Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-005-2014-00076-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-31-005-2014-00076-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-005-2014-00076-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-31-005-2014-00076-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 08001233100520140007601
Demandantes: Central de Inversiones S.A. -CISA S.A.- y Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región
Caribe S.A. -EDUBAR S.A.-
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Expropiación por vía administrativa. Presunción de legalidad del
avalúo oficial. Idoneidad y requisitos del peritaje aportado con la
demanda. Lucro cesante y daño emergente en casos de
expropiación.
Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia. Se niegan las
pretensiones de la parte accionante. Sin condena en costas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la entidad
demandada contra la sentencia del 15 de marzo de 2016 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó el
restablecimiento del derecho.
I.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El 7 de febrero de 20141, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), la Sociedad Central de Inversiones S.A.
-CISA S.A.-, a través de apoderado judicial demandó a la Empresa de Desarrollo Urbano
de Barranquilla y la Región Caribe S.A. -EDUBAR S.A.-, con el objeto de que se accediera
a las siguientes pretensiones:
1. Principales
1.1 Se declare la NULIDAD de la Resolución Número EDU-13-0111 del 7 de
Junio de 2013 "Por la cual se ordena una expropiación Parcial por Vía Administrativa del
predio de propiedad de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA S.A. RTCCAP-030", y
de la Resolución Número EDU-13-0159 del 18 de Julio de 2013 "Por medio de la cual
se resuelve el recurso de reposición interpuesto por CENTRAL DE INVERSIONES
S.A.S.- CISA S.A- contra la Resolución No. EDU-13-0111 de fecha de 7 de Junio de
2013"; ambas proferidas por EDUBAR S.А.
1 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL.3.
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Radicado: 08001233100520140007601
Demandante: CISA S.A. y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Demandados: EDUBAR S.A.
1.2 Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
se DECLARE que, para todos los efectos, la CENTRAL DE INVERSIONES S.A. – CISA
es la titular del derecho real de dominio sobre la totalidad del inmueble ubicado en la
Calle 30 con Avenida Hamburgo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-329656 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla.
1.3 Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, se ORDENE al señor Registrador de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Barranquilla, CANCELAR la inscripción y anotaciones en el
folio de matrícula inmobiliaria No. 040-329656 de la Resolución Número EDU-13-0111
del 7 de Junio de 2013 "Por la cual se ordena una expropiación Parcial por Vía
Administrativa del predio de propiedad de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA S.A.
RTCCAP-030", y de la Resolución Número EDU-13-0159 del 18 de Julio de 2013 "Por
medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por CENTRAL DE
INVERSIONES S.A.S.-CISA S.A- contra la Resolución No. EDU-13-0111 de fecha de 7
de Junio de 2013".
1.4 Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, se ORDENE a EDUBAR S.A. la restitución y entrega
material a CENTRAL DE INVERSIONES S.A. del bien expropiado mediante la
Resolución Número EDU-13-0111 del 7 de Junio de 2013 y la Resolución Número EDU-
13-0159 del 18 de Julio de 2013.
1.5 CONDENAR en abstracto a EDUBAR S.A. a pagar a favor de CENTRAL DE
INVERSIONES S.A. - CISA, los perjuicios generados con ocasión de la expropiación y
durante el tiempo de su vigencia, así como los costos en que debe incurrir a fin de
restituir el inmueble a su estado inicial, los cuales serán liquidados siguiendo el trámite
dispuesto en el artículo 193 de la Ley 1437 de 2011.
1.6 Se CONDENE en COSTAS a la parte demandada.
1.7 Se ORDENE a la parte demandada al cumplimiento de la sentencia, en los
términos de los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
2. Subsidiarias
En caso de desestimar las pretensiones principales, solicito de manera subsidiaria
siguiente:
2.1 Se DECLARE la nulidad del artículo segundo de la Resolución Número EDU-13-0111
del 7 de Junio de 2013 "Por la cual se ordena una expropiación Parcial por Vía
Administrativa del predio de propiedad de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA S.A.
RTCCAP-030", у de la totalidad de la Resolución Número EDU-13-0159 del 18 de Julio
de 2013 "Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por
CENTRAL DE INVERSIONES S.A.S.-CISA S.A- contra la Resolución No. EDU-13-0111
de fecha de 7 de Junio de 2013".
2.2 Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se
CONDENE a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A., a pagar en favor de CENTRAL DE
INVERSIONES S.A. - CISA las siguientes sumas de dinero por los siguientes conceptos:
A. La suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS ($984.209.902) o la que se demuestre en el
proceso, por concepto del valor comercial de la parte del inmueble ubicado en la Calle
30 con Avenida Hamburgo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-329656 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Barranquilla, objeto de expropiación parcial por vía
administrativa a través de los actos demandados.
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Demandante: CISA S.A. y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Demandados: EDUBAR S.A.
B. La suma de MIL CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS
($1.041.517.461,81) o la que se demuestre en el proceso, por concepto de daño
emergente producto de la expropiación parcial por vía administrativa realizada a través
de los actos demandados, sobre el inmueble ubicado en la Calle 30 con Avenida
Hamburgo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, identificado con
folio de matrícula inmobiliaria No. 040-329656 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Barranquilla.
C. Las suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
($43 ′052.247,65) o la que se demuestre en el proceso, a título de lucro cesante causado
como consecuencia de la expropiación parcial por vía administrativa, realizada a través
de los actos demandados, sobre el inmueble ubicado en la Calle 30 con Avenida
Hamburgo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, identificado con
folio de matrícula inmobiliaria No. 040-329656 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Barranquilla.
2.3 Se actualicen las condenas de conformidad con lo señalado en el artículo 187 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2.4 Se CONDENE en COSTAS a la parte demandada.
2.5 Se ORDENE a la parte demandada al cumplimiento de la sentencia, en los términos
de los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Las anteriores pretensiones se sustentaron en los siguientes fundamentos fácticos y de
derecho.
1.1.2. Fundamentos de hecho
La parte actora manifestó que, en virtud de la Resolución núm. 4567 del 17 de noviembre
de 2011, inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria núm. 040-329656 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Barranquilla el 28 de noviembre de 2011, adquirió, a título de
cesión gratuita, el inmueble ubicado en la calle 30 con avenida Hamburgo de dicha ciudad,
con un área de 975.976,38 metros cuadrados, en el cual funciona la Zona Franca de
Barranquilla S.A. U.O.Z.F., bien que anteriormente pertenecía al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Sostuvo que, mediante el Acuerdo núm. 005 del 5 de junio de 2008, el Concejo Distrital de
Barranquilla otorgó al alcalde mayor la facultad de declarar las condiciones de urgencia con
el fin de adelantar procesos de expropiación por vía administrativa para la ejecución de
distintas obras de infraestructura. Dichas obras se encontraban contempladas en el Acuerdo
núm. 009 del 24 de junio de 2008, por medio del cual se adoptó el Plan de Desarrollo Social,
Económico y de Obras Públicas denominado «Oportunidades para todos».
El demandante sostuvo que, mediante el Decreto núm. 854 del 25 de agosto de 2011, el
alcalde de Barranquilla declaró la existencia de condiciones de urgencia y otorgó facultades
a la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe ( en adelante
EDUBAR S.A.) para adelantar el trámite de expropiación por vía administrativa de los
predios requeridos para la ejecución del proyecto denominado «Corredor de Carga y
Acceso Portuario del Distrito de Barranquilla y el saneamiento básico del caño de la
Ahuyama, entre el puente Alberto Pumarejo y la carrera 38 (avenida Los Estudiantes)».
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Demandante: CISA S.A. y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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EDUBAR S.A. profirió la Resolución núm. EDU-12-0244 del 4 de diciembre de 2012, «por
la cual se determina la adquisición de un inmueble por el procedimiento de expropiación
administrativa y se formula una oferta de compra a Central de Inversiones S.A. –CISA–».
En dicha actuación se presentó una oferta por valor de cuatrocientos sesenta y un millones
sesenta y tres mil ochocientos sesenta y tres pesos ($461.063.863 COP), a título de
indemnización por la porción del predio objeto de expropiación, esto es un área de 1.280,80
metros cuadrados, suma que se sustentó en el avalúo practicado por la Lonja de Propiedad
Raíz de Barranquilla el 20 de noviembre de 2012.
La sociedad demandante indicó que el avalúo oficial, que sirvió de soporte a la oferta
presentada por EDUBAR S.A., adolece de múltiples falencias. En su criterio, «fue realizado
sin tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes del Decreto 1420 de 1998,
así como en la Resolución núm. 620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, normas que establecen los procedimientos para la elaboración de los avalúos en
el marco de la Ley 388 de 1997».
De otra parte, la accionante sostuvo que encargó a la Lonja Sociedad Colombiana de
Avaluadores –seccional Costa Atlántica– la elaboración de un avalúo del inmueble objeto
de expropiación, el cual estimó el valor del bien en mil cuatrocientos cuarenta y cuatro
millones ciento veintiún mil ciento cinco pesos ($1.444.121.105 COP). Adicionalmente,
señaló que solicitó a una firma especializada la cuantificación del daño emergente y del
lucro cesante derivados de la declaratoria de expropiación, los cuales arrojaron un monto
superior a mil millones de pesos por concepto de tales perjuicios.
Pese a lo anterior, EDUBAR S.A. profirió la Resolución núm. EDU-13-0111 del 7 de junio
de 2013, «por la cual se ordena una expropiación parcial por vía administrativa del predio
de propiedad de Central de Inversiones S.A. –CISA S.A.– RT-CCAP-030». En el artículo
segundo de dicho acto administrativo se reconoció una indemnización por valor de
cuatrocientos sesenta y un millones sesenta y tres mil ochocientos sesenta y tres pesos
($461.063.863 COP), esto es, el mismo monto fijado en la Resolución de Oferta de Compra
núm. EDU-12-0244 del 4 de diciembre de 2012.
Contra la citada resolución, CISA S.A. interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto
mediante la Resolución núm. EDU-13-0159 del 18 de julio de 2013, que confirmó en su
integridad el acto administrativo impugnado.
1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación
En la demanda se invocó como vulnerado el artículo 58 de la Constitución Política; el
artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; el
artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica) de 1969; el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; los artículos 61, 62, 63, 64,
65 y 67 de la Ley 388 de 1997; así como los artículos 2, 3, 20, 21 y 24 del Decreto 1420
de 1998 y los artículos 1 y 10 de la Resolución núm. 620 de 2008 expedida por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
La parte actora señaló que EDUBAR S.A. adelantó el proceso de expropiación
administrativa cuatro años después de haberse declarado la urgencia para realizar las
obras de las que trataba el Decreto 854 de 2011, lo que, a su juicio, es una clara muestra
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de que no existía tal urgencia. En ese sentido, entendió que, al no cumplirse el
presupuesto de urgencia, no era viable adelantar una expropiación administrativa sino
únicamente judicial. Al respecto señaló:
Por lo hasta aquí expuesto, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A., con la expedición de los actos
administrativos demandados, infringió el artículo 58 de la Constitución Política, la Ley
388 de 1997 y demás disposiciones internas e internacionales relativas a la utilización
excepcional de la expropiación por vía administrativa; esta misma situación, genera
además la falta de competencia de EDUBAR S.A. para adelantar el proceso
expropiatorio por dicha vía, toda vez que al no existir el supuesto de urgencia, no se
encontraba habilitada para desplegar la actuación y debía acudir ante un Juez,
circunstancia que omitió de manera arbitraría y directa. En consecuencia, debe
declararse la nulidad de los actos demandados.
Por otro lado, la accionante presentó varios reparos en contra del avalúo oficial realizado
por la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla, el cual sirvió de sustento para las
resoluciones mediante las cuales se expropió parte del inmueble con folio de matrícula
inmobiliaria núm. 040-329656. En su criterio, el valor comercial que se desprendió de
dicho avalúo, además de ser errado, no puede constituir el único elemento indemnizable,
por cuanto la reparación por la expropiación debe ser plena, integral y justa, debiendo
incluir otros ítems como el lucro cesante y el daño emergente.
En lo concerniente al método de valoración, advirtió que el avalúo oficial no se ajustó a
lo dispuesto en el Decreto 1420 de 1998 ni en la Resolución 620 de 2008, en la medida
en que no se precisaron de manera expresa las ofertas o transacciones recientes
consideradas ni los inmuebles utilizados como referentes de comparación. A juicio de la
demandante, el avalúo incurrió, además, en un error al tomar como base ofertas cuya
antigüedad superaba un año, limitándose a su actualización mediante indexación a la
fecha del avalúo.
De igual forma, señaló que, en oficio del 28 de mayo de 2013, la Lonja de Propiedad Raíz
de Barranquilla se circunscribió a indicar que el valor de las construcciones fue determinado
mediante el método de reposición, acompañando un anexo que contiene la relación de
valores, sin ofrecer una explicación detallada de su cálculo, como resulta exigible en el
marco de un proceso de expropiación.
Por otro lado, el demandante sostuvo que los actos administrativos demandados adolecen
de falsa motivación, pues las condiciones de urgencia que se alegaron para su expedición
realmente no existían, toda vez que EDUBAR S.A. se tomó más de cuatro (4) años para
adelantar el proceso de expropiación desde que se expidió el Decreto 854 de 2011. Este
mismo reparo lo reiteró al considerar que los actos administrativos también adolecen de
falsa motivación por declarar una indemnización contraria a la realidad.
1.1.5. Contestación de la demanda
La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. -EDUBAR
S.A.- 2, se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que, los actos
administrativos demandados fueron expedidos acorde a la Ley 388 de 1997, el Acuerdo
005 del 5 de junio del 2008 y el Decreto 0854 del 25 de agosto del 2001.
2 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL.250.
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En su contestación sostuvo que la expropiación de parte del inmueble con Folio de
Matrícula Inmobiliaria núm. 040-329656 era necesario para ejecutar el proyecto
denominado «corredor de carga y acceso portuario del Distrito de Barranquilla, y el
saneamiento básico del caño de la ahuyama, entre el puente Pumarejo y la carrera 38.».
