RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2015-00811-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2015-00811-02

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2015-00811-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2015-00811-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia. MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA RECURRIDA. NO FUERON
DESVIRTUADOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE LOS
CUALES FUERON EXPROPIADOS LOS INMUEBLES ORIGEN DE LA
CONTROVERSIA, NI EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA EN ESTOS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

actora contra la sentencia de 24 de junio de 2021, proferida por el

Tribunal Administrativo de Santander 1 , que denegó las

pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA

La sociedad La Veterinaria ltda y sus propietarios los señores

Eddy Arias Gómez, José Manuel Rios Ordonez, Juan

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

Sebastian, José Manuel y Ana Milena Rios Arias2, por conducto

de apoderado, promovieron demanda en ejercicio del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el

artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo CPACA 3 , contra el municipio de

Bucaramanga 4 , con la finalidad de discutir la legalidad de los

siguientes actos administrativos:

• Resolución SI-GP 371 de 18 de diciembre de 2014, “por la
cual se ordena la expropiación por vía administrativa de un
inmueble, con destino a la construcción del proyecto del
intercambiador vial avenida Quebradaseca con carrera 15”,
expedida por la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga.

• Resolución SI-GP 0034 de 26 de enero de 2015, “por medio
de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por
la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga.

• Resolución SI-GP 372 de 18 de diciembre de 2014, “por la
cual se ordena la expropiación por vía administrativa de un
inmueble, con destino a la construcción del proyecto del
intercambiador vial avenida Quebradaseca con carrera 15”,
expedida por la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga.

• Resolución SI-GP 0035 de 26 de enero de 2015, “por medio
de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la
Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga.

Además de la nulidad de los actos administrativos referidos, como

restablecimiento del derecho, la parte actora elevó las siguientes

pretensiones:

2
En adelante la parte actora.
3
En adelante CPACA.
4
En adelante el MUNICIPIO.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

“[…] 3. Como consecuencia de las anteriores peticiones, o si el
Honorable Tribunal encuentra viable el trámite expropiatorio
como derecho indemnizatorio por la expropiación se condene
al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a pagar a la señora EDDY
ARIAS GÓMEZ la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES ($673,000,000) por el valor de los inmuebles con
matrículas inmobiliarias núm. 300-19990 y 300-19991 a título
del restablecimiento del derecho, por concepto de daño
emergente.

4. Que se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA se
condene a pagar a la señora EDDY ARIAS GÓMEZ la suma de
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DE ESOS MCTE
($673,000,000) correspondiente al art. 67 de la ley 388 de
1997 por concepto de indemnización igual al avalúo comercial
de los inmuebles con matrícula No. 300-19990 y 300-19991.

5. Que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA pague a la
SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA, la suma de MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE
($1,480,371,681) por concepto del valor comercial del
establecimiento de comercio LA VETERINARIA LTDA, por
concepto de daño emergente.

6. Que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA pague por concepto
de lucre cesante futuro a la Señora EDDY ARIAS GÓMEZ por
valor de CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($115,706,356) equivalente
al valor presente de los flujos futuros de efectivo (ganancia o
utilidad) dejadas de percibir como consecuencia de la
afectación y daño producto de la expropiación dende se
desarrollaba el establecimiento de comercio LA VETERINARIA
LTDA.

7. Que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA pague por concepto
de lucre cesante futuro al señor JOSÉ MANUEL RIOS
ORDOÑEZ el valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE
($58.598.332,5,) por valor de equivalente al valor presente de
los flujos futuros de efectivo (ganancia o Utilidades dejadas de
percibir como consecuencia de la afectación y daño producto
de la expropiación donde se desarrollaba el establecimiento de
comercio LA VETERINARIA LTDA.

8.- Que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA pague por concepto
de lucro cesante futuro al señor JOSÉ MANUEL RIOS ARIAS
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON OCHENTA CENTAVOS
MONEDA CORRIENTE ($334,186,406,8) por valor del
equivalente al valor presente de los flujos futuros de efectivo
(ganancia o utilidad) dejados de percibir como consecuencia
de la afectación y daño producto de la expropiación donde se
desarrollaba el establecimiento de comercio LA VETERINARIA
LTDA.

9. Que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA pague por concepto
de lucro cesante futuro a la señora ANA MILENA RIOS ARIAS
por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($362,064,588,6)
equivalente al valor presente de los flujos futuros de efectivo
(ganancia o utilidad) dejados de percibir como consecuencia
de la afectación y daño producto de la expropiación donde se
desarrollaba el establecimiento de comercio LA VETERINARIA
LTDA.

10. Que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA pague por concepto
de lucro cesante futuro al señor JUAN SEBASTIAN RIOS ARIAS
por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE
MILLONES ($479,851,461,2) equivalente al valor presente de
los flujos futuros de efectivo (ganancia o utilidad) dejados de
percibir como consecuencia de la afectación y daño producto
de la expropiación donde se desarrollaba comercio LA
VETERINARIA LTDA.

11.- Que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA pague por
concepto de lucro cesante futuro por los salaries dejados de
percibir a la señora EDDY ARIAS GÓMEZ LA SUMA DE
TREINTA MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
($30,128,980,46).

12.- Que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA pague por
concepto de lucro cesante futuro por los salarios dejados de
percibir al señor JOSÉ MANUEL RIOS ORDONEZ LA SUMA DE
TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS CON OCHENTA Y
CINCO CENTAVOS ($33,715,763,85).

13. Se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA al pago de
costas que serán asignadas por esta Honorable Corporación
[…]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

I.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Como hechos relevantes de la demanda, la parte actora señaló los

siguientes:

Manifestó que la señora Eddy Arias Gómez adquirió mediante

escritura pública 1140 de 28 de abril de 2000, otorgada en la

Notaría Segunda de Bucaramanga, los inmuebles identificados con

los folios de matrícula inmobiliaria 300-19990 y 300-19991 de la

Oficina de Registro de Instrumentos de esa ciudad.

Precisó que en dichos predios se desarrolló de manera continua la

actividad económica del establecimiento de comercio de la

SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA., constituida así:

Socio porcentaje
JOSÉ MAUEL RIOS ORDONEZ 20%
EDDY ARIAS GÓMEZ 20%
JOSÉ MANUEL RIOS ARIAS 20%
JUAN SEBASTIAN RIOS ARIAS 20%
ANA MILENA RIOS ARIAS 20%

Aseveró que el alcalde municipal de Bucaramanga expidió los

Decretos 232 y 235 de 4 de diciembre de 2012, mediante los cuales

declaró de utilidad pública e interés social de 31 predios requeridos

para la ejecución del citado proyecto vial, intercambiador vial de la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

avenida Quebrada Seca con carrera 15, que incluyó expresamente

los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria

300-19990 y 300-19991.

Agregó que la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga

expidió las Resoluciones SI-GP 055 y 062 de 9 de abril de 2014,

mediante las cuales determinó el procedimiento de expropiación por

vía administrativa y formuló oferta de compra respecto de los

referidos inmuebles, para lo cual fijó como precio indemnizatorio

inicial las sumas de $192.450.666 y $188.131.464.

Explicó que como consecuencia de objeciones presentadas contra la

oferta, con fundamentó en el avalúo AQ15-18 de 15 de noviembre

de 2014, elaborado por la Lonja Inmobiliaria Sociedad Colombiana

de Arquitectos Regional Santander, la Secretaría de Infraestructura

de Bucaramanga expidió las Resoluciones SI-GP 366 y 367 de 16 de

diciembre de 2014, mediante las cuales dio nuevo alcance a las

ofertas de compra y fijó definitivamente el valor indemnizatorio de

los inmuebles en las sumas de $230.304.384 y $224.649.798, al

tiempo que reiteró que, de no lograrse acuerdo dentro del término

legal, se procedería a la expropiación por vía administrativa.

Comentó que, al no lograrse acuerdo en la etapa de enajenación

voluntaria, la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga expidió
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

las Resoluciones SI-GP 371 y 372 de 18 de diciembre de 2014,

mediante las cuales: i) ordenó la expropiación por vía

administrativa de los inmuebles ii) fijó como precio indemnizatorio

definitivo los valores antes indicados y iii) dispuso su pago, con los

descuentos legales correspondientes por impuestos, tasas y

contribuciones aplicables.

Afirmó que el establecimiento de comercio, cuyo objeto social era la

venta al por mayor de productos agropecuarios y animales vivos,

fue explotado de manera continua durante más de 30 años por sus

socios, constituyéndose en su única fuente de ingresos y sustento.

Agregó que, como consecuencia de la expropiación administrativa

de los inmuebles donde funcionaba el establecimiento, la actividad

comercial cesó de manera definitiva, toda vez que no se logró

reubicar el negocio en otro inmueble de condiciones equivalentes,

debido a los elevados costos de arrendamiento o adquisición de

predios en la zona, lo que habría imposibilitado la continuidad de la

explotación comercial.

Señaló que el 12 de marzo de 2015 el ingeniero William Robledo

Giraldo realizó un avalúo comercial privado de los inmuebles, el

cual arrojó un valor comercial total de $673.000.000, monto que, a

juicio de los demandantes, debía corresponder al precio
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

indemnizatorio conforme con el artículo 67 de la Ley 388 de 18 de

julio de 19975.

Sostuvo que dicho peritaje privado estimó el valor del

establecimiento de comercio en la suma de $1.480.371.681, valor

que se reclama como perjuicio autónomo no reconocido por la

Administración dentro del procedimiento expropiatorio.

Explicó que el señor Alejandro Gallo Maya, administrador de

empresas y magíster en administración de negocios, elaboró un

dictamen pericial financiero mediante el cual calculó el lucro

cesante futuro de los socios del establecimiento de comercio, con

base en el valor presente de los flujos futuros de efectivo dejados

de percibir como consecuencia de la expropiación, utilizando como

referente la tabla de mortalidad de rentistas así:

Socio porcentaje
JOSÉ MAUEL RIOS ORDONEZ $115.706.356,5
EDDY ARIAS GÓMEZ 58.598.332,5
JOSE MANUEL RIOS ARIAS $334.186.406,8
JUAN SEBASTIAN RIOS ARIAS $479.851.461,2
ANA MILENA RIOS ARIAS $362.064.588,6

I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Como apoyo de las pretensiones de la demanda, la parte actora

5
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

indicó como vulnerados los artículos:

• 2, 6, 29, 58 y 313 de la Constitución política,

• 61, 66, 67, 69, 70 y 71 de la Ley 388,

• 138, 152, 161, 162 y 179 del CPACA y 226 y s.s. del Código

General del Proceso.

Manifestó que los actos de oferta de compra y de expropiación

fueron expedidos cuando ya se encontraba vencido el término de

las facultades conferidas al alcalde municipal para la declaratoria de

utilidad pública e interés social de los predios requeridos para la

construcción de tres intercambiadores viales.

Señaló que, además, conforme con la Ley 388, una vez fracasada la

etapa de enajenación voluntaria, la administración cuenta con un

término máximo de 30 días para expedir el acto de expropiación

por vía administrativa.

