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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2018-00659-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2018-00659-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2018-00659-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte actora y en favor de Transmetro S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $1.750.905 (equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente), la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-33-000-2018-00659-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00659-01
Actoras: LINA MARCELA RUEDAS SILVA, MIRIAM HELENA SILVA Y
LUISA FERNANDA LOAIZA RUEDAS.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LA PARTE ACTORA
NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL
AVALÚO OFICIAL, QUE FUNDAMENTÓ LAS RESOLUCIONES DE
EXPROPIACIÓN ACUSADAS DE NULIDAD. NO CUMPLIÓ CON LA
CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL VALOR COMERCIAL DEL
INMUEBLE, CALCULADO POR EL AVALÚO OFICIAL, ERA
EQUIVOCADO E INCORRECTO. EL AVALÚO OFICIAL NO FUE
DESVIRTUADO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandante contra la sentencia de 11 de septiembre de 2019,

proferida por la Sección “C” del Tribunal Administrativo Del

Atlántico, que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1.- Las señoras Lina Marcela Ruedas Silva, Miriam Helena

Silva y Luisa Fernanda Loaiza Ruedas, en ejercicio de la acción

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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00659-01
Actoras: LINA MARCELA RUEDAS SILVA, MIRIAM HELENA SILVA Y LUISA
FERNANDA LOAIZA RUEDAS

de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo

138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo CPACA-1, mediante apoderado, presentaron

demanda contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario

(DEIP) de Barranquilla y la empresa Transmetro S.A.S.2, en la

que formularon las siguientes pretensiones:

“[…] 1.- Declarar nula la Resolución de Expropiación No. 002 del 23
de Enero del 2017, por medio de la cual se declaró por motivos de
utilidad pública e interés social, la expropiación por vía
administrativa del área parcial del inmueble requerido, denominado
Lote B ubicado en la Carrera 50 No. 50B- 06 y a través de la cual
se estableció como valor del precio indemnizatorio, la suma de
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($18,571,619.00) de
conformidad al avalúo comercial Corporativo practicado por la Lonja
de Propiedad Raíz de Barranquilla el 31 de mayo de 2015.

2.- Declarar nula la Resolución No. 002 del 7 de Marzo de 2017,
por medio de la cual se niega el recurso de reposición interpuesto el
22 de febrero de 2017 en contra de la Resolución de Expropiación.

3.- Se ordene la expedición de una nueva resolución, por parte de
TRANSMETRO S.A.S. como entidad expropiante, de conformidad
con el nuevo avalúo a practicar que incluya con integralidad todos
los ítems necesarios de perjuicios materiales, reconocimientos de
construcción de locales comerciales, reconstrucción de fachada y
gastos notariales y permisos de construcción, para una reparación
justa de conformidad a restablecer los derechos de las accionantes.

4.- Se reconozca el pago de la indemnización integral en donde se
contemplen el daño emergente, el lucro cesante, la reconstrucción
de la fachada, la construcción de locales comerciales y los gastos
notariales y permisos de construcción.

I.2.- Las demandantes fundamentaron su demanda, en síntesis, en

los siguientes hechos:

1
En adelante CPACA
2
En adelante la Transmetro S.A.S.

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Señalaron que el Departamento Administrativo de Planeación

Distrital de Barranquilla otorgó viabilidad al Plan Maestro de

Transporte Metropolitano, dentro del cual se incorporó el proyecto

de transporte masivo de Barranquilla y su Área Metropolitana,

iniciativa orientada a mejorar las condiciones de accesibilidad de la

población y a propiciar la recuperación del espacio público.

Afirmaron que el citado proyecto estaba a cargo de la sociedad

Transmetro S.A.S., encargada de la ejecución de las actuaciones

necesarias para su desarrollo y, entre las obras previstas se

encontraba la realización de obras de infraestructura consistentes

en la ampliación de la carrera 53, en el tramo comprendido entre la

Vía 40 y la calle 45, así como la reconstrucción de andenes, la

mejora del espacio público y la adecuación de las áreas remanentes

de los predios afectados por la ejecución del proyecto.

Manifestaron que son titulares del derecho real de dominio del

inmueble ubicado en la Carrera 50 # 50B-06, identificado con

matrícula inmobiliaria núm. 040-102227 de la Oficina de Registro

de Instrumentos Públicos de Barranquilla, en virtud de la

compraventa realizada mediante Escritura Pública 3370 de 29 de

diciembre de 2014 de la Notaría Séptima de Barranquilla.

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Indicaron que dicho inmueble fue requerido de manera parcial para

la ejecución de la obra de infraestructura asociada al Proyecto de

Transporte Masivo, conforme se determinó en la Resolución de

Oferta de Compra APR 045 de 18 de agosto de 2015, expedida por

Transmetro S.A.S., acto mediante el cual se delimitó el área

necesaria para la realización del proyecto.

Adujeron que el área parcial del predio cuya expropiación se

dispuso corresponde a una extensión total de 19,28 m², distribuida

en 8,46 m² de área construida y 10,84 m² de área de terraza, que

comprenden el área de terreno requerida para la ejecución del

proyecto.

Precisaron que el área de terreno objeto de la expropiación parcial

presenta los siguientes linderos: por el norte, en una extensión de

9,75 metros, colinda con el lote A; por el sur, en una extensión de

9,70 metros, colinda con la Carrera 50; por el oriente, en una

extensión de 0,92 metros, colinda con la calle 50B; y por el

occidente, en una extensión de 3,03 metros, colinda con el predio

que es o fue de propiedad del señor Esteban Buenaventura Barceló.

Expusieron que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución

núm. 002 de 23 de enero de 2017, mediante la cual se “declaró

por motivos de utilidad pública e interés social la expropiación por

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vía administrativa del área parcial del Inmueble requerido y

denominado Lote B” y se fijó como valor del precio indemnizatorio

la suma de $18.571.619, monto que se determinó con fundamento

en el avalúo comercial corporativo practicado por la Lonja de

Propiedad Raíz de Barranquilla, con fecha 31 de mayo de 2015.

Mencionaron que, en atención a lo anterior, solicitaron la práctica

de un avalúo corporativo, el cual fue elaborado por la Corporación

Colegio Inmobiliario de Barranquilla, a través de su perito

avaluador, señor José Manuel Abello Moreno, inscrito en el Registro

Nacional de Avaluadores (R.N.A.), con matrícula MI-0481,

especialista en avalúo de inmuebles urbanos, rurales, bienes

muebles y maquinaria.

Informaron que el avalúo practicado determinó un valor

indemnizatorio de $118.302.314,32, circunstancia que, a su juicio,

ponía de presente que en la fijación del precio indemnizatorio

contenida en el acto administrativo de expropiación, con

fundamento en el avalúo comercial practicado por la Lonja de

Propiedad Raíz de Barranquilla, no se tuvo en cuenta que sobre el

predio objeto de expropiación funcionaban, tanto al momento de la

expedición del acto como al tiempo de la práctica del avalúo por

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parte de Transmetro S.A.S., cuatro locales comerciales, de los

cuales percibían ingresos.

Alegaron que, inconformes con lo anterior, interpusieron recurso de

reposición, el cual fue decidido mediante la Resolución 002 de 7

de marzo de 2017, que confirmó la Resolución 002 de 23 de

enero del mismo año.

I.3.- Fundamentos de derecho

La parte actora formuló el cargo de violación del artículo 58 de la

Constitución Política; y 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 19973.

Las demandantes sostuvieron que Transmetro S.A.S., al momento

de efectuar el avalúo que sirvió de fundamento para fijar el precio

indemnizatorio, no tuvo en cuenta, con miras a una reparación

justa y equitativa, la totalidad de los perjuicios derivados de la

expropiación, en particular aquellos de naturaleza material distintos

al valor del suelo.

Indicaron que el avalúo oficial omitió considerar ítems que, a su

juicio, hacen parte integral del perjuicio generado con ocasión de la

expropiación, tales como: (i) los perjuicios materiales asociados a la

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“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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construcción de los locales comerciales existentes en el predio; (ii)

el lucro cesante correspondiente a los ingresos dejados de percibir

por la explotación económica de dichos locales; (iii) los costos

derivados de la reconstrucción de la fachada; y (iv) los gastos

notariales y permisos de construcción en que debieron incurrir, todo

ello en su condición de titulares del derecho de dominio sobre el

bien expropiado.

