Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2011-00025-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2011-00025-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-31-000-2011-00025-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 68001 23 31 000 2011 00025 02
ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTORA: AGREGADOS PALMARES S.A.
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA EN CUANTO
DECLARÓ PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD
RESPECTO DE ALGUNOS DE LOS ACTOS ACUSADOS. SE MODIFICA
LA REFERIDA SENTENCIA, RESPECTO DE QUE EL TRIBUNAL NO
TUVO EN CUENTA QUE LAS RESOLUCIONES NÚMS. 039 DE 22 DE
FEBRERO Y 068 DE 5 DE ABRIL DE 2010, SE TRATABAN DE ACTOS
NO ENJUICIABLES ANTE LA JURISDICCIÓN.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 25 de mayo de 2015, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de
Descongestión1, por medio de la cual declaró probada, de oficio, la
excepción de caducidad de la acción.
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 68001 23 31 000 2011 00025 02
Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La sociedad AGREGADOS PALMARES S.A., en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del CCA, mediante apoderado, presentó demanda contra
el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 2 , en la que formuló las
siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA.- Que es NULO el acto administrativo contenido en
el Decreto 0212 del 16 de octubre de 2009, expedido por el señor
Alcalde Ad-hoc del Municipio de Bucaramanga, por medio del cual:
1) se declaró la existencia de condiciones de utilidad pública e interés
social de los inmuebles identificados con matrícula 300-136745, 300-
1311106, 300-11772, 300160656 y 300-95773, y con número
predial 00-01-0002-0093-000, 00-02-0005-0036-000, 00-01-
00020612-000, 00-01-00020011-000 y 00-01-0002-0112-000 en su
orden, todos ellos de propiedad de la sociedad actora AGREGADOS
PALMARES S.A. 2) se dispuso que los mismos serían adquiridos por
el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP para la
construcción del proyecto denominado EMBALSE DE BUCARAMANGA.
SEGUNDA.- Que es NULO el acto administrativo contenido en el
Decreto 0213 del 16 de octubre de 2009, expedido por el señor
Alcalde Ad-hoc del Municipio de Bucaramanga, por medio del cual:
se declaró la existencia de condiciones de urgencia que autoriza la
expropiación por vía administrativa, de acuerdo con lo señalado en
el artículo 64 de la Ley 388 de 1997, teniendo como criterio para la
declaratoria de urgencia lo señalado en el numeral 2 del artículo 65
ibídem.
TERCERA.- Que es NULO el acto administrativo contenido en el
Decreto 0306 del 3 de diciembre de 2009, expedido por el señor
2
En adelante el Municipio.
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Número único de radicación: 68001 23 31 000 2011 00025 02
Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.
Alcalde Ad-hoc del Municipio de Bucaramanga, notificado por edicto
por el término de diez (10) días hábiles contados a partir del 29 de
enero de 2009, por medio del cual se rechazó de plano por
improcedente el recurso de reposición impetrado contra del Decreto
0214 de 16 de octubre de 2009, proferido por el referido Alcalde Ad-
hoc Municipal de Bucaramanga.
CUARTA.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a
título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación de la
inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria de los cinco (5)
inmuebles referidos en la pretensión primera de esta demanda, en
lo que atañe con la declaratoria de utilidad pública e interés social a
que alude el Decreto 0212 de 16 de octubre de 2009, proferido por
el Alcalde Ad-hoc de Bucaramanga.
QUINTA.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a
título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación de la
inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria de los cinco (5)
inmuebles referidos en la pretensión primera de esta demanda, en
lo que atañe con la declaratoria de utilidad pública e interés social a
que alude el Decreto 0213 de 16 de octubre de 2009, proferido por
el Alcalde Ad-hoc de Bucaramanga.
SEXTA.- Que es NULO el acto administrativo contenido en la
Resolución 039 del veintidós (22) de febrero de 2010, expedido por
el señor Alcalde Ad-hoc de Bucaramanga, a través del cual determina
el carácter administrativo de la expropiación para la adquisición de
algunos predios destinados al proyecto de regulación del Río Tona-
Embalse de Bucaramanga y se formula una oferta de compra.
SÉPTIMA.- Que es NULO el acto administrativo contenido en la
Resolución 068 del cinco (5) de abril de 2010, expedido por el señor
Alcalde Ad-hoc de Bucaramanga, notificado por edicto por el término
de diez (10) días, mediante la cual desató el recurso de reposición
interpuesto contra la resolución indicada en el numeral anterior
confirmándola en todas sus partes.
OCTAVA.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a
título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación de la
inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria de los cinco (5)
inmuebles referidos en la pretensión primera de esta demanda, en
lo que atañe con la determinación del carácter administrativo de la
expropiación para la adquisición de algunos predios destinados al
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proyecto de regulación del Río Tona-Embalse de Bucaramanga y se
formula una oferta de compra, proferido por el Alcalde Ad-hoc de
Bucaramanga.