Explicó que, pese a este mandato, las Resoluciones SI-GP 371 y

372 de 18 de diciembre de 2014, así como las decisiones que

resolvieron los recursos de reposición, fueron expedidas por fuera

de dicho término legal, razón por la cual son extemporáneas y, en

consecuencia, contrarias al régimen legal de la expropiación

administrativa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

Indicó que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, en

la medida en que no fue notificada de los actos administrativos que

declararon la utilidad pública, el interés social y las especiales

condiciones de urgencia que habilitaban la expropiación por vía

administrativa de los inmuebles objeto del proceso.

Agregó que los avalúos elaborados por la Lonja Inmobiliaria

Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander adolecen

de errores graves de orden técnico y metodológico, al no ajustarse

a los parámetros previstos en la Resolución IGAC 620 de 2008,

porque no reflejan el valor comercial real de los inmuebles.

Añadió que de igual manera la autoridad demandada omitió

reconocer el valor del establecimiento de comercio que funcionaba

en los inmuebles, así como el lucro cesante futuro, derivado de los

ingresos que dejará de percibir.

I.4.- ADMISIÓN Y CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

Por auto de 13 de noviembre de 2015 y luego de ordenar su

corrección, el magistrado conductor del proceso en el Tribunal a

quo admitió la demanda y ordenó la notificación al municipio de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

Bucaramanga como entidad demandada. También ordenó la

notificación a la agencia de Defensa Jurídica de la Nación.

Cumplidas las notificaciones las entidades vinculadas a este trámite

contestaron la demanda bajo los siguientes argumentos:

I.4.1.- EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Afirmó que actuó dentro del marco temporal previsto en el Acuerdo

011 de 2012, el cual imponía límite únicamente para la declaratoria

de utilidad pública y de urgencia, no para las actuaciones

subsiguientes.

Añadió que la Ley 388 no exige que el acto de expropiación sea

expedido dentro de los 30 días siguientes a la declaratoria de utilidad

pública, sino que dicho término opera como límite mínimo para dar

por fracasada la enajenación voluntaria y punto de partida para

iniciar el procedimiento expropiatorio.

Defendió la idoneidad técnica de los avalúos elaborados por la Lonja

Inmobiliaria Sociedad Colombiana de Arquitectos, para lo cual señaló

que se practicaron conforme con la Ley 388, el Decreto 1420 de 24

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

de julio de 19986 y la Resolución IGAC 620 de 2008, y que, además,

consultaron tanto los intereses de la comunidad como los del

afectado.

Anotó que el lucro cesante reclamado por la supuesta desaparición

del establecimiento de comercio LA VETERINARIA LTDA no fue

probado, además que en el valor finalmente pagado incluyó un factor

de compensación socioeconómica denominado “apoyo para el

restablecimiento de medios económicos”, por valor de $14.805.000

por cada inmueble expropiado.

Además de los anteriores argumentos de defensa, propuso las

excepciones de mérito que denominó así: i) inexistencia de

vulneraciones del marco normativo aplicable con los actos

administrativos demandados7, ii) inexistencia de perjuicios causados

por los actos administrativos demandados 8 y iii) inexistencia de la

obligación9

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

6
“por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
7
Advirtió que los actos administrativos fueron expedidos por autoridad competente, con observancia del
procedimiento legal, sin falsa motivación ni desviación de poder y con pleno respeto del debido proceso.
8
Insistió en que no se acreditó daño alguno imputable a la actuación administrativa, dado que el precio
indemnizatorio fue fijado técnicamente, se consultaron los intereses del afectado y se le reconocieron
compensaciones socioeconómicas adicionales.
9
Afirmó que no existe obligación alguna de indemnizar valores distintos a los ya reconocidos, en tanto no
se configuró daño cierto, especial y antijurídico que justifique el pago de las sumas reclamadas por
concepto de establecimiento de comercio y lucro cesante.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

Mediante sentencia de 24 de junio de 2021, el Tribunal denegó las

pretensiones de la demanda, para lo cual, con fundamento en el

marco constitucional y legal de la expropiación administrativa,

recordó que esta figura constituye una manifestación legítima de la

potestad pública, siempre que se encuentre sustentada en motivos

de utilidad pública o interés social, se adelante conforme al

procedimiento previsto en la Ley 388 y se garantice el pago de una

indemnización justa, previa y plena, orientada a restablecer el

equilibrio roto por la transferencia forzada del derecho de dominio.

En relación con los cargos de vicios procedimentales, la Sala

concluyó que el procedimiento adelantado por la administración no

desconoció las etapas legalmente previstas, en la medida en que se

acreditó la existencia de actos previos de declaratoria de utilidad

pública y condiciones de urgencia, la formulación de las ofertas de

compra, la etapa de negociación directa y, ante su fracaso, la

expedición de los actos de expropiación.

Respecto de la alegada falta de notificación de los actos que

declararon la utilidad pública y las condiciones de urgencia, el

Tribunal sostuvo que, aun cuando no se hubiere demostrado la

notificación personal de dichos actos, tal circunstancia no generaba

la nulidad pretendida, en tanto la demandante tuvo conocimiento
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

efectivo del procedimiento, participó en las distintas etapas de la

actuación administrativa y no controvirtió oportunamente dichas

decisiones, configurándose así una notificación por conducta

concluyente.

Adujo en cuanto a la extemporaneidad de los actos de expropiación

posterior a la oferta de compra, que el término de 30 días previsto

en la Ley 388 no constituye un plazo perentorio para expedir el acto

expropiatorio, sino un límite temporal aplicable a la etapa de

negociación directa dentro del procedimiento de enajenación

voluntaria, razón por la cual no se configuraba el vicio alegado por

la parte actora.

Frente al valor indemnizatorio reconocido, el Tribunal consideró

que la administración se apoyó en un avalúo técnico elaborado por

una lonja inmobiliaria, el cual fue aplicado conforme a los

parámetros legales y tuvo en cuenta las condiciones particulares del

inmueble, incluyendo la aplicación de factores de compensación

socioeconómica, razón por la cual no se acreditó la existencia de

una subvaloración del bien expropiado.

El Tribunal precisó que la parte demandante no cumplió con la

carga de la prueba en lo relativo a acreditar la certeza del daño

alegado, particularmente en lo concerniente al lucro cesante y al
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

daño emergente derivados de la supuesta afectación del

establecimiento de comercio.

Al respecto, indicó que si bien la demandante aportó i) la valoración

del lucro cesante de los propietarios del establecimiento de

comercio, rendida por el señor Alejandro Gallo Maya y; ii) la

valoración de la empresa y de los inmuebles, elaborada por la firma

WR Ingenieros Avaluadores, la valoración y estudio de dichos

dictámenes quedó expresamente supeditada, conforme se advirtió

en la audiencia de pruebas del 10 de abril de 2018, a la aportación

de la documentación que acreditara el cumplimiento de los

requisitos exigidos por el artículo 226 del Código General del

Proceso para este medio de prueba.

En particular, el Tribunal señaló que el dictamen rendido por la

empresa WR Ingenieros Avaluadores no acreditó el cumplimiento

del requisito previsto en el numeral 3 del artículo 226 del Código

General del Proceso, relativo a la presentación por parte del perito

de los documentos idóneos que lo habilitan para el ejercicio de la

actividad pericial, esto es, los títulos académicos y los documentos

que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o

artística.

De igual forma, indicó que el dictamen rendido por el señor
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

Alejandro Gallo Maya no cumplió con los requisitos previstos en los

numerales 5 y 6 del artículo 226 del Código General del Proceso,

referentes a la relación de los casos en los que el perito haya sido

designado o haya participado en la elaboración de dictámenes

periciales durante los últimos 4 años, y la manifestación sobre

designaciones previas en procesos anteriores o en curso, por la

misma parte o por el mismo apoderado, indicando el objeto del

dictamen.

Precisó que, ante la inexistencia de un elemento probatorio idóneo

que permitiera desvirtuar el monto reconocido en sede

administrativa, no se acreditó la procedencia del restablecimiento

del derecho solicitado.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora recurrió la sentencia proferida en primera instancia,

para lo cual manifestó, que el Tribunal erró al concluir que la

indemnización reconocida por el MUNICIPIO fue suficiente, dado

que no se valoró adecuadamente el establecimiento de comercio ni

el lucro cesante futuro, a pesar de que la parte demandante alegó

que el daño no fue indemnizado en su integridad.

Explicó que la administración municipal reconoció un factor

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

denominado “apoyo para el restablecimiento de la obtención de

ingresos de la actividad productiva formal”, con fundamento en los

Decretos 087 y 227 de 2014, pero considera que dicho

reconocimiento fue desproporcionado e insuficiente, al haberse

fijado en una suma que califica como irrisoria y que no corresponde

al valor del establecimiento de comercio ni al lucro cesante

reclamado.

Sostuvo que en el proceso se demostró la existencia del

establecimiento de comercio, mediante el certificado de existencia y

representación legal expedido por la Cámara de Comercio, los

dictámenes periciales aportados y las declaraciones testimoniales

rendidas, las cuales según señala no fueron objeto de estudio en la

sentencia.

Cuestionó la conclusión de la sentencia según la cual los

dictámenes aportados no eran valorables por incumplimiento de los

requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso, porque

en la audiencia de pruebas únicamente se exigió la acreditación de

la idoneidad de los peritos, documentación que, según afirma, fue

aportada posteriormente dentro del proceso.

Insistió en que los actos administrativos mediante los cuales se

formularon las ofertas de compra y se ordenó la expropiación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

administrativa fueron expedidos de manera extemporánea y con

fundamento en acuerdos y decretos municipales que, según

sostiene, no correspondían al proyecto específico que dio lugar a la

expropiación.

Iteró que no le fueron notificados los decretos de declaratoria de

utilidad pública e interés social ni el acto que declaró la urgencia, lo

cual, en su criterio, afectó el derecho de audiencia y defensa.

IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

El Despacho admitió el recurso por auto de 1o. de octubre de 2021

y comoquiera que no hubo solicitud de pruebas en esta instancia, no

se dio traslado para alegar de conclusión. Además, el Ministerio

Público tampoco rindió concepto.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la

Constitución Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo

150 del CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019,

modificado por el artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

diciembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado es

competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2.- ACTOS DEMANDADOS

En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:

V.2.1.- Resolución SI-GP 371 de 18 de diciembre de 2014

“[…] Resolución SI-GP 371 de 18 de diciembre de 2014
“POR LA CUAL SE ORDENA LA EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA DE UN INMUEBLE, CON DESTINO A LA
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEL INTERCAMBIADOR VIAL
AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15”.

CONSIDERANDO

Que según lo establecido por el artículo 315 de la Constitución
política, corresponde al Alcalde Municipal “Cumplir y hacer
Cumplir la Constitución, la Ley, los Decretos del Gobierno, las
Ordenanzas y los Acuerdos del Concejo”.

[…]

Que el Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga, con
base en las funciones constitucionales y legales que le asisten
y según los considerandos anteriormente citados, profirió el
Acuerdo Municipal No. 008 de 31 de Mayo de 2010, el Acuerdo
Municipal No. 011 de 22 de Mayo de 2012, facultó al señor
Alcalde del Municipio de Bucaramanga, para declarar por
motivos de utilidad pública e interés social, la adquisición de
los predios requeridos para la construcción del
“INTERCAMBIADOR VIAL DE LA AVENIDA QUEBRADASECA
CON CARRERA 15”, así como las especiales condiciones de
urgencia que autorizan la expropiación por vía administrativa.