Agregaron que en el avalúo practicado se dejó de considerar la

destinación del inmueble como unidad de explotación económica,

circunstancia que, a su juicio, imponía la inclusión expresa del ítem

correspondiente a la cesación de los ingresos provenientes de los

locales comerciales construidos en el predio objeto de expropiación.

Finalmente, precisaron que el avalúo allegado con ocasión del

recurso de reposición interpuesto contra la resolución de

expropiación no tenía como propósito ser asumido como avalúo

oficial por la entidad, sino servir de elemento de apoyo para poner

de presente las falencias y errores en que, a su juicio, incurrió la

administración al omitir, dentro del avalúo oficial, los distintos ítems

que integran el bien expropiado y que resultan determinantes para

la fijación del precio indemnizatorio, omisiones que consideran

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constitutivas de una afectación al justo derecho indemnizatorio que

les asiste.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1.- El DEIP de Barranquilla4, por conducto de apoderado

judicial, manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda.

Afirmó que el método empleado para la determinación del precio

indemnizatorio se fundamentó en el valor comercial del terreno, de

conformidad con los lineamientos de la Asociación Nacional de

Lonjas y Colegios Inmobiliarios, y que dicho avalúo fue certificado

por el perito José Manuel Abello Moreno.

Precisó que la determinación del precio base de la oferta de compra

se realizó a partir de un avalúo practicado por la Lonja de Propiedad

Raíz de Barranquilla, entidad que fue contratada mediante proceso

licitatorio bajo la modalidad de selección abreviada, conforme a la

normatividad aplicable.

Sostuvo que, durante la etapa de negociación voluntaria, las

demandantes no solicitaron la revisión del avalúo presentado por la

entidad, sino que se limitaron a pedir la elaboración de uno nuevo,

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Folios 160-171 C. 1.

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actuación que, en su criterio, resultaba improcedente, en la medida

en que el avalúo se encontraba vigente al momento de la

expedición de la oferta de compra.

Indicó que el avalúo allegado con ocasión del recurso de reposición

debía ser desestimado, toda vez que incluyó conceptos relativos a

daño emergente y lucro cesante, los cuales, son propios de la

expropiación judicial y no proceden en el marco de la expropiación

administrativa.

Aseguró que la dependencia encargada de los avalúos determinó el

precio indemnizatorio objeto de controversia a partir de una

investigación de mercado, realizada de conformidad con lo previsto

en el Decreto 1420 de 24 de julio de 19985.

Propuso como excepciones las siguientes:

-. Falta de legitimación en la causa por pasiva: La sustentó en el

hecho de que no estaba llamada a responder por las pretensiones

de la demanda, en razón a que los actos administrativos acusados

fueron expedidos por la empresa Transmetro S.A.S., que tiene

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

5
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.

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. - Inepta demanda por falta de pruebas: Señaló que la parte actora

no allegó con la demanda los documentos que acreditaran haber

recibido el pago del precio indemnizatorio y tampoco aportó copia

auténtica de los actos acusados.

I.4.2.- La empresa Transmetro S.A.S, por intermedio de

apoderado judicial contestó la demanda6, y para oponerse a la

prosperidad de las pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente:

Sostuvo que la entidad procedió a la expropiación del bien

inmueble de propiedad de las demandantes como cuerpo cierto,

ordenando en la resolución expropiatoria el desenglobe o

segregación del lote “B”, requerido para la ejecución de la

infraestructura vial de la carrera 50 y del sistema de transporte

masivo de Barranquilla y su área metropolitana.

Señaló que el área efectivamente expropiada comprendía un área

de lote de 19,28 m², un área construida de 8,46 m² y un área de

terraza de 10,84 m², y que no se acreditó por parte de las

propietarias que el área afectada correspondiera a 28,92 m², como

lo afirmaron en la demanda.

Adujo que el valor de la indemnización fijado se ajustó a las

6
Folios 183-195 C. 1.

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previsiones del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, y reiteró que,

durante la etapa de negociación voluntaria, las demandantes no

pidieron la revisión del avalúo presentado por la entidad, sino que

se limitaron a solicitar la práctica de uno nuevo, actuación que, en

su criterio, resultaba improcedente, dado que el avalúo se

encontraba vigente al momento de la expedición de la oferta de

compra.

Afirmó que la metodología de avalúo que contempla el

reconocimiento de daño emergente y lucro cesante no resultaba

aplicable al caso concreto, por cuanto, al momento de adelantarse

el trámite de adquisición predial, no se encontraba vigente para

Transmetro S.A.S., ni por ministerio de la ley, una disposición

reglamentaria que habilitara el reconocimiento de tales conceptos

en el marco de la expropiación administrativa. Añadió que la

resolución expropiatoria fue notificada a las propietarias con

anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normatividad que

regula dichos aspectos.

II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal en sentencia de 11 de septiembre de 2019, desestimó

las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes

argumentos:

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Afirmó que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de

legalidad de los actos administrativos acusados, toda vez que el

informe de peritaje emitido por la Corporación Colegio Inmobiliario

de Barranquilla, a través del arquitecto JOSÉ MANUEL ABELLO

MORENO, a petición de las demandantes, no tuvo la virtualidad de

modificar el avalúo Corporativo fechado 31 de mayo de 2015,

emitido por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla,

a solicitud de Transmetro S.A.

Explicó que el avalúo comercial corporativo, fechado 31 de mayo de

2015 y emitido a solicitud de Transmetro S.A., por la Lonja de

Propiedad Raíz de Barranquilla, cumplía con las exigencias para

avalúos que señala el Decreto 1420 de 1998, en particular en lo

relativo a la determinación del valor del metro cuadrado del

inmueble a través del método de capitalización de rentas o

ingresos; sin embargo, dicho avalúo no contenía conceptos

relacionados con el lucro cesante derivado de la transferencia del

dominio del inmueble, el cual, conforme al inciso 6º del artículo 21

de la norma ibidem, debía tasarse por un periodo máximo de seis

meses.

Sostuvo que el “Avalúo Corporativo” emitido por la Corporación

Colegio Inmobiliario de Barranquilla, aportado por las demandantes,

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carecía de legitimidad e idoneidad técnica y no tenía fuerza para

desvirtuar el avalúo corporativo elaborado por la Lonja de

Propiedad Raíz de Barranquilla, habida cuenta que el arquitecto

José Manuel Abello Moreno no demostró estar inscrito y autorizado

por una Lonja de Propiedad Raíz domiciliada en el Distrito de

Barranquilla, conforme a los requisitos previstos en el Decreto 1420

de 1998 y la Ley 1673 de 2013.

Asimismo, señaló que el informe no adjuntó el plano de

levantamiento topográfico que justificara el área de terreno y

construcción afectada por 28,92 metros cuadrados ni explicó la

metodología empleada para determinar el valor del metro cuadrado

ni la cuantía asignada al lucro cesante.

Advirtió que al verificar el valor del metro cuadrado (mt2) asignado

por el extinto perito José Manuel Abello Moreno al terreno, objeto

de avalúo, efectivamente carece de justificación la suma de un

$1.130.400 asignada al valor del metro cuadrado de terreno y

construcción, así como tampoco se evidencian muestras de

mercado que permitan asignar precio alguno al metro cuadrado.

Asimismo, echó de menos la operación aritmética realizada por el

avaluador para concluir que la cuantía del lucro cesante ascendía a

la suma de $17.400.000.

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Precisó que el informe de peritazgo del arquitecto José Manuel

Abello Moreno no fue controvertido dentro del proceso, pues pese a

ordenarse su citación, en audiencia inicial el apoderado de la parte

actora informó el fallecimiento del perito.

Afirmó que ante la falta de legitimidad de José Manuel Abello

Moreno para presentar el informe de peritazgo del inmueble de 13

de febrero de 2017, aportado por la parte actora, y frente a la

escasa “contundencia” probatoria del mismo, desestimó dicho

avalúo. Y tuvo por válido el avalúo comercial de 31 de mayo de

2015, expedido por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de

Barranquilla, solicitado por Transmetro S.A.S.

Aclaró que aun cuando se tendría por válido el avalúo presentado

por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla, este no

incluyó el reconocimiento del daño material en la modalidad de

lucro cesante, conforme a lo dispuesto en el inciso 6° del artículo

21 del Decreto 1420 de 1998, norma que establece que, para los

efectos del avalúo previsto en el artículo 37 de la Ley 9º de 11 de

enero de 19897, cuando los inmuebles se encuentren destinados a

actividades productivas y la afectación genere una limitación

temporal o definitiva en la producción de ingresos, deberá

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“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”.

