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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01319-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01319-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada por las razones previstas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones previstas en la parte considerativa de este proveído. TERCERO: CONDENAR a Centaurus Mensajero S.A. a pagar por concepto de agencias en derecho en primera y segunda instancia, en favor de la entidad demandada, la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2014-01319-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

26 de septiembre de 2024

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).
Expediente: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Actor: Centaurus Mensajeros S.A.
Demandado: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
Tesis: No es cierto que el Tribunal hizo una lectura errada del libelo introductorio, dado
que se pronunció sobre el objeto y causa petendi.
No son nulos, por falta de competencia, los actos administrativos por medio de los
cuales se declaró que una empresa era deudora en el pago de las contraprestaciones
por la prestación del servicio postal, si dichas decisiones fueron emitidas por el Grupo
de Facturación y Cartera del MINTIC.
No es cierto que el acto que resolvió la apelación interpuesta en contra de la decisión
definitiva en el presente asunto fue emitido por la Dirección de Vigilancia y Control del
MINTIC.
No son nulos, por infracción de normas superiores, los actos administrativos mediante
los cuales la entidad demandada reliquidó la contraprestación trimestral a cargo de un
operador postal de mensajería especializada después del 1 de enero de 2010, con
base en el cuatro por ciento (4 %) del total de sus ingresos brutos, si no se demostró
que, con posterioridad a esa fecha, el operador se hubiera acogido al nuevo régimen
aplicable a ese servicio.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la sociedad actora y la parte
demandada contra la sentencia del 24 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”.

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

I. LA DEMANDA

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), la empresa Centaurus Mensajeros
S.A. interpuso demanda en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Telecomunicaciones (en adelante MINTIC).

1.1. Pretensiones

“III. PRETENSIONES

Primera: Que se declare como nulos los actos administrativos complejos
integrados por el fallo de primera instancia que ampara en la Resolución No. 1171
del 14 de mayo de 2013, con la cual se declara deudor a la Sociedad Centaurus
Mensajeros S.A., así como la Resolución No. 5222 del 26 de diciembre de 2013
por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el acto
administrativo No. 1171 del 14 de mayo de 2013, con el que se confirma la
decisión, no se concede el solicitado recurso de apelación y se declara terminada
la vía gubernativa.

Segunda: Que como consecuencia de las anteriores determinaciones y, a título de
restablecimiento del derecho, se ORDENE al Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones – MINTIC- que DECLARE a PAZ Y SALVO a la
sociedad Centaurus Mensajeros S.A. por todo concepto.”1

1.2. Actos cuestionados

1.2.1. Resolución nro. 1171 del 14 de mayo de 2013.

“MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 001171 DEL 14 DE MAYO DE 2013
Por la cual se declara deudora a la sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A,
Identificada con NIT. N° 860.533.311-3

LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE FACTURACIÓN Y CARTERA DEL
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que confiere el Decreto
2618 de 2012, el Decreto 229 de 1995, la Ley 1369 del 2009 y la Resolución nro.
1486 del 11 de julio de 2008.

1
Visible a folio 3 del Cuaderno del Tribunal.

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante la Resolución N° 123 del 25 de Enero del 2006, el Ministerio de
Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones), expidió licencia para la prestación del servicio de Mensajería
Especializada a nivel Nacional y con Conexión con el exterior a la sociedad
CENTAURUS MENSAJEROS S.A., con vigencia hasta el 5 de Febrero del 2011,
bajo el Código de Expediente N° 1000506.

2. Que, mediante la Resolución Nro. 156 del 2 de Febrero del 2011, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, declaró la terminación de
la licencia de Mensajería Especializada y ordenó el archivo del expediente a la
sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A.

3. Que, mediante la Resolución Nro 157 del 2 de Febrero de 2011, el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, otorgó licencia para la
prestación del servicio de Mensajería Expresa a la sociedad CENTAURUS
MENSAJEROS S.A., con vigencia hasta el 10 de Febrero del 2021, bajo el Código
de Expediente N°69000014.

4. Que, mediante la Resolución N°2995 del 25 de Noviembre de 2011, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, declaró la terminación de
la licencia y ordenó el archivo del expediente de Mensajería Expresa a la sociedad
CENTAURUS MENSAJEROS S.A.

5. Que, mediante la Resolución No. 3216 del 19 de diciembre de 2011, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, otorgó licencia para la
prestación del servicio de Mensajería Expresa a la sociedad CENTAURUS
MENSAJEROS S.A., con vigencia hasta el 19 de Diciembre del 2021, bajo el
Código de Expediente No 69000074.

6 Que el literal b) del artículo 24 del Decreto 229 de 1995, señala; “Cánones del
servicio de Mensajería Especializada. Todas las personas naturales o jurídicas que
obtengan concesión para la prestación del servicio postal de mensajería
especializada pagaran al fondo de Comunicaciones: (...) b) Por concepto de uso
de las licencias, el 4% de sus ingresos brutos de explotación. El cual debe ser
pagado en forma trimestral.

7. Que mediante literal b) artículo 4 del Decreto 1739 del 2010, señala “Una
contraprestación periódica por concepto de la prestación de servicios postales,
equivalente al dos punto dos por ciento (2.2%) de los ingresos brutos de los
operadores postales para los años 2010 y 2011. De acuerdo con lo previsto en el
numeral 2.3 del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009."

8 Que mediante Resolución No. 1486 del 11 de Julio del 2008 se fijaron los
mecanismos para la revisión y/o determinación del valor de las contraprestaciones,
la Coordinación del Grupo de Facturación y Cartera de este Ministerio de
conformidad con el numeral 3 de su Artículo 1° , informó a la sociedad
CENTAURUS MENSAJEROS S.A., mediante oficio con registro 534809 del 25 de
Mayo del 2012, que se llevaría a cabo visita de Inspección Administrativa para los
periodos comprendidos entre el 1° de Enero del 2009 y el 31 de Diciembre del
2011, la cual se realizó el día 5 de junio de 2012 y fue atendida por los señores
MARIA CRISTINA CESPEDES, RICARDO CARDOZO QUINTERO, CLARIBET
BERMUDEZ LOAIZA, quienes actúan en calidad de Gerente Administrativo y
Asesora Financiera de la empresa, respectivamente, según consta en el acta de
visita, obteniendo como resultado de la misma, Io siguiente:

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

En la visita se determinó que el ingreso base de contraprestación para el Ministerio
son los ingresos registrados en la cuenta N°414555 menos las devoluciones y
revisando los soportes se evidencio que dentro de otros ingresos operacionales
cuenta contable N 414595 - Actividades Conexas, están las subcuentas:

41459501-Transporte Tulas: Transporte no está gravado con IVA mensajeros
motorizados patinadores, coordinadores, todo outsourcing.

41459502-Servicio Mensajero: gravado con IVA porque es el cobro de servicio del
Mensajero.

41459507-Servicio de Empaque: el cliente envía el extracto y el sobre aparte y
esta empresa realiza la labor de empaque para distribución.

41459508-Servicio Digitación Guías; elaboración de guías de cada despachar
como soporte tanto para la empresa o para el banco.

41459509-Otros Ingresos: otros servicios adicionales al contrato.

9. Que de conformidad con la Resolución 1486 del 11 de julio de 2008, se dio
traslado al licenciatario mediante el oficio Registro No 603849 el 11 de Febrero del
2013, del informe sobre la visita en mención, así:
Resultado de la Revisión

Revisada la muestra de facturas tomadas de la visita y demás documentos soporte,
la empresa tiene suscrito contrato de prestación de servicios con El Fondo
Nacional del Ahorro cuyo objeto es “Prestar al FONDO por el sistema de
Outsourcing los servicios de mensajería especializada y complementaria para la
impresión y distribución de la correspondencia originada en las actividades que
desarrolla la entidad. El registro contable de las facturas del cliente en referencia
es del 40% para la cuenta 41455501 50 - Mensajería Especializada (forma ingreso
base de contraprestación) y el 60% restante para la cuenta 41459501 50 -
Transporte Tulas > 3 kg Como se evidencia en la factura 91702 de 01/03/2010 por
valor de $233,246,550 cuyo registro quedó:

4145550150 $ 93.298.620 y
41459501 50 $139,947,930

Otro de los contratos que analizamos es el celebrado con Aerovías de Integración
Regional S.A. - AIRES S.A, cuyo objeto es “la prestación del servicio de mensajería
especializada que comprende la recepción, recolección, alistamiento y entrega
personalizada y certificada en envíos de correspondencia y demás bienes que
AIRES S.A., le encomiende realizaren la Ciudad de Bogotá y Medellín". El registro
contable de las facturas del cliente en referencia es del 100% en la cuenta
41459501 50 - Transporte Tulas 3 kg.

Según concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica Registro No 514999 del
22/02/2012, tenemos que: Cuando las labores desarrolladas por licenciatarios a
través de motorizados" correspondan a una de las actividades propias del servicio
postal determinado Art. 6 del Decreto 229 de 01/02/1995, ya sea la recepción o la
entrega de objetos postales bajo la responsabilidad del titular de la licencia,
evidentemente los ingresos derivados de estas hacen parte de la base sobre la
cual deben pagar las contraprestaciones a favor del Fondo de TIC(…)

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

Por lo tanto, para efectos de la revisión de los trimestres objeto de auditoría, se
toman los ingresos registrados en las cuentas 41455501 – Mensajería
Especializada y 41459501- Transporte Tulas 3kg, como ingreso base de
contraprestaciones y se calcula la tarifa correspondiente de acuerdo al servicio.

lBC Ingreso Base de Contraprestación

De acuerdo a lo anterior, en nuestra opinión, las cifras reportadas por el
concesionario para las liquidaciones de los trimestres 1 de 2009 al 1 de 2011
(Fracción 01/01/2011 a 02/02/2011) no presentan razonablemente la información
contable-financiera referente a actividades susceptibles de contraprestación al
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el
expediente en mención, los cuales presentan una diferencia a favor del Ministerio
de MIL DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE
($1.017.813.000.00M/CTE).

Es de aclarar que de acuerdo a la Resolución 229 de 1995 articulo 24, manifiesta
que los operadores de Mensajería Especializada deben realizar la
contraprestación por el 4% de los ingresos brutos.

En relación a los trimestres 1 de 2011 (fracción 03/02/2011 a 31/03/2011) al 4 2011
es necesario aclarar que la licencia de Mensajería Especializada estuvo vigente
hasta el 02 de Febrero de 2011, el operador realizo el registro el 31/08/2010
(RPOSTAL0065), mediante resolución 157 de 02/02/2011 se expide licencia para
la prestación del servicio postal de mensajería expresa, la empresa no pagó
oportunamente los cien (100) salarios mínimos y con resolución 2005 de
25/11/2011 se procede a declarar la terminación de la licencia y se ordena el
archivo del expediente. por solicitud de la empresa según oficio radicado bajo el
número 436364 de 04/10/2011, hasta el 19 de Diciembre de 2011 el Ministerio
expidió Resolución 3216 otorgando licencia para prestación del servicio Postal de
Mensajería Expresa.

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

De acuerdo a lo anterior y como se evidenció en la visita, el concesionario durante
el periodo 03 de Febrero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 registró ingresos por
prestación de servicios postales, arrojando una diferencia en el valor de la
contraprestación, a favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($617.687.000.oo M/CTE).

10. Que vencido el término del que habla el inciso segundo, numeral 4, artículo 1°
de la Resolución N° 1486 del 11 de julio de 2008, se verificó el sistema de gestión
documental de este ministerio y se evidenció que con Radicado N° 53377 del 14
de Diciembre de 2013 el señor Marco Antonio Novoa Arciniegas, Representante
Legal de la empresa, manifestó lo siguiente:

“En atención a la comunicación de la referencia y con el fin de que nuestra
compañía Centaurus Mensajeros S.A.; puede precisar y evaluar todos los aspectos
legales y financieros que nos permitan atender debidamente la respuesta ante el
Ministerio de las TIC, le agradecemos con los derechos que nos faculta la ley, se
sirvan enviamos copia de la Resolución 1483 del concepto emitido por la oficina
asesora jurídica con Registro No. 514999 del 22/02/2012, donde citan que
“Cuando las labores desarrolladas por licenciatarios a través de ”Motorizados
corresponden a una de las actividades propias del servicio postal determinado Art
6 del Decreto 229 de 01/02/1995, ya sea la recepción o la entrega de objetos
postales bajo la responsabilidad del titular de la licencia, evidentemente los
ingresos derivados de esta hacen parte de la base sobre la cual deben pagar las
contraprestaciones a favor del Fondo TIC (…).

En nuestro mayor interés cumplir con los compromisos adquiridos con el Ministerio
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pero de una manera
justa, por lo tanto, una vez, recibamos el concepto solicitado y ustedes nos
concedan mayor plazo para la respuesta a la inspección, procedemos con prontitud
dentro de los plazos que nos estipulen”.

11. Conforme a lo anterior se realizó el análisis de la documentación presentaba
por el operador y se pudo determinar que el radicado en referencia el licenciatario
solicitó información adicional y que pidió que se le otorgara un plazo adicional.

Sobre el particular, esta Coordinación se manifestó con Registro No. 615281 del
1° de Abril del 2013.

12. Que por lo anterior, la sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A., presenta
a favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el siguiente valor
a su cargo: Bajo el Código de Expediente N° 1000506 Mensajería Especializada
por valor de capital la suma de: MIL DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS
TRECE MIL PESOS M/CTE ($1.017.813.000.ooM/CTE) y bajo los códigos de
Expediente No. 69000014 y 69000074 - Servicio Postal de Mensajería Expresa por
valor de capital la suma de: SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($617.687.000.oo
M/CTE).

Que en virtud de lo anterior, se hace necesaria la adopción del trámite pertinente
para obtener el cumplimiento de las deudas exigibles a favor del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Fondo de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones de las contraprestaciones que deben
cancelar los operadores.

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

De conformidad con lo expuesto.

RESUELVE

PRIMERO: Declárese deudor a la sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A.,
identificada con el Nit. N° 860.533.311-3, a favor del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones – Fondo de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones por la suma de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.635.400.000.oo M/CTE) de acuerdo con la parte motiva de la presente
resolución, más los intereses de mora que se generen a la fecha de pago.

Distribuidos así:

SEGUNDO: Remítase copia de la presente resolución, a la Dirección de Vigilancia
y Control para que conozca de lo relacionado con las sanciones por incumplimiento
al régimen unificado de contraprestaciones, de conformidad con el Artículo 40 del
Decreto 229 de 1995 y el Articulo 36 de la Ley 1369 del 2009.

TERCERO: Otórguese a la sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A., quince
(15) días calendario siguientes a la notificación de esta resolución para que dentro
de este plazo efectué el pago, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
de toda la deuda o un acuerdo de pago conforme a las normas vigentes.

CUARTO: Notifíquese personalmente o en su defecto por edicto, en las
instalaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la presente Resolución al Representante Legal o quien haga sus
veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede
recurso de Reposición ante quien la expide y de Apelación ante el superior
jerárquico, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de la
presente resolución.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”

1.2.2. Resolución nro. 5222 del 26 de diciembre de 2013.

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

“MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 005222 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Reposición

LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE FACTURACIÓN Y CARTERA DEL
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES,

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que confiere el Decreto
2618 de 2012, el Decreto 229 de 1995, la Ley 1369 del 2009 y la Resolución nro.
1486 del 11 de julio de 2008.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante la Resolución N° 123 del 25 de Enero del 2006, el Ministerio de
Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones), expidió licencia para la prestación del servicio de Mensajería
Especializada a nivel Nacional y con Conexión con el exterior a la sociedad
CENTAURUS MENSAJEROS S.A., con vigencia hasta el 5 de Febrero del 2011,
bajo el Código de Expediente N° 1000506.