NOVENA.- Que es NULO el acto administrativo contenido en la
Resolución 0139 de veintiocho (28) de mayo de 2010, expedido por
el Señor Alcalde Ad-hoc de Bucaramanga mediante el cual se declara
la expropiación administrativa de los predios Andalucía, La
Providencia, Pradalandia, El Paraíso y Buenos Aires, ubicados en el
Municipio de Bucaramanga.
DÉCIMA.- Que es NULO el acto administrativo contenido en la
Resolución 0205 del pasado 14 de julio de 2010, expedido por el
señor Alcalde Ad-hoc de Bucaramanga, notificado por edicto por el
término de diez (10) días hábiles contados a partir del veintiséis (26)
de julio de 2010 mediante el cual desató el recurso de reposición
interpuesto contra la resolución señalada en el numeral anterior y la
confirma en todas sus partes.
DÉCIMA PRIMERA.- Como consecuencia de la anteriores
declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se ordene
la cancelación de la inscripción en los folios de matrícula de los cinco
(5) inmuebles referidos en la pretensión primera de esta demanda,
en lo que atañe con la declaración de expropiación administrativa de
los predios Andalucía, La Providencia, Pradalandia, El Paraíso y
Buenos Aires, ubicados en el Municipio de Bucaramanga, proferido
por el Alcalde Ad-hoc de Bucaramanga […]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los
siguientes:
Mediante la Resolución 0012 de 23 de enero de 2007, el alcalde del
Municipio de Bucaramanga, con fundamento en lo reglado en la Ley
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388 de 1997 3 , declaró la existencia de condiciones de utilidad
pública, para la ejecución del proyecto denominado Embalse de
Bucaramanga, entre otros, de los inmuebles con matrículas
inmobiliarias 300-136745, 300-1311106, 300-11772, 300-160656 y
300-95773, de propiedad de AGREGADOS PALMARES S.A.
Contra la anterior decisión la demandante interpuso recurso de
reposición, siendo resuelto de forma desfavorable a través de la
Resolución 0131 de 28 de mayo de 2007.
La sociedad actora, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovió demanda contra el Municipio
de Bucaramanga por la expedición de los actos mencionados y dentro
del trámite del proceso se ordenó su suspensión provisional.
No obstante, sin haberse proferido sentencia, mediante los Decretos
0212 y 0213 de 16 de octubre de 2009, el Municipio de Bucaramanga
declaró: i) una vez más, la existencia de condiciones de utilidad
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“Por la cual se modifica la Ley 9° y la Ley 3° de 1991 y se dictan otras
disposiciones”.
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pública e interés social de los inmuebles de propiedad de la
demandante y; ii) la existencia de condiciones de urgencia que
autorizaban su expropiación por vía administrativa, respectivamente,
a fin de que fueran adquiridos por el Acueducto Metropolitano de
Bucaramanga S. A. ESP para la construcción del Proyecto de Embalse
de Bucaramanga.
El Representante Legal de la sociedad demandante interpuso recurso
de reposición contra el Decreto 0213 de 16 de octubre de 2009, el
cual fue rechazado de plano a través del Decreto 0306 de 3 de
diciembre de ese año, por resultar improcedente.
Mediante la Resolución 039 de 22 de febrero de 2010, el alcalde del
Municipio de Bucaramanga determinó el carácter administrativo de
la expropiación para la adquisición de algunos predios destinados al
Proyecto de Regulación del Río Tona-Embalse de Bucaramanga y
formuló oferta de compra sobre los cinco (5) inmuebles de propiedad
de la actora.
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La sociedad demandante interpuso recurso de reposición contra la
anterior decisión, la cual fue confirmada en todas sus partes a través
de la Resolución 068 de 5 de abril de 2010.
Finalmente, el alcalde del Municipio de Bucaramanga expidió la
Resolución 0139 de 28 de mayo de 2010, conforme a la cual declaró
la expropiación administrativa de los predios Andalucía, La
Providencia, Pradalandia, El Paraíso y Buenos Aires, de propiedad de
AGREGADOS PALMARES S.A.
Contra el anterior acto administrativo la sociedad actora interpuso
recurso de reposición, siendo resuelto de forma adversa a sus
pretensiones por medio de la Resolución 0205 de 14 de julio de 2010.
I.3.- Fundamentos de derecho
En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo que los actos acusados
vulneraron los artículos 29 de la Constitución Política; 58, 59, 63, 64,
65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley 388 de 1997; y 49, 62 y 64 del CCA,
de la siguiente manera:
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“Cargos sobre el Decreto 0213 de 2009 que declara la
urgencia para expropiación”
Adujo que la competencia general para determinar las condiciones
de urgencia para la expropiación por vía administrativa recae sobre
el Concejo Municipal y no directamente sobre el alcalde.
1. “Ausencia de motivación del Decreto 0213 que declaró
las condiciones de urgencia para decretar la expropiación”
Señaló que en la parte resolutiva del Decreto referenciado no se
expresó cuál era la situación imprevista, circunstancia o situación
extraordinaria que hacía inaplazable la declaración de urgencia que
ameritaba la expropiación administrativa de los predios, lo que, a su
juicio, denota la improvisación y falta de cuidado de la Administración
con que adelantó el trámite expropiatorio, sin observancia de los
requisitos y procedimientos establecidos por la ley.