Que de acuerdo con lo anterior y de conformidad con las
facultades otorgadas al Alcalde Municipal de Bucaramanga, se
expidieron los Decretos Municipales Nos. 189 y 190 del 06 de
Julio de 2010, 0129 del 28 de Junio de 2012 y 0071 del 30 de
Abril de 2013, por el cual declaró de utilidad pública e interés

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

social los predios requeridos para la construcción del
”INTERCAMBIADOR VIAL DE LA AVENIDA QUEBRADASECA
CON CARRERA 15, así como las como las especiales
condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía
administrativa, entre otras.

[…]

Que declaradas las condiciones de urgencia y con base en lo
previsto en el artículo 59 de la Ley 388 de 1997 y demás
normas concordantes y aplicables recibió la competencia para
decretar la expropiación por vía administrativa de bienes
inmuebles con miras al cumplimiento de los fines previstos por
el artículo 63 de la Ley 388 de 1997 y la Ley 1682 de 2013,
dentro de los cuales se encuentra el siguiente inmueble:

[…]

Que el Precio Indemnizatorio que presentó la entidad
adquirente fue la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($192,450,666)
conforme al avalúo Comercial Corporativo Urbano Especial por
afectación de Obra Pública realizado por la LONJA
INMOBILIARIA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS
REGIONAL SANTANDER 2014 AQ15 - 09.

La citada resolución de Oferta de Compra, fue notificada
personalmente el día 22 de Abril de 2014, a la propietaria
EDDY ARIAS GÓMEZ, comenzando de esta manera el término
de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES DE ENAJENACIÓN
VOLUNTARIA, resolución inscrita en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bucaramanga en el respectivo Folio
de Matricula Inmobiliaria.

Que una vez notificada personalmente la Resolución de Oferta
de Compra, la propietaria, presentó objeción al avalúo dentro
del término de enajenación voluntaria como lo establece la
Ley 388 de 1997 y demás normas concordantes.

A esta objeción se le dio el traslado dentro del término de Ley
a la LONJA INMOBILIARIA SOCIEDAD COLOMBIANA DE
ARQUITECTOS REGIONAL SANTANDER.

En respuesta a la objeción, la Lonja S.C.A., procedió a
modificar al valor inicialmente ofertado a la propietaria, por lo
que se procedió a dar un Alcance a la resolución de Oferta de
Compra No. 0055 de 09 de Abril de 2014, generando de la
resolución de modificación y Alcance a la Oferta de Compra
No. 0230 de 14 de Agosto de 2014, debidamente notificada y
por un valor de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($209,367,672) conforme
al avalúo Comercial Corporative Urbano Especial por
afectación de Obra Pública realizado por la LONJA
INMOBILIARIA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS
REGIONAL SANTANDER 2014 AQ15 - 09 actualizado el 05 de
Agosto de 2014.

[…]

Teniendo en cuenta el Avalúo Corporative No. 2014 AQ15 - 09
de fecha 15 de Noviembre de 2014, el Municipio de
Bucaramanga, procedió a expedir Resolución No. 0367 de 16
de Diciembre de 2014, por la cual se da Alcance a la
Resolución de Oferta de Compra No. 0055 de 09 de Abril de
2014 y a la Resolución de Modificación y Alcance de la Oferta
de Compra No. 0230 de 14 de Agosto de 2014.

[…]

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA de una (1) zona de terreno junto con sus
construcciones en ellas levantadas ubicado en la Avenida
Quebrada Seca No. 15 - 65 con Calle 29 del Barrio Granada
del Municipio de Bucaramanga […]

ARTICULO SEGUNDO: Que el Precio Indemnizatorio que se
cancelara es la suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES
TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($230,304,384),
Conforme al avalúo Comercial Corporativo Urbano Especial por
afectación de Obra Pública No. 2014 AQ15 - 09 de fecha 15 de
Noviembre de 2014, realizado por la LONJA INMOBILIARIA
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS REGIONAL
SANTANDER, de acuerdo con los parámetros y criterios
establecidos en el Decreto 1420 de 1998 y la resolución 620
de 2008 y demás normas concordantes y modificatorias […]”.

Mediante la Resolución SI-GP 371 de 18 de diciembre de 2014, el

Secretario de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga,

actuando en nombre y representación del alcalde en virtud de

delegación, ordenó la expropiación por vía administrativa del

inmueble ubicado en Av. Quebrada Seca # 15 - 65 con Calle 29 del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

Barrio Granada del Municipio de Bucaramanga, requerido para la

construcción del proyecto denominado “Intercambiador Vial Avenida

Quebrada Seca con Carrera 15”.

En el acto administrativo la autoridad accionada indicó que el

Concejo Municipal de Bucaramanga, mediante los Acuerdos 008 de

2010 y 011 de 2012, facultó al alcalde para declarar de utilidad

pública e interés social los predios requeridos para la ejecución del

proyecto vial y para declarar las especiales condiciones de urgencia.

En desarrollo de dichas facultades se expidieron los Decretos 189 y

190 de 2010, 0129 de 2012 y 0071 de 2013.

La Administración dejó constancia del trámite surtido en la etapa de

enajenación voluntaria, en la que mediante Resolución SI-GP-055

del 9 de abril de 2014 determinó la adquisición del inmueble y

formuló oferta de compra, notificada a la señora EDDY ARIAS

GÓMEZ el 22 de abril de 2014.

El acto administrativo, en lo concerniente a la indemnización, tuvo

como sustento el avalúo comercial corporativo urbano especial por

afectación de obra pública 2014 AQ15-09 de 15 de noviembre de

2014, elaborado por la Lonja Inmobiliaria Sociedad Colombiana de

Arquitectos Regional Santander, que fijó el valor del inmueble en la

suma de $230.304.384.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

V.2.2.- Resolución SI-GP 0034 de 26 de enero de 2015

“[…] Resolución SI-GP 0034 de 26 de enero de 2015,
“Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición”

[…]

Una vez analizados los argumentos esgrimidos en el
recurso de reposición presentado el día 13 de enero de
2015, dentro del plazo legal, en contra de la resolución
SI - GP - 371 de 18 Diciembre de 2014, se pudo
establecer lo siguiente:

El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ha llevado a cabo el
proceso de adquisición predial por la vía de la
enajenación voluntaria y expropiación administrative, en
los términos establecidos en nuestra Carta Política y en
las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997, 1682 de 2013, CPACA
y demás normas concordantes, con observancia de las
garantías sustanciales y procesales propias de los
trámites administrativos que pretenden satisfacer
necesidades por motives de utilidad pública e interés
social definidos por el legislador, prevaleciendo así el
interés general para cumplir los fines esenciales del
Estado, contemplados en el artículo 2° de la norma
superior que comprende entre otros Promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la
constitución por tal motivo, a la propietaria del inmueble
en cada etapa del procedimiento de adquisición predial
se le han brindado todas las garantías del debido proceso
sin desconocer o vulnerar los derechos y principios que
fundamentan el mismo.
[…]

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: No Reponer la Resolución de
Expropiación No. SI - GP - 0371 de fecha (18) diciembre
de 2014, proferida por la Secretaría de Infraestructura y
como consecuencia de lo anterior confirmaría en todas
sus partes […]”.

A través de la resolución en cita la Secretaría de Infraestructura del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

Municipio de Bucaramanga resolvió el recurso de reposición

interpuesto por la señora EDDY ARIAS GÓMEZ contra la Resolución

SI-GP 371 del 18 de diciembre de 2014.

La administración señaló que los reproches respecto al avalúo

oficial fueron puestos en conocimiento de la Lonja Inmobiliaria

Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander, la cual,

mediante comunicación del 19 de enero de 2015, explicó los

criterios técnicos empleados y precisó que el avalúo comercial se

limitó a la valoración física del inmueble, indicando que los

denominados valores intangibles no hacen parte del avalúo

comercial.

Asimismo, el acto hizo referencia a los factores de compensación

socioeconómica previstos en los Decretos 087 y 227 de 2014,

señalando que a la propietaria se le reconocieron sumas por

concepto de apoyo para restablecimiento de medios económicos y

por trámites, con base en la utilidad mensual certificada y en la

documentación aportada.

Con fundamento en lo anterior, en la parte resolutiva se dispuso no

reponer la Resolución SI-GP 371 del 18 de diciembre de 2014 y, en

consecuencia, confirmarla en todas sus partes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

V.2.3. Resolución SI-GP 372 de 18 de diciembre de 2014

“[…] Resolución SI-GP 372 de 18 de diciembre de 2014

[…]

Que el Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga, con
base en las funciones constitucionales y legales que le asisten
y según los considerandos anteriormente citados, profirió el
Acuerdo Municipal No. 008 de 31 de Mayo de 2010, el Acuerdo
Municipal No. 011 de 22 de Mayo de 2012, facultó al señor
Alcalde del Municipio de Bucaramanga, para declarar por
motivos de utilidad pública e interés social, la adquisición de
los predios requeridos para la construcción del
“INTERCAMBIADOR VIAL DE LA AVENIDA QUEBRADASECA
CON CARRERA 15”, así como las especiales condiciones de
urgencia que autorizan la expropiación por vía administrativa.

Que de acuerdo con lo anterior y de conformidad con las
facultades otorgadas al Alcalde Municipal de Bucaramanga, se
expidieron los Decretos Municipales Nos. 189 y 190 del 06 de
Julio de 2010, 0129 del 28 de Junio de 2012 y 0071 del 30 de
Abril de 2013, por el cual declaró de utilidad pública e interés
social los predios requeridos para la construcción del
“INTERCAMBIADOR VIAL DE LA AVENIDA QUEBRADASECA
CON CARRERA 15, así como las como las especiales
condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía
administrativa, entre otras.

[…]

Que declaradas las condiciones de urgencia y con base en lo
previsto en el artículo 59 de la Ley 388 de 1997 y demás
normas concordantes y aplicables recibió la competencia para
decretar la expropiación por vía administrative de bienes
inmuebles con miras al cumplimiento de los fines previstos por
el artículo 63 de la Ley 388 de 1997 y la Ley 1682 de 2013,
dentro de los cuales se encuentra el siguiente inmueble:

Una (1) zona de terreno junto con sus construcciones en ellas
levantadas ubicado en la Avenida Quebrada Seca No. 15 – 68
con Calle 29 del Barrio Granada del Municipio de Bucaramanga
(Santander), identificado con la Cedula Catastral No. 01-07-
0022-0024-000 […]

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA de una (1) zona de terreno junto con sus
construcciones en ellas levantadas ubicado en la Avenida
Quebradaseca No. 15 - 68 con Calle 29 del Barrio Granada del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

Municipio de Bucaramanga (Santander), identificado con la
Cedula Catastral No. 01-07-0022-0024-000[…]

ARTICULO SEGUNDO: Que el Precio Indemnizatorio que se
cancelara es la suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE
($224,649,798), conforme al avalúo Comercial Corporative
Urbano Especial por afectación de Obra Pública No. 2014
AQ15 - 18 de fecha 15 de Noviembre de 2014, realizado por
la SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, de acuerdo
con los parámetros y criterios establecidos en el Decreto 1420
de 1998 y la resolución 620 de 2008 y demás normas
concordantes y modificatorias […]”.

