Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2014-00850-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2014-00850-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2014-00850-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 68001-23-33-000-2014-00850-01
Demandantes: Conjunto Residencial Samanes VI
Demandados: Municipio de Bucaramanga
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Expropiación parcial por vía administrativa. Daño emergente.
Adecuación portería de conjunto residencial
Decisión: Modifica la sentencia de primera instancia. Sin condena en costas
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 20 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se declaró la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados, se ordenó el restablecimiento del derecho y se negaron las demás
pretensiones de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El 29 de septiembre de 20141, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA), en concordancia con el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997, a través de apoderado judicial, el Conjunto Residencial Samanes VI
demandó al Municipio de Bucaramanga con el objeto de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones núm. SI-GP-021 del 14 de febrero de 2014 y núm. SI-GP-073 del 11 de abril
de 2014.
Posteriormente, mediante reforma de la demanda presentada el 21 de abril de 2015,
modificó las pretensiones de la demanda, las cuales quedaron de la siguiente manera:
PRIMERA: Que se declare la nulidad, por razones de inconvencionalidad,
inconstitucionalidad o ilegalidad y de violación a reglamento superior, de las resoluciones
Número 021 del 14 de febrero de 2014 y Resolución SI-GP-0073 del 11 de abril de 2014, por
las cuales se ordena y confirma una expropiación administrativa, en todos los contenidos de
la parte resolutiva que hagan referencia al valor integral comercial del bien concedido por la
expropiación, conforme a los facticos y argumentaciones que se han expuesto en este libelo
o los demás que resulten del trámite del proceso judicial.
1 SAMAI, Índice 40, documento «CUADERNO TRIBUNAL 1», FL.2.
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Demandante: Conjunto Residencial Samanes VI
Demandado: Municipio de Bucaramanga
SEGUNDA: Que como consecuencia de la fertilidad de la anterior o semejante pretensión,
se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a pagar a favor del CONJUNTO
RESIDENCIAL SAMANES VI las sumas que resulten acreditadas correspondientes a una
indemnización justa, idónea, plena y reparatoria a que se contrae el sistema jurídico
transnacional y nacional existente, agregando todos los mayores ítems, gastos y costos
directos e indirectos por el precio a pagar, omitidos por la entidad territorial en los actos
acusados, todo lo cual se estima hasta la reforma de la demanda, así:
N.º Descripción UND Dimensión VR. Unitario VR. Total
1 Área al daño Gl 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000
remanente
2 Muro de cerramiento M2/Gl 164 / 3 $ 95.708.844 $
mampostería y reja meses / $ 113.470.638
metálica, más costo de 17.761.794
vigilancia período de
construcción del muro
3 Traslado de la Gl 1 $ $
subestación eléctrica 157.265.907 157.265.907
4 Construcción del M2 18 $ 1.720.000 $
nuevo cuarto de la 30.960.000
subestación eléctrica
5 Alquiler de planta días 8 $ 600.000 $ 4.800.000
eléctrica
6 Indemnización por Ml 57,6 $ 45.000 $ 2.592.000
cerca viva (zwigilia)
7 Motor del portón Und 1 $ 8.604.720 $ 8.604.720
vehicular
8 Modificación Gl 1 $ 7.000.000 $ 7.000.000
reglamento P.H.
9 Caja del step telefónico Und 1 $ 4.800.000 $ 4.800.000
10 Redes de las cámaras Gl 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000
de seguridad
11 Cerca en postes de Ml 164,00 $ 25.000 $ 4.100.000
concreto y alambre de
púas
12 Adquisición de dos 2 Parque- $ 45.000.000 $
parqueaderos para aderos 90.000.000
nueva portería
13 Costos gerencia del % 9 del valor $
proyecto de total 37.162.125
construcción
14 Reconocimiento por Gl $0 $ 7.140.000
mayores costos en los
que ha debido incurrir
la PH para la
efectivización de sus
derechos
15 Contrato civil de Gl $
consultoría de diseños 14.840.000
nueva portería
16 Gastos urbanísticos - Gl $ 800.000
licencia de
construcción
17 Presupuesto general Ml $ $
de obra portería 145.768.485 145.768.485
18 Gastos por asesoría Gl $ 300.500 $ 300.500
jurídica y otros para
adecuación de la
portería
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19 Gastos procesales Gl $ 226.700 $ 226.700
originados por la
presentación de la
demanda
20 Pago servicio Gl $ 800.000 $ 800.000
profesional por
medición de la energía
que demanda el
transformador
21a Costo financiero - 4x1000 $ 1.635.650
Sobre lo reclamado
($408.913.500)
21b Costo financiero - Por $ 1.304.372 $ 2.940.022
lo reclamar
($326.092.894)
TOTAL VALOR TOTAL $
604.668.950
Para el entendimiento de esta descripción indemnizatoria téngase en cuenta las
argumentaciones expuestas en el acápite II, numeral 2 (desarrollo de la censura), literal C,
del texto de la demanda introductoria, así como las argumentaciones expuestas en este
escrito de reforma.
TERCERA: Que se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por el pago de las costas
judiciales que se causen, incluidas las agencias en derecho, por el desarrollo y actuar de la
acciónante.
CUARTA: Que las sumas que se reconozcan sean debidamente indexadas, conforme a
criterios y formulas definidas por el H. Consejo de Estado, desde el momento en que debieron
ser reconocidas y pagadas efectivamente a la accionada y hasta el momento de efectuarse
el pago efectivo.
QUINTA: Que se dé cumplimiento a la sentencia que se expida dentro de los contenidos y
plazos del artículo 192 del C.P.A.CС.А.
1.1.2. Fundamentos de hecho
La parte actora sostuvo que, en virtud del plan de desarrollo del Municipio de Bucaramanga
para el periodo 2012 a 2015, se contemplaron diez megaproyectos, dentro de los cuales se
incluyó el «INTERCAMBIADOR MUTIS-VIADUCTO CARRERA NOVENA». Señaló que,
para adelantar ese proyecto, se debió afectar parcialmente el predio de su propiedad
identificado con matrícula inmobiliaria núm. 300-158129.
Señaló que, mediante el Acuerdo núm. 034 del 25 de septiembre de 2013, el Concejo
Municipal otorgó facultades al alcalde municipal para que adelantará los procesos de
expropiación administrativa necesarios para materializar los proyectos contemplados en el
plan de desarrollo municipal. En consecuencia, mediante el Decreto núm. 0195 del 3 de
octubre de 2013 se declaró la utilidad pública de parte del predio con matrícula inmobiliaria
núm. 300-158129.
El 20 de noviembre de 2013, se emitió la Resolución SI-GP núm. 006 por la cual se le
formuló oferta de compra de una parte del predio con matrícula inmobiliaria núm. 300-
158129 al Conjunto Residencial Samanes VI. La oferta ascendió a los cuatrocientos ocho
millones novecientos doce mil quinientos pesos ($408.912.500), valor que se fundamentó
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en el avalúo oficial urbano núm. 0415 del 6 de noviembre de 2013 realizado por la Lonja
Inmobiliaria de Santander.
Respecto la oferta realizada por el municipio el accionante señaló lo siguiente:
Mediante escrito empírico del día 9 de enero de 2014, esto es, dentro del término de
los 30 días hábiles concedidos por la administración para la enajenación voluntaria,
radicado en esa fecha ante el Municipio de Bucaramanga, el Conjunto Residencial
Samanes VI solicitó a la entidad territorial revisara el precio indemnizatorio total
ofertado (lo cual incluía el valor comercial del bien), así como los costos mayores por
la intervención y afectación del predio les causarán, junto al reconocimiento de
perjuicios.
Adviértase con total claridad y lealtad, que en tal escrito se aceptó el precio ofrecido
por el lote de terreno afectado ($353.902.500,00), por lo cual este concepto o ítem
no fue sometido coherente y consecuentemente a impugnación ni al tema de prueba
que se desarrolló por dicho medio de contradicción.
Toda vez que el conjunto residencial no aceptó el valor ofertado por el municipio, mediante
la Resolución núm. SI-GP-021 del 14 de febrero de 2014 se ordenó la expropiación por vía
administrativa de parte del inmueble con matrícula inmobiliaria núm. 300-158129. Como
indemnización por la expropiación administrativa parcial se estableció el mismo valor
ofertado mediante la Resolución SI-GP núm. 006 del 20 de noviembre de 2013, esto es,
cuatrocientos ocho millones novecientos doce mil quinientos pesos ($408.912.500).
El accionante señaló que presentó recurso de reposición en contra del acto administrativo.
Dicho recurso fue resuelto mediante la Resolución SI-GP-0073 del 11 de abril de 2014, en
la cual se dispuso no reponer la Resolución núm. SI-GP-021 del 14 de febrero de 2014 y
confirmar el valor establecido por la expropiación del bien.
El demandante sostuvo que este último acto administrativo, esto es, la Resolución SI-GP-
0073 del 11 de abril de 2014, no fue debidamente notificado al conjunto residencial. Señaló
que, en su criterio, no se cumplieron las exigencias consagradas en el artículo 69 del
CPACA.
Finalmente, en la demanda se señaló que el municipio entregó al Conjunto Residencial
Samanes VI el cheque del Banco de Occidente núm. 00069 del 30 de abril de 2014, por la
suma de cuatrocientos ocho millones novecientos doce mil quinientos pesos
($408.912.500).
1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación
El demandante fundamentó sus reparos en los siguientes argumentos:
en primer lugar, sostuvo que los actos administrativos sometidos a control judicial
quebrantaron el orden jurídico, toda vez que, para calcular el valor indemnizatorio,
incluyeron el avalúo núm. 415 de 2013, el cual, según su criterio, no correspondía al valor
comercial real de la zona afectada del predio; asimismo, omitieron asignar valor a ciertas
construcciones, obras o elementos que debían ser considerados en el avalúo y en la
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determinación del valor comercial, con el fin de cumplir adecuadamente los efectos del
método de reparación empleado.
Finalmente, afirmó que el avalúo de oficio evidenció un desconocimiento adicional al no
reconocer una indemnización reparatoria, plena y previa que, de manera indiscutible,
debía ser evaluada y pagada.
Para el demandante, las resoluciones impugnadas presentan errores en el avalúo que
afectan el valor de la oferta y la indemnización en el proceso de expropiación, al no
calcular el costo total de reposición del bien, no utilizar precios actuales ni considerar un
bien nuevo equivalente, y omitir costos directos, indirectos, financieros y de gerencia.
Asimismo, señaló que el Municipio de Bucaramanga tasó valores inferiores y no
reconoció una indemnización plena, previa y reparadora; con ello, se vulneraron normas
legales, constitucionales y de convencionalidad, así como el precedente judicial que exige
una compensación integral por daño emergente y lucro cesante.
Igualmente, el demandante indicó que el avalúo oficial minimizó los valores de las
construcciones que identificó debían demolerse para poder realizar la obra municipal.
Esta afirmación fue sustentada en la demanda con base en el avalúo elaborado por los
valuadores Germán Antonio Sandoval Nocua y Camilo Armando Rodríguez Rodríguez, a
solicitud del conjunto residencial.
En dicho avalúo se encontró que 15 ítems fueron subvalorados por el avalúo oficial
Urbano núm. 0415 del 6 de noviembre de 2013, realizado por la Lonja Inmobiliaria de
Santander. En este punto, el accionante hizo la salvedad de que, dentro de los bienes
respecto de los cuales discutía el menor valor, no incluía lo relacionado con las mejoras
forestales.
Asimismo, el demandante sostuvo que el avalúo oficial urbano núm. 0415 del 6 de
noviembre de 2013 no tuvo en cuenta «unos ítems con sus correspondientes valores
comerciales en los ítems o detalles de construcciones y mejoras forestales en él
avaluadas». Para el demandante, lo anterior repercute en una violación de los artículos
3 y 13 de la Resolución núm. 620 de 2008. El accionante expuso que los conceptos que
no se tuvieron en cuenta fueron los siguientes:
I. Daño remanente: la demolición parcial de la portería exige adecuaciones para que el
área remanente recupere su funcionalidad y armonía arquitectónica. Por ello, debe ser
repuesta en condiciones equivalentes a nuevas mediante el método de reposición.
II. La elevación de un muro de cerramiento y la vigilancia de seguridad mientras se realiza
esa construcción.
III. Traslado de la subestación eléctrica.
IV. Construcción del nuevo cuarto de la subestación eléctrica.
V. Alquiler de planta eléctrica.
VI. Indemnización por cerca viva (zwiglia).
VII. Motor del portón vehicular.
VIII. Modificación del reglamento de P.H.
IX. Caja del step telefónico.
X. Redes de las cámaras de seguridad.
XI. Cerca en postes de concreto y alambre de púas.
XII. Adquisición de dos parqueaderos para la reubicación de la nueva portería.
XIII. Costos de gerencia del proyecto de construcción (interventoría).
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XIV. Reconocimiento por mayores costos en los que ha debido incurrir la P.H. para la
efectivización de sus derechos hasta el momento de la presentación del medio de control
judicial (honorarios profesionales, peritos y abogado).
XV. Contrato civil de consultoría para la realización de estudios, diseños, planos y
levantamientos para la nueva portería.
XVI. Gastos urbanísticos: licencia de construcción para la nueva portería.
XVII. Costo financiero generado por el manejo de recursos bancarios concedidos en los
actos de expropiación, así como el costo financiero de la mayor indemnización no
reconocida por la entidad territorial.
Finalmente, el demandante señaló que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de
Estado han desarrollado una amplia jurisprudencia sobre la expropiación administrativa,
precisando su alcance, los límites que impone el derecho de propiedad, los criterios para
determinar el valor comercial de los bienes y el deber de la administración de reconocer
y pagar una indemnización previa, plena y reparadora.
Asimismo, indicó que la interpretación del artículo 230 de la Constitución ha evolucionado
significativamente durante las últimas décadas, de modo que la jurisprudencia dejó de
ser considerada únicamente como un criterio auxiliar de interpretación para consolidarse
como una fuente fundamental del derecho, con capacidad de orientar e incluso suplir
vacíos o resolver contradicciones del ordenamiento jurídico cuando la labor legislativa
resulta insuficiente; en este sentido, afirmó que los actos administrativos desconocieron
lo resuelto en las sentencias SU-120 de 2003 y C-634 de 2011.