2. Que, mediante la Resolución Nro. 156 del 2 de Febrero del 2011, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, declaró la terminación de
la licencia de Mensajería Especializada y ordenó el archivo del expediente a la
sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A.

3.Que, mediante la Resolución No. 157 del 2 de Febrero de 2011, el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, otorgó licencia para la
prestación del servicio de Mensajería Expresa a la sociedad CENTAURUS
MENSAJEROS S.A., con vigencia hasta el 10 de Febrero del 2021, bajo el Código
de Expediente N°69000014.

4.Que, mediante la Resolución N°2995 del 25 de Noviembre de 2011, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, declaró la terminación de
la licencia y ordenó el archivo del expediente de Mensajería Expresa a la sociedad
CENTAURUS MENSAJEROS S.A.

5. Que, mediante la Resolución No. 3216 del 19 de diciembre de 2011, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, otorgó licencia para la
prestación del servicio de Mensajería Expresa a la sociedad CENTAURUS
MENSAJEROS S.A., con vigencia hasta el 19 de Diciembre del 2021, bajo el
Código de Expediente No 69000074.

6. Que mediante el Acto Administrativo No. 1171 del 14 de Mayo del 2013 esta
coordinación resolvió:

“PRIMERO: Declárese deudor a la sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A.,
identificada con el Nit. N° 860.533.311-3, a favor del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones – Fondo de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones por la suma de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

($1.635.400.000.oo M/CTE) de acuerdo con la parte motiva de la presente
resolución, más los intereses de mora que se generen a la fecha de pago.

Distribuidos así:

7. Que el día 31 de Mayo del 2013, el señor MARCO ANTONIO NOVOA
ARCINIEGAS, en calidad de Representante Legal de la sociedad CENTAURUS
MENSAJEROS S.A., se notificó personalmente de la mencionada resolución.

8. Que con Radicado No. 550692, en tiempo oportuno, el Representante Legal de
la sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A., interpuso Recurso de Reposición
y en Subsidio Apelación contra la Resolución No. 1171 del 14 de Mayo del 2013,
con el fin de que se revoque íntegramente la resolución impugnada, argumentando
lo siguiente:

8.1. “Mediante el Decreto 1972 de 2003 se establece el régimen unificado de
contraprestaciones, por concepto de concesiones, autorizaciones, permisos y
registros en materia de telecomunicaciones y los trámites para su liquidación,
cobro, recaudo y pago.

Analizando el decreto 1972 de 2003, establece en su artículo 59, la firmeza de la
liquidación presentada por los concesionarios y reza (...).

De lo anterior se desprende que la liquidación que modifica la autoliquidación
privada debe ser proferida dentro de los tres años siguientes a la autoliquidación y
no después si ello ocurriera se encuentra viciada de nulidad por ser proferida
extemporáneamente.”

8.2. “Es evidente el yerro en la aplicación de la norma pues como se señaló arriba,
la ley 1369 del 2009 derogo expresamente el decreto 229 de 1995, por lo cual la
aplicación de la tarifa del 4% se encuentra totalmente errada, (…).”

9. Que, el segundo inciso del Artículo 80 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que la “decisión resolverá
todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan
con motivo del recurso", esta Coordinación se manifiesta así:

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10

Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

9.1. No es de recibo lo manifestado por el recurrente en el sentido de la aplicación
del Decreto 1972 del 2003, esto en aplicación al principio del debido proceso. En
efecto:

La Constitución Política en su Artículo 6 dispone:

“Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011) en su artículo 3° señala:

“Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la Constitución Política, en la parte primera de este
código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,
economía y celeridad.

En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de
representación, defense y contradicción.”

El Decreto 229 de 1995 reglamenta el Servicio Postal, el cual es aplicable en tanto
y cuanto nos encontremos frente al Servicio de Mensajería Especializada.

El Decreto 1972 del 2003 establece el régimen unificado de contraprestaciones,
por concepto de concesiones, autorizaciones, permisos y registros en materia de
telecomunicaciones y los trámites para su liquidación, cobro, recaudo y pago,
señalando en artículo 80 que: "Derogatorias. Este decreto deroga expresamente y
en su integridad los Decretos 2041 de 1998 y 1705 de 1999 y las Resoluciones
01185, 01186 y 3489 de 1997 y 0820 de 1998, y las demás nomas de igual o
inferior jerarquía que le sean contrarias."

En consecuencia, las normas en materia de Mensajería Especializada y
Mensajería Expresa, respectivamente, son de carácter especial y el Decreto 1972
del 2003 no es de aplicación a este tema como lo pretende hacer ver el recurrente
y más si se tiene en cuenta que el Decreto 229 de 1995 no fue derogado tal como
se desprende del articulo 80 arriba transcrito.

9.2. Ahora bien, frente a la aplicación del Decreto 229 de 1995, la Ley 1369 del
2009 y el Decreto 1739 del 2010, durante el tiempo de vigencia de las licencias
otorgadas bajo cada uno de los regímenes tenemos lo siguiente:

En el Código de Expediente No. 1000506 obra la Licencia para la prestación del
Servicio de mensajería Especializada, hasta el 2 de Febrero del 2011, otorgada
bajo el Decreto 229 del 1995.

En el Código de Expediente No. 69000014 respectivamente, en su momento, se
expidió una la Licencia para la prestación del Servicio de Mensajería Expresa hasta
el 19 de Diciembre del 2021, otorgada bajo la Ley 1369 del 2009. Sin embargo, por

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

falta de lleno de los requisitos de ley, se terminó mediante Resolución No. 2995
del 25 de Noviembre del 2011.

En consecuencia, bajo este expediente no se generan revisión, verificación ni
determinación de valor de contraprestaciones alguna.

En el Código de Expediente No. 69000074 respectivamente, obra la Licencia para
la prestación del Servicio de Mensajería Expresa hasta el 19 de Diciembre del
2011, otorgada bajo la Ley 1369 del 2009.

La Ley 1369 de 2009, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios
postales y se dictan otras disposiciones en su artículo 46 señala; “Transitorio. Las
empresas que presten servicios postales a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley, podrán mantener sus concesiones y licencias hasta por el término de
los mismos, bajo la normatividad legal vigente en el momento de su expedición y
con efectos sólo para esas habilitaciones. Cumplido el término fijado por las
concesiones o licencias, se les aplicará el nuevo régimen previsto en la ley”.

Por lo anterior, no es de recibo el argumento del recurrente ya que no existe “yerro"
en la aplicación del Decreto 229 de 1995, si bien es cierto que hubo derogatoria
expresa del Decreto 229 de 1995, en virtud de la transitoriedad de la norma, este
se aplicara en tanto y cuanto existan licencias concedidas bajo ese régimen.

Así las cosas tenemos que, para los cuatro (4) trimestres del 2009 y del 2010, y la
fracción del primer trimestre del 2011 (1° de enero hasta el 2 de Febrero) se aplica
la tarifa del 4%; para la fracción del primer trimestre del 2011 (3 de febrero hasta
el 30 de Marzo), para el tercer trimestre, cuarto trimestre y la fracción del cuarto
trimestre del 2011 (1 de Octubre hasta el 19 de Diciembre) se le aplica la tarifa del
nuevo régimen de conformidad con el Articulo 46 de la Ley 1369 del 2009 y; para
la fracción del cuarto trimestre del 2011 (20 de Diciembre hasta el 31 de Diciembre)
se le aplica la tarifa del nuevo régimen de conformidad con la Resolución No. 3216
del 19 de Diciembre del 2011, como sigue:

De conformidad con lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR en el sentido que el primero artículo quedará
así:

PRIMERO: Declárese deudor a la sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A.,
identificada con el Nit. N° 860.533.311-3, a favor del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones – Fondo de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones por la suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.357.541.000.oo M/CTE) de acuerdo con la parte motiva de la presente
resolución, más los intereses de mora que se generen a la fecha de pago.”

Distribuidos así:

Expediente 10000506 Mensajería Especializada:

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente en las instalaciones del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la presente
Resolución al Representante Legal o quien haga sus veces, entregándole copia de
la misma o en su defecto se dará aplicación a lo previsto por el Artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Contra esta resolución no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía
gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”

1.2.3. Resolución nro. 0001601 del 14 de julio de 2014.

“MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001601 DEL 14 DE JULIO DE 2014

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 5222 del 26 de Diciembre del
2013

LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE FACTURACIÓN Y CARTERA DEL
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES,

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que confiere el Decreto
2618 de 2012, la Ley 1437 del 2011 y la Resolución nro. 1480 del 7 de julio de
2014.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

CONSIDERANDO:

1.Que, mediante la Resolución N° 123 del 25 de Enero del 2006, el Ministerio de
Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones), expidió licencia para la prestación del servicio de Mensajería
Especializada a nivel Nacional y con Conexión con el exterior a la sociedad
CENTAURUS MENSAJEROS S.A., con vigencia hasta el 5 de Febrero del 2011,
bajo el Código de Expediente N° 1000506.

2.Que, mediante la Resolución Nro. 156 del 2 de Febrero del 2011, el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, declaró la terminación de la
licencia de Mensajería Especializada y ordenó el archivo del expediente a la
sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A.

3.Que, mediante la Resolución No. 157 del 2 de Febrero de 2011, el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, otorgó licencia para la
prestación del servicio de Mensajería Expresa a la sociedad CENTAURUS
MENSAJEROS S.A., con vigencia hasta el 10 de Febrero del 2021, bajo el Código
de Expediente N°69000014.

4.Que, mediante la Resolución N°2995 del 25 de Noviembre de 2011, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, declaró la terminación de
la licencia y ordenó el archivo del expediente de Mensajería Expresa a la sociedad
CENTAURUS MENSAJEROS S.A.

5. Que, mediante la Resolución N° 3216 del 19 de diciembre de 2011, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, otorgó licencia para la
prestación del servicio de Mensajería Expresa a la sociedad CENTAURUS
MENSAJEROS S.A., con vigencia hasta el 19 de Diciembre del 2021, bajo el
Código de Expediente No 69000074.

6. Que mediante el Acto Administrativo No. 1171 del 14 de Mayo del 2013 esta
coordinación resolvió:

“PRIMERO: Declárese deudor a la sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A.,
identificada con el Nit. N° 860.533.311-3, a favor del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones – Fondo de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones por la suma de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.635.400.000.oo M/CTE) de acuerdo con la parte motiva de la presente
resolución, más los intereses de mora que se generen a la fecha de pago.

Distribuidos así:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

7. Que el día 31 de Mayo del 2013, el señor MARCO ANTONIO NOVOA
ARCINIEGAS, en calidad de Representante Legal de la sociedad CENTAURUS
MENSAJEROS S.A., se notificó personalmente de la mencionada resolución.

8. Que con Radicado No. 550692, en tiempo oportuno, el Representante Legal de
la sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A., interpuso Recurso de Reposición
y en Subsidio Apelación contra la Resolución No. 1171 del 14 de Mayo del 2013,
con el fin de que se revoque íntegramente la resolución impugnada.

9, Que mediante el Acto Administrativo No. 5222 del 26 de Diciembre del 2013
esta coordinación, antes Coordinación de Facturación y Cartera, resolvió el recurso
de reposición:

“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR en el sentido que el primero artículo quedará
así:

“PRIMERO: Declárese deudor a la sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A.,
identificada con el Nit. N° 860.533.311-3, a favor del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones – Fondo de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones por la suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.357.541.000.oo M/CTE) de acuerdo con la parte motiva de la presente
resolución, más los intereses de mora que se generen a la fecha de pago.”

Distribuidos así:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente en las instalaciones del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la presente
Resolución al Representante Legal o quien haga sus veces, entregándole copia de
la misma o en su defecto se dará aplicación a lo previsto por el Artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Contra esta resolución no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía
gubernativa.”

10. Que, la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo en el Artículo 76, Capítulo VI sobre Recursos señala:

“Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
diez (10) días siguientes a ella o a la notificación por aviso, o vencimiento del
término de publicación, según el caso. (...)

“El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del
de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.”

De conformidad con lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 5222 del 26 de Diciembre
de 2013 de conformidad con la parte motiva de esta resolución, en el sentido de
conceder el recurso de Apelación interpuesto en subsidio del de reposición, para
lo cual se ordena el envío del expediente al despacho del superior jerárquico para
lo de su cargo.

ARTÍCULO SEGUNDO; NOTIFICAR personalmente en las instalaciones del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la presente
resolución al representante legal o quien haga sus veces, entregándole copia da
la misma y advirtiéndole que contra esta resolución no procede recurso alguno.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

De no ser posible la notificación personal, se dará aplicación a Io previsto por el
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”

1.2.4. Resolución nro. 0001856 del 31 de julio de 2014.

“MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001856 DEL 31 DE JULIO DE 2014

Por la cual se resuelve un Recurso de Apelación

LA SUBDIRECTORA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES,

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que le
confiere el Decreto 2618 de 2012 y Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo y

CONSIDERANDO:

1.Que, mediante la Resolución N° 123 del 25 de Enero del 2006, el Ministerio de
Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones), expidió licencia para la prestación del servicio de Mensajería
Especializada a nivel Nacional y con Conexión con el exterior a la sociedad
CENTAURUS MENSAJEROS S.A., con vigencia hasta el 5 de Febrero del 2011,
bajo el Código de Expediente N° 1000506.

2.Que, mediante la Resolución Nro. 156 del 2 de Febrero del 2011, el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, declaró la terminación de la
licencia de Mensajería Especializada y ordenó el archivo del expediente a la
sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A.

3.Que, mediante la Resolución No. 157 del 2 de Febrero de 2011, el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, otorgó licencia para la
prestación del servicio de Mensajería Expresa a la sociedad CENTAURUS
MENSAJEROS S.A., con vigencia hasta el 10 de Febrero del 2021, bajo el Código
de Expediente N°69000014.

4.Que, mediante la Resolución N°2995 del 25 de Noviembre de 2011, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, declaró la terminación de
la licencia y ordenó el archivo del expediente de Mensajería Expresa a la sociedad
CENTAURUS MENSAJEROS S.A.

5. Que, mediante la Resolución N° 3216 del 19 de diciembre de 2011, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, otorgó licencia para la
prestación del servicio de Mensajería Expresa a la sociedad CENTAURUS
MENSAJEROS S.A., con vigencia hasta el 19 de Diciembre del 2021, bajo el
Código de Expediente No 69000074.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

6. Que mediante el Acto Administrativo No. 1171 del 14 de Mayo del 2013 esta
coordinación resolvió:

“PRIMERO: Declárese deudor a la sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A.,
identificada con el Nit. N° 860.533.311-3, a favor del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones – Fondo de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones por la suma de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.635.400.000.oo M/CTE) de acuerdo con la parte motiva de la presente
resolución, más los intereses de mora que se generen a la fecha de pago.