Mediante la Resolución SI-GP-0372 de 18 de diciembre de 2014, el

Secretario de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga,

actuando en nombre y representación del alcalde, ordenó la

expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en la Av.

Quebradaseca # 15 - 68 con Calle 29 del Barrio Granada del

Municipio, de Bucaramanga requerido para la ejecución del

proyecto.

En el acto acusado la demandada hizo referencia a la etapa previa

de enajenación voluntaria, indicando que mediante Resolución SI-

GP-0062 de 9 de abril de 2014 se determinó la adquisición del

inmueble y se formuló oferta de compra, la cual fue notificada

personalmente el 22 de abril de 2014 a la señora EDDY ARIAS

GÓMEZ.

En la parte resolutiva se ordenó la expropiación por vía

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

administrativa del inmueble descrito y se fijó como precio

indemnizatorio la suma de $224.649.798 conforme con el avalúo

2014 AQ15-18 del 15 de noviembre de 2014, elaborado por la

Lonja Inmobiliaria Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional

Santander.

V.2.4. Resolución SI-GP 0035 de 26 de enero de 2015

“[…] por medio de la cual se resuelve un recurso de
reposición», La Secretaría de Infraestructura de
Bucaramanga:

En lo que corresponde al factor de apoyo por compensación
socioeconómica del establecimiento de comercio denominado
LA VETERINARIA LTDA, el cual es propietario el señor JOSÉ
MANUEL RÍOS, se le asignó una suma de dinero equivalente a
($14.805.000), por concepto de FACTOR DE APOYO PARA
RESTABLECIMIENTODE MEDIOS ECONÓMICOS, de
conformidad con el artículo 12 del Decreto 087 de 2014.

[…]

El valor de ($14.805.000) es el equivalente de multiplicar a
seis veces la utilidad mensual neta de la actividad certificada
por el contador.

[…]

A la propietaria, la señora EDDY ARIAS GOMEZ, le
corresponde un factor de apoyo por concepto de trámites y se
le asignó una suma de dinero equivalente a ($4.312 000) de
conformidad con el Artículo 08 del Decreto 0227 de 2014.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: No Reponer la Resolución de
Expropiación No. SI - GP - 0372 de fecha (18) Diciembre de
2014, proferida por la Secretaría de Infraestructura y como
consecuencia de lo anterior confirmará en todas sus partes
[…]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

Mediante la Resolución SI-GP-0035 de 26 de enero de 2015, el

Secretario de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga

resolvió el recurso de reposición interpuesto por la señora EDDY

ARIAS GÓMEZ contra la Resolución SI-GP-0372 de 18 de diciembre

de 2014, que ordenó la expropiación por vía administrativa del

inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 300-19991.

Respecto de los reparos formulados por la parte actora contra el

avalúo oficial, la entidad dejó constancia en el acto acusado de que

aquel se limita a la valoración física del inmueble y que los valores

intangibles, así como los conceptos de daño emergente y lucro

cesante, no hacen parte del avalúo comercial, sino que son

calculados por la entidad encargada de la negociación, conforme a

los decretos de compensación socioeconómica.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, en la parte

resolutiva se dispuso no reponer la Resolución de Expropiación No.

SI-GP-0372 de 18 de diciembre de 2014.

V.3.- PROBLEMAS JURÍDICOS

La Sala advierte que la decisión en esta instancia estará limitada a

los aspectos que fueron objeto de impugnación en el recurso de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

apelación presentado por la parte actora.

A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,

corresponde a la Sala determinar, si la sentencia de primera

instancia debe confirmarse, modificarse o revocarse, en razón a

que: i) la indemnización reconocida no fue integral, al no incluir el

establecimiento de comercio ni el lucro cesante futuro; ii) si la

desestimación de los dictámenes periciales es válida y si cumplieron

los requisitos para su valoración y; iii) si fueron expedidos de

manera extemporánea los actos de declaratoria de utilidad pública

y urgencia, y en tal caso, si ello constituyó la vulneración del

derecho de audiencia y defensa por falta de notificación.

V.4.- EL ASUNTO BAJO EXAMEN

Para resolver los reproches planteados, la Sala hará referencia al

marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,

para luego abordar el estudio de los problemas planteados a título

de cuestionamientos contra el fallo del tribunal a quo.

V.4.1.- GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la

propiedad privada, en los siguientes términos:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando
de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de
los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad
es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En
los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.

Con base en la norma en cita se tiene que 10 i) la garantía a la

propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con

arreglo a las leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las

formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido

el carácter limitado de la propiedad; iv) hay condiciones en que

prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la

propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y, vi)

están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.

De otra parte, acorde con el desarrollo de este precepto

constitucional, inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció

instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por

motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se

10
Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11, proferidas por la
Corte Constitucional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

reguló por la Ley 388 de 1997.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el

procedimiento que debe ser atendido con el propósito de llevar a

cabo la expropiación por vía administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria 11, la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la

destinación que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto

administrativo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos;

v) la orden de notificar a los titulares del derecho de dominio u

otros derechos reales del predio y la información sobre los recursos

procedentes.

Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada

11
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

el artículo 70 ibidem, prevé:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa,
por no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso
interpuesto en forma negativa, la decisión producirá los
siguientes efectos:

1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la
entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual
bastará con el registro de la decisión en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos. El registrador exigirá
que la entidad acredite que el propietario o los
titulares de otros derechos reales SOBRE EL
INMUEBLE, han retirado el valor de la
indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la
consignación correspondiente conforme a lo previsto en
el numeral 2 de este artículo.
2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado,
según sea el caso, el valor total correspondiente o
el porcentaje del precio indemnizatorio que se
paga de contado y los documentos de deber
correspondientes a los cinco contados sucesivos
anuales del saldo. Si el particular no retira dichos
valores y los documentos de deber dentro de los diez
días siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá
consignarlos en la entidad financiera autorizada para el
efecto a disposición del particular, y entregara copia de
la consignación al Tribunal Administrativo en cuya área
de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro
de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.

3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública
podrá exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE
EXPROPIADO, sin necesidad de intervención judicial,
para lo cual podrá acudir al auxilio de las autoridades de
policía si es necesario.

4. En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen
dentro de los términos señalados en el numeral 2 de
este artículo, la decisión de expropiación por vía
administrativa no producirá efecto alguno y la entidad
deberá surtir nuevamente el procedimiento
expropiatorio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa adquiere la
obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o
interés social que hayan sido invocados, en un término
máximo de tres (3) años contados a partir de la fecha de
inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de
propietario del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal
Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado
el inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha
obligación, mediante proceso abreviado que se limitará
exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán
solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un
término no superior a un mes, transcurrido el cual se
pronunciará sentencia inapelable.

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la
obligación por parte de la entidad, la sentencia así lo
declarará y ordenará su inscripción en la respectiva
Oficina de Registro, a fin de que el demandante recupere
la titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia
se determinará el valor y los documentos de deber que
la persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a
la entidad pública respectiva, siendo necesario para los
efectos del registro de la sentencia que se acredite
mediante certificación auténtica que se ha efectuado el
reintegro ordenado […]”. (Destacado fuera de texto).

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el

carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor

del precio indemnizatorio que se reconocerá A LOS

PROPIETARIOS, el cual será igual al avalúo comercial que se

utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 12 de la

12
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA. Se
introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la
Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que
sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

presente ley […]”.

De acuerdo con esta normativa, una de las características

esenciales de la expropiación radica en el hecho de que la actuación

del Estado se hace por razones de utilidad pública e interés social,

previa y justa indemnización del inmueble, en cuanto comprende

su valor y los perjuicios que se causan al afectado con dicha

medida, con el fin de alejarse de un acto confiscatorio.

Al respecto esta Sección13 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a
cargo de la autoridad que ostenta la potestad
expropiandi, de indemnizar plena y previamente al
afectado, con el propósito de restablecer el equilibrio
roto por la privación patrimonial a la cual es sometido
de manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en
estos casos el interés general deba prevalecer sobre los
intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha
circunstancia queden excluidas las garantías que la
Constitución reconoce en favor del propietario, pues no
puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al

reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. […].
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”. Destacado fuera de texto.

Asimismo, la Sala destaca que a través del Decreto 1420 de 199814

fueron reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y

criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se habilita

la determinación del valor comercial de los bienes inmuebles, entre

otros, para el caso de expropiaciones administrativas.

Ahora bien, mientras en el artículo 2015 del decreto en mención se

establece que en el avalúo debe indicarse el método utilizado, el

artículo 23 16 de la misma norma facultó al IGAC para expedir a

través de resolución las disposiciones metodológicas para la

realización de estos.

En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente

expidió las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones

14
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”
15
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y
las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación
[…]”.
16
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que
trata el presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
mediante resolución que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la
publicación de este decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

que fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 200817, que

establece los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del

marco de la Ley 388 de 1997.

Dicha resolución determina como métodos para la elaboración de

los avalúos el de: i) comparación o de mercado, ii) capitalización

de rentas o ingresos, iii) el residual, iv) el de consulta de

encuestas y v) el de costo o reposición.

V.4.2. CASO CONCRETO

La Sala pasa a resolver cada uno de los problemas jurídicos

planteados, que corresponden a los reproches que el actor por

conducto de su apoderada judicial plasmó en el recurso de

apelación.

V.4.2.1. De la extemporaneidad alegada y la falta de
notificación de los actos administrativos de declaratoria de
utilidad pública, interés social y urgencia

La parte actora sostuvo que las resoluciones de oferta de compra y

de expropiación administrativa fueron expedidas por fuera del

término de un año previsto en el Acuerdo 011 de 2012, mediante el

cual el Concejo Municipal de Bucaramanga facultó al alcalde para

17
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

declarar la utilidad pública e interés social de los predios requeridos

para la construcción del Intercambiador Vial de la Avenida

Quebradaseca con Carrera 15, así como para declarar la existencia

de especiales condiciones de urgencia.

La Sala observa que el Acuerdo 011 de 2012 no constituye en sí

mismo un acto de declaratoria de utilidad pública ni de

expropiación, sino un acto de autorización conferido por el Concejo

Municipal al alcalde, en los términos del artículo 313 (numeral 3) de

la Constitución Política.

Al respecto el referido acuerdo señala:

“[…] Acuerdo 011 de 22 de mayo de 2012

“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL SEÑOR
ALCALDE PARA DECLARAR LA UTILIDAD PUBLICA DE UNOS
PREDIOS, Y LAS ESPECIALES CONDICIONES DE URGENCIA
QUE AUTORIZA SU EXPROPIACION VÍA ADMINISTRATIVA”.

El CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA En uso de las
facultades constitucionales y legales, y en especial las
consagradas en el artículo 313 (3) de la Constitución política y
las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que dentro de las obras planteadas por el gobierno municipal
en el Plan de desarrollo 2012-2015, son prioridad durante el
presente cuatrienio, para recuperar la movilidad vial y
posicionar a Bucaramanga en la plataforma de ciudades
modernas, sostenibles, atractivas, seguras y con adecuada
infraestructura de servicios, diez (10) mega-proyectos, nueve
de los cuales hacen parte del plan maestro de movilidad entre
los cuales se encuentran el INTERCAMBIADOR VIAL DE LA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15 Y EL
INTERCAMBIADOR VIAL DE LA AVENIDA QUEBRADASECA CON
CARRERA 27.

Que los intercambiadores de la Carrera 15 y la Carrera 27 con
la Avenida Quebradaseca y La Transversal Oriental - La Flora,
están relacionados dentro de la tabla 27 denominado Nuevos
Proyectos de Infraestructura Vial del Plan Maestro de
Movilidad 2010-2030 (Anexo 01).

Que el Honorable concejo Municipal de Bucaramanga,
mediante Acuerdo No. 008 del 31 de Mayo de 2010, facultó
por un término de seis (6) meses, al señor Alcalde para
declarar de utilidad pública e interés social, así como también
la existencia de especiales condiciones de urgencia, que
autorizan la expropiación vía administrativa de los predios
requeridos para la construcción de los INTERCAMBIADORES
VIALES de la avenida QUEBRADASECA CON CARRERA 27
(MESON DE LOS BUCAROS) Y AVENIDA QUBRADASECA CON
CARRERA 15, relacionados en el acuerdo.

[…]

Que los predios requeridos para la construcción del
INTERCAMBIADOR VIAL DE LA AVENIDA QUEBRADASECA CON
CARRERA 15, no se declararon de utilidad pública ni las
especiales condiciones de urgencia, dentro del término
otorgado en el Acuerdo 008 del 31 de Julio de 2010, por
razones que fueron expuestas en su oportunidad por el señor
Alcalde al Honorable Concejo Municipal.

Que para llevar a cabo la construcción del INTERCAMBIADOR
VIAL DE LA AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15, se
requiere afectar de utilidad pública treinta y un (31) predio
identificados con los siguientes Folios de Matrícula
Inmobiliaria: 300- 21613, 300-194307, 300-99647, 300-
20089, 300-19965, 300-19990, 300- 228810, 300-228809,
300-14491, 300-53884, 300-43909, 300-43908, 300-228808,
300-228807, 300-19991, 300-20132, 300-2360, 300-99648,
300-194306, 300-180130, 300- 3986, 300-3990, 300-32194,
300- 38720, 300-199958, 300-199959, 300-199960, 300-
251721, 300-251722, 300-52395 y 300-46092, al igual que
declarar las condiciones de urgencia, para adquirirlos por
expropiación via administrative. Ver ANEXO 1

[…]

ACUERDAN

ARTICULO PRIMERO: Facúltese al señor Alcalde del Municipio
de Bucaramanga para que declare por motivos de utilidad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

pública o interés social, la adquisición de los predios
requeridos para la construcción del INTERCAMBIADOR VIAL
AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15, identificados
con los Folios de Matricula Inmobiliaria No. 300- 21613, 300-
194307, 300-99647, 300-20089, 300- 19965, 300-19990,
300- 228810, 300-228809, 300-14491, 300-53884, 300-
43909,300-43908, 300-228808, 300-228807, 300-19991,
300-20132, 300-2360, 300- 99648, 300-194306, 300-
180130, 300- 3986, 300-3990, 300-32194, 300- 38720, 300-
199958, 300-199959, 300-199960, 300-251721, 300-
251722, 300-52395 y 300-46092, e identificados en el ANEXO
1

[…]

ARTICULO SEXTO: Las facultades otorgadas son por el
término de un (1) año contado a partir de la vigencia del
presente acuerdo […]”. (Destacado fuera de texto)

De acuerdo con la transcripción que precede el acuerdo identificó de

manera expresa el proyecto “Intercambiador Vial de la Avenida

Quebradaseca con Carrera 15” y los predios requeridos para su

ejecución, entre ellos los identificados con los folios de matrícula

inmobiliaria 300-19990 y 300-19991, que son precisamente los

inmuebles objeto del presente proceso, de manera que no se

advierte ambigüedad en cuanto al proyecto específico ni respecto

de los bienes involucrados.

Ahora bien, el artículo sexto es cierto que el acuerdo fijó el término

de un año, para el ejercicio de las facultades conferidas al alcalde

para expedir los actos de declaratoria de utilidad pública e interés

social y de condiciones de urgencia, esto es, los actos habilitantes

del procedimiento expropiatorio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

No obstante, no se desprende de su texto que el Concejo hubiese

condicionado a ese mismo término la culminación del procedimiento

de adquisición predial en todas sus fases, enajenación voluntaria y

eventual expropiación, ni que hubiese establecido una caducidad

del trámite administrativo si no se dictaban dentro del año las

resoluciones de oferta o de expropiación.

No existe en el texto del acuerdo una disposición que imponga la

obligación de expedir las resoluciones de oferta o de expropiación

dentro del año de vigencia de la autorización, ni puede inferirse tal

consecuencia de manera extensiva sin desconocer la diferencia

entre acto habilitante y los actos de ejecución.

En consecuencia, no se configura la extralimitación funcional

alegada por la parte actora ni la extemporaneidad de los actos

acusados con fundamento en el Acuerdo 011 de 2012.

Por otro lado, la parte actora sostuvo que se vulneró su derecho de

audiencia y defensa porque no le fueron notificados los decretos

mediante los cuales se declaró la utilidad pública e interés social de

los predios y las condiciones de urgencia que autorizaban la

expropiación por vía administrativa, irregularidad que, a su juicio,

no puede entenderse saneada por el conocimiento posterior que

tuvo de dichos actos con ocasión de la notificación de la oferta de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

compra.

Al respecto, la Sala advierte que mediante los Decretos Municipales

189 y 190 de 6 de julio de 2010, 0129 de 28 de junio de 2012 y

0071 de 30 de abril de 2013, el alcalde de Bucaramanga declaró la

utilidad pública e interés social de los predios requeridos para la

construcción del “Intercambiador Vial de la Avenida Quebradaseca

con Carrera 15”, dentro de los cuales se encuentran los inmuebles

origen de la controversia.

No obstante, tales actos administrativos no fueron objeto de

demanda en el presente proceso, de manera que cualquier

cuestionamiento dirigido a controvertir su legalidad o a reprochar

eventuales irregularidades en su expedición o notificación excede el

marco del litigio fijado desde la primera instancia.

La Sala destaca que los actos acusados en este asunto se

circunscriben a las resoluciones que ordenaron la expropiación por

vía administrativa y fijaron el correspondiente precio

indemnizatorio.

Por tanto, el control judicial que aquí se ejerce debe recaer sobre la

legalidad de dichas resoluciones y sobre el trámite específico que

condujo a su expedición, el cual se desarrolla con posterioridad a la

declaratoria de utilidad pública y constituye una fase autónoma del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

42

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

procedimiento previsto en la Ley 388.

En consecuencia, las inconformidades que la parte actora pudiere

tener respecto de los decretos de declaratoria utilidad pública e

interés social de debieron ventilarse mediante la acción

correspondiente contra tales actos, una vez tuvo conocimiento de

su existencia, sin que resulte procedente trasladar ese debate al

examen de legalidad de los actos de expropiación que aquí se

controvierten.

V.4.2.2.- De la incorrección del avalúo oficial, la
indemnización reconocida y los dictámenes aportados con la
demanda

La parte actora sostuvo que el Tribunal erró al concluir que la

indemnización reconocida por el MUNICIPIO fue justa, pues a su

juicio no se valoró adecuadamente el establecimiento de comercio

LA VETERINARIA LTDA, ni el lucro cesante futuro derivado de su

afectación, en desconocimiento del artículo 67 de la Ley 388 que

regula la etapa de enajenación voluntaria y no excluye el

reconocimiento de otros perjuicios indemnizables.

Además, cuestionó que el Tribunal haya concluido que los

dictámenes que aportó con la demanda no eran susceptibles de

valoración por incumplir los requisitos del artículo 226 del Código

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

43

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

General del Proceso, al señalar que en la audiencia de pruebas solo

se exigió acreditar la idoneidad de los peritos y que dicha

documentación fue posteriormente aportada dentro del trámite.

La parte actora afirmó que en el proceso se acreditó la existencia

del establecimiento de comercio mediante el certificado de

existencia y representación legal expedido por la Cámara de

Comercio, los dictámenes periciales y las declaraciones

testimoniales rendidas, pruebas que según indica no fueron

debidamente valoradas por el Tribunal.

Sobre este asunto, la Sección ha sostenido que al haber sido

incorporado el valor del avalúo comercial en el acto administrativo,

este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,

creíble y fundamentado, por lo que corresponde a la parte que se

siente afectada probar en el proceso que el avalúo oficial es

equivocado, demostrando precisamente sus incorreciones y, en

particular, la incidencia de estas en el valor que se ha atribuido al

bien expropiado, de la siguiente manera18:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 15 de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-
000-2011-00196-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

44

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en
el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción
de legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el
actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección”.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que
debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, el
avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas,
sin que el mismo pueda ser objeto de modificación dado
que la actora, quien tenía la carga probatoria de
desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó
la presunción de legalidad del acto administrativo demandado,
que lo incorporó […]” (Destacado fuera de texto).

Por otra parte, en lo que concierne al alcance de la carga de la

prueba para desvirtuar el avalúo oficial, esta Sala 19 ha precisado lo

siguiente:

“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración, no es del caso que el escrito de
demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-
00115-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

45

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

desvirtuar el realizado por la entidad pública; para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base
en las normas que regulan la materia, indique el
defecto en que se ha incurrido y su impacto en el precio
oficialmente establecido, pues de lo que se trata es
precisamente de llevar al convencimiento del juez de
que se ha incurrido en error al establecer el monto de la
indemnización, y no simplemente de identificar otras
alternativas probables […]” (Destacado fuera de texto).

Conforme con la jurisprudencia en cita, para desvirtuar el valor

incorporado en los actos administrativos de expropiación, no basta

con que a la demanda se anexen otros avalúos del bien sobre el

cual recayó la medida, sino que corresponde al interesado probar

los errores del avalúo oficial y, en particular, la incidencia de estos

en el precio que fue determinado.

Visto lo anterior, la Sala advierte que, con el propósito de

controvertir el monto de la indemnización reconocida en los actos

acusados, la parte actora aportó tres dictámenes periciales20.

El primero corresponde a un avalúo comercial de los inmuebles

identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 300-19990 y

300-19991, elaborado por la firma WR Ingenieros Avaluadores, en

el que se determinó el valor comercial de los predios.

20
SAMAI índice 16, expediente digital cuaderno 1 Tribunal, folios 146-189.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

46

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

El segundo consiste en una valoración de la empresa “LA

VETERINARIA LTDA.” como unidad económica en marcha, mediante

la aplicación de métodos financieros tales como el flujo de caja

descontado y múltiplos de EBITDA e ingresos, a partir de los cuales

se estimó un valor global del establecimiento.

El tercero es un informe de cuantificación del lucro cesante futuro

de los socios, elaborado con base en proyecciones financieras, tasas

de descuento y tablas de mortalidad, partiendo del supuesto cierre

definitivo del negocio en el año 2014.