En ese sentido indicó:
Es indiscutible que la demandada, para ejecutar la obra pública en mención, aplicó la
expropiación parcial sobre el área total del inmueble, que es de 975.977.36 M2.
Solamente REQUIRIÓ de 1.280.80 M2 у el precio indemnizatorio se fijó, no de manera
caprichosa, sino con base en el avalúo comercial, de fecha 20 de noviembre del 2012,
hecho por la CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BARRANQUILLA,
para lo cual se tuvieron en cuenta aspectos tales como el área del lote usado para la
obra, pavimento, muralla en sacos de arena, anden, cuarto de basura, muros de
cerramiento y cultivos.
Respecto de las supuestas falencias del avalúo, observó que no son ciertas, toda vez
que el evaluador sí fundamentó su peritaje. Sostuvo que, en cambio, el avalúo presentado
por la parte demandante está incompleto y carece de respaldo probatorio; los mismos
defectos se presentan frente a los peritajes que se anexaron a la demanda para respaldar
el lucro cesante y el daño emergente. En ese sentido:
Contrario sensu, el dictamen aportado por la demandante, con el cual se pretende
controvertir el avalúo usado por EDUBAR S.A. y hacerle creer al juez que el pago
indemnizatorio hecho a CISA S.A. está incompleto, no tiene ningún respaldo
probatorio; y de la misma manera ocurre con el dictamen del avalúo del lucro cesante
y daño emergente elaborado por la firma ARAUJO Y SEGOVIA, pues, lo consignado
en él no tiene ningún respaldo suasorio que permita acreditar la existencia de un daño
emergente o un lucro cesante. Simple y llanamente se indican unos valores por vía
de daño emergente, pero no se prueba absolutamente nada; igual acontece con el
lucro cesante cuando se habla de un contrato de arriendo, pero la demandante no
prueba que la parte del inmueble, que fue objeto de expropiación, sea el mismo que
se incorpora al dictamen de la firma de ARAUJO Y SEGOVIA.
Ahora bien, en lo que respecta a la declaratoria de urgencia, señaló que esta se
fundamentó en el Decreto núm. 0465 del 25 de julio de 2008, y que no resulta acertado
afirmar la existencia de inactividad por parte del Distrito de Barranquilla en relación con
dicha declaratoria, toda vez que, atendida la magnitud del proyecto de obra pública, el
lapso transcurrido, inferior a dos años, no desvirtúa la relevancia de la obra ni su finalidad
de interés general.
II. LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 15 de marzo de 20163,
profirió fallo de primera instancia, en el cual se resolvió lo siguiente:
1.- DECLARASE la nulidad del Art. 2 de la Resolución No. EDU-13-0111 DEL 7 DE
JUNIO DE 2012 "por la cual se ordena una Expropiación Parcial por Vía Administrativa
del predio de propiedad de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA S.A. RT-CCАР-
030.", así como de la Resolución N. Edu-13-0159 del 18 de julio de 2013, "Рor medio de
3 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL.250.
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la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por CENTRAL DE
INVERSIONES S.A.S.- CISA S.A.", pero solo respecto de la confirmación del valor del
precio indemnizatorio.
2.- ORDENASE a la Empresa de Desarrollo Urbano de la Región Caribe S.A. - EDUBAR
S.A., a pagar en favor de Central de Inversiones S.A., CISA, debidamente indexada, la
suma de $ 983.057.242.00, por concepto del valor comercial de la parte del inmueble
ubicado en la Calle 30 con Avenida Hamburgo del Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-329656 de la
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Barranquilla, objeto de expropiación
parcial por vía administrativa a través de los actos demandados. Lo anterior, conforme
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
3.- DENIENGANSE las demás pretensiones principales y subsidiarias formuladas por la
demandante Central de Inversiones S.A., CISA, conforme lo expuesto en precedencia.
4.-Sin costas.
5.- NOTIFÍQUESE esta sentencia, en los términos del artículo 203 de la Ley 1437 de
2011.
De manera previa a abordar el fondo de la controversia, el tribunal efectuó una reseña del
procedimiento de expropiación por vía administrativa, enfatizando lo señalado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-1074 de 2002 y C-476 de 2007, en particular respecto
de las etapas de oferta de compra, negociación directa y el proceso expropiatorio en
propiamente dicho. Luego abordó el caso concreto, para el cual planteó el siguiente
problema jurídico:
[E]l asunto se contrae a analizar la legalidad de la Resolución EDU-13-0111 de 7 de
junio de 2013, [….], así como de la Resolución No. EDI-13-0159 del 18 de julio de 2013,
ambas proferidas por el Gerente General de EDUBAR S.A. En dicho estudio, deberá
determinarse si al realizarse el avalúo para determinar la indemnización con ocasión de
la expropiación por vía administrativa del bien inmueble ubicado en la Calle 30 con
avenida Hamburgo de Barranquilla, se transgredieron las normas invocadas por el
demandante. De igual forma, en caso de no prosperar las pretensiones principales,
deberá determinarse la prosperidad de las subsidiarias, en los términos descritos en la
demanda.
En una primera aproximación, el a quo analizó el reproche relacionado con la presunta
inexistencia de condiciones de urgencia que justificaran la utilización del mecanismo de
expropiación por vía administrativa. Sobre el particular, indicó que el artículo 63 de la Ley
388 de 1997 establece que dichas condiciones se configuran cuando se verifica alguno de
los supuestos previstos en el artículo 58 de la misma normativa.
Al examinar el caso concreto, concluyó que las obras consistentes en la construcción,
rehabilitación y mantenimiento del Corredor de Carga y Acceso Portuario del Distrito de
Barranquilla, así como el saneamiento básico del caño de la Ahuyama, entre el puente
Alberto Pumarejo y la carrera 38, revestían especial trascendencia en el proceso de
mejoramiento de la infraestructura vial y la movilidad del distrito. En consecuencia,
estableció que se encontraban acreditados los presupuestos establecidos en la Ley 388 de
1997 para adelantar la expropiación por vía administrativa, en particular los previstos en el
literal e) del artículo 58.
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Demandados: EDUBAR S.A.
Luego, el tribunal examinó los reparos formulados en relación con la indemnización
reconocida en los actos administrativos demandados. En ese contexto, determinó que el
avalúo elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla no se ajustaba a lo
dispuesto en el Decreto 1420 de 1998 ni en la Resolución 620 de 2008.
Lo anterior, por cuanto no se individualizaron de manera clara y precisa las ofertas o
transacciones recientes que sirvieron de fundamento para la determinación del valor
comercial del inmueble parcialmente expropiado, ni se identificaron los bienes utilizados
como parámetros de comparación, ni se explicó la similitud de sus características.
Adicionalmente, el a quo estimó contrario a derecho haber tomado como referencia
transacciones antiguas y limitarse a su indexación, cuando lo procedente era acudir a
operaciones recientes del mercado inmobiliario vigentes al momento de la elaboración del
avalúo.
Asimismo, el tribunal puso de presente que el perito autor del avalúo oficial reconoció que
los inmuebles utilizados como muestra para el estudio de mercado se encontraban ubicados
fuera de la zona franca, a diferencia del predio objeto de expropiación, que se encontraba
dentro de dicha área, circunstancia que afectaba la idoneidad de la comparación realizada.
En ese sentido concluyó:
Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que en el avalúo realizado por la Lonja de
Propiedad Raíz de Barranquilla: i) No se indicó de manera explícita y concreta cuáles
fueron las ofertas o transacciones recientes que sirvieron de base para la determinar el
valor comercial del bien parcialmente expropiado; ii) Equiparó equivocadamente el valor
de un inmueble ubicado en una zona especial, bajo el régimen propio de una zona
franca, a un inmueble ordinario, que no se encuentra bajo el régimen franco y, iii) Para
fijar el valor del bien expropiado bajo el método de comparación o de mercado, no se
tomaron transacciones recientes sino precios de mercado de años anteriores e
indexarlos al año en que se rinde el avalúo.
En tal contexto, determinó que el avalúo oficial no cumplió con la normativa aplicable y
procedió a estudiar si el avalúo aportado por la parte demandante si cumplió con la
normativa para ser tenido en cuenta para establecer el valor comercial del bien que fue
objeto de expropiación. Respecto de la idoneidad del avalúo aportado en la demanda
señaló:
Conforme lo anterior considera la Sala que el avalúo realizado por la Lonja Sociedad
Colombiana de Evaluadores Seccional Costa Atlántica, aportado por la sociedad
demandante, y que no fuere objetado por la parte demandante en su contestación,
conforme las previsiones contenidas en el Art. 220 de la Ley 1437 de 2011, debe
reconocérsele valor probatorio, pues en él se explican detalladamente todos y cada uno
de los elementos que se tuvieron en cuenta para concluir sobre el valor del bien que
fuere objeto de expropiación, el cual se tasó en la suma de $ 1.444.121.105.00.
Con fundamento en lo anterior, el tribunal estimó procedente el restablecimiento del derecho
a favor de la parte demandante, consistente en reconocer la diferencia existente entre el
avalúo oficial y el aportado con la demanda, la cual asciende a novecientos ochenta y tres
millones cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y dos pesos ($983.057.542).
En cuanto a las pretensiones relacionadas con el lucro cesante y el daño emergente, el
tribunal las negó. Sobre el primero, consideró que no se allegaron pruebas idóneas que
acreditaran la existencia de un contrato de arrendamiento del inmueble con un tercero, pues,
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si bien se aportó un dictamen pericial, en sus anexos no obra soporte alguno de dicha
relación contractual; adicionalmente, advirtió que el negocio invocado como fundamento de
la reclamación figuraba como arrendadora la Zona Franca de Barranquilla y no la sociedad
demandante.
En relación con el daño emergente, se abstuvo de reconocerlo al estimar que su
otorgamiento implicaría imponer a la administración una doble carga patrimonial por una
misma situación fáctica, lo que se traduciría en una indebida afectación del erario.
Asimismo, en lo atinente a las supuestas vías internas del predio, señaló que no se acreditó
ni su existencia ni su valor.
Finalmente, el tribunal concluyó que no había lugar a la imposición de costas.
III.- DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
3.1. Recurso de apelación interpuesto por la Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y la Región Caribe S.A. -EDUBAR S.A.-
La parte accionada en su recurso de apelación4 centró su inconformidad en cuestionar el
avalúo aportado por la demandante, al considerar que presentaba diversas deficiencias
y, por ende, no debía ser tenido en cuenta para determinar el valor comercial del inmueble
objeto de expropiación.
En ese contexto, no controvirtió las conclusiones a las que arribó el tribunal en relación
con el avalúo oficial, esto es, que para su elaboración se utilizaron como referencias
inmuebles ubicados fuera de zonas francas; que no se precisó la fuente de la información
empleada; y que no se acudió a transacciones correspondientes al periodo en que se
practicó el avalúo, sino a valores de vigencias anteriores. No obstante, sostuvo que el
avalúo aportado por la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad del
avalúo oficial.
El apelante insistió en que el avalúo allegado con la demanda no satisfacía los requisitos
legales para ser valorado como prueba idónea del precio comercial del bien, en tanto
carecía de la constancia expresa de las comparaciones efectuadas para determinar el
valor de mercado, así como de la exposición detallada de las simulaciones, cálculos y
operaciones realizados para establecer el costo de reposición depreciado y, a partir de
este, el valor por metro cuadrado que sustentara la estimación final.
De igual forma, sostuvo que el referido avalúo no identificaba las operaciones o
transacciones inmobiliarias recientes realizadas en zonas francas, distintas a la de
Barranquilla, que sirvieran de soporte a la valoración, lo que, a su juicio, comportaba una
infracción de los artículos 1, 2 y 20 de la Resolución 620 de 2008, circunstancia que
habría sido indebidamente omitida por el a quo.
Añadió que el estudio de mercado que sustentaba el dictamen pericial no fue aportado
con la demanda, sino allegado con posterioridad, y que, en todo caso, dicho documento
no cumplía con las exigencias reglamentarias, por cuanto no acreditaba, con casos
4 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL.426.
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concretos y verificables, las operaciones inmobiliarias invocadas, ni se encontraba
suscrito por experto alguno o fechado de manera cierta.
Asimismo, señaló que el juzgador desconoció lo previsto en el artículo 10 de la
Resolución 620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que exige,
para los avalúos realizados mediante el método comparativo de mercado, la indicación
expresa de las fuentes de información, la fecha de publicación y los elementos necesarios
para su posterior verificación.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que la providencia apelada incurrió en un
defecto fáctico al otorgar valor probatorio al avalúo presentado por la demandante,
elaborado por la Sociedad Colombiana de Avaluadores –seccional Costa Atlántica–.
Sostuvo que, el avalúo oficial no fue desvirtuado en su presunción de legalidad, por lo
que no había lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.
3.2. Recurso de apelación de interpuesto por la Empresa Central de Inversiones
S.A. -CISA S.A.- 5
La empresa accionante en su recurso de apelación solicitó lo siguiente:
1. REVOCAR el numeral tercero (3°) de la sentencia del pasado 15 de marzo de 2016,
proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral
“A”, dentro del proceso de la referencia.
2. Como consecuencia de lo anterior, se sirva ACCEDER las demás pretensiones
subsidiarias que fueron formuladas en la demanda.
Las anteriores pretensiones se sustentaron en los argumentos que se sintetizan a
continuación.
En primer término, la parte actora sostuvo que existe una obligación de rango
constitucional de reconocer una indemnización integral como consecuencia de la
expropiación administrativa. En tal sentido, precisó que los artículos 61 y siguientes de la
Ley 388 de 1997 imponen al Estado el deber de garantizar una reparación plena, la cual
no se agota en el valor comercial del inmueble, sino que comprende igualmente los
perjuicios debidamente acreditados, cualquiera sea su naturaleza, tales como el daño
emergente y el lucro cesante. En consecuencia, afirmó que la indemnización no podía
limitarse al valor del bien expropiado, sino que debía incluir dichos conceptos.