Distribuidos así:

7. Que el día 31 de Mayo del 2013, el señor MARCO ANTONIO NOVOA
ARCINIEGAS, en calidad de Representante Legal de la sociedad CENTAURUS
MENSAJEROS S.A., se notificó personalmente de la mencionada resolución.

8. Que con Radicado No. 550692, en tiempo oportuno, el Representante Legal de
la sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A., interpuso Recurso de Reposición
y en Subsidio Apelación contra la Resolución No. 1171 del 14 de Mayo del 2013,
con el fin de que se revoque íntegramente la resolución impugnada.

9. Que la competencia de la Coordinación del Grupo de Facturación y Cartera este
dada de conformidad con la norma especial, esto es, la Resolución 1486 del 11 de
julio de 2008 y el precepto superior Ley 1437 de 2011 contentiva del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

10. Que mediante Resolución 5222 del 26 de diciembre de 2013 se resolvió el
recurso de reposición interpuesto modificando el artículo 1 de la resolución 1171
del 19 de diciembre de 2011.

11. Que mediante Resolución 1601 del 14 de julio de 2014 por la cual se modificó
la Resolución 5222 del 26 de diciembre de 2013, concediendo el recurso de
apelación en subsidio del de reposición y ordena el envío del expediente al superior
jerárquico para lo de su cargo.
ARGUMENTOS DEL APELANTE

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

Registro 550692 del 18 de junio de 2013

1 - Referente a la firmeza de las autoliquidaciones presentadas manifiesta:
“Mediante el Decreto 1972 de 2003 se establece de régimen unificado de
contraprestaciones, por concepto de concesiones, autorizaciones, permisos y
registros en materia de telecomunicaciones y los trámites para su liquidación,
cobro, recaudo y pago.

Analizando el decreto 1972 de 2003, establece en su artículo 59, la firmeza de la
liquidación presentada por los concesionarios y reza (...).

De lo anterior se desprende que la liquidación que modifica la autoliquidación
privada debe ser proferida dentro de los tres años siguientes a la autoliquidación y
no después si ello ocurriera se encuentra viciada de nulidad por ser proferida
extemporáneamente.”

2- En cuanto a la aplicabilidad de la norma el recurrente se refiere:

“Es evidente el yerro en la aplicación de la norma pues como se señaló arriba, la
ley 1369 del 2009 derogo expresamente el decreto 229 de 1995, por lo cual la
aplicación de la tarifa del 4% se encuentra totalmente errada, (...).

3- Frente a la vulneración del debido proceso:

“Que mediante Resolución 5222 del 26 de diciembre de 2013 la entidad resolvió el
recurso de reposición únicamente, negando el de apelación y da por agotada la
vía gubernativa”.

CONSIDERACIONES DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA

Para atender lo señalado en el inciso 2 del Artículo 80 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las
cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motive del recurso,
en los siguientes términos:

Normatividad Aplicada

La Constitución Política en su Artículo 6 dispone:

“Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011) en su artículo 3° señala:

“Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la Constitución Política, en la parte primera de este
código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,
economía y celeridad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de
representación, defense y contradicción.”

El Decreto 229 de 1995, “por el cual se reglamentó el Servicio Postal, en sus
artículos 6 y 24, para efectos del porcentaje aplicable y que ha sido motivo de
corrección por parte de la administración”.

La Resolución 1486 del 2008, “por la cual se adopta los mecanismos para la
revisión y/o determinación del valor de las contraprestaciones que deben
autoliquidar los concesionarios de servidos de telecomunicaciones y licenciatarios
del servicio de mensajería especializada, y se adiciona la Resolución 609 del 2007
articulo 1”.

Ley 1369 del 30 de diciembre de 2009, artículo 46 Transitorio. “Las empresas que
presten servicios postales a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
podrán mantener sus concesiones y licencias hasta por el término de los mismos,
bajo la normatividad legal vigente en el momento de su expedición y con efectos
solo para esas habilitaciones. Cumplido el término fijado por las concesiones o
licencias, se les aplicará el nuevo régimen previsto en la ley.

En caso que las empresas que presten servicios postales a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley decidan acogerse a los términos de la misma, contarán
con un plazo de seis (6) meses para adecuarse al cumplimiento de los requisitos
en ella contenidos”.

Decreto 1739 de 2010, "por el cual se fija el valor de la contraprestación periódica
a cargo de los Operadores postales y establece el término para que las
autoliquidaciones queden en firme”.

Caso en estudio

Para referimos a los argumentos del apelante, esta Subdirección reitera:

El Decreto 1972 del 2003 establece el régimen unificado de contraprestaciones,
por concepto de concesiones, autorizaciones, permisos y registros en materia de
telecomunicaciones y los trámites para su liquidación, cobro, recaudo y pago,
señalando en artículo 80 “Derogatorias. Este decreto deroga expresamente y en
su integridad los Decretos 2041 de 1998 y 1705 de 1999 y las Resoluciones 01185,
01186 y 3489 de 1997 y 0820 de 1998, y las demás normas de igual o inferior
Jerarquía que le sean contrarias.”

Como vemos el Decreto 1972 del 2003, en ningún momento es aplicable debido a
que la norma bajo la cual se otorgaron las licencias para la prestación del servicio
de Mensajería Especializada, y el tiempo de vigencia de la misma es el Decreto
229 de 1995, que es de carácter específico y especial, en el caso que nos ocupa
la licencia para prestar el servicio de Mensajería Especializada, hasta el
vencimiento de la misma, por principio legal los hechos se Juzgan con la
normatividad vigente al Momento de ocurrido los mismos.

Es importante establecer los diferentes tiempos de vigencia de las normas y las
licencias otorgadas bajo cada una de ellas que son las que determinan su
aplicabilidad y no como lo pretende hacer ver el recurrente, que se ampara en una
norma expedida para un servicio diferente, como ya se ha mencionado es el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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20

Radicado: 25000 23 41 000 2014 01319 01
Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

“Servicio de Telecomunicaciones que en ningún caso de los mencionados por el
apelante, es aplicable el Decreto 1972 de 2003 “por el cual se establece el régimen
unificado de contraprestaciones, por concepto de concesiones, autorizaciones,
permisos y registros en materia de telecomunicaciones y los trámites para su
liquidación, cobro, recaudo y pago".

Por su parte la Mensajera Expresa tiene una norma superior y especifica, es la Ley
1369 de 2009, que se hace aplicable a las licencias otorgadas una vez entra en
vigencia o por la manifestación de la voluntad del licenciatario de acogerse al
nuevo régimen.

Para puntualizar qua norma cobija a cada uno de los expedientes y licencias
otorgadas las cuales son para diferentes servicios, bajo diferentes regímenes y la
vigencia de cada una de ellas, tenemos Io siguiente:

En el Código de Expediente No. 1000506 obra la Licencia para la prestación del
Servicio de mensajería Especializada, hasta el 2 de Febrero del 2011, otorgada
bajo el Decreto 229 del 1995.

En el Código de Expediente No. 69000014 respectivamente, en su memento, se
expidió una Licencia para la prestación del Servicio de Mensajería Expresa hasta
el 19 de Diciembre del 2021, otorgada bajo la Ley 1369 del 2009. Sin embargo, por
falta de lleno de los requisitos de ley, se terminó mediante Resolución No. 2995
del 25 de Noviembre del 2011.

En consecuencia, bajo este expediente no se generan revisión, verificación ni
determinación de valor de contraprestaciones alguna.

Este Ministerio tiene la potestad de verificación de las Liquidaciones y el
procedimiento señalado para el efecto en las citadas normas cuyo objeto es
verificar que los concesionarios de servicios hayan liquidado y pagado al Fondo
las sumas efectivamente adeudadas, conforme a las normas que regulan dicha
liquidación y pago. Como resultado de esa verificación, la administración establece
de manera cierta y definitiva el valor de las sumas dejadas de pagar al Fondo por
el concesionario y liquida a cargo del administrado las diferencias existentes,
acorde a la norma que los cobijen el memento de ocurridos los hechos, como ya
se ha mencionado.

El Decreto 229 de 2005 no establece tiempos para la firmeza de las
autoliquidaciones presentadas y pagadas, por Io que es procedente realizar la
revisión y cobro de todos los periodos dejados de pagar o de las diferencias
encontradas en cualquier tiempo.

En Código de Expediente No. 69000074 respectivamente, obra la Licencia para la
prestación del Servicio de Mensajería Expresa hasta el 19 de Diciembre del 2021,
otorgada bajo la Ley 1369 del 2009, la cual es aplicable en todas sus apartes para
los periodos correspondientes.

La Ley 1369 de 2009, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios
postales y se dictan otras disposiciones en su artículo 46 señala: “Transitorio. Las
empresas que presten servicios postales a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley, podrán mantener sus concesiones y licencias hasta por el término de
los mismos, bajo la normatividad legal vigente en el momento de su expedición y
con efectos sólo para esas habilitaciones. Cumplido el término fijado por las
concesiones o s licencias, se les aplicará el nuevo régimen previsto en la ley.”

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Por lo anterior, no existe “yerro” en la aplicación del Decreto 229 de 1995, si bien
es cierto que hubo derogatoria expresa del Decreto 229 de 1995, en virtud de la
transitoriedad de la norma, este se aplica en tanto y cuanto existan licencias
concedidas bajo ese régimen como es el Expediente No. 1000506.

Así las cosas tenemos que, para los cuatro (4) trimestres del 2009 y del 2010, y la
Tracción del primer trimestre del 2011 (1° de enero hasta el 2 de Febrero) se aplica
la tarifa del 4%; para la fracción del primer trimestre del 2011 (3 de febrero hasta
el 30 de Marzo), el tercer trimestre, y la fracción del cuarto trimestre del 2011 (1 de
Octubre hasta el 19 de Diciembre) se le aplica la tarifa del nuevo régimen de
conformidad con el Articulo 46 de la Ley 1369 del 2009 y; para la fracción del cuarto
trimestre del 2011 (20 de Diciembre hasta el 31 de Diciembre) se le aplica la tarifa
del nuevo régimen de conformidad con la Resolución No. 3216 del 19 de Diciembre
del 2011.

En Conclusión, la aplicación de las normas antes establecidas a los periodos
referidos trae como consecuencia la confirmación por parte de esta Subdirección,
de la Resolución 5222 del 26 de diciembre de 2013, "por medio de la cual se
resolvió el recurso de reposición, interpuesto contra la Resolución 1171 del 14 de
mayo de 2013, concediendo parcialmente Io solicitado por el apelante, en Io
referente a la aplicación del 2.2% en los periodos cobijados por la Ley 1369 del
2009.

De conformidad con Io expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución 5222 del 26 de diciembre de
2013 “por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición’, interpuesto contra
la Resolución 1171 del 14 de mayo del 2013, en el sentido que el primer artículo
quedará así:

PRIMERO: Declárese deudor a la sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A.,
identificada con el Nit. N° 860.533.311-3, a favor del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones – Fondo de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones por la suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.357.541.000.oo M/CTE) de acuerdo con la parte motiva de la presente
resolución, más los intereses de mora que se generen a la fecha de pago.”

Distribuidos así:

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ARTICULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 1171 del 14 de mayo
del 2013, no sufrirán ninguna modificación.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente en las instalaciones del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la presente
resolución al representante legal de la sociedad CENTAURUS MENSAJEROS SJL
identificado con el NJ,860.533.311-3 o quien haga sus veces, entregándole copia
de la misma o en su defecto se dará aplicación a Io previsto por el Artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
advirtiéndole que contra la presente resolución, no precede recurso alguno por
encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”

1.3. Normas violadas y concepto de violación

1.3.1. Como normas infringidas, la demandante señaló los artículos 6 y 29 de
la Constitución Política y el artículo 50 de la Ley 1369 del 30 de diciembre de 2009,
reglamentada por el Decreto nro. 1739 del 19 de mayo de 2010.

1.3.2. En el acápite de “FUNDAMENTOS DE HECHO”2 mencionó que, a través
de las Resoluciones nro. 123 del 25 de enero de 2006, 157 del 2 de febrero de 2011 y
3216 del 19 de diciembre de 2011, el MINTIC expidió licencias para la prestación del

2
Visible a folio 4 del Cuaderno del Tribunal.

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servicio de mensajería especializada a nivel Nacional y con conexión con el exterior a
la Sociedad Centaurus Mensajeros S.A., por las vigencias hasta el 5 de febrero de
2011, 10 de febrero de 2021 y 19 de diciembre de 2021, respectivamente.

De otro lado, indicó que, mediante el Oficio Nro. 534809 del 25 de mayo de 2012, la
cartera ministerial informó que se llevaría a cabo una visita de inspección
administrativa para verificar el pago de la contraprestación trimestral a cargo de esa
sociedad en los periodos comprendidos entre el 1° de enero de 2009 y el 31 de
diciembre de 2011.

Adujo que, a raíz de los resultados obtenidos en dicha inspección, se emitió la
Resolución Nro. 1771 de 2013, en la cual se determinó que la actora era deudora de
la suma de mil seiscientos treinta y cinco millones cuatrocientos mil pesos
($1.635.400.000) debido a la omisión de sus obligaciones en el pago de los cánones
por la prestación del servicio de mensajería. Contra este acto se presentó recurso de
reposición y en subsidio de apelación, siendo el primero resuelto mediante la
Resolución Nro. 5222 del 26 de diciembre de 2013, en el que se modificó la deuda sin
motivación alguna.

Resaltó que la entidad no se había pronunciado respecto de la apelación radicada
contra acto que impuso la sanción administrativa. Sin embargo, en Resolución nro.
1601 del 14 de julio de 2014, se ordenó modificar el acto nro. 522 de 2013, en el sentido
de conceder la alzada.

1.3.3. En el concepto de violación de la demanda, expuso los cargos que se sintetizan
enseguida:

1.3.3.1. En el de “Normas violadas”3, indicó que en las decisiones enjuiciadas se
desconoció que el Decreto nro. 229 de 2005 fue derogado por el artículo 50 de la Ley
1369 de 2009.

Expuso que las autoliquidaciones que presentó antes del 31 de mayo de 2010 habían
quedado en firme en virtud de lo previsto en el inciso tercero del artículo segundo del

3
Visible a folio 192 del Cuaderno del Tribunal.

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Decreto 1739 de 2010, de ahí que no fueran viable incorporar las liquidaciones
efectuadas por la cartera ministerial demandada para los periodos comprendidos entre
el año 2009 y 2010.

Adujo que el funcionario que profirió los actos demandados carecía de competencia
para esos efectos, de modo que se vulneró el Decreto nro. 2618 de 2012, que modificó
la estructura del MINTIC.

1.3.3.2. Por otro lado, formuló el cargo que denominó “Nulidad por violación al
debido proceso y del derecho de defensa en la expedición del acto administrativo”.
Señaló que, con las Resoluciones nro. 5222 de 2013 y 1171 del mismo año, se
vulneraba su derecho al debido proceso cuando se modificó el valor de la deuda sin
motivación y al no conceder el recurso de apelación que radicó en contra de la decisión
de declararlo deudor.

1.3.3.3. También recalcó que, al proferirse la Resolución nro. 1601 del 14 de julio
de 2014, que ordenó modificar el acto administrativo 5222 de 2013, se habían
vulnerado los artículos 45 y 97 del CPACA. Respecto del primero, indicó que las
correcciones que llevó a cabo el MINTIC no eran sobre un asunto de forma, sino de
fondo, ya que procedió a conceder un recurso de apelación sobre el cual en su
momento no se había pronunciado, lo que traía como consecuencia que se reviviera
la vía gubernativa que declaró como terminada con el citado acto.