En audiencia inicial celebrada el 7 de febrero de 201821, el Tribunal

incorporó como pruebas documentales tales pruebas y determinó

que al tratarse de dictámenes periciales debía correrse el traslado a

la demandada para que presentara las objeciones a que hubiera

lugar, y que, de existir, se formularían en la audiencia de pruebas.

La contradicción de los dictámenes tuvo lugar en audiencia de 10

de abril de 2018, diligencia en la que los peritos sustentaron sus

estudios, no obstante, al inicio de cada intervención el MUNICIPIO

manifestó que se tuviera cuanta que los documentos no tenían las

características de un peritaje, pues no cumplían los requisitos

previstos en el artículo 226 del Código General del Proceso, como

21
SAMAI índice 16, expediente digital cuaderno 2 Tribunal, folio 66.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

47

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

anexos sobre idoneidad, experiencia, listado de casos en los que se

actuado como perito, entre otros.

En el desarrollo de la audiencia se registró:

“[…] 3.1. DICTAMEN RENDIDO POR WILLIAM ROBLEDO
GIRALDO

Indica la apoderada de la PARTE DEMANDADA que tenga
en cuenta que el documento aportado por la parte
demandante no contiene las características de un
peritaje, pues no se cumplieron con los requisitos de la
norma para que este cumpla con esta calidad.

En este sentido, el Despacho indica que de acuerdo con lo
expuesto por la parte demandada el perito al encontrarse bajo
la gravedad de juramento debe poner en conocimiento
que cumple con los requisitos contenidos en la norma.

El Magistrado toma al perito el juramento de rigor de
conformidad con la Constitución y a ley, previniéndole de la
responsabilidad en que incurre quien jura en falso, frente a lo
cual el perito manifestó que responderá con la verdad, toda la
verdad y nada más que la verdad a todo lo que declare en
esta audiencia. en virtud de lo anterior, el perito establecerá
las razones y conclusiones del dictamen rendido y de igual
forma se pronunciará sobre las adiciones, aclaraciones y
objeciones que se presenten al respecto.
[…]
En este estado de la diligencia se le concede el uso de la
palabra al apoderado de la parte demandada, para que si a
bien lo tiene interrogue al testigo.

PREGUNTADO: tiene parentesco con alguna de las partes.
CONTESTÓ: no.

PREGUNTADO: cuenta con documentos que acrediten su
preparación académica. CONTESTÓ: sí. Tiene registro del
título, así como la demás documentación, señalando que la
puede aportar al proceso.

PREGUNTADO: solicita se remitan los dictámenes que ha
rendido ante la jurisdicción.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

48

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

CONTESTO: señala que no está inscrito en la lista de
auxiliares de la justicia.

Tiene una empresa que se dedica a realizar avalúos,
independiente que trabaja a nivel nacional y como parte del
contrato vienen a hacer la sustentación.

El Despacho indica que ante las inconformidades
presentadas por la parte demandante que lo
procedente sería allegar la documentación que respalde
la idoneidad del perito. Ante lo señalado sostiene la parte
DEMANDANTE que se llegaran los documentos pertinentes. La
parte DEMANDADA […]

3.2. DICTAMEN RENDIDO POR ALEJANDRO GALLO
MAYA

El Magistrado toma al perito el juramento de rigor de
conformidad con la Constitución y a ley, previniéndole de la
responsabilidad en que incurre quien jura en falso, frente a lo
cual el perito manifestó que responderá con la verdad, toda la
verdad y nada más que la verdad a todo lo que declare en
esta audiencia. en virtud de lo anterior, el perito establecerá
las razones y conclusiones del dictamen rendido y de igual
forma se pronunciará sobre las adiciones, aclaraciones y
objeciones que se presenten al respecto.

Sobre los generales de ley […]

Indica la apoderada de la PARTE DEMANDADA que tenga en
cuenta que el documento aportado por la parte demandante
no contiene las características de un peritaje, pues no
se cumplieron con los requisitos de la norma para que
este”22

En esta diligencia el magistrado sustanciador hizo alusión a los

requisitos de la norma en comento y solicitó a la apoderada de la

parte actora que allegara la información respectiva, para acreditar

el cumplimiento, decisión frente a la cual no hubo oposición de la

parte demandada.

22
Esta audiencia se encuentra en SAMAI índice 16, expediente digital en el archivo identificado bajo
el siguiente nombre: ED_C02_13AudienciaDePruebas(.pdf) NroActua 16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

49

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

El 18 de mayo de 201823 la apoderada de la parte actora allegó los

documentos con los cuales pretendió acreditar la capacidad

profesional de los peritos para dictaminar sobre los asuntos que les

fueron encomendados. En memorial se lee de los documentos

aportados y los anexos de dicho escrito, así:

No obstante, los dictámenes fueron desestimados por el a quo en la

sentencia al recordar que “[…] tal como se advirtió en audiencia de

pruebas de fecha 10 de abril de 2018, la valoración y estudio de los

dictámenes aportados por la parte demandante quedaba

supeditada a la aportación de la documentación que

acreditara el cumplimiento de los requisitos contemplados

23
SAMAI índice 16, expediente digital cuaderno 2 Tribunal, folio 128.
ED_C02_17OtrosDemandantesAlleganDocumentosYExcusaInasistenciaAudiencia(.pdf) NroActua 16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

50

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

en el Código General del Proceso para este medio de prueba

[…]”.

En efecto, en relación con los avalúos el Tribunal realizó los

siguientes reparos:

Dictamen elaborado por Conclusión del Tribunal a quo
WR INGENIEROS AVALUADORES. No cumplió con “[…] el requisito
Realizo el avalúo de los predios y la contemplado en el numeral 3 del
empresa (2) artículo 226 del Código General del
Proceso referente a la presentación
por parte del perito, de los
documentos idóneos que lo habilitan
para su ejercicio, los títulos
académicos y los documentos que
certifiquen la respective experiencia
profesional, técnica o artística […]”.

ALEJANDO GALLO MAYA, que “[…] no cumple con los requisitos
dictaminó sobre el lucro cesante contemplados en los numerales 5 y 6
futuro (1) del artículo 226 del Código General del
Proceso referentes a “La lista de casos
en los que haya sido designado como
perito o en los que haya participado
en la elaboración de un dictamen
pericial en los últimos cuatro (4) años”
y “Si ha sido designado en procesos
anteriores o en curso por la misma
parte o por el mismo apoderado de la
parte, indicando el objeto del
dictamen” […]”.

Al respecto la Sala destaca que el artículo 226 del Código General

del Proceso, impone una serie de requisitos que deben ser

acreditados por los dictámenes periciales rendidos en los procesos

judiciales para que dichas pruebas deban ser valoradas. La norma

en comento prevé:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

51

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

“[…] Artículo 226. Procedencia. La prueba pericial es
procedente para verificar hechos que interesen al
proceso y requieran especiales conocimientos
científicos, técnicos o artísticos.

Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo
podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se
rendirá por un perito.

No serán admisibles los dictámenes periciales que versen
sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre
extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de
abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el
juez como alegaciones de ellas.

El perito deberá manifestar bajo juramento que se
entiende prestado por la firma del dictamen que su
opinión es independiente y corresponde a su real
convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse
de los documentos que le sirven de fundamento y de
aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del
perito.

Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado;
en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e
investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos
técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones.

El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como
mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones:

1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó
en su elaboración.

2. La dirección, el número de teléfono, número de
identificación y los demás datos que faciliten la localización del
perito.

3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por
quien rinde el dictamen y de quien participó en su
elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo
habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los
documentos que certifiquen la respectiva experiencia
profesional, técnica o artística.

4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del
peritaje, que el perito haya realizado en los últimos diez (10)
años, si las tuviere.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

52

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

5. La lista de casos en los que haya sido designado como
perito o en los que haya participado en la elaboración de un
dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años. Dicha lista
deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el
nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la
materia sobre la cual versó el dictamen.

6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por
la misma parte o por el mismo apoderado de la parte,
indicando el objeto del dictamen.

7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el
artículo 50, en lo pertinente.

8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e
investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que
ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que
versen sobre las mismas materias. En caso de que sea
diferente, deberá explicar la justificación de la variación.

9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e
investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos
que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En
caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la
variación.

10. Relacionar y adjuntar los documentos e información
utilizados para la elaboración del dictamen […]”.

Sobre la obligatoriedad en el cumplimiento de dichos requisitos esta

Sección24 ha indicado:

“[…] 15. Por su parte, el artículo 226 del CGP prevé el
cumplimiento de unos requisitos adicionales, entre otros:
i) la identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó
en su elaboración; ii) la dirección, el número de teléfono,
número de identificación y los demás datos que faciliten la
localización del perito; iii) la profesión, oficio, arte o actividad
especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien
participó en su elaboración, con los documentos idóneos que
lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los
documentos que certifiquen la respectiva experiencia
profesional, técnica o artística; iv) si el perito tiene

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de súplica
proferido el 27 de noviembre de 2025. Número único de radicación 11001 03 24 000 2017 00237 00.
M.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

53

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

publicaciones relacionadas con la materia del peritaje, la lista
de estas durante los últimos diez años, y v) la lista de casos
en los que haya sido designado como perito o en los que haya
participado en la elaboración de un dictamen pericial en los
últimos cuatro años.

[…]

19.Precisado lo anterior, la Sala advierte que el dictamen
aportado oportunamente con la reforma de la demanda
no cumple con los requisitos mínimos indicados en los
numerales 14 y 15 de esta providencia, como bien se
dispuso en el auto recurrido; nótese que, entre otros, no
se identificó plenamente al perito, ni se informó la dirección,
el número de teléfono, número de identificación y los demás
datos que facilitaran su localización para efectos de citarlo a
una eventual contradicción de este […]”.

En este orden, se tiene que si bien el Tribunal realizó en la

audiencia inicial una verificación formal respecto del cumplimiento

de los requisitos previstos en el artículo 226 del Código General del

Proceso para efectos de la admisibilidad y valoración de los

dictámenes, también lo es que no se incurrió en ninguna

irregularidad al examinar y valorar tales medios de prueba en el

momento de proferir el fallo, por cuanto es en esta etapa procesal

que el juez aborda el examen integral de los medios de prueba, y

también se pronuncia de las objeciones formuladas por la entidad

demandada en la audiencia de contradicción.

Así, no hay irregularidad alguna en este proceder, pues lo que se

acreditó en este proceso es que el a quo en una posición garante

requirió a la parte actora en la audiencia de pruebas, ante la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

54

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

advertencia de tales falencias por la entidad accionada, para que

allegara con posterioridad la documentación requerida, lo que la

posibilitó de entregar los documentos en el término concedido.

De ahí que, atendiendo a la orden de las decisiones del Magistrado

que quedaron en firme al no existir oposición de la parte contraria

se tiene que en la audiencia de pruebas se le habilitó para que

aportara la documentación requerida relativa a la idoneidad de los

peritos.

Entonces, se tiene que en relación con el peritaje rendido por la

firma WR Ingenieros Avaluadores, se allegó copia de su tarjeta

profesional como ingeniero catastral, certificado sobre avalúos

practicados, certificado de inscripción en el registro abierto de

avaluadores y listado de publicaciones, de ahí que le asiste razón a

la apelante frente a la documental requerida.