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considerarse, de manera independiente al avalúo del inmueble, la

compensación por las rentas que se dejen de percibir, hasta por un

período máximo de seis meses, por lo que, en tal sentido, a la parte

actora le asistiría parcialmente razón en cuanto a la necesidad de

valorar el lucro cesante.

No obstante, señaló que tendría por no acreditado dicho daño

material, teniendo en cuenta que la parte actora no efectuó una

debida valoración de su lesión.

Concluyó que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de

legalidad de los actos acusados, por lo que se desestimaban las

pretensiones de la demanda.

III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia

proferida en primera instancia, para lo cual expuso que los motivos

de inconformidad con la decisión apelada se sustentan en los

siguientes términos:

Adujo que el Tribunal en su decisión incurrió en error al cuestionar

la idoneidad del perito arquitecto José Manuel Abello Moreno, con

fundamento en la supuesta obligatoriedad de su inscripción en el

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Registro abierto de avaluadores, toda vez que dicha exigencia no

era jurídicamente aplicable para la fecha en que se elaboró el

dictamen pericial, dado que la obligación de inscripción empezó a

regir a partir del 12 de mayo de 2018, mientras que el avalúo fue

realizado con anterioridad, específicamente en febrero de 2017,

razón por la cual no existía deber legal de inscripción en ese

registro para aquel.

Agregó que, pese a tratarse de una ley expedida en 2013, su

exigibilidad efectiva fue diferida en el tiempo, circunstancia que —

según el recurrente— fue desconocida por el juzgador al restar

eficacia probatoria al dictamen, aplicando una norma que no era

exigible al momento de su elaboración.

Resaltó que dentro de los anexos de la demanda, a folios 51 y 52,

se aportó la Certificación de la Asociación Nacional de Lonjas y

Colegios Inmobiliarios —ASOLONJAS— y el carnet respectivo, en los

que consta que el señor José Manuel Abello Moreno era miembro

activo hasta enero de 2018, razón por la cual el avalúo presentado

como soporte de la demanda era válido, máxime cuando el mismo

fue decretado como prueba legamente aportada en audiencia inicial

celebrada el 13 de junio de 2019 y no fue tachado de falso o

sospechoso por la parte demandada, por lo cual no se puede

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pretender omitir y desconocer esta prueba, cuando la misma goza

de todas las presunciones legales correspondientes.

En esa línea, indicó que contrario a lo afirmado por el fallador de

primer grado, el avalúo aportado con la demanda, verificó el valor

del metro cuadrado del bien afectado, señaló los valores unitarios

y totales del terreno y de la construcción de los locales comerciales;

tuvo en cuenta el lucro cesante más los correspondientes gastos

notariales y permisos de construcción, así como la identificación del

área total impactada por la expropiación, aspectos que, a su juicio,

fueron omitidos o indebidamente apreciados en la sentencia

apelada.

Explicó que dicho avalúo incorporó cuadros, descripciones técnicas

y cálculos detallados que permitían verificar tanto el valor del metro

cuadrado como el monto global de la indemnización reclamada,

incluyendo la afectación temporal derivada de la ejecución de las

obras y el tiempo estimado de reconstrucción.

Expresó su desacuerdo con la decisión de restringir el

reconocimiento del lucro cesante a seis meses con fundamento en

el artículo 399 del Código General del Proceso, habida cuenta que

tal limitación desconoce el alcance del derecho a una indemnización

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justa y vulnera el artículo 58 de la Constitución Política, al imponer

un límite abstracto que impide ponderar las circunstancias

concretas del expropiado y del caso específico y, además, porque

dicho término fue declarado inexequible por la Corte Constitucional

mediante Sentencia C-750/15.

Afirmó que el avalúo que sirvió de soporte a la resolución de

expropiación únicamente tuvo en cuenta algunos componentes del

predio —lote, construcción y terraza—, pero excluyó otros ítems

que, según sostiene, conformaban integralmente el daño sufrido,

tales como el lucro cesante, la reconstrucción de locales

comerciales, la reconstrucción de la fachada y los gastos notariales

y permisos de construcción y que dicha exclusión condujo a la

fijación de un valor indemnizatorio irrisorio frente al valor justo y

real del predio.

Expuso que la decisión recurrida desconoce que la indemnización en

materia de expropiación no debe limitarse a una función

meramente compensatoria, sino que debe ser reparatoria e

integral, comprendiendo tanto el daño emergente como el lucro

cesante, con el fin de evitar que la expropiación se convierta en una

carga pública desproporcionada para el afectado, pues la sentencia

apelada omitió reconocer los ingresos dejados de percibir por los

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locales comerciales durante el tiempo de ejecución de la obra, pese

a que existían contratos de arrendamiento debidamente acreditados

en el proceso.

Manifestó su desacuerdo con el argumento relacionado con la

exigencia de aportar muestras de mercado para soportar el valor

asignado al metro cuadrado, pues el método valuatorio aplicado en

el avalúo fue el de costo de reposición que no exige la presentación

de muestras de mercado, razón por la cual considera que dicha

exigencia carece de sustento jurídico.

Afirmó que el método valuatorio utilizado se ajusta a la normativa

técnica aplicable, en la medida en que se emplea cuando el bien no

cuenta con comparables de mercado o no se encuentra sometido al

régimen de propiedad horizontal, circunstancia que, a su juicio, fue

debidamente explicada en el avalúo aportado con la demanda.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en

esta instancia, la parte actora y Transmetro S.A.S allegaron sus

alegatos de conclusión en los que reiteraron su posición jurídica

sobre la litis.

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IV.2.- El Ministerio Público y el DEIP de Barranquilla, en esta

etapa procesal, guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las

resoluciones núms. 002 de 23 de enero de 2017, “Por la cual

se decreta una expropiación por vía administrativa”, y 002 de 7 de

marzo de 2017, "Por la cual se resuelve el recurso de reposición

interpuesto contra la Resolución No. 002 de Enero 23 de 2017, por

medio de la cual se decretó una expropiación por vía

administrativa", expedidas por el Gerente de Transmetro S.A.S.,

mediante las cuales, respectivamente, dispuso la expropiación

administrativa del inmueble de propiedad de la parte actora,

identificado con la matrícula inmobiliaria 040-102227 de la Oficina

de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, ubicado en la

Carrera 50 # 50B-06, el cual fue requerido en forma parcial, a

efectos de ejecutar el proyecto de ampliación de la Carrera 50 entre

la vía 40 y la Calle 45 de esa ciudad.

El Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda, por

considerar que la parte actora no desvirtuó la presunción de

legalidad de los actos acusados, debido a que no demostró la

incorrección del avalúo oficial fijado por la administración, que

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sirvió de sustento para la fijación del precio indemnizatorio que

estableció Transmetro S.A.S. en dichos actos.

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso

de apelación, argumentando su inconformidad con la conclusión del

a quo, según la cual no se logró desvirtuar la presunción de

legalidad del avalúo oficial que sustentó el precio indemnizatorio

incorporado en los actos administrativos demandados, por estimar

que: (i) el avalúo, elaborado por José Manuel Abello Moreno,

aportado con la demanda, debió ser valorado; y (ii) el avalúo oficial

no tuvo en cuenta una reparación integral que incluyera el lucro

cesante, la reconstrucción de locales comerciales, la reconstrucción

de la fachada y los gastos notariales y permisos de construcción, lo

que condujo a la fijación de un valor indemnizatorio irrisorio frente

al valor justo y real del predio; y, (iii) el método valuatorio aplicado

en el avalúo, aportado con la demanda no exige haber entregado

muestras de mercado.

Por tal razón, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera

instancia.

Previo al análisis de fondo, es del caso advertir que la Sala es

competente para resolver los recursos de apelación interpuestos

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contra los fallos de primera instancia en aquellos temas que

constituyeron la oposición específica a la decisión de los Tribunales.

De este modo, el estudio y la competencia del fallador de segunda

instancia se limitará a examinar los reproches contra los

razonamientos y consideraciones que tuvieron los mismos para

resolver las demandas respectivas.