Sobre el segundo artículo, argumentó que con la Resolución nro. 5222 de 2013, se
había ajustado el valor que se había determinado en el acto nro. 1171 de 2013, de
forma favorable para la empresa Centaurus Mensajeros S.A., por lo que, al estar
definido en un acto de carácter particular y concreto, la modificación de este solo podía
llevarse a cabo con el consentimiento expreso, escrito y previo de la citada compañía.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

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2.1. El MINTIC respondió el libelo introductorio solicitando que se nieguen sus
pretensiones, bajo los siguientes argumentos4:

2.1.1. Argumentó que en las resoluciones atacadas se llevó una la revisión periódica
de las contraprestaciones con radicados nro. 1000506, 69000014 y 69000074 a cargo
de la sociedad Centaurus Mensajeros.

Adujo que el Decreto Nro. 229 de 1995 estableció un porcentaje del cuatro por ciento
(4%) sobre los ingresos brutos de explotación para las licencias de mensajería
especializada, mientras que la Ley 1369 de 2009 fijó un porcentaje del dos punto dos
por ciento (2.2%) para las licencias de mensajería expresa. Con base en ello, presentó
el siguiente cuadro para demostrar el fundamento legal que determinó la aplicación de
un porcentaje específico en cada uno de los periodos objeto de revisión:

De otro lado, expuso que la Ley 1369 de 2009, en su artículo 46, estableció el régimen
de transición, donde se previó que las empresas que para la entrada en vigencia de
dicha disposición se encontraran prestando el servicio postal de mensajería
especializada, podrían: i) mantener su licencia hasta que finalizara bajo la norma que
fue aplicada en el momento de su otorgamiento, o ii) manifestar que se acogían a la
nueva legislación.

4
Visible a folios 235 a 261 del Cuaderno del Tribunal.

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A su vez, añadió que las sumas que fueron objeto de disminución eran los periodos
comprendido entre el 3 de febrero de 2011 y 31 de diciembre del mismo año, pues se
evidencio que: “ i) la licencia de Mensajería Especializada estuvo vigente hasta el 2 de
febrero de 2011; ii) mediante la Resolución 157 del 2 de febrero de 2011 se otorgó
licencia para la prestación del servicio Postal de Mensajería Expresa, sin embargo, la
empresa no pago oportunamente los cien (100) salarios mínimos por concepto de la
contraprestación por habilitación y el registro de operadores postales, señalada en el
Decreto 1739 de 2010; iii) mediante la Resolución 2995 del 25 de noviembre de 2011
se declaró la terminación de la licencia y se ordenó el archivo del expediente con
código No. 69000014. esto, por solicitud de la empresa, oficio según Radicado No.
436364 del 4 de octubre de 2011 y; iv) mediante la Resolución 3216 del 19 de
diciembre de 2011 se otorgó, nueva licencia para la prestación del servicio Postal de
Mensajería Expresa.”5

2.1.2. Por otro lado, indicó que al revisar la actuación administrativa se había percatado
de la omisión en la que incurrieron al no pronunciarse sobre el recurso de apelación
interpuesto por la actora en contra de la Resolución nro. 1171 del 14 de mayo de 2013.
Sin embargo, en acto nro. 1601 del 14 de julio de 2014, se ordenó modificar la
Resolución nro. 5222 del 26 de diciembre de 2013, en el sentido de conceder la alzada,
y se ordenó el envío del expediente al superior jerárquico.

Asimismo, resaltó que la Resolución nro. 1468 del 11 de julio de 2008 le concedía a la
Coordinación del Grupo de Cartera del MINTIC las potestades necesarias para adoptar
los mecanismos para la revisión y/o determinación del valor de las contraprestaciones
que deben autoliquidar las concesionarias de servicio de telecomunicaciones y
licenciatarios del servicio de mensajería, una vez definido este se le comunicará a la
empresa prestadora para que, en el término de treinta (30) días, explique el origen de
los montos pendientes o proceda con el pago de estos.

III. AUDIENCIA INICIAL.

3.1. En audiencia del 28 de julio de 2014, la Subsección “B” del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca fijó el litigo en los siguientes términos:

5
Visible a folio 150 ibídem.

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“El problema jurídico dentro de la presente acción se contrae a determinar si con
la expedición de los actos administrativos contenidos en: a) Resolución No. 001171
del 14 de mayo de 2013, b) Resolución No. 005222 del 26 de diciembre de 2013 y
en aplicación de Io dispuesto en el artículo 163 del Código de Procedimiento
Administrativo y, de Io Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), c)
Resolución No. 001856 del 31 de julio del año 2014, el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, infringió el articulo 29 de la Constitución
Política, el Decreto 229 del 2005, articulo 50 de la Ley 1369 del 2009, el Decreto
1739 del 2010 y el Decreto 2618 del 2012. Incurriendo en violación el debido
proceso y el derecho de defense de la sociedad Centaurus Mensajeros S.A. En los
anteriores términos ha sido fijado el litigio. Las partes quedan notificadas en
estrados conforme al artículo 202 del CPACA.”6

Asimismo, en la etapa de saneamiento el Tribunal aclaró que, en aplicación del artículo
163 del CPACA, también se entendía como demandada la Resolución No. 1856 del
31 de julio de 2014, por la cual el MINTIC resolvió el recurso de apelación en contra
de la Resolución No. 1171 de 2013.

IV. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 24 de noviembre de 2016, la Subsección “B” de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad parcial de las
Resoluciones nro. 1171 del 14 de mayo de 2013, 5222 del 26 de diciembre del mismo
año y 1856 del 31 de julio de 2014, expedidas por el MINTIC, bajo las siguientes
razones:

4.1. Frente a la derogatoria del Decreto 229 de 1995, señaló que el MINTIC, con
fundamento en las disposiciones establecidas en el Decreto Nro. 2618 de 2012, el
Decreto Nro. 229 de 1995 y la Ley 1369 de 2009, declaró a la sociedad Centaurus
Mensajeros S.A. como deudora. Esto al considerar que incumplió su obligación de
pagar la contraprestación periódica establecida por su labor como operador postal,
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de
diciembre de 2011, dado que tenía hasta el 25 de noviembre del mismo año para
cancelar los valores pertinentes.

Resaltó que la contraprestación periódica establecida para las empresas postales fue
inicialmente regulada por el Decreto Nro. 229 de 1995, que fijaba un porcentaje del

6
Visible a folios 171 y 172 del Cuaderno del Tribunal

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cuatro por ciento (4%). Posteriormente, la Ley 1369 de 2009 lo redujo al tres por ciento
(3%) y, finalmente, el Decreto 1739 de 2010 estableció que dicho porcentaje sería del
dos punto dos por ciento (2.2%) de los ingresos brutos para los años 2010 y 2011.
Además, subrayó que este último decreto entró en vigencia en el tercer trimestre de
2010, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de esa norma.

Adujo que los siguientes eran los periodos de vigencia de esas normas: i) Decreto nro.
229 de 1995, para el rango entre el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre del
2009; ii) la Ley 1369 de 2009, para el plazo entre el 1 de enero de 2010 hasta el 30 de
junio del mismo año, y iii) el Decreto 1739 de 2010, para el ciclo que empezó el 1 de
julio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011.

Sostuvo que durante los periodos objeto de inspección, estuvieron vigentes dos (2)
licencias de habilitación para la prestación del servicio postal de mensajería
especializada a favor de la sociedad actora, las cuales son: (i) la Resolución Nro.
000123 del 25 de enero de 2006, y (ii) la Resolución Nro. 157 del 2 de febrero de 2011,
que fue posteriormente revocada por el acto administrativo Nro. 2995 del 25 de
noviembre de 2011.

Mencionó que el artículo 8 de la Resolución nro. 000123 del 25 de enero de 2006 le
concedió a la entidad acusada la facultad de modificar las tarifas de las
contraprestaciones que quedaban establecidas en las licencias habilitantes del servicio
postal. Por lo que en el caso de Centaurus Mensajeros S.A. se aplicaron las siguientes
en los periodos verificados:

“a. Desde el 1° de enero del año 2009 al 31 de diciembre del año 2009: Tarifa de
la contraprestación trimestral del 4% sobre los ingresos brutos, por la vigencia del
Decreto 229 del año 1995.

b. Desde el 1° de enero del año 2010 al 30 de junio del año 2010: Tarifa de la
contraprestación trimestral del 3% sobre los ingresos brutos, por la vigencia de la
Resolución No. 000123 del 2006.

c. Desde el 1° de Julio del año 2010 al 25 de noviembre del 2011: Tarifa de la
contraprestación trimestral del 2,2% sobre los ingresos brutos por la entrada en
vigencia del Decreto 1739 del año 2010.”7

7
Visible a folio 265 ibídem.

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De lo anterior, el Tribunal concluyó que el MINTIC no había desconocido que el
Decreto Nro. 229 de 1995 fue derogado por el artículo 50 de la Ley 1369 del 30 de
diciembre de 2009 y reglamentada por el Decreto 1739 de 2010. Por el contrario,
sostuvo que, en las decisiones censuradas, la entidad realizó una motivación
fundamentada en la vigencia de las normas aplicables para establecer las tarifas
correspondientes a la contraprestación trimestral de los operadores postales,
ajustándose a los parámetros legales en cada periodo evaluado.

4.2. De otro lado, respecto a la liquidación de la contraprestación, el Tribunal destacó
que, tras revisar las visitas de inspección administrativa realizadas por el MINTIC, se
identificaron inconsistencias en los valores reportados por la demandante en relación
con las contraprestaciones económicas correspondientes al servicio de operación
postal. Estas diferencias se referían a mil diecisiete millones ochocientos trece mil
pesos ($1.017.813.000) por el servicio de mensajería especializada y seiscientos
diecisiete millones seiscientos ochenta y siete mil pesos ($617.687.000) por el servicio
postal de mensajería expresa. En estos valores se aplicó un porcentaje del cuatro por
ciento (4%) en todos los periodos reportados.

Aseguró que, de los antecedentes administrativos que fueron allegados al proceso, se
observó que se le había otorgado a la actora la posibilidad de allegar los informes que
justificaran las falencias. Sin embargo, esta guardó silencio, lo que ocasionó que se
expidiera la Resolución nro. 1171 del 14 de mayo de 2013, en la que se declaró
deudora a la compañía Centaurus Mensajeros S.A. por un valor de mil seiscientos
treinta y cinco millones cuatrocientos mil pesos ($1.635.400.000). Posteriormente, se
profirió el acto administrativo nro. 5222 del 26 de diciembre de 2013, que resolvió el
recurso de reposición en el sentido de modificar la deuda impuesta por un valor de mil
trescientos cincuenta y siete millones quinientos cuarenta y un mil pesos
($1.357.541.000) y se manifestó que la vía gubernativa estaba agotada. Finalmente,
en Resolución nro. 1856 del 31 de julio de 2014, se desató el recurso de apelación,
confirmando el anterior valor. Allí se especificó que había sido liquidado con el cuatro
por ciento (4%) de los ingresos brutos.

Expuso que el MINTIC incurrió en error al aplicarle a todos los periodos el mismo
porcentaje para liquidar la deuda de la accionante, pues lo correcto debió ser “a) Desde
el 1° de enero del año 2009 al 31 de diciembre del año 2009, 4% sobre los ingresos

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brutos, b) Desde el 1° de enero del año 2010 al 30 de junio del año 2010, 3% sobre
los ingresos brutos, y c) Desde el 1° de julio del año 2010 al 25 de noviembre del 2011,
2,2% sobre los ingresos brutos por la entrada en vigencia del Decreto 1739 del año
2010”, por lo que el valor correspondiente a cancelar por parte de Centaurus
Mensajeros S.A. era de mil cincuenta y un millones trecientos doce mil cuatrocientos
setenta y seis pesos con cuarenta y tres centavos ($1.051.312.476,43).

Por lo tanto, declaró la nulidad parcial de dichas liquidaciones y ordenó a la entidad
demanda corregir dichos valores en los actos censurados.

4.3. Respecto del punto de controversia, relacionado con la indebida incorporación de
las liquidaciones de los años 2009 y 2010, debido a que estaban prescritas por lo
previsto en el inciso tercero del artículo 2 del Decreto nro. 1739 de 2010, informó que,
para la fecha de apertura de la investigación administrativa, 10 de noviembre de 2011,
las autoliquidaciones de la contraprestación no se encontraban en firme, tal y como lo
evidencia el siguiente cuadro:

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De lo anterior, concluyó que las inconsistencias evidenciadas en los periodos de primer
trimestre de 2009 y cuarto trimestre de 2011 se encontraban vigentes, es decir,
estaban dentro de los tres (3) años que determinaba la ley, de modo que podían ser
objeto de revisión por parte del MINTIC.

4.4. Ahora, en lo que tiene que ver con la vulneración de los derechos al debido
proceso y a la defensa, al expedirse la Resolución nro. 5222 del 26 de diciembre de
2014, mencionó que en un principio sí se generó la violación de éstos, cuando no se
le dio trámite al recurso de apelación instaurado por la demandante en contra del acto
administrativo que la declaró deudora; pero la cartera demandada corrigió su error con
la Resolución nro. 1601 del 14 de junio de 2014, en la que concedió la alzada que
posteriormente fue resuelta por la Subdirección Financiera del MINTIC.

4.5. De otro lado, el Tribunal se pronunció sobre el argumento de la demandante, en
el que afirmaba que para modificar la Resolución nro. 5222 del 26 de diciembre de
2014, debía contarse con el consentimiento expreso de la sociedad Centaurus
Mensajeros S.A., ya que se trataba de un acto de carácter particular y concreto y dicha
acción de la administración se configuró en una revocatoria directa, de acuerdo con el
artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

Precisó que no se trataba de un evento de revocatoria directa, sino de un trámite de la
administración en la cual el MINTIC, al evidenciar la falta de pronunciamiento sobre un
recurso de apelación, corrigió dicha omisión. Por lo que no era necesario que existiera
un consentimiento previo por parte de la empresa deudora.

4.6. Sostuvo que en el proceso de la referencia se evidenció que los actos acusados
se encontraban parcialmente viciados de nulidad por falsa motivación, ya que la
liquidación se debió realizar con los porcentajes que se encuentran descritos en el
numeral 5.2. de esta providencia. A título de restablecimiento del derecho, le ordenó
al MINTIC liquidar nuevamente el valor de la deuda por contraprestación.

4.7. Por último, resolvió no condenar en costas, ya que no se advirtieron conductas
procesales de mala fe.

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V. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

5.1. La parte actora presentó recurso de apelación oportunamente en contra de la
sentencia del 24 de noviembre de 20168, bajo los siguientes parámetros:

Indicó que el Tribunal efectuó una lectura errada de la demanda, pues declaró la
nulidad parcial de los actos demandados luego de realizar un estudio de las normas
aplicables en los diferentes periodos señalados en la Ley, a pesar que lo recurrido en
el libelo introductorio era que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso
debido a que: (i) no se concedió el recurso de apelación que interpuso en contra del
acto administrativo definitivo demandado, (ii) los actos enjuiciados fueron emitidos por
un funcionario sin competencia, y (iii) se modificó el monto de la deuda sin motivación
alguna.