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2. “Violación de la prohibición contenida en el artículo 158
del CCA”
Informó que la norma en cita prohibió a las autoridades públicas
reproducir los actos administrativos que hayan sido suspendidos o
anulados y, en el presente caso, la Alcaldía de Bucaramanga expidió
los Decretos 0212 y 0213 de 16 de octubre de 2009, por los mismos
motivos previstos en las resoluciones 0012 de 23 de enero y 0131
de 28 de mayo de 2007, que se encontraban suspendidas por orden
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del
proceso judicial que se adelantaba en su contra.
3. “Falta de agotamiento de la etapa de negociación
directa”
Por cuanto los Decretos 0212 y 0213 de 16 de octubre de 2009
fueron expedidos sin haberse constituido los actos de oferta de
compra y de forma de pago de los inmuebles que serían expropiados
por la vía administrativa, lo que imposibilitó el agotamiento de la
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etapa de negociación directa, al no presentarse los presupuestos
necesarios para adelantarla.
4. “Falta de motivación del funcionario que expidió el acto”
Indicó que como la expropiación por vía administrativa de los
inmuebles persigue la ejecución del proyecto denominado
“Regulación Río Tona-Embalse de Bucaramanga”, del cual es
propietario el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP y
no la Alcaldía del Municipio, debió suscribirse un convenio entre las
dos entidades, antes de que se diera inicio al proceso de
expropiación; sin embargo, dicho acuerdo se celebró de forma
posterior a la expedición de los Decretos 0212 y 0213 de 16 de
octubre de 2009.
“Cargos contra las resoluciones 039 de 22 de febrero de 2010,
068 de 5 de abril de 2010, 0139 de 28 de mayo de 2010 y 0205
de 14 de julio de 2010, todas expedidas por el alcalde Ad-hoc
de Bucaramanga”
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1. “Falta de motivación”
Recalcó que la competencia para establecer las condiciones de
urgencia para adelantar la expropiación administrativa de los
inmuebles recaía sobre el Concejo Municipal, razón por la que las
resoluciones referidas, al estar fundamentadas en los Decretos 0212
y 0213 de 16 de octubre de 2009, en los que se guardó silencio en
lo referente a los criterios o situaciones de urgencia, también
adolecen del mismo vicio.
2. “Violación del debido procedimiento”
Afirmó que en el proceso adelantado por la Alcaldía del Municipio de
Bucaramanga no se surtieron las etapas que la ley dispone para la
declaración de condiciones de urgencia y la expropiación por vía
administrativa.
En esa línea, recordó que se echaron de menos la oferta de compra
y la estipulación de la forma de pago del valor de los inmuebles.
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I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Municipio de Bucaramanga, por intermedio de apoderado judicial,
contestó la demanda 4 y para oponerse a la prosperidad de las
pretensiones, después de realizar un recuento de los hechos y
concepto de la violación de las normas señaladas en la misma, adujo,
en esencia, lo siguiente:
Que la expedición de los actos administrativos demandados no
obedeció al capricho de la Administración; y que, por el contrario, se
llevó a cabo con la finalidad de construir un embalse del que se
obtendría el agua suficiente para el abastecimiento de la comunidad
del Municipio de Bucaramanga.
Aseveró que para que el procedimiento de la expropiación se
realizara de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales
y reglamentarias que regulan el tema, el Municipio contrató a “los
mejores doctrinantes”, quienes se encargaron de elaborar los
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Folios 206-221 C. 1.
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conceptos y recomendaciones que culminaron con la expedición de
los actos administrativos que ahora se demandan.
Señaló que el precio pagado por los inmuebles respondió a un avalúo
realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Santander; y que las
pretensiones de la demanda son “absurdas y exageradas” porque no
tienen sustento de los gastos y perjuicios que se causaron a la
demandante.
Por último, propuso la excepción de caducidad, en cuyos argumentos
hizo referencia a la acción contractual y no a la de nulidad y
restablecimiento del derecho.
II-. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de
Descongestión, mediante sentencia de 25 de mayo de 2015, declaró
probada, de oficio, la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, habida cuenta que el apoderado del
Municipio de Bucaramanga propuso, en el escrito de contestación de
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la demanda, la misma excepción, pero respecto de la acción
contractual, la cual no correspondía al presente caso.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 136 del CCA, que
prevé que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca
al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de
la notificación de la decisión acusada, frente a cada uno de los actos
administrativos, sostuvo:
• Decreto 0212 de 16 de octubre de 2009, por medio del cual
se declaró la existencia de condiciones de utilidad pública e interés
social de algunos predios requeridos para la realización del Proyecto
de Regulación del Río Tona-Embalse de Bucaramanga.
• Decreto 0305 de 3 de diciembre de 2009, por medio del
cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la actora
contra el decreto anterior.
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En cuanto a este acto, señaló que aunque no se solicitó su nulidad
era necesario traerlo a colación a fin de determinar si la demanda
contra el Decreto 0212 se encontraba caducada.