En esa línea, reprochó la sentencia de primera instancia por no haber reconocido a su
favor los gastos y erogaciones patrimoniales derivados de la expropiación por vía
administrativa, esto es, por no haber admitido, a título de daño emergente, un valor
adicional al correspondiente al avalúo del inmueble. Señaló que en el proceso quedó
acreditado que CISA S.A., con ocasión de la expropiación parcial del predio, debió asumir
diversas erogaciones para restablecer la operatividad de sus actividades, tales como la
construcción de vías internas, la demolición de andenes, la instalación de un sistema de
alcantarillado, la demolición de cuartos de almacenamiento y la reubicación de equipos.
Agregó que el valor de tales erogaciones se encontraba consignado en el avalúo
elaborado por la firma Araujo y Segovia S.A.
5 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL.433.
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Asimismo, objetó que el tribunal hubiera concluido que el reconocimiento de perjuicios
por daño emergente, adicionales al valor del inmueble, implicaría una doble
indemnización por una misma situación fáctica, por cuanto, a su juicio, el valor comercial
del bien expropiado y los costos necesarios para su readecuación corresponden a
conceptos autónomos y, por ende, susceptibles de indemnizarse de manera
independiente. Sostuvo, además, que la negativa de dichos emolumentos comportaba
una ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas.
De otra parte, señaló que debía reconocérsele el lucro cesante consistente en seis (6)
meses de cánones de arrendamiento dejados de percibir como consecuencia de la
expropiación. A su juicio, el tribunal incurrió en error al negar dicha pretensión por la
ausencia del contrato de arrendamiento junto con la demanda, pues, conforme al
ordenamiento jurídico colombiano, no existe tarifa legal probatoria, de modo que la
existencia de dicha relación podía acreditarse mediante otros medios de prueba, los
cuales, en su criterio, permitían tener por demostrado el perjuicio reclamado. En ese
sentido, manifestó:
A través del avalúo rendido por la firma ARAUJO Y SEGOVIA S.A., del 2 de enero de
2014, en el cual se conceptuó sobre los perjuicios materiales causados a mi
representada con ocasión de la medida expropiatoria, el experto avaluador acreditó
la existencia de un contrato de arrendamiento vigente para la época de los hechos.
No resulta de recibo la consideración del a quo relativa a que no se tiene certeza de
que quien haya actuado como arrendador no haya sido mi mandante, pues
claramente en el numeral 9º del avalúo rendido por la firma ARAUJO Y SEGOVIA
S.A., se establece que el inmueble sobre el cual recaía el contrato de arrendamiento,
es el mismo que fue objeto de expropiación por vía administrativa, para lo cual,
bastaba simplemente con estudiar los folios de matrícula discriminados, para concluir
que en efecto el inmueble, objeto del contrato de arrendamiento era de propiedad de
CISA.
IV.- TRÁMITE DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN Y ACTUACIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA
4.1. El 12 de julio de 20166, se celebró la audiencia de conciliación de la que trataba el
inciso cuarto del artículo 192 del CPACA7. En dicha oportunidad no se presentó la parte
demandante, por lo tanto, el instructor del proceso decidió aplazar la misma.
4.2. El 8 de agosto de 20168, mediante apoderado, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, presentó un documento donde ponía de presente la siguiente situación:
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 238 de la Ley
1450 de 20119, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió la Resolución
6 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL.512.
7 El inciso cuarto del artículo 192 del CPACA fue derogado por el artículo 87 de la Ley 2080 de 2021. No
obstante, para el momento en que se dictó sentencia de primera instancia y se presentaron los recursos
de apelación el mismo estaba vigente.
8 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL.515.
9 “Artículo 238. Movilización de activos. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas
las entidades públicas del orden nacional deberán transferir a la Central de Inversiones S. A (CISA),
a título gratuito y mediante acto administrativo, los bienes inmuebles, participaciones accionarias
y activos de su propiedad que no requieran para el ejercicio de sus funciones. CISA podrá
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N° 4567 del 17 de noviembre de 2011, por la cual transfirió a Central de Inversiones
S.A. CISA, a título gratuito, el derecho de dominio del cual era titular la Nación -
Ministerio de Comercio. Industria y Turismo del inmueble denominado Zona Franca
de Barranquilla.
[…]
Que la anterior disposición, supuso el surgimiento de una controversia jurídica о
discrepancia entre las entidades con relación al alcance de su interpretación. y de su
aplicación, por consiguiente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, CISA y el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo elevó consulta a la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, el cual mediante concepto de fecha
12 de junio de 2015, respondió lo siguiente:
[…]
Si resulta o no procedente a transferencia gratuita de los inmuebles correspondientes
a algunas de las mencionadas zonas francas por parte del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo a favor de CISA; ¿en desarrollo del artículo 238 de la Ley 1450
de 2011?
[Respuesta] Conforme a la repuesta anterior y según lo explicado en este concepto,
no resulta procedente la transferencia gratuita y obligatoria de los inmuebles donde
operan las zonas francas de Palmaseca, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Santa
Marta, efectuada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a favor de CISA,
en desarrollo del artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, pues al momento de entrar en
vigencia dicha ley, los bienes citados estaban siendo utilizados en la finalidad para lo
cual fueron destinados por actos de derecho público y privado, finalidad que se
enmarca dentro del objeto general y las funciones asignadas al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
gestionarlos, comercializarlos o transferirlos a entidades públicas a cualquier título para el
desarrollo de proyectos en el marco de la presente ley.
El registro de la transferencia de los inmuebles entre las entidades públicas y CISA estará exento de los
gastos e impuestos nacionales asociados a dicho acto.
Transfiéranse a título gratuito a favor de Central de Inversiones S. A. CISA las acciones de propiedad del
Ministerio de Transporte en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), sociedades portuarias y
terminales de transporte cuyas participaciones accionarias sean iguales o inferiores al 49%.
Parágrafo 1°. Las entidades financieras de carácter estatal, las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, las Sociedades de Economía Mixta y las entidades en liquidación, podrán disponer de sus activos
en los términos señalados en el presente artículo.
Parágrafo 2°. Los inmuebles que se hubieran transferido por parte de las Entidades Públicas a CISA en
virtud de este artículo y del artículo 26 de la Ley 1420 de 2010, que al 1° de junio de 2023 no hayan sido
enajenados por CISA, podrán enajenarse por esta entidad de acuerdo con sus políticas y procedimientos.
Parágrafo 3°. Las entidades públicas podrán transferir a título gratuito a CISA los activos recibidos en virtud
de la aplicación de cláusulas de reversión pactadas en sus contratos, así como autorizar la transferencia
de activos remanentes de procesos de liquidación a favor de CISA como pago total o parcial de los créditos
reconocidos en dichos procesos de liquidación cuando las entidades acreedoras hubieren sido reconocidas
como tales.
Parágrafo 4°. Los bienes gestionados y/o comercializados por CISA deberán contar con avalúo comercial,
el cual tendrá una vigencia de tres (3) años, para lo cual se aplicará lo previsto en el parágrafo del artículo
92 de la Ley 1708 de 2014. CISA podrá vender bienes inmuebles a entidades territoriales por el valor del
avalúo catastral siempre y cuando sean requeridos para sedes administrativas o para el cumplimiento de
metas de los Planes de Desarrollo Territorial.
Parágrafo 5°. Tratándose de entidades públicas que deban transferir activos a CISA, los cuales tengan
gravámenes a favor de la nación en el marco de operaciones de crédito público, antes de realizar la
transferencia deberán contar con el visto bueno previo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
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Demandados: EDUBAR S.A.
Teniendo en cuenta el concepto emitido por Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, Consejero Ponente: Alvaro Namén Vargas con Radicación
Interna No. 2219 y 2241 del 12 de julio de 2015, no resultaba procedente la
transferencia del inmueble denominado Zona Franca de Barranquilla, efectuada por
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a favor de CISA, por tener una
destinación específica.
Que en virtud de las consideraciones precedentes, y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, procede la revocatoria de la Resolución 4567 del 17 de noviembre de
2011.
Central de Inversiones S.A. CISA, conforme a lo establecido en el artículo 97 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
manifestó su consentimiento previo y expreso respecto de la Revocatoria de la N°
4567 del 17 de noviembre de 2011, en su condición de titular del derecho que se
generó a su favor en virtud de dicha resolución, por lo que el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo mediante Resolución No. 3381 del 16 de noviembre de 2015
revocó en su integridad la Resolución 4567 del 17 de noviembre de 2011, por
consiguiente el derecho de dominio retornó al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo que ejercía Central de Inversiones S.A. CISA sobre el lote de terreno
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 040- 329656.
Como consecuencia de lo anterior como apoderada de la NACION MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, me permito solicitar se me reconozca
personería con el fin de continuar con la representación judicial dentro del proceso
de la referencia.
De lo transcrito, se entiende que el Ministerio de Comercio informó al tribunal que, con
fundamento en un concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, y en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 97 del CPACA, previa
aceptación de la empresa CISA S.A., mediante la Resolución núm. 3381 del 6 de
noviembre de 2015, revocó la Resolución núm. 4567 del 17 de noviembre de 2011, por
la cual había transferido, a título gratuito, el inmueble identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria núm. 040-329656 a la empresa CISA S.A.
4.3. El 20 de septiembre de 201610, se reanudo la audiencia de la que trataba el inciso
cuarto del artículo 192 del CGP. En esa oportunidad se indagó respecto de las
intenciones del ministerio al comparecer en el proceso, en ese sentido:
Seguidamente el señor Magistrado le concede el uso de la palabra a la DRA. María
Montoya; quien argumenta lo siguiente:
"Como apoderada del Ministerio de Industria y Turismo estamos actuando como dice
y bien lo dice el cd que se anexa del Consejo de Estado donde nos ordena al
Ministerio de Industria y Turismo revocar las resoluciones mediante vez cuales
cumpliendo se transfirió a título gratuito a CISA la zona franca de Barranquilla, una
con esa orden, nosotros revocamos el acto administrativo, nosotros tenemos
sustentamos la titularidad de la zona franca de Barranquilla y por esa razón a nosotros
es que apoderar (sic) porque esta sobre el riel que le corresponde (sic), que de
dominio del Ministerio de Industria y Turismo. Nosotros por eso concretamos con la
10 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL.521.
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secretaria del Despacho y que completaríamos más y Ministerio (sic) nos extendimos
en las razones legales y jurídicas que teníamos como aportamos (sic) de comercio
industria y turismo de ser dentro de este proceso e inclusive donde habla de los
argumentos del Consejo de Estado donde habla que el Ministerio es el dueño hoy de
la zona franca nuevamente.
Seguidamente sería toma uso de la palabra el señor Magistrado quien pregunta si es
una intervención litisconsorcial, ¿usted actuaría en que título?
Lo cual la asistente a esta audiencia la señora María del Pilar Montoya responde:
parte.
[…]
Posteriormente interviene el señor Diego Fonnegra asistente a esta audiencia, quien
hará un recuento e inclusive el señor Magistrado solicita e ilustre ya que toda esta
situación es nueva en el Despacho.
"Mi nombre es Diego Fonnegra soy Jefe de la oficina jurídica del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y nuestra comparecencia se sustenta en lo siguiente:
Frente al Decreto, Plan de 2011 a 2014 por parte del Gobierno Nacional dice que
aquellas entidades que tuvieran bajo su tenencia o custodia predios, que no
estuvieran utilizando, debían trasladarlos a título gratuito a CISA con ocasión de eso
en el año 2011el Ministerio entre otros predios, se dio a título gratuito el inmueble
donde opera la zona franca de Barranquilla a Comercializadora CISA mediante acto
administrativo que posteriormente en el año 2014 emana del Consejo de Estado,
acompaña copia del concepto se profirió a revocar la resolución por la cual se había
trasferido a CISA la zona franca, el Consejo de Estado tumbó expresamente que las
zonas francas no entraban en el decreto que desarrolló la ley plan nacional de
desarrollo.
Básicamente se hizo entrega al Ministerio de Industria y Turismo y se nos dio copia
de este expediente y otro que obra en el Despacho del DR. MARTELO.
Mediante escrito en el mes de agosto comparecimos a audiencia de conciliación en
esa oportunidad se aplazó. Este es uno de los procesos que nos entrega CISA en
ocasión del todo el procedimiento administrativo que les explicaba, básicamente
entraríamos a ser es una sucesión procesal dentro del proceso porque CISA no
muestra interés; todos los soportes están allí señor Magistrado.
Seguidamente el señor Magistrado concede el uso de la palabra a las partes y
posteriormente el Despacho procederá a suspender la presente audiencia у
pronunciará por auto que se notificará por Estado. (Énfasis fuera del texto original).
4.4. El 26 de septiembre de 201611, mediante auto, el magistrado sustanciador se
pronunció respecto de la solicitud del Ministerio de Comercio tendiente al reconocimiento
como sucesor procesal de CISA S.A., en virtud de la revocatoria de la Resolución núm.
4567 del 17 de noviembre de 2011 mediante la Resolución núm. 3381 del 6 de noviembre
de 2015. En esa providencia el tribunal señaló lo siguiente:
Pues bien, la sucesión procesal permite que cuando se produzca la sustitución de
una parte por otra persona que no ha sido vinculada dentro del proceso, la misma
entre a ocupar su lugar en la relación jurídico procesal. Al respecto, el artículo 68 del
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Código General del Proceso, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 de
la Ley 1437 de 2011, establece que "Si en el curso del proceso sobrevienen la
extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como parte,
los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca
tal carácter."
[…]
Vemos entonces que la figura de la sucesión procesal tiene lugar cuando acaece el
reemplazo de una de las partes por otra que ocupa su posición procesal,
produciéndose un cambio de las personas que la integran y que puede afectar tanto
al demandado, como al demandante e incluso al tercero interviniente y que otorga a
quien ingresa los mismo derechos, cargas y obligaciones radicados en el sucesor.