1.1.5. Contestación de la demanda
El Municipio de Bucaramanga2, se opuso a las pretensiones de la demanda, en virtud de
los siguientes argumentos:
En primer lugar, la parte demandada sostuvo que el proceso expropiatorio se había
adelantado dentro de los parámetros legales que rigen dicho trámite. Señaló que el valor
indemnizatorio se había establecido a partir del avalúo oficial urbano núm. 0415 del 6 de
noviembre de 2013, avalúo que consideró se realizó bajo los parámetros establecidos en
el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución núm. 620 de 2008.
Para la defensa del municipio no era viable sostener que el avalúo realizado por los
señores German Antonio Sandoval Nocua y Camilo Armando Rodríguez Rodríguez
pueda ser tenido en cuenta pata establecer el valor del bien, pues no cumple con los
requisitos del artículo 12 del Decreto 1420 de 1998.
La parte demandada expresó que, respecto al incumplimiento de los artículos 3 y 13 de
la Resolución núm. 620 de 2008, por no haberse tenido en cuenta todos los costos para
determinar el costo total de las construcciones que debían adecuarse debido a la
expropiación parcial del inmueble, tales afirmaciones son equívocas, pues el avalúo
oficial tiene incorporados todos y cada uno de los costos objeto de valoración para las
construcciones.
2 SAMAI, Índice 22, documento «CUADERNO TRIBUNAL 1», FL. 158.
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En referencia a la pretensión de que se reconozca que el avalúo oficial no tuvo en cuenta
algunos elementos a título de daño emergente, tales como la reconstrucción de una cerca
perimetral, la caja de teléfonos, la subestación eléctrica, los gastos de vigilancia, el motor
del portón, entre otros, sostuvo que no era necesario pago alguno por esos conceptos,
porque ellos podían ser retirados y reutilizados por el conjunto residencial o porque
constituían mejoras que no debían ser necesariamente reconocidas.
Asimismo, señaló que el avalúo debía sujetarse estrictamente a lo previsto en el Decreto
1420 de 1998 y la Resolución núm. 620 de 2008, por lo que únicamente podían valorarse
las construcciones afectadas y destinadas a demolición, conforme a la ficha de afectación
predial IM-09 de 2013. En ese sentido, concluyó que la Lonja Inmobiliaria de Santander
no estaba autorizada para incluir o valorar mejoras no impactadas por el proyecto.
Asimismo, precisó que el rubro de reposición comprende los costos y gastos de
renovación derivados de la afectación y que, con base en las normas aplicables, el avalúo
fijó un valor de $55.010.000 para las construcciones y de $353.902.500 para el terreno,
para un total de $408.912.500.
Para llegar a la anterior conclusión, la demandada transcribió inextenso varios apartados
de la parte motiva de la Resolución núm. SI-GP-0073 del 11 de abril de 2014, acto
administrativo por medio del cual se resolvió el recurso de reposición presentado contra
la Resolución núm. SI-GP-021 del 14 de febrero de 2014.
A partir de todo lo anterior arribó a las siguientes conclusiones:
Las pretensiones debatidas, en el proceso, no son más que el interés de que se reconozca
un monto superior a la indemnización legalmente reconocida, con fundamento en los
estudios realizados por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Santander, quien absolvió en
debida forma, cuantas veces la parte Demandante, así lo requirió.
El Dictamen aportado por Avaluadores particulares, no son oponibles a mi Defendida, por
cuanto, además que, no reúnen los requisitos legales: para dicha condición, se evidencia
parcialización en la interpretación de las normas, que fue ampliamente explicado en la
Contestación de la demanda.
Los peritos avaluadores, reúnen los requisitos establecidos por las normas que rigen
dicha, función y están constituidos en una Corporación que, está debidamente inscrita en
la Lonja Inmobiliaria.
Se demuestra que, tanto la Ficha Técnica del Predio expropiado, el Dictamen del Perito
Avaluador, la Oferta de Compra del Bien Inmueble, la Resolución de Expropiación del bien
inmueble, se ajustó a los parámetros legales que rigen dicho procedimiento.
Se adelantaron las correspondientes prácticas de pruebas que a bien consideró la parte
Demandante, con testimonios, e inspecciones oculares, tal y como se demuestra en la
correspondiente contestación de la demanda.
Finalmente, la parte demandada presentó las siguientes excepciones: I. Enriquecimiento
sin causa, señaló que la suma indemnizatoria se ajustó a los parámetros legales y que,
de recibirse una indemnización adicional, la demandante obtendría sumas que no le
corresponden; II. Inoponibilidad del dictamen evaluador de la parte demandante, indicó
que este no reúne los requisitos mínimos para ser tenido en cuenta como avalúo; III.
Pago, señaló que la accionada ya había pagado lo correspondiente a la indemnización
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por expropiación; IV. Presunción de legalidad de los actos administrativos demandados,
afirmó que el municipio expidió los actos con el lleno de los requisitos legales y con las
facultades expresamente otorgadas por el concejo de esa ciudad; V. Buena fe, sobre esta
excepción se limitó a señalar que el municipio siempre actuó conforme al ordenamiento
jurídico; VI. Falta de título y causa, respecto de esta excepción no fue desarrollada; VII.
Excepción genérica, en relación con esta excepción se remitió al artículo 164 del «Código
Contencioso Administrativo».
II. LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 20 de septiembre de 2017,
profirió fallo de primera instancia, en el cual resolvió lo siguiente:
PRIMERO. DECLARASE la nulidad parcial de los actos administrativos acusados
Resoluciones N° 021 del 14 de febrero de 2014 y SI-GP0073 del 11 de abril de 2014,
por medio de las cuales se ordena y confirma una expropiación administrativa, en razón
a que no se incluyeron todos los ítems o conceptos a los que tenía derecho el Conjunto
Samanes VI como parte de la indemnización por la expropiación administrativa de la que
fue objeto por parte del Municipio de Bucaramanga, que le garantizaran una
indemnización plena, justa y reparatoria, por las razones expuestas en la parte motiva
de este proveído.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho SE ORDENA AL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA la inclusión en el monto indemnizatorio a favor del Conjunto Samanes
VI, el motor del portón vehicular, costos en los que ha debido incurrir la propiedad
horizontal para la efectivización de sus derechos, contrato civil de consultoría de diseños
de una nueva portería, gastos por asesoría jurídica y otros para la adecuación de la
portería, gastos procesales originados por presentación de la demanda y pago del
servicio de profesional por medición de energía que demanda el transformador en los
valores señalados en la parte motiva de este proveído. Las sumas que se reconozcan a
favor de la parte demandante serán ajustadas, de conformidad con la fórmula
establecida en la parte motiva de este proveído.
TERCERO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.
CUARTO: No hay lugar a condenar en costas, teniendo en cuenta la prosperidad parcial
de las pretensiones de la demandante, conforme con el numeral 5 del Art. 366 del C.G.P.
QUINTO Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente previas anotaciones en
el Sistema Judicial Siglo XXІ.
Para resolver la controversia el tribunal abordó el siguiente problema jurídico: «¿Los actos
administrativos acusados -Resoluciones números 021 del 14 de febrero de 2014 у SI-GP-
0073 del 11 de abril de 2014- desconocieron el ordenamiento jurídico que los reglamenta y
la jurisprudencia nacional e internacional, al no haber reconocido a favor del Conjunto
Residencial Samanes VI una indemnización justa como consecuencia de la expropiación
administrativa de un segmento del lote de su propiedad, por las razones expuestas en la
demanda?». La providencia de primera instancia respondió de la siguiente manera el
problema jurídico planteado:
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Tesis de la Sala: si, respecto del motor del portón vehicular, costos en los que ha debido
incurrir la propiedad horizontal para la efectivización de sus derechos, contrato civil de
consultoría de diseños de una nueva portería, gastos por asesoría jurídica y otros para la
adecuación de la portería, gastos procesales originados por presentación de la demanda y
pago del servicio de profesional por medición de energía que demanda el transformador.
Para arribar a la anterior conclusión, el tribunal adelantó una explicación del marco jurídico
aplicable a la presente controversia; en especial, hizo énfasis en el artículo 58 de la
Constitución Política, la Ley 388 de 1997 y la Ley 2 de 1991. Luego, citó diversas sentencias
proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, de las cuales concluyó lo
siguiente: «la jurisprudencia antes analizada ha señalado de manera reiterada que la
indemnización no solo comprende el valor comercial del inmueble, sino todos los demás
daños y perjuicios que se hubieren podido causar al expropiado».
En lo concerniente al caso concreto, el tribunal señaló que los juicios de reproche que la
parte accionante endilga a los actos administrativos se fundamentan en que el Municipio de
Bucaramanga tomó como monto indemnizatorio el valor que la Lonja Inmobiliaria de
Santander fijó como valor comercial del predio expropiado, pese a que el avalúo efectuado
para tal fin desconoció la normatividad aplicable, asignando un valor inferior al real de
algunas construcciones y mejoras, así como omitiendo incluir ciertos conceptos que
debieron ser objeto de evaluación. En ese sentido, el a quo encontró necesario abordar
cada uno de los argumentos que interpuso el demandante en contra del avalúo oficial
urbano núm. 0415 del 6 de noviembre de 2013.
El primer argumento que se abordó fueron los conceptos que, según el demandante, si bien
fueron tenidos en cuenta en el avalúo oficial, fueron avaluados en un valor inferior al real.
De manera preliminar a resolver este reparo, el tribunal sostuvo que, respecto de dichos
conceptos, no era necesario referirse a la objeción que realizó la parte demandante en
contra del peritaje practicado por el ingeniero Álvaro Efreén Díaz, en atención a que el
tribunal encontró que el perito no se refirió a ninguno de los quince (15) ítems que sí se
tuvieron en cuenta en el avalúo oficial, pero que, en criterio del demandante, no fueron
valorados conforme a la realidad.
Ya sobre el reparo concreto, el tribunal encontró que la parte demandante sustentaba el
mayor valor de esos bienes, dentro de los que se encontraban el área de portería, el área
del mesón de la portería, las áreas de piso en concreto, gravilla y cemento, el área de recibo,
la reja metálica, el portón de acceso vehicular, el poste de cámara de seguridad, el
cerramiento de alambre, la red eléctrica de luminarias, la red de citofonía, las luminarias
internas, la red de cámaras de seguridad y las mejoras forestales, a partir del avalúo
comercial núm. 48-14, elaborado a solicitud del conjunto residencial por los peritos Camilo
Armando Rodríguez Rodríguez y Germán Antonio Sandoval Nocua; no obstante, para el
tribunal, dicha prueba debía ser tenida en cuenta como un dictamen pericial y no
propiamente como un avalúo con fines de determinar el valor total de la indemnización del
predio expropiado.
El tribunal encontró que el avalúo comercial núm. 48-14, aportado por la parte demandante,
no era idóneo para determinar el valor de los bienes de que trataba, toda vez que en ninguna
parte del dictamen se hacía mención acerca de cuál fue la investigación de mercado
realizada por los peritos, pese a que en el mismo peritaje se señaló que, para arribar a los
mayores valores allí consignados, se había adelantado una investigación de mercado.
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Asimismo, se indicó que en el avalúo núm. 48-14 se tomó como referencia la publicación
de CONSTRUDATA, fuente que también era utilizada por la Lonja Inmobiliaria de
Santander. Sin embargo, el avalúo aportado por la parte demandante se basó en la
publicación núm. 169 de 2014, es decir, en una edición correspondiente a un año distinto a
aquel en que se realizó el avalúo oficial.
En ese sentido, se estimó que «la parte accionante, en relación con la indemnización de los
valores de las construcciones que describió e identificó, 15 en total, no logró desvirtuar el
valor que por estos conceptos fueron señalados en el avalúo oficial». Por lo tanto, se resolvió
negar las pretensiones encaminadas a reconocer un mayor valor por los bienes que sí
fueron tenidos en cuenta en el avalúo oficial.
El segundo argumento abordado se refirió a los conceptos que, según la parte demandante,
no fueron tenidos en cuenta en el avalúo oficial urbano núm. 0415 del 6 de noviembre de
2013. En este punto, se estudió la objeción por error grave interpuesta por la parte
accionante contra el dictamen pericial rendido dentro del proceso en primera instancia.
El tribunal encontró que la objeción estaba llamada a prosperar parcialmente, esto es,
únicamente en lo relativo al pronunciamiento sobre las cajas de strep telefónico, las redes
de cámaras de seguridad y la cerca en postes de concreto y alambre de púas, al considerar
que, en esos tres casos, el perito no comprendió lo que se le había solicitado. En ese
sentido, salvo por las respuestas concernientes a los conceptos ya señalados, el tribunal
concluyó que la objeción no era procedente.
Luego de resolver la objeción contra el perito, el a quo estudió los ítems que el demandante
señaló no fueron tenidos en cuenta para determinar el valor de la indemnización con ocasión
de la expropiación administrativa.
En referencia a los emolumentos pretendidos por el área remanente y el presupuesto
general de obra, señaló que «a partir de lo consagrado en el art. 21 del Decreto 1420 de
1998, es claro que, tratándose de procesos de expropiación, es posible que se presente la
afectación parcial de un inmueble, siendo esta porción excluida lo que se denomina “área
remanente”».
En cuanto al área remanente en el caso concreto, sostuvo que sí existía, pues la portería
del conjunto residencial no se afectó en su totalidad y persistió un área remanente en la cual
se ubicaban un baño y la subestación eléctrica del conjunto; sin embargo, el tribunal
encontró que no era necesario reconocer indemnización alguna respecto de obras
adicionales que garantizaran su funcionamiento, en virtud de la siguiente apreciación:
Tampoco se encuentra configurado el supuesto del Art. 21 del Decreto 1420 de 1998 que
obligara a avaluar dicha área de manera independiente en el avalúo corporativo N° 415 de
2013, por cuanto no fue necesario ejecutar obras adicionales para garantizar la funcionalidad
de la construcción, pues, lo que se extrae de las declaraciones es que en el lugar siguió
prestando el mismo servicio que prestaba antes de la expropiación, precisándose que no
puede incluirse dentro de éstas la adecuación, tratamiento y pintura de la fachada de la
subestación y el retiro del baño pactados en el contrato N° 001 CRMS, pues no corresponden
a obras tendientes a la funcionalidad o recuperación del lugar, sino que estas se derivan de
los diseños escogidos por el Conjunto para la nueva edificación. Finalmente, no se requirió
el área remanente para la nueva portería como lo referían los diseños inicialmente
contratados, pues quedó demostrado que la nueva portería se edificó de manera contigua al
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área remanente.