En este sentido, teniendo en cuenta que dentro del expediente no
obraba constancia de notificación del decreto, tomó como fecha de
la misma la de las anotaciones realizadas al respecto en los folios de
matrícula de los inmuebles de propiedad de la actora, que
correspondían al 9 de diciembre de 2009.
Así, sostuvo que el término de la caducidad estuvo comprendido
entre el 10 de diciembre de 2009 y el 10 de abril de 2010, pero la
solicitud de conciliación prejudicial y la demanda se radicaron el 3 de
noviembre de 2010 ante la Procuraduría General de la Nación y el 17
de enero de 2011 ante el Tribunal, de forma extemporánea.
• Decreto 0213 de 16 de octubre de 2009, por medio del cual
se declaró la existencia de condiciones de urgencia que autorizaron
la expropiación, por vía administrativa, de algunos predios
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requeridos para la realización del Proyecto de Regulación del Río
Tona-Embalse de Bucaramanga.
• Decreto 0306 de 3 de diciembre de 2009, por medio del
cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior
decisión y que fue notificado por edicto que se fijó, por el lapso de
10 días, el 29 de diciembre de 2009.
En cuanto a este acto, indicó que como el edicto se desfijó el 13 de
enero de 2010 el término de caducidad corrió desde el 14 de enero
hasta el 14 de mayo de 2010; sin embargo, la solicitud de conciliación
prejudicial y la demanda se presentaron el 3 de noviembre de 2010
ante la Procuraduría General de la Nación y el 17 de enero de 2011
ante el Tribunal, de forma extemporánea.
• Resolución 039 de 22 de febrero de 2010, a través de la
cual se determinó el carácter administrativo de la expropiación de los
inmuebles de propiedad de la actora.
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• Resolución 068 de 5 de abril de 2010, por medio de la cual
se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior
decisión.
Dado que en el proceso no obraba su constancia de notificación, tomó
como fecha de la misma la de las anotaciones realizadas al respecto
en los folios de matrícula de los inmuebles de propiedad de la
sociedad demandante, que correspondían al 25 de mayo de 2010.
En tal sentido, aseveró que el término de la caducidad corrió desde
el 26 de mayo de 2010 hasta el 26 de septiembre de ese año, no
obstante, la solicitud de conciliación prejudicial y la demanda se
radicaron el 3 de noviembre de 2010 ante la Procuraduría General de
la Nación y el 17 de enero de 2011 ante el Tribunal, por fuera del
tiempo permitido.
• Resolución 0139 de 28 de mayo de 2010, por medio de la
cual se declaró la expropiación administrativa de los predios
Andalucía, La Providencia, Pradalandia, El Paraíso y Buenos Aires, de
propiedad de AGREGADOS PALMARES S.A.
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• Resolución 0205 de 14 de julio de 2010, mediante la cual
se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto
administrativo siendo notificada por edicto que se fijó, por el lapso
de 10 días, el 26 de julio de 2010.
En cuanto a esta resolución, explicó que como el edicto se desfijó el
6 de agosto de 2010 el término de caducidad debía correr, en
principio, desde el 7 de agosto hasta el 7 de diciembre de 2010.
Sin embargo, como la sociedad actora presentó solicitud de
conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación el 3
de noviembre de 2010, el término se interrumpió faltando 34 días
para cumplirse los cuatro meses.
Comoquiera que la audiencia de conciliación se llevó a cabo el 9 de
diciembre de 2010, al día siguiente se reinició el conteo de los 34
días faltantes para que caducara la acción, los cuales corrieron hasta
el 13 de enero de 2011, pero como la demanda se radicó hasta el día
17 de ese mes y año resultó extemporánea, esto es, por fuera del
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término de los cuatro meses de que trata el artículo 136, numeral 2,
del CCA.
III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado de la sociedad actora presentó escrito de apelación en
el que solicita REVOCAR la sentencia. Para ello planteó los siguientes
reproches:
Adujo que los actos administrativos mediante los cuales se declaró la
existencia de condiciones de utilidad pública y de urgencia, para
autorizar la expropiación de los inmuebles son actos preparatorios,
por lo cual el fenómeno de la caducidad de la acción solo puede
aplicarse a los términos transcurridos desde el acto definitivo, es
decir, a partir de la notificación de la Resolución 0205 de 14 de julio
de 2010, que puso fin a la vía gubernativa, y no como como lo hizo
el Tribunal, respecto de cada uno de los actos acusados.
En consecuencia, con fundamento en el artículo 70 del Código Civil,
subrogado por el artículo 62 del Código de Régimen Político y
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Municipal, en el que se previó que en los plazos de días que se
señalen en las leyes, si el último día fuere feriado o vacante se
extenderá hasta el primer día hábil siguiente, de ahí que la demanda
se haya presentado en tiempo.
Explicó que si bien el edicto por medio del cual se notificó la
Resolución 0205 se desfijó el 6 de agosto de 2010, el término de
caducidad no podía empezar a contarse a partir del día siguiente,
sábado 7 de agosto, sino desde el lunes 9 de agosto de 2010.