Lo anterior es perfectamente aplicable al caso bajo estudio, en razón a que, producto
de la expedición de la Resolución No. 3381 del 16 de noviembre de 2015, mediante
la cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo revocó la Resolución 4567 del
17 de noviembre de 2011, mediante la cual se transfirió a Central de Inversiones S.A.,
a título gratuito, el derecho de dominio del inmueble denominado Zona Franca de
Barranquilla objeto del presente proceso, el referido bien retorna a su propiedad,
circunstancia que lo legitima o faculta para continuar con la representación judicial de
la demandante dentro del proceso de la referencia.
Así las cosas, al revocarse la Resolución 4567 del 17 de noviembre de 2011,
mediante la cual se transfirió a Central de Inversiones S.A., a título gratuito, el derecho
de dominio del inmueble denominado Zona Franca de Barranquilla, es claro para el
Tribunal que la referida sociedad pierde, a partir de esa fecha, su capacidad para ser
parte dentro del presente asunto. Y, como el bien retorna al Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, se entenderá que es ésta la entidad demandada (sic) dentro del
presente proceso, en aplicación de la figura de la sucesión procesal.
Conforme lo anterior, el tribunal resolvió «a partir de la fecha, téngase al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, como parte demandante y sucesor procesal de la
Sociedad Central de Inversiones S.A. CISA».
4.5. El 11 de octubre de 201612 se reanudó la audiencia de conciliación, la cual se declaró
fallida. En la misma audiencia se concedió el recurso de apelación interpuesto tanto por
la parte demandante como por la parte demandada.
4.6. Mediante providencias de 29 de agosto de 201713 y 17 de septiembre de 201814 se
admitió el recurso de apelación y se corrió traslado para alegar de conclusión,
respectivamente.
4.7. Ni las partes ni el Ministerio Público presentaron alegatos de conclusión15.
V.- CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
12 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL.554.
13 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO PRINCIPAL», FL. 5.
14 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO PRINCIPAL», FL. 28.
15 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO PRINCIPAL», FL. 35.
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Demandante: CISA S.A. y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Demandados: EDUBAR S.A.
De conformidad con el artículo 150 del CPACA16 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
5.2 Cuestión previa
Antes de abordar el estudio de fondo del asunto y resolver los cargos formulados en los
recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 15 de marzo de 2016, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, la Sala considera necesario realizar la
siguiente precisión.
En el presente trámite se discute la legalidad de dos actos administrativos mediante los
cuales se dispuso la expropiación administrativa de una parte del inmueble identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 040-329656 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Barranquilla, a saber: (i) la Resolución núm. EDU-13-0111 del 7 de junio de
2013, «por la cual se ordena la expropiación parcial por vía administrativa del predio de
propiedad de Central de Inversiones S.A. – CISA S.A. RTCCAP-030»; y (ii) la Resolución
núm. EDU-13-0159 del 18 de julio de 2013, «por medio de la cual se resuelve el recurso
de reposición interpuesto por Central de Inversiones S.A.S. – CISA S.A. contra la
Resolución núm. EDU-13-0111 del 7 de junio de 2013».
Ahora bien, en lo que respecta a la titularidad del inmueble identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria núm. 040-329656, se encuentra que, según consta en el proceso,
hasta el año 2011 el titular del derecho de dominio era el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo; posteriormente, mediante la Resolución núm. 4567 del 17 de noviembre de 2011,
expedida por dicha cartera, el bien fue cedido a título gratuito a la sociedad CISA S.A.
De lo anterior se sigue que, al momento de iniciarse el trámite de expropiación, el predio era
de propiedad de CISA S.A. y, con ocasión de la ejecutoria y el registro de los actos
administrativos demandados, la ahora demandada EDUBAR S.A. adquirió la titularidad de
1.280,80 metros cuadrados, mientras que el área restante, equivalente a 974.695,58 metros
cuadrados, permaneció en cabeza de CISA S.A.
Lo anterior se soporta, entre otros documentos, en el certificado expedido por la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla17 para el bien con folio de matrícula núm.
040-329656:
16 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO
DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. [Destaca la Sala]
17 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL.128.
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Radicado: 08001233100520140007601
Demandante: CISA S.A. y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Demandados: EDUBAR S.A.
De manera posterior, ya en el curso del presente proceso judicial, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 97 del CPACA y con el
previo asentimiento de la sociedad CISA S.A., mediante la Resolución núm. 3381 del 6 de
noviembre de 2015, revocó la Resolución núm. 4567 del 17 de noviembre de 2011, por
medio de la cual había transferido, a título gratuito, el inmueble identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria núm. 040-329656 a dicha sociedad.
El a quo tuvo conocimiento de la referida revocatoria en el marco de la audiencia de
conciliación prevista en el inciso cuarto del artículo 194 del CPACA18, esto es, con
posterioridad a haber proferido la sentencia de primera instancia y en el trámite previo a la
concesión del recurso de apelación. Al analizar esta circunstancia, mediante auto del 26 de
septiembre de 2016, el tribunal decidió, con fundamento en lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 68 del Código General del Proceso, tener al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo como sucesor procesal de CISA S.A.
La decisión tomada por el tribunal mediante el auto del 26 de septiembre de 2016 no fue
objeto de recurso alguno por las partes del proceso ni suscitó reparo por parte de los
apelantes.
18 El inciso cuarto del artículo 192 del CPACA fue derogado por el artículo 87 de la Ley 2080 de 2021. No
obstante, para el momento en que se dictó sentencia de primera instancia y se presentaron los recursos
de apelación el mismo estaba vigente.
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Radicado: 08001233100520140007601
Demandante: CISA S.A. y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Demandados: EDUBAR S.A.
Con ese panorama, de conformidad con los artículos 320 y 328 del CGP, aplicables por la
remisión dispuesta en el artículo 306 del CPACA, la Sala reitera que la apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, pero únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el recurrente. Al respecto, esta Sección ha señalado:
En este orden de ideas, para la Sala resulta diáfano que el límite material para el ejercicio
de las competencias del juez de segunda instancia está alinderado por los argumentos
que se consignan en el recurso de apelación contra de la decisión judicial de primer
grado sin perjuicio de la garantía de la no reformatio in pejus, por lo cual es una carga
procesal para los recurrentes hacer un cotejo entre los argumentos expuestos por el juez
de primera instancia con sus razones de desacuerdo, con el objetivo de solicitar ante el
superior funcional que se corrijan los puntos o asuntos de disenso19.
Conforme con lo anterior, y teniendo en cuenta que ninguna de las partes presentó reparo
en contra de la decisión adoptada por el tribunal mediante auto del 26 de septiembre de
2016, la calidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como sucesor procesal de
CISA S.A. no constituye objeto de controversia en esta instancia.
De cualquier forma, del examen del expediente la Sala advierte una omisión en la
notificación del auto que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. En
efecto, se observa que la providencia del 17 de septiembre de 201820, mediante la cual se
corrió dicho traslado, fue notificada a CISA S.A. en calidad de demandante y no al Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, quien ya había sido reconocido como su sucesor
procesal. Esta situación, prima facie, podría configurar una irregularidad procesal a las que
alude el parágrafo del artículo 133 del CGP.
No obstante, la Sala considera que operó el saneamiento previsto en esa disposición
habida cuenta de que la referida cartera ministerial no la impugnó oportunamente.
Además, del expediente digital se desprende que el sucesor procesal intervino con
posterioridad al traslado para alegar de conclusión sin proponer tal omisión, en tanto
presentó: (i) diversos memoriales de impulso procesal requiriendo que se profiriera fallo
de segunda instancia resolviendo los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia del 15 de marzo de 2016; (ii) solicitudes de acceso al expediente digital; y (iii)
reconocimiento de apoderados21.
En ese orden, no existe impedimento alguno para proferir en segunda instancia sentencia
de fondo en el trámite de la referencia.
5.3 Planteamiento del caso
Mediante el Decreto núm. 854 del 25 de agosto de 2011, el alcalde de Barranquilla declaró
la existencia de condiciones de urgencia y otorgó facultades a EDUBAR S.A. para adelantar
el trámite de expropiación por vía administrativa de los predios requeridos para la ejecución
del proyecto denominado «Corredor de Carga y Acceso Portuario del Distrito de Barranquilla
y el saneamiento básico del caño de la Ahuyama, entre el puente Alberto Pumarejo y la
carrera 38 (avenida Los Estudiantes)».
19
Consejo de Estado, Sección Primera, del 26 de septiembre de 2024, radicación núm. 25000 23 41 000
2014 01319 01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
20 SAMAI, Índice 25, documento «CUADERNO PRINCIPAL», FL. 22.
21 SAMAI, Índice 52, documento « MemorialWeb_PeticiOn-201400076CISAIM», FL. 1. Y SAMAI, Índice 49,
documento « 41_MemorialWeb_Otro-201400076CISAIM», FL. 1.
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Radicado: 08001233100520140007601
Demandante: CISA S.A. y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Demandados: EDUBAR S.A.
El 4 de diciembre de 2012, mediante la Resolución núm. EDU-12-0244, EDUBAR S.A.
determinó la adquisición por vía administrativa de una parte del inmueble identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria núm. 040-329656 de la Oficina de Instrumentos Públicos de
Barranquilla, ubicado en la calle 30 con avenida Hamburgo de dicha ciudad, en el cual
funciona la Zona Franca de Barranquilla S.A. U.O.Z.F., y en el mismo acto realizó la
correspondiente oferta de compra por valor de cuatrocientos sesenta y un millones sesenta
y tres mil ochocientos sesenta y tres pesos ($461.063.863 COP).
Posteriormente, mediante la Resolución núm. EDU-13-0111 del 7 de junio de 2013, se
ordenó la expropiación del inmueble identificado con el mismo folio de matrícula inmobiliaria,
decisión contra la cual se interpuso recurso de reposición. EDUBAR S.A. mediante la
Resolución núm. EDU-13-0159 del 18 de julio de 2013 confirmó en todas sus partes la
resolución objeto de recurso.
El 7 de febrero de 2014, en ejercicio del medio de control definido en el artículo 138 del
CPACA, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, la empresa CISA S.A.
demandó las Resoluciones núm. EDU-13-0111 del 7 de junio de 2013 y núm. EDU-13-0159
del 18 de julio de 2013.
Mediante sentencia del 15 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo del Atlántico
resolvió declarar la nulidad del artículo 2 de la Resolución núm. EDU-13-0111 del 7 de junio
de 2013 y la nulidad de la Resolución núm. EDU-13-0159 del 18 de julio de 2013, toda vez
que consideró que el avalúo oficial tenido en cuenta para establecer el quantum
indemnizatorio por la expropiación de parte del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria
núm. 040-329656 no cumplió con la normativa aplicable, mientras que encontró que el
avalúo aportado por la demandante, el cual estableció un mayor valor por la parte
expropiada del bien, sí lo hizo.
En ese sentido, ordenó, a título de restablecimiento del derecho, la suma de novecientos
ochenta y tres millones cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y dos pesos ($
983.057.242) por concepto del valor comercial de la parte del inmueble, correspondiente a
la diferencia entre el valor establecido en el avalúo oficial y el avalúo aportado por la
demandante. Finalmente, negó todas las demás pretensiones.
Tanto la parte demandante como la parte demandada interpusieron recurso de apelación.
Por un lado, EDUBAR S.A. formuló los siguientes reparos frente al análisis efectuado en la
sentencia de primera instancia: i) en relación con la valoración realizada por el a quo del
avalúo aportado por la demandante: a) sostuvo que el tribunal no reparó en que dicho avalúo
no contiene las comparaciones aplicadas para la determinación del valor de mercado ni las
simulaciones, cálculos u operaciones efectuadas para establecer el costo de reposición, a
partir de las cuales se determinó el mayor valor por metro cuadrado; b) señaló que no se
tiene claridad en el avalúo respecto de las operaciones o negociaciones inmobiliarias
realizadas de manera reciente a la fecha del avalúo en zonas francas distintas a la de
Barranquilla; c) afirmó que se desvirtuó el estudio de mercado, toda vez que no existe
mención explícita del medio del cual se obtuvo la información ni de la fecha de publicación,
no se registra una fecha de elaboración y no se encuentra suscrito por perito alguno.
Por otro lado, la parte demandante formuló los siguientes reparos contra la sentencia de
primera instancia: i) el a quo desconoció la existencia de una obligación constitucional de
reconocer una indemnización integral como consecuencia de la expropiación administrativa;
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Radicado: 08001233100520140007601
Demandante: CISA S.A. y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Demandados: EDUBAR S.A.
ii) el tribunal se equivocó al no haber reconocido las reparaciones solicitadas a título de daño
emergente; y iii) se cuestiona la conclusión del tribunal consistente en determinar que no se
probaron los perjuicios por lucro cesante.
A partir de los argumentos formulados en los recursos de apelación interpuestos por las
partes, que en virtud de los artículos 320 y 328 del CGP, aplicables por la remisión dispuesta
en el artículo 306 del CPACA, delimitan el objeto de estudio en la presente instancia,
corresponde a la Sala abordar los siguientes puntos: i) la presunción de legalidad del avalúo
oficial que sirvió de sustento a la indemnización establecida en los actos administrativos
demandados; ii) la idoneidad del avalúo aportado por la parte demandante; y iii) lo relativo
a la indemnización que debe reconocerse, con ocasión de la expropiación administrativa,
por concepto de lucro cesante y daño emergente.
5.4 Actos demandados
En el sub judice son cuestionados los siguientes actos administrativos:
• Resolución núm. EDU-13-0111 del 7 de junio de 2013. Mediante este acto
administrativo, EDUBAR S.A. ordenó la expropiación parcial del inmueble ubicado en la
calle 30 con avenida Hamburgo de Barranquilla, bien en el cual funciona la Zona Franca
de Barranquilla S.A. U.O.Z.F., identificado con matrícula inmobiliaria núm. 040-329656
de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, de propiedad, para ese momento,
de CISA S.A.