Por otro lado, procedió a transcribir apartes del Decreto 2618 de 2018, que regula las
funciones del MINTIC y la forma en la que está estructurado. Esto con la finalidad de
demostrar que la Subdirección Financiera de esa cartera ministerial era la única que
contaba con la facultad legal para liquidar los derechos correspondientes a las
contraprestaciones económicas.

Expuso que, en desarrollo del artículo 209 de la Constitución Política, se promulgó la
Ley 489 de 1998, la cual definió la figura de la delegación, estableciendo que ésta
procede entre colaboradores o subalternos siempre y cuando exista un acto
delegatario formal. En el caso en estudio, señaló que no se evidenciaba la existencia
de un acto, circular o manual que demostrara que las competencias de la Dirección
Financiera fueran trasladadas al Grupo de Facturación y Cartera.

Arguyó que tampoco encontraba sustento el hecho de que el recurso de apelación
interpuesto contra el acto definitivo no fuera resuelto por el superior jerárquico de la
Coordinación del Grupo de Facturación y Cartera, que en este caso es la Secretaría
General del Ministerio. En su lugar, cuestionó que dicho recurso fue absuelto por la
Dirección de Vigilancia y Control del MINTIC.

8
Visible a folios 287 a 294 de Cuaderno del Tribunal.

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Indicó que, como no existía soporte que demostrara alguna modificación en la
estructura de la citada entidad o documento que estableciera el cambio de funciones,
era claro que los actos de liquidación fueron proferidos sin competencia y
extralimitándose en las funciones, lo que genera que se declare la nulidad de estos.

5.2. El MINTIC interpuso oportunamente recurso de apelación en contra de la
sentencia del 24 de noviembre de 20169. Los fundamentos se sintetizan así:

Manifestó que los actos acusados no habían incurrido en los vicios que afirmaba el
Tribunal, puesto que para los cuatro (4) trimestres de los años 2009 y 2010, y para la
fracción del primer trimestre del 2011, el porcentaje aplicable para calcular la
contraprestación era del cuatro por ciento (4%) de los ingresos brutos, a la luz del
Decreto nro. 229 de 1995, norma bajo la cual se otorgó la licencia de mensajería
especializada del expediente nro. 1000506. Ahora, para la fracción restante de los
trimestres del 2011, era aplicable el dos punto dos por ciento (2.2%), en cumplimiento
de lo previsto en el Decreto nro. 1739 de 2010, para el permiso de mensajería expresa
con número de radicado 69000074.

Aseguró que no era procedente aplicarles un porcentaje distinto a los trimestres de los
años 2009 y 2010, toda vez que la licencia vigente para esa época estaba bajo el
régimen del Decreto nro. 229 de 1995 y a partir del 2011, debía contemplarse lo
regulado en la Ley 1369 de 2009. Por lo tanto, el MINTIC había actuado de
conformidad con la legislación con la cual fueron otorgados los permisos para el
servicio postal a Centaurus Mensajeros S.A.

De hecho, aseguró que el artículo 53 de la Ley 1369 de 2009 contempló un régimen
de transición según el cual a la fecha de entrada en vigencia de esa norma las
empresas que presten servicios postales podrían mantener sus licencias hasta por el
término de estas y bajo la norma vigente al momento de su otorgamiento.

VI. TRÁMITE DE LA APELACIÓN

9
Visible a folios 300 a 305 de Cuaderno del Tribunal.

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6.1. Dentro del término del traslado para alegar de conclusión el MINTIC reiteró los
argumentos que expuso en sus respectivas intervenciones10.

6.2. A su vez, la empresa Centaurus Mensajeros S.A. iteró los argumentos
expuestos en el recurso de alzada y añadió los siguen a continuación11:

Mencionó que la decisión censurada se emitió con vulneración del derecho al debido
proceso, ya que la Resolución No. 5222 del 26 de diciembre de 2013 no concedió el
recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución No. 1771 de ese mismo
año y, además, varió el valor de la deuda sin ofrecer motivación alguna para dicho
cambio.

La Resolución No. 1601 de 2014 modificó lo dispuesto en la Resolución No. 5222 de
2013 sin contar con la autorización de esa sociedad, tal como lo exige el artículo 97
del CPACA. Además, en dicha resolución se redujo el valor de la deuda sin el
consentimiento de la actora.

VII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público no rindió concepto en el proceso de la referencia.

VIII. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes.

IX. CONSIDERACIONES

9.1. Competencia.

10
Visible a folios 44 a 67 del Cuaderno del Tribunal.
11
Visible a folios 44 a 67 del Cuaderno del Tribunal.

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De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 34 y 36, de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
así como de lo expuesto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.

9.2. Hechos

9.2.1. Mediante Resolución nro. 1771 del 14 de mayo de 2013, el MINTIC declaró
deudor a la empresa Centaurus Mensajeros S.A. por la suma de mil seiscientos treinta
y cinco millones cuatrocientos mil pesos ($1.635.400.000), por las diferencias
encontradas en la contraprestación.

9.2.2. Contra el mencionado acto, la demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación. A través, de la Resolución nro. 5222 del 26 de diciembre de 2013,
fue resuelto el primero de estos, reduciendo el valor de la deuda, y se declaró finalizada
la vía gubernativa.

9.2.3. Posteriormente, en Resolución nro. 1601 del 14 de julio de 2014, la
Coordinadora del Grupo del Cartera del MINTIC modificó la anterior decisión
concediendo la alzada, la cual fue desata el 31 de julio de 2014, a través de la
Resolución nro. 1856.

9.2.4. En contra de esas decisiones, la actora interpuso la demanda de la referencia.

9.2.5. A través de sentencia calendada el 24 de noviembre de 2016, la Subsección “B”
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad
parcial de los actos administrativos nro. 1171 del 14 de mayo de 2013 y 1856 del 31
de julio de 2014.

9.2.6. Inconforme con esa decisión la actora y la demandada interpusieron recurso de
alzada.

9.3. Planteamiento

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En virtud de lo expuesto por el recurrente, la Sala advierte que las partes coinciden en
que, en los actos impugnados, se declaró a la empresa Centaurus Mensajero S.A.
deudora en el pago de las contraprestaciones económicas por la prestación del
servicio de operación postal, las cuales debían ser abonadas trimestralmente al Fondo
de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

Ahora, se observa que la parte actora controvierte la interpretación realizada por el a
quo respecto a la demanda, argumentando que la misma era errónea. Esto, debido a
que, en su criterio, el Juez de Primera instancia declaró la ilegalidad parcial de los
actos impugnados tras efectuar un análisis de las normas aplicables en los distintos
periodos de tiempo, a pesar de que en el escrito introductorio se alegó la vulneración
del derecho al debido proceso, que consistió en que no se concedió el recurso de
apelación interpuesto contra el acto definitivo, se emitieron las decisiones impugnadas
por funcionarios carentes de competencia, y se modificó el monto de la deuda sin que
existiera motivación alguna.

Por otro lado, se evidencia que la demandante cuestiona la validez de las decisiones
impugnadas argumentando que fueron emitidas por funcionarios sin competencia.
Según su planteamiento, el acto definitivo fue expedido por el Grupo de Facturación y
Cartera, a pesar de que dichas facultades correspondían a la Subdirección Financiera.
Asimismo, el recurso de apelación contra el acto definitivo fue resuelto por la Dirección
de Vigilancia y Control del MINTIC, cuando en realidad, la competencia para resolver
dicho recurso recaía en la Secretaría General del Ministerio.

Entre tanto, la cartera ministerial accionada argumentó que la reliquidación de la deuda
de la actora debía realizarse aplicando los porcentajes de tarifa establecidos en las
normas aplicables a cada una de las autorizaciones concedidas a la actora. En
particular, para el servicio de mensajería especializada, la tarifa aplicable era del cuatro
por ciento (4%) de acuerdo con el Decreto 229 de 1995. En cambio, para el servicio
de mensajería expresa, se debía aplicar una tarifa del dos punto dos por ciento (2.2%),
conforme a la Ley 1369 de 2009 y el Decreto 1739 de 2010. En contraposición, el
Tribunal consideró que la entidad demandada cometió un error en dicha liquidación ya
que, para los servicios de mensajería especializada autorizados a la actora, se debían
calcular las tarifas de la siguiente manera: desde el 1 de enero de 2010 hasta el 30 de
junio de 2010, el porcentaje aplicable era del tres por ciento (3%) según lo dispuesto

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en la Ley 1369 de 2009; y para el período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el
25 de noviembre de 2011, debía aplicarse el porcentaje del dos punto dos por ciento
(2.2%), de ahí que no fuera posible que la entidad accionada aplicara una tarifa del
cuatro por ciento (4%) a la totalidad de periodos objeto de controversia.

Finalmente, en el escrito presentado para alegar de conclusión, la actora añadió los
siguientes cargos que no fueron expuestos en la alzada: (i) que se vulneró el derecho
al debido proceso, ya que en la Resolución No. 5222 de 2013 no se concedió el recurso
de apelación interpuesto en contra de la decisión definitiva; (ii) que en dicho acto
administrativo se modificó el valor de la deuda sin el consentimiento del demandante
y sin motivación alguna; y (iii) que para la emisión de la Resolución No. 161 de 2014
no se solicitó la autorización de esa sociedad, como lo exige el artículo 97 del CPACA.

9.4. De la controversia sobre la congruencia de la sentencia de primera
instancia

Antes de plantear el problema que corresponda, se observa que la demandante
sostiene que el Tribunal realizó una lectura errónea del libelo introductorio, ya que
declaró la nulidad parcial de los actos impugnados basándose en un análisis de la
vigencia de las normas aplicables para la determinación de la tarifa que debía cancelar
por la contraprestación del servicio de mensajería, omitiendo que la demanda se
centraba en la vulneración al debido proceso, según las razones expuestas en el
planteamiento inicial y desarrolladas en los antecedentes.

En efecto, en el libelo introductorio se indicó lo que se transcribe enseguida sobre este
punto:

“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego del análisis de la demanda, la
contestación de la misma, y del trámite establecido en las normas legales, decide
mediante sentencia del 24 de noviembre del año en curso, declarar la Nulidad
parcial de las Resoluciones No. 001171 del 14 de mayo de 2013, Resolución No.
0005222 del 26 de diciembre de 2013 y Resolución No. 0001856 del 31 de julio de
2014, proferidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - MINTIC-bajo el entendido y la consideración acerca que las
resoluciones demandadas se encontraban viciadas de nulidad por falsa motivación
(en el único sentido) con fundamento en que la liquidación se debió realizar en los
porcentajes de los respectivos objetos de inspección.

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Hace el a quo, discernimiento de las normas aplicables en diferentes periodos y
porcentajes señalados establecidos en la ley, para concluir que el valor de la
contraprestación que debía cancelar la sociedad demandante ascendía a mil
cincuenta y un millones trescientos doce mil cuatrocientos setenta y seis pesos con
cuarenta y tres centavos, ($1.051.312.476,43).

Ahora bien, conforme a lo anterior es evidente que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, realizó una lectura errada de la demanda, pues se
encuentra clara y específicamente señalada en el libelo demandatorio, ver:
V. Fundamentos de Derecho, la siguiente petición:

"...Se declara deudora del MINTIC a mi patrocinada, mediante acto
administrativo suscrito por funcionario que no goza de competencia para
tales actuaciones, y también se le viola a la sociedad CENTAURUS
MENSAJEROS S.A. el derecho fundamental del debido proceso al no
concederle el recurso de apelación en subsidio del de reposición que fue
resuelto por la entidad con la resolución 005222 de diciembre 26 de 2013..."

En seguida, este apoderado, sobre las normas violadas y el concepto de violación
expresó:

"... Otra flagrante violación cometida por el MINTIC, está relacionada con el
principio de legalidad toda vez que la entidad se sustrae de la norma
Constitucional (artículo 6) que indica que los funcionarios públicos deben
responder por infringir la Constitución y las leyes, y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones, situación que claramente se
avizora cuando la funcionaria que suscribe los actos administrativos, de los
que se demanda la Nulidad, no tiene la competencia para hacerlo, toda vez
que desconoce lo preceptuado por el Decreto "2618 de 2012 con el que se
modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y se dictan otras disposiciones", situación que se extrae de
la literalidad de los siguientes

artículos del precitado Decreto:

"...Articulo 3...Señala la estructura del MINTIC..."
"...Articulo 3, numeral 4 Secretaria General..."
"...Articulo 3, numeral 4.2 subdirección financiera..."
"...Articulo 36 son funciones de la Subdirección Financiera, las siguientes..."
"...Articulo 36 numeral 5. Generar oportunamente las liquidaciones de
derechos correspondientes a las contraprestaciones que se causan a favor
del Fondo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones y
presentar los informes respectivos..."

En seguida, en el numeral 5.3 titulado:

Se expresó:

"5.3 NULIDAD POR VIOLACION DEL DEBIDO PROCESO Y DEL
DERECHO DE DEFENSA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO
ADMINISTRATIVO No. 005222 del 26 de diciembre de 2013, por el cual se
resuelve recurso de reposición impetrado contra la resolución 001171 del 14
de mayo de 2013, se modifica el valor de la deuda sin motivación alguna, y
se viola flagrantemente el derecho al debido proceso cuando no concede a
mi prohijado el recurso de apelación que en subsidio del de reposición
solicitó, y que de su procedencia informó la entidad en la resolución 001171

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Demandante: Centaurus Mensajeros S.A.

del 14 de mayo de 2103. Y por si fuera poco, la funcionaria que suscribe los
actos administrativos de carácter particular, viciados de nulidad, no cuenta
con la competencia legal para declarar deudor ni liquidar los valores que en
los, varias veces, mencionados actos se determinan.”12

Lo dicho se connota en un reparo sobre la congruencia de la sentencia, pues
precisamente lo que da cuenta la sociedad actora es que no resolvió la causa petendi
del escrito demandatorio.

Así las cosas, deberá verificarse si es incongruente el fallo recurrido, teniendo en
cuenta que, en criterio de la demandante, el Tribunal hizo una lectura errada del libelo
introductorio, al no resolver los cargos que sustentaban la causa petendi.

Para definir tal aspecto es preciso señalar que, de acuerdo con el artículo 281 del CGP,
aplicable por la remisión expresa de que trata el artículo 306 del CPACA13, un fallo es
congruente cuando está en consonancia, entre otros, con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda. La primera norma en cuestión es del siguiente
tenor:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…)” (Subrayas de la Sala).

En ese orden, el citado principio tiene por objeto garantizar el derecho al debido
proceso de las partes, de manera que las mismas tengan certeza que en la sentencia
únicamente sean abordados aspectos relacionados con los hechos y pretensiones
aducidos en la demanda y su contestación, así como en las demás oportunidades
procesales previstas en el ordenamiento jurídico.

De ahí que, para dirimir si un fallo es incongruente, el Juez deba analizar si en dicha
providencia existió un pronunciamiento expreso sobre el objeto del litigio, esto es, que
se haya resuelto lo pedido en las pretensiones de la demanda. Asimismo, debe
evaluarse si en la sentencia se abordó la causa petendi de la litis, la cual, valga señalar,

12
Visible a folios 287 a 297 del Cuaderno del Tribunal
13
“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”

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se encuentra integrada por los hechos y fundamentos de derecho que fueron
invocados por las partes en sus respectivas intervenciones.