Problema jurídico

A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,

corresponde a la Sala determinar, si la sentencia de primera

instancia debe confirmarse o revocarse, en particular i) si le asistió

razón al a quo al concluir que no se desvirtuó la presunción de

legalidad del avalúo oficial que sirvió de fundamento al precio

indemnizatorio fijado en los actos administrativos demandados; ii)

si el avalúo aportado con la demanda debió ser objeto de valoración

probatoria dentro del proceso; iii) si el avalúo oficial, al no incluir el

lucro cesante, la reconstrucción de locales comerciales, la

reconstrucción de la fachada y los gastos notariales y permisos de

construcción, condujo a la fijación de un valor indemnizatorio

irrisorio frente al valor justo y real del predio; y iv) si el método

valuatorio aplicado en el dictamen pericial exigía, como presupuesto

de validez, la entrega o acreditación de muestras de mercado.

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Para resolver el problema jurídico aludido, la Sala enunciará los

actos acusados y su contenido, para enseguida desarrollar el

estudio de cada uno de los cargos planteados en la apelación.

Actos acusados y su contenido

El objeto del presente proceso recae sobre la legalidad de los

siguientes actos administrativos:

➢ Resolución núm. 002 de 23 de enero de 2017, expedida

por Transmetro S.A.S., “Por la cual se decreta una

expropiación por vía administrativa”, del área denominada

como lote “B” del inmueble ubicado en la Carrera 50 # 50B-

06, identificado con la matrícula inmobiliaria 040-102227 de

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de

Barranquilla, en cuya parte resolutiva, dispone lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Decretar por motivos de
utilidad pública e interés social, la expropiación por vía
administrativa del área parcial del inmueble requerido y
denominado como Lote B en el considerando 22 de esta
Resolución el cual se encuentra ubicado en la Carrera 50
No. 50B – 06 del Distrito de Barranquilla, según el folio de
matrícula inmobiliaria No. 040-102227, sobre el cual se
levantó el registro topográfico No. RT-PV-122 cuyas
titulares inscritas del derecho de dominio son las señoras
MIRYAM HELENA SILVA identificada con la cédula de
ciudadanía No. 27.763.324, LINA MARCELA RUEDAS
SILVA identificada con la cédula de ciudadanía No.
22.523.010 y LUISA FERNANDA LOAIZA RUEDAS
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.045.739.073,

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área parcial que se describe así en los títulos Cabida y
Linderos LOTE B (Área a Expropiar); Área total de lote
de 19.28 M2; Área de Construcción de 8.46 M2 y Área
de terraza 10.84 M2 que queda dentro del área de
terreno. Lote B que mide y linda así:

Norte 9 75 Metros linda con el LOTE A Sur 9 70 Metros linda
con la Carrera 50. Oriente 0.92 metros linda con Calle 50B,
Occidente 3 08 metros linda con predio que es o fue de
Esteban Ventura Barceló.

[…]

ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO. - El valor del precio indemnizatorio de
la expropiación que se decide por la presente resolución es
la suma de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS $18.571.619.00
M.L. conforme al avalúo comercial Corporativo practicado
por la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla de fecha
mayo 31 de 2015, sobre el inmueble requerido, identificado
con Registro Topográfico No. RT-PV-122.
[…]

ARTICULO CUARTO: Destinación - El área parcial del
inmueble requerido, objeto de la adquisición y cuya
identificación plena se precisa en el artículo primero de esta
Resolución, será destinado para la ejecución de la
infraestructura vial para la construcción del Par Vial de la
carrera 50 del Sistema de Transporte Masivo de
Barranquilla y su área Metropolitana TRANSMETRO S.A.S.
Predio ubicado en el Distrito de Barranquilla en la Carrera
50 No. 50B-06 según el folio de matrícula inmobiliaria No
040-102227 de conformidad con lo establecido en el
artículo 68 numeral 3 de la Ley 388 de 1.997. […]”.

➢ Resolución núm. 002 de marzo 7 de 2017, expedida por
el Gerente de la empresa Transmetro S.A.S., del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, “por la cual se
resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución No. 002 de enero 23 de 2017, por medio de la
cual se decretó una expropiación por vía administrativa", que
confirmó la anterior decisión.

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V.2.- Caso concreto

Precisado el problema jurídico y determinado el contenido de los

actos acusados, procede la Sala a resolver los cargos planteados en

el recurso de apelación. En ese orden de ideas, para resolver el

interrogante planteado, se hará referencia al marco jurídico general

aplicable a la expropiación administrativa, para enseguida abordar

el estudio del caso concreto.

• Del procedimiento de expropiación administrativa -
Generalidades

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la

propiedad privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida
por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al
interés público o social. La propiedad es una función social
que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una
función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las
formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social
definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa.
Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y
del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso
respecto del precio […]”.

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De esta norma se destaca que el derecho a la propiedad no es

absoluto y se funda en varios principios que la Corte Constitucional8

ha decantado como resultado de la interpretación del artículo 58 de

la Carta, así: i) La garantía a la propiedad privada y los demás

derechos adquiridos se hace con arreglo a las leyes civiles; ii) la

Constitución Política protege y promueve las formas asociativas y

solidarias de la propiedad; iii) se reconoce el carácter limitable de la

propiedad; iv) se establecen las condiciones en que prevalece el

interés público o social sobre el interés privado; v) se le asigna a la

propiedad una función social y ecológica; y, vi) se fijan las

modalidades y los requisitos de la expropiación.

De otra parte, y acorde con el desarrollo de este precepto

constitucional, la Ley 9ª de 11 de enero de 19899 estableció

instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por

motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se

reguló por la Ley 388 de 1997, que modificó la citada Ley 9ª.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 regulan el procedimiento que se

adelanta con el propósito de llevar a cabo la expropiación por vía

administrativa.

8
Así se puntualizó por la Corte Constitucional entre otros en los siguientes pronunciamientos.
Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11.
9
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”.

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El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria10, la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el carácter

administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor del precio

indemnizatorio que se reconocerá A LOS PROPIETARIOS, el cual será igual

al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el

artículo 6111 de la presente ley […]”. (Destacado fuera de texto).

De acuerdo con esta normativa, una de las características

esenciales de la expropiación radica en el hecho que la actuación del

Estado se hace por razones de utilidad pública e interés social,

previa y justa indemnización del inmueble, en cuanto comprende

10
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.
11
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION
VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación
voluntaria regulado por la Ley 9a. de 1989:

El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que
sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. […].

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su valor y los perjuicios que se causan al afectado con dicha

medida, con el fin de alejarse de un acto confiscatorio.

Sobre el particular, esta Sección12 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se
decrete la incorporación al dominio público de bienes de
propiedad particular para satisfacer con ellos una
necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la
autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el
propósito de restablecer el equilibrio roto por la
privación patrimonial a la cual es sometido de
manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en
estos casos el interés general deba prevalecer sobre los
intereses privados, no significa en modo alguno que por
dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la
Constitución reconoce en favor del propietario, pues
no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral […]”. (Destacado fuera de
texto).

Corolario de lo anterior, para la Sala se hace necesario traer a

colación los criterios expuestos por esta Sección en relación con la

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.

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acción especial contencioso administrativa de nulidad y

restablecimiento del derecho que procede contra la decisión de

expropiación por vía administrativa, ya que servirán para el análisis

del recurso interpuesto. Al respecto, se ha señalado:

“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará
si, como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen
analizó indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas
y las pruebas allegadas al proceso.

Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio
de legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es
uno de los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.

En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la
legalidad de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el
control de legalidad sobre la decisión de expropiación al
verificar su cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo,
lo cual no implica, como aduce el recurrente, que la acción
especial contencioso administrativa se aborde como una
acción ordinaria de nulidad.
[…]

En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.

Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto

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administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 13 (Destacado fuera del
texto).

Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de

mayo de 200914, aleccionó sobre los elementos que debe contener

la indemnización, como consecuencia de una expropiación

administrativa, de la siguiente manera:

“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el
legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia
judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando
los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos
que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contencioso-administrativa, incluso respecto del precio.”
(negrillas ajenas al texto)

En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del
bien expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y
el H. Consejo de Estado.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01.