De allí que como el 3 de noviembre de esa anualidad se solicitó la
audiencia de conciliación prejudicial “se suspendió el término de
caducidad, por lo que hasta el día 2 (sic) de diciembre habían
transcurrido 84 días completos del término de caducidad, entonces
no faltaban 34 días como mal lo señala el a-quo, sino 36 días para
vencerse el término de la caducidad”.
Así, en vista de que la audiencia de conciliación se celebró el 9 de
diciembre de 2010, afirmó que esos 36 días restantes se reanudaron
a partir del 10 de diciembre, de los cuales 6 se cumplieron el día 15
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de diciembre de 2010 y el último mes de caducidad corrió a partir del
16 de diciembre de esa anualidad hasta el 15 de enero de 2011.
Todo lo anterior para concluir que “como quiera que ese último día
del término de la caducidad de la acción -15 de enero de 2011-
correspondió a un sábado, según voces del artículo 62 del Código de
Régimen Político y Municipal, el plazo se extiende hasta el día hábil
siguiente, esto es, el lunes diecisiete (17) de enero de 2011 día
en que se presentó la demanda, por lo que la acción no
caducó”.
Aclarado lo anterior, realizó un recuento de los argumentos
relacionados con los cargos de la demanda y las razones por las que,
a su juicio, se debe declarar la nulidad de los actos acusados.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
.- La parte actora en esta etapa procesal se limitó a manifestar que
ratificaba “los argumentos sostenidos en el escrito mediante el cual
sustenté el recurso de alzada”.
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.- La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. ACTOS ACUSADOS
i) Decreto 0212 de 16 de octubre de 20095, “por medio del
cual se declara la existencia de condiciones de utilidad pública e
interés social de algunos predios requeridos para la realización del
Proyecto de Regulación del Río Tona-Embalse de Bucaramanga”,
expedido por el alcalde Ad-hoc de Bucaramanga.
ii) Decreto 0213 de 16 de octubre de 20096, “por medio del
cual se declara la existencia de condiciones de urgencia que autorizan
la expropiación por vía administrativa de algunos predios requeridos
para la realización del Proyecto de Regulación del Río Tona-Embalse
de Bucaramanga”, expedido por el alcalde Ad-hoc de Bucaramanga.
5
Folios 18-25 C. 1.
6
Folios 26-34 C. 1.
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iii) Decreto 0306 de 3 de diciembre de 20097, por medio del
cual se rechazó de plano, por improcedente, el recurso de reposición
interpuesto contra el Decreto 0213 de 16 de octubre de 2009,
proferido por el alcalde Ad-hoc de Bucaramanga.
iv) Resolución 039 de 22 de febrero de 20108, “a través de la
cual se determina el carácter administrativo de la expropiación para
la adquisición de algunos predios destinados al Proyecto de
Regulación del Río Tona-Embalse de Bucaramanga, y se formula una
oferta de compra”, expedida por el alcalde Ad-hoc de Bucaramanga.
v) Resolución 068 de 5 de abril de 20109, por medio de la cual
se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
039 de 22 de febrero de 2010 y se confirmó en todas sus partes.
vi) Resolución 0139 de 28 de mayo de 201010, “por la cual se
declaró la expropiación administrativa de los predios Andalucía, La
7
Folios 35-41 C. 1.
8
Folios 82-89 C. 1.
9
Folios 98-106 C. 1.
10
Folios 107-119 C. 1.
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Providencia, Pradalandia, El Paraíso y Buenos Aires ubicados en el
Municipio de Bucaramanga”, de propiedad de la sociedad actora,
expedida por el alcalde Ad-hoc de Bucaramanga.
vii) Resolución 0205 de 14 de julio de 201011, por medio de la
cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución 0139 de 28 de mayo de 2010 y se confirmó en todas sus
partes.
V.2. PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER
• Corresponde a la Sala establecer, si le asiste razón a la parte
apelante cuando afirma que debido a que los decretos mediante los
cuales se declaró la existencia de condiciones de utilidad pública y de
urgencia que autorizaron la expropiación son actos preparatorios; y
si el término para promover la demanda debe contabilizarse,
únicamente, a partir de la fecha de notificación de la Resolución 0205
de 14 de julio de 2010.
11
Folios 120-126 C. 1.
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• De ser así, la Sala deberá estudiar, a partir de la fecha de
notificación del citado acto, si la demanda se presentó o no en
tiempo.
V.3. CASO CONCRETO
Mediante los decretos 0212 y 0213 de 16 de octubre de 2009,
0306 de 3 de diciembre de 2009 y las resoluciones 039 de 22
de febrero de 2010 y 068 de 5 de abril de 2010 el Municipio de
Bucaramanga adelantó actuación administrativa que culminó con la
expedición de las resoluciones 0139 de 28 de mayo de 2010 y
0205 de 14 de julio de 2010, por medio de la cuales se decretó la
expropiación por vía administrativa por motivos de utilidad pública e
interés social, de los predios Andalucía, La Providencia, Pradalandia,
El Paraíso y Buenos Aires, de propiedad de la sociedad demandante,
y se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión,
respectivamente.
El Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de
Descongestión, mediante sentencia de 25 de mayo de 2015, declaró
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probada, de oficio, la excepción de caducidad de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho.
Para fundamentar su decisión, realizó el conteo de la caducidad a
partir de la notificación de cada uno de los actos, según lo establecido
en el artículo 136 del CCA12.
Por su parte, el apoderado de la demandante apeló la referida
decisión, toda vez que, a su juicio, el cómputo del término de la
caducidad debe iniciar a partir de la notificación de la decisión que
puso fin a la actuación administrativa, Resolución 0205 de 14 de julio
de 2010, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición que
interpuso la sociedad actora contra la resolución que decretó la
expropiación de sus predios.
12
“[…] 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4)
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
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En esa línea, explicó que como la desfijación del edicto por medio del
cual se notificó la Resolución 0205 se llevó a cabo el viernes 6 de
agosto de 2010, el término de los cuatro (4) meses de la caducidad:
i) empezó a correr a partir del lunes 9 de agosto de ese año; ii) se
interrumpió desde el 3 de noviembre al 9 de diciembre de 2010, por
el trámite de la conciliación prejudicial; y iii) se reanudó desde el 10
de diciembre hasta el 15 de enero de 2011, pero como ese último día
fue un sábado, el plazo se extendió hasta el día hábil siguiente, que
corresponde al lunes 17 de enero de 2011, día en que se radicó, en
tiempo, la presente demanda ante el Tribunal.
V.3.1. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
Control judicial de los actos que se expiden dentro del proceso
de expropiación administrativa
En virtud de la argumentación expuesta, es pertinente advertir que
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que en sentencia de 11 de diciembre de 201513 esta Sala unificó su
criterio en el sentido de señalar que los actos que declaran las
condiciones de urgencia y los motivos de utilidad pública en un
proceso administrativo de expropiación crean una situación jurídica
concreta y, por lo tanto, pueden ser controvertidos a través de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En la referida
providencia se explicó:
“[…] En este contexto y en lo atinente a los actos a través de los
cuales se declaran los motivos de utilidad pública o de
interés social, la Sala rectifica el criterio que sostiene que ellos
dentro del proceso expropiatorio sólo cumplen una función
preparatoria en la expedición de los actos que finalmente ordenan
la expropiación, dado que los mismos sí crean una situación
jurídica particular y concreta.
En efecto, se trata de un acto que produce efectos jurídicos
inmediatos y directos respecto del administrado, por cuanto
ordena adelantar e iniciar el trámite expropiatorio respecto de unos
bienes determinados.
Lo anterior cobra mayor fuerza en el entendido de que el mismo
constituye la etapa inicial del procedimiento expropiatorio sin el
cual no resulta posible habilitar a la autoridad para adelantarlo; no
puede olvidarse que entre al acto expropiatorio y el que declara las
condiciones de utilidad pública e interés social existe una relación
de causa a efecto, pues sin la existencia de los primeros no pueden
expedirse los segundos.
Bajo los conceptos que anteceden, el acto administrativo en
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
diciembre de 2015, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único radicación 25000-23-24-000-
2006-01002-01.
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estudio, al estar llamado a generar perjuicios al
administrado, es pasible de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo anterior sin perjuicio de los
instrumentos procesales de impugnación dispuestos en el
ordenamiento jurídico frente a la decisión de expropiación por vía
administrativa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
388 de 1997, el cual dispone:
[…]
En conclusión, la Sala adopta los siguientes criterios en aras de
unificar la jurisprudencia:
• Todo procedimiento expropiatorio debe respetar el principio de
legalidad como expresión democrática del Estado Social de
Derecho.
• No puede haber actos exentos de control judicial; se proscribe la
inexistencia de controles judiciales respecto de las actuaciones
resultantes del ejercicio del poder público en materia expropiatoria.
• Los actos que declaran los motivos de utilidad pública o de
interés social crean una situación jurídica particular y
concreta; producen efectos jurídicos inmediatos y directos
respecto del administrado.
• La revisión judicial de los motivos de utilidad pública o de
interés social se puede hacer vía judicial a través del
ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.
• La acción especial contencioso – administrativa también procede
contra el acto administrativo que decide la expropiación con el fin
de “obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado,
o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido”, al tenor
de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 […]”.
(Destacado fuera del texto).
De lo anterior, la Sala colige que, contrario a lo señalado por la
parte apelante, los actos administrativos que declaran los motivos
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de utilidad pública o de interés social y de urgencia, al igual que
el que ordena la expropiación, al crear una situación jurídica
particular y concreta, sí son autónomamente objeto de control
judicial por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Al respecto, cabe señalar que esta Sección, posteriormente, en
providencia de 14 de abril de 201614, precisó que dichos actos son
de carácter mixto, por lo que la acción depende de los motivos y
finalidades del actor.