RESOLUCIÓN NÚMERO EDU-13-0111 DEL 07 DE JUNIO DE 2013
Por la cual se ordena una Expropiación Parcial por Vía Administrativa" del
predio de propiedad de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA S.A. RT-CCAP-
030
[…]
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Disponer la Expropiación por Vía Administrativa del derecho de
dominio que posee la sociedad CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA identificada
con Nit No. 860.042.945-5, sobre un área de terreno de forma triangular de 1.280.80 M2,
incluidas las construcciones y cultivos existentes en el mismo de acuerdo con el Registro
Topográfico No. CCAP-030 expedido por el área Técnica de EDUBAR S.A., ubicada en
el lindero noroeste del predio y que limita con el caño de la ahuyama la cual forma parte
del predio de mayor extensión, ubicado en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla en la calle 30 Avenida Hamburgo, identificado con la Referencia Catastral
No. 010203680001000 y folio de matrícula Inmobiliaria N.º. 040-329656, conforme al
Avalúo Comercial de fecha 20 de noviembre de 2012, practicado por la Corporación
Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla y al Registro Topográfico No. CCAP-030. El
inmueble del cual se segrega la franja de terreno objeto de la presente expropiación,
tiene de acuerdo con la escritura pública 3.689 del 05-11-1.998 de la Notaría 2 de
Barranquilla, aclarada por E.P. 2.229 del 29-07-1999 y Resolución No.4567 del 17-11-
2010 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, las siguientes medidas y linderos:
NORTE; Limita con la carrera 30 en medio con terrenos ocupados por el Aserradero
Covadonga y otros tomando como referencia el plano y, partiendo del punto M-1 en
sentido de izquierda a derecha hasta el punto M-2, en longitud aproximada de 407.90
metros lineales; por el ORIENTE: Limita con la dársena y el río magdalena en línea
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandados: EDUBAR S.A.
quebrada, partiendo del punto M-2 hasta el punto M-8, en longitud aproximada de
2.486.80 metros lineales; por el SUR: Partiendo del punto M-8, según el plano, hasta un
punto intermedio frente a la Manzana 1A, colinda con el caño de la Ahuyama, y mide en
línea quebrada 500.00 metros lineales; Por el OCCIDENTE: Partiendo del punto
intermedio hasta llegar al punto M-1, según el plano, punto de partida de esta
identificación, colinda con el caño de la Ahuyama, en longitud aproximada de 1.900
metros lineales. AREA: De conformidad con el levantamiento planimétrico, el predio en
mención tiene una cabida superficiaria de 975.977.36 MTS2.
PARAGRAFO PRIMERO: La zona de terreno que se SEGREGA del predio de mayor
extensión y que es objeto de la presente expropiación, tiene un área de 1.280.80 M2,
y las siguientes medidas y linderos: Por el lado NORTE: Mide 30.92 metros, y linda
con la carrera 30; SUR: Mide 0.0 metros; por el ESTE: Mide 73.25 metros y linda con
el predio del cual se desprende; por el OESTE: Mide en línea quebrada 81.35 metros
y linda con el caño de la ahuyama.
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez SEGREGADA la porción de terreno que se
expropia por medio de este documento, el resto del inmueble queda con un área de
974.696.56 M2, y continua siendo de propiedad de CENTRAL DE INVERSIONES
S.A. -CISA-, y se describe dentro de las siguientes medidas y linderos: NORTE: mide
373.81 metros linda con la carrera 30; SUR: mide en línea quebrada 500.00 metros y
linda con caño de la ahuyama; ESTE: mide en línea quebrada 2.486.80 metros y linda
con la dársena y el rio magdalena; OESTE: mide en línea quebrada 294.47+1.605.53
metros y linda con el caño de la ahuyama.
PARAGRAFO TERCERO: No obstante, la estipulación sobre sus cabidas,
nomenclatura y linderos, la venta del inmueble anteriormente descrito se efectúa
como cuerpo cierto.
ARTICULO SEGUNDO. - VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. - El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se decide por la presente Resolución es
de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SESENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($461.063.863), que equivale al
precio indemnizatorio señalado en la Resolución de Oferta de Compra EDU-12-0244
del 4 de diciembre de 2012.
ARTÍCULO TERCERO. - FORMA DE PAGO. - El pago del precio indemnizatorio, una
vez aplicado y deducidos los impuestos de Ley correspondientes, será puesto a
disposición del titular del derecho de dominio, sociedad CENTRAL DE INVERSIONES
S.A. CISA, una vez se encuentre ejecutoriada la presente resolución y efectuados los
respectivos trámites financieros, de conformidad con la Resolución de Oferta de
Compra No. EDU-12-0244 del 4 de diciembre de 2012.
PARAGRAFO PRIMERO: Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto a
disposición del titular del derecho de dominio, no es retirado por éstos, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo, la
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. procederá a consignar dicho valor en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA en la CUENTA DE DEPOSITOS JUDICIALES
No.080019196056, a ordenes de la sociedad CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
CISA, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del Artículo 70 de la Ley
388 de 1997 y a remitir copia de la consignación al Tribunal Contencioso
Administrativo del Atlántico, considerándose que de esta manera ha quedado
formalmente efectuado el pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - Para efectos del pago del precio indemnizatorio se dará
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 08001233100520140007601
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aplicación a la retención establecida en el Artículo 398 del Estatuto Tributario, el cual
es del siguiente tenor: "Los ingresos que obtengan las personas naturales por
concepto de enajenación de activos fijos, estarán sometidos a una retención en la
fuente equivalente al uno por ciento (1%) del valor de la enajenación". De igual forma
mediante concepto 45624 del 3 de junio de 1996, la Dirección Nacional de Impuestos
y Aduanas DIAN, extendió la aplicación de dicha retención, a las personas jurídicas
que obtengan recursos derivados de la enajenación de activos. Así mismo, se dará
aplicación a los porcentajes de disminución de la retención, previstos en los artículos
399 y 400 del mismo Estatuto, de acuerdo con el tipo de contribuyente de que se trate,
y en aquellos casos en que el bien objeto de adquisición corresponda a casa o
apartamento de habitación.
PARAGRAFO TERCERO.- La presente Expropiación por Vía Administrativa, no goza
de los beneficios tributarios establecido en el Artículo 67 de la Ley 388 de 1.997 el
cual establece" El ingreso obtenido por la enajenación de inmuebles a los cuales se
refiere el presente Capitulo no constituye, para fines tributarios, renta gravable ni
ganancia ocasional siempre y cuando la negociación se realice por la vía de la
enajenación voluntaria", en consecuencia para los fines pertinentes, se comunicará a
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-.
PARAGRAFO CUARTO: Para efectos de la inscripción de la presente Resolución de
Expropiación ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, se
retendrá del precio indemnizatorio el valor que resulte de la liquidación de la
Estampilla Pro-desarrollo Departamental y los gastos de registro de la misma. Lo aquí
mencionado, de conformidad con la Ley 223 de 1.995.
ARTICULO CUARTO. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EI valor del precio
indemnizatorio, será cancelado por conducto de la entidad financiera FIDUCIARIA DE
OCCIDENTE S.A. con los recursos que se encuentran disponibles en el Fideicomiso
4- 2-1588 Subcuenta de Predios del contrato de Concesión VF-12-2010-02 suscrito
entre el Distrito de Barranquilla y SF CONVIAS S.A.S.
ARTICULO QUINTO. - DESTINACIÓN. - EI Inmueble objeto de la adquisición, será
destinado a la ejecución del proyecto "CORREDOR DE CARGA Y ACCESO
PORTUARIO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.
ARTICULO SEXTO.- SOLICITUD CANCELACION OFERTA.- Con el objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 68, numeral 4 de la Ley 388 de 1997, se
solicita a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, CANCELAR
la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria 040-329656, de la Resolución Nos.
EDU-12-0244 del 4 de diciembre de 2012, por la cual se determinó la adquisición de
un Inmueble por el procedimiento de Expropiación Administrativa y se formuló la
respectiva Oferta de Compra.
ARTICULO SEPTIMO. - ORDEN DE INSCRIPCION. - De conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 68 numeral 4 de la Ley 388 de 1997, ORDENESE al señor
Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla,
inscribir una vez ejecutoriada la presente Resolución en el folio de matrícula
inmobiliaria 040-329656, con lo que se surtirán los efectos atinentes a la transferencia
del derecho de dominio de su titular a favor del DISTRITO DE BARRANQUILLA.
ARTICULO OCTAVO: SANEAMIENTO POR MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA
(Art. 245 Ley 1450 de 2011): La adquisición de inmuebles por los motivos de utilidad
pública e interés social consagrados en las leyes, gozará del saneamiento automático
en favor de la entidad pública, respecto a su titulación y tradición, frente a aquellos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 08001233100520140007601
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Demandados: EDUBAR S.A.
posibles vicios en los títulos que aparezcan durante el proceso de adquisición o con
posterioridad al mismo. Dichos vicios originan por ministerio de la ley meras acciones
indemnizatorias que podrán dirigirse contra cualquiera de los titulares inscritos en el
respectivo folio de matrícula inmobiliaria diferentes a la entidad pública adquirente.
ARTÍCULO NOVENO.- Notifíquese la presente Resolución a la sociedad CENTRAL
DE INVERSIONES S.A. CISA, de acuerdo con las reglas establecidas en el Artículo
66 y ss del Código Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, haciéndole saber
que contra la presente Resolución, solo procede el recurso de reposición, interpuesto
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 76 del Código Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011.
• Resolución núm. EDU-13-0159 del 18 de julio de 2013. Mediante este acto
administrativo, el EDUBAR confirmó la Resolución núm. EDU-13-0111 del 7 de junio de
2013, incluida la indemnización por valor de valor de cuatrocientos sesenta y un millones
sesenta y tres mil ochocientos sesenta y tres pesos ($461.063.863) reconocida con ocasión
de la expropiación parcial del inmueble.
RESOLUCIÓN NÚMERO EDU-13-0159 del 18 de Julio de 2013
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓ N
INTERPUESTO POR CENTRAL DE INVERSIONES S.A. -CISA S.A.- CONTRA LA
RESOLUCIÓN No. EDU-13-0111 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2013"
El Gerente General de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región
Caribe, EDUBAR S.A. en ejercicio de sus funciones legales y estatutarias, conferidas
por el Acuerdo 005 del 2008, Decreto 0854 de 2011 y el Contrato No. SFC-12-2010-02-
07 suscrito con SF CONVIAS S.A.S. у,
CONSIDERANDO
[…]
RESUELVE
PRIMERO: Confirmar en su integridad la Resolución EDU-13-0111 del 7 de junio de
2013, "Por la cual se ordena una Expropiación Parcial por Vía Administrativa", del
predio de propiedad de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA S.A., sobre un área
de terreno de forma triangular de 1.280.80 M2 incluidas las construcciones y cultivos
existentes en el mismo, que hace parte de un predio de mayor extensión, ubicado en
el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en la Calle 30 Avenida
Hamburgo, identificado con la Referencia Catastral No. 010203680001000 y
Matrícula Inmobiliaria Nº. 040-329656, conforme al Avalúo Comercial de fecha 20 de
noviembre de 2012, practicado por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de
Barranquilla y al Registro Topográfico No. CCAP- 030.
SEGUNDO: La presente Resolución se deberá notificar al doctor HERNANDO
PARRA NIETO, apoderado de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. -CISA- y de
acuerdo con las reglas establecidas en el Artículo 66 y ss del Código Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011, quedando de esta manera agotada la Vía
Gubernativa.
Dada en el distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
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Demandante: CISA S.A. y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Demandados: EDUBAR S.A.
5.5 Análisis de la Sala
5.5.1. La presunción de legalidad del avalúo oficial que sirvió de sustento a la
indemnización establecida en los actos administrativos demandados
Esta Sección en reiteradas oportunidades ha señalado que el quantum indemnizatorio
fijado en el acto administrativo de expropiación, en tanto se integra al mismo acto que
decide la expropiación administrativa, está amparado por la presunción de legalidad de
la que gozan los actos administrativos.
En tal sentido, corresponde a la parte demandante asumir la carga de desvirtuar dicha
presunción mediante la presentación de elementos probatorios y argumentos técnicos
suficientes y debidamente sustentados. Tal exigencia no se satisface cuando el dictamen
pericial se limita a proponer valores distintos a los consignados en el avalúo oficial, sin
justificar, de manera razonada y técnicamente fundada, las supuestas falencias en las
que habría incurrido la entidad expropiante al practicar dicho avalúo. En ese sentido:
En todo caso, esta Sección también ha sostenido que el precio justo se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, al incorporarse el valor del avalúo oficial en el texto
de los actos que decretan la expropiación por vía administrativa.
Por lo tanto, es obligación de la parte demandante demostrar en el proceso judicial
los errores que le atribuya a dicho avalúo. En sentencia de 14 de septiembre de 2020,
se expuso lo siguiente sobre el particular:
“[…] 5.2.3. [L]a Sala considera relevante precisar el alcance de la carga que recae
sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los actos de la
administración; no basta entonces con que se argumente que los mismos no
cumplieron con lo determinado en la norma para atacar la presunción de legalidad y
veracidad de que goza el avalúo oficial. Resulta indispensable que la parte
demandante indique el defecto en que se ha incurrido y cuál es el impacto en el precio
que se ofreció por la administración conforme las normas que regulan la materia
[…]”22 .
Similares apreciaciones se tuvieron en sentencia del 31 de julio de 2025:
“[…] no es de recibo que los argumentos que sustentan la incorrección del
avalúo oficial, que fundamentaron la expedición de los actos administrativos
acusados, sean que al ser mayor el precio del avalúo comercial determinado en
los avalúos contratados por el demandante, ello resulte suficiente para decretar
la nulidad de los actos administrativos acusados.