Bajo tal contexto, se pasará a definir cuál era el objeto del litigio y si la sentencia de
primera instancia dio respuesta. Igualmente, se hará lo propio con la causa petendi y
los argumentos traídos en el fallo recurrido.

9.4.1. Del objeto del litigio

De la revisión del escrito introductorio, la Sala observa que la empresa demandante
solicitó la nulidad de las Resoluciones No. 1171 de 2013, 522 de 26 de julio de 2013,
y 1856 de 31 de julio de 2014, mediante las cuales la entidad demandada declaró a la
sociedad actora como deudora de una suma total de mil trescientos cincuenta y siete
millones quinientos cuarenta y un mil pesos ($1.357.541.000).

Ahora, se observa que la sentencia de primera instancia sí se pronunció expresamente
sobre dichas peticiones, dado que accedió parcialmente a las mismas. En efecto, la
parte resolutiva del fallo impugnando dispuso:

“1°) Declárase la nulidad parcial de las Resoluciones Nos.: 001171 del 14 de mayo
del año 2013, 0005222 del 26 de diciembre del mismo año y 0001856 del 31 de
julio del año 2014 proferidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, únicamente en cuanto a la forma y el valor liquidado de la
contraprestación de que trata el artículo 24 del Decreto 229 del año 1995, en
concordancia con la Ley 1369 del año 2009 y el Decreto 1739 del año 2010,
correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de enero del año 2009 al 31
de diciembre del año 2011.

2°) Ordénase al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, abstenerse de exigir y cobrar a la sociedad Centaurus
Mensajeros S.A., los mayores valores por concepto de la contraprestación de que
trata el artículo 24 del Decreto 229 del año 1995, en concordancia con la Ley 1369
del año 2009 y el Decreto 1739 del año 2010, y en caso de que la misma haya sido
cancelada, se ordenará al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones devolver la suma cancelada por la sociedad demandante en
virtud de la sanción impuesta por los actos administrativos demandados, la cual
deberá será indexada, según la siguiente fórmula:

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3°) Deniéguense las demás pretensiones de la demanda.
4°) Abstiénese de condenar en costas por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.”14 (Subrayas de la Sala).

9.4.2. De la causa petendí

9.4.2.1. En este punto, como se observa en los antecedentes del libelo
introductorio, la petición de anulación estuvo sustentada en que se vulneró el derecho
al debido proceso de la accionante por las siguientes razones:

(I) Mencionó que la entidad accionada fundamentó los actos censurados en el
Decreto nro. 229 de 2005, pese a que fue derogado por el artículo 50 de la Ley 1369
de 2009, reglamentado por el Decreto No. 1739 de 2010.

(II) Las autoliquidaciones efectuadas por esa sociedad antes del 31 de mayo de
2010 habían quedado en firme, de ahí que no fuera viable que la cartera ministerial
demandada las revisara.

(III) Los actos censurados fueron emitidos por funcionarios sin competencia en
contravía con lo dispuesto en el Decreto No. 2618 de 2012.

(IV) En las Resoluciones nro. 5222 de 2013 y 1171 del mismo año, se modificó el
valor de la deuda reclamada, sin ninguna motivación y sin que se haya concedido el
recurso de apelación.

14
Visible a folio 285 del Cuaderno del Tribunal.

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(V) Anotó que la Resolución 1601 de 2014 modificó la Resolución 5222 de 2013,
en contravía de lo previsto en los artículos 45 y 97 del CPACA.

9.4.2.2. Ahora, a efectos de resolver esa controversia, en la sentencia recurrida
se señaló que en los actos enjuiciados no se desconoció que el Decreto 229 de 1995
fue derogado por el artículo 50 de la Ley 1369 del 30 de diciembre de 2009, pero que
su aplicación se debió a que dicha norma se encontraba vigente en uno de los periodos
objeto de liquidación.

Por otro lado, se mencionó que la entidad demandada llevó a cabo una investigación
para verificar los reportes sobre la contraprestación trimestral presentados por la
accionante. En este sentido, aseguró que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º del
Decreto 1739 de 2010, dichos reportes podían ser modificados y reliquidados, ya que
no se encontraban en firme.

Explicó que, aunque inicialmente se violó el derecho al debido proceso debido a que
la Resolución No. 5222 de 2013 no había resuelto el recurso de alzada interpuesto
contra el acto definitivo, este error fue corregido posteriormente. La Resolución 1601
de 2014 subsanó dicha omisión al conceder el recurso de apelación y remitirlo al
superior jerárquico. Agregó que ese recurso fue finalmente decidido en la Resolución
No. 1856 del 31 de julio de 2014.

Aclaró que, en este caso, la Resolución 1601 de 2014 no revocó directamente la
Resolución 5222 de 2013, sino que enmendó el error cometido al no conceder el
recurso de apelación inicialmente. Esta acción se realizó con el objetivo de garantizar
el respeto al debido proceso. En consecuencia, concluyó que no era necesario agotar
el procedimiento de revocatoria establecido en el artículo 93 del CPACA, dado que la
corrección del error ya había sido efectuada.

Finalmente, señaló que, aunque los actos demandados estaban legalmente
fundamentados, se cometió un error en la liquidación de la deuda de la actora. Esto
debido a que se aplicó una tarifa del cuatro por ciento (4%) sobre la contraprestación
trimestral en todos los periodos conforme al Decreto 229 de 1995, desconociendo que
con la entrada en vigencia de la Ley 1369 de 2009 y el Decreto 1739 de 2010, dicha
tarifa fue reducida.

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Por ende, declaró la nulidad parcial de los actos demandados y ordenó la reliquidación
de la deuda atendiendo a dicho criterio.

9.4.3. Lo expuesto pone en evidencia que el Tribunal en la sentencia recurrida sí se
pronunció respecto de la causa petendi, pues como se vio, para esa autoridad judicial
dentro de la actuación administrativa no se vulneró el derecho al debido proceso de la
actora por las razones antes resumidas.

Asimismo, declaró la nulidad parcial de los actos censurados considerando que,
aunque dichas decisiones estaban fundamentadas en derecho, la liquidación de la
deuda contenida en ellas era incorrecta. En consecuencia, ordenó a la cartera
ministerial demandada que procediera a reliquidar la deuda de acuerdo con los
parámetros establecidos en la providencia recurrida.

Corolario de lo expuesto, es claro para la Sala que la sentencia recurrida no adolece
de la incongruencia de la que se acusa en la alzada, pues, como quedó en evidencia,
sí existió un pronunciamiento expreso sobre el objeto y la causa petendi del litigio; cosa
distinta es que el demandante no comparta las razones esgrimidas por el Tribunal en
la sentencia recurrida sin que por ese motivo el cargo tenga vocación de prosperidad.

A pesar de lo expuesto, no se pasa por alto que el Tribunal en la sentencia apelada
omitió analizar el punto concerniente a la competencia de los funcionarios que
emitieron los actos enjuiciados. Este aspecto también fue objeto de apelación por el
demandante y, por ende, será analizado a continuación.

9.5. De la controversia sobre la competencia para la emisión de los actos
demandados

9.5.1. En primer lugar, tendrá que definirse si son nulos, por falta de competencia, los
actos administrativos por medio de los cuales se declaró que una empresa era deudora
en el pago de las contraprestaciones trimestrales derivadas del servicio postal en favor
del MINTC, si dichas decisiones fueron emitidas por el Grupo de Facturación y Cartera
de esa cartera ministerial.

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Con miras a resolver ese interrogante es menester señalar que el Decreto 2618 de
201215, determinó la estructura de la entidad demandada así:

“Artículo 3°. Estructura. La estructura del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones será la siguiente:

(…)

4. Secretaría General

4.1 Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

4.2 Subdirección Financiera

4.3 Subdirección Administrativa y de Gestión Humana” (Subrayas de la Sala,
negrillas dentro del texto).

Ahora, en el artículo 36 ibidem a la Subdirección Financiera le fueron encargadas,
entre otras, las siguientes funciones:

“Artículo 36. Subdirección Financiera. Son funciones de la Subdirección
Financiera, las siguientes:

(...).

4. Recibir y revisar las autoliquidaciones de derechos correspondientes a las
contraprestaciones que se causan a favor del Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y emitir los informes a las respectivas
direcciones misionales.

Por su parte, en la Resolución 1225 del 31 de julio de 200316 se crearon los Grupos
Internos de Trabajo adscritos a las respectivas Direcciones del MINTIC.
Particularmente, respecto a la Subdirección Financiera de esa entidad se dijo en el
artículo primero:

“ARTÍCULO PRIMERO: Crear en el Ministerio de Comunicaciones los
SIGUIENTES Grupos Internos de Trabajos, ubicados como a continuación se
determina

DEPENDENCIA Y DENOMINACIÓN DEL GRUPO:

(…)

15
“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y se dictan otras disposiciones”.
16
Dicho acto fue derogado por la Resolución 787 del 22 de abril de 2014 “Por la cual se crean los
Grupos Internos de Trabajo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se
asignan sus funciones”.

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6. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

6.1. Grupo de Presupuesto
6.2. Grupo de Facturación y Cartera
6.3. Grupo de Contabilidad
6.4. Grupo de Tesorería” (Subrayas de la Sala).

Así, es claro que el Grupo de Facturación y Cartera está adscrito a la Subdirección
Financiera del MinTIC. Particularmente, en cuanto a las funciones asignadas a dicho
grupo, se advierte que la Resolución No. 1486 de 200817 le encargó realizar el
siguiente procedimiento para la verificación de las autoliquidaciones de las
contraprestaciones a cargo de los licenciatarios del servicio de mensajería:

“Artículo 1o. Adóptense como mecanismos para la revisión y/o determinación
de los valores por concepto de contraprestaciones a cargo de los licenciatarios
del servicio de mensajería especializada y los concesionarios de servicios de
telecomunicaciones, los siguientes:

1. Solicitud de información al licenciatario y/o concesionario. Para efectos de
verificar las autoliquidaciones presentadas y/o pagadas, o determinar el valor de
las obligaciones a falta de información, el Ministerio de Comunicaciones –Fondo
de Comunicaciones, a través de la Coordinación de Grupo de Facturación y
Cartera, requerirá por escrito la respectiva información al concesionario,
concediéndole diez (10) días hábiles siguientes al envío de la comunicación para
adjuntar lo solicitado.

2. Cruce de información. El Ministerio de Comunicaciones –Fondo de
Comunicaciones, a través de la Coordinación del Grupo de Facturación y Cartera,
procederá a realizar el cruce de la información financiera que tenga la entidad,
con datos remitidos por el licenciatario y/o concesionario o con información que
se obtenga de entidades tales como Superintendencia de Sociedades, Cámara
de Comercio o la publicada por la misma empresa sobre sus estados financieros.

3. Inspección a estados financieros. El Ministerio de Comunicaciones –Fondo de
Comunicaciones a través de la Coordinación del Grupo de Facturación y Cartera,
procederá a practicar visitas de inspección sobre los estados financieros, y en
especial sobre los libros y soportes de contabilidad del concesionario y/o
licenciatario, referidos a los ingresos y deducciones base para la determinación
de las obligaciones que tiene frente al Ministerio de Comunicaciones– Fondo de
Comunicaciones.

4. Confrontación de información técnica reportada por el concesionario: El
Ministerio de Comunicaciones –Fondo de Comunicaciones, a través de la
Coordinación del Grupo de Facturación y Cartera, confrontará la información
técnica almacenada en la base de datos que para el efecto tenga el Ministerio

17
“Por la cual se adoptan mecanismos para la revisión y/o determinación del valor de las
contraprestaciones que deben autoliquidar los concesionarios de servicios de telecomunicaciones y
licenciatarios del servicio de mensajería especializada, y se adiciona la Resolución número 609 de
2007”.

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con la reportada por el concesionario, a fin de determinar si los valores
presentados y/o pagados son correctos.

El resultado de la revisión y/o determinación de obligaciones a favor del Fondo
de Comunicaciones y a cargo de los licenciatarios y/o concesionarios se deberá
comunicar a estos mediante escrito en el cual se informará ampliamente sobre el
origen de los valores pendientes, y se concederá un plazo máximo de treinta (30)
días calendario siguientes al envío de la comunicación para que explique las
diferencias, si fuera pertinente, o proceda al pago total de la deuda, o suscriba
un acuerdo de pago en los términos y condiciones de la Resolución número 609
de 2007 tal como fue modificada por la Resolución número 1880 de 2007. Dicha
información irá acompañada de un estado de cuenta, una carta de cobro
persuasivo y los nuevos formularios para pago.

Vencido el plazo antes mencionado el Ministerio de Comunicaciones – Fondo de
Comunicaciones, a través del Grupo de Facturación y Cartera, tendrá en cuenta
los siguientes eventos:

I. Que los argumentos presentados por el concesionario y/o licenciatario sean
suficientes para explicar los valores presentados y/o pagados, caso en el cual el
Grupo de Facturación y Cartera, procederá a remitir los documentos al archivo,
con un concepto final de la actuación.

II. Que no se haya recibido respuesta del licenciatario y/o concesionario o
que la explicación de las diferencias no resulte justificada, frente a lo cual
la Coordinación del Grupo de Facturación y Cartera, mediante Acto
Administrativo debidamente motivado, adoptará el resultado de la revisión
y/o determinación, otorgándole quince (15) días calendario siguientes a la
ejecutoria del mismo para el pago de toda la deuda o la suscripción de un
acuerdo de pago conforme a las normas vigentes.

El acto se notificará de acuerdo a los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo concediéndole el recurso de reposición y en subsidio apelación”
(Subrayas y negrillas de la Sala).

En consecuencia, es claro que, conforme con la normatividad previamente citada, el
Grupo de Facturación y Cartera del MINTIC sí tenía facultades para emitir los actos
administrativos demandados. En efecto, como se vio, el aludido grupo tenía plenas
facultades para llevar a cabo una revisión detallada de los valores cancelados por la
empresa Centaurus Mensajeros en relación con las contraprestaciones trimestrales
que debía abonar y para declararla deudora de las sumas pendientes de pago.

Por ende, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

9.5.2. De otro lado, tendrá que verificarse si es nulo, por falta de competencia, el acto
administrativo por medio del cual se resolvió la apelación en contra de la decisión que
declaró que una empresa era deudora en el pago de las contraprestaciones por la
prestación de los servicios postales de mensajería especializada y expresa, si, en

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criterio de la recurrente, ese acto fue emitido por la Dirección de Vigilancia y Control
del MINTIC. De manera previa a resolver ese interrogante, es pertinente determinar si
el fundamento del cargo es cierto.

Al respecto, es pertinente señalar que en el recurso de alzada se indicó lo que se
transcribe enseguida:

“Por lo anterior, es que este apoderado entiende porque en la presentación de los
recursos de reposición y apelación presentados contra las resoluciones de las que
se pide la nulidad, el recurso de apelación no fue resuelto por el superior jerárquico
de la Coordinación Grupo de Facturación y Cartera, que para el caso debería ser
la Secretaria General del Ministerio, sino que fue resuelto por otra instancia
denominada Dirección de Vigilancia y Control del MINTIC”18 (Subrayas de la Sala).

Así, de entrada, lo que advierte la Sala es que el cargo parte de un fundamento
erróneo, toda vez que la Resolución Número 01856 del 31 de julio de 2014, “por la
cual se resuelve un recurso de apelación” fue emitida por la Subdirección Financiera
del MINTC y no por la Dirección de Vigilancia y Control de esa entidad, de modo que
no tiene vocación de prosperidad.

