelación formulado por la parte actora prosperó parcialmente y, por tanto,
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Ahora, en lo que hace a los gastos y expensas, no se procederá a condenar
por ese concepto, toda vez que no se acreditó probatoriamente su causación.

5.4. Otros pronunciamientos

Se reconocerá personería a la abogada Martha Cecilia Cañón Solano para
que represente los intereses de la entidad demandada, Instituto de
Desarrollo Urbano – IDU, conforme el poder y anexos que obran en el
expediente24 y según lo previsto en el artículo 74 del CGP. Sin embargo, se
aceptará la renuncia presentada por la referida abogada al poder que le fue
otorgado por el IDU25, comoquiera que cumple con los presupuestos del
inciso cuarto del artículo 76 ibidem.

Igualmente, se reconocerá personería al abogado Julio César Torrente
Quintero, para actuar como apoderado judicial del Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU, en los términos y para los efectos del poder a él conferido26,
de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del CGP. Así mismo, se

22
Artículo 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. || En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal”.
23
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
// 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión
que haya propuesto. […] || 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez
podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los
fundamentos de su decisión. […]”
24
Cuaderno de primera instancia, folio 464.
25
Cuaderno de segunda instancia, folio 34.
26
Ibídem, folio 38.

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aceptará la renuncia27 presentada por el referido abogado al poder,
comoquiera que cumple con los presupuestos del inciso cuarto del artículo
76 ibidem.

Por último, se reconocerá personería al abogado Hernán David Bonilla Sua
para que represente los intereses de la entidad demandada, Instituto de
Desarrollo Urbano – IDU, conforme el poder y anexos que obran en los
índices 31 y 35 de SAMAI, y según lo previsto en el artículo 74 del CGP.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: REVOCAR el numeral primero de la sentencia proferida el 7 de
diciembre de 2016 por la Subsección “A”, de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda
y, en su lugar, DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones 785 del 22
de mayo de 2013 y 1212 del 10 de mayo de 2013, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR al INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO – IDU a pagar a favor de la parte actora la suma de $11.563.176.
por concepto de lucro cesante.

Tercero: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada de 7 de diciembre
de 2016, proferida por la Subsección “A”, de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Cuarto: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Quinto: RECONOCER personería a la abogada Martha Cecilia Cañón
Solano, para actuar como apoderada judicial del IDU, en los términos y para
los efectos del poder a ella conferido.

Sexto: TENER POR TERMINADO el poder conferido por el IDU a la
abogada Martha Cecilia Cañón Solano, de conformidad con lo dispuesto en
el inciso primero del artículo 76 del CGP.

27
Índice 29 de Samai.

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Radicado: 25-000-23-41-000-2013-02226-01
Demandante: Rosmira Isabel Montes Flores y otros

Séptimo: RECONOCER personería al abogado Julio César Torrente
Quintero, para actuar como apoderada judicial del IDU, en los términos y
para los efectos del poder a él conferido.

Octavo: TENER POR TERMINADO el poder conferido por el IDU al
abogado Julio César Torrente Quintero, de conformidad con lo dispuesto en
el inciso primero del artículo 76 del CGP.

Noveno: RECONOCER personería al abogado Hernán David Bonilla Sua,
para actuar como apoderado judicial del IDU, en los términos y para los
efectos del poder a él conferido.

En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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