No ocurrió lo mismo respecto del perito Alejandro Gallo Maya,

habida cuenta que si bien la parte actora también allegó los

documentos que acreditaban la idoneidad, no subsanó las falencias

relativas a los requisitos enunciados en los numerales 5 y 6 del

artículo 226 del Código General del Proceso, referentes a “[…] La

lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los

que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

55

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

los últimos cuatro (4) años” y “Si ha sido designado en procesos

anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado

de la parte, indicando el objeto del dictamen […]”.

De todo lo anterior, la Sala destaca que los requisitos establecidos

en el artículo 226 del Código General del Proceso no son

facultativos ni quedan al arbitrio de la parte interesada, ni

corresponde al juez orientar la forma en que deben cumplirse o

integrarse tales exigencias, pues se trata de presupuestos legales

obligatorios para que el dictamen pericial pueda ser valorado como

medio de prueba dentro del proceso.

De ahí que se considere que ante la posibilidad que se le permitió a

la parte actora en la audiencia de pruebas, le corresponde a esta

Sala y en presencia de los documentos acreditantes de la idoneidad

del profesional para rendir los dictámenes presentado por la firma

WR Ingenieros Avaluadores, valorar y establecer si tienen el

alcance de desvirtuar el valor indemnizatorio reconocido en sede

administrativa, como pasa a examinarse.

V.4.2.2.1.- Del avalúo comercial de los inmuebles objeto de
expropiación

El 12 de marzo de 2015 la firma WR Ingenieros Avaluadores a

través del Ingeniero William Robledo elaboró un avalúo a los

predios objeto de controversia, en el que se desarrollaron aspectos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

56

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

relativos con: información general, descripción del sector,

reglamentación urbanística, métodos valuatorios, valor del terreno

y construcción, así:

“[…]

[…]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

57

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

[…]
[…]

[…]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

58

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

[…]”.

En el avalúo, el perito adujo haber utilizado los métodos de

comparación o de mercado, residual y de costo reposición, para

calcular el precio comercial de los inmuebles origen de la

controversia.

Al respecto, la Sala recuerda que el Decreto 1420 de 199825 fijó los

lineamientos técnicos y metodológicos que rigen los avalúos para

efectos de expropiación administrativa, cuya reglamentación delegó

en el IGAC, entidad que expidió la Resolución 620 de 200826, por la

cual se establecieron los métodos y los parámetros para la

elaboración de los avalúos presentados en relación con los

procedimientos de que trata la Ley 388 de 1997, que se distinguen

bajo los siguientes:

MÉTODO NORMA TÉCNICA PARA APLICACIÓN REQUISITOS
IDENTIFICAR EL (PROCEDIMIENTO
VALOR TÉCNICO)
COMERCIAL
Comparación Art. 1º Se desarrolla Homogeneización de Se deben usar
o de Mercado mediante el estudio muestras: Se toman los fuentes verificables.
de ofertas o datos de mercado y se Si el mercado es
transacciones ajustan mediante variables activo, este método
recientes de bienes (zona, edad, área, estado). tiene prioridad
comparables y Se busca un valor unitario respecto de los

25
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”
26
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

59

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

similares al del promedio por m2. demás.
avalúo. ARTÍCULO 10.
Capitalizació Art. 2º Determina el valor Fórmula de Valor Los cánones deben
n de Rentas con base en los Presente: Se calcula la ser de mercado. No
ingresos o rentas renta líquida y se divide por se deben incluir
que el bien puede una tasa de capitalización muebles o equipos a
producir. (V = R / i). menos que sea
En este método se necesario para la
considera la vida renta.
remanente del inmueble
(70 o 100 años según la
construcción).
Costo de Art. 3º Calcula el costo Depreciación Requiere
Reposición de construir hoy Lineal/Técnica: Se tasa la presupuesto detallado
una estructura construcción "como nueva" de obra (materiales,
igual, descontando y se le resta la depreciación mano de obra,
el desgaste. usando las Tablas de Fitto honorarios) y el
y Corvini. Se suma el valor estado de
del terreno. conservación.
ARTÍCULO 13
Técnica Art. 4º Valora el terreno Proyecto Hipotético: Se Se rige por el
Residual a partir del calcula el valor total de principio de "Mayor
potencial de ventas del proyecto, se y Mejor Uso". Solo
desarrollo de un restan costos de aplica si el proyecto
proyecto construcción, financieros y es legalmente
inmobiliario. utilidad del promotor. El permitido y
sobrante es el valor del financieramente
suelo. viable. ARTÍCULO
14
Consulta de Arts. Procedimiento de Tratamiento
Se aplica si NO hay
Encuestas 11 y 12 apoyo basado en la Estadístico: Se realizan
ofertas o ventas
opinión de expertos entrevistas en número
reales. El perito debe
ante la falta de plural. Se debe calcular
haber visitado el
datos reales. obligatoriamente la Media,
predio antes de
la Varianza y el
realizar las
Coeficiente de Variación
encuestas.
para validar la muestra.

Respecto de los métodos de: i) comparación o de mercado, ii)

residual y iii) de reposición, este último señalado expresamente en

el avalúo privado como método utilizado, conviene transcribir las

normas que los regulan de la citada Resolución 620 de 2008, así:

“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables
al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán
ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial.

[…]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

60

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el
que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le
debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se
utilizará la siguiente fórmula:

[…]

ARTÍCULO 4o. MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL. Es el que
busca establecer el valor comercial del bien, normalmente
para el terreno, a partir de estimar el monto total de las
ventas de un proyecto de construcción, acorde con la
reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el
mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de
avalúo.

Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar, al
monto total de las ventas proyectadas, los costos totales y la
utilidad esperada del proyecto constructivo. Es indispensable
que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la
factibilidad comercial del proyecto, es decir la real posibilidad
de vender lo proyectado.

[…]

ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en
la presentación del avalúo se haga mención explícita del
medio del cual se obtuvo la información y la fecha de
publicación, además de otros factores que permitan su
identificación posterior.

[…]

ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. En
desarrollo de este método se debe entender por costo total de
la construcción la suma de los costos directos, costos
indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, en
que debe incurrirse para la realización de la obra. Después de
calculados los volúmenes y unidades requeridos para la
construcción, se debe tener especial atención con los costos
propios del sitio donde se localiza el inmueble.
Al valor definido como costo total se le debe aplicar la
depreciación.

[…]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

61

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

ARTÍCULO 14. MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL. En
desarrollo de este método (técnica), se debe tener en cuenta:
Para el cálculo de ventas totales, se debe analizar el tipo de
producto que por efectos del principio de mayor y mejor uso
se pueda dar sobre el predio, para lo cual se deben referenciar
las ofertas de inmuebles comparables y semejantes al
proyecto planteado, así como las características de áreas,
valores de venta, elementos del proyecto, entre otros que
este tenga.

El costo total es la suma del costo de urbanismo asociado al
proyecto y/o plan parcial y el costo de la construcción siendo
este la suma de los costos directos, costos indirectos, los
financieros y los de gerencia del proyecto, teniendo en cuenta
los volúmenes y unidades requeridas para el proyecto
planteado.

El costo de urbanismo se establece como la suma de los
costos para habilitar el suelo a usos específicos e incluye las
cargas asociadas a su desarrollo.

La utilidad esperada debe ser concordante con los usos y su
estratificación, ubicación espacial, especificaciones del tipo de
proyecto que sobre el predio se plantee, teniendo en cuenta
las condiciones de renta fija presentes en el momento del
cálculo, así como la tasa interna de retorno y que el valor
presente de este proyecto sea como mínimo igual a cero.

El valor resultante de esta técnica es el valor total del
inmueble, es decir, del valor del terreno y del valor de la
construcción sobre él edificada, por lo tanto, al valor obtenido
no se debe agregar el valor de la construcción.

Cuando se requiera presentar en el avalúo de forma
independiente, tanto el valor del terreno como el de la
construcción, se deberá hacer de la siguiente forma: calcular
por el método de reposición el valor de la construcción y
descontarla al valor total del inmueble […]”.

Como se precisó la Resolución 620 de 2008 establece los métodos

técnicos mediante los cuales debe determinarse el valor comercial

de un inmueble, entre los cuales desarrolla el método de

comparación o de mercado, el método de costo de reposición y la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

62

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

técnica residual, cada uno de los cuales parte de supuestos

distintos y exige un nivel propio de soporte técnico.

El método de comparación o de mercado constituye la técnica

por excelencia para determinar el valor comercial de un inmueble,

porque busca reproducir el comportamiento real del mercado

mediante el estudio de ofertas o transacciones recientes de bienes

semejantes y comparables.

Para su adecuada aplicación, el avaluador debe identificar

inmuebles similares respecto de ubicación, uso, características

físicas y estado de conservación, recolectar información verificable

de esas ofertas o ventas y dejar constancia expresa del medio de

donde proviene, su fecha y los elementos que permitan su posterior

verificación.

Por su parte, el método de costo de reposición se orienta a

determinar el valor comercial de la edificación a partir del costo que

tendría reproducir hoy una construcción equivalente, restándole la

depreciación acumulada y sumándole el valor del terreno.

En este enfoque el avaluador debe estimar los costos directos e

indirectos, así como los financieros y administrativos necesarios

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

63

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

para ejecutar una obra semejante, teniendo en cuenta las

condiciones del sitio donde se encuentra el inmueble.

Visto lo anterior, la Sala advierte, que el avalúo señaló de forma

autónoma un valor comercial para el bien expropiado, en cuantía

diferente a las determinadas por el avalúo oficial, sin explicar las

razones de tal circunstancia, esto es, no demuestra las deficiencias

de este último.

Además, y pese a que en relación con el método de comparación o

de mercado el perito afirmó haber hecho un estudio a la tendencia

histórica de comportamiento de los precios de la tierra en el sector,

no hay soporte de dichas circunstancias, esto es, de las

transacciones comparadas o de los elementos usados para arribar a

esas conclusiones.

Respecto de la carencia de soportes del dictamen pericial en este

aspecto, en sentencia de 27 de febrero de 2025 27 , esta Sección

indicó:

“[…] 94. El dictamen pericial presentado con la demanda
indicó que se tuvieron en cuenta las transacciones del sector,
sin embargo, no obran los anexos correspondientes a esos
valores. Por consiguiente, si lo que se pretendía era cuestionar

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de
febrero de 2025. Número único de radiación 25000234100020150240201. MP Hernando Sánchez
Sánchez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

64

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

el avalúo oficial, correspondía a la parte demandante indicar y
demostrar la equivocación y no solo evidenciar la diferencia de
precios entre uno y otro, es decir, era de su cargo revestir de
certeza sobre el justiprecio del inmueble objeto de
expropiación, porque no basta con el señalamiento realizado
para desvirtuar el avalúo oficial. De acuerdo con la Resolución
620 de 23 de septiembre de 2008 se indica en el parágrafo 1
del artículo 13, que el método de costo de reposición “[…] se
debe usar en caso de que el bien objeto de avalúo no cuente
con bienes comparables por su naturaleza (colegios,
hospitales, estadios, etc.) o por la inexistencia de datos de
mercado (ofertas o transacciones) y corresponda a una
propiedad no sujeta al régimen de propiedad horizontal […]”.
En ese entendido, si bien se determinó el método a usar, se
deriva de la norma la restricción de su uso a unas
circunstancias específicas y el hecho de señalar que el método
utilizó transacciones, es evidente la contradicción en el
avalúo.