En ese sentido, descartó reconocer indemnización alguna por el área remanente.
Luego, el tribunal abordó el reparo por no haber tenido en el avalúo oficial en cuenta los
siguientes conceptos: muro de cercamiento en mampostería y reja metálica, así como el
costo de vigilancia durante el período de construcción, y la indemnización por cerca viva en
swinglia y cerca en postes de concreto y alambre de púas. Sobre estos valores, el tribunal
encontró que no había lugar a incluirlos dentro del monto indemnizatorio, pues no estaban
acreditados y sostuvo que, según el Consejo de Estado, solo es posible el reconocimiento
de los gastos en que incurra el administrado con ocasión de la expropiación cuando estos
se encuentren debidamente acreditados.
En seguida, estudio la petición de indemnización por los siguientes conceptos: traslado de
la subestación eléctrica, construcción del nuevo cuarto de la subestación eléctrica, alquiler
de la planta eléctrica, adquisición de dos parqueaderos para reubicación de la nueva
portería. En referencia a estos conceptos estableció que según los testimonios rendidos en
el proceso el conjunto residencial decidió «no trasladar la subestación eléctrica, razón por
la cual no se presentaron ninguna de las circunstancias enunciadas que se derivaban de
dicho traslado». Por lo anterior, no había lugar a hacer ningún reconocimiento en el monto
indemnizatorio por esos conceptos.
A continuación, se estudió lo referente a la red de cámaras de seguridad y la caja de strip
telefónico. Para ambos conceptos se señaló que no había lugar a realizar reconocimiento
alguno, pues en el proceso no quedaba demostrado plenamente el daño.
Luego, se abordó el reparo consistente en que en el avalúo oficial no se tuvo en cuenta el
motor del portón vehicular para el cálculo de la indemnización; sobre este concepto, el
tribunal encontró que, según las pruebas que obraban en el expediente, en la portería se
encontraba instalado un manubrio que permitía a los vigilantes abrir y cerrar de manera
manual el portón vehicular sin necesidad de salir de la portería.
Asimismo, estableció que, al revisar el avalúo oficial, el denominado «motor del portón» no
fue tenido en cuenta. En ese sentido, concluyó que el valor del motor sí debía reconocerse
y que la administración incurrió en error al no hacerlo. Por lo tanto, señaló que «el motor del
portón vehicular debe ser incluido en la indemnización, y así será ordenado». Preciso que
el valor a reconocer era el establecido en el avalúo 48-14, esto es, la suma de $7.500.000.
Frente a los gastos en el cambio de propiedad horizontal, el tribunal estableció que no se
encontró probado que el conjunto residencial hubiere incurrido en erogación alguna para
atender esa modificación. Asimismo, respecto del concepto de gerencia del proyecto de
construcción y costos financieros, el tribunal estableció que el mismo no se debía reconocer
toda vez que «son conceptos que para Sala corresponden al ámbito legal de la construcción
y de los costos indirectos derivados directamente de la construcción o desarrollo de una
obra.».
Luego, el tribunal estudió los siguientes conceptos que, según el demandante, no fueron
tenidos en cuenta, pero que debían haberlo sido en el peritaje oficial: reconocimiento por
mayores costos en los que ha debido incurrir la propiedad horizontal para la efectivización
de sus derechos (honorarios profesionales de peritos y abogado), contrato civil de
consultoría para el diseño de una nueva portería, gastos por asesoría jurídica y otros para
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la adecuación de la portería, gastos procesales originados por la presentación de la
demanda, pago del servicio profesional por la medición de energía que demanda el
transformador y la licencia de construcción.
Sobre este punto, el tribunal consideró que los conceptos reclamados no debían formar
parte del avalúo, dado que este se limita a determinar el valor comercial del bien objeto de
expropiación. Sin embargo, destacó que la indemnización no se restringe a dicho valor, sino
que debe comprender todos los perjuicios ciertos y directos derivados de la expropiación,
con el fin de garantizar una reparación integral y justa.
En ese sentido, señaló que estimaba procedente reconocer los gastos reclamados, pues
fueron consecuencia directa de la expropiación y de la necesidad de contratar profesionales
para diseñar alternativas de reconstrucción de la portería y atender los problemas derivados
de la obra. Aunque algunos diseños finalmente no se ejecutaron, respondieron a una
necesidad real generada por la demolición parcial de la construcción existente. Además,
entendió que dichos estudios no pueden considerarse incluidos en el avalúo oficial de 2013.
Conforme todo lo anterior, estableció a título de restablecimiento del derecho, la inclusión
en el monto indemnizatorio a favor del Conjunto Samanes VI, los siguientes Ítems:
CONCEРТО VALOR
MOTOR O PALANCA DEL PORTON $7.500.000
COSTOS EN LOS QUE HA DEBIDO $ 7.140.000
INCURRIR LA PROPIEDAD HORIZONTAL
PARA LA EFECTIVIZACIÓN DE SUS
DERECHOS
CONTRATO CIVIL DE CONSULTORÍA DE $14,840,000
DISEÑOS DE UNA NUEVA PORTERÍA
GASTOS POR ASESORÍA JURÍDICA Y $ 350,000
OTROS PARA LA ADECUACIÓN DE LA
PORTERÍA
PAGO DEL SERVICIO DE PROFESIONAL $ 800,000
POR MEDICIÓN DE ENERGÍA QUE
DEMANDA EL TRANSFORMADOR
III.- DEL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación3, en los siguientes términos:
En primer lugar, señaló que el tribunal realizó una indebida valoración probatoria respecto
de los conceptos que reconoció que el municipio debió de haber incluido en la
indemnización a causa de la expropiación parcial del inmueble con matrícula inmobiliaria
núm. 300-158129. En el recurso de apelación, la parte actora expuso las razones por las
cuales consideraba que el tribunal había incurrido en error respecto de cada uno de los
conceptos reclamados.
3 SAMAI, Índice 22, documento «CUADERNO TRIBUNAL 1», FL. 908.
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• En cuanto al motor del portón vehicular. Señaló que en el expediente no quedó
demostrado la existencia de dicho elemento. Sostuvo que «de acuerdo con la
descripción en el avalúo es claro que no existe el motor, sino una PALANCA O
MANIVELA». Asimismo, sostuvo que el mecanismo de palanca podía ser reinstalado
y no requería sino los gastos de desinstalación e instalación.
• Reconocimiento de mayores costos para efectividad de los derechos de la Propiedad
Horizontal. Sobre este concepto reconocido por el tribunal sostuvo que la actuación
administrativa no era obligatoria la intervención de apoderado, pues los interesados
podían actuar directamente. Asimismo, indicó que los gastos de peritaje
correspondían a los avalúos aportados y ya se encontraban incorporados en los
rubros indemnizatorios pretendidos, de modo que no procedía su reconocimiento
autónomo.
• Contrato civil de consultoría de diseños obra portería. Señaló que el municipio no
puede asumir valores por obras que no guardan ninguna semejanza con los objetos
que se pretende reponer. Indicó que la obligación de la administración no abarca la
realización de obras que comprendan aspectos estéticos y funcionales muy
superiores a los de los bienes existentes antes de la expropiación, sino restablecerlas
en las condiciones preexistentes.
• Gastos por asesoría jurídica y otros para la adecuación de la portería. Según el
apelante, en el pie de página del texto de la reforma de la demanda se expuso que
dichos gastos se originaban en el traslado de la subestación eléctrica y en la
construcción de un cuarto para la nueva subestación; sin embargo, puso de presente
que esa obra no se llevó a cabo. Esta misma argumentación, se sostuvo para
oponerse al reconocimiento por concepto del pago medición de energía. En este
punto señaló que en virtud del parágrafo del artículo 13 de la Resolución núm. 620 de
2008, no es viable la aplicación del método de costo de reposición para bienes sujetos
a al régimen de propiedad horizontal.
Luego, en concordancia con lo anterior, la parte apelante desarrolló un reparo
denominado «REPARACIÓN TOTAL EFECTUADA POR EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA»; en dicho reparo expuso que, de conformidad con la Resolución núm.
SI-GP-073 de 2014, se pagó un valor total de $408.912.500, correspondiente tanto al
precio del predio expropiado como a la compensación por la afectación del inmueble que
permaneció como parte del conjunto residencial.
Sostuvo que el acervo probatorio demuestra que el Conjunto Residencial Samanes VI
fue más que justamente indemnizado por las obras adelantadas por el Municipio de
Bucaramanga, conclusión que se refuerza con el dictamen pericial, en el que se evidenció
que los residentes percibieron una mejora tras las intervenciones, al tratarse de un área
que no prestaba utilidad significativa.
En este sentido, el apelante argumenta que el valor total de la indemnización, fijado con
base en la valoración realizada por el municipio a partir del concepto técnico de la
Consultora JHG y el avalúo de la Lonja Inmobiliaria de Santander, resultó altamente
favorable para la demandante, superando incluso sus expectativas. Por ello, considera
que una condena adicional implicaría un provecho excesivo derivado de la misma causa
y configuraría un enriquecimiento sin causa en detrimento de los recursos públicos. Así,
sostiene que, en aras de la realización del valor constitucional de la justicia, no resulta
procedente imponer al ente territorial el pago de sumas adicionales a las ya reconocidas
en la resolución demandada.
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Finalmente, el apelante elevó la siguiente solicitud:
Con fundamento en lo expuesto, solicitamos respetuosamente SE REVOQUE LA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA y en su lugar se proceda a negar las pretensiones
de la demanda y que vista la detallada explicación que obra en el acápite anterior, se
proceda a aplicar a la parte demandante, la sanción prevista en el parágrafo del artículo
206 del Código General del Proceso.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
4.1. Mediante providencias del 26 de marzo de 20194 y 25 de agosto de 20215 se admitió
el recurso de apelación y se corrió traslado para alegar de conclusión, respectivamente.
4.2. Alegatos de conclusión de la parte demandante6
El apoderado del Conjunto Residencial Samanes VI solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia del 20 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, al considerar que se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico y
debidamente sustentada en la valoración de las pruebas obrantes en el proceso.
Asimismo, sostuvo que fue acertada la decisión de reconocer, a título de restablecimiento
del derecho, la inclusión en la indemnización de diversos conceptos omitidos
inicialmente, entre ellos el motor del portón vehicular, los costos asumidos por la
propiedad horizontal para la defensa de sus derechos, los gastos de consultoría para el
diseño de una nueva portería, la asesoría jurídica, las adecuaciones de la portería, los
gastos procesales y el servicio profesional para la medición de energía del transformador.
Asimismo, señaló que reiteraba sus consideraciones expuestas en los alegatos de
conclusión de la primera instancia.
4.3. Alegatos de conclusión de la parte demandada
En sus alegatos de conclusión en esta instancia el apoderado del municipio realizó una
contextualización sobre las potestades de planificación de los entes municipales. Ya
respecto del caso concreto, señaló «que los actos acusados no violan las disposiciones
invocadas por la actora y estrictamente ceñido a las disposiciones en que debieron
fundarse, la Constitución Política de Colombia, la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y
las normas concordantes sobre la materia».
El demandado también destacó que el procedimiento de expropiación objeto de
controversia se encuentra regulado en el Capítulo VII de la Ley 388 de 1997, relativo a la
adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial,
particularmente en sus artículos 58 y siguientes. En ese sentido, sostuvo que dicho
procedimiento fue observado y cumplido integralmente por la administración, conforme
se encuentra acreditado en el expediente.
4 SAMAI, Índice 40, documento «EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOPRINCIPAL», FL. 13.
5 SAMAI, Índice 18.
6 SAMAI, Índice 25.
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Por lo anterior, solicitó:
DENEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA y condenar en costas a la parte
demandante.
V.- CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA7 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
5.2 Planteamiento del caso
El 29 de septiembre de 2014, en ejercicio del medio de control definido en el artículo 138
del CPACA, en concordancia con la acción especial contemplada en el artículo 71 de la Ley
388 de 19978, mediante apoderado judicial, el Conjunto Residencial Samanes VI demandó
los siguientes actos administrativos:
1. Resolución núm. SI-GP-021 del 14 de febrero de 2014, «Por la cual se ordena la
expropiación por vía administrativa de un inmueble, con destino a la construcción del
proyecto denominado construcción del intercambiador vial del Mutis - carrera novena»,
expedido por el secretario de infraestructura del Municipio de Bucaramanga.
2. La Resolución núm. SI-GP-073 del 11 de abril de 2014, «Por medio de la cual se
resuelve un recurso de reposición», proferida por el secretario de infraestructura del
Municipio de Bucaramanga (encargado).
En primera instancia, se accedió parcialmente a las pretensiones del demandante,
declarando la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y ordenando, a título
de restablecimiento del derecho, el pago a favor de la parte demandante y a cargo del
municipio, consistente en la inclusión, dentro del monto indemnizatorio derivado de la
expropiación de parte del bien con matrícula inmobiliaria núm. 300-158129, de los
emolumentos correspondientes por concepto de «el motor del portón vehicular; los costos
en los que ha debido incurrir la propiedad horizontal para la efectivización de sus derechos;
el contrato civil de consultoría para diseños de una nueva portería; los gastos por asesoría
jurídica y otros para la adecuación de la portería; los gastos procesales originados por la
presentación de la demanda; y el pago del servicio profesional por la medición de energía
7 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO
DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. [Destaca la Sala]
8 SAMAI, Índice 22, documento «CUADERNO TRIBUNAL 2», FL. 214.
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que demanda el transformador», en los valores señalados en la parte motiva de este
proveído.
El Municipio de Bucaramanga interpuso recurso de apelación y formuló los siguientes
reparos frente al análisis efectuado en la sentencia de primera instancia: i) indebida
valoración probatoria y reconocimiento improcedente de perjuicios, en cuanto el apelante
sostuvo que el a quo erró al declarar la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados y al reconocer sumas indemnizatorias adicionales a favor de la parte actora,
señalando que los distintos conceptos reconocidos en la sentencia carecían de soporte
probatorio suficiente o no guardaban relación causal con la expropiación administrativa;
asimismo, afirmó que el valor pagado por el Municipio de Bucaramanga con ocasión de la
expropiación constituía una indemnización justa e integral, de manera que cualquier
reconocimiento adicional daría lugar a un enriquecimiento sin causa del conjunto residencial
demandante; y ii) solicitó que, además de revocar la sentencia de primera instancia, se
aplique a la parte demandante la sanción prevista en el parágrafo del artículo 206 del Código
General del Proceso.
Conforme los cargos formulados en el recurso de apelación, corresponde a la Sala
determinar si le asiste razón al demandado respecto de las deficiencias que afirma presenta
la sentencia de primera instancia.
En ese sentido, se abordarán los siguientes puntos: i) sobre la alegada suficiencia de la
indemnización otorgada por el municipio y la indebida valoración probatoria por parte del a
quo; y, ii) la aplicación del parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso (CGP)
en el presente proceso.
5.3 Actos demandados
En el sub judice son cuestionados los siguientes actos administrativos:
• Resolución núm. SI-GP-021 del 14 de febrero de 2014. Mediante este acto
administrativo, el secretario de infraestructura del Municipio de Bucaramanga dispuso la
expropiación del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 300-158129.
Resolución No. SI-GP-021
14 de febrero de 2014
POR LA CUAL SE ORDENA LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA
DE UN INMUEBLE, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL DEL
MUTISCARRERA NOVENA.
El Secretario de Infraestructura, actuando en Nombre y Representación del
Municipio de Bucaramanga, en uso de las facultades constitucionales y legales y
en especial de las atribuciones conferidas por el Decreto de Delegación 0203 del
09 de Octubre de 2013, la Ley 9ª de 1989, Ley 388 de 199t y Ley 1682 de 2013 en
concordancia con el Decreto 3049 de 2013, y el Acuerdo Municipal 034 del 25 de
Septiembre de 2013 y el Decreto Municipal 0195 del'03 de Octubre de 2013 que
desarrolla el acuerdo anteriormente citado y demás normas aplicables
concordantes, y
CONSIDERANDO
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[…]
Que declaradas las condiciones de urgencia y con base en lo previsto en el artículo
59 de la Ley 388 de 1997 y demás normas concordantes y aplicables recibió la
competencia para decretar la expropiación por vía administrativa de bienes
inmuebles con miras al cumplimiento de los fines previstos por el artículo 63 de la
Ley 388 de 1997, dentro de los cuales se encuentra el siguiente inmueble:
Una (1) zona de terreno junto con sus construcciones, cultivos y especies en ellas
levantadas, que hace parte de las zonas comunes de propiedad del CONJUNTO
RESIDENCIAL LOS SAMANES SECTOR VI, ubicado en la Avenida Los Búcaros
No. 03 - 05 del Barrio Ciudadela Rea de Minas en el Municipio de Bucaramanga
(Santander), identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 300158129 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, conforme a las
Fichas Prediales No. IM-09 debidamente aprobadas por el Municipio de
Bucaramanga y cuya copia se anexa a la presente donde aparece debidamente
delimitada y alinderada el área total de terreno a adquirir de (202,23 m2) siendo su
abscedado inicial y final respectivamente el siguiente: (K 0 + 046.38 eje 10) - (K 0
+ 076.91 eje 10) y sus linderos específicos son: Por el Norte: En Longitud de (36,97
m) con el CONJUNTO RESIDENCIAL LOS SAMANES SECTOR VI. Por el Oriente:
En Longitud de (20.25 m2) con el CONJUNTO RESIDENCIAL LOS SAMANES
SECTOR VI. Por el Sur: En Longitud de (34.40 m2) con la AVENIDA LOS
BÚCAROS. Por el Occidente: En Longitud de (2.37 m) con la AVENIDA LOS
BÚCAROS.
Que el Precio Indemnizatorio que presentó la entidad adquirente fue la suma de
CUATROCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA CORRIENTE ($408.912.500), conforme al Avalúo Comercial
Corporativo Urbano Especial por Afectación de Obra Pública No. 0415-2013 de
fecha Noviembre de 2013 realizado por la CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA
DE SANTANDER, de acuerdo con los parámetros y criterios establecidos en el
Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 y que se discriminó de la
siguiente manera:
ZONA DE TERRENO: (202,23 m2) x ($1.750.000) = ($353.902.500).
CONSTRUCCIONES: ……………………………………($46.202.000).
MEJORAS FORESTALES: ………………………………($8.808.000).
TOTAL: …………………………………………………….($408.912.500).
El presente Acto Administrativo será dirigido a la Persona Jurídica CONJUNTO
RESIDENCIAL LOS SAMANES SECTOR VI por ser el propietario del inmueble,
inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria.
Que en virtud de dicha competencia y al tenor de lo dispuesto en el artículo 66 de
la Ley 388 de 1997 el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de
Infraestructura, expidió la Resolución de Oferta de Compra SI-GP-0006-2013 de
fecha veinte (20) Noviembre de 2013, por la cual se determinó la adquisición de la
zona de terreno, mejoras forestales y construcciones referidas en el presente acto;
notificada personalmente el día veintiséis (26) de Noviembre de 2013, través de la
Administradora y Representante Legal del Conjunto Residencial la Señora TANIA
MARCELA QUINTERO BARRERA; Resolución inscrita en la Oficina de Registro
de Instrumentos Púbicos de Bucaramanga en el Folio de Matrícula Inmobiliaria el
día veintiocho (28) de Noviembre de 2013.
Que sobre el inmueble objeto de expropiación existen las siguientes medidas
cautelares, limitaciones al dominio y gravámenes consistentes en:
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• Limitaciones al Dominio: Propiedad Horizontal constituida mediante
escritura pública 2396 del 18 de agosto de 1988 de la Notaria Séptima del
Círculo de Bucaramanga, reformadas mediante escritura pública 3994 del
17 de diciembre de 1991 de la Notaria Segunda del Círculo de
Bucaramanga y escritura pública 1476 del 30 de abril de 2003 de la Notaria
Séptima del Círculo de Bucaramanga. (Anotaciones Nos. 2, 4 у 5).
• Medida Cautelar: Declaratoria de Utilidad Pública - Decreto 0195 de 03 de
octubre de 2013. Constituida mediante oficio, con destino al proyecto
citado. (Anotación No. 06)
• Medida Cautelar: Oferta de Compra de Bien Urbano. Constituida mediante
Resolución de Oferta de Compra, con destino al proyecto citado.
(Anotación No. 07).
El día nueve (09) de enero de 2014 la señora TANIA MARCELA QUINTERO,
actuando en nombre y representación del CONJUNTO RESIDENCIAL LOS
SAMANES SECTOR VI, radico una "contrapropuesta" a la oferta presentada por
la administración.
Mediante comunicación de fecha cuatro (04) de febrero de 20 4 la Administración
Municipal dio respuesta a lo solicitado, negando las solicitudes.
[…]
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR LA EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA sobre una (1) zona de terreno junto con sus construcciones,
cultivos y especies en ellas levantadas, ¡que hace parte de las zonas comunes de
propiedad de CONJUNTO RESIDENCIAL LOS SAMANES SECTOR VI, ubicado
en la Avenida Los Búcaros No. 03 - 05 del Barrio Ciudadela Real de Minas en el
Municipio de Bucaramanga (Santander), identificado con el Folio de Matrícula
Inmobiliaria No. 300-158129 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bucaramanga, conforme a las Fichas Prediales No. IM-09 debidamente aprobadas
por el Municipio de Bucaramanga y cuya copia se anexa a la presente donde
aparece debidamente delimitada y alinderada el área total de terreno a adquirir de
(20223 m2) siendo su abscisado inicial y final respectivamente el siguiente: (K 0 +
046.38 eje 10) - (K 0 + 076.91 eje 10) y sus linderos específicos son: Por el Norte:
En Longitud de (36,97 m) con el CONJUNTO RESIDENCIAL LOS SAMANES
SECTOR V. Por el Oriente: En Longitud de (20.25 m2) con el CONJUNTO
RESIDENCIAL LOS SAMANES SECTOR VI. Porel Sur: En Longitud de (34.40 m2)
con la AVENIDA LOS BÚCAROS. Por el Occidente: En Longitud de (2.37 m) con
la AVENIDA LOS BÚCAROS.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que Precio Indemnizatorio que presento la entidad
adquirente fue la suma de CUATROCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS
DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($408.912.500),
conforme al Avalúo Comercial Corporativo Urbano Especial por Afectación de Obra
Pública No. 0415- 2013 de fecha noviembre de 2013 realizado por la
CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DE SANTANDER.
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ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO. El pago del (100%) se cancelará por
la entidad adquirente a través de cheque a favor del CONJUNTO RESIDENCIAL
LOS SAMANES SECTOR VI, una vez ejecutoriada la presente resolución y
efectuados los respectivos tramites financieros a favor del propietario.
PARÁGRAFO PRIMERO. Si el valor del Precio Indemnizatorio, una vez puesto a
disposición del CONJUNTO RESIDENCIAL LOS SAMANES SECTOR VI, por
parte de la entidad; no es retirado dentro de los (10) días siguientes a la ejecutoria
del presente Acto Administrativo, se consignará en el Banco Agrario de Colombia,
de acuerdo con lo establecido en el Numeral 2° del Articulo 70 de la Ley 388 de
1997, remitiendo copia de la consignación al Tribunal Administrativo de Santander.
considerándose de esta manera que ha quedado formalmente efectuado el pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para efectos del Precio Indemnizatorios se efectuarán
los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones aplicables,
contemplados en la normativa vigente.
ARTICULO CUARTO: DESTINACIÓN. El inmueble objeto de la presente
resolución, ingresará al patrimonio del Municipio de Bucaramanga, por lo tanto, se
afecta como bien de uso público por su destinación y que hará parte del proyecto
denominado CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL DEL MUTIS-
CARRERA NOVENA.
ARTICULO QUINTO: SOLICITUD CANCELACIÓN DE OFERTA DE COMPRA,
GRAVÁMENES, MEDIDAS CAUTELARESY LIMITACIONES AL DOMINIO. Con
el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 68 Numeral 4º de la
Ley 388 de 1997, se solicita a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bucaramanga cancelar las siguientes inscripciones sobre la zona de terreno a
adquirir y que fue determinada en este acto, siendo los siguientes: […]
ARTÍCULO SEXTO: Orden de inscripción: De conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 68 Numeral 4º de la Ley 388 de 1997, se solicita al Señor Registrador de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, lo siguiente: […]
ARTÍCULO SÉPTIMO: ENTREGA. De conformidad con lo dispuesto en el Numeral
3º del Artículo 70 de la Ley 388 de 1997, efectuado el registro de la presente
resolución, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EXIGIRÁ LA ENTREGA
MATERIAL DE LA ZONA DE TERRENO, MEJORAS FORESTALES, para lo cual,
en caso de renuencia del expropiado acudirá al auxilio de las autoridades
policiales, mediante despacho comisorio que oficiará y radicará la entidad
adquirente en las Inspecciones de Policía del Municipio de Bucaramanga, dentro
de un término perentorio de cinco (5) días de la diligencia se levantará un acta y
en ella no procederá oposición alguna.
ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICACIÓN. Notifíquese la presente Resolución de
Expropiación al CONJUNTO RESIDENCIAL LOS SAMANES SECTOR VI, de
conformidad con lo previsto en los términos de los Artículos 66, 67, 68 y 69 de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO NOVENO: RECURSOS. Contra la presente solo procede el Recurso
de Reposición ante el mismo funcionario que la expidió, el cual se concederá en el
efecto devolutivo, y deberá interponerse por escrito en la diligencia de Notificación
Personal o dentro de los (10) días siguientes a ella o a la Notificación por Aviso, o
al vencimiento del Término de Publicación, según sea el caso, de acuerdo con lo
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estipulado en el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el Artículo
69 de la Ley 388 de 1997.
ARTICULO DECIMO. La presente Resolución de Expropiación por Vía
Administrativa, será de aplicación inmediata y gozará de fuerza ejecutoria y
ejecutiva.
• Resolución núm. SI-GP-073 del 11 de abril de 2014. Mediante este acto
administrativo, se confirmó la Resolución núm. SI-GP-021 del 14 de febrero de 2014,
incluida la indemnización por valor de cuatrocientos ocho millones novecientos doce mil
quinientos pesos ($408.912.500), reconocida con ocasión de la expropiación del
inmueble.
Resolución SI- GP-0073 DE 2014
Abril 11 de 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN
El Secretario de Infraestructura, actuando en Nombre y Representación del
Municipio de Bucaramanga, en uso de las facultades constitucionales y legales y
en especial de las atribuciones conferidas por el Decreto de Delegación 0203 del
09 de Octubre de 2013, la Ley 9ª de 1989, Ley 388 de 1997 y Ley 1682 de 2013
en concordancia con el Decreto 3049 de 2013, y el Acuerdo Municipal 034 del 25
de Septiembre de 2013, el Decreto Municipal 0195 del 03 de Octubre de 2013 que
desarrolla el acuerdo anteriormente citado y demás normas aplicables
concordantes, procede a resolver el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución de Expropiación No. SI- GP- 021 de fecha catorce (14) febrero de 2014.
CONSIDERANDO
Que el día trece (13) marzo de 2014, la Administradora y Representante Legal del
Conjunto Residencial Samanes VI, mediante apoderado especial el abogado
Robert Augusto Duarte Quintero, interpuso Recurso de Reposición, solicitando
modificar y corregir el avalúo que determinó el valor comercial del bien y el precio
a reconocer, para que consecuentemente cuantificar en forma idónea el valor total,
involucrando el reconocimiento y pago de la indemnización reparatoria, plena, justa
y previa por el perjuicio que con ocasión de la expropiación se causa al propietario.
II. CONSIDERACIONES GENERALES DEL RECURRENTE.
Posteriormente el recurrente da a conocer sus inconformidades generales y
específicas, siendo las siguientes.
La Corporación Lonja Inmobiliaria de Santander, advirtió que utilizaba el método
comparativo de mercados, siendo que luego, para establecer el valor comercial del
bien de la construcción utilizo el método exigido y aplicado en el mercado por
Costos de Reposición.
Quebrantar el orden jurídico que establece las reglas en que se motivó y fundó el
avalúo No. 415-2013, que determinó el valor comercial del segmento o zona
afectada del predio urbano (al asi haberlo aceptado la entidad pública) y cuya
expropiación se declaró en el acto impugnado.
Incorporar en el avalúo urbano No. 415-2013 (que fue tomado como fundamento
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del precio comercial ofrecido o declarado por el segmento del bien afectado con la
expropiación administrativa) sumas inferiores a su real valor comercial en los ítems
o detalles de Construcciones en las avaluadas.
No haber incorporado o haber omitido en el avalúo urbano No. 415 - 2013, que fue
tomado como fundamento del precio comercial ofrecido (o declarado a adquirir por
expropiación administrativa), por el segmento a área del bien inmueble afectado
con la expropiación administrativa, unos ítems con sus correspondientes valores
comerciales o costos totales de construcción del remanente o de reconocimiento
de la debida indemnización por el perjuicio a causar, dentro de los acápites que
tituló como CONSTRUCCIONES y MEJORAS FORESTALES en el avaluadas. La
omisión también se produjo porque no dio cumplimiento a la exigencia de forma
acápite especial de esos adicionales ítems o conceptos, para luego sumarios al
costo total de la construcción, como lo exige el reglamento aplicable en la materia
al sub lite.
No haber reconocido y menos ordenado pagar a favor del Conjunto Residencial
Samanes VI, en ninguno de los actos administrativos que expidió la administración,
ni menos en la oferta de precio ni en la expropiación misma del bien, (i) los
conceptos y sus correspondientes sumas de dineros como consecuencia real,
cierta, razonable, ponderada y justa a su derecho a ser indemnizada o reparada
por el daño o perjuicios que le causa con ocasión de la afectación al segmento del
predio identificado con M.I No. 300-158129, (ii) menos cumplir con el deber (de
toda administración) de reconocer mayores costos a favor de la propietaria del
inmueble, en los que esta ha debido incurrir para la efectivización de sus derechos
ya conculcados por el Municipio de Bucaramanga en el acto impugnado. Pero
además esta parte de la censura se produce porque la administración desconoció
en el acto administrativo, ahora atacado es sede administrativo, (iii) el precedente
judicial aplicable al caso y (iv) la omisión en el deber de aplicación uniforme de las
normas y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de estado que
con carácter vinculante le impedían (tanto a la entidad como a sus servidores y
consultores) desconocer los derechos de la propietaria del inmueble al realizarle
una oferta de precio o precio de compra (al expropiar) sin involucrar el valor real
comercial de la zona afectada del inmueble y los conceptos y valores totales por la
indemnización del daño a título de daño emergente y lucro cesante... etc.....(....)....
II. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD PARA RESOLVER
1. Actuaciones en relación con los argumentos del avalúo trasladados a la
Corporación Lonja Inmobiliaria de Santander
Una vez radicado el Recurso de Reposición, la administración y la consultora
procedieron a correr traslado a la Corporación Lonja Inmobiliaria de Santander,
con el fin de dar respuesta a las solicitudes planteadas que rodean la parte técnica
valuatoria frente a la elaboración del avalúo comercial. […]
Manifiesta el recurrente que esta Corporación efectivamente tuvo en cuenta los
métodos debidamente reglamentados por la norma valuatoria que son el
Comparativo de mercado y el del costo de reposición. De igual manera en el folio
7 de su escrito el recurrente manifiesta que:
Adviértase con total claridad y lealtad, por la recurrente, que en tal escrito
aceptó el precio ofrecido por el lote de terreno afectado ($353.902.500,00),
por lo cual este concepto o ítem no lo somete coherente y
consecuentemente a impugnación ni al tema de prueba que se deberá
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desarrollar por este medio de impugnación.
Por lo tanto y según el mismo recurrente, es claro para esta Corporación que la
controversia es generada solo en el valor de las construcciones valuadas ya que
el Conjunto acepto en todos los elementos y su totalidad de valor, precio y fijación
técnica el valor del terreno de $353.902.500,00. […]
Esto demuestra que el recurrente no entiende, no comprende, no interpreta, no
conoce o no sabe, que el método comparativo o DE MERCADO, se refiere y se
utilizó para el avalúo del lote o terreno, por cuanto el valor del terreno se puede
determinar y se pudo para el sector y en este caso para el terreno por este método,
YA ACEPTADO por el Conjunto residencial por valor de $353.902.500,00, por lo
tanto la mera aseveración expresada por el recurrente se cae de su peso por clara
ineptitud y falta de claridad conceptual en un valor ya aceptado.
El método del costo de reposición efectuado para determinar el costo de las
construcciones es un método válido de acuerdo con las normas valuatorias
expresadas, por lo cual mal expresa el recurrente que se deben tomar criterios
diferentes a los normados o inventar un nuevo "método" para darle gusto a un
particular individual de un proyecto determinado, lo que constreñiría la ley.
Si el recurrente leyó y observó el avalúo mencionado pudo darse cuenta de que
todos y cada uno de los costos de reposición de obra fueron incorporados al costo
total efecto de las construcciones en el avalúo, como se indica en el capítulo
numeral 4 y 11 del mismo por un valor total de $46.202.000, lo que da un valor por
Mt2 de área afectada de $5'250.227,27, valor muy suficiente como costo total de
reposición.
Observamos, llegando al tema que el valor signado al avalúo no Corporativo de los
señores personas naturales Germán Antonio Sandoval N y Camilo Armando
Rodriguez R, el valor final fue de $53.643.750,00, tomando valores de reposición
muy superiores a criterio personal de ellos, COMO AVALÚO no CORPORATIVO
como lo plantea la norma mencionada por el MISMO recurrente y legalmente
utilizable Decreto 1420 de 1998.
[…]
La Lonja Inmobiliaria de Santander no puede incluir ni valorar mejoras que no son
afectadas por el proyecto.
La Reposición incluye los costos y gastos de renovación efecto de la afectación,
puesto que el avalúo comercial tiene como fin valorar las áreas de terreno,
construcciones y mejoras forestales que se encuentren sobre la zona de terreno
objeto de afectación predial, de acuerdo a las normas vigentes como son el
Decreto 1420 de 1998, y la Resolución 620 de 2008 IGAC que en conjunto para
tan pocos metros cuadrados llegan a un valor total de $55.010.000,00 en cuanto a
construcciones y en $353.902.500 en cuanto a terreno para un total de
$408.912.500.
Que un avalúo comercial corporativo, no puede incorporar los gastos de vigilancia
inventados por el recurrente (Como costos indirectos de una simple cotización no
ejecutada), no entiende esta Corporación el manejo que le da el recurrente pues
interpreta mal la norma, no la conoce, o la maneja a su criterio. Aclaramos que los
gastos o costos indirectos de esta norma se refieren es a la construcción física de
obra constructiva, no a costos o gastos inventados como son estos de vigilancia o
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posibles gastos de representación del conjunto, o acaso el avalúo debe incorporar
los gastos legales del asesor jurídico o recurrente como parte física integral de los
costos de construcción de la obra civil. La Lonja tampoco tiene responsabilidad de
la inseguridad del sector, para ello es la vigilancia privada con la que cuentan o del
Estado a través de la Policía Nacional.
[…]
3. Análisis de los argumentos presentados, en relación con las pruebas recaudadas
y el concepto técnico de la Corporación Lonja Inmobiliaria de Santander
Analizados los argumentos presentados por el recurrente, las pruebas decretadas
y recaudadas, el concepto técnico emitido por la Corporación Lonja Inmobiliaria de
Santander y la ficha predial elaborada por la firma consultora JHG CONSULTÓR
SAS y aprobada por la Secretaría de Infraestructura, la administración realiza las
siguientes consideraciones:
• En cuanto se refiere a quebrantar el orden jurídico motivo y fundamento del
avalúo N. 415-2013
No comparte la administración municipal, la argumentación del recurrente en
cuanto a la vulneración del orden jurídico, por no acoger sus pretensiones de
mayor valor ofertado, toda vez que el Municipio de Bucaramanga, ha acogido las
disposiciones legales en materia de adquisición predial, en el sentido de obtener
para la adquisición un avalúo comercial, realizado por una persona jurídica privada
registrada y autorizada por una Lonja de Propiedad Raíz, es decir un avalúo de
carácter corporativo.
[…]
En cuanto se refiere al reconocimiento de costos indirectos para la adecuación del
predio, el Municipio acoge el criterio técnico del perito evaluador, en el sentido que
el avalúo comercial, no puede contemplar costos diferentes, a los realmente
valorados3 bien sea por construcciones, mejoras o áreas de terreno, que se
generen directamente por el diseño del proyecto vial.
• En cuanto se refiere al avalúo comercial realizado por la Lonja Inmobiliaria de
Santander
El escrito del apoderado del Conjunto Residencial Samanes VI y los testimonios
recaudados, presentan varios aspectos ante los cuales la administración presenta
la siguiente conclusión:
a. Incorporar en el avalúo sumas inferiores a su valor real comercial en los ítems
o detalles de construcciones avaluadas
En relación con los valores señalados para las construcciones y áreas remanentes
valoradas por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Santander, el Municipio de
Bucaramanga, se atiene al criterio técnico del perito avaluador.
b. Omitir en el avalúo ítems de construcción del remanente o de reconocimiento
de la debida indemnización (incluye construcciones y mejoras forestales)
Tal como lo manifestó la Corporación Lonja Inmobiliaria de Santander, el avalúo
corporativo comercial realizado para adquisición, se fundamenta en el
levantamiento de la ficha predial identificada con el Numero IM-09-2013, tal cual
contiene identificación catastral del inmueble según el folio de matrícula
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inmobiliaria y los títulos legales, la información técnica de las áreas (terreno,
información catastral, urbanismo, construcciones, mejores y especies vegetales)
que se requieren para la construcción del proyecto vial.
[…]
Así mismo, no es viable efectuar un reconocimiento económico por futuras
adecuaciones al predio, que no se encuentran en sitio al momento de la visita
técnica, ni durante la inspección ocular, como es la pretensión para los ítems
denominados: muro cerramiento mampostería y reja metálica, traslado de la
subestación, construcción de nuevo cuarto de la subestación eléctrica, alquiler de
planta eléctrica, entre otros alegados. de En cuanto a los ítems incluidos en la ficha
que a continuación se relaciona se presentan las siguientes consideraciones:
motor del portón de acceso, no se incluyó en el valor del ítem, dado que el mismo
puede trasladase conforme a lo señalado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de
Santander; redes de cámaras de seguridad, se incluyó la requerida para el
proyecto, asi como redes eléctricas, luminarias y poste de cámaras de seguridad.
Igualmente, la modificación del reglamento de propiedad horizontal, es un trámite
que debe asumirse por el propietario del inmueble, salvo que opere disposición
alguna en materia de compensación por enajenación voluntaria.
[…]
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución de Expropiación No. SI - GP-
021 de fecha catorce (14) febrero de 2014, proferida por la Secretaría de
Infraestructura y como consecuencia de lo anterior CONFIRMAR en todas sus
partes el Acto Administrativo "POR LA CUAL SE ORDENA LÀ EXPROPIACIÓN
POR VÍA ADMINISTRATIVA DE UN INMUEBLE, CON DESTINO A LA
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL
INTERCAMBIADOR VIAL DEL MUTIS- CARRERA NOVENA", por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.
[…]
5.4 Análisis de la Sala
5.4.1. Respecto de la alegada suficiencia de la indemnización otorgada por el
municipio y la indebida valoración probatoria por parte del a quo.
Para el tribunal, el Municipio de Bucaramanga se equivocó al no haber incluido ciertos
conceptos dentro del monto indemnizatorio y, por lo tanto, debía declararse la nulidad de
los actos administrativos demandados. Para sostener lo anterior, por un lado, encontró
que en el avalúo oficial no se tuvo en cuenta el motor del portón vehicular para el cálculo
de la indemnización. Por otro lado, estableció que, pese a que conceptos como: i) los
costos en los que ha debido incurrir la propiedad horizontal para la efectivización de sus
derechos; ii) el contrato civil de consultoría de diseños de una nueva portería; iii) los
gastos por asesoría jurídica y otros para la adecuación de la portería; y iv) el pago del
servicio de profesional por medición de energía que demanda el transformador; no debían
contemplarse en el avalúo oficial, por la naturaleza misma de este, sí debían reconocerse
«en la medida en que se tratan de gastos en los que incurrió el Conjunto Samanes IV con
ocasión de la expropiación».
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El municipio centra su reparo en contra de la sentencia de primera instancia al sostener
que «la suma total pagada por el Municipio de Bucaramanga según la Resolución
demandada, señala que el conjunto Residencial Samanes VI fue más que justamente
compensado por la afectación proveniente de las obras que adelantó el ente territorial».
Asimismo, consideró que el tribunal se equivocó al momento de adelantar el análisis
probatorio de cada uno de los conceptos reconocidos.
Teniendo en cuenta que, de conformidad con los artículos 320 y 328 del CGP, aplicables
por la remisión dispuesta en el artículo 306 del CPACA, la apelación tiene por objeto que
el superior examine la cuestión decidida, pero únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el recurrente, esta Sección ha señalado:
En este orden de ideas, para la Sala resulta diáfano que el límite material para el ejercicio de
las competencias del juez de segunda instancia está alinderado por los argumentos que se
consignan en el recurso de apelación contra de la decisión judicial de primer grado sin perjuicio
de la garantía de la no reformatio in pejus, por lo cual es una carga procesal para los
recurrentes hacer un cotejo entre los argumentos expuestos por el juez de primera instancia
con sus razones de desacuerdo, con el objetivo de solicitar ante el superior funcional que se
corrijan los puntos o asuntos de disenso9.
En ese sentido, y en atención a que la parte demandante no apeló la sentencia de primera
instancia que negó el reconocimiento de múltiples conceptos dentro de la indemnización
por expropiación, la presente providencia estudiará únicamente los conceptos que, según
el tribunal, sí se debieron incluir en el precio indemnizatorio y que dieron lugar a la
declaratoria de nulidad parcial de los actos administrativos demandados, análisis que fue
objeto de apelación por parte de la entidad territorial demandada, sin abordar los demás
conceptos que el demandante solicitó en su escrito de demanda.
Previo a abordar los mencionados temas, se pone de presente que la Corte
Constitucional, en la Sentencia C-1074 de 200210, explicó las reglas generales que rigen
la indemnización en el marco de la expropiación, en los siguientes términos:
“[…] De lo anterior, a la luz de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional en la
materia, se deducen las siguientes conclusiones:
1. No puede haber expropiación sin indemnización;
2. La indemnización debe ser previa al traspaso del dominio del bien del particular al
Estado;
3. La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser fijada teniendo en cuenta los
intereses de la comunidad y del afectado y, por lo tanto, esos intereses deben ser
ponderados caso por caso. La ponderación dentro del marco legal y constitucional la hará
el juez civil en el evento de expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante o el juez
contencioso en el evento de la expropiación por vía administrativa;
4. La función de la indemnización es, por regla general, de orden reparatorio. Comprende
tanto el daño emergente como el lucro cesante. No obstante, en algunas
circunstancias, al ser consultados los intereses de la comunidad y asumir dichos intereses
un peso especial, ésta puede reducirse y cumplir tan sólo una función compensatoria. De
otra parte, en circunstancias diversas, al ser consultados los intereses del afectado y
adquirir éstos una relevancia constitucional especial, como en el evento de la vivienda
9 Consejo de Estado, Sección Primera, del 26 de septiembre de 2024, radicación núm. 25000 23 41 000
2014 01319 01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
10 Corte Constitucional, Sentencia C-1074 del 4 de diciembre de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
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familiar y en otros que serán precisados en esta sentencia, la indemnización puede, tanto
en su monto como en su forma de pago, asumir una modalidad que la lleve a cumplir una
función restitutiva.
5. La indemnización no tiene que ser siempre pagada en dinero en efectivo, pero si se
paga la indemnización con instrumentos distintos al dinero, éstos han de reunir por lo
menos las siguientes características: i) No pueden transformar el pago de la indemnización
previa, en un pago futuro, posterior a la trasmisión del dominio del bien expropiado; (ii)
deben garantizar un pago cierto de la obligación y no meramente simbólico o eventual; (iii)
deben constituir un medio legal de pago de obligaciones, de tal forma que realmente
constituyan para el afectado una indemnización; (iv) deben permitir que el valor de la
indemnización por expropiación reconocido como justo, en el caso concreto, se mantenga
en el tiempo, si el expropiado actúa en los negocios diligentemente; (v) deben ser libre y
efectivamente negociables, a fin de garantizar que el afectado pueda convertirlos, en
dinero en el momento en que lo desee, inclusive al día siguiente del traspaso del dominio
del bien; (vi) no pueden ser revocados unilateralmente por la entidad que los emite. […]
[Destaca la Sala]
Asimismo, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 6 de
febrero de 202011, con fundamento en los artículos 21.212 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos13 y 1714 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, reiteró que la expropiación conlleva la obligación de indemnizar el daño
causado al particular, indemnización que debe ser previa y con el propósito de restablecer
el equilibrio. Además, esta Corporación explicó lo siguiente:
“[…] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un bien
del dominio privado comporta necesariamente la obligación de indemnizar el daño, todo el
daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por defecto, pues es claro
que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o que resulte ser parcial o
incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado por el constituyente.
[…] No sobra precisar que, para poder obtener la reparación de los daños accesorios que
hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos sean
ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la decisión
administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su ocurrencia,
pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no pueden ser objeto
de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido entonces de certeza para
que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello que
constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar lugar a una indemnización.
Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos aquellos daños futuros que a pesar
de no haberse consolidado todavía, no existe ninguna duda acerca de su advenimiento.
Para que el perjuicio exista, resulta completamente indiferente que aquél ya se haya
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, Sentencia del 6 de febrero
de 2020 núm. de radicación: 08001233100019971225601; M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.
12 […] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización
justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por
la ley […]” 74 Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley
16 de 30 de diciembre de 1972.
13 Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30
de diciembre de 1972.
14 […] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella,
salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición
de haya una justa y previa indemnización […]
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presentado como un hecho existente en el plano ontológico o que aparezca como la
prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual. Al fin y al cabo, el daño futuro
no es sino una modalidad del daño cierto, tal como lo ha sostenido, en reiteradas
oportunidades esta Corporación.
En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser acreditados
en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de lesiones ya
causadas o de daños que, si bien no se han producido todavía, existe una alta probabilidad
en torno a su ocurrencia […]15 [Destaca la Sala]
Pues bien, como se puede observar de la jurisprudencia citada, tanto de esta Corporación
como de la Corte Constitucional, se hace referencia a una indemnización justa, que
comprende tanto el lucro cesante como el daño emergente. Para poder reconocer esos
perjuicios, es indispensable que los mismos sean ciertos y que exista necesariamente un
nexo de causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la
expropiación. Además, se ha hecho especial énfasis en que los daños ajenos a la pérdida
del derecho de dominio deben ser acreditados en el proceso por quien reclama su
resarcimiento.
A las mismas conclusiones arribó la sentencia apelada, pues en la providencia se señaló
lo siguiente:
De todo lo expuesto se tiene que, quien se vea afectado por una decisión de expropiación
administrativa es titular de una indemnización, que en los términos de la jurisprudencia de
las Altas Cortes debe ser plena, justa y previa, que está constituida por el monto del valor
comercial establecido mediante avalúo efectuado por la entidad competente, más los
perjuicios de orden económico que adicionalmente sean sufridos por el expropiado y estén
plenamente demostrados en el curso del proceso judicial, en caso de que sea necesario
acudir a dicha vía.
Realizadas las anteriores apreciaciones, se abordará cada uno de los conceptos que
fueron reconocidos por el Tribunal a título de restablecimiento del derecho a favor de la
parte demandante. La Sala advierte que el Tribunal, en su providencia, examinó en un
acápite separado lo relativo al reconocimiento del concepto consistente en el motor o
palanca del portón vehicular y, en otro distinto, los demás conceptos reconocidos.
La Sala seguirá dicha metodología, toda vez que encuentra que, salvo el motor o palanca
del portón vehicular, los demás conceptos reconocidos pueden catalogarse como daños
emergentes distintos de la propia valoración del bien expropiado.
• Sobre el motor o palanca del portón vehicular
La sentencia de primera instancia reconoció que el valor del motor del portón vehicular
debía ser incluido dentro de la indemnización por expropiación, a partir de la siguiente
argumentación:
Se señaló en la demanda que en el avalúo 415 de 2013 no se tuvo en cuenta "motor o
parte mecánica que hace abrir o cerrar la puerta vehicular del conjunto", solo se tuvo en
cuenta el portón como tal.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 6 de febrero
de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 08001233100019971225601
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Sobre este concepto, encuentra la Sala, al apreciar las fotos que se allegaron junto con el
avalúo 415 de 2013, concretamente la segunda foto que consta en el folio 91, en la que
se observa el interior de la portería, que ella en se encontraba instalado el manubrio que
permite a los vigilantes operar el portón vehicular de manera manual sin salir de la portería,
circunstancia que se constituye en un hecho notorio, en la medida en que se trata de un
elemento comúnmente instalado en las unidades residenciales y que puede ser
distinguido o identificado por un grupo determinado de personas que habiten o visiten un
conjunto residencial. En estos términos encuentra la Sala probada la existencia de este
elemento en la antigua portería de Samanes VI.
Ahora, revisado el avalúo 415 de 2013 se observa que, tal y como lo refirió la parte actora
este elemento no fue tomado, y a pesar de que su reconocimiento fue solicitado en la
contrapropuesta que presentó el Conjunto en relación con el avalúo, en la respuesta dada
a la misma no se señaló nada respecto de él, y según, el Ing. Germán A. Fuentes el motor
no se estaba en la ficha predial, por lo que no tenía que incluirse, además el motor se
podía trasladar.
[…]
Así las cosas, el motor del portón vehicular debe ser incluido en la indemnización, y así
será ordenado. Se precisa que el valor a reconocer es el establecido en el avalúo 48-14-
$7.500.000=, en razón a que el Arq. Germán Sandoval expresó en su declaración que
para la indicación del valor fue consultado un ornamentador, quien conceptuó al respecto,
[…].
Como puede apreciarse, la sentencia impugnada determinó que el demandante acertó al
sostener que el avalúo oficial erró al no incluir el valor del motor del portón vehicular para
calcular el precio indemnizatorio, pues encontró probado que sí existía un mecanismo
que permitía abrir y cerrar la puerta de entrada de vehículos. Además, estableció que el
valor de dicho elemento se encontraba debidamente acreditado.
En este punto, resulta oportuno señalar que esta Sala ha sido constante en sostener que
el precio justo fijado en el acto administrativo de expropiación, en tanto se integra al
mismo acto que decide la expropiación administrativa, está amparado por la presunción
de legalidad de la que gozan los actos administrativos. Al respecto:
En todo caso, esta Sección también ha sostenido que el precio justo se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, al incorporarse el valor del avalúo oficial en el texto de los
actos que decretan la expropiación por vía administrativa.
Por lo tanto, es obligación de la parte demandante demostrar en el proceso judicial los
errores que le atribuya a dicho avalúo. En sentencia de 14 de septiembre de 2020, se
expuso lo siguiente sobre el particular:
“[…] 5.2.3. [L]a Sala considera relevante precisar el alcance de la carga que recae
sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los actos de la
administración; no basta entonces con que se argumente que los mismos no
cumplieron con lo determinado en la norma para atacar la presunción de legalidad
y veracidad de que goza el avalúo oficial. Resulta indispensable que la parte
demandante indique el defecto en que se ha incurrido y cuál es el impacto en el
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precio que se ofreció por la administración conforme las normas que regulan la
materia […]”16.
En tal sentido, corresponde a la parte demandante asumir la carga de desvirtuar dicha
presunción mediante la aportación de elementos probatorios y argumentos técnicos
suficientes y debidamente sustentados.
Para el caso de la expropiación parcial del inmueble con matrícula inmobiliaria núm. 300-
158129, el precio indemnizatorio establecido en los actos demandados se respaldó en el
avalúo oficial urbano núm. 0415 del 6 de noviembre de 2013, realizado por la Lonja
Inmobiliaria de Santander. Dicho avalúo estableció el precio de adquisición del bien
inmueble de la siguiente manera:
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de marzo
de 2026, número único de radicación 25000-23-41-000-2016-00828-01. MP. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes, en la providencia se cita Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de septiembre
de 2020, radicación núm. 05001-2331-000-2007- 00419-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
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Como se puede apreciar, en efecto no se tuvo en cuenta ningún emolumento para cubrir
el motor o mecanismo para realizar la apertura del portón vehicular. En ese sentido, y
según lo establecido por la jurisprudencia de esta corporación le correspondía al
demandante demostrar que sí se debió de tener en cuenta ese concepto y que el avalúo
oficial se equivocó al omitirlo.
Para el Tribunal, el demandante cumplió con dicha carga, pues, además de considerar
como un hecho notorio que las porterías residenciales cuentan con este tipo de
mecanismos, advirtió que en una de las fotografías incorporadas en el peritaje oficial es
posible apreciar la existencia de un sistema instalado en la portería original que permitía
la apertura del portón vehicular. La foto en concreto es la siguiente:
Pues bien, la Sala se aparta de las conclusiones del a quo por las razones que pasan a
exponerse.
En primer lugar, aunque del registro fotográfico aportado al expediente es posible advertir
que, al interior de la portería del conjunto residencial, existía una palanca que,
aparentemente, estaba destinada a la apertura de las puertas vehiculares, de dicho
medio probatorio no es posible inferir, con el grado de certeza requerido, las
características técnicas, especificaciones, funcionamiento, estado de conservación,
capacidad u otras condiciones del mecanismo instalado.
En consecuencia, la sola evidencia fotográfica resulta insuficiente para establecer que se
trataba del equipo descrito por el demandante y, menos aún, para determinar su valor
económico.
Asimismo, la Sala se aparta de la conclusión del tribunal según la cual, por constituir un
hecho notorio que las porterías de los conjuntos residenciales suelen contar con
mecanismos para la apertura de portones vehiculares, procedía acceder a la pretensión
indemnizatoria formulada. En efecto, aun cuando pueda admitirse como hecho
generalmente conocido la existencia de sistemas destinados a facilitar el acceso
vehicular en este tipo de inmuebles, ello no exonera a la parte interesada de acreditar las
condiciones particulares del bien cuya indemnización reclama.
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Lo anterior, porque el reconocimiento de un perjuicio exige la demostración cierta de su
existencia y extensión, de modo que, en el presente asunto, resultaba indispensable
acreditar plenamente las características específicas del mecanismo presuntamente
afectado para establecer, con soporte objetivo, el valor cuya compensación se solicita.
En esa misma línea, la Sala recuerda que el avalúo oficial constituye un medio de
naturaleza eminentemente técnica y que, por consiguiente, la desvirtuación de la
presunción de legalidad que lo ampara exige la aportación de elementos probatorios de
igual entidad que permitan evidenciar, de manera objetiva y fundada, los errores o
inconsistencias en los que hubiera podido incurrir la administración. No basta, por tanto,
con formular discrepancias respecto de las conclusiones del avalúo ni con acudir a
inferencias derivadas de registros fotográficos, cuando lo que se controvierte es la
valoración técnica efectuada por la autoridad competente.
En el presente caso, el demandante allegó con la demanda el Avalúo Comercial núm. 48-
14. Sin embargo, en relación con el motor del portón, dicho documento únicamente
señaló lo siguiente:
7. Se observó que en el avaluó urbano N° 0415-2013 presentado por la Corporación Lonja
Inmobiliaria de Santander, no se tuvo en cuenta el motor o parte mecánica que hace abrir
o cerrar el portón de acceso vehicular al conjunto.