Así discurrió la Sección, en la citada providencia:
“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más allá de controvertir o
desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo AV-466-07-36549-IDU realizado
por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá sobre el cual se sustentó la expedición de los
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de marzo
de 2026, MP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación 25000-23-41-000-2016-
00828-01. En la sentencia transcrita se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, del 14
de septiembre de 2020, radicación núm. 05001-2331-000-2007- 00419-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
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actos demandados, presentan características generales correspondientes a
cualquier avalúo; razón por la cual no le asiste razón al accionante cuando
indica que el a quo no tomó en cuenta estos avalúos, puesto que los mismos
no controvierten ni aportan pruebas sobre las cuales se pueda determinar
que el avalúo comercial realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá es
errado y no se encuentra ajustado a las normas sobre avalúos., valga decir,
no desvirtúa la presunción de legalidad que los cobija.
69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado ha indicado
que se presume la legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo
oficial, aun cuando en el informe técnico no se precisan las operaciones o
la forma como fueron calculados los valores correspondientes, por ello la
parte demandante debe aportar las pruebas para demostrar los errores de
este. En este contexto, esta Sección, mediante sentencia proferida el 6 de febrero
de 2020, expuso lo siguiente:
“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de los avalúos
comerciales practicados por las entidades legalmente autorizadas, a efectos de
fijar el valor de la indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido
que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las operaciones o la forma
como fueron calculados los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio
indemnizatorio, en la medida en que dicho precio hace parte del acto
administrativo mediante el cual se dispone la expropiación, se presume ajustado
o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde al interesado desvirtuar
tal presunción.
[…]
74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los argumentos que
sustentan la incorrección del avalúo realizado por la Lonja Inmobiliaria de
Bogotá D.C., y que sustentó la expedición de los actos administrativos
acusados, sea que no se indicó los inmuebles con los cuales se realizó la
comparación y que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el demandante, ello resulte
suficiente para decretar la nulidad parcial de estos [...].”23 [Destacado fuera
de texto].
Respecto del caso concreto, el tribunal en primera instancia encontró que el avalúo oficial,
esto es el suscrito el 20 de noviembre de 2012 por la Corporación Lonja de Propiedad
Raiz de Barranquilla tenía múltiples deficiencias. Sobre este punto, sostuvo:
Analizado con detenimiento el avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de
Barranquilla, destaca el Tribunal que ciertamente, tal como lo menciona en sus
alegatos la parte actora, no se indicó de manera explícita y concreta cuáles fueron las
ofertas o transacciones recientes que sirvieron de base para la determinar el valor
comercial del bien parcialmente expropiado, como tampoco se hizo mención de los
bienes con los que se efectuó la comparación, así como tampoco se justifican sus
características similares.
En ese sentido, a juicio de la Sala, el avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz
de Barranquilla no se ciñó a las normas que regula la materia, en especial, a la
metodología aplicada, teniendo en cuenta que se optó por el método de comparación
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de
2025. Proceso núm.: 08001-23-31-000-2006-02656 -02; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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o de mercado, por lo cual debía hacerse mención explícita del medio del cual se
obtuvo la información y la fecha de la publicación, así como brindar información de
las ofertas y/o transacciones que servirían de base para determinar el valor comercial
del bien expropiado.
También se aprecia que, para la elaboración del avalúo por parte de la Lonja de
Propiedad Raíz de Barranquilla, se indica haber realizado un estudio de mercado en
su entorno, homogenizando dichas muestras, "las cuales fueron indexadas a la fecha
del avalúo", esto es, al año 2012. Esta situación, a juicio del Tribunal, no se encuentra
acorde con las normas que rigen este tipo de procedimientos, pues lo que debió
hacerse fue tomar transacciones recientes y no precios de mercado de años
anteriores e indexarlos al año en que se rinde el avalúo.
[…]
En ese sentido, comparte el Tribunal las alegaciones de la parte actora, en lo que
respecta a la incidencia que tuvo la anterior situación, a efectos de estimar el valor
comercial del inmueble, pues se insiste, la comparación de precios se realizó con un
inmueble que se encontraba en una zona ajena a la Zona Franca de Barranquilla, lo
cual muy seguramente repercutió en dicha tasación.
[…]
Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que en el avalúo realizado por la Lonja de
Propiedad Raíz de Barranquilla: i) No se indicó de manera explícita y concreta cuáles
fueron las ofertas o transacciones recientes que sirvieron de base para la determinar
el valor comercial del bien parcialmente expropiado; ii) Equiparó equivocadamente el
valor de un inmueble ubicado en una zona especial, bajo el régimen propio de una
zona franca, a un inmueble ordinario, que no se encuentra bajo el régimen franco y,
iii) Para fijar el valor del bien expropiado bajo el método de comparación o de
mercado, no se tomaron transacciones recientes sino precios de mercado de años
anteriores e indexarlos al año en que se rinde el avalúo.
La parte demandada, en su recurso de apelación, no controvirtió las conclusiones a las
que arribó el tribunal sobre el avalúo oficial. No obstante, fue enfática en señalar que el
avalúo aportado por la demandante adolece de los mismos yerros que se le atribuyen al
avalúo oficial; de ahí que sostenga que la demandante no cumplió con la carga de
desvirtuar la presunción de legalidad de la que goza dicho avalúo.
El razonamiento de EDUBAR S.A. no es ajeno a la jurisprudencia de esta Sección, pues
en anteriores oportunidades se ha señalado que en caso de que el avalúo aportado por
la parte demandante o el practicado en el marco del proceso no cumplan son los
requisitos legales que al que está obligado el avalúo oficial, esto es lo preceptuado en la
Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 del 2008, no obraría en
el proceso prueba en contra del peritaje oficial y por lo tanto no se desvirtuaría su
presunción de legalidad. Al respecto:
Observa esta Corporación que si bien en el avalúo elaborado por la Subsecretaría de
Catastro Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el
precio del inmueble establecido por la administración se determinó como resultado de
la aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en
deducir el precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de inmuebles
similares o equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y localización entre
otros”, y aunque se asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos
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recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín
S. A., sobre operaciones y avalúos efectuados recientemente sobre inmuebles
similares”, lo cierto es que en ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus
anexos se señalan cuáles fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o los
avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, lo
cual permite concluir que contra el justiprecio realizado por esa dependencia
municipal cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio
demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido por la perito, pues
ante la ausencia de la mencionada información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría desprovisto de argumentos
técnicos y de apoyo probatorio.
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado
por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial
es equivocado, demostrando precisamente su incorrección.
Hecha esta acotación, es pertinente señalar, a juicio de la Sala, que los mismos
comentarios que se acaban de realizar frente al avalúo oficial, también pueden
hacerse extensivas a los avalúos practicados tanto por el evaluador FRANCISCO
OCHOA OCHOA como por la perita MARIA ESTHER VÉLEZ MUÑOZ, pues es
evidente que uno y otro adolecen de idénticas falencias.
[…]
Teniendo cuenta las falencias que quedan expuestas y ante la imposibilidad de dar
plena credibilidad a la prueba pericial practicada en el proceso en relación con el
justiprecio del inmueble expropiado, la Sala considera, al amparo de la sana crítica,
que el actor no logró desvirtuar en el proceso la corrección del justiprecio preparado
por la Subdirección de Catastro de Medellín. Por esa misma razón ha de concluirse
que el actor tampoco logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos
administrativos demandados que acogieron ese justiprecio, pues al no obrar en el
expediente ningún medio de prueba que permita demostrar que el avalúo fijado por la
administración fuese incorrecto, no hay ninguna razón para decretar la nulidad parcial
deprecada por el actor en lo relativo al precio indemnizatorio.
Todo lo anterior tiene su fundamento legal en el numeral 6° del artículo 237 del C. de
P. C., en donde se dispone que "El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en
él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo
que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones". Esta
disposición consagra la necesidad de explicar por qué se rinde el dictamen en
determinado sentido, indicando las razones de orden técnico, científico o artístico que
se tuvieron en cuenta para conceptuar, a fin de que, como ya se dijo, las partes
puedan ejercer el derecho de contradicción de la prueba y el juez, por su parte, pueda
valorar la racionalidad y objetividad de las conclusiones emitidas.
El actor tenía la carga de demostrar la incorrección del avalúo oficial y acreditar la
corrección del justiprecio presentado por quien actuó como perito en el curso de la
primera instancia, cometido que no se logró en el asunto sub examine.
Por todo lo anterior, habrá de modificarse la sentencia de primer grado, en el sentido
de revocar la condena impuesta al Municipio de Medellín en lo que tiene que ver con
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el pago de las sumas pretendidas en relación con el valor indemnizatorio del
inmueble24. [Destaca la Sala]
Pues bien, resulta necesario analizar si el peritaje aportado con la demanda cumple los
requisitos legales y tiene la fuerza vinculante necesaria para oponerse al avalúo oficial o
si, por el contrario, le asiste razón a EDUBAR S.A. en relación con sus reparos frente al
avalúo aportado en la demanda y, en consecuencia, no se cumplió con la carga
argumentativa necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial.
Este estudio se aborda en el acápite siguiente.
5.5.2 En cuanto a la idoneidad del avalúo aportado por la parte demandante y las
inconformidades de la parte demandada frente a la valoración realizada por el a
quo de dicho dictamen.
La parte recurrente estima que el tribunal no tuvo en cuenta que el avalúo aportado con
la demanda no cumplía con los requisitos técnicos para demostrar el justo precio
indemnizatorio del inmueble expropiado y desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo
oficial.
El avalúo aportado por la demandante fue realizado por la Lonja Sociedad Colombiana
de Evaluadores Seccional Costa Atlántica y suscrito el 13 de noviembre de 2013. En
dicho avalúo se contempló un valor total por la parte del bien expropiado, esto es,
contemplando el valor del terreno y las construcciones de mil cuatrocientos cuarenta y
cuatro millones ciento veintiún mil ciento cinco pesos (1.444’121.105 COP). En ese
sentido25:
Para obtener el anterior resultado, la Lonja Sociedad Colombiana de Evaluadores
Seccional Costa Atlántica utilizó la siguiente metodología:
METODOLOGÍA APLICADA
Para la determinación del "valor de mercado" del inmueble en estudio aplicamos la
metodología basada en el Costo de Reposición Depreciado (CRD), que es un método
de tasación sustituto aceptable para obtener un valor relacionado con el mercado para
propiedades especializadas o con mercado limitado
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo
de 2009 dentro del radicado núm. 05001-23-31-000- 2005-03509-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta. Reiterada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia de 31 de julio de 2025. Proceso núm.: 08001-23-31-000-2006-02656 -02; M.P. Nubia Margoth
Peña Garzón.
25 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL.49.
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EI CRD se basa en una estimación del Valor Actual de Mercado para la tierra más los
costos brutos de reposición (o reproducción) de las edificaciones menos las
deducciones por deterioro físico y todas las formas pertinentes de obsolescencia y
optimización.
El método "Comparativo" analiza el comportamiento de los precios del mercado de
oferta de inmuebles, de características normativas, climáticas, topográficas, de
servicios públicos instalados y explotación económica, similar o comparable con el
inmueble avaluado. Dentro de este análisis se tienen en cuenta entre otros, factores
como localización, ubicación y su entorno, áreas, vías de acceso, vías frente al
inmueble, normatividad vigente a la fecha, explotación económica actual, uso
permitido y actual, tipo de edificación y antigüedad, estado de conservación, calidad
de los materiales y de sus acabados, proyecciones de desarrollo y de valorización.
Es importante destacar que para la implementación de este método y el análisis de
sus resultados, se han tenido en cuenta las zonas francas de las ciudades vecinas,
de características homogéneas, comparables con la zona franca donde se localiza el
inmueble estudiado. Para el efecto se ha tomado una muestra de los valores actuales
de venta de terreno de las zonas francas de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.
Esta muestra resulta comparable tras aplicarle un proceso de homogeneización que
permita su estudio estadístico.
La investigación abarcó también, consultas a otros Avaluadores, inmobiliarios y
archivo de avalúos anteriores.
La determinación de las mejoras y el grado de intervención al inmueble se estimaron
con base en la documentación recibida y obtenida y con lo observado en el sitio. El
avalúo practicado corresponde al "valor comercial" del respectivo inmueble,
representado en dinero, entendiéndose por "Valor Comercial" el definido por la Norma
IVSC-1: "3.1 Valor de Mercado es el monto estimado por el cual se intercambiaría un
activo a la fecha de valuación entre un comprador dispuesto y un vendedor dispuesto
en una negociación directa después de adecuada comercialización en la que las
partes haya cada una actuado con conocimientos, prudencia y sin coacción."
DESARROLLO METODOLÓGICO
El estudio de mercado tomo valores de terreno en las zonas francas de Barranquilla
y Cartagena que ofrecen lotes en venta homogenizándolos de acuerdo con las
características particulares de cada una de ellas. Los valores de reposición a nuevo
se calcularon de acuerdo con las medidas y cantidades de cada ítem y con base en
los precios de las actividades según la revista Construdata Edición 167 septiembre /
noviembre 2013.
En consecuencia, se encuentra que el avalúo aportado por la demandante determinó el
precio total del inmueble a partir del método de costo de reposición, que está contemplado
por el artículo 3 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC. En ese sentido:
ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el que busca establecer
el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la
construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la
depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor
correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la siguiente fórmula:
Vc = {Ct – D} + Vt
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En donde:
Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno.
PARÁGRAFO. Depreciación. Es la porción de la vida útil que en términos económicos
se debe descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la
vida remanente del bien.
Existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo el más conocido el
Lineal, el cual se aplicará en el caso de las maquinarias adheridas al inmueble. Para
la depreciación de las construcciones se deben emplear modelos continuos y no los
discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad
y el estado de conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini, para lo cual se
presentan las ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 4.
Asimismo, se tiene que para establecer la variable Vt (valor del terreno), la Lonja
Sociedad Colombiana de Evaluadores Seccional Costa Atlántica se valió del método de
comparación. Este método está regulado en el artículo 1 y 10 de la Resolución 620 de
2008 del IGAC:
ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO. Es la técnica
valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las
ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto
de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.
ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO. Cuando para la
realización del avalúo se acuda a información de ofertas y/o transacciones, es
necesario que en la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio del
cual se obtuvo la información y la fecha de publicación, además de otros factores que
permitan su identificación posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad horizontal, el valor del terreno
y la construcción deben ser analizados en forma independiente para cada uno de los
datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios. Para los
inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal se debe presentar el valor por
metro cuadrado de área privada de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías de los predios en oferta
o de los que se ha obtenido datos de transacción para facilitar su posterior análisis.
El avalúo de la parte demandante presentó el siguiente resultado para determinar el valor
del terreno, el cual, como ya se indicó, se fundamentó en el método de comparación o de
mercado:
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La Sala encuentra que el peritaje realizado por la Lonja Sociedad Colombiana de
Evaluadores Seccional Costa Atlántica no cumplió con lo establecido en el artículo 10 de
la Resolución 620 de 2008, pues no se hizo «mención explícita del medio del cual se
obtuvo la información y la fecha de publicación, además de otros factores que permitan
su identificación posterior», ninguna de las ofertas presentadas en el avalúo tiene fecha
ni identificación que permita su verificación o corroboración posterior.
Ahora bien, no se desconoce que, con posterioridad a la demanda, se incorporó al
expediente digital un documento denominado «Estudio de Mercado de Renta de Bodegas
y Patios en las Zonas Francas de Barranquilla y Cartagena». Dicho documento fue
aportado por el perito en el momento en que se realizó la audiencia de pruebas y se
ejerció la contradicción por parte de la autoridad demandada, como se puede apreciar en
el acta de dicha audiencia, celebrada el 26 de febrero de 201526:
INDICADO LO ANTERIOR, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL SEÑOR
SERGIO DELGADO PACHÓN:
Soy perito evaluador desde 1985 quien realizo el evalúo en mención, los evaluadores
los hacemos bajo un estricto apego de la norma que en Colombia existen para los
avalúos, de esta manera tenemos un Manuel de trabajo.
Central de inversiones nos solicitó un estudio de mercado de las zonas francas en las
ciudades de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, en su momento elaboramos el
estudio donde se hacía un análisis de las ventas de la zona franca que en ese
momento se hacían de inmuebles, se aporta el estudio en 24 folios.
Cuando posteriormente este estudio nos solicita el evalúa de la zona franca, como
estaba realizado el estudio lo utilizamos. Para este avaluó el tema del valor del suelo
lo teníamos previamente identificado, el otro componente del avaluó solicitado estaba
el valor de las obras, tomamos como base una revista Construdata, con base en esta
publicación establecidos los valores a nuevos.
26 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL.299.
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El hecho de que el perito aportara dicho documento dentro de la audiencia de pruebas
resulta permitido en virtud del artículo 228 del CGP, que remite al artículo 221 del mismo
estatuto procesal, normativa aplicable al proceso contencioso administrativo por expresa
remisión del artículo 218 del CPACA.
No obstante, la Sala pone de presente que el avalúo realizado por la Lonja Sociedad
Colombiana de Evaluadores Seccional Costa Atlántica suscrito el 13 de noviembre de
2013, en ningún apartado se refiere al mentado estudio denominado «Estudio de
Mercado de Renta de Bodegas y Patios en Las Zonas Francas De Barranquilla y
Cartagena», incumpliendo así con el numeral decimo del artículo 226 del CGP, el cual
señala que en el peritaje se debe «Relacionar y adjuntar los documentos e información
utilizados para la elaboración del dictamen», disposición que es aplicable para los avalúos
presentados en el proceso contencioso27.
En el mismo sentido, la Sala encuentra que el mentado «Estudio de Mercado de Renta
de Bodegas y Patios en Las Zonas Francas De Barranquilla y Cartagena» no subsana la
carencia de identificación plena de la información de ofertas y/o transacciones que exige
el artículo 10 de la Resolución 620 del 2008 del IGAC, pues no hace mención explícita
del medio del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación. Como se pone de
presente a continuación:
27 Al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
26 de febrero de 2026. Número único de radiación 68001-23-33-000-2015-00811-02. MP. Nubia Margoth
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Como se puede apreciar en los apartados del denominado «Estudio de Mercado de Renta
de Bodegas y Patios en las Zonas Francas de Barranquilla y Cartagena», en ninguno de
ellos se señala la fecha de las ofertas o transacciones que se tomaron en cuenta para
determinar el precio promedio de los bienes semejantes y comparables al objeto de
avalúo; de hecho, no se indica ninguna oferta o transacción en concreto.
Por lo anterior, la Sala encuentra que el avalúo aportado por la parte demandante no
cumple con lo establecido en la Resolución núm. 620 de 2008 del IGAC, pues, al
establecer el valor del terreno mediante el método de mercado o de comparación, no
cumplió con la obligación de mencionar de manera explícita las ofertas o transacciones
que se tuvieron en cuenta en el estudio, ni la fecha de publicación de estas.
Bajo ese entendido, si bien en esta instancia ninguna de las partes objetó las
conclusiones a las que arribó el a quo en relación con el avalúo oficial, esto es, (i) la falta
de identificación de las ofertas o transacciones que lo sustentan; (ii) la indebida
equiparación de un inmueble situado en zona franca con uno de carácter ordinario; y (iii)
la ausencia de transacciones recientes que permitan aplicar el método de comparación o
de mercado, la Sala advierte que el avalúo aportado por la parte demandante tampoco
cumple los requisitos legales para ser valorado en el presente proceso. En consecuencia,
de conformidad con la jurisprudencia citada previamente, la cual señala que:
la Sección Primera del Consejo de Estado ha indicado que se presume la legalidad del acto
administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando en el informe técnico no se
precisan las operaciones o la forma como fueron calculados los valores
correspondientes, por ello la parte demandante debe aportar las pruebas para demostrar
los errores de este28. [Destaca la Sala]
En el presente caso, al no obrar en el expediente prueba que desvirtúe la presunción de
legalidad del avalúo oficial, pese a las falencias advertidas en este, no hay lugar a
declarar la nulidad de los actos que decretaron la expropiación, por cuanto la parte
demandante no cumplió con la carga probatoria requerida para la prosperidad de sus
pretensiones.
En ese sentido, la Sala se aparta de las conclusiones del tribunal y considera que el
demandante no logró desvirtuar la legalidad del avalúo oficial, toda vez que el avalúo
aportado con la demanda no cumple con los requisitos legales establecidos en la
Resolución núm. 620 de 2008. Por lo tanto, en la parte resolutiva de esta providencia se
procederá a revocar el numeral primero y segundo de la sentencia de primera instancia.
5.5.3 De las inconformidades de la parte demandante relativas a la indemnización
por concepto de lucro cesante y daño emergente derivada de la expropiación
administrativa
El demandante, en su escrito de apelación, expuso que la sentencia de primera instancia
desconoció la existencia de una obligación constitucional de garantizar una reparación
plena e integral por parte de la administración a favor del propietario del bien expropiado.
Señaló que también se desconoció que los artículos 61 y siguientes de la Ley 388 de
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de
2025. Proceso núm.: 08001-23-31-000-2006-02656 -02; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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1997 preceptúan que debe reconocerse, dentro de la indemnización por la expropiación,
además del valor comercial del inmueble, los demás montos que se encuentren probados
a título de daño emergente y lucro cesante.
Previo a abordar los mencionados temas, se pone de presente que la Corte
Constitucional, en la Sentencia C-1074 de 200229, explicó las reglas generales que rigen
la indemnización en el marco de la expropiación, en los siguientes términos:
“[…] De lo anterior, a la luz de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional en
la materia, se deducen las siguientes conclusiones:
1. No puede haber expropiación sin indemnización;
2. La indemnización debe ser previa al traspaso del dominio del bien del particular al
Estado;
3. La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser fijada teniendo en cuenta los
intereses de la comunidad y del afectado y, por lo tanto, esos intereses deben ser
ponderados caso por caso. La ponderación dentro del marco legal y constitucional la
hará el juez civil en el evento de expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante
o el juez contencioso en el evento de la expropiación por vía administrativa;
4. La función de la indemnización es, por regla general, de orden reparatorio.
Comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. No obstante, en
algunas circunstancias, al ser consultados los intereses de la comunidad y asumir
dichos intereses un peso especial, ésta puede reducirse y cumplir tan sólo una función
compensatoria. De otra parte, en circunstancias diversas, al ser consultados los
intereses del afectado y adquirir éstos una relevancia constitucional especial, como
en el evento de la vivienda familiar y en otros que serán precisados en esta sentencia,
la indemnización puede, tanto en su monto como en su forma de pago, asumir una
modalidad que la lleve a cumplir una función restitutiva.
5. La indemnización no tiene que ser siempre pagada en dinero en efectivo, pero si
se paga la indemnización con instrumentos distintos al dinero, éstos han de reunir por
lo menos las siguientes características: i) No pueden transformar el pago de la
indemnización previa, en un pago futuro, posterior a la trasmisión del dominio del bien
expropiado; (ii) deben garantizar un pago cierto de la obligación y no meramente
simbólico o eventual; (iii) deben constituir un medio legal de pago de obligaciones, de
tal forma que realmente constituyan para el afectado una indemnización; (iv) deben
permitir que el valor de la indemnización por expropiación reconocido como justo, en
el caso concreto, se mantenga en el tiempo, si el expropiado actúa en los negocios
diligentemente; (v) deben ser libre y efectivamente negociables, a fin de garantizar
que el afectado pueda convertirlos, en dinero en el momento en que lo desee,
inclusive al día siguiente del traspaso del dominio del bien; (vi) no pueden ser
revocados unilateralmente por la entidad que los emite. [Destaca la Sala].
Asimismo, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 6 de
febrero de 202030, con fundamento en los artículos 21.231 de la Convención Americana
29 Corte Constitucional, Sentencia C-1074 del 4 de diciembre de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, Sentencia del 6 de febrero
de 2020 núm. de radicación: 08001233100019971225601; M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón
31 […] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización
justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por
la ley […]” 74 Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley
16 de 30 de diciembre de 1972.
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sobre Derechos Humanos32 y 1733 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, reiteró que la expropiación conlleva la obligación de indemnizar el daño
causado al particular, indemnización que debe ser previa y con el propósito de restablecer
el equilibrio. Además, esta Corporación explicó lo siguiente:
“[…] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un
bien del dominio privado comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por
defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o
que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado
por el constituyente.
[…] No sobra precisar que, para poder obtener la reparación de los daños accesorios
que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los
mismos sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos
y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su
ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no
pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido
entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento,
pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar
lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos
aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe
ninguna duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta
completamente indiferente que aquél ya se haya presentado como un hecho existente
en el plano ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y directa de un
estado de cosas actual. Al fin y al cabo, el daño futuro no es sino una modalidad del
daño cierto, tal como lo ha sostenido, en reiteradas oportunidades esta Corporación.
En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser
acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de
lesiones ya causadas o de daños que, si bien no se han producido todavía, existe una
alta probabilidad en torno a su ocurrencia. [Destaca la Sala].
Pues bien, como se puede observar de la jurisprudencia citada, tanto de esta Corporación
como de la Corte Constitucional, se hace referencia a una indemnización justa, que
comprende tanto el lucro cesante como el daño emergente. Para poder reconocer esos
perjuicios, es indispensable que los mismos sean ciertos y que exista necesariamente un
nexo de causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la
expropiación. Además, se ha hecho especial énfasis en que los daños ajenos a la pérdida
del derecho de dominio deben ser acreditados en el proceso por quien reclama su
resarcimiento.
En el presente caso, tal como lo señaló el demandante, EDUBAR S.A al momento de
establecer la indemnización por la expropiación parcial del predio con folio de matrícula
inmobiliaria núm. 040-329656 no tuvo en cuenta ningún emolumento a título de daño
emergente o lucro cesante, pues se tomó el valor comercial de la parte del inmueble
expropiada establecida en el avalúo oficial, esto es el suscrito el 20 de noviembre de 2012
32 Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30
de diciembre de 1972
33 […] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella,
salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición
de haya una justa y previa indemnización […]
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por la Corporación Lonja de Propiedad Raiz de Barranquilla y, al revisar ese avalúo no
se contempló emolumento alguno por lucro cesante ni daño emergente para establecer
el valor comercial del bien. Sobre el particular34:
En ese sentido, le corresponde a la Sala determinar si, en el curso del proceso, el
demandante logró demostrar, conforme lo establece la ley, que le asistía el derecho a
que se le reconociera, a título de indemnización por la expropiación parcial del inmueble,
además del valor comercial del bien, algún emolumento por concepto de lucro cesante y
daño emergente.
A continuación, se aborda el estudio de cada uno de estos emolumentos y de los reparos
planteados por la parte demandante respecto de la apreciación del a quo, con el fin de
establecer si se debe acceder a sus pretensiones o, por el contrario, confirmar la decisión
del tribunal de negar dichas pretensiones.
• Del daño emergente
La parte demandante reparó que en la sentencia del tribunal no se le hubiere reconocido
indemnización alguna a título de daño emergente, toda vez que, a causa de la
expropiación parcial del bien identificado con folio de matrícula inmobiliaria núm. 040-
329656, debió realizar ciertas reparaciones indispensables a fin de desarrollar su
actividad con plena normalidad.
Al respecto, señaló que el a quo cometió en su juzgamiento un error conceptual, pues a
título de daño emergente no solo se debe reconocer el valor comercial del bien, sino que
según el accionante «deberá indemnizarse a la víctima del daño por todas las
reparaciones y gastos indispensables para que el inmueble objeto de expropiación vuelva
a cumplir las funciones que venía desempeñando con anterioridad; en general, debe
reconocerse todo aquello que se haya invertido en la recuperación del bien».
34 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL. 28.