Ahora, aunque el cargo es infundado, es necesario señalar que la mencionada
Subdirección Financiera sí estaba facultada para emitir el anotado acto administrativo.
Esto en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 74 del CPACA19, dado que,
como se explicó anteriormente, dicha dependencia es la superior funcional del Grupo
de Facturación y Cartera. Por lo tanto, tampoco es correcto afirmar que el recurso de
alzada debió ser resuelto por la Secretaría General de ese Ministerio.

9.6. De la controversia sobre la liquidación de la contraprestación a cargo de
Centaurus Mensajeros S.A.

Al respecto, deberá verificarse si son nulos, por infracción de normas superiores, los
actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada reliquidó la
contraprestación trimestral a cargo de un operador postal de mensajería especializada

18
Visible a folio 294 del Cuaderno del Tribunal.
19
“Artículo 74.Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos
procederán los siguientes recursos:
(…)
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.”

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después del 1 de enero de 2010, con base en el cuatro (4%) del total de sus ingresos
brutos.

9.6.1. Pues bien, con miras a resolver ese interrogante es pertinente señalar que en
el artículo 37 de la Ley 80 de 199320, el Legislador distinguió entre mensajería
especializada y servicio de correo como especies del género común de servicios
postales, así:

“Artículo 37º.- Del Régimen de Concesiones y Licencias de los Servicios
Postales. Los servicios postales comprenden la prestación de los servicios de
correo y del servicio de mensajería especializada.

Se entiende por servicio de correo la prestación de los servicios de giros postales
y telegráficos, así como el recibo, clasificación y entrega de envíos de
correspondencia y otros objetos postales, transportados vía superficie y aérea,
dentro del territorio nacional. El servicio de correo internacional se prestará de
acuerdo con los convenios y acuerdos internacionales suscritos con la Unión
Postal Universal y los países miembros.

Se entiende por servicio de mensajería especializada, la clase de servicio postal
prestado con independencia a las redes postales oficiales del correo nacional e
internacional, que exige la aplicación y adopción de características especiales
para la recepción, recolección y entrega personalizada de los objetos
transportados, vía superficie y aérea, en el ámbito nacional y en conexión con el
exterior.

El Gobierno Nacional reglamentará las calidades, condiciones y requisitos que
deben reunir las personas naturales y jurídicas para la prestación de los servicios
postales. Igualmente fijará los derechos, tasas, y tarifas, que regularán las
concesiones y licencias para la prestación de los servicios postales.

Parágrafo 1º.- La prestación de los servicios de correos se concederá mediante
contrato, a través del procedimiento de selección objetiva de que trata la presente
Ley. La prestación del servicio de mensajería especializada se concederá
directamente mediante licencia.

Parágrafo 2º.- El término de duración de las concesiones para la prestación de los
servicios postales, no podrá exceder de cinco (5) años, pero podrá ser prorrogado
antes de su vencimiento por igual término”. (Subrayas de la Sala).

A su turno, los Decretos 1697 de 1994, 2622 de 1994, 229 de 1995 y 275 de 2000,
proferidos por el Presidente de la República y el Ministro de Comunicaciones,
reglamentaron las dos modalidades del servicio mencionadas anteriormente en el
sentido de definir todo el régimen jurídico en el cual se desenvolvería la actividad postal
en el país, determinando lo que se debe entender por servicio postal, envíos de

20
La citada norma fue declarada exequible mediante sentencia C-407 de 1994, proferida por la Corte
Constitucional.

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correspondencia, red oficial, entre otras definiciones, así como todo lo relacionado con
el marco de las concesiones y licencias, los cánones y tarifas, las responsabilidades,
los derechos de los usuarios, las sanciones, las garantías de los servicios postales, la
competencia del Ministerio de Comunicaciones, el punto de control y vigilancia, entre
otros, fijando las características del servicio de mensajería especializada de la
siguiente manera (se transcribe la disposición contenida en el Decreto 229 de 1995
que es la norma previa a la expedición de la Ley 1369 de 2009, que cambió el régimen):

“Artículo 6°. Servicios de mensajería especializada. Se entiende por servicio
de mensajería especializada, la clase de servicio postal prestado con
independencia de las redes postales oficiales del correo nacional e internacional,
que exige la aplicación y adopción de características especiales, para la recepción,
recolección y entrega personalizada de envíos de correspondencia y demás
objetos postales, transportados vía superficie y/o aérea, en el ámbito nacional y
en conexión con el exterior.

Parágrafo. Las características especiales que deben cumplir los servicios de
mensajería especializada son:

a. Registro individual de cada envío. Todo envío de mensajería especializada debe
tener un número de identificación individual;

b. Recolección a domicilio. Si el cliente lo solicita, el servicio de mensajería debe
efectuar la recolección en el domicilio del usuario o cliente solicitante;

c. Admisión. El servicio de mensajería debe expedir un recibo de admisión o guía,
por cada envío, en el cual debe constar:

• Número de identificación del envío.
• Fecha y hora de admisión.
• Peso del envío en gramos.
• Valor del servicio.
• Nombre y dirección completa del remitente y destinatario.
• Fecha y hora de entrega;

d. Curso del envío. Todo envío de mensajería debe cursar, con una copia del recibo
de admisión o guía, adherido al envío;

e. Tiempo de entrega. Los envíos de mensajería especializada se caracterizan por
la rapidez en la entrega. El servicio de mensajería debe prestarse en condiciones
normales con unos tiempos de entrega no superiores a:

Veinticuatro (24) horas en servicio urbano.
Cuarenta y ocho (48) horas en servicio nacional a cualquier lugar del país.
Noventa y seis (96) horas en servicio internacional;

f. Prueba de entrega. El cliente usuario del servicio de mensajería especializada,
puede exigir la prueba de entrega del envío, donde consta fecha y hora de entrega
y firma e identificación de quien recibe”.

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El artículo 13 ibidem establecía que la prestación del servicio de mensajería
especializada se daría previa la expedición de licencia, en tanto que la de correo se
daría una vez agotado el trámite de licitación que corresponda:

“Artículo 13. Formas de contratación. La prestación del servicio de correo
nacional e internacional se concederá mediante contrato, previa licitación pública,
por el procedimiento de selección objetiva. La prestación del servicio de mensajería
especializada se concederá directamente mediante licencia”.

Ahora, en el literal b) del artículo 24 del Decreto 229 de 1995 se estableció la siguiente
contraprestación periódica a cargo de los operadores del servicio de mensajería
especializada:

“Artículo 24. Cánones del servicio de mensajería especializada. Todas las
personas naturales o jurídicas que obtengan concesión para la prestación del
servicio postal de mensajería especializada, pagarán al fondo de
Comunicaciones:

a) Por concepto del otorgamiento de la licencia, una suma equivalente a veinte (20)
salarios mínimos legales mensuales;

b) Por concepto de uso de las licencias, el 4% de sus ingresos brutos de
explotación. El cual debe ser pagado en forma trimestral.

Parágrafo 1º. La Administración Postal Nacional, Adpostal, estará sujeta al pago
de los cánones establecidos en el presente artículo, una vez obtenga del Ministerio
de Comunicaciones, previa solicitud, la licencia respectiva para operar también el
servicio de mensajería especializada.

Parágrafo 2º. Los dineros recibidos por el Ministerio de Comunicaciones por
concepto del pago de los cánones por las licencias de los servicios de correos y
mensajería especializada, ingresarán al fondo de Comunicaciones y se podrán
destinar a proyectos de correo social, rural o urbano, y cubrir los gastos de
vigilancia y control de las concesiones y licencias otorgadas, así como a las demás
actividades del Fondo.

Parágrafo 3º. El Ministerio de Comunicaciones dispondrá todo lo necesario para
ejercer la vigilancia y control del servicio de mensajería especializada y podrá
contratar con firmas públicas o privadas de auditoría el control de pagos por uso
de las licencias” (Subrayas y negrillas de la Sala).

9.6.2. Posteriormente el Congreso de la República, mediante la expedición de
la Ley 1369 del 30 de diciembre de 2009, desagregó en tres clases el servicio postal
así: (i) servicio de correo, (ii) servicio postal de pago, (iii) servicio de mensajería
expresa y (iv) otros servicios postales, definiendo en cada uno las actividades que se
encuentran comprendidas en esa noción; veamos:

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“Artículo 3o. Definiciones. Para todos los efectos, se adoptan las siguientes
definiciones:

2. Servicios Postales. Los Servicios Postales consisten en el desarrollo de las
actividades de recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos postales a
través de redes postales, dentro del país o para envío hacia otros países o
recepción desde el exterior. Son servicios postales, entre otros, los servicios de
correo, los servicios postales de pago y los servicios de mensajería expresa

2.1 Servicio de Correo. Servicios Postales prestados por el Operador Postal
Oficial o Concesionario de Correo:

2.1.1 Envíos de Correspondencia. Es el servicio por el cual el Operador Postal
Oficial o Concesionario de Correo recibe, clasifica, transporta y entrega objetos
postales.

2.1.1.1 Envíos prioritarios y no prioritarios de correo de hasta dos (2)
kilogramos.

2.1.1.1.1 Envíos prioritarios de correo. Envíos hasta 2 kg de peso transportados
por la vía más rápida, sin guía y sin seguimiento.

2.1.1.1.2 Envíos no prioritarios de correo. Envíos en los cuales el remitente ha
elegido una tarifa menos elevada, lo que implica un plazo de distribución más largo,
sin guía y sin seguimiento.

2.1.2 Encomienda. Servicio obligatorio para el Operador Postal Oficial o
Concesionario de correo, que consiste en la recepción, clasificación, transporte y
entrega no urgente, de objetos postales, mercancías, paquetes o cualquier artículo
de permitida circulación en el territorio nacional o internacional, con o sin valor
declarado, hasta un peso de 30 kg, conforme a lo establecido por la Unión Postal
Universal.

2.1.3 Servicio de Correo Telegráfico: Admisión de telegramas y su transmisión
mediante el operador habilitado para prestar el servicio de telegrafía, y posterior
entrega a un destinatario de manera física.

2.1.4 Otros Servicios de Correo. Todos aquellos servicios que sean clasificados
como tales por la Unión Postal Universal.

2.2 Servicios Postales de Pago. Conjunto de servicios de pago prestados
mediante el aprovechamiento de la infraestructura postal exclusivamente.

Se consideran servicios postales de pago entre otros:

2.2.1 Giros Nacionales. Servicio mediante el cual se ordenan pagos a personas
naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el territorio nacional, a través de una
red postal. La modalidad de envío podrá ser entre otras, física o electrónica.

2.2.2 Giros Internacionales. Servicio prestado exclusivamente por el Operador
Postal oficial o concesionario de Correo, mediante el cual se envía dinero a
personas naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el exterior. La modalidad de
envío podrá ser, entre otras, física o electrónica.

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Los giros internacionales están sometidos a lo señalado en la Ley 9ª de 1991, sus
modificaciones, adiciones y reglamentos.

2.2.3 Otros. Servicios que la Unión Postal Universal clasifique como tales.

2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente que exige la
aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección,
clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este
peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

El servicio de mensajería expresa debe contar al menos con las siguientes
características:

a) Registro individual. Todo servicio de mensajería expresa debe tener un número
de identificación individual que cumpla las veces de admisión o guía.

b) Recolección a domicilio. A solicitud del cliente.

c) Curso del envío: Todo envío de mensajería expresa debe cursar, con una copia
del recibo de admisión adherido al envío.

d) Tiempo de entrega. El servicio de mensajería expresa se caracteriza por la
rapidez en la entrega.

e) Prueba de entrega: Es la constancia de la fecha, hora de entrega e identificación
de quien recibe.

f) Rastreo. Es la posibilidad de hacer un seguimiento al curso del envío desde la
recepción hasta la entrega.

2.4 Otros Servicios Postales. Servicios que la Unión Postal Universal clasifique
como tales”.

Así mismo, el citado artículo también precisó la clase de operador para cada tipo de
servicio postal así:

“4 Operador de Servicios Postales. Es la persona jurídica, habilitada por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones que ofrece al público en general servicios
postales, a través de una red postal. Los operadores de servicios postales pueden
tener tres categorías:

4.1 Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo. Persona jurídica,
habilitada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
que mediante contrato de concesión, prestará el servicio postal de correo y
mediante habilitación, los servicios de Mensajería expresa y servicios postales de
pago, a nivel nacional e internacional.

El Servicio Postal Universal a que se refiere el artículo 13 de la presente ley, la
Franquicia, el servicio de giros internacionales y el área de reserva señalada en el
artículo 15 de la presente ley, serán prestados por el Operador Postal Oficial de
manera exclusiva en concordancia con lo dispuesto en la presente ley.

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4.2 Operador de Servicios Postales de Pago. Persona jurídica, habilitada por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para prestar
servicios postales de pago, y está sometido a la reglamentación que en materia de
lavado de activos disponga la ley y sus decretos reglamentarios.

4.3 Operador de Mensajería Expresa. Es la persona jurídica, habilitada por el
Ministerio de Comunicaciones para ofrecer al público un servicio postal urgente
con independencia de las redes postales oficiales de correo nacional e
internacional, que exige la aplicación y adopción de características especiales para
la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega” (Subrayas de la Sala).

En lo que hace a la contraprestación periódica, el artículo 14 ibidem la modificó en los
términos que se transcriben enseguida:

“Artículo 14. Contraprestaciones a cargo de los Operadores Postales. Todos los
operadores pagarán la contraprestación periódica estipulada en el artículo 4° de la
presente ley al Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El valor de la contraprestación periódica a cargo de todos los operadores
postales se fijará como un mismo porcentaje sobre sus ingresos brutos por
concepto de la prestación de servicios postales, sin tener en cuenta los
ingresos provenientes de recursos públicos para financiar el Servicio Postal
Universal y las Franquicias. Dicha contraprestación se fijará por períodos de
dos (2) años y no podrá exceder del 3.0% de los ingresos brutos.

Posteriormente al otorgamiento de la habilitación, los operadores deberán pagar
una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes
para ser inscritos en el Registro de Operadores Postales. Cada vez que se
cumplan diez (10) años de inscripción, el Operador pagará la suma determinada
en este literal. Si un Operador Postal desea inscribirse también como Operador de
Servicios Postales de Pago, deberá pagar la suma anteriormente estipulada por el
registro adicional. El Registro empezará a regir a partir de la reglamentación que
expida el Gobierno Nacional sobre las condiciones de habilitación y registro dentro
de los tres meses siguientes a la promulgación de esta ley.

Los operadores que a la entrada en vigencia de esta ley, cuenten con habilitación
para prestar servicios postales, deberán inscribirse en el registro dentro de los tres
meses siguientes a partir de la reglamentación que sea expedida.” (Subrayas y
negrillas de la Sala).

Así es claro, que allí se indicó que la anotada contraprestación sería fijada por un
periodo de dos (2) años y la tarifa no podría exceder el máximo del tres por ciento (3
%) de los ingresos brutos.

Entre tanto, en el artículo 46 ibidem, se determinó el régimen de transición al que
estaban sujetas las empresas de servicio postal que a la fecha de entrada en vigor de
esa ley tuvieran concesiones o licencias vigentes expedidas con base en la Ley 80 de

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1993 y los Decretos 1697 de 1994, 2622 de 1994 o 229 de 1995. El siguiente es el
tenor de la norma anunciada:

“Artículo 46. Transitorio. Las empresas que presten servicios postales a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley, podrán mantener sus concesiones y
licencias hasta por el término de los mismos, bajo la normatividad legal vigente en
el momento de su expedición y con efectos sólo para esas habilitaciones. Cumplido
el término fijado por las concesiones o licencias, se les aplicará el nuevo régimen
previsto en la ley.

En caso que las empresas que presten servicios postales a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley decidan acogerse a los términos de la misma, contarán
con un plazo de seis (6) meses para adecuarse al cumplimiento de los requisitos
en ella contenidos.”

De la lectura de la disposición se desprende que las empresas a que se aludió en el
anterior párrafo tenían dos posibilidades, a saber: la primera, continuar operando hasta
el vencimiento de la concesión y licencia, cumplido el cual deberían ajustarse a la
nueva normativa; o la segunda, acogerse a los términos de la Ley 1369 de 2009 dentro
de los seis (6) meses siguientes a su expedición.

9.6.3. La anotada Ley fue reglamentada a través del Decreto 1739 del 19 de mayo de
2010, en estos términos:

“Artículo 1°.Objeto y Alcance. El presente decreto tiene como objeto fijar el
régimen de contraprestaciones periódicas de los Operadores Postales de que trata
el artículo 14 de la Ley 1369 de 2009 y establecer otras disposiciones sobre la
materia.

El presente decreto aplica a quienes se acojan voluntariamente a la Ley 1369 de
2009 en los términos del artículo 46 de la misma y para aquellos a los que se les
otorgue habilitación para prestar cualquiera de los servicios postales a partir de la
entrada en vigencia de la nueva ley“ (Subrayas de la Sala).

Por su parte, en el artículo 4º ibidem se indicó que fijó monto de la contraprestación
periódica a cargo de los operadores postales, de que trata el artículo 14 de la Ley 1369
de 2009, en dos punto dos porciento (2.2 %); veamos:

“Artículo 4°.Contraprestaciones. Los operadores del servicio postal deberán
cancelar las siguientes contraprestaciones:

a) Una contraprestación por concepto de la habilitación y el registro de los
Operadores Postales, de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
la cual deberá ser pagada previamente a la inscripción en el registro que deben

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surtir los Operadores Postales para poder operar, conforme lo establecido en el
artículo 14 de la Ley.

b) Una contraprestación periódica por concepto de la prestación de servicios
postales, equivalente al dos punto dos por ciento [2,2%] de los ingresos brutos de
los operadores postales para los años 2010 y 2011.

Parágrafo. Los Operadores con licencia de Mensajería Expresa deberán tomar
como base de los ingresos brutos la prestación de servicios de mensajería
expresa, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2.3 del artículo 3° de la Ley 1369
de 2009.”

A su vez, en el artículo 10 ibidem se determinó que, para la aplicación de la aludida
tarifa, era menester que los Operadores Postales se acogieran al nuevo régimen
definido en la Ley 1369 de 2009, so pena de que les siguiera aplicando la tarifa
establecida en el Decreto 229 de 1995. La norma en contexto prevé:

“Artículo 10. Transición. Los Operadores Postales que al momento de la
expedición de la Ley 1369 de 2009 cuenten con títulos habilitantes vigentes y no
se acojan al nuevo régimen de habilitación previsto en la misma en el plazo
indicado en su artículo 46, deberán continuar cancelando las
contraprestaciones periódicas de que trata el Decreto 229 de 1995.” (Subrayas
y negrillas de la Sala).

9.6.4. En ese orden de ideas, es evidente que los Operadores Postales que obtuvieron
habilitación bajo la vigencia del Decreto 229 de 1995 debían, de manera trimestral,
pagar a la entidad demandada el cuatro por ciento (4%) de sus ingresos brutos de
explotación. Sin embargo, con la promulgación de la Ley 1369 de 2009, dichos
operadores tuvieron dos opciones: (i) continuar operando bajo las condiciones de la
concesión y licencia otorgadas hasta su vencimiento, momento en el cual tendrían que
ajustarse a la nueva normativa; o (ii) acogerse a las disposiciones de la Ley 1369 de
2009 en un plazo máximo de seis meses tras su entrada en vigor.

Si optaban por la primera alternativa, debían seguir cancelando la tarifa del cuatro por
ciento (4%) conforme al Decreto 1739 de 2010. Por otro lado, si elegían acogerse a la
segunda alternativa, la tarifa aplicable se reduciría al dos punto dos por ciento (2.2%).

9.6.5. Descendiendo al presente asunto, se advierte que Centaurus Mensajeros, para
la época de emisión de los actos censurados, contaba con tres (3) habilitaciones
vigentes. La primera, para la prestación del servicio postal de mensajería
especializada, conferida a través de la Resolución 00123 del 25 de enero de 2006,

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bajo la vigencia del Decreto 229 de 1995, con una duración de cinco (5) años. La
segunda, otorgada mediante la Resolución 1157 del 2 de febrero de 2011, en el marco
de la Ley 1369 de 2009, para el servicio de mensajería expresa, la cual fue revocada
por la Resolución 2995 del 25 de noviembre de 2011. Finalmente, la tercera
habilitación fue conferida por la Resolución 2316 del 19 de diciembre de 2011, también
para el servicio de mensajería expresa.

Ahora, en lo que respecta al primer acto, es decir, la Resolución 00123 del 25 de enero
de 2006, no se probó que la actora se hubiera acogido al régimen de transición
establecido en el artículo 46 de la Ley 1369 de 2009. En consecuencia, la
contraprestación trimestral que Centaurus debía pagar por la prestación del servicio a
la cartera ministerial demandada continuaba siendo del cuatro por ciento (4%),
conforme al literal b) del artículo 24 del Decreto 229 de 1995, incluso después de la
entrada en vigor de la citada Ley. Por lo tanto, dado que esta habilitación concluyó el
2 de febrero de 2011, hasta esa fecha se debía pagar el porcentaje mencionado.

Por otro lado, en lo que respecta a las licencias otorgadas mediante las Resoluciones
1157 del 2 de febrero de 2011 y 2316 del 19 de diciembre del mismo año, es evidente
que estas fueron emitidas bajo el régimen de la Ley 1369 de 2009. En consecuencia,
el porcentaje a pagar por las contraprestaciones correspondientes debía ajustarse a lo
previsto en el artículo 14 de dicha Ley, reglamentado por el Decreto 1739 del 19 de
mayo de 2010.

Lo anterior es relevante, pues, al revisar los actos cuestionados, se advierte que, en
relación con la licencia otorgada para el servicio de mensajería especializada, emitida
bajo la vigencia del Decreto 229 de 1995, el MINTIC aplicó el porcentaje de la tarifa
establecido en dicha norma. Mientras que, para las licencias del servicio de mensajería
expresa, se tuvieron en cuenta los porcentajes establecidos en la Ley 1369 de 2009 y
en el Decreto 1739 de 2010.

En efecto, en la Resolución 5222 del 26 de diciembre de 2013, por la cual se resolvió
el recurso de reposición interpuesto en contra del acto definitivo, se resolvió acceder
parcialmente a los pedimentos del accionante, para que la deuda reflejara los
porcentajes aplicables a cada una de las licencias:

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“9.2. Ahora bien, frente a la aplicación del Decreto 229 de 1995, la Ley 1369 del
2009 y el Decreto 1739 del 2010, durante el tiempo de vigencia de las licencias
otorgadas bajo cada uno de los regímenes tenemos lo siguiente:

En el Código de Expediente No. 1000506 obra la Licencia para la prestación del
Servicio de mensajería Especializada, hasta el 2 de Febrero del 2011,
otorgada bajo el Decreto 229 del 1995.

En el Código de Expediente No. 69000014 respectivamente, en su momento, se
expidió una la Licencia para la prestación del Servicio de Mensajería Expresa hasta
el 19 de Diciembre del 2021, otorgada bajo la Ley 1369 del 2009. Sin embargo, por
falta de lleno de los requisitos de ley, se terminó mediante Resolución No. 2995
del 25 de Noviembre del 2011.

En consecuencia, bajo este expediente no se generan revisión, verificación
ni determinación de valor de contraprestaciones alguna.

En el Código de Expediente No. 69000074 respectivamente, obra la Licencia para
la prestación del Servicio de Mensajería Expresa hasta el 19 de Diciembre del
2011, otorgada bajo la Ley 1369 del 2009.

La Ley 1369 de 2009, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios
postales y se dictan otras disposiciones en su artículo 46 señala; “Transitorio. Las
empresas que presten servicios postales a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley, podrán mantener sus concesiones y licencias hasta por el término de
los mismos, bajo la normatividad legal vigente en el momento de su expedición y
con efectos sólo para esas habilitaciones. Cumplido el término fijado por las
concesiones o licencias, se les aplicará el nuevo régimen previsto en la ley”.

Por lo anterior, no es de recibo el argumento del recurrente ya que no existe
“yerro" en la aplicación del Decreto 229 de 1995, si bien es cierto que hubo
derogatoria expresa del Decreto 229 de 1995, en virtud de la transitoriedad
de la norma, este se aplicara en tanto y cuanto existan licencias concedidas
bajo ese régimen.

Así las cosas tenemos que, para los cuatro (4) trimestres del 2009 y del 2010, y la
fracción del primer trimestre del 2011 (1° de enero hasta el 2 de Febrero) se aplica
la tarifa del 4%; para la fracción del primer trimestre del 2011 (3 de febrero hasta
el 30 de Marzo), para el tercer trimestre, cuarto trimestre y la fracción del cuarto
trimestre del 2011 (1 de Octubre hasta el 19 de Diciembre) se le aplica la tarifa del
nuevo régimen de conformidad con el Articulo 46 de la Ley 1369 del 2009 y; para
la fracción del cuarto trimestre del 2011 (20 de Diciembre hasta el 31 de Diciembre)
se le aplica la tarifa del nuevo régimen de conformidad con la Resolución No. 3216
del 19 de Diciembre del 2011, como sigue:

De conformidad con lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR en el sentido que el primero artículo quedará
así:

PRIMERO: Declárese deudor a la sociedad CENTAURUS MENSAJEROS S.A.,
identificada con el Nit. N° 860.533.311-3, a favor del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones – Fondo de Tecnologías de la Información y

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las Comunicaciones por la suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.357.541.000.oo M/CTE) de acuerdo con la parte motiva de la presente
resolución, más los intereses de mora que se generen a la fecha de pago.”

Distribuidos así:

Expediente 10000506 Mensajería Especializada:

Expediente 69000074 – Servicio Postal de Mensajería expresa:

21
(Subrayas, negrillas y resaltado en rojo de la Sala).

21
Visible a folios 66 a 68 del Cuaderno del Tribunal.

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En otras palabras, es claro que para la licencia otorgada mediante la Resolución 00123
del 25 de enero de 2006, se aplicó la tarifa del cuatro por ciento (4%) conforme al
Decreto 229 de 1995, ya que no se probó que la actora se hubiera acogido al régimen
de transición establecido en la Ley 1369 de 2009. Mientras que para las licencias
otorgadas mediante la Resolución 1157 del 2 de febrero de 2011 y la Resolución 2316
del 19 de diciembre de 2011, se aplicaron las tarifas establecidas en la Ley 1369 de
2009 y el Decreto 1739 de 2010, correspondientes a dos puntos dos por ciento (2.2
%).

Por ende, en criterio de la Sala, asiste razón a la recurrente al sostener que liquidó las
contraprestaciones a cargo de la actora con base en las normas vigentes para cada
una de sus licencias. En consecuencia, es claro que las decisiones censuradas no
presentan el vicio de nulidad que les atribuyó el Tribunal, que no valoró en su decisión
los aludidos regímenes de transición, respecto de la licencia de mensajería expresa
otorgada en vigencia del Decreto 229 de 1995.

Por lo tanto, dado que el citado punto fue el único que prosperó en el fallo recurrido,
se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán las
pretensiones de la demanda.

9.7. Sobre los cargos añadidos en el recurso de alzada por la demandante

De otro lado, se advierte que, en el escrito de alegaciones de conclusión en esta
instancia, la demandante añadió nuevos reparos en contra de la decisión recurrida que
no formuló en el escrito de alzada. En tal contexto, de manera previa a absolver dichos
cargos, la Sala debe resolver si es procedente que en el memorial en el que se
descorre el traslado para alegar en conclusión en segunda instancia, se incluyan
nuevos reparos que no fueron formulados en el respectivo escrito de apelación.

De entrada, la Sala advierte que se encuentra imposibilitada para analizar los anotados
reproches concernientes a: (i) la vulneración del derecho al debido proceso, dado que
en la Resolución No. 5222 de 2013 no se concedió el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión definitiva; (ii) la modificación del valor de la deuda en dicho acto
administrativo sin el consentimiento del demandante ni motivación alguna; y (iii) la

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omisión de solicitar la autorización de esa sociedad para la emisión de la Resolución
No. 161 de 2014, como lo exige el artículo 97 del CPACA, dado que estos argumentos
no fueron planteados oportunamente en la alzada.

En efecto, téngase en cuenta que, de conformidad con el artículo 320 del CGP,
aplicable por la remisión dispuesta en el artículo 306 del CPACA, la apelación tiene
por objeto que el superior examine la cuestión decidida, pero únicamente en relación
con los reparos concretos formulados por el recurrente; veamos:

“Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que
el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 71.” (Subrayas de la Sala)

De este modo, es importante señalar que el traslado para alegar conclusiones en
primera instancia no está diseñado para subsanar deficiencias que surgieron durante
la interposición del recurso de apelación. Aceptar el análisis de los cargos
mencionados en esta etapa comprometería el derecho al debido proceso y la
seguridad jurídica de la parte demandada, quien podría verse sorprendida por
aspectos que no fueron abordados en el recurso de alzada.

Por ende, los mismos no serán abordados.

9.8. De la condena en costas en primera y segunda instancia

Al respecto, es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado ha señalado que
el criterio objetivo valorativo de la condena en costas implica : i) objetivo porque no
resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada,
sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto y ii)
valorativo porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se
causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios
del proceso y con la actividad que el abogado efectivamente realizada dentro del
proceso .

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En ese orden, vistos los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, en especial su
numeral 8, y a lo expuesto sobre el punto por esta Corporación, la Sala considera que
hay lugar a imponer condena en costas por concepto de agencias en derecho, en la
medida en que, si bien se revocará la sentencia apelada, a este respecto se
comprueba que la accionada compareció a este proceso en las dos (2) instancias, por
conducto de apoderado debidamente constituido; por lo tanto, se dará aplicación al
Acuerdo nro. 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, y se
impondrá a su favor y a cargo de Centaurus Mensajero S.A., la suma equivalente a un
(1) salario mínimo legal mensual vigente.

Ahora, en lo que hace a los gastos y expensas, no se procederá a condenar por ese
concepto, toda vez que no se acreditó probatoriamente su causación.

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada por las razones previstas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones previstas en la
parte considerativa de este proveído.

TERCERO: CONDENAR a Centaurus Mensajero S.A. a pagar por concepto de
agencias en derecho en primera y segunda instancia, en favor de la entidad
demandada, la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 26
de septiembre de 2024.

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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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