Así, discurrió la Sala:
“[…] El acto mediante el cual el ente territorial declara
la urgencia para la adquisición de inmuebles en el
marco de un proceso de expropiación es un acto mixto,
en tanto produce efectos generales representados por los
motivos de interés general que se invocan para calificar un
predio como de utilidad pública, pero también provocan
efectos particulares en la medida en que crean una situación
jurídica en relación con el derecho de propiedad, que ostenta
el particular sobre el predio objeto de esa decisión [….].
También se ha indicado que el carácter mixto de este
tipo de actos permite que sean impugnables por medio
de las acciones de nulidad simple o de nulidad y
restablecimiento del derecho, dependiendo de lo que
se pretenda en cada caso. Así, si lo que se busca es la
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril
de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2003-00103-01.
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desaparición de aquella parte que afecta de manera directa
y específica el inmueble de propiedad del demandante o la
indemnización de perjuicios, la acción procedente será la de
nulidad y restablecimiento del derecho en tanto que si lo
perseguido es la desaparición de los efectos jurídicos del acto
sin ninguna referencia a un interés subjetivo, entonces la
procedente es la acción de simple nulidad […]
Tal postura ha sido reiterada de manera pacífica y uniforme
por esta Sección en controversias semejantes a la que ahora
nos ocupa, al punto de determinar que los actos
administrativos mixtos deben ser publicados en cuanto a los
efectos generales que su expedición despliega y que también
deben ser notificados por los respectivos efectos particulares.
El control judicial entonces depende de la situación
jurídica en la que se encuentre el actor respecto del
acto censurado, de la pretensión formulada y de los
cargos esbozados para controvertir la legalidad de la
decisión, toda vez que se requiere que en uno y otro
caso se precisen de manera directa y detallada.
[…]
Es indudable que decisiones, como la contenida en la
Resolución No. 010 de 2002 a través de las cuales el
Estado declara la urgencia y utilidad pública de unos
inmuebles de particulares, son actos administrativos
mixtos […]
En conclusión, la Sala adopta los siguientes criterios en aras
de unificar la jurisprudencia:
• Todo procedimiento expropiatorio debe respetar el principio
de legalidad como expresión democrática del Estado Social
de Derecho.
• No puede haber actos exentos de control judicial; se
proscribe la inexistencia de controles judiciales respecto de
las actuaciones resultantes del ejercicio del poder público en
materia expropiatoria.
• Los actos que declaran los motivos de utilidad pública
o de interés social crean una situación jurídica
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particular y concreta; producen efectos jurídicos
inmediatos y directos respecto del administrado.
• La revisión judicial de los motivos de utilidad pública
o de interés social se puede hacer vía judicial a través
del ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento
del derecho.
La acción especial contencioso – administrativa también
procede contra el acto administrativo que decide la
expropiación con el fin de “obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir
el precio indemnizatorio reconocido”, al tenor de lo dispuesto
en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.”15 (Resaltado de la
Sala).
[…]
De lo expuesto hasta aquí se concluye que el acto por
medio del cual la administración pública expresa los
motivos de utilidad pública para adelantar el proceso
de expropiación es una decisión de carácter mixto
censurable de manera autónoma ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo […]” (Destacado fuera
de texto).
Por ello, en el presente caso, únicamente resultan demandables
los decretos 0212 y 0213 de 16 de octubre de 2009 y las
resoluciones 0139 de 28 de mayo y 0205 de 14 de julio de
2010.
En sentido contrario, no resulta demandable el acto mediante el
15
Consejo de Estado Sección Primera. Sentencia del 11 de diciembre de 2015. Proceso número
25000232400020060100201. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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cual se establece la adquisición de un predio por medio de la
expropiación administrativa y, por sustracción de materia, el que
resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra, -
resoluciones 039 de 22 de febrero y 068 de 5 de abril de 2010-,
toda vez que esta clase de actos no ponen fin a la actuación y solo
informan a los propietarios la necesidad de la medida, ofrecen por
parte del Estado un valor económico por la venta del bien
inmueble y permiten dar inicio a la etapa de la negociación.
Al respecto, la Sección Quinta de esta Corporación16, al resolver
un caso en el que también se demandó el acto por medio del cual
se determinó el carácter administrativo de una expropiación,
sostuvo17:
“[…] No ocurre lo mismo con la Resolución N° 2.839 del 27 de junio
de 2007, mediante la cual se estableció la adquisición del inmueble
en cuestión por el procedimiento de expropiación, pues mediante
dicha decisión se le informa al propietario del inmueble de la
necesidad que tiene el Estado de adquirir éste, se le hace una oferta
de compra por el mismo (art. 66 de la Ley 388 de 1997), y por
16
En cumplimiento al Acuerdo 357 de 5 de diciembre de 2017, celebrado entre las Secciones Quinta y
Primera ante la Sala Plena del Consejo de Estado, al resolver el recurso de apelación dentro de un
proceso a ella remitido en pro de la descongestión de la Sección Primera.
17
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de mayo de 2018, Exp. 2008-00089, M.P:
Rocío Araújo Oñate.
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consiguiente, se da lugar a la etapa de negociación, más no
constituye el acto que concluye dicho procedimiento, ni tampoco se
trata el que declaró los motivos de utilidad pública o de interés social
para la expropiación, que este caso fue el Decreto 410 del 4 de
noviembre de 2005 del Alcalde Mayor de Bogotá […]”.