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Sobre el reconocimiento de daño emergente, la sentencia de primera instancia señaló lo
siguiente:
Respecto al daño emergente solicitado con apoyo al avalúo realizado por la Firma
Araujo y Segovia S.A., la Sala no lo reconocerá, en la medida que este nace
igualmente por la indebida tasación del valor del bien expropiado, aspecto que ya fue
dilucidado, tomándose con ese propósito el avalúo elaborado por la Sociedad
Colombiana de Avaluadores, Seccional consta Atlántico, lo que conllevó a reconocer
la diferencia entre la indemnización establecida por Edubar S.A., con el precio que
legalmente correspondía. De accederse lo pretendido por la demandante, implicaría
la imposición de una doble carga pecuniaria a la administración por una misma
situación de hecho, lo que se traduce en una defraudación al erario público (sic).
Además, respecto de la construcción de vías internas y externas relacionadas en el
referido avalúo, es claro que esa afirmación no cuenta con el respaldo probatorio
pertinente a efectos de provocar una decisión favorable, argumento que igualmente
sirve para negar dicha pretensión.
La Sala comparte la decisión de negar el reconocimiento de un restablecimiento del
derecho, a título de daño emergente, en favor de la parte demandante. Sin embargo, se
aparta de las consideraciones que sirvieron de fundamento para adoptar dicha
determinación. En consecuencia, procede a exponer las razones que sustentan esta
postura:
En primer lugar, se resalta que el numeral 5 del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998
establece lo siguiente:
Artículo 21.- Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del
valor comercial:
[…]
5. Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente
el inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación
para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se
determinará en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte
afectada del inmueble para establecer su valor comercial.
Conforme a la norma transcrita, es menester verificar si, en el presente caso, la
expropiación fue parcial y si se demostró que se requerían obras de adecuación para
poder utilizar el resto del inmueble. En este punto, se recuerda que esta Sección ha
señalado que los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser acreditados
en el proceso por quien reclama su resarcimiento.
Un primer elemento consiste en que la expropiación sea parcial, esto es, que no recaiga
sobre la totalidad del inmueble, sino respecto de una parte de este. En el presente caso,
el inmueble fue expropiado de manera parcial, en tanto, según la Resolución núm. EDU-
13-0111 del 7 de junio de 2013, el trámite recayó únicamente sobre un área de 1.280,80
metros cuadrados, de los 975.976,38 metros cuadrados que originalmente conformaban
el inmueble con matrícula inmobiliaria n.º 040-329656.
Por otro lado, en lo que respecta a la necesidad de ejecutar diversas obras de adecuación
para permitir el aprovechamiento del resto del inmueble, el demandante sustentó tanto la
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necesidad como el valor de dichas obras mediante el avalúo realizado por la empresa
Inmobiliaria Araujo y Segovia35. El mencionado avalúo señaló lo siguiente:
En ejercicio de lo previsto en el artículo 232 del CGP, la Sala encuentra que el peritaje
realizado por la empresa Inmobiliaria Araujo y Segovia no tiene la solidez ni la
exhaustividad necesarias para ser tenido en cuenta a efectos de determinar la necesidad
ni el valor de las obras de adecuación puestas de presente por el demandante.
Al respecto, se advierte que el avalúo no cumple con los requisitos mínimos establecidos
en el artículo 226 del CGP; puntualmente, en el documento no está la explicación de los
exámenes o métodos efectuados ni los fundamentos técnicos de sus conclusiones. En
efecto, no existe ningún apartado que describa la metodología empleada para la
elaboración del peritaje. Recuérdese que la norma señala lo siguiente:
Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán
los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que
los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. [Destaca la
Sala].
Lo anterior, toda vez que, si bien se señala que deben realizarse unas obras, no se
explica por qué son necesarias ni por qué deben tener las características propuestas; es
decir, carece de soporte y exhaustividad. Tampoco se hace remisión a algún estudio
35 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL.55 y sig.
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técnico que respalde dichas conclusiones, ni se indica por qué resulta indispensable llevar
a cabo tales intervenciones de ingeniería civil para poder utilizar el remanente del bien.
El mismo análisis se extiende al valor calculado para las obras planteadas: el perito no
anexó soporte alguno de los valores unitarios que referenció para cada una de las
construcciones propuestas. En su peritaje no obran facturas, cotizaciones ni ningún otro
elemento que pueda servir de soporte para arribar a los valores plasmados en su estudio.
Por lo anterior, la Sala concluye que el demandante no cumplió con la carga de probar
que se configuraban todos los supuestos de hecho del numeral 5 del artículo 21 del
Decreto 1420 de 1998, para que le fuera reconocida una indemnización a título de daño
emergente solicitada. En ese sentido, se recuerda que esta Sala ha señalado que, en
caso de no cumplirse con dicha carga, no procede su reconocimiento:
Cabe mencionar que el carácter resarcible del daño en este caso dependía
fundamentalmente de la demostración de su ocurrencia, de modo que una simple
conjetura o una suposición no puede dar lugar a una indemnización, habida cuenta
que la parte actora tenía la carga de probar la existencia de los perjuicios que reclama,
y, de no demostrarla, a la administración solo le asiste el deber legal de pagar el precio
resultante del avalúo comercial36.
Por lo tanto, no encuentra la Sala que le asista razón al demandante respecto de su
reparo en contra de la sentencia de primera instancia en lo que respecta a la ausencia
de reconocimiento de indemnización a título de daño emergente.
• Del lucro cesante
En cuanto a este tema, la Sala pone de presente que, dentro del marco normativo que
regula la expropiación de bienes inmuebles, sí se contempla el reconocimiento, por parte
del Estado, de una compensación adicional al valor comercial de los inmuebles, cuando
estos estuvieren destinados a actividades productivas y la expropiación repercuta en una
afectación temporal o permanente de los ingresos obtenidos por dicha actividad. Lo
anterior está regulado en el numeral 6.º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998:
Artículo 21.- Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del
valor comercial:
[…]
6. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente
una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de
ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que
se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.
[…] [Destaca la Sala]
Del artículo se destacan tres aspectos: primero, que el bien debe estar destinado a
actividades productivas; segundo, que la indemnización por la afectación de dichas
actividades, como consecuencia de la expropiación, debe considerarse independiente del
avalúo comercial de los bienes; y tercero, que la compensación por esa afectación se
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, Sentencia del 19 de febrero
de 2026 núm. de radicación: 08001-23-33-000-2018-00659-01; M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.
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encuentra limitada a las rentas dejadas de percibir por un término máximo de seis (6)
meses.
Respecto del caso concreto, se observa que la parte demandante, en su recurso de
apelación, alegó que el tribunal incurrió en error al señalar que, ante la ausencia en el
expediente de constancia del contrato de arrendamiento que sustentaba la solicitud de
indemnización a título de lucro cesante, no era posible acceder a dicha pretensión. En
ese sentido indicó:
El a quo negó la indemnización de los perjuicios ocasionados a mi representada a
título de lucro cesante bajo el argumento de que no se aportó el contrato de
arrendamiento suscrito con la empresa MADEMECO, cuyo objeto era el bien
inmueble objeto de expropiación. Sobre el particular, debe anotarse que no es de
recibo la exigencia realizada, puesto que, en el ordenamiento jurídico, y en particular,
en el sistema procesal colombiano no existe la tarifa legal probatoria, sino que, por el
contrario, impera la libertad de medios de prueba, es decir, que cualquier hecho, como
la existencia y vigencia de un contrato de arrendamiento, pueden ser demostrados a
través de cualquier medio admisible por la normatividad procesal. En consecuencia,
la exigencia de contar con el contrato de arrendamiento como única prueba válida de
dicha relación comercial, resulta excesiva y sin fundamento jurídico.
Por su parte, en lo que concierne a la solicitud de restablecimiento del derecho
consistente en el reconocimiento de perjuicios por concepto de lucro cesante, la sentencia
de primera instancia señaló:
En el sub examine, la parte demandante solicita a título de lucro cesante, la suma de
$43.052.247.65, que corresponde al valor de seis (6) cánones de arrendamiento
mensuales pactados entre la demandante y la empresa MDEMECO, en contrato de
arrendamiento vigente para la época de la expropiación. Para el efecto, aportó avalúo
realizado por la sociedad Araujo y Segovia S.A., con el que pretende demostrar el
valor del lucro cesante del inmueble objeto de expropiación.
El Tribunal denegará dicho reconocimiento, teniendo en cuenta que a la actuación no
fueron allegados los medios de prueba que permitan acreditar, que en efecto, la parte
demandante, a la fecha de expropiación del inmueble de su propiedad por parte de la
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A., había suscrito
contrato de arrendamiento con la empresa MDEMECO. Y si bien en el avalúo
practicado por la Sociedad Araujo y Segovia S.A., hace referencia a un contrato, lo
cierto es que, se insiste, el mismo no fue allegado a la actuación, a efectos de
acreditar dichas afirmaciones. Además, y si en gracia de discusión se tuviera
como prueba el contrato a que hace referencia el avalúo, lo cierto es que, tal
como lo advierte la demandada, en él figura como arrendador la Zona Franca
Industrial de Bienes y de servicios de Barranquilla S.A. y no la parte actora.
[Destaca la Sala].
Sobre este punto, la Sala concluye que no le asiste razón a la parte demandante en el
reparo formulado contra la sentencia de primera instancia en lo que atañe al
reconocimiento del lucro cesante.
En efecto, no es acertado sostener que el tribunal se hubiera limitado a negar dicha
pretensión por la ausencia, en el expediente, del contrato de arrendamiento que, según
la actora, daba sustento al ingreso dejado de percibir. Del análisis del aparte pertinente
de la providencia recurrida se advierte que, si bien el a quo destacó que no se allegó el
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contrato suscrito con la empresa MADEMECO (documento que, en principio, constituía
la prueba idónea, aunque no la única válida, para acreditar la existencia del negocio
jurídico), tal circunstancia no fue el único fundamento para desestimar la pretensión
indemnizatoria.
Como se aprecia, el tribunal también puso de presente que el fragmento contractual
incorporado en el dictamen pericial rendido por la firma Inmobiliaria Araujo y Segovia no
tiene como parte a la sociedad demandante, esto es, CISA S.A., sino a la «Zona Franca
Industrial de Bienes y de Servicios de Barranquilla S.A. – Zona Franca de Barranquilla
S.A. U.O.Z.F., NIT 800.186.284-5», lo que impide tener por acreditada la relación jurídica
alegada por la actora como soporte del lucro cesante reclamado. La apreciación del a
quo es verídica y puede ser contrastada en el expediente del proceso 37:
De este modo, la Sala advierte que la decisión del a quo no obedeció exclusivamente a
la ausencia del contrato de arrendamiento, sino a la insuficiencia probatoria en torno a la
existencia y titularidad de la relación negocial invocada, circunstancia que resulta
determinante para la procedencia del reconocimiento del perjuicio reclamado.
Ahora, el demandante en su recurso de apelación también sostuvo que no era cierto que
no quedara acreditada su condición de arrendatario del inmueble, pues según esa parte
procesal bastaba con contrastar los folios de matrícula para determinar que el inmueble
arrendado era el de objeto de expropiación. Al respecto indicó:
No resulta de recibo la consideración del a quo relativa a que no se tiene certeza de
que quien haya actuado como arrendador no haya sido mi mandante, pues
claramente en el numeral 9º del avalúo rendido por la firma ARAUJO Y SEGOVIA
S.A., se establece que el inmueble sobre el cual recaía el contrato de arrendamiento,
es el mismo que fue objeto de expropiación por vía administrativa, para lo cual,
bastaba simplemente con estudiar los folios de matrícula discriminados, para concluir
que en efecto el inmueble, objeto del contrato de arrendamiento era de propiedad de
CISA. [Destaca la Sala].
Este argumento no está llamado a prosperar, por cuanto la Sala no logra identificar a qué
«folios de matrícula discriminados» alude la parte demandante. En efecto, el aparte del
37 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL.72.
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contrato de arrendamiento incorporado en el avalúo practicado por la firma Inmobiliaria
Araujo y Segovia no contiene referencia alguna a folios de matrícula inmobiliaria que
permita su confrontación o verificación. Como puede apreciarse38:
En tales condiciones, la Sala concluye que la alegación de la parte actora carece de
sustento probatorio suficiente, en la medida en que no es posible establecer
correspondencia entre los bienes a los que se refiere el supuesto contrato y aquellos
sobre los cuales se predica el perjuicio cuya indemnización se reclama.
A ello se suma que no obra en el expediente prueba alguna que permita acreditar que la
demandante ostentaba la calidad de arrendadora del inmueble respecto del cual se
pretende el reconocimiento del lucro cesante. En efecto, tal como también lo advirtió el
tribunal, se echa de menos el contrato de arrendamiento presuntamente suscrito entre
CISA S.A. y un tercero, documento que resultaba determinante para demostrar que la
porción del bien objeto de expropiación se encontraba efectivamente arrendada por la
actora.
Por consiguiente, ante la insuficiencia del acervo probatorio en torno a la existencia de la
relación negocial alegada, así como de los ingresos que de ella se derivarían, no es
posible tener por acreditado un perjuicio cierto que dé lugar al reconocimiento del lucro
cesante.
38 SAMAI, Índice 44, documento «CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO», FL.72.
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Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados por la parte
demandante en el recurso de apelación, tiene vocación de prosperidad y, por lo tanto, en
la parte resolutiva de esta providencia la Sala confirmará el numeral tercero de la
sentencia apelada.
5.6. Condena en costas
La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni
probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en
concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del
artículo 306 de la mencionada ley.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR los numerales primero y segundo de la sentencia del 15 de marzo
de 2016, proferida en el proceso de la referencia por el Tribunal Administrativo del
Atlántico y, en su lugar, NEGAR las pretensiones 2.1 y 2.2 de la demanda, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 15 de marzo de 2016, proferida
en el proceso de la referencia por el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 25 de
junio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
Aclara voto
GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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