En el mismo avalúo se le otorgó el siguiente valor al motor del portón vehicular:
Lo cierto es que tampoco de este avalúo se desprende certeza alguna acerca de las
características, especificaciones técnicas, capacidad, estado de conservación o demás
condiciones del supuesto motor o dispositivo mecánico destinado a la apertura del portón
vehicular. De igual manera, se observa que el perito se limitó a identificar la existencia de
un «motor del portón vehicular», sin exponer los elementos técnicos, criterios de
valoración o soportes que justificaran la asignación de un valor de siete millones
quinientos mil pesos ($7.500.000), circunstancia que impide verificar la razonabilidad y
solidez de dicha estimación.
En esas condiciones, la prueba aportada no permite establecer con suficiente grado de
certeza ni la naturaleza del bien cuya indemnización se reclama ni su valor económico
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real. Por consiguiente, la Sala considera que no era procedente reconocer suma alguna
por este concepto, toda vez que en el expediente no quedaron acreditadas las
características del supuesto motor o mecanismo, lo que impide tener por demostrado de
manera cierta el daño cuya reparación se pretende.
Además, no se encuentra que el peritaje aportado por la parte demandante tuviera la
entidad y solidez técnica para desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial, en
especial porque se limitó a señalar que el avalúo oficial no tuvo en cuenta el motor del
portón, pero no profundizó ni desarrollo esa afirmación con criterios técnicos.
Conforme a lo anterior, se modificará la sentencia de primera instancia en lo que atañe
al reconocimiento, a título de restablecimiento del derecho, de una indemnización por
concepto del denominado motor o mecanismo de apertura del portón vehicular, por no
encontrarse debidamente demostrado el perjuicio ni su cuantificación. En ese sentido, no
se incluirá, a título de restablecimiento, concepto alguno por el denominado motor o
mecanismo de apertura del portón vehicular.
• Respecto de los conceptos de: i) los costos en los que ha debido incurrir la
propiedad horizontal para la efectivización de sus derechos; ii) el contrato
civil de consultoría de diseños de una nueva portería; iii) los gastos por
asesoría jurídica y otros para la adecuación de la portería; y iv) el pago del
servicio de profesional por medición de energía que demanda el
transformador
El tribunal reconoció estos daños bajo la siguiente exposición:
siguiendo lo sostenido de manera pacífica y reiterada por la H. Corte Constitucional y el
H. Consejo de Estado, la indemnización que se debe reconocer a una persona (natural o
jurídica) que sea expropiada para dar paso a una obra pública con el fin de satisfacer el
interés general, no está limitada únicamente al valor comercial del bien que resulte
afectado, ya que en ella deben incluirse todos los daños o perjuicios, accesorios ciertos,
que ésta padezcan de manera directa con ocasión de la expropiación, con el fin de obtener
una indemnización justa, plena y reparativa.
Al analizar los conceptos reclamados de cara a lo que ha sostenido la jurisprudencia,
considera la Sala que en efecto sí hay lugar a reconocerlos, en la medida en que se tratan
de gastos en los que incurrió el Conjunto Samanes IV con ocasión de la expropiación,
pues en virtud de ella que se vio abocado a la necesidad de contratar expertos en
diferentes materias, arquitectos, ingenieros y abogados, para lograr la construcción de la
nueva portería en los términos que le resultaran más convenientes, así como la protección
de los derechos que consideró lesionados y para procurar solucionar las situaciones que
se le presentaron, verbigracia, el conflicto suscitado con el Conjunto Residencial Juan
Pablo II por el traslado de subestación eléctrica que también lo abastece de energía y que
se opuso a ayudar a sufragar el costo equivalente a su cambio de lugar.
Lo anterior, sin perjuicio de que al final los diseños para la reconstrucción de la edificación
elaborados por el Arq. Ricardo Andrés Pasada Picón, los que requerían el cambio del
lugar de la subestación eléctrica no fueron los acogidos por parte del Conjunto, puesto
que éstos respondieron a una necesidad real y que se dio producto de la demolición
parcial de la anterior portería y que no se concretó ante la inconveniencia que le
representaba.
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1-. Costos en los que ha debido incurrir la propiedad horizontal para la efectivización de
sus derechos. Según la demanda, éstos corresponden al costo de los honorarios de los
peritos y del abogado que representó el conjunto en sede administrativa; pagos que están
acreditados en las certificaciones que obran a folios 198 y 199 por un total de $7.140.000.
2-. Contrato civil de consultoría de diseños de una nueva portería, estos corresponden al
valor pagado al Arq. Ricardo Andrés Pasada Picón con ocasión de los diseños para la
construcción de la portería, cuyo contrato obra a folio 279-282, donde consta su valor
$14.840.000, y cuyo pago se tiene acreditado a partir de las declaraciones de los señores
Baudilio Pabón Toloza, Liliana Correa Sánchez y Oviel Mendoza Guerrero, residentes del
conjunto.
3-.Gastos por asesoría jurídica y otros para la adecuación de la portería, según reforma a
la demanda (fol. 363), esos corresponden a las consultas jurídicas efectuadas a los
abogados Ramiro Serrano Serrano y Luís Carlos Manosalve Caballero, sobre el asunto
litigioso que surgió con el Conjunto Residencial Juan Pablo II. Sobre este concepto se
reconoce el valor de $350.000 conforme al recibo de caja menor que obra en el expediente
(fol. 387) en virtud de lo dispuesto en el Art.- 262 de C.G.Р.
[…]
5-. Pago del servicio de profesional por medición de energía que demanda transformador,
está acreditado el pago de este profesional en los documentos folios 404 y 405 del
expediente, por valor de $800.000=.
En lo concerniente a la procedencia del reconocimiento del daño emergente con ocasión
de un proceso de expropiación, la Sala considera necesario traer a colación lo previsto
en el numeral 5 del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, que establece:
Artículo 21.- Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del
valor comercial:
[…]
5. Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente
el inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación
para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se
determinará en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte
afectada del inmueble para establecer su valor comercial.
Conforme a la norma transcrita, para reconocer el daño emergente, es menester verificar
si, en el presente caso, la expropiación fue parcial y si se demostró que se requerían
obras de adecuación para poder utilizar el resto del inmueble. En este punto, se recuerda
que esta Sección ha señalado que «los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio
deben ser acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento»17.
Al respecto, se tiene acreditado que la expropiación del inmueble fue parcial, pues, según
el certificado de instrumentos públicos aportado en la demanda, el inmueble con matrícula
inmobiliaria núm. 300-158129 contaba con 8.824 metros cuadrados y la expropiación,
según la Resolución núm. SI-GP-021 del 14 de febrero de 2014, solo se aplicó sobre
202,23 metros cuadrados del total del inmueble.
Ahora bien, es del caso establecer si, en el curso del proceso, quedó acreditado que los
conceptos solicitados por la parte demandante y reconocidos por el tribunal eran
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, Sentencia del 6 de febrero
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necesarios para realizar las adecuaciones requeridas para la utilización de las áreas
remanentes. Sin embargo, de manera previa, la Sala encuentra necesario determinar si,
tal como lo afirmó el a quo, el peritaje oficial no tuvo en cuenta, en su cálculo, el daño
emergente relacionado con las obras que debía acometer el conjunto residencial para
poder utilizar el área remanente luego de la expropiación.
La anterior es una conclusión que no comparte el demandado, pues, en su escrito de
apelación, el Municipio de Bucaramanga señaló: «con la Resolución SI-GP-073 de 2014
se pagó un precio total de $408.912.500. Este valor surge de dos grandes conceptos, a
saber: el valor del predio expropiado para la realización de las obras y el pagado por la
afectación al inmueble que permanecería como parte del conjunto residencial».
Teniendo en cuenta que el precio indemnizatorio establecido en los actos administrativos
se fundamentó en el avalúo oficial urbano núm. 0415 del 6 de noviembre de 2013,
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Santander, es necesario establecer si en dicho
avalúo se contempló el daño emergente por las obras que debía acometer el conjunto
residencial para poder utilizar el área remanente luego de la expropiación, tal como lo
indica el apelante en su recurso, o si, por el contrario, no lo contempló, tal como lo
entendió el tribunal.
Al respecto, la Sala encuentra que en el avalúo oficial no existe un acápite que se refiera
al daño emergente que se causaría con ocasión de las adecuaciones. Sin embargo, en
el expediente obra un documento consistente en la respuesta emitida el 28 de enero de
2014 a la solicitud de reconsideración del avalúo oficial, formulada por la Alcaldía de
Bucaramanga a petición del conjunto residencial, en la cual la Lonja Inmobiliaria de
Santander indicó que, dentro del avalúo, fueron incorporados los costos asociados a las
adecuaciones que debía realizar el conjunto residencial como consecuencia de la
expropiación. En concreto la lonja precisó que:
2.9 La Reposición incluye los costos y gastos de renovación efecto de la afectación,
puesto que el avalúo comercial tiene como fin valorar las áreas de terreno, construcciones
y mejoras forestales que se encuentren sobre la zona, de terreno objeto de afectación
predial, de acuerdo a las normas vigentes como son el Decreto 1420 de 1998, y la
Resolución 620 de 2008 IGAC que en conjunto para tan pocos metros cuadrados llegan
a un valor total de $55.010.000 en cuanto a construcciones y en $353.902.500 en cuanto
a terreno para un total de $408.912.500. [Destaca la Sala]
Entonces, se debe establecer si, en efecto, el método utilizado por la lonja sí incluyó los
costos y las renovaciones en las que debía incurrir el conjunto residencial para la
utilización del área remanente. Al respecto, se tiene que el avalúo oficial contempló lo
siguiente en relación con las construcciones que determinó se verían afectadas por la
expropiación del inmueble y su correspondiente reposición:
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En ese sentido, se encuentra que el método de evaluativo usado en el avalúo oficial fue
el de costo de reposición, método que está regulado en los artículos 3 y 13 de la
Resolución núm.620 de 2008 de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el que busca establecer el
valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la
construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la
depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor
correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la siguiente fórmula:
Vc = {Ct – D} + Vt
En donde:
Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno.
PARÁGRAFO. Depreciación. Es la porción de la vida útil que en términos económicos se
debe descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida
remanente del bien.
Existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo el más conocido el Lineal, el
cual se aplicará en el caso de las maquinarias adheridas al inmueble. Para la depreciación
de las construcciones se deben emplear modelos continuos y no los discontinuos o en
escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad y el estado de
conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini, para lo cual se presentan las
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ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 4. (Ver Capítulo VII De las
Fórmulas Estadísticas).
[…]
ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. En desarrollo de este método
se debe entender por costo total de la construcción la suma de los costos directos, costos
indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, en que debe incurrirse para la
realización de la obra. Después de calculados los volúmenes y unidades requeridos para
la construcción, se debe tener especial atención con los costos propios del sitio donde se
localiza el inmueble.
Al valor definido como costo total se le debe aplicar la depreciación.
PARÁGRAFO 1o. Este método se debe usar en caso de que el bien objeto de avalúo no
cuente con bienes comparables por su naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o
por la inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y corresponda a una
propiedad no sujeta al régimen de propiedad horizontal.
PARÁGRAFO 2o. Para depreciar los equipos especiales que posea el bien, se emplea el
método lineal, tomando en cuenta la vida remanente en proporción a la vida útil
establecida por el fabricante. [Destaca la Sala]
Pues bien, lo primero que destaca la Sala es que el método de costo de reposición no
era el indicado para avaluar los bienes objeto de expropiación, pues estos estaban dentro
del predio con matrícula inmobiliaria núm. 300-158129 y según el certificado de
instrumentos públicos aportado en la demanda, el inmueble pertenece al régimen de
propiedad horizontal.
Lo segundo que se tiene en cuenta, es que el método de costos de reposición si bien
señala que busca establecer «el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de
estimar el costo total de la construcción a precios de hoy» a renglón seguido dispone que
luego de conseguir ese valor se debe «restarle la depreciación acumulada». Operación
que efectivamente fue realizada según la metodología que puso de presente la Lonja
Inmobiliaria de Santander en el propio avalúo:
Para efectos de establecer el valor de la construcción, se realiza con base en todos los
métodos exigidos y aplicados en el mercado para costos de reposición, sobre
investigaciones de precios de los materiales de producción local y nacional, costos de
transporte, mano de obra directa, costos indirectos y demás, que puedan incidir en una
obra de esta naturaleza, incluyendo interventorías, administración, parafiscales,
depreciaciones: y otros necesarios en cada proyecto, pero con miras siempre sobre los
coeficientes de obsolescencia física y funcional en cada tipo de inmueble y la posibilidad
en cada caso de su rentabilidad, por su ubicación, uso y presentación, además de incluirse
en forma concreta su estado de conservación. [Destaca la Sala]
En ese sentido, con el método de reposición se establece únicamente el valor del bien al
momento de ser expropiado, y no se incluye en ese cálculo el costo de las adecuaciones
que se deben realizar para poder utilizar las áreas remanentes. Cuestión distinta sería si
no se hubiese aplicado la depreciación, pues lo que se habría calculado únicamente sería
«el costo total de la construcción a precios de hoy», lo que en efecto incluiría el costo de
una obra nueva. Por lo anterior, no se encuentra respaldo en lo sostenido por la Lonja
Inmobiliaria de Santander en respuesta dada el 28 de enero de 2014.
Con lo antes expuesto queda claro que el tribunal acertó al sostener que tanto en el
avalúo oficial como en los actos administrativos demandados que lo acogieron no se
consideraron los conceptos indemnizatorios destinados a resarcir el daño emergente que
debía asumir el conjunto residencial como consecuencia de la expropiación. En particular,
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en relación con las obras y adecuaciones necesarias para garantizar el aprovechamiento
y la funcionalidad del área remanente no expropiada.
En ese sentido, y habiéndose establecido que la expropiación fue parcial, en virtud de lo
dispuesto en el numeral 5 del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, resulta necesario
determinar si todos los conceptos reconocidos por el a quo guardaban relación con las
obras que debía acometer para poder utilizar las áreas remanentes luego de la
expropiación.
• Costos en los que ha debido incurrir la propiedad horizontal para la efectivización
de sus derechos
El propio tribunal señaló que estos correspondían a los costos de los honorarios de los
peritos y del abogado que representó el conjunto en sede administrativa. El apelante
sostuvo en la alzada que este costo no debió de haber sido reconocido porque «en sede
administrativa no se requiere la actuación por conducto de apoderado» y que «los gastos
aparentes de peritos corresponden a los avalúos presentados además están cargados
en el rubro de cada ítem».
La Sala advierte que los honorarios reconocidos a los peritos y al apoderado que
representó al conjunto residencial en sede administrativa carecen de nexo causal con las
obras de adecuación que dicho conjunto residencial debió ejecutar para la utilización del
área remanente. En efecto, tales erogaciones no se encuentran directamente vinculadas
con la ejecución material de las obras necesarias para garantizar la funcionalidad y el
aprovechamiento del área no expropiada.
Por consiguiente, este concepto no es susceptible de reconocimiento como daño
emergente, en tanto no constituye un gasto asociado a las adecuaciones indispensables
para hacer uso efectivo del área remanente, ni puede entenderse comprendido dentro de
los rubros indemnizatorios dirigidos a restablecer las condiciones físicas del inmueble
afectado.
• Contrato civil de consultoría de diseños de obra portería
El a quo señaló que ese contrato correspondía al valor pagado al arquitecto Ricardo
Andrés Pasada Picón, con ocasión de los diseños para la construcción de la nueva
portería. El demandante se opone al reconocimiento de este emolumento porque
considera que «se pretende, con este ítem, el pago de la construcción de un muro en
mampostería, de una nueva portería con modernas especificaciones y funcionalidades,
sin tener en cuenta que el primero de estos no existía y la segunda no es semejante a la
que resultó afectada con la actuación del ente territorial».
Sobre este punto, la Sala considera que no se debe revocar la decisión del tribunal. En
primera medida, porque sí existe una correlación entre el contrato de diseño para una
nueva portería y las obras de adecuación necesarias para poder utilizar el remanente del
inmueble, pues es evidente que el conjunto residencial requería de una nueva portería
para que los residentes pudieren entrar y salir de la unidad residencial.
Asimismo, no es cierto que, con el reconocimiento de este emolumento, se pretenda el
pago de la construcción de un muro de mampostería. En primer lugar, porque el objeto
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del contrato era «la elaboración del diseño, estudios técnicos y consultoría para la
remodelación y reubicación de la portería del conjunto residencial Samanes VI»; en ese
sentido, en ese negocio jurídico no se comprende la etapa de construcción, sino
únicamente la etapa previa referente al diseño.
En segundo lugar, la Sala encuentra que el demandante sí solicitó el reconocimiento del
muro de cerramiento de mampostería, pero lo hizo en un ítem distinto de la pretensión
segunda de la demanda. En efecto, el ítem segundo se tituló «Muro de cerramiento,
mampostería y reja metálica, más costo de vigilancia durante el periodo de construcción
del muro», pretensión que fue negada por el tribunal y no es objeto de apelación. Mientras
que el reconocido por el tribunal es el ítem quince, correspondiente a «Contrato civil de
consultoría de diseños nueva portería».
Ahora bien, respecto de la semejanza o no de los diseños contratados con la portería
original, lo cierto es que el apelante no expone las diferencias concretas entre una y otra,
ni explica cuáles fueron las modernas especificaciones y funcionalidades a las que se
refiere. En todo caso, se reitera que el contrato se suscribió para la elaboración del
diseño, estudios técnicos y consultoría de la nueva portería, no para la construcción de
esta. De hecho, en la pretensión segunda de la demanda sí se contempló, en el rubro 17,
un «Presupuesto general de obra portería», el cual fue negado por el tribunal y no es
objeto de apelación.
Para que este daño sea objeto de reparación, se debe comprobar su certeza. Acudiendo
a las pruebas obrantes en el expediente digital, se encuentra que, en efecto, el conjunto
residencial demandante suscribió un contrato para la realización de los nuevos diseños
de la portería. En ese sentido, se tiene que se trata de un daño consolidado, pues
corresponde a una erogación que ya realizó el demandante 18. En consecuencia, no se
está ante un daño eventual o hipotético, respecto del cual no habría lugar a indemnización
alguna; además, se entiende satisfecho el requisito de que este sea probado. Al respecto,
se ha pronunciado esta corporación:
El daño —para que sea indemnizable— debe ser cierto, es decir, que su existencia sea
real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe ser personal, es decir
que solo quien lo sufre puede demandar su reparación68. Y también debe ser determinado
o determinable, esto es, que se puedan concretar claramente sus características.
Además, el daño debe ser probado, teniendo en cuenta que es el actor quien tiene la
carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el artículo 167
del Código General del Proceso, prescribe: “incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de ahí que no
es suficiente que “en la demanda se hagan afirmaciones sobre la existencia del daño,
porque el demandante no puede limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer
afirmaciones sin respaldo probatorio”19
Teniendo claridad sobre la certeza del daño y atendiendo a que el conjunto residencial
vio afectada su portería de ingreso a causa de la expropiación, circunstancia que no es
18 HENAO, Juan Carlos. El daño: análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado
en derecho colombiano y francés. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998.PG.132.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Sentencia del 1 de junio de
2026 núm. de radicación: 25000-23-36-000-2014-01376-02; M.P. Dr. William Barrera Muñoz.
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objeto de controversia entre las partes, se establece que el daño emergente consistente
en la necesidad de construir una nueva portería y, por ende, de contar con los diseños
para su ejecución constituye una consecuencia directa de la expropiación de parte del
inmueble, por lo que se erige en una erogación indispensable para posibilitar el uso
adecuado del remanente del mismo.
Visto lo anterior, y en consideración de que el apelante no discute el hecho de que el
demandante efectivamente pagó el valor del contrato comentado, la Sala no revocará el
reconocimiento dado por el tribunal por este concepto.
• Gastos por asesoría jurídica y otros por adecuación de la portería
El tribunal señaló que estos «corresponden a las consultas jurídicas efectuadas a los
abogados Ramiro Serrano y Luis Carlos Monsave Caballero sobre el asunto litigioso que
surgió con el conjunto residencial». El apelante expuso que, en realidad, esos gastos
correspondían «al traslado de la subestación eléctrica y a la construcción de un cuarto
para la nueva subestación eléctrica», obra que, según lo señalado en la primera instancia,
no se ejecutó.
Por su parte, la Sala encuentra que el demandante justificó de la siguiente manera el
concepto que tituló «Gastos por asesoría jurídica y otros para adecuación de la portería»:
cancelación de la suma de $300.500, por consultas jurídicas efectuadas a los abogados
Ramiro Serrano Serrano y Luis Carlos Monsalve Caballero, sobre asunto litigioso que ha
surgido con el Conjunto residencial Juan Pablo Il por percibir la electricidad de la
subestación eléctrica ubicada en propiedad de la accionante y que se debe trasladar con
ocasión de la expropiación administrativa ordenada por el MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
Lo cierto es que en el expediente no se encuentra prueba de en qué consistió
puntualmente la asesoría prestada por los abogados Serrano y Monsalve respecto del
pleito con el Conjunto Residencial Juan Pablo II, ni cómo ello se relaciona con las obras
que debía acometer para poder utilizar las áreas remanentes luego de la expropiación.
En ese sentido, no se encuentra que el daño esté debidamente determinado y, por tanto,
se imposibilita su reconocimiento.
• Pago de medición de energía
El tribunal, sobre el reconocimiento de este rubro, se limitó a señalar que «está acreditado
el pago de este profesional en los documentos de folios 404 y 405». Por su parte, el
apelante indicó que el demandante sostuvo la pretensión de este pago para una
adecuación que finalmente no se llevó a cabo.
La Sala encuentra que el demandante justificó este concepto de la siguiente manera:
La accionante debió efectuar la medición de la energía que demanda el transformador
ubicado en su propiedad y que debe trasladarse por la necesidad de reubicar la
subestación eléctrica, como acto directo y necesario derivado de la expropiación
administrativa ordenada; prestación por la que debió cancelar la suma de $800.000 al
ingeniero Luis Arenas Saavedra con ocasión del servicio profesional prestado.
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En el expediente se encuentra el documento denominado «ESTUDIO DE
CARGABILIDAD DEL TRANSFORMADOR DE 400 KVA DEL CONJUNTO
RESIDENCIAL SAMANES VI». En dicho documento no hay referencia alguna al traslado
del transformador; de hecho, el objeto declarado por el propio informe fue el siguiente:
El objeto del presente informe es exponer los resultados del estudio de cargabilidad del
transformador eléctrico que sirve a Samanes VI, exponiendo los perfiles arrojados por el
equipo en las distintas horas de los días objeto del estudio.
Como se puede apreciar, el objeto del informe de medida de energía no tiene referencia
al traslado del trasformador, aunado a que esta obra no se realizó como quedo
establecido en la primera instancia. Encuentra la Sala que en el expediente no existe
certeza de la relación entre esta erogación y las adecuaciones que se debieron adelantar
para el uso del área remanente luego de la expropiación.
En conclusión, se advierte que la única erogación que quedó probada en esta instancia
y que guarda relación con las adecuaciones realizadas por el conjunto residencial para
el uso del área remanente del inmueble con matrícula inmobiliaria núm. 300-158129 es
la correspondiente al denominado «Contrato civil de consultoría de diseños de obra
portería».
Por lo anterior, y atendiendo a las consideraciones expuestas a lo largo de esta
providencia, la Sala modificará el numeral segundo del fallo de primera instancia y, en su
lugar, procederá a reconocer, a título de restablecimiento del derecho, únicamente lo
correspondiente al concepto denominado «Contrato civil de consultoría de diseños de
nueva portería», por valor de catorce millones ochocientos cuarenta mil pesos
($14.840.000 COP).
Para la actualización de los emolumentos reconocidos, se sigue la siguiente fórmula20:
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑉𝑝: 𝑉ℎ ∗
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙21
159,53
𝑉𝑝: 14’840.000 ∗
81,14
𝑉𝑝 = 29´177.042
En ese orden, el valor correspondiente, a título de restablecimiento del derecho, por
concepto de daño emergente que se reconocerá a favor de la parte actora es la suma de
veintinueve millones ciento setenta y siete mil cuarenta y dos pesos ($29.177.042 COP).
20 Del cálculo de este tipo de perjuicios materiales en casos de expropiación administrativa de inmuebles:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 5 de junio 2025
núm. de radicación 25000234100020130222601, C.P. Oswaldo Giraldo López.
21 Dónde VP: es el valor presente, VH: es el valor histórico inicial, índice final: Es el último IPC vigente a la
fecha de la sentencia, Índice Inicial: es el IPC vigente a la fecha de la Resolución SI-GP-0073 del 11 de abril
de 2014. Los valores históricos del Índice del precio al Consumidor se consultaron en la siguiente página
web del Banco de la República https://suameca.banrep.gov.co/descarga-multiple-de-datos/consolidado
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5.4.2. De la aplicación del parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso
en el presente proceso
La parte demandada solicitó, en su recurso de apelación, que se aplicara en el presente
caso la sanción establecida en el parágrafo del artículo 206 del CGP. A continuación, se
estudia la viabilidad de dicha pretensión.
La norma en comento señala lo siguiente:
ARTÍCULO 206. JURAMENTO ESTIMATORIO. Quien pretenda el reconocimiento de una
indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo
razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando
cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía
no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará
la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la
estimación.
Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la
estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes.
Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es
notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra
situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para
tasar el valor pretendido.
<Inciso modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014. El nuevo texto es el
siguiente:> Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que
resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga
sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad
estimada y la probada.
El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo
los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando
la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que
pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en
relación con la suma indicada en el juramento.
El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales.
Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o
mejoras, sea un incapaz.
PARÁGRAFO. <Parágrafo modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014. El nuevo
texto es el siguiente:> También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo
a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por
falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por
ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.
La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá cuando la
causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o
temerario de la parte.
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Encuentra la Sala que no es procedente la aplicación de dicha sanción en el presente
caso. Lo anterior, toda vez que en la demanda presentada por el Conjunto Residencial
Samanes VI no se incluyó juramento estimatorio, lo cual resulta válido si se tiene en
cuenta que, en el proceso contencioso administrativo, regulado por el CPACA, no se
exige su presentación como requisito de la demanda, cuyos requisitos se encuentran
previstos en el Capítulo III del Título IV de dicho estatuto.
En ese sentido, al no obrar en el presente proceso juramento estimatorio, no hay lugar a
aplicar la sanción establecida en el parágrafo del artículo 206 del CGP, pues dicha
consecuencia presupone la existencia de una estimación juramentada efectuada por la
parte. Esta misma postura ha sido acogida por esta Corporación en anteriores
oportunidades:
A juicio de la Sala, la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales
propuesta por el apoderado judicial de Ecopetrol S.A. no se encuentra llamada a
prosperar, pues, además de que el juramento estimatorio de que trata el artículo 206 de
la Ley 1564 de 2012 no es una disposición aplicable al proceso contencioso administrativo,
la demanda interpuesta por Camco Ingeniería S.A.S, mediante apoderado judicial, cumple
con el presupuesto procesal exigido por los artículos 152, numeral 5, 157 y 162, numeral
6, para ser tramitada por el Tribunal Administrativo de Santander.
18. En efecto, la Sala encuentra, por una parte, que el juramento estimatorio no puede ser
aplicado a los procesos adelantados ante esta jurisdicción, comoquiera que dentro de la
normativa especial existente -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo- se estableció regulación íntegra en punto de los requisitos formales de la
demanda, específicamente en lo relacionado con la estimación razonada de la cuantía y,
por ello, no es dable que el juez contencioso administrativo acuda a dicha figura procesal,
máxime cuando, de conformidad con el artículo 306 del C.P.A.C.A., solo se seguirá lo
dispuesto en el Código General del Proceso -según su vigencia- cuandoquiera que un
aspecto no haya sido reglado en la Ley 1437 de 201122.
5.5. Condena en costas
En esta instancia la Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 20 de septiembre de
2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el cual quedará de la siguiente
forma:
22Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 24 de
noviembre de 2017. Proceso núm.: 68001-23-33-000-2014-00119-01(54051); M.P. Danilo Rojas
Betancourth.
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SEGUNDO: a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al Municipio de
Bucaramanga pagar al Conjunto Residencial Samanes VI la suma de veintinueve millones
ciento setenta y siete mil cuarenta y dos pesos ($29.177.042) por concepto del gasto
correspondiente al «Contrato civil de consultoría de diseños de nueva portería». Negar los
demás conceptos pretendidos por la parte actora.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 16 de
julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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