En consecuencia, dado que el Tribunal pasó por alto que estos actos
no resultan ser susceptibles de control judicial, la Sala modificará la
sentencia objeto del recurso de apelación en dicho sentido y, en su
lugar, se inhibe para pronunciarse sobre dichos actos.
Caducidad de los decretos 0212 y 0213 de 16 de octubre de
2009, que declaran los motivos de utilidad pública o de interés
social y de urgencia, y del acto administrativo que declara la
expropiación administrativa
Una vez establecida la naturaleza mixta de los decretos 0212 y
0213 de 16 de octubre de 2009, que declaran los motivos de
utilidad pública o de interés social y de urgencia, y su posibilidad de
ser demandados a través de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, se hace necesario analizar la caducidad tanto de los
mismos, como del acto administrativo que declara la expropiación
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administrativa.
En cuanto a la caducidad de la acción de restablecimiento del derecho,
el artículo 136, numeral 2, del CCA, dispone lo siguiente:
“[…] Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES.
[…]
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo
de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación, notificación, comunicación o
ejecución del acto, según el caso […]”.
De conformidad con el citado numeral 2 del artículo 136 del CCA, el
término de los cuatro (4) meses comienza a partir de la notificación,
publicación, comunicación o ejecución, lo que significa que a partir
del día siguiente de surtida cualquiera de las formas de poner en
conocimiento del interesado el acto administrativo que pone fin a la
actuación administrativa, empieza a correr el término de caducidad.
En el presente caso, se observa que frente al Decreto 0212 de
2009 no obra prueba en relación con la notificación o comunicación
personal y directa del mismo a la parte demandante, razón por la
que resulta pertinente contar el término de caducidad de la acción a
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partir de la fecha de la ejecución del referido acto administrativo,
esto es, a partir de la fecha en que quedó efectuada la inscripción de
la declaratoria de utilidad pública o de interés social y de urgencia en
los folios de matrículas inmobiliarias ante la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, conforme lo realizó el a quo.
Sobre la ejecución de los actos acusados, esta Sección, en auto de
24 de agosto de 199218, sostuvo lo siguiente:
“[…] La ejecución del acto, se presenta cuando un acto
de carácter general no se publica o uno de carácter
particular no se notifica, pero sí se ejecuta, es decir se
cumplen las ordenaciones en él previstas, se hace que
produzca la plenitud de sus efectos jurídicos.
La explicación precedente pone en evidencia que la
publicación o notificación atiende a la naturaleza del acto,
mientras que la ejecución está supeditada a que el acto
no haya sido objeto de publicación o notificación. Debe
entenderse que la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho caduca el mismo día del cuarto mes
siguiente a aquel en que se notificó o publicó el acto, o
a falta de éstos, en que se ejecutó. […]”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de 24 de agosto de 1992, C.P. Ernesto
18
Rafael Ariza Muñoz, núm. único de radicación 2062.
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Posteriormente, en providencia de 12 de noviembre de 201519, la
Sección Primera señaló:
“[…] en auto de 16 de octubre de 2014, en el proceso
radicado con el núm. 2014-00165-01, con ponencia de la
Magistrada María Elizabeth García González, esta Sección
sostuvo lo siguiente:
“De lo narrado en el hecho sexto de la demanda, se advierte
que los actos demandados, incluyendo la Resolución núm.
360 de 4 de julio de 2013, que ordenaba el cierre definitivo
del establecimiento comercial del actor, fueron ejecutados el
día 8 de agosto de 2013, al cumplirse la diligencia de
sellamiento por parte de las autoridades competentes,
situación que se enmarca dentro de lo establecido en el literal
d) numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A., el cual
expresamente establece que uno de los eventos a
partir de los cuales se pueden contar los 4 meses para
instaurar la demanda, es el de la ejecución del acto
administrativo controvertido. El término de caducidad
no solo se puede contar desde la notificación,
comunicación o publicación del acto administrativo
demandado, como equivocadamente lo infiere el actor,
sino también a partir de la ejecución del mismo, lo
cual, para el caso en cuestión, fue el día 8 de agosto de
2013, con la diligencia o actuación que permitió el
cumplimiento de lo ordenado en la Resolución núm.
360 de 4 de julio de 2013. El término de caducidad
podía contarse a partir del día siguiente al 8 de agosto
de 2013, cuando las autoridades competentes, según
lo referenciado por el propio actor en su demanda,
realizaron la diligencia de sellamiento de su
establecimiento de comercio, por lo tanto, los 4 meses
de que habla el literal d) numeral 2º del artículo 164
del C.P.A.C.A., en principio, vencían el lunes 9 de
diciembre de 2013.” (Negrilla fuera del texto original)
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 12 de noviembre de 2015,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-41-000-2012-00159-01.
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38
Número único de radicación: 68001 23 31 000 2011 00025 02
Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.
De lo anterior, se desprende que la ejecución del acto
administrativo hace alusión al cumplimiento de lo ