Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-01376-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-01376-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-01376-02
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., primero (1) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01376-02 (60164)
Demandante: Universidad Santo Tomás – Seccional Bucaramanga
Demandado: Superintendencia de Sociedades y Superintendencia
Financiera
Proceso: Medio de control de reparación directa
MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE-Se informa de la fuente del daño y el fin pretendido. REPARACIÓN
DIRECTA-Medio de control idóneo para pretender la reparación de daños que, entre otros, no provengan de un
acto administrativo cuya legalidad se cuestiona. DAÑO-Elemento fundamental de la responsabilidad. CERTEZA
DEL DAÑO-Indispensable su existencia real y demostrada, y no eventual e hipotética. CONDENA EN
ABSTRACTO-No procede ante la ausencia de prueba del daño.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
demandante en contra de la sentencia de 9 de agosto del 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B,
mediante la cual se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Superintendencia de Sociedades y se negaron las pretensiones de la demanda. La
decisión fue la siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Superintendencia de Sociedades dentro del proceso de la referencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en
la parte considerativa de la presente sentencia.
TERCERO: Condenar en costas en esta instancia a la parte demandante, razón por
la cual deberá pagar a favor de la demandada la suma de un millón novecientos
sesenta y cinco mil ochocientos diecinueve pesos ($1’965.819).
CUARTO: Contra la presente sentencia procede el recurso de apelación, en los
términos dispuestos en el artículo 243 a 247 del C.P.A.C.A.” 1.
1 Folios 951 y 952 cuaderno principal.
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01376-02 (60164)
Demandante: Universidad Santo Tomás – Seccional
Bucaramanga
Demandado: Superintendencia de Sociedades y
Superintendencia Financiera
Asunto: Reparación Directa
I. SÍNTESIS DEL CASO
La presente controversia gira en torno al daño que la actora alega haber padecido,
concretado en la pérdida de las inversiones efectuadas en Interbolsa S.A. y el Fondo
Premium, que el actor le imputa a la Superintendencia de Sociedades y la
Superintendencia Financiera por el incumplimiento de sus obligaciones de
supervisión, vigilancia y control sobre Interbolsa S.A., Interbolsa Sociedad
Comisionista de Bolsa y el Fondo Premium.
II. ANTECEDENTES
La demanda
El 15 de septiembre de 2014, la Universidad Santo Tomás – Seccional
Bucaramanga2, por medio de apoderado judicial, elevó el medio de control de
reparación directa por el cual se solicitó declarar patrimonialmente responsable a la
Superintendencia Financiera y a la Superintendencia de Sociedades por los
perjuicios derivados de la «pérdida de dineros depositados» en Interbolsa y el Fondo
Premium, en los siguientes términos:
“1. Que se declare a la NACION - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, responsables de los perjuicios materiales
causados a la Universidad Santo Tomas Seccional Bucaramanga, como
consecuencia de la perdida [sic] de dineros depositados en INTERBOLSA y el
FONDO PREMIUN [sic], según lo narrado en el capítulo de hechos.
2. Que se condene a la NACION - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, a reconocer y pagar los perjuicios causados
por la perdida [sic] de dineros depositados en INTERBOLSA y el FONDO PREMIUN
[sic], así:
2.1. PERJUICIOS MATERIALES; Lo que resulte probado en el proceso, teniendo en
cuenta el dictamen de perito experto; y que específicamente corresponden a:
2.1.1. Daño emergente. El valor correspondiente a las sumas de dinero depositadas
por la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, en INTERBOLSA y el
FONDO PREMIUN [sic], que ascienden a ($19,658,198,034) diez y nueve mil
seiscientos cincuenta y ocho millones ciento noventa y ocho mil cero treinta y
cuatro pesos m/cte.; dineros respecto de los cuales mi poderdante sufre el perjuicio,
ya que se tratan de muy difícil recaudo.
2.1.2. Lucro cesante. El valor correspondiente a los rendimientos del dinero dejados
de percibir, que corresponde a intereses de acuerdo a las inversiones que se venían
haciendo en el mercado de valores.
3. Que las sumas reconocidas a mi poderdante, sean actualizadas teniendo en cuenta
la variación del I.P.C., en el país, entre la fecha en que se hicieron exigibles y la fecha
del pago.
2 Folios 2 a 31 cuaderno 1.
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Demandante: Universidad Santo Tomás – Seccional
Bucaramanga
Demandado: Superintendencia de Sociedades y
Superintendencia Financiera
Asunto: Reparación Directa
4. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos y condiciones de
la Ley 1437 de 2011.
5. Que se condene en costas a la parte demandada.”
En fundamento de las anteriores pretensiones, expuso, como hechos de la
demanda, que la Universidad Santo Tomás – Seccional Bucaramanga realizó
múltiples inversiones a través de la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A.
(SCB), entre otras, en el Fondo Premium y en operaciones repo de acciones de
Interbolsa, Fabricato y Odinsa, y operaciones simultáneas de bono Cali y Tit
Construclínicas, que ascendían a $19.658’198.034, y que, como consecuencia de
la toma de posesión y posterior liquidación forzosa administrativa de la SCB, se
devaluaron o se perdieron, tanto así que, al momento de la presentación de la
demanda, no se habían recuperado los dineros, ni se habían percibido los
respectivos rendimientos.
Alegó que las Superintendencias demandadas no ejercieron el control, inspección
y vigilancia que les correspondía sobre Interbolsa S.A., Interbolsa Sociedad
Comisionista de Bolsa y el Fondo Premium, circunstancia que evidencia una
omisión administrativa, y que corresponde a una falla en el servicio público de
vigilancia y control a cargo de esas entidades, aunado a que, si las
Superintendencias hubieran actuado de conformidad con sus obligaciones, el daño
no se hubiera materializado.
De acuerdo con el libelista, la Superintendencia de Sociedades estaba obligada, de
conformidad con el Decreto 1746 de 1991, la Ley 222 de 1995, la Ley 363 de 1997,
la Ley 446 de 1998, el Decreto 1517 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, la Ley 550
de 1999, la Ley 603 de 2000, el Decreto 2080 de 2000, la Ley 640 de 2001, el
Decreto 1844 de 2003, la Ley 1116 de 2006, la Ley 1173 de 2007, la Ley 1258 de
2008, el Decreto 4334 de 2008, la Ley 1314 de 2009, Ley 1429 de 2010, la Ley 1445
de 2011, la Ley 1450 de 2011 y el Decreto 19 de 2012, a cumplir funciones de
inspección y vigilancia frente a Interbolsa S.A. para prevenir la pérdida de dinero de
inversionistas. Por su parte, a la Superintendencia Financiera le correspondía la
vigilancia y control de Interbolsa S.A., Interbolsa Comisionista de Bolsa y el Fondo
Premium, en orden a prevenir las actividades que condujeran a la pérdida de dineros
de inversionistas.
Expuso que las superintendencias omitieron la obligación de proteger los dineros
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Asunto: Reparación Directa
que Interbolsa captó del público, así como los captados para el Fondo Premium, y
se limitaron a intervenir en un momento en el que el daño se había consumado,
pues el dinero se había perdido y era de muy difícil recaudo, a pesar de que la
Universidad se había hecho parte en los procesos liquidatorios de Interbolsa S.A. y
del Fondo Premium —y dentro de los cuales se le reconocieron sus créditos—, por
lo cual solicitó que se oficiara a la Superintendencia de Sociedades y al interventor
de la SCB para que certificaran si en los procesos de liquidación de Interbolsa y del
Fondo Premium, respectivamente, se le habían pagado sumas, que, en
consecuencia, debían ser descontadas del valor de la indemnización del presente
proceso.
Posteriormente, en la adición de la demanda3, narró las distintas inversiones
realizadas en el Fondo Premium e Interbolsa de las que daban cuenta los extractos
mensuales de mayo a septiembre de 2012; adujo que el agente interventor del
Fondo Premium reconoció a favor de la demandante un crédito de
$4.575’411.458,87; añadió que estaba buscando ser reconocida como víctima
dentro del proceso penal que se surtía por el caso del Fondo Premium, por lo cual
reiteró que informaría en caso de que se accediera a alguna suma a su favor para
así evitar dobles indemnizaciones. Finalmente, manifestó que las omisiones
administrativas del Estado en este asunto habían dado lugar a que la Procuraduría
General de la Nación impusiera sanciones disciplinarias al Superintendente
Financiero y otros funcionarios por su negligencia en cuanto a sus funciones de
vigilancia y control y a la captación masiva de dineros del público.
Contestaciones de la demanda
1. De la Superintendencia de Sociedades
De manera oportuna y por medio de apoderado judicial4, presentó las excepciones
previas de (i) ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, en cuya virtud
resaltó que el escrito introductorio carecía de los fundamentos de derecho en los
términos exigidos por la ley; y (ii) falta de legitimación en la causa, en la medida en
la que el actor no indicó cual fue el supuesto «error judicial» en el que incurrió la
entidad, por lo cual no existe razón para su vinculación en la parte pasiva.
3 Folios 59 a 71 cuaderno 1.
4 Contestación a la demanda. Folios 229 a 236 cuaderno 1. Contestación a la adición de la demanda.
Folios 272 a 274 cuaderno 1.
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En cuanto a las excepciones de mérito, alegó (i) inexistencia de daño cierto, en
cuanto el extremo activo se limitó a relatar que son “dineros de muy difícil recaudo”,
cuya reclamación adelantó en los procesos liquidatorios, además de que las
inversiones que realizó a través de la SCB están representadas en repos de
Fabricato. (ii) Inexistencia de omisión o falta por parte de la Superintendencia de
Sociedades, pues no existe en el relato omisión o acción alguna que permita
concluir que, en consecuencia, la Universidad perdió los dineros invertidos,
particularmente, porque no tenía la función de realizar actuación alguna en contra
de la SCB. Asimismo, excepcionó (iii) inexistencia de nexo causal entre el supuesto
daño y la supuesta acción u omisión, en la que expuso que el hecho generador del
daño, en realidad, es la inversión de los dineros por parte de la Universidad que no
resulta imputable a la entidad, sino al riesgo asumido por el actor en su actividad
financiera, que se constituye, entonces, en culpa de la víctima.
2. De la Superintendencia Financiera
También de manera oportuna5, alegó (i) indebida representación de la parte
demandante, puesto que el rector y representante legal de la Universidad Santo
Tomás – Bucaramanga, de acuerdo con el certificado de existencia y representación
legal aportado, era Samuel Elías Forero Buitrago, al paso que quien otorgó el poder
fue Carlos Mario Alzate Montes O.P., representante legal de las seccionales de
Bogotá y Tunja; y (ii) agotamiento de jurisdicción, en la medida en la que existen
dos procesos de acción de grupo que cursan ante la jurisdicción con los mismos
fundamentos fácticos y en los que se pretende el reconocimiento de los perjuicios
de quienes realizaron inversiones en el Fondo Premium y en operaciones repo con
la intermediación de la SCB, sin que se advierta que la demandante se hubiera
excluido del grupo afectado.
Por otra parte excepcionó (i) culpa exclusiva de la víctima, en cuyo mérito explicó
que, dado el tipo de operaciones de inversión realizadas, debía concluirse que la
Universidad era un profesional en la materia, o que, por lo menos, debió haber
recibido suficiente información por parte de la SCB, particularmente, en lo
concerniente a los riesgos implicados en esa actividad, que permitía al inversionista
gozar de expectativas respecto de su inversión, pero de ninguna manera de un
5 Contestación a la demanda. Cuaderno 5. Contestación a la adición de la demanda. Folios 251 a
257 Cuaderno 1.
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derecho inexorable de recibir rendimientos.
En cuanto a la (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, indicó que las
reclamaciones de la demanda debían dirigirse en contra de la masa de bienes que
conforman la base de la liquidación de la SCB en el procedimiento forzoso
administrativo, en la medida en la que, a través de la Resolución 035 del 7 de marzo
de 2014, el liquidador reconoció varias acreencias a favor de la Universidad, con
cargo a los bienes excluidos de la masa de liquidación, por un valor total de
$5.133’679.871,88. Igualmente, respecto de las inversiones en el Fondo Premium,
correspondía a la demandante presentar los reclamos en el marco del proceso de
intervención ante la Superintendencia de Sociedades.
Arguyó que, en virtud del (iii) principio de legalidad y las competencias de la
Superintendencia Financiera de Colombia, las funciones de la entidad eran regladas
y explícitas. En consecuencia, que las (iv) facultades de las que gozaba en relación
con los contratos de corresponsalía se limitaban a la autorización de la respectiva
celebración y la supervisión de las actividades de promoción de productos y
servicios que desarrollan las sociedades comisionistas de bolsa a favor de las
entidades extranjeras —como lo era el Fondo Premium, domiciliada en Curazao—,
sin que se extendieran a funciones de vigilancia y control sobre las operaciones, en
la medida en la que éstas se entendían efectuadas en la jurisdicción y bajo la
normativa foránea.
En este sentido, puso de presente (v) las actuaciones de la Superintendencia en
relación con el Fondo Premium, en tanto expuso que adelantó funciones de
supervisión y vigilancia sobre las actividades de ofrecimiento y promoción que
adelantaba el Premium Capital Investments Advisors Ltd. en Colombia, a través del
contrato de corresponsalía celebrado con la SCB, de sus productos y servicios,
como el Fondo Premium Capital Appreciation Fund, de los cuales resaltó las visitas
de inspección, sanciones pecuniarias y requerimientos con el fin de que la SCB
corrigiera las falencias en el marco de la ejecución de ese contrato.
En cuanto a la (iv) inexistencia de daño antijurídico, explicó que la Universidad
pretendía derivar daños de su participación en operaciones repo con la
intermediación de la SCB, a pesar de lo cual señaló que, a cambio del dinero, el
demandante obtuvo títulos representativos de acciones, motivo por el cual los
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dineros que invirtió no constituyeron una pérdida y, en dado caso, no era antijurídica,
pues le correspondía al inversionista asumir los resultados, positivos o negativos,
de su participación en operaciones financieras y bursátiles. Añadió que el
demandante presentó la reclamación ante el liquidador de la SCB, y algunas de
ellas fueron reconocidas. Respecto del Fondo Premium, manifestó que la inversión
se reflejaba en un título participativo de los rendimientos del mismo, que también
estaba sometido al riesgo inherente. Finalmente, que la operación repo 110002248
fue honrada por la contraparte por el valor de $13.420’622,15.
(v) Inexistencia de nexo de causal, pues expuso que la disminución o pérdida del
valor de las acciones de Interbolsa S.A. Holding —sobre las cuales recayeron las
operaciones repo— derivó de la situación financiera de la sociedad y no de acciones
u omisiones de la Superintendencia Financiera, quien no es garante de las
rentabilidades de los inversores. A contrario sensu, alegó (vi) hecho de terceros, en
cuanto el daño resulta imputable a personas distintas a la Superintendencia
Financiera, como las empresas integrantes del grupo Interbolsa, sus directivos, las
que conforman el Fondo Premium y sus directivos o representantes.
Se refirió a las (vii) actuaciones en relación con la SCB. Al efecto indicó que la
entidad había cumplido a cabalidad con sus funciones de control, seguimiento y
vigilancia, al realizar visitas de inspección entre los años 2008 y 2012, junto con
otros trámites de seguimiento, con el fin de verificar el cumplimiento normativo,
además de que enlistó las distintas sanciones que impuso a la empresa.
Finalmente, objetó el juramento estimatorio con base en que la parte actora no había
sufrido los daños alegados por cuanto, a partir de sus inversiones, se convirtió en el
titular de las acciones que le fueron entregadas por razón de las operaciones repo,
de modo que le corresponde —como en efecto reconoce haber hecho— presentar
las reclamaciones antes las liquidaciones de las respectivas compañías. Solicitó que
se ordenara el pago a favor de la Superintendencia Financiera de las sumas
correspondientes a los porcentajes respecto del juramento estimatorio, de acuerdo
con el artículo 206 del CGP.
Sentencia de primera instancia
El 9 de agosto del 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
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Tercera – Subsección B profirió sentencia6 en la que declaró la falta de legitimación
en la causa de la Superintendencia de Sociedades, al determinar que las
obligaciones de inspección, vigilancia y control que, según el libelista, produjeron el
daño, estaban en cabeza de la Superintendencia Financiera, situación que, de
acuerdo con los artículos 83 a 85 de la Ley 222 de 1995, excluía dicha función de
la órbita de la Superintendencia de Sociedades. Definida esta cuestión, al
pronunciarse sobre el fondo del asunto negó las pretensiones.
Para fundamentar su decisión, el a quo precisó que, en virtud del artículo 90 de la
Constitución Política, la responsabilidad del Estado se sustentaba en el daño
antijurídico, en oposición de la antijuridicidad de la conducta, por lo cual el régimen
era objetivo, aunque no de manera absoluta, por cuanto el daño debía ser imputable
al Estado. En desarrollo de ese raciocinio manifestó que se apartaba del estudio de
regímenes subjetivos, como la falla del servicio, fundamentada en la culpa.
Así, concluyó que el daño se había acreditado con los resultados del proceso de
liquidación de la SCB en los que se demostraba que la Universidad efectuó
operaciones sobre las especies Fabricato e Interbolsa que, en efecto, repercutieron
en el patrimonio de la demandante, así como, respecto del Fondo Premium, con el
hecho de que los montos devueltos no equivalían a aquellos reclamados.
Al abordar el análisis de la imputación, valoró la decisión de la Procuraduría General
de la Nación proferida en contra de funcionarios de la Superintendencia Financiera
—no como una prueba trasladada, cuya imposibilidad puso de presente el
apoderado de la demandada, sino como una prueba documental— en la que se
examinó la manera en la que la SCB adelantó operaciones repo que condujeron a
aumentar el precio de la acción de Fabricato en un 214%, para dar provechos
económicos que implicaban altos riesgos en el mercado y que a la postre se
concretaron.
No obstante, después de referirse a las funciones de intervención de la
Superintendencia en el mercado de valores, el Tribunal dispuso que no se había
acreditado la práctica ilegal, no autorizada o insegura en el mercado de valores que
hubiera justificado dicha actuación, y que, en caso de que así hubiera ocurrido, le
correspondía a la entidad, de acuerdo con el Decreto 2555 de 2010, imponer las
6 Folios 918 a 952 cuaderno principal.
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sanciones administrativas y adelantar las acciones para la declaratoria de la
responsabilidad civil. Aunó que no era cierto que la detección de una práctica
insegura ameritara la adopción de una medida preventiva, sin el análisis de «temor
fundado» previsto en el artículo 6 de la Ley 964 de 2005, que requería de un juicio
de proporcionalidad y razonabilidad.
En efecto, expuso que la valorización excelsa de una acción podía no obedecer a
prácticas ilegales, inseguras o no autorizadas, en cuyo evento la adopción de una
medida preventiva afectaría la confianza del mercado de valores al truncar la
libertad económica. Añadió que la iliquidez de la SCB no derivó directamente de
estas prácticas, sino de créditos con entidades financieras ajenas, que fueron
incumplidos. Explicó que no existía tampoco certeza de los efectos positivos de una
eventual medida intervencionista, distintos o adicionales a los que se obtuvieron con
la toma de posesión y liquidación.
Respecto del Fondo Premium, determinó que entre Premium Capital Investments
Advisors y la SCB se celebró un contrato de corresponsalía, admitido en la
legislación colombiana, pero de lo cual no se desprendía el deber de la
Superintendencia de ejercer sus funciones en el territorio extranjero en el que
operaba el fondo.
Por el contrario, encontró probado que la entidad demandada había ejercido
cabalmente sus funciones, de manera que, tan pronto conoció del incumplimiento
obligacional respecto de las entidades bancarias —ocurrido el 1 de noviembre de
2012—, con arreglo al artículo 144 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
(EOSF), ordenó la toma de posesión de la SCB el 2 de noviembre de 2012 y,
posteriormente, dispuso la liquidación forzosa de la sociedad. Aún más, reiteró que
el ente de control no respondía por el incumplimiento del mandato de una sociedad
vigilada, pues la función de supervisión de la Superintendencia no consistía en
garantizar el patrimonio de los inversionistas.
Adicionalmente, concluyó que se había probado el hecho de un tercero, en la
medida en la que el daño alegado fue producto exclusivamente del incumplimiento
del deber de abstención que le asistía a la SCB en el marco del contrato de
comisión. Finalmente, que el daño era atribuible a la culpa exclusiva de la víctima,
pues la Universidad ostentaba la calidad de inversionista profesional de acuerdo
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con el Decreto 1121 de 2008, por lo cual le resultaba posible prever los riesgos
implícitos en la actividad bursátil intermediada por la SCB, así como los derivados
de la ausencia natural de vigilancia por parte del Estado colombiano en inversiones
efectuadas en el exterior.
Recurso de apelación
El impugnante censuró la fundamentación del Tribunal de primera instancia7, en
cuanto señaló que el artículo 90 de la Constitución Política no desterró del
ordenamiento la responsabilidad subjetiva8, especialmente, tratándose de
omisiones administrativas, al margen de que, en efecto, el deber indemnizatorio
recaiga sobre el concepto de daño antijurídico. Sin perjuicio de lo anterior, el
apelante expuso que, de cualquier manera, el daño reclamado podía analizarse
desde la responsabilidad objetiva.
Para los efectos, argumentó que el daño se encontraba probado, así como su
carácter antijurídico, dado que la Universidad no estaba obligado a soportarlo. En
esa línea esgrimió que no existía ningún mandato legal que así lo dispusiera,
además de que se rompió el equilibrio frente a las cargas públicas. Asimismo, puso
de presente que las afectaciones de las inversiones podían ser consecuencia del
giro ordinario de estas actividades cuando las alteraciones del patrimonio fueran
producto de las omisiones del Estado, que propiciaron o no evitaron la pérdida —
que fue lo que ocurrió en este caso— con la omisión de los deberes de inspección
y vigilancia a cargo de la Superintendencia Financiera, y de lo que daban cuenta los
fallos disciplinarios que sancionaron a funcionarios de la entidad.
Indicó que si la Superintendencia Financiera hubiera ejercido debidamente los
deberes de inspección, vigilancia y control —que son eminentemente preventivos—
no habría surgido la necesidad de intervenir, pues se habrían evitado las
irregularidades que lo ameritaron, al punto que la intervención ocurrió porque la
entidad se percató de las irregularidades de manera tardía.
Reprochó al a quo por la falta de identificación de las funciones de inspección,
vigilancia y control de la Superintendencia Financiera, así como que escudara la
7 Folios 963 a 996 cuaderno principal.
8 Si bien en este escrito, el censor menciona la responsabilidad objetiva, en los alegatos de
conclusión corrige que se refería a la subjetiva. Folio 1026 cuaderno principal.
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omisión de la entidad en el juicio de proporcionalidad, en cuanto, de cualquier modo,
la motivación de la intervención de noviembre del 2012 no se refería a la afectación
del mercado, ni a valoraciones de ponderación o proporcionalidad, por lo cual
concluyó que habría podido tomar medidas previamente para evitar la consumación
de los daños.
Manifestó que, con independencia de la discusión sobre la intervención estatal en
la economía, si la entidad —aunque legítimamente— no actuaba y con ello causaba
daños a los particulares, los debía indemnizar, so pena de presentarse una ruptura
del equilibrio frente a las cargas públicas respecto de los beneficiados con la
ausencia de intervención.
Arguyó que estas consideraciones aplicaban igualmente a las inversiones en el
Fondo Premium, pues no podía sostenerse que en Colombia se realizaran
actividades de captación de dineros del público para invertir en el extranjero en las
que el Estado se sustrajera de la actividad de vigilancia y control.
Respecto del hecho del tercero declarado por el Tribunal, expuso que la SCB se
limitó a realizar las inversiones, y que no se le podían atribuir obligaciones de
inspección, vigilancia y control, por lo cual no se presentó la relación directa de
causalidad entre la actuación del tercero y el daño reclamado, y lo mismo era
predicable de la conclusión de culpa exclusiva de la víctima, sumado a que la
Universidad es una entidad de educación superior y, en esa medida, no es cierto
que pudiera categorizársele como un inversionista profesional, además de que, para
que eximiera la responsabilidad del demandado, la imputación debía ser exclusiva
o, de lo contrario, habría concurrencia de culpas y reducción de la indemnización.