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En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá
ser privado de ella sino en caso evidente de necesidad
pública, debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)

El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los
derechos económicos y sociales, que por virtud de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política de
1991 forma parte del llamado «bloque de
constitucionalidad», prevé igualmente en su artículo 21.2
el pago de una indemnización previa y justa que cubra la
totalidad de los perjuicios que se deriven de la
transferencia forzada de un bien de dominio privado en
favor del Estado. Lo anterior significa que el valor que se
determine con esa finalidad debe ser comprensivo de
todas las ablaciones patrimoniales causadas, de tal suerte
que las mismas sean objeto de una reparación integral.
Por lo mismo, en la determinación del quantum
indemnizatorio debe tenerse especial cuidado en no
rebasar, en uno u otro sentido, la línea divisoria que
marca las fronteras entre el enriquecimiento y el
menoscabo.

Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que
los daños y perjuicios que se originen en el acto de
autoridad mediante el cual se decrete la incorporación al
dominio público de bienes de propiedad particular para
satisfacer con ellos una necesidad de interés general,
presupone necesariamente la obligación a cargo de la
autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el
propósito de restablecer el equilibrio roto por la privación
patrimonial a la cual es sometido de manera forzada. En
otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés
general deba prevalecer sobre los intereses privados, no
significa en modo alguno que por dicha circunstancia
queden excluidas las garantías que la Constitución
reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que éste deba asumir a título personal un
detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la
ruptura del principio de igualdad en el reparto de las
cargas públicas.

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Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.

Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)

En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño
que se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca
ni enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).

En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)

Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado
de justicia consagrado por el constituyente.

Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es

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procedente respecto del precio, cuando el expropiado
considere incumplido el mandato de que la indemnización
sea justa y plena. […].”

Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los

términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales

que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones

para el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el

artículo 61 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:

“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por
peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular
con su destinación económica.

La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).

El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de

adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se

refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo

que para dichos efectos realice la entidad correspondiente, el

segundo, además de comprender aquel, contiene el daño

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emergente y el lucro cesante, así como los demás perjuicios que

merezcan ser reparados para garantizar una indemnización plena.

En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de

manera que si este no cumple con los requisitos legales que

permitan inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio

técnico apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente

afectado15.

. Del Avalúo Oficial CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD

RAÍZ DE BARRANQUILLA

Al efecto, se tiene que el avalúo oficial, esto es, el AVALÚO

CORPORATIVO núm. RT-PV-12216, de 31 de mayo de 2015, que

sustentó los actos acusados, fue practicado por la Corporación

Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla, respecto del inmueble de

la parte actora, ubicado en la Carrera 50 núm. 50B-06, del barrio

Abajo, de la Ciudad de Barranquilla, Atlántico, y arrojó un valor

total de $18.571.619, por el área parcial del inmueble objeto de

expropiación, al aplicar el método de capitalización y renta, para lo

cual se señaló lo siguiente:

15
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).
16
Visible en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial -SAMAI-; Cuaderno 3 Pruebas
y Anexos; fls. 465 a 478.

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. Sobre el avalúo comercial aportado por la parte

demandante

Ahora, la Sala advierte que, para desvirtuar el valor del avalúo

oficial, con el escrito de demanda se allegó un avalúo comercial, de

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13 de febrero de 201717, elaborado por el Arquitecto José Manuel

Abello Moreno, que, a juicio de la parte actora, debió ser valorado

y tenido en cuenta con el objeto de desvirtuar la presunción de

legalidad del avalúo oficial que sirvió de fundamento, para la

fijación del precio indemnizatorio en el proceso de expropiación

administrativa, toda vez que el mencionado perito sí se encontraba

acreditado para rendir dicho avalúo.

Examinado el expediente, se constata que en el avalúo practicado

por el señor José Manuel Abello Moreno, se señaló lo siguiente:

17
Visible en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial -SAMAI-; Cuaderno 3 Pruebas
y Anexos; fls. 126 a 146.

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Y que el referido avalúo arrojó las siguientes conclusiones:

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Sobre el particular, la Sala debe precisar que en la sentencia de

primera instancia se señaló:

“[…] el finado Arquitecto José Manuel Abello Moreno en el
Informe de Peritazgo de Inmueble, fechado 13 de febrero
de 2017, no acreditó encontrarse inscrito en el “Registro
Abierto de Avaluadores de la Superintendencia de
Sociedades” de cara a las normas transcritas, se tiene que
pese a su calidad de “perito avaluador a nivel nacional,
miembro activo de la Corporación Registro Nacional

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de Avaluadores de Bienes muebles e Inmuebles -
ASOLONJAS”, el señor Abello Moreno no reunió los
requisitos para emitir avalúo comercial válido en relación
con el inmueble ubicado en la carrera 50 No. 50B-06, de
propiedad de las aquí demandantes […]” (Destacado fuera
de texto).

Al respecto, cabe mencionar, conforme lo puso de presente el

apelante, que a folios 51 y 52 de los anexos de la demanda obra la

certificación expedida por la Asociación Nacional de Lonjas y

Colegios Inmobiliarios ASOLONJAS, en la cual consta que el señor

JOSÉ MANUEL ABELLO MORENO era miembro activo hasta enero de

2018 de la Corporación Registro Nacional de Avaluadores y que

estaba acreditado para ejercer la actividad de perito avaluador a

nivel de nacional, en los siguientes términos:

Asimismo, obra el correspondiente carnet, expedido por la

Corporación Registro Nacional de Avaluadores, en el que consta que

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el mencionado perito tiene como especialidad realizar avalúos de

inmuebles urbanos y rurales, entre otros, así:

De conformidad con lo anterior, para la Sala el hecho de que el

señor José Manuel Abello Moreno no apareciera inscrito en el

Registro Abierto de Avaluadores, según lo señala el artículo 6º18 de

la Ley 1673 de 2013, para la época en que elaboró el avalúo

allegado con la demanda (13 de febrero de 2017), no era razón

suficiente para que el a quo desconociera el avalúo allegado por la

parte demandante, toda vez que aquel fue miembro activo hasta

enero de 2018 de la Corporación Registro Nacional de Avaluadores;

estaba autorizado para ejercer la actividad de perito avaluador a

nivel de nacional por una lonja de propiedad raíz; y contaba con un

18
“[…] Artículo 6°. Inscripción y requisitos. La inscripción como avaluador se acreditará ante el
Registro Abierto de Avaluadores. […]”.

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carnet que demostraba que tenía como especialidad realizar

avalúos de inmuebles.

Lo anterior, sin perder de vista lo dispuesto en el artículo 12 del

Decreto 1420, que establece lo siguiente:

“[…] Artículo 12º.- La entidad o persona solicitante podrá
solicitar la elaboración del avalúo a una de las siguientes
entidades:

Las lonjas o lonja de propiedad raíz con domicilio en el
municipio o distrito donde se encuentren ubicados el o los
inmuebles objeto de avalúo. La cual designará para el efecto
uno de los peritos privados o avaluadores que se encuentren
registrados y autorizados por ella. […]” (Destacado fuera
de texto).

Además, se observa que en la audiencia inicial celebrada el 13 de

junio de 2018, el a quo ordenó citar al perito en mención, con el fin

de que expresara la razón y las conclusiones de su dictamen, así

como la información que le sirvió de fundamento y el origen de su

conocimiento; sin embargo, dicha prueba no pudo ser practicada,

dado que el apoderado judicial de la parte actora informó en esa

misma diligencia acerca del fallecimiento del señor ABELLO

MORENO, y, por tanto, el informe de peritazgo inmobiliario no fue

objeto de contradicción dentro del presente proceso ni pudo ser

constatado si el perito cumplía con el requisito de inscripción en el

Registro Abierto de Avaluadores.

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No obstante lo anterior, la Sala advierte que, si bien es cierto que

en la sentencia apelada se cuestionó la idoneidad del perito JOSÉ

MANUEL ABELLO MORENO para rendir el Informe de Peritazgo de

Inmueble, por no haber acreditado su inscripción en el “Registro

Abierto de Avaluadores”, lo cierto es que, pese a ello, el Tribunal, sí

efectuó el análisis correspondiente del avalúo comercial elaborado

por aquel, en los siguientes términos:

“[…] Además de lo anterior, advierte el Tribunal que al
verificar el valor del metro cuadrado (mt2) asignado
por el extinto perito José Manuel Abello Moreno al
terreno objeto de avalúo, efectivamente carece de
justificación la suma de un $1,130.4000 asignada al
valor del metro cuadrado de terreno y construcción,
así como tampoco se evidencian muestras de
mercado que permitan asignar precio alguno al metro
cuadrado. Así mismo, se echa de menos la operación
aritmética que se realizó por parte del avaluador para
concluir que la cuantía del lucro cesante asciende a la
suma de $17,400,000.

En ese orden de ideas, ante la falta de legitimidad del
finado Arquitecto José Manuel Abello Moreno para presentar
el Informe Peritazgo de Inmueble, fechado 13 de febrero de
2017, y frente a la escasa contundencia probatoria del
mismo, la Sala desestimará el avalúo presentado por la
parte accionante, y tendrá por válido el Avalúo Comercial
Corporativo presentado por la Corporación Lonja de
Propiedad Raíz de Barranquilla, adiado 31 de mayo de
2015, a solicitud de la empresa Transmetro S.A.S., respecto
del inmueble ubicado en la carrera 50 No. 50B-06,
identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-102227 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Barranquilla […]” (Destacado fuera de texto).

En ese orden de ideas, la Sala estima que la falta de inscripción del

perito avaluador en el Registro Abierto de Avaluadores,

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requerimiento previsto en la Ley 1673 de 2013, no constituyó una

razón suficiente para que el juez de primera instancia dejara de

valorar el avalúo allegado por la parte demandante, máxime

cuando le reconoció su calidad de “perito avaluador a nivel

nacional, miembro activo de la Corporación Registro Nacional de

Avaluadores de Bienes muebles e Inmuebles - ASOLONJAS”.

Por lo tanto, para la Sala, independientemente de si el artículo 6º

de la Ley 1673 de 2013, relacionado con el requisito de inscripción

en el Registro Abierto de Avaluadores, se encontraba vigente19 y/o

le era aplicable, o no, como lo cuestionó el apelante, lo cierto es

que el avalúo allegado por la parte actora sí fue valorado por el

fallador de primera instancia, empero, el mismo no logró desvirtuar

el avalúo oficial, que sustentó los actos acusados.

Ahora, la Sala advierte que el apelante alegó que el avalúo,

aportado con la demanda, sí verificó el valor del metro cuadrado del

bien afectado; señaló los valores unitarios y totales del terreno, de

la construcción de los locales comerciales; contempló el lucro

cesante más los correspondientes gastos notariales y permisos de
19
Sobre la vigencia de esta Ley 1673 de 2013, su artículo 39 establece:

“[…] ARTÍCULO 39. Esta ley rige seis (6) meses después de su publicación en el Diario
Oficial y deroga el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 y la lista a cargo de la Superintendencia de
Industria y Comercio de que tratan los artículos 60 y sucesivos de la Ley 550 de 1999, así como todas
las demás normas que le sean contrarias. […]” (Destacado fuera de ley).
Cabe mencionar que esta Ley fue publicada en el Diario Oficial núm. 48.856 de 19 de julio de 2013.

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construcción, así como la identificación del área total impactada por

la expropiación, aspectos que, a su juicio, fueron omitidos o

indebidamente apreciados en la sentencia apelada.

Sobre el particular, se observa que, en efecto, el avalúo aportado

con la demanda, elaborado por el perito JOSÉ MANUEL ABELLO

MORENO, determinó el valor del metro cuadrado del bien afectado;

señaló los valores unitarios y totales del terreno, de la construcción

de los locales comerciales afectados; contempló el lucro cesante

más los correspondientes gastos notariales y permisos de

construcción, así como la identificación del área total impactada por

la expropiación en 28. 92 m2, de la siguiente manera:

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Sin embargo, el referido avalúo, no aportó elementos probatorios,

que permitieran constatar la veracidad de las cifras expuestas, la

necesaria relación de causalidad que debe existir entre la suma cuyo

reconocimiento se procura y la medida expropiatoria, que conduzca a

demostrar la corrección del justiprecio que se hace en este avalúo y

que entraña, obviamente, la incorrección del avalúo oficial.

Además, la Sala debe destacar que si bien es cierto que dicho

avalúo señaló que el daño emergente correspondía a

$58.171.741,31; el lucro cesante correspondía a $27.000.000,00;

los gastos notariales y permiso de construcción a $7.650.000,00,

para lo cual realizó los cuadros anteriormente puestos de presente,

también lo es que no existió claridad en cuanto a la forma como se

obtuvieron dichos valores, ni se dio una explicación técnica sobre la

forma como fueron calculados esos valores, ni se expusieron las

operaciones aritméticas o el procedimiento de cálculo empleado

para establecer dichos valores, lo cual impide verificar la coherencia

interna del dictamen y la razonabilidad de sus conclusiones

económicas.

Adicionalmente cabe mencionar que, en dicho avalúo, en el acápite

AVALÚO COMERCIAL, se indicó que se obtuvo el valor total del

inmueble, de la siguiente manera:

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“[…] 6.3 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
DEL AVALUO

Método Reposición valor construcción: este método
busca establecer el valor comercial del bien objeto del
avalúo a partir de estimar el costo total para construir a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se
le debe adicionar la utilidad.

Valoración del terreno residual del terreno: Con este
se busca establecer el valor comercial del bien,
normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto
total de las ventas de un proyecto de construcción, de
acuerdo con las normas urbanas y de conformidad con el
mercado del bien final vendible, en el terreno objeto del
avalúo.

• Investigación de Precios:
• Factores Valorizantes:

Ubicación del predio en el barrio y en la manzana.
Factores Depreciantes:

A. Edad y estado de la construcción […]”.

De conformidad con lo anterior, la Sala observa que en este avalúo

se utilizaron los métodos valuatorios de reposición y residual,

mientras que en el avalúo oficial se usaron los métodos de

capitalización y renta, lo que pone de manifiesto que este avalúo

utilizó un método distinto al del avalúo oficial.

Cabe mencionar que no se podía acudir a un método diferente al

utilizado por el avalúo oficial, en la medida en que el precio final

podía resultar diferente, dadas las particularidades y lineamientos

que se deben seguir en cada método valuatorio.

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De modo que, para controvertir el avalúo oficial, practicado a partir

de la metodología de capitalización y renta, lo procedente era que

el nuevo cálculo fuera hecho aplicando los mismos sistemas

técnicos que permitieran el análisis de la posible diferencia de

precio entre el avalúo oficial y el avalúo allegado por la parte

actora.

Sobre la realización de un nuevo avalúo, en el que se aplique un

método valuatorio diferente al utilizado en el avalúo oficial, en

sentencia de 19 de abril de 202120, esta Sección señaló que para

desvirtuar el avalúo oficial no se puede tener en cuenta un avalúo

en el que se haya utilizado un método distinto al del avalúo oficial,

en la medida en que el precio final puede resultar diferente dadas

las particularidades y lineamientos que se deben seguir en cada

método valuatorio.

Así lo indicó esta Sección:

“[…] La parte demandante en su recurso de alzada, aduce
que el tribunal en primera instancia debió ponderar que si
bien en la demanda se pidió la realización de un nuevo
avalúo dando aplicación al método comparativo, el perito no
tenía otra alternativa distinta a la de aplicar el método de
capitalización de rentas y no el comparativo, dada la
imposibilidad de acceder al inmueble expropiado y a los
demás inmuebles vecinos, ya que a la fecha en la que se

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00232-01.

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realizó el dictamen, los inmuebles ya habían sido
totalmente demolidos.

[…] La Sala observa que el avalúo rendido en primera
instancia no podía ser tomado en cuenta, en razón
que se utilizó un método distinto al de comparación y
que las especificaciones y criterios contenidos en
este, difieren de aquel utilizado por la Lonja
Inmobiliaria de Bogotá mediante avalúo No. AV-466-
07-36549 IDU 04-07 del 27 de diciembre de 2007, en
la medida en que el precio final puede resultar
diferente dadas las particularidades y lineamientos
que se deben seguir en cada método valuatorio. […]”
(Destacado fuera de texto).

Ahora, frente a este asunto del método valuatorio aplicado, y en

consideración de que el apelante manifestó su desacuerdo con la

exigencia del Tribunal de aportar muestras del mercado para

soportar el valor asignado al metro cuadrado, la Sala debe aclarar

que habida cuenta que el referido avalúo, elaborado por el señor

ABELLO MORENO, aplicó los métodos de costo de reposición y

residual, le asistió razón al apelante al sostener que no era del caso

la referida exigencia, pues dichos métodos valuatorios no exigen la

presentación de muestras de mercado, como lo sostuvo el fallador

de primera instancia, sino que los mismo tienen en cuenta,

respectivamente, el costo total de la construcción a precios de hoy

y el monto total de las ventas de un proyecto de construcción, de

conformidad con lo previsto en la Resolución 620 de 2008, expedida

por el IGAC.

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En igual sentido, tampoco se exigía dicha exigencia en los métodos

de capitalización y renta, aplicados en el avalúo oficial.

Por lo tanto, la Sala considera que el avalúo realizado por el perito

José Manuel Abello Moreno evidencia que el mismo está

desprovisto de suficiente fundamentación fáctica y probatoria que

permita corroborar la corrección y certeza de sus conclusiones, en

particular, en lo que respecta a los valores señalados en el peritazgo

para obtener el valor del inmueble, objeto de expropiación, pues,

conforme se indicó anteriormente, no existió claridad en cuanto a la

forma como se obtuvieron los valores indicados en el mismo, y

además, el dictamen empleó unos métodos valuatorios diferentes a

los utilizados en el avalúo oficial.

Aunado a lo anterior, el referido avalúo tampoco expuso razones de

orden fáctico y probatorio que permitieran desvirtuar el valor del

precio indemnizatorio del bien expropiado ni demostrar el error en

que incurrió la Administración al fijar el monto específico establecido

en el avalúo oficial y que fue acogido en las resoluciones

demandadas.

Dicho avalúo se limitó a señalar de forma autónoma un nuevo y

mayor valor comercial para el bien expropiado, así como sobre el

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lucro cesante, pero no estuvo encaminado a desvirtuar el resultado

al que llegó la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla

el 31 de mayo de 2015, en el avalúo oficial.

Lo anterior, debido a que en este avalúo no se incluyeron

argumentos que permitieran determinar si el avalúo oficial, que

sirvió de fundamento a las resoluciones acusadas se realizó de

forma contraria a la ley, o si incurrió en yerros que propiciaron un

valor de precio comercial del predio que no se ajustaba a la

realidad, ni mencionó de qué modo éste incurrió en fallas o pasó por

alto algún parámetro legal.

Frente a este asunto, cabe mencionar que la Sección Primera en

sentencia de 14 de septiembre de 202021, señaló que se debe

convencer al juez del error en el que ha incurrido la Administración

al fijar un monto específico para la indemnización.

Asimismo, precisó que el justo precio de la indemnización

expropiatoria se encuentra amparado por la presunción de legalidad

del acto administrativo que lo acoge; lo que significa que el avalúo

técnico brinda soporte legal y fáctico al acto administrativo que

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.

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ordena la expropiación, por lo que deberá ser desvirtuado a través

de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.

Así, discurrió la Sala:

“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante.
Para lo cual, no será suficiente señalar y atacar los
métodos que se utilizaron, sino que se debe
convencer al juez del error en el que ha incurrido la
Administración al fijar un monto específico para la
indemnización.

Esta Corporación ya se ha pronunciado en repetidas
ocasiones, en el sentido de establecer que el justo precio
de la indemnización expropiatoria se encuentra
amparado por la presunción de legalidad del acto
administrativo que lo acoge; lo que significa que el
avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación, por lo que
deberá ser desvirtuado a través de los medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.

“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor
tampoco logró desvirtuar la presunción de legalidad que
cobija los actos administrativos demandados que acogieron
ese justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún
medio de prueba que permita demostrar que el avalúo
fijado por la administración fuese incorrecto, no hay
ninguna razón para decretar la nulidad parcial deprecada
por el actor en lo relativo al precio indemnizatorio.” 22[…]”
(Destacado fuera de texto).

En tal sentido, para la Sala, es claro que, en este caso,

correspondía a la parte demandante probar que el valor comercial

del inmueble calculado por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz

22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Radicación: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau
de Lafont Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.

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de Barranquilla, a instancias de Transmetro S.A.S., no estaba

ajustado a los parámetros y criterios dispuestos en el Decreto 1420

y que, por tanto, no indemnizaba de manera justa y plena los

perjuicios causados con la expropiación, en cuanto al valor del

inmueble se refiere.

Así las cosas, el avalúo aportado con la demanda no presenta

ningún razonamiento que soporte la determinación del justiprecio

que permita desvirtuar el precio indemnizatorio fijado por la entidad

accionada mediante avalúo oficial. En este punto, la Sala recuerda

que, en reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que

el justo precio de la indemnización expropiatoria se encuentra

amparado por la presunción de legalidad, ello considerando que el

avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto administrativo

que ordena la expropiación, razón por la cual debe ser desvirtuado

a través de los diferentes medios de prueba establecidos en el

ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el caso sub lite.

Por consiguiente, la Sala considera que la parte actora no logró

desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos acusados,

con el avalúo practicado por el señor José Manuel Abello

Moreno.

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Ahora, como se anotó en párrafos anteriores, la parte apelante

alegó que uno de los motivos de inconformidad con la sentencia

apelada radica en que el avalúo, que sirvió de soporte a la

resolución de expropiación, únicamente tuvo en cuenta algunos

componentes del predio, esto es, lote, construcción y terraza, pero

excluyó otros ítems que conformaban integralmente el daño

sufrido, tales como el lucro cesante y el daño emergente por la

reconstrucción de la fachada, y los gastos notariales y permisos de

construcción, y que dicha exclusión condujo a la fijación de un valor

indemnizatorio irrisorio frente al valor justo y real del predio, para

lo cual precisó que dicho avalúo oficial es inferior al valor comercial

real.

Sobre el particular, se debe señalar que la decisión de expropiación

de un bien del dominio privado conlleva la obligación de indemnizar

plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el

equilibrio, pero para poder obtener la reparación de los daños

accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación, es

indispensable que los mismos sean ciertos y que exista

necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la decisión

administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.

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En otras palabras, a la persona afectada con esa decisión de

expropiación, le asiste la carga de probar la existencia de los

perjuicios que reclama, -daño emergente y lucro cesante-, y

su nexo de casualidad con el acto administrativo que ordenó

la expropiación.

Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de 6 de febrero

de 202023, en la que esta Sección sostuvo:

“[…] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que
la decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar
el daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.

[…]

No sobra precisar que, para poder obtener la
reparación de los daños accesorios que hubieren
podido consumarse con la expropiación, es
indispensable que los mismos sean ciertos y que
exista necesariamente un nexo de causalidad entre
ellos y la decisión administrativa mediante la cual se
decretó la expropiación.
El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente
de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las
lesiones de carácter hipotético o contingente no pueden ser
objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar
revestido entonces de certeza para que produzca efectos
jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello que
constituya una simple conjetura o una suposición no puede
dar lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 6 de
febrero de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación
08001233100019971225601.

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que se tengan como ciertos aquellos daños futuros que a
pesar de no haberse consolidado todavía, no existe ninguna
duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio
exista, resulta completamente indiferente que aquél ya se
haya presentado como un hecho existente en el plano
ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y
directa de un estado de cosas actual. Al fin y al cabo, el
daño futuro no es sino una modalidad del daño cierto, tal
como lo ha sostenido, en reiteradas oportunidades esta
Corporación.
En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del
derecho de dominio deben ser acreditados en el
proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea
por tratarse de lesiones ya causadas o de daños que,
si bien no se han producido todavía, existe una alta
probabilidad en torno a su ocurrencia. […]” (Destacado
fuera de texto).

En el caso sub examine, se observa que en la Resolución núm.

002 de marzo 7 de 2017, acusada, mediante la cual se resolvió

el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo de

decreto la expropiación, Transmetro S.A.S., indicó que el avalúo

elaborado por el señor José Manuel Abello Moreno, el cual asciende

a la suma de $118.302.314.32 e incorporó factores indemnizatorios

de daño emergente y lucro cesante, no resultaba aplicable al caso

concreto, en tanto no correspondía al dictamen oficialmente

contratado por la entidad, y además porque no había encontrado

soporte probatorio para determinar que el área afectada del

inmueble expropiado era de 28. 92 m2, como se establece en dicho

avalúo, y no en 19.28 m2, conforme se señala en el avalúo oficial,

que sustentó los actos demandados, de la siguiente manera:

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“[…] el avalúo aportado por ustedes, muy respetable por
cierto pero que no podemos aplicar por no ser el
oficialmente contratado por la entidad.