95. Además, al no allegarse los soportes de las transacciones
no es posible corroborar la corrección y certeza de sus dichos,
ni de los fundamentos que conduzcan a descartar el valor del
precio indemnizatorio del bien expropiado, determinada en el
avalúo oficial realizado por la unidad y que fue acogido en las
resoluciones demandadas […]”.

La Sala advierte que el perito optó por aplicar el método residual

para estimar el valor del terreno, esto es, a partir de un potencial

de desarrollo urbanístico hipotético; sin embargo, en el desarrollo

de dicha técnica no se identifica de manera concreta el producto

inmobiliario específico que serviría de base para determinar el valor

por metro cuadrado del proyecto, ni se referencian expresamente

las ofertas de inmuebles comparables y semejantes al planteado,

con indicación de sus características de área, valores de venta y

demás elementos relevantes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

65

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

En consecuencia, el ejercicio no evidencia el análisis detallado que

exige el artículo 14 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC en

cuanto a la fundamentación comercial del proyecto hipotético y la

sustentación objetiva del valor de ventas estimado.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que el avalúo comercial

allegado con la demanda no cumple con los estándares técnicos

exigidos por la normativa aplicable para desvirtuar el avalúo oficial

incorporado a los actos administrativos acusados.

V.4.2.2.2.- De los avalúos sobre el valor del establecimiento
de comercio y el lucro cesante futuro

La parte actora aportó, como se precisó, dos estudios orientados a

demostrar que la indemnización reconocida por el MUNICIPIO fue

insuficiente, porque no tuvo en cuenta el valor del establecimiento

de comercio, ni el lucro cesante futuro, el primero rendido por la

firma WR INGENIEROS AVALUADORES y el otro a cargo de

ALEJANDO GALLO MAYA.

La Sala se ocupará de examinar lo que concierne al valor del

establecimiento de comercio, pues como se anunció el presentado

por el señor GALLO MAYA no cumplió con los requisitos enunciados

en los numerales 5 y 6 del artículo 226 del CGP, hecho suficiente

para confirmar respecto de este la decisión del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

66

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

Entonces, previo a resolver la posibilidad de examinar el contenido

del dictamen aportado por la firma WR INGENIEROS AVALUADORES

en lo que respecta al cuestionamiento del valor reconocido por la

afectación de la actividad productiva, conviene señalar que según el

numeral 6° del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 es necesario

que se considere que la compensación por las rentas dejadas de

percibir se proyectará hasta por un período máximo de 6 meses,

así:

“[…] Artículo 21.- Los siguientes parámetros se tendrán en
cuenta en la determinación del valor comercial:

[…]

6. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la
Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren
destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o
definitiva a la generación de ingresos provenientes del
desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la
compensación por las rentas que se dejarán de percibir
hasta por un período máximo de seis (6) meses. […]”

Por su parte, el artículo 21 de la Resolución 620 de 2008 dispone lo

siguiente sobre los soportes de la estimación del monto de las

rentas o ingresos dejados de obtener:

“[…] Artículo 21º.- Cálculo del valor de la compensación
debida por la afectación a causa de una obra pública. La forma
para calcular este valor será:

[…]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

67

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

4. Para estimar el monto de la compensación de las rentas o
ingresos que se dejan de percibir por una limitación temporal
o definitiva (numeral 6 del artículo 21, Decreto 1420 de 1998)
se deberán tener en cuenta:

• Las declaraciones para efectos tributarios.

• El balance contable que se presente para la Cámara de
Comercio.
En caso de que la empresa no esté obligada a presentar
ninguna de las anteriores, deberá probar la utilidad neta del
negocio de por lo menos los seis meses anteriores, mediante
un estado de pérdidas y ganancias mensual firmado por un
contador público titulado, con matrícula profesional vigente.

Esta utilidad neta mensual debe multiplicarse por los meses
que se hayan establecido como período de compensación
[…]”.

En interpretación de las disposiciones citadas, esta Sección ha

precisado que la compensación por afectación derivada de una obra

pública procede cuando el inmueble objeto de expropiación se

encuentra destinado al desarrollo de una actividad productiva y la

intervención estatal genera una limitación temporal o definitiva en

la obtención de rentas o ingresos provenientes de dicha actividad;

no obstante, dicha compensación se encuentra expresamente

limitada a un período máximo de 6 meses.

Una vez establecido que el inmueble estaba destinado a una

actividad productiva, la determinación del monto compensatorio

debe fundarse, en principio, en las declaraciones presentadas para

efectos tributarios y en el balance contable registrado ante la

Cámara de Comercio. En caso de que el afectado no esté obligado a

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

68

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

presentar tales documentos, deberá acreditar la utilidad neta del

negocio mediante un estado mensual de pérdidas y ganancias

debidamente suscrito por contador público.

En la medida en que el ordenamiento no contempla una regla

específica que defina la forma de indemnizar integralmente los

detrimentos patrimoniales accesorios derivados de la expropiación

por vía administrativa, esta Sección ha considerado que, en

aplicación del artículo 8º de la Ley 153 de 15 de agosto de 188728,

resulta procedente acudir a la regla prevista en el numeral 6º del

artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 como criterio orientador para

la determinación de dicha compensación.

Al respecto, en sentencia de 22 de febrero de 2024, esta Sección

indicó29:

“[…] 94. De la disposición transcrita se tiene que la
compensación debida por la afectación a causa de una obra
pública resulta aplicable siempre que sobre un inmueble
destinado a una actividad productiva recaiga una afectación
que ocasione su limitación temporal o definitiva a la
generación de rentas o ingresos provenientes dicha actividad.
En todo caso, la compensación será hasta por 6 meses.

95. Una vez se determina que el inmueble se encuentra
destinado a una actividad productiva, los documentos
que deberán tenerse en cuenta para establecer el
monto de la compensación por rentas e ingresos

28
“Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de
febrero de 2024, MP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes número único de radicación
05001233100020110115101.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

69

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

dejados de percibir por la afectación son, en principio,
las declaraciones para efectos tributarios y el balance
contable que se presente ante la Cámara de Comercio.
Si el afectado no está obligado a presentar dichos
documentos, deberá acreditar la utilidad neta del negocio
mediante un estado de pérdidas y ganancias mensuales.

96. En la medida en que no existe norma expresa sobre la
forma de indemnizar de manera justa y plena los detrimentos
patrimoniales accesorios causados a los propietarios de una
expropiación por vía administrativa, esta Sección ha
considerado que, en aplicación del artículo 8º de la Ley 153 de
188725, debe acudirse a la regla establecida en el referido
numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 [...]”

Ahora bien, al confrontar el dictamen bajo examen se advierte que

la metodología empleada no se ajusta a las reglas especiales que

gobiernan la compensación por afectación de actividades

productivas.

En efecto, el dictamen de valoración de la empresa LA

VETERINARIA LTDA., la Sala observa que se trata de un estudio

orientado a determinar el valor global del establecimiento de

comercio como unidad económica en marcha, así:

“[…]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

70

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

[…]

[…]

[…]”.

El perito empleó metodologías propias de la valoración financiera

empresarial, tales como el flujo de caja descontado, el múltiplo de

ingresos y el múltiplo de EBITDA, a partir de proyecciones de

crecimiento, tasas de descuento y supuestos de rentabilidad

sectorial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

71

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

El resultado obtenido corresponde a un valor total estimado de la

empresa, calculado como si se tratara de una adquisición integral

del negocio.

Sin embargo, dicha metodología no corresponde con el régimen

especial que gobierna la compensación por afectación de

actividades productivas en el marco de la expropiación

administrativa, pues el numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420

de 1998 no contempla la indemnización del valor total de la

empresa como unidad económica, ni la compensación del goodwill

proyectado o de utilidades futuras indefinidas, sino exclusivamente

el reconocimiento de las rentas dejadas de percibir hasta por un

período máximo de seis (6) meses.

El dictamen analizado no delimita el perjuicio a ese término, ni

estructura el cálculo a partir de la utilidad neta mensual

multiplicada por el período compensable, conforme lo exige el

artículo 21 de la Resolución 620 de 2008, sino que asume una

pérdida definitiva y total del negocio y cuantifica su valor como

empresa en marcha, lo cual desborda el alcance de la

compensación legalmente prevista.

Además, el cálculo normativamente previsto debe fundarse, en

principio, en declaraciones tributarias o balances contables, o en su
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

72

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

defecto en la utilidad neta mensual certificada, multiplicada por el

período compensable, esquema que no fue adoptado en el dictamen

examinado.

Finalmente, en relación con el reproche formulado por la parte

actora respecto de la presunta falta de valoración del certificado

expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y de las

declaraciones rendidas en el proceso para acreditar la existencia y

funcionamiento del establecimiento de comercio, la Sala advierte

que tal aspecto no constituye un hecho controvertido.

La existencia del establecimiento fue considerada en los actos

administrativos acusados y en el avalúo oficial que sirvió de

fundamento al precio indemnizatorio, de modo que el debate no

giró en torno a su acreditación, sino a la supuesta insuficiencia de la

indemnización reconocida, lo cual como quedó visto, no fue

probado.

Ante la no prosperidad de alguno de los fundamentos del recurso de

apelación se impone confirmar la decisión de primera instancia,

como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

73

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

V.5.- DE LAS COSTAS

De conformidad con lo previsto en el artículo 18830 del CPACA en

armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP 31, esto es, en

aplicación de un criterio objetivo valorativo 32 , corresponde

examinar si hay lugar a condenar a la parte apelante, en los

términos del numeral 3 del artículo 365 33 ibidem, al pago de las

costas en esta instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso 34 y por las agencias en derecho 35 “. Así, producto de la

comprobación de la gestión útil de la parte vencedora, le

30
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
31
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
32
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
33
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
34
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
35
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

74

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

corresponde a la Sala fijar el valor de las costas en el componente

de agencias en derecho al verificarse en esta instancia la

intervención de la parte vencedora. Por su parte, las expensas y los

gastos del proceso, y por ser estos previamente determinados por

auto o acto que lo acredite durante la actuación procesal, su fijación

se sujeta a la liquidación36 que realice el secretario del Tribunal a

quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.

Según estas reglas, y en cumplimiento de lo previsto en los

numerales 1 y 837 del artículo 365 y 4 del 366 del CGP 38, la Sala se

abstendrá de fijar agencias en derecho, toda vez que de la revisión

del expediente se advierte que la entidad demandada no realizó

gestión alguna dentro de esta instancia 39 , motivo suficiente para

adoptar esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

36
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
37
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.”
38
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
39
De la revisión del expediente se observa que la parte demandada no alegó de conclusión ni realizó
gestión alguna en el trámite de segunda instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

75

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00811-02
Actora: SOCIEDAD LA VETERINARIA LTDA Y OTROS

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, en esta

instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de febrero

de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
Salva voto parcial

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.