Trámite en la segunda instancia
Mediante proveído de 4 de septiembre del 2017, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca concedió el recurso presentado9 y fue admitido por el Consejo de
Estado en auto del 31 de octubre del mismo año10.
9 Folio 998 cuaderno principal.
10 Folio 1012 cuaderno principal.
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El 25 de abril de 2018 se corrió traslado a las partes por un término común de 10
días para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que
emitiera su concepto de acuerdo con el artículo 247 del CPACA11.
La Universidad Santo Tomás – Seccional Bucaramanga12 presentó los alegatos
de conclusión en los que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia,
con fundamento en los argumentos expuestos en la impugnación.
A su turno, la Superintendencia de Sociedades13 pidió que se confirmara el fallo,
en la medida en la que quedó demostrado que la parte activa contaba con personal
idóneo para estudiar las inversiones que realizaba, de modo que entendía los
riesgos a los que se exponía, y no podía pretender trasladar la responsabilidad de
la pérdida a las dos superintendencias. Asimismo, que a la Superintendencia de
Sociedades no le asistían las obligaciones de inspección, vigilancia y control de este
tipo de sociedades, por lo cual no existía nexo causal. También, que el daño no era
cuantificable, porque al demandante se le habían reconocido sumas durante el
desarrollo de este proceso.
La Superintendencia Financiera14 presentó sus alegatos de conclusión, en los que
pidió confirmar la sentencia apelada, para lo cual resaltó que, contrario a lo afirmado
por el a quo, el demandante no había probado siquiera el daño, ni mucho menos su
antijuridicidad, además de que no había censurado la decisión relacionada con el
Fondo Premium. Puso de presente, en atención al principio de congruencia, que las
pretensiones de la demanda circunscribían el análisis a los «dineros depositados en
Interbolsa», a pesar de que la Universidad no depositó dineros en Interbolsa SCB,
Interbolsa S.A. ni el Fondo Premium, en cuanto el sustento fáctico se refería las
inversiones e intereses y al portafolio de acciones y títulos de renta variable y fija,
por lo cual el juez no podía interpretar la demanda por fuera del alcance de esta
causa petendi. Añadió que el libelo no precisó ni probó en qué consistió la omisión
de la entidad, ni mucho menos la incidencia que tuvo en la producción del daño
alegado. Reiteró la argumentación de la contestación sobre el hecho de terceros, la
ausencia de nexo de causalidad y la inexistencia de posición de garante del
demandado. Adicionalmente, que el fallo de la Procuraduría General de la Nación
11 Folio 1021 cuaderno principal.
12 Folios 1026 a 1035 cuaderno principal.
13 Folios 1023 a 1025 cuaderno principal.
14 Folios 1036 a 1235 cuaderno principal.
12
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01376-02 (60164)
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carecía de mérito probatorio, en la medida en la que es el producto de una
valoración efectuada en el marco de ese procedimiento, del cual la
Superintendencia no hizo parte, de manera que la motivación de esa decisión no
podía tenerse como prueba.
Finalmente, alegó que la facultad de suspensión preventiva prevista en el artículo 6
de la Ley 964 de 2005 correspondía a una facultad eminentemente discrecional
derivada del concepto jurídico indeterminado de «temor fundado», que, en este
caso, se erigía como una discrecionalidad técnica de la que gozaba la
Superintendencia Financiera en virtud de los conocimientos especializados del
mercado bursátil, y en relación con los límites constitucionales de la intervención en
la economía y al imperativo de prudencia, por lo cual el control judicial se limitaba al
error evidente o manifiesto de apreciación, en cuyo juicio se exigía la demostración
que la decisión de la entidad demandada fue irrazonable.
El Ministerio Público15 rindió concepto en el que determinó que la omisión alegada
correspondía al régimen de falla probada del servicio por el incumplimiento de las
funciones que, para el caso de la Superintendencia Financiera, se encontraban en
el artículo 335 de la Constitución Política, la Ley 964 de 2004 y el Decreto 663 de
2004 (EOSF). Señaló que el cuestionamiento en el que radicaba la demanda
consistía en analizar si la Superintendencia demandada no había advertido o
informado a los actores del mercado de valores sobre las conductas riesgosas y
fraudulentas de Interbolsa en el marco de las operaciones repo de las acciones de
Fabricato entre el 2011 y el 2012. Expuso que no existían elementos de juicio en el
proceso que permitieran acreditar una omisión y, por el contrario, se evidenciaba
que la entidad cumplió con el deber legal de supervisión, vigilancia y control.
Manifestó que existía culpa exclusiva de la víctima, en la medida en la que la
demandante actuó por su cuenta y riesgo al invertir en el mercado de valores, con
la información disponible para asumir los riesgos propios de la actividad.
Arguyó que la decisión disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación podía
valorarse sin que se tratara del traslado de una prueba, y sólo en cuanto en tal
decisión se exponían circunstancias precisas del mercado de valores, y de lo cual
no se derivaba que la demandada estuviera obligada a intervenir, pues no obraba
prueba que permitiera inferir que existía un temor fundado en el mercado de valores
15 Folios 1236 a 1243 cuaderno principal.
13
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01376-02 (60164)
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que justificara esos actos, ni de la decisión emanaba que las actividades de la SCB
fueran ilegales, no autorizadas o inseguras. Finalmente, indicó que compartía las
consideraciones respecto de que el Fondo Premium operaba en jurisdicción
foránea, mercado sobre el cual la demandada no tenía injerencia alguna.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado16 intervino en el proceso
para alegar que el libelista no precisó la obligación legal concreta que, en su sentir,
fue conculcada, ni acreditó que, de haberse cumplido, el daño no se habría
producido. Asimismo, que la entidad demandada únicamente podía intervenir ante
un temor fundado que, no ocurrió en el presente caso, así como que no podía ejercer
funciones sobre operaciones realizadas en el exterior, como era el caso del Fondo
Premium. Resaltó que en el plenario no existían pruebas que demostraran una falla
en el servicio, ni el nexo causal entre ésta y el daño. Apoyó la conclusión del a quo
respecto de la causa extraña, toda vez que el daño reclamado obedeció única y
exclusivamente a las operaciones realizadas por la SCB que condujeron a una
pérdida de liquidez y, de contera, a la suspensión de pago de sus obligaciones
financieras.
El consejero Nicolás Yepes Corrales se declaró impedido para conocer y decidir el
proceso17, que fue declarado fundado en auto del 29 de julio de 2019 18, así como
también lo hizo el consejero Jaime Enrique Rodríguez Navas19, por lo cual se
procedió al sorteo de dos conjueces de conformidad con el artículo 128 del
CPACA20, del cual resultaron elegidos los doctores María Teresa Palacio Jaramillo
y Daniel Posse Velásquez21, que, en Sala, declararon fundado el impedimento del
consejero Rodríguez22.
El consejero Guillermo Sánchez Luque manifestó su impedimento23, a pesar de lo
cual el expediente ingresó al despacho el 30 de agosto de 2023, para proveer sobre
el mismo o para elaborar proyecto de sentencia, en el entendido que el período
constitucional del doctor Sánchez Luque finalizó el 3 de agosto de 202324.
16 Folios 1263 a 1272 cuaderno principal.
17 Folio 1245 cuaderno principal
18 Folios 1247 a 1248 cuaderno principal.
19 Folio 1249 cuaderno principal.
20 Folio 1254 cuaderno principal.
21 Folio 1255 cuaderno principal.
22 Folios 1258 y 1259 cuaderno principal.
23 Índice SAMAI 59.
24 Índice SAMAI 64.
14
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01376-02 (60164)
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En este orden de ideas, y en atención al cambio de ponente en el presente asunto,
así como a la nueva conformación de la Sala, se emitirá pronunciamiento de fondo
por parte de esta Subsección conformada por los actuales magistrados, con
excepción del doctor Nicolás Yepes Corrales a quien se le aceptó el impedimento
en la providencia precitada.
III. CONSIDERACIONES
1. Como la demanda se presentó el 15 de septiembre de 2014, el régimen aplicable
es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a
su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP)
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
I. Presupuestos procesales
1. Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya
causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 104 del
CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar
este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el
artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así
mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la
pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del
CPACA, esto es, $308’000.00025.
2. Medio de control procedente – Deber del juez de interpretar la demanda
25 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2014 ($616.000) por 500.
15
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3. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, en virtud de los
artículos 135 a 148 del CPACA, el medio de control procedente no depende del
arbitrio del demandante, sino del origen del daño alegado y el fin pretendido26, sin
perjuicio de lo cual el juez, en cumplimiento de su deber de interpretar la demanda,
y en ejercicio de la carga prevista en el artículo 171 del CPACA27, puede adecuar
las pretensiones al medio de control que corresponda cuando el actor haya invocado
una vía procesal diferente:
“La disposición en comento [artículo 171] consagra la potestad de adecuar el medio
de control a las pretensiones formuladas en la demanda, cuando la parte actora
haya señalado la vía procesal inadecuada. Esto, con el ánimo de salvaguardar el
derecho de acceso a la administración de justicia y evitar eventuales fallos
inhibitorios derivados de la denominada indebida escogencia de la acción, sin que
ello implique que los demandantes puedan optar por el medio de control que
más les convenga para eludir cargas procesales o el propio término de
caducidad.
La determinación del medio de control adecuado resulta de gran relevancia debido
a que con esto se marca la pauta en la verificación del cumplimiento de los
presupuestos de la demanda y de la acción -requisito de procedibilidad, caducidad
y formalidades de la demanda- y, en general, se establece la ritualidad con la que el
juez y las partes van a seguir el proceso.”28.
(Negrillas fuera del texto original).
La reparación directa —medio de control incoado— es el idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, cuya legalidad no se
cuestiona29.
En cambio, cuando los daños reclamados provienen de actos administrativos, en
términos generales, la vía procesal adecuada es la de la nulidad y restablecimiento
26 Criterio sostenido desde el CCA, en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. Sentencia del 19 de julio de 2007. Exp: 33628. Y reiterado en vigencia del CPACA,
entre otros, en auto del 12 de mayo de 2016, exp: 55032; y auto del 10 de diciembre de 2014, rad:
76001-23-33-000-2014-00387-01.
27 “El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda
aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada (…)”
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 27 de febrero
de 2019. Exp: 60161.
29 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños
causados por actos administrativos cuya legalidad no se cuestiona, caso en el cual el fundamento
es el daño especial. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 17 de junio de 1993. Exp: 7.303; y sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp: 16.421
[fundamento jurídico 3].
16
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del derecho, en la medida en la que “para que la reparación sea posible será
necesario, de modo previo, dejarlo [el acto administrativo] sin efectos y ello, dada la
presunción de legalidad que lo cobija, sólo será posible con la declaración judicial
de anulación del mismo”30.
En orden a examinar si las pretensiones elevadas se correspondían con la vía
procesal incoada, es imperioso precisar, de manera previa, la causa petendi en la
que se apoyó este asunto, con el fin de determinar cuál es, verdaderamente, la
fuente de los daños reclamados.
2.1. Precisiones respecto de la causa petendi
4. Se recuerda que el demandante solicitó la declaratoria de responsabilidad de las
demandadas por cuenta de la “pérdida de los dineros depositados” en Interbolsa y
el Fondo Premium. No obstante, en los fundamentos fácticos, se refirió a múltiples
inversiones que realizó “en” Interbolsa SCB en operaciones “repo acciones Odinsa”,
“simultánea Tit”, “simultánea Bono Cali”, “repo acciones Fabricato” y “repo acciones
Interbolsa”31, así como la que efectuó en el Fondo Premium32.
Como lo señaló la Superintendencia Financiera en los alegatos de conclusión de
segunda instancia33, no se desprende de los hechos plasmados que la Universidad
Santo Tomás – Seccional Bucaramanga hubiera depositado dineros en Interbolsa
ni el Fondo Premium, en cuanto la narración se refiere a inversiones realizadas, que
no pueden asimilarse ni confundirse con depósitos de dinero, aunado a que en las
pretensiones no es posible individualizar en qué sociedad denominada “Interbolsa”
se «depositaron dichos dineros», teniendo en consideración que existen la Sociedad
Administradora de Inversiones (SAI), la Sociedad Comisionista de Bolsa (SCB) y la
holding.