[…]

Por otra parte, no encontramos la evidencia de un plano
que nos refiera a las áreas de afectación propuesta por el
propietario de 28,92 M2, que en tal caso debió ser
presentado tal como se menciona en el punto 7°, lo que
está confirmado por cuanto en el listado de pruebas no se
relaciona, por lo que no encontramos soporte para
determinar que el área propuesta por usted sea la
correcta […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, se observa, sobre este asunto, que el fallador de primera

instancia reconoció que el avalúo oficial elaborado por la

Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla no incluyó el

daño en la modalidad de lucro cesante; sin embargo, no tuvo por

acreditado dicho daño, en tanto que la parte actora no efectuó una

debida valoración de su lesión.

Al respecto, la Sala considera, al igual que el a quo, que tales daños

no fueron probados, como se demostró anteriormente, pues ni el

avalúo elaborado por el señor José Manuel Abello Moreno, que

arrojó un valor total de $118.302.314,32, ni ninguna otra prueba

demostró la existencia de los perjuicios reclamados ni su

nexo de casualidad con el acto administrativo que ordenó la

expropiación, conforme lo exige la jurisprudencia de esta Sección.

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No obstante lo anterior, resulta del caso precisar que, en el caso de

expropiación administrativa, el propietario del bien inmueble

expropiado no debe incurrir en ningún gasto por concepto gastos

notariales y de registro, por cuanto el acto administrativo por el

cual se ordena la expropiación tiene como efecto que se transfiera

el derecho de propiedad a la entidad que ha dispuesto la

expropiación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70, numeral

124, de la Ley 38825.

Cabe mencionar que el carácter resarcible del daño en este caso

dependía fundamentalmente de la demostración de su ocurrencia,

de modo que una simple conjetura o una suposición no puede dar

lugar a una indemnización, habida cuenta que la parte actora tenía

la carga de probar la existencia de los perjuicios que

reclama, y, de no demostrarla, a la administración solo le asiste el

deber legal de pagar el precio resultante del avalúo comercial26.

24
“[…] ARTICULO 70. EFECTOS DE LA DECISIÓN DE EXPROPIACION POR VIA
ADMINISTRATIVA. Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no haberse
formulado el recurso de reposición dentro del término legal o por haber sido decidido el recurso
interpuesto en forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:
1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán de las personas titulares de ellos a
la entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual bastará con el registro de la decisión en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El registrador exigirá que la entidad acredite que el
propietario o los titulares de otros derechos reales sobre el inmueble, han retirado el valor de la
indemnización y los documentos de deber correspondientes, o que se ha efectuado la consignación
correspondiente conforme a lo previsto en el numeral 2 de este artículo. […]”.
25
Ver sentencia de 18 de julio de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2011-
00022 -01).
26
Al respecto, ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-
23-31-000-2011-00564-01).

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En efecto, en los procesos de expropiación administrativa, el avalúo

comercial del inmueble constituye el soporte técnico esencial para

la determinación del precio indemnizatorio que se consigna en el

acto administrativo de oferta de compra y en la resolución que

dispone la expropiación.

Asimismo, se debe reiterar que una vez dicho valor es incorporado

en el acto administrativo, opera en su favor la presunción de

legalidad, razón por la cual, cuando el administrado pretende

controvertirlo en sede judicial, le corresponde asumir la carga de la

prueba, demostrando, mediante elementos técnicos idóneos, que el

avalúo oficial adolece de errores, se aparta de las normas técnicas

que regulan la actividad valuatoria, y no refleja el valor comercial

real del bien objeto de expropiación.

Frente a esta materia, es del caso indicar que esta Sección en

sentencia de 23 de julio de 201627 puntualizó que es deber del

interesado probar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

cuáles son los perjuicios y su monto y su nexo de causalidad con la

expropiación decretada.

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de julio
de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 05001-23-33-000-2013-
01598-01.

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De manera, que la mera discrepancia subjetiva del expropiado

frente al valor asignado al inmueble, así como la aportación de

elementos probatorios desprovistos de sustento técnico suficiente,

no resultan idóneos para desvirtuar la presunción de legalidad del

avalúo oficial que sirve de fundamento al precio indemnizatorio, ni

para aducir que la fijación del valor indemnizatorio por parte de la

administración era irrisorio, como ocurrió en este caso.

En este orden de ideas, habida cuenta que la parte actora no

demostró en el proceso que el avalúo oficial era equivocado e

incorrecto, ni acreditó la corrección del justiprecio presentado en

el avalúo realizado por el Perito José Manuel Abello Moreno, ni

los perjuicios que reclama, debe tenerse como válido, creíble y

debidamente fundamentado, el avalúo oficial que sirve de sustento

a las Resoluciones acusadas.

Al respecto, se debe destacar que esta Sección ha sostenido que al

haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo,

este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,

creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en

este caso, a la parte demandante, demostrar en el proceso que el

avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus

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incorreciones. Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 15

de agosto de 201928 indicó:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha
sostenido que el precio establecido en los actos acusados se
encuentra amparado por la presunción de legalidad y de
certeza de las decisiones de la administración, y que la
misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes
medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico,
lo cual no ocurrió en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de
fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera
sostuvo que “al haberse incorporado dicho valor en el
texto de los actos administrativos demandados, debe
entenderse que el mismo se encuentra amparado por
la misma presunción de legalidad y de certeza que se
predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar
en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección”29.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección30
sostuvo que “todo lo anterior conduce a la Sala a
considerar que debe tenerse como válido, creíble y
fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las
decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser
objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual
el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio
de la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-
2011-00196-01.
29
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
30
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras
sentencias la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.

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desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, que lo incorporó […]” (Destacado fuera de
texto).

Adicionalmente, es del caso traer a colación la sentencia de 19 de

abril de 202131, en la que la Sala sostuvo que se presume la

legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, y

que por ello la parte demandante debe aportar las pruebas para

demostrar los errores de este; y que no es de recibo que los

argumentos que sustentan la incorrección del avalúo oficial, que

sustentaron la expedición de los actos administrativos acusados,

sean que al ser mayor el precio del avalúo comercial determinado

en el avalúo contratado por la parte demandante, ello resulte

suficiente para decretar la nulidad de los actos administrativos

acusados.

Así discurrió la Sección, en la citada providencia:

“[...] No obstante, lo anterior, al haberse incorporado
dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor
tiene la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00232-01.

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precisamente su incorrección32 […].” (la Sala destaca)
[…]”33

74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y
que sustentó la expedición de los actos
administrativos acusados, sea que no se indicó los
inmuebles con los cuales se realizó la comparación y
que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el
demandante, ello resulte suficiente para decretar la
nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de
texto).

Ahora, en lo concerniente al argumento del apelante de que se

restringió el reconocimiento el lucro cesante a seis meses, la Sala

advierte que habida cuenta de que dicho perjuicio no fue

demostrado, no es del caso determinar si el mismo fue restringido.

Así las cosas, la Sala considera que los argumentos de la alzada no

están llamados a prosperar, en tanto no desvirtúan la presunción de

legalidad del proceso expropiatorio y de los actos administrativos

acusados, razón por la que se confirmará la sentencia recurrida,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este

proveído.

32
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601.

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66

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Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con

lo previsto en el artículo 18834 del CPACA en armonía con el

numeral 8 del artículo 365 del CGP35, esto es, en aplicación de un

criterio objetivo valorativo36, la Sala condenará a la parte apelante,

en los términos del numeral 3 del artículo 36537 ibidem, al pago de

las costas en esta instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso38 y por las agencias en derecho39”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

34
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
35
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
36
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y,
valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
37
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
38
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
39
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención de la parte demandante a través de apoderado

judicial. Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación

se sujetará a la liquidación40 que realice el secretario del Tribunal a

quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP41, se fijan como agencias en derecho, la suma

de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a favor de

Transmetro S.A.S., cifra que equivale a un millón setecientos

cincuenta mil novecientos cinco pesos ($1.750.905)42. Lo anterior,

de conformidad con las tarifas establecidas en el numeral 1 del

artículo 5º43 del Acuerdo núm. PSAA16-10554 de 5 de agosto de

2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

40
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
41
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
42
Por medio del Decreto 1469 de 29 de diciembre de 2025 se fijó el salario mínimo mensual legal
vigente para el año 2025.
43
“[…] Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.
[…]
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V. […]”.

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FERNANDA LOAIZA RUEDAS

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte actora

y en favor de Transmetro S.A.S., por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $1.750.905

(equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente), la cual

deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte

actora.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente

al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de febrero de 2026.

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FERNANDA LOAIZA RUEDAS

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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