Esta Sala, en ejercicio de su deber de interpretar la totalidad del escrito
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 13 de
diciembre de 2001. Exp: 20.678. Si bien esta providencia se refiere a un proceso iniciado bajo la
vigencia del CCA, sus consideraciones son igualmente aplicables, en virtud de la presunción de
legalidad de la que gozan los actos administrativos.
31 Hecho 4 de la demanda.
32 Hecho 13 de la demanda.
33 Folios 1046 y siguientes, cuaderno principal.
17
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introductorio34 —con el límite de lo relatado en la causa petendi35—, en orden a
desentrañar la intención de la parte actora y garantizar el principio constitucional
que impone la prevalencia de lo sustancial sobre lo puramente procedimental,
encuentra que lo pretendido debe entenderse como el reclamo por la pérdida de las
inversiones —desestimando la equivocada expresión «dineros depositados»—
realizadas en el «Fondo Premium», esto es, en Premium Capital Appreciation
Fund36, y en las operaciones repo y simultáneas efectuadas con Interbolsa SCB
relacionadas en el hecho cuarto de la demanda, causada por las omisiones de la
Superintendencia Financiera37 en sus obligaciones de vigilancia y control sobre
Interbolsa SCB, Interbolsa (holding) y el Fondo Premium.
Así, los daños reclamados pueden dividirse en distintas categorías: de un lado, (i)
las inversiones realizadas en Premium Capital Appreciation Fund (PCAF); y de otro,
los derivados de las transacciones realizadas con Interbolsa SCB —a las que se
refiere el hecho cuarto— que consisten en (ii) operaciones repo sobre las especies
Interbolsa (holding) y Fabricato, (iii) operaciones repo sobre las acciones de Odinsa
y (iv) operaciones simultáneas de Bono Cali y Tit Construclínicas.
Ahora, conforme los elementos de juicio obrantes en el expediente, la Sala
evidencia, de entrada, que aquellos relativos a las operaciones realizadas con la
SCB coinciden con los reclamos presentados por el demandante en el
procedimiento de liquidación administrativa forzosa de dicha compañía, marco en el
cual se obtuvieron distintas decisiones, situación que, como se pasará a explicar,
deriva en que la fuente de estos daños sea diversa.
2.2. Procedimiento de liquidación administrativa forzosa de Interbolsa
Sociedad Comisionista de Bolsa (SCB)
5. En primer término, debe recordarse que, de acuerdo con el artículo 293 del
34 Entre otras, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de enero de
2021. Exp: STC493-2021. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 12 de marzo de 2014. Exp: 32796.
35 Que abarca tanto los hechos de la demanda como las pretensiones. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 18 de enero de 2012.
Exp: 19959. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
36 El denominado Fondo Premium, según dan cuenta las pruebas aportadas con la adición de la
demanda, que no es realmente un fondo, sino una sociedad legalmente constituida en Curazao y
vigilada por el Banco Central de ese país, como lo acredita la carta de la Superintendencia de
Sociedades al Ministro de Comercio, Industria y Turismo del 18 de junio de 2013, rad: 2013-01-
227178 (Folio 236 cuaderno 1 – CD anexo a contestación de la Superintendencia de Sociedades –
carpeta 800103498 INTERBOLSA – RESERVA VIGILADA 1 – Documento 001).
37 Por cuanto la Superintendencia de Sociedades, como se expuso, no está legitimada en la causa.
18
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Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), la liquidación forzosa
administrativa de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera es un
verdadero procedimiento administrativo, concursal y universal, adelantado por un
liquidador, que actúa como auxiliar de la justicia, y que, en caso de haber sido
designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, ejerce funciones
públicas administrativas transitorias, según el tenor del artículo 295 de ese mismo
compendio.
En este orden de ideas, el liquidador ostenta la competencia para expedir actos
administrativos, que, de conformidad con el numeral 2° del artículo 295 del EOSF,
una vez en firme, gozan de presunción de legalidad y son impugnables ante esta
jurisdicción. Entre estos, por virtud del artículo 9.1.3.2.4 del Decreto Único
Reglamentario 2555 de 2010, se destaca la resolución que determina las sumas y
bienes excluidos de la masa y los créditos a cargo de la masa de la persona jurídica
en liquidación, en contra de la cual procede recurso de reposición, en los términos
del artículo 9.1.3.2.6 del mencionado Decreto.
6. En el expediente está acreditado que el 2 de noviembre de 2012, en el marco
normativo anteriormente descrito, la Superintendencia Financiera dictó la
Resolución 1795, a través de la cual tomó posesión de la SCB38 y, seguidamente,
por medio de la Resolución 1812 del 7 de noviembre de 2012, ordenó su liquidación
forzosa administrativa39 y ofició al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
para que nombrara al liquidador. Durante el procedimiento, el liquidador de la SCB
expidió la Resolución No. 0003 del 5 de marzo de 201340, mediante la cual, entre
otras, decidió sobre las reclamaciones presentadas por la Universidad ahora
demandante sobre las operaciones repo y simultáneas41, que coinciden, en su
integridad, con las relacionadas en el hecho cuarto de la demanda42.
Así, aceptó condicionalmente los repos de Interbolsa 110002902, 110002202,
110002521, 110001633 y 110001706, los de Fabricato 110000639, 110002116,
38 Folios 25 a 29 cuaderno 8.
39 Folios 98 a 101 cuaderno 8.
40 CD5 – Documento Resolución No. 003.
41 P. 14.
42 Como se evidencia a continuación con los números de las operaciones que fueron objeto de
pronunciamiento por parte del liquidador de la SCB, y que son idénticos a los expuestos en la
demanda.
19
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110002166, 110002248, 110001937 y 110002145 y el de Odinsa 110001315 43, con
sujeción al considerando décimo tercero, literal 3) numeral iv, literal d) de la
Resolución 003. De otro lado, rechazó las simultáneas sobre Bono Cali 1684, 2754,
2957, 2285 y 2752 y sobre Tit Construclínicas 1765, 3181 y 2593, de conformidad
con el apartado décimo tercero, literal e) numeral v, literal d) del acto administrativo.
Posteriormente, en Resolución 035 del 7 de marzo de 201444, el liquidador le
reconoció a la demandante los créditos referentes a las operaciones repo sobre las
especies de Fabricato e Interbolsa (holding)45, pero no se pronunció respecto de la
operación repo sobre Odinsa.
7. En esta medida, para esta Sala resulta evidente que todas las reclamaciones
sobre las operaciones celebradas con la SCB fueron objeto de un pronunciamiento
expreso de la Administración, en el curso del procedimiento administrativo de
liquidación en el que se hizo parte la Universidad Santo Tomás – Seccional
Bucaramanga, y mediante acto administrativo en el que (i) se aceptaron
condicionalmente y, posteriormente, se reconocieron las acreencias relativas a los
repos sobre Interbolsa y Fabricato, (ii) se aceptaron condicionalmente los repos
sobre Odinsa, sin que fueran reconocidas en la decisión posterior, y (iii) se
rechazaron las simultáneas.
8. Así, en lo que hace a las operaciones simultáneas, deviene menester concluir
que, en realidad, el daño se erige en el rechazo de la acreencia por parte del
liquidador. En otras palabras, en un acto administrativo que negó el reclamo
presentado por el demandante en el escenario del procedimiento de liquidación
forzosa de la SCB.
Respecto de las operaciones repo de Odinsa, debe señalarse que no existe
evidencia de lo sucedido entre la Resolución 0003 del 5 de marzo de 2013—que
aceptó condicionalmente las acreencias— y la Resolución 035 del 7 de marzo de
2014 —que no se pronunció sobre el reconocimiento de estos valores—, pero que,
en cualquier caso, ocurrió en el curso del procedimiento administrativo, por manera
43 CD5 – Documento ANEXO No.3 RECLAMACIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES
SCB. P. 5 y 6.
44 Folio 593 cuaderno 3 CD3 – Anexos requerimiento a liquidador de Interbolsa SCB. Anexo 8 – 8.
Resolución 035 – Documento: Res. No.035 Mar 07 14.
45 Folio 593 cuaderno 3 CD3 – Anexos requerimiento a liquidador de Interbolsa SCB. Anexo 8 – 8.
Resolución 035 – Documento: Res. No.035 Mar 07 14. P. 29.
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que la génesis del daño se identifica con la falta de reconocimiento del valor del
crédito en el último acto administrativo citado.
De este modo, el medio de control adecuado para ventilar estas pretensiones
resarcitorias era el de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida en la
que, en virtud de la presunción de legalidad de la que gozan los actos
administrativos, la prosperidad indemnizatoria presuponía la remoción del acto del
ordenamiento jurídico.
En este punto, se resalta que, aun cuando la jurisprudencia ya mencionada46 ha
dispuesto que le corresponde al juez adecuar las pretensiones al medio de control
que corresponda, siempre que no esté comprobada su caducidad, lo cierto es que
este deber, en todo caso, se circunscribe a la inviabilidad de modificar la causa
petendi47 —que abarca tanto hechos como pretensiones— como lo ha expuesto
esta Corporación:
“(…) en aplicación del principio iura novit curia, corresponde al juez, frente a los
hechos alegados y probados por la parte demandante, definir la norma o el régimen
jurídico aplicable al caso, sin que ello comporte la modificación de la causa
petendi, es decir sin variar los hechos que se enuncian en la demanda como
fundamento de sus pretensiones. (…)
En el contexto jurisprudencial planteado se impone concluir que por ningún motivo
puede dejarse de lado la responsabilidad que entraña el ejercicio de administrar
justicia, que entre muchos otros deberes y/o facultades determina al fallador la
necesidad de realizar una interpretación armónica y sistemática de todo el texto
demandatorio con el propósito de desentrañar el propósito real del libelista y la
fuente de su reclamación, so pena de desconocer el principio constitucional que
ordena la prevalencia de lo sustancial sobre la forma, todo aquello naturalmente
sin poner en riesgo el debido proceso”48.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).
De acuerdo con este derrotero, no es admisible en esta oportunidad adecuar las
pretensiones para encauzarlas al medio de control correspondiente, en la medida
en la que, de la causa petendi, no es posible derivar que ésta fuera la voluntad del
libelista, especialmente, habida consideración de que las Resoluciones 003 del
2013 y 035 del 2014 no fueron mencionadas en el escrito incoativo, de modo que
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 27 de febrero
de 2019. Exp: 60161.
47 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C. Sentencia de 18 de enero de 2012. Exp: 19959. M.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
48 Entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia de 12 de marzo de 2014. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Exp: 32796.
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tampoco endilgaron cargos de nulidad en su contra, ni el liquidador de la SCB —en
su calidad de autoridad administrativa decisoria— fue vinculado.
Tampoco sería adecuado aseverar que el extremo activo no elevó estas
pretensiones por desconocer la existencia de estos actos administrativos, puesto
que —se insiste— la Universidad se hizo parte en el procedimiento de liquidación
forzosa con las reclamaciones mencionadas, aunado a que, en el hecho 34 de la
demanda, hizo alusión expresa a la existencia de ese procedimiento y manifestó
que se le habían reconocido los créditos en ese trámite49.
Asimismo, no deviene posible, dado el mencionado alcance de la demanda,
interpretar que el petitum consistía en que, por la vía de la reparación directa, se
reconociera el daño causado por los actos administrativos sin cuestionar su
legalidad ni alegar argumentos de censura en su contra. Proceder en esa dirección
equivaldría a un entero desconocimiento del derecho al debido proceso de las
autoridades que expidieron esas decisiones, quienes no pudieron ejercer la debida
contradicción en su defensa.
Así, respecto de estos daños, esta Sala concluye que existe una indebida
escogencia de la acción respecto de las reclamaciones relacionadas en precedencia
y, por ende, ante la inviabilidad de su adecuación oficiosa por las razones
advertidas, se inhibirá para fallar de fondo.
2.3. Pretensiones susceptibles de ser ventiladas a través del medio de control
de reparación directa
9. Ahora bien, en lo que concierne a las operaciones repo sobre Fabricato e
Interbolsa, debe señalarse que, aun cuando también fueron objeto de reclamación
en el procedimiento administrativo, lo cierto es que fueron aceptadas y reconocidas
por el liquidador de la SCB, por lo que no puede predicarse que el daño provenga
de sus decisiones y, por lo mismo, no surgía la necesidad de demandarlas —como
49 Si bien este hecho expresa que se hizo parte del proceso de liquidación de “Interbolsa S.A.”
tramitado ante la “Superintendencia de Sociedades”, en el que se le reconocieron los créditos, para
esta Sala deviene palmario que el actor realmente se refería al proceso de liquidación forzosa
administrativa de Interbolsa SCB, adelantado por el respectivo liquidador, por orden de la
Superintendencia Financiera, —en cuyo marco sí se le reconocieron las acreencias— en cuanto,
según da cuenta la prueba remitida por la Superintendencia de Sociedades —y solicitada en la
demanda—, en la liquidación de Interbolsa S.A. (holding) con radicado 61002, “no se encontró
ninguna acreencia a favor de la Universidad demandante”. Folio 571 cuaderno 3.
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sí ocurre respecto de las anteriores—, de modo que se abre paso a debatir esta
situación en el escenario del medio de control impetrado, que no es otro que el de
reparación directa, cuyo análisis será abordado en acápite subsiguiente.
Igualmente, como se analizará a profundidad más adelante, está demostrado que
al demandante se le reconocieron unas sumas en el marco del proceso de
intervención y posterior liquidación judicial del Premium Capital Appreciation Fund
– PCAF – adelantado por la Supersociedades50.
10. En virtud de lo expuesto, esta Sala se pronunciará respecto de los daños
reclamados a través del medio de control de reparación directa impetrado para
reclamar por (i) las inversiones realizadas en el Fondo Premium y (ii) las
operaciones repo sobre las acciones de Fabricato e Interbolsa (holding).
3. Demanda en tiempo
11. De acuerdo con el artículo 164.2.i del CPACA, el término para presentar la
demanda en ejercicio de este medio de control es de “dos (2) años, contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o
de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior (…)” (negrillas fuera del texto original).
Se advierte que el daño reclamado por el extremo activo consiste en la pérdida de
los dineros depositados en Interbolsa S.A. y el Fondo Premium —con las
acotaciones hechas en precedencia— causada por la omisión en la que incurrieron
las entidades demandadas en el cumplimiento de sus obligaciones de inspección,
vigilancia y control sobre Interbolsa S.A., Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa
(SCB) y el Fondo Premium51, que, según se alega, debieron ejercerse previo a la
toma de posesión52 de la SCB, que ocurrió el 2 de noviembre de 201253.
Ahora, se resalta que el libelista no precisó cuáles fueron las obligaciones
presuntamente incumplidas por las entidades demandadas, ni los momentos en los
50 Según consta en la certificación suscrita por la apoderada general del liquidador del PCAF. Folios
425 a 428 cuaderno 2.
51 Hechos 18, 22 y 30 de la demanda.
52 Hechos 20, 30, 32, 38 y 39 de la demanda.
53 Hecho 2 de la demanda.
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que las respectivas acciones resultaban exigibles, por lo cual, para efectos de la
contabilización del término de caducidad, esta Sala tomará, como inicio, la fecha en
la que la Superintendencia Financiera tomó posesión de la SCB —Resolución 1795
del 2 de noviembre de 201254—, pues fue a partir de ese evento que se
desencadenó el conocimiento de los hechos irregulares de los privados,
tardíamente evidenciados por las demandadas, que se aducen como hecho
generador del daño. En este orden de ideas, la demanda se presentó
oportunamente el 15 de septiembre de 201455.
4. Legitimación en la causa
12. El demandante reclama haber sufrido daños por la pérdida del dinero que
«depositó» en Interbolsa y el Fondo Premium, de modo que está legitimada en la
causa por activa, pues acreditó que realizó inversiones en Premium Capital
Appreciation Fund (Fondo Premium) por intermedio de Interbolsa SCB56, y efectuó
con dicha compañía las operaciones repo sobre la especie Interbolsa y Fabricato57.
13. Por otra parte, endilga tal menoscabo a las conductas omisivas de la
Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en
sus obligaciones de control, inspección y vigilancia sobre Interbolsa S.A., Interbolsa
SCB y el Fondo Premium.
No obstante, como lo señaló el a quo, dichas funciones, cuando se ejercen sobre
personas que desarrollan actividades bursátiles, radican en cabeza exclusiva de la
Superintendencia Financiera, con apego al artículo 11.2.1.3.1 del Decreto 2555 de
2010, al paso que la Superintendencia de Sociedades goza de una competencia
residual58. Por lo anterior, la Superintendencia Financiera está legitimada por pasiva
54 Folio 25 cuaderno 8.
55 Con el previo agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, según
consta en la constancia de la Procuraduría General de la Nación, presentada el 24 de febrero de
2014, y declarada fallida el 3 de abril de 2014. Folio 151 cuaderno 7.
56 Entre otros, folios 79 a 82 cuaderno 1.
57 Entre otros, folios 142 y 145 a 153 cuaderno 1.
58 Artículo 83 de la Ley 222 de 1995: “La inspección consiste en la atribución de la Superintendencia
de Sociedades para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y
términos que ella determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable,
económica y administrativa de cualquier sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia
Bancaria o sobre operaciones específicas de la misma. La Superintendencia de Sociedades, de
oficio, podrá practicar investigaciones administrativas a estas sociedades”. Artículo 84 de la Ley 222
de 1995: “La vigilancia consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para velar
porque las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, en su formación
24
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en el presente asunto.
En consonancia, sumado al hecho de que la parte demandante en su escrito de
impugnación no presentó reparo frente a esta determinación, la Sala confirmará la
decisión del Tribunal de primera instancia de declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Superintendencia de Sociedades, sin perjuicio de las
consideraciones que frente al proceso de intervención de Premium Capital
Appreciation Fund (PCAF) se realice en el estudio del fondo del asunto, que en todo
caso no se refiere a las irregularidades en su gestión de intervención preventiva,
que es lo que se atribuye en la demanda.
II. Problema Jurídico
14. Corresponde a la Sala determinar si está acreditado el daño alegado,
materializado en la pérdida de las sumas de dinero que la parte demandante invirtió
en el mercado bursátil a través de las operaciones repo sobre las acciones de
Interbolsa (holding) y Fabricato, así como en el Fondo Premium.
III. Análisis de la Sala
1. Consideraciones preliminares:
15. Aun cuando el análisis, por las razones que más adelante se detallarán, se
limitará a la comprobación del daño, esta Sala considera menester precisar que, si
bien, como lo argumentó el fallador de primera instancia, a partir del artículo 90 de
la Constitución Política, la antijuridicidad se radicó en el daño invocado como
elemento basal de la responsabilidad del Estado, que no en la conducta que lo
cause, ello no se traduce en que tal circunstancia elimine la aplicación, cuando así
amerite el caso, del régimen de responsabilidad subjetiva bajo el título de imputación
de falla del servicio.
16. Acerca de esta cuestión, esta Corporación ha sostenido reiteradamente que el
carácter de antijurídico, en efecto, se predica del daño —y no del hecho generador—
y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos. La
vigilancia se ejercerá en forma permanente. (…)”. (Negrillas fuera del texto original).
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bajo la comprensión de que el particular no esté en la obligación de soportarlo59,
aserto que halla, correlativamente, su fundamento en el deber de reparación
estatal60, que, a su vez, se activa a través de un juicio de responsabilidad que puede
ser subjetivo u objetivo desde diversos títulos de imputación61, de modo que:
“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que
el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991
no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la
labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que
consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que
habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción
de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y
encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una
perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que
exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente
a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de
imputación.”62.
(Negrillas fuera del texto original).
Por último, se señala que la responsabilidad por omisión de una entidad pública en
sus deberes y funciones constitucionales y legales entraña un juicio de
responsabilidad subjetiva en tanto corresponde, necesariamente, a un análisis de
falla en el servicio63, sin que se pueda —como lo alega el impugnante— atenerse a
un régimen objetivo de daño especial.
2. El daño: primer presupuesto de la responsabilidad del Estado
17. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En desarrollo de
este postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad
patrimonial del Estado, corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que,
59 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencias de 8 de mayo de 1995. Exp: 8118 y de 13 de julio de 1993. Exp: 8163. M.P. Juan de Dios
Montes Hernández. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 6 de junio de 2007. Exp: 16460. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
60 Corte Constitucional. Sentencia C-333 de 1996 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 de julio de 2011. Exp: 21294. M.P. Hernán Andrade
Rincón.
61 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia de 9 de junio de 2010. Exp: 17626. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 19 de
abril de 2012. Exp: 21515. M.P. Hernán Andrade Rincón.
63 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia de 8 de marzo de 2007. Exp: 27434. En cita de: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 11 de septiembre once de 1997. Exp:
11764. M.P. Carlos Betancur Jaramillo.
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estando debidamente demostrado, determina el posterior juicio de imputación para
efectos de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. En
ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial de
Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño, sin
cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás
requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio
de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces
del artículo 90 C.P.
De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración o
lesión a un interés legítimo y lícito64-65 es el primer elemento que debe quedar
certera y suficientemente probado —en tanto no es posible presumirlo—, sin cuya
existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la
doctrina nacional expone:
“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión
de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha
de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las
partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le
pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la
autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”66.
El daño —para que sea indemnizable— debe ser cierto67, es decir, que su existencia
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 2 de junio de 2023. Exp: 61.340.
65 Por su parte, el doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como “(…) toda afrenta a los
intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos
individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración
de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación
si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se
encuentran reunidos”. En: Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle
de l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, Universidad de París 2 Panthéon-
Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: Las formas de
reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones
contra el estado, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia,
n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva La responsabilidad extracontractual del Estado.
XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015,
p. 35. Esta definición de daño fue adoptada, además, por la Corte Constitucional en sentencia SU-
080 de 2020.
66 Hinestrosa, F. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan
Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. P. 36.
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 4 de
diciembre de 2006. Exp: 13.186: “(…) el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio
eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual
o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente,
debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por
la actividad dañina realizada por la autoridad pública”. Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de abril de 2000, Exp:
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sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe ser personal,
es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación68. Y también debe
ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar claramente sus
características.
Además, el daño debe ser probado, teniendo en cuenta que es el actor quien tiene
la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el
artículo 167 del Código General del Proceso, prescribe: “incumbe a las partes probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”, de ahí que no es suficiente que “en la demanda se hagan afirmaciones
sobre la existencia del daño, porque el demandante no puede limitarse, si quiere
sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio”69.
3. Caso concreto
3.1. De las operaciones repo sobre las acciones de Fabricato e Interbolsa
(holding)
18. En atención a que las pretensiones se encauzan, en parte, a la declaración de
una pérdida de inversión en operaciones repo, la Sala considera conveniente
referirse brevemente a éstas, definidas en el artículo 2.36.3.1.1 del Decreto Único
2555 de 2010, así:
“Las operaciones de reporto o repo son aquellas en las que una parte (el
‘Enajenante’), transfiere la propiedad a la otra (el ‘Adquirente’) sobre valores a
cambio del pago de una suma de dinero (el ‘Monto Inicial’) y en las que el Adquirente
al mismo tiempo se compromete a transferir al Enajenante valores de la misma
especie y características a cambio del pago de una suma de dinero (‘Monto Final’)
en la misma fecha o en una fecha posterior previamente acordada.”
(Negrillas fuera del texto original).
Según el artículo 2.9.15.1.1 del mismo compendio, las “sociedades comisionista de
bolsa de valores podrán realizar a través de bolsa de valores, por cuenta propia o
por cuenta de terceros, operaciones de reporto o repo, simultáneas y de
11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la antijuridicidad
del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral
reclamado porque no se probó su existencia.”
68 Henao, J.C. El Daño. Universidad Externado de Colombia, Primera Edición, julio 1998. P. 88 y
104.
69 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021, Rad. 50802 [fundamento
jurídico 4.3].
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transferencia temporal de valores.”70.
Por su parte, la Bolsa de Valores de Colombia, determina que:
“[e]l mercado repo permite que un inversionista obtenga recursos (dinero) de forma
temporal, entregando acciones como garantía a otro inversionista que está
dispuesto a prestar el dinero a cambio de un interés determinado (…).
Para realizar una operación repo primero se pactan las condiciones de la operación:
plazo, tasa, cantidad de acciones y valor de regreso. El comprador inicial entrega
el dinero pactado y el vendedor inicial recibe el dinero y entrega el valor como
garantía a la CRCC.
En el cumplimiento de la operación de regreso el vendedor final (antes comprador
inicial) recibe de su contraparte el dinero prestado junto con el valor de los intereses
pactados, y el comprador final (antes vendedor inicial) recibe nuevamente las
acciones que entregó en garantía. El cumplimiento de la operación de regreso será
susceptible de anticipos por mutuo acuerdo.”71.
(Negrillas fuera del texto original).
Así, las operaciones repo implican dos transacciones: la primera, en la que el
enajenante inicial vende al adquirente primigenio los valores a cambio de un precio,
en cuyo negocio se pacta el plazo y el precio de la readquisición; y la segunda, la
de regreso, en la que el enajenante inicial (ahora adquirente) readquiere los valores
y paga al adquirente inicial (ahora enajenante) el precio pactado en la operación
inicial, que, en virtud de la funcionalidad y utilidad de esta operación, es mayor al
precio de la transacción inicial.
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 964 de 2005, si el enajenante inicial incumple
la obligación de pagar el precio a la fecha de la readquisición, el adquirente inicial
mantiene el derecho de propiedad sobre el valor, y si, por el contrario, el adquirente
inicial es quien incumple en su devolución, el enajenante inicial no tendrá que pagar
el precio de readquisición; en ambos casos, la parte incumplida deberá pagar la
diferencia que resulte entre el precio acordado y el precio de mercado en la fecha
del incumplimiento.
A su turno, su parágrafo 1° prevé que, si se presenta un proceso concursal o una
toma de posesión para liquidación respecto de las partes que intervienen en una
operación repo que se encuentra pendiente de cumplimiento, ésta se dará por
70 De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1172 de 1980, “los Comisionistas de Bolsa constituidos
como Sociedades Colectivas tendrán por objeto social exclusivo el desarrollo del contrato de
comisión para la compra y venta de valores inscritos en Bolsa.”.
71 https://www.bvc.com.co/repos. Consultado el 29 de julio de 2024.
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terminada anticipadamente, y se procederá de conformidad con las reglas de la
norma según la posición de la parte incumplida, de modo que —en concordancia
con el artículo 2.36.3.1.11 del Decreto 2555 de 2010—, cuando se genere una
diferencia en contra de la parte sujeta al proceso concursal o toma de posesión, su
contraparte tendrá derecho a que dicha diferencia le sea pagada de manera
inmediata, sin someterse a las resultas del proceso concursal.
En efecto, el artículo 299 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 72 (EOSF)
dispone que dichos recursos están excluidos de la masa de liquidación, así como
los valores, bienes o dinero recibidos de terceros para la ejecución de negocios o
encargos, y deberán devolverse a la mayor brevedad, de acuerdo con el artículo 23
de la Ley 964 de 200573.
Finalmente, el tenor del numeral 15 del artículo 291 del EOSF consagra que:
“La toma de posesión y en general los procesos concursales no impedirán
cumplir las operaciones realizadas por la entidad o por cuenta de ella en el
mercado de valores cuando ello sea conveniente para la misma. En todo caso,
la toma de posesión no impedirá a la Bolsa de Valores correspondiente hacer
efectivas, conforme a las reglas que la rigen, las garantías otorgadas para cumplir
una operación en que sea parte una entidad objeto de toma de posesión.”
(Negrillas fuera del texto original).
19. En el escrito de demanda se manifiesta que la Universidad Santo Tomás –
Seccional Bucaramanga efectuó las siguientes operaciones repo sobre la especie
Interbolsa (holding) y Fabricato, con Interbolsa SCB (comisionista), que están
acreditadas en el expediente con los respectivos comprobantes de transacción, así:
TIPO DE PRODUCTO No. DEL PRODUCTO VALOR DEL FOLIO EN EL
PRODUCTO EXPEDIENTE
Operación repo acciones 110002901-110002902 $13’198.149,90 Folio 149 cuaderno 1
Interbolsa
Vencimiento diciembre 7
de 2012
Operación repo acciones 110002201-110002202 $43’333.518,14 Folio 153 cuaderno 1
Interbolsa
Vencimiento 7 de
72 Literales a y b del numeral 2: “a. Los títulos que se hayan entregado a la entidad intervenida para
su cobranza y los que haya adquirido por cuenta de otro, siempre que estén emitidos o endosados
directamente a favor del mandante o fideicomitente; // b. El dinero del mandante remitido a la entidad
intervenida en desarrollo de un mandato o fideicomiso, siempre que haya por lo menos un principio
de prueba escrita sobre la existencia del contrato a la fecha de la toma de posesión”.
73 Sobre un caso análogo: “Los bienes de la “no masa” son aquellos que no forman parte del
patrimonio a liquidar, pues no son de su propiedad, debido a la forma en la que fueron adquiridos,
esto es, sin trasferencia de dominio. Dicha exclusión implica que esos bienes se entregan a la mayor
brevedad posible a sus dueños.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Sentencia del 4 de febrero de 2022. Exp: 62244. M.P. Marta Nubia Velásquez.
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diciembre de 2012
Operación repo acciones 110002520-110002521 $13’026.147,62 Folio 150 cuaderno 1
Interbolsa
Vencimiento 12 de
diciembre de 2012
Operación repo acciones 110001632-110001633 $102’473.500 Folio 151 cuaderno 1
Interbolsa
Vencimiento 21 de enero
de 2013
Operación repo acciones 110001705-110001706 $378’327.766 Folio 152 cuaderno 1
Interbolsa
Vencimiento 4 de febrero
de 2013
Operación repo acciones 110000638-110000639 $2.650’050.000 Folio 145 cuaderno 1
Fabricato
Vencimiento 23 de
noviembre de 2012
Operación repo acciones 110002115-110002116 $3.896’168.250 Folio 146 cuaderno 1
Fabricato
Vencimiento 30 de
noviembre de 2012
Operación repo acciones 110002165-110002166 $2.754’788.588 Folio 144 cuaderno 1
Fabricato
Vencimiento 5 de
diciembre de 2012
Operación repo acciones 110002144-110002145 $491’583.693,33 Folio 147 cuaderno 1
Fabricato
Vencimiento 14 de
diciembre de 2012
Operación repo acciones 110001936-110001937 $165’893,263,12 Folio 148 cuaderno 1
Fabricato
Vencimiento 14 de
diciembre de 2012
La siguiente operación obra en el expediente, pero quien funge como cliente no es
la Universidad Santo Tomás, sino Faustino Corchuelo Alfaro, sin que de manera
alguna se desprenda que actuó, en esa oportunidad, en representación de la
institución educativa:
Operación repo acciones 110002445-110002446 $20.098.800 Folios 43 y 44 cuaderno
Interbolsa 7
Vencimiento 19 de
diciembre de 2012
En este sentido, esta operación repo no puede ser tenida en cuenta como una
inversión realizada por el extremo activo y, en consecuencia, respecto de ésta, la
Universidad carece de legitimación en la causa para su reclamación.
Quedó demostrado que el 2 de noviembre de 2012, cuando ya se habían realizado
las operaciones en mención y antes de la llegada de la fecha de vencimiento,
mediante Resolución 1795, la Superintendencia Financiera tomó posesión de la
SCB74, y el 7 de noviembre, ordenó su liquidación forzosa administrativa75 por medio
74 Folios 25 a 29 cuaderno 8.
75 Folios 98 a 101 cuaderno 8.
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-01376-02 (60164)
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Bucaramanga
Demandado: Superintendencia de Sociedades y
Superintendencia Financiera
Asunto: Reparación Directa
de la Resolución 1812, cuyo literal n) del numeral segundo de la parte resolutiva
señaló que la decisión no impediría cumplir las operaciones realizadas por la entidad
o por cuenta de ella en el mercado de valores cuando fuera conveniente.
De lo anterior se desprende que, para esas fechas, las operaciones celebradas por
la Universidad Santo Tomás – Seccional Bucaramanga no habían vencido aún y,
sin embargo, por mandato del parágrafo 1° del artículo 14 de la Ley 964 de 2005,
se habrían terminado anticipadamente, correspondiéndole a la SCB reconocer los
repos, de manera preferente, con cargo a los bienes excluidos de la masa.
Está probado que el extremo activo presentó los formularios de reclamación ante
Interbolsa SCB —en liquidación— el 26 de noviembre de 2012, así:
a) por las operaciones repo sobre acciones de Interbolsa (holding), identificadas con
los números 110002901-110002902, por valor de $13’198.149,90; 110002201-
110002202, por $43’333.518,44; 110002520-110002521, por $13’026.147,6276;
110001632-110001633, por $102’473.500; y 110001705-110001706, por
$378’327.76677.
b) por las operaciones repo sobre acciones de Fabricato, identificadas con los
números 110000638-110000639, por valor de $2.650’050.000; 110002115-
110002116, por $3.896’168.250; 110002165-110002166, por $2.754’788.58878,
110002247-1 10002248, por $13’180.295,63; 110002144-110002145, por
$491’583.693,33; y 110001936-110001937, por $165’893.263,1279.
Ahora, no pueden dejarse de lado las particularidades de las sociedades emisoras
de acciones sobre las cuales se realizaron los repos. En efecto, Interbolsa (holding),
según está acreditado en el plenario, fue sometida al trámite de reorganización
empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades el 16 de noviembre de
201280, y sobre la cual, posteriormente, fue decretada la liquidación judicial el 2 de
76 Últimos tres en folio 48 cuaderno 7. Todos los valores coinciden con los de la operación de regreso
consignados en los comprobantes de liquidación de la operación, salvo el 110002201-110002202,
cuyo valor era por $13’198,149,90 y la reclamación se hizo por $43’333.518,44
77 Últimos dos en folio 52 cuaderno 7.
78 Últimos tres en folio 45 cuaderno 7.
79 Últimos tres en folio 46 cuaderno 7.
80 Folio 236 cuaderno 1 – CD anexo a contestación de la Superintendencia de Sociedades – carpeta
800103498 INTERBOLSA – RESERVAS – Documento RESERVA 4. P. 67 a 77.
32
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enero de 201381, además de que la Bolsa de Valores de Colombia suspendió la
negociación de la acción desde el 2 de noviembre de 201282, hasta que la
Superintendencia Financiera, mediante la Resolución 100 del 13 de enero de 2013,
ordenó cancelar la inscripción de las acciones ordinarias Interbolsa S.A. en
Liquidación Judicial en el RNVE desde el 21 de enero de 201383.
Por su parte, la acción de Fabricato también fue suspendida de la negociación y
liquidación de todas las operaciones repo pendientes por cumplir, de acuerdo con
los Boletines 285 del 19 de noviembre de 2012, 296 del 23 de noviembre y 307 del
30 de noviembre de 2012 de la Bolsa de Valores de Colombia. Posteriormente,
mediante Boletín 19 del 19 de febrero del 2013 de la BVC, se informó que la
Superintendencia Financiera había ordenado mantener la suspensión preventiva de
la negociación sobre esa especie, reanudándose únicamente el 2 de marzo de
2013, fecha a partir de la cual las transacciones debían cerrarse de conformidad
con el reglamento de la bolsa84.
En este orden de ideas, el liquidador de Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa
expidió la Resolución No. 0003 del 5 de marzo de 201385, mediante la cual, entre
otras, decidió sobre las reclamaciones de créditos presentadas oportunamente en
relación con los bienes y sumas de dineros excluidos de la masa de la liquidación,
en la que determinó que, conforme a la normativa ya expuesta, reconocería en la
«no masa» las reclamaciones presentadas sobre repos86. Y, respecto de dichas
operaciones sobre las acciones de Interbolsa, teniendo en cuenta las
consideraciones fácticas comentadas de la sociedad, concluyó que:
“Sobre dicha especie (…) no es aplicable el Reglamento General de la Bolsa de
valores de Colombia y esta concursada se encuentra sujeta a la información que
81 Folio 572 cuaderno 3. Requerimiento a la Superintendencia de Sociedades. Proceso de liquidación
61002 de Interbolsa S.A. holding. Documento: BDSS01-#103170402-v1-2013-01-001196-000
82 Boletín de la BVC 258 del 2 de noviembre de 2012, inicialmente por 5 días, que se prorrogó por
otros 4 días por cuenta del Boletín 272 del 9 de noviembre de 2012, luego por 10 días más, según
Boletín 284 del 16 de noviembre y, posteriormente, por los boletines 308 del 30 de noviembre (que
obra en el expediente en el folio 236 cuaderno 1 – CD anexo a contestación de la Superintendencia
de Sociedades – carpeta 800103498 INTERBOLSA – RESERVAS – Documento RESERVA 1. P. 5)
y 003 del 11 de enero de 2013. Según da cuenta la Resolución 0003 del 5 de marzo de 2013 del
liquidador de Interbolsa SCB. CD5 – Documento Resolución No. 003. P. 15.
83 Informado por el boletín 009 del 28 de enero del 2013. Según da cuenta la Resolución 0003 del 5
de marzo de 2013 del liquidador de Interbolsa SCB. CD5 – Documento Resolución No. 003. P. 15.
84 Según da cuenta la Resolución 0003 del 5 de marzo de 2013 del liquidador de Interbolsa SCB.
CD5 – Documento Resolución No. 003. P. 14.
85 CD5 – Documento Resolución No. 003.
86 P. 14.
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suministre la liquidación judicial de Interbolsa S.A., respecto al [sic] precio que tenga
la misma. Por lo tanto, la diferencia solicitada se sujeta a dicha condición, y el plazo
para que el liquidador informe el valor intrínseco de las acciones será de 90 días a
partir de la ejecutoria de la presente resolución. So pena de RECHAZO. (…)”87.
Sin embargo, y para dar cumplimiento a las transacciones sobre Fabricato e
Interbolsa, dispuso que:
“DECIMO TERCERO. (…) E. (…) iv. (…) Lo anterior, sin que ello implique que la
Liquidación no hará efectiva la facultad contemplada en el inciso tercero del artículo
3.2.1.3.3.12 del Reglamento General de la Bolsa de valores.
Operaciones repos:
a) Para el caso de las Operaciones Repo cumplidas, estas serán RECHAZADAS,
teniendo en cuenta que no se presentó ningún incumplimiento y no hay lugar al
reconocimiento de ningún crédito a favor del reclamante.
b) Para el caso de las Operaciones Repo que fueron incumplidas, en las
cuales se solicita el pago de las mismas, o la diferencia que se presentó
desde la fecha del incumplimiento, la Liquidación procederá a
reconocerlas como ACEPTADAS CONDICIONALMENTE, en el valor
equivalente a la diferencia que surja entre el precio pactado en la operación
de recompra y el valor del mercado a la fecha del incumplimiento, suma a
la cual no se le calcularán intereses de conformidad con el Considerando
DECIMO [sic] de la presente Resolución.
c) En cuanto a las reclamaciones de los Clientes de otras Sociedades
Comisionistas de Bolsa en las que Interbolsa S.A. SCB es contraparte en
operaciones convenidas, las mismas serán RECHAZADAS, como quiera que la
concursada desconoce a la contraparte y la misma no figura en nuestras bases
de datos como contraparte.”88.
(Negrillas fuera del texto original).
Fundado en lo anterior, en el Anexo 3 de dicha Resolución relacionó las
reclamaciones presentadas por la Universidad Santo Tomás por los repos de
Interbolsa 110002902, 110002202, 110002521, 110001633 y 110001706, y los de
Fabricato 110000639, 110002116, 110002166, 110002248, 110001937 y
110002145 como aceptadas condicionalmente89, de acuerdo con el considerando
décimo tercero, literal 3) numeral iv, literal d) de la Resolución 003.
Posteriormente, mediante Resolución 035 del 7 de marzo de 201490, “por medio de
la cual se determinan los valores ciertos reconocidos en lo concerniente a los bienes
excluidos de la masa de la liquidación”, el liquidador de la SCB reconoció, a favor
87 P. 15.
88 P. 15.
89 CD5 – Documento ANEXO No.3 RECLAMACIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES
SCB. P. 5 y 6.
90 Folio 593 cuaderno 3 CD3 – Anexos requerimiento a liquidador de Interbolsa SCB. Anexo 8 – 8.
Resolución 035 – Documento: Res. No.035 Mar 07 14.
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de la Universidad Santo Tomás91 los siguientes créditos92:
Repo Valor Op. Regreso Valor liquidado BVC, garantías y Valor reconocido y
título objeto aceptado
110002166 2.754.788.588,00 626.775.000,50 2.128’013.587,50
Fabricato
110000639 2.713’750.000,00 -895’287.162,50 1.818’462.837,5
Fabricato
110002116 3.980’506.291,67 1.296’829.712,50 2.683’676.579,17
Fabricato
110002145 500’557.748,17 163’447.462,50 337’110.285,67
Fabricato
110001937 168’750.474,08 45’183.537,5 123’566.936,58
Fabricato
110002902 13.198.149,90 587.924,00 12.610.225,90
Interbolsa
110002521 13.026.147,62 580.159,00 12.445.988,62
Interbolsa
110001633 102.473.500,00 102.473.500,00
Interbolsa
110001706 378.327.766,00 378.327.766,00
Interbolsa
110002202 43.333.518,44 43.333.518,44
Interbolsa
Se resalta que, en el caso de las siete primeras operaciones, el liquidador descontó
el valor señalado en la tercera columna, situación que se explica en la misma
Resolución 035, al establecer que:
“QUINTO. Que la cuantificación de las acreencias correspondientes a la no masa
de la Liquidación (…) tuvo como fuente de información las liquidaciones de las
operaciones realizadas por la Bolsa de Valores de Colombia, descontando el valor
de los intereses y abonando como pago parcial los títulos y garantías trasladadas a
la parte cumplida al momento de la liquidación de la operación.
Sobre el particular, la liquidación de las operaciones efectuada por la Bolsa de
Valores de Colombia contempla el valor de regreso de la operación o valor pactado,
el valor de la venta de los títulos comprometidos, Adicionalmente [sic], en dicha
liquidación se informa el valor de mercado de los títulos y las garantías totales sobre
la operación a las que fueron dejadas en propiedad definitiva a nombre del cumplido.
Ahora bien, bajo ese contexto, es preciso señalar que el cálculo del valor a reconocer
como cierto por la concursada, corresponderá a la diferencia que resulte entre:
VFR = VR – (Vvta + Vto + Vg)
91 Identificada con NIT 860012357, de lo cual puede establecerse que corresponde a la misma que
efectuó las inversiones que nos ocupan en este punto, de acuerdo con los comprobantes de las
transacciones (folios 149 a 153 cuaderno 1).
92 Folio 593 cuaderno 3 CD3 – Anexos requerimiento a liquidador de Interbolsa SCB. Anexo 8 – 8.
Resolución 035 – Documento: Res. No.035 Mar 07 14. P. 29.
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VFR: Valor Final Reconocido
VR: Valor de la operación de regreso re liquidado por la BVC
Vvta: Valor de venta de títulos objeto o garantías de variación si existiere.
Vto: Valor títulos objeto (nominal de la especie sobre la cual se efectuó el repo) al
precio referido por la BVC en la fecha de liquidación.
Vg: Valor garantías de variación si existen, al precio de mercado en la fecha de su
entrega al cumplido.”93.
20. De acuerdo con lo anterior, para la Sala deviene diáfano que el demandante
presentó las reclamaciones —sobre las operaciones objeto del presente proceso—
ante el liquidador de la SCB, quien, a su vez, en cumplimiento de la normativa
aplicable, se pronunció sobre todas, reconociendo al demandante las operaciones
repo efectuadas sobre las especies Interbolsa (holding) y Fabricato en el precio total
de la operación de regreso, descontando, en algunos casos, lo que correspondiera
por cuenta de los abonos efectuados en títulos y garantías previamente trasladadas.
Ahora, no existen elementos de juicio que permitan dilucidar lo sucedido con
posterioridad a la resolución de reconocimiento de estas acreencias, de modo que
resulta imposible establecer si el daño reclamado se configuró o no, ante la falta de
certeza frente a su pago.
Únicamente obra en el expediente un memorial presentado por el mismo
demandante94 informando al Despacho de primera instancia que, a través de los
“trámites administrativos”95 del Fondo Premium y de la liquidación de Interbolsa,
recuperó unas sumas, sin distinguir qué valores corresponden a qué procesos96.
A este respecto, si el alegato del actor, en gracia de discusión, consistiera en que el
liquidador no honró los pagos cuyo reconocimiento se condensó en esas
resoluciones, le correspondía, entonces, elevar las pretensiones de ejecución de las
acreencias ciertas a su favor y en contra del liquidador, que, por razones
elementales, no atañen a este cauce procesal en contra de las entidades aquí
demandadas.
93 P. 2.
94 Folio 695 cuaderno 3.
95 No obstante, se recuerda que la liquidación judicial del PCAF no es un trámite administrativo, como
sí lo es la liquidación forzosa administrativa de Interbolsa SCB.
96 Más adelante se explicará que unas sumas de las que allí se relacionan sí corresponden al dinero
recuperado en el proceso de intervención y liquidación del PCAF, sin que respecto de los valores del
3 de octubre de 2016 o 22 de septiembre de 2016 exista certeza sobre su origen.
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Por otra parte, no existe evidencia alguna de la cual pueda concluirse que el
patrimonio de la liquidación de la SCB fue insuficiente para pagar los créditos
reconocidos —ni, en ese mismo sentido, nada relacionado con las resultas del
proceso liquidatorio—, motivo por el cual, se reitera, no existe certeza en este
proceso acerca de lo sucedido con el pago de las acreencias reconocidas.
En esta línea, se impone concluir que, respecto las operaciones repo sobre
Interbolsa (holding) y Fabricato, el demandante no acreditó la ocurrencia de un daño
cierto, que se habría concretado en la falta de pago de las acreencias reconocidas
por virtud de la insuficiencia patrimonial de la liquidación de la SCB, de modo que
no puede predicársele indemnizable. De contera, sobre este asunto, no se
analizarán los demás elementos de la responsabilidad, por tornarse inútil.
3.2. De las inversiones en el Fondo Premium
21. Debe señalarse, para los efectos del estudio de la impugnación, que —contrario
a lo sostenido por la Superintendencia Financiera en sus alegatos de conclusión—
el censor sí apeló la decisión del a quo relativa al Fondo Premium, por lo cual esta
Sala debe pronunciarse a este respecto.
22. Como se expuso anteriormente, el demandante realizó inversiones, a través de
Interbolsa SCB, en Premium Capital Appreciation Fund (PCAF), sociedad
legalmente constituida en Curazao97, regida bajo las leyes de las Antillas
Holandesas98, como lo demuestran los extractos mensuales y las confirmaciones
de recibo de sumas emitidos por PCAF99, así como los comprobantes de
transacción de divisas de Interbolsa SCB100. Según los certificados de Amicorp, al
corte del 30 de septiembre de 2012, la Universidad Santo Tomás, identificada con
número de inversor 10004380, tenía 2.973.392 acciones, con un valor de mercado
de $3.581’287.118,99101, y la Universidad Santo Tomás – Fondos Especiales,
identificada con número de inversor 10005670, tenía 409.857 acciones, con un valor
97 Según da cuenta el oficio del Superintendente de Sociedades dirigido al Ministro de Comercio,
Industria y Turismo del 18 de junio de 2013. Folio 236 cuaderno 1 – CD anexo a contestación de la
Superintendencia de Sociedades – carpeta 800103498 INTERBOLSA – RESERVA VIGILADA 1 –
Documento 001. P. 1.
98 Folio 511 cuaderno 2.
99 Entre otras, a folios 34 a 36 cuaderno 7.
100 Entre otras, folio 37 cuaderno 7.
101 Folio 108 cuaderno 1.
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de mercado de 606’886.832,74102.
En el expediente se evidencia que la Superintendencia de Sociedades ordenó la
toma de posesión —de conformidad con el Decreto 4334 de 2008 por el que se
expide el procedimiento de intervención, relacionado con la captación ilegal de
recursos del público— sobre Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S., Premium
Capital Investment Advisor Ltd. y otras personas naturales103, en cuya investigación
se estableció que PCAF había captado dineros del público a través de sociedades
constituidas en Colombia, motivo por el cual, mediante el Auto 400-013267 del 29
de julio de 2013, la Superintendencia de Sociedades ordenó la toma de posesión
de que trata el Decreto 4334 de 2008 de PCAF, y designó a Alejandro Revollo
Rueda como agente interventor104.
De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 4334 de 2008, la toma de posesión se
ordena para devolver, de manera ordenada, las sumas de dinero aprehendidas o
recuperadas, que se entienden excluidas de la masa de la liquidación hasta
concurrencia de las devoluciones aceptadas por quienes hayan entregado
recursos105, de modo que el agente interventor debe surtir el trámite previsto en el
artículo 10 de ese instrumento normativo.
Según consta en la certificación106 suscrita por la apoderada general del
liquidador107, el entonces interventor de PCAF, previa solicitud de la Universidad
Santo Tomás108, reconoció la suma de $4.575’411.454,869 por concepto de la
inversión 10004380. El dinero fue retirado por el demandante, así109:
• Primera devolución: 3 de enero de 2014: $8’812.555,19
• Segunda devolución: 14 de agosto de 2014: $8’909.358,40
102 Folio 109 cuaderno 1.
103 Mediante Auto 400-008970 del 17 de mayo de 2013. Folio 236 cuaderno 1– CD anexo a
contestación de la Superintendencia de Sociedades – carpeta 830104118 RENTAFOLIO BURSATIL
– Documento Revisión 2. P. 65.
104 Folios 510 a 529 cuaderno 2.
105 Parágrafo 2.
106 Folios 425 a 428 cuaderno 2.
107 Según poder general que obra en folios 429 a 435 cuaderno 2.
108 Nuevamente, con NIT 860012357.
109 Estas sumas, además, están soportadas en el memorial presentado por el demandante ante el
Tribunal de primera instancia en el que informa que “a través de otros trámites administrativos en el
caso del Fondo Premium y de la liquidación de Interbolsa, se han recuperado por parte de mi
mandante las sumas de dinero que a continuación se relacionan”. Folio 695 cuaderno 3.
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-01376-02 (60164)
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• Tercera devolución: 7 de septiembre de 2015: $15’069.426,03
• Cuarta devolución: 30 de marzo de 2016: $22’302.713,13
En el entretanto, mediante Auto 400-002649 del 16 de febrero de 2015110, la
Superintendencia de Sociedades decretó la medida de liquidación judicial dentro del
proceso de intervención sobre PCAF y otros, en el que explicó que el mecanismo
de captación de dinero del público consistía en vender, a los afectados, acciones
preferenciales sin derecho a voto de la sociedad. Asimismo, se expuso que el
interventor había sostenido sendas reuniones con los representantes del Banco
Central de Curazao111 con el fin de concertar una solución respetuosa para las leyes
de cada jurisdicción para la liquidación del PCAF y la devolución del dinero captado
en Colombia112.
En el Proyecto de Graduación y Calificación de Créditos que presentó el liquidador
ante la Superintendencia de Sociedades el 14 de julio de 2015, se reconoció a la
Universidad la suma adicional de $1.002’462.739,404 por concepto de la inversión
10005670113. Los primeros cuatro desembolsos de ese dinero fueron reclamados el
14 de julio de 2106, según el propio dicho del demandante, así114:
• Primera devolución: $8.812.555,19
• Segunda devolución: $8’909.358,40
• Tercera devolución: $15’069.426,03
• Cuarta devolución: 30 de marzo de 2016: $22’302.713,13
23. En este sentido, el liquidador reconoció a favor de la Universidad Santo Tomás,
en su acreditada condición de afectado de captación ilegal de recursos por parte de
PCAF, un total de $5.577’874.194,27, por concepto de la suma de las inversiones
10005670 y 10004380, de los cuales, para el 23 de febrero de 2017115, se le habían
pagado $55’094.052,75 por concepto de la inversión 10004380 y la misma suma
por la inversión 10005670.
110 Folios 437 a 457 cuaderno 2.
111 Entidad encargada de la vigilancia de PCAF en Curazao.
112 Folio 445. Numeral 54 del Auto.
113 De lo que da cuenta la certificación del liquidador de PCAF. Folio 427 cuaderno 2.
114 En concordancia con la certificación del liquidador de PCAF que, a la fecha de su expedición, 16
de junio de 2016, expuso que la Universidad aún no había reclamado el dinero; no obstante, en el
memorial, presentado el 23 de febrero de 2017, el demandante manifiesta que recuperó esas sumas,
que coinciden con las reportadas. Folio 695 cuaderno 3.
115 Última fecha de la cual da cuenta el expediente respecto de los pagos al demandante.
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La Sala resalta que la suma reconocida por el liquidador de PCAF sobre las dos
inversiones, $5.577’874.194,27, asciende a un valor superior al presentado en los
hechos de la demanda, que se referían a $5.520’660.518, motivo por el cual debe
concluirse que no existe daño, en la medida en la que los montos reclamados —e
incluso más— fueron reconocidos a favor de la Universidad en el respectivo proceso
de intervención y liquidación, en el que se le han venido haciendo las devoluciones,
de acuerdo con la normativa vigente, y no obran elementos de juicio para hipotetizar
que, posterior al 23 de febrero de 2017, las devoluciones hayan cesado.
Por el contrario, militan en el expediente los Autos 400-006827 del 3 de abril de
2017 y 400-010151 del 16 de junio de 2017 de la Superintendencia de
Sociedades116, en los que se aprobó el esquema fiduciario propuesto por el
liquidador como medio de pago de las acreencias debidas a los afectados.
Por lo anterior, sobre este asunto tampoco se estudiará lo atinente a los demás
elementos de la responsabilidad, por cuanto está acreditado que el daño reclamado
fue resarcido en el proceso de intervención y liquidación de PCAF y, por tanto, ese
elemento de la responsabilidad, en que lo que concierne a este análisis, es
inexistente.
3.3. Del dictamen pericial solicitado por el demandante
24. El demandante solicitó que se designara a un perito experto para que rindiera
un dictamen sobre (i) el monto de las inversiones realizadas por la Universidad en
Interbolsa S.A. e «Interbolsa SCB–Fondo Premium», (ii) el monto de las
operaciones repo, (iii) el valor inicial de las acciones en las operaciones repo, (iv) el
valor actual de las operaciones repo, (v) el valor de las inversiones en el Fondo
Premium, (vi) los rendimientos financieros dejados de percibir como consecuencia
de la pérdida de los «dineros depositados» en Interbolsa S.A. e «Interbolsa SCB–
Fondo Premium» y (vi) la indicación del daño emergente y lucro cesante causado
por la pérdida de los dineros, la desvaloración de las acciones y los rendimientos
116 Aportados por la Superintendencia de Sociedades en sus alegatos de conclusión de primera
instancia, que, por cuenta de que su fecha de expedición es posterior a la fecha de su contestación,
de conformidad con el artículo 381 del CGP, pueden ser valorados por la Sala. Folios 911 a 917
cuaderno 4.
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-01376-02 (60164)
Demandante: Universidad Santo Tomás – Seccional
Bucaramanga
Demandado: Superintendencia de Sociedades y
Superintendencia Financiera
Asunto: Reparación Directa
financieros117.
En la audiencia inicial, el Tribunal de primera instancia decretó la prueba y accedió
a nombrar un perito de la lista de los auxiliares de la justicia118. En atención a
distintos contratiempos presentados en la práctica de esta prueba, el Despacho
sustanciador profirió el auto de 14 de marzo del 2017119, en el que declaró la
continuación del proceso, pero accedió a la solicitud de la parte actora respecto de
la posibilidad de proferir una condena en abstracto con el fin de que el dictamen se
allegara en el incidente de liquidación de perjuicios.
No obstante, se destaca que en el proceso no se acreditó el daño como elemento
medular de la responsabilidad del Estado, que no puede confundirse con la
acreditación de la cuantía del perjuicio, cuya ausencia, en caso de que resulten
probados todos los elementos de la responsabilidad, posibilita al juez para proferir
una condena en abstracto120, como lo ha determinado la jurisprudencia de esta
Sección:
“(…) aun cuando no se tiene certeza acerca de su quantum, lo cierto es que
todas las circunstancias advertidas conducen a la Sala a inferir válidamente y con
alto grado de probabilidad que de no haber incurrido el Ministerio de
Comunicaciones en la omisión (…), la parte actora habría podido prestar el servicio
concedido y habría podido obtener el provecho esperado, el cual constituía una
expectativa legítima y fundada que en últimas fue lo que le sirvió de móvil para acudir
a la convocatoria abierta por el ente ministerial.”121.
(Negrillas fuera del texto original).
De esta manera, no podría admitirse que, ante la inexistencia del daño reclamado,
y la ausencia de algún elemento de juicio que demuestre lo contrario, pudiera
procederse al estudio de los demás elementos de la responsabilidad para que, en
caso de comprobar su concurrencia, se condenara en abstracto y, en el incidente
de liquidación, el demandante reviviera su oportunidad para probar el elemento
fundante de la declaratoria de responsabilidad que depreca en orden a obtener la
117 Folios 28 y 29 cuaderno 1.
118 Folio 398 cuaderno 1.
119 Folio 706 cuaderno 3.
120 Artículo 193 del CPACA: “Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros
semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el
proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la
liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento
Civil.”
121 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 4 de
noviembre de 2015. Exp: 28785. Si bien la sentencia en comento se refiere a una situación regida
bajo el artículo 172 del CCA, lo cierto es que el texto del artículo 193 del CPACA es sustancialmente
idéntico.
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prosperidad de sus pretensiones.
Tal posibilidad desestructuraría la institución de la responsabilidad para cuya
configuración es insoslayable la verificación en la sentencia que ponga fin al proceso
de todos los elementos que la erigen, sin que esta labor de constatación del daño
pueda diferirse a un incidente de liquidación de perjuicios.
4. Conclusión
25. En atención al problema jurídico planteado, no se demostró el daño alegado, en
cuanto, de un lado, no existe certeza acerca de lo ocurrido con el pago de las
acreencias aceptadas en el curso del proceso liquidatorio de la SCB de las
operaciones repo sobre Interbolsa (holding) y Fabricato, cuestión que deriva en la
falta de certeza del daño alegado y, de otro, en lo que hace a los montos invertidos
en PCAF, se advierte que fueron reconocidos por el interventor y liquidador de la
sociedad, en el marco de la toma de posesión de que trata el Decreto 4334 de 2008,
y se han efectuado las respectivas devoluciones, sin que de las pruebas del plenario
pueda derivarse siquiera indicio alguno de una suspensión de esos pagos, situación
que redunda en la inexistencia del daño reclamado en este apartado.
IV. Costas
26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por el Código General del Proceso.
El artículo 361 del CGP establece que las costas “(…) están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las
agencias en derecho (…)”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las
tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
El numeral 8 del artículo 365 del compendio procesal dispone que “solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta
instancia, el numeral 1 del mismo artículo establece que “se condenará en costas a
la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
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recurso de apelación”. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4
del artículo 366 del mismo estatuto, en su fijación se tendrá en cuenta la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales si las hubiere.
En atención a lo dispuesto en el Acuerdo No. 1887 de 2003 del Consejo Superior
de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda 122, la Sala
fijará las agencias en derecho, en la segunda instancia, que están a cargo de la
parte demandante en la suma equivalente al 0.1% de las pretensiones negadas 123,
es decir, la suma de $19’658.198,03, la cual se reconocerá, en partes iguales, en
favor de las demandadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 9 de agosto del 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará de la siguiente manera:
“1°.- INHIBIRSE de fallar de fondo, en virtud de la indebida escogencia de la
acción, respecto de los daños reclamados por la operación repo sobre Odinsa
y las operaciones simultáneas.
2°.- DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Superintendencia de Sociedades.
3°.- NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de este proveído.”
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante en favor de las
demandadas. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho de segunda instancia,
a cargo de la parte actora, en la suma de $19’658.198,03, a ser dividida en partes
iguales a favor de las demandadas.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
122 El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el Acuerdo 10554 de agosto 5 de 2016 y aplicó en los
procesos judiciales iniciados a partir de su publicación.
123 La parte demandante estimó la cuantía en $19.658’198.034.
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-01376-02 (60164)
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE124
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
VF
124Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
AMH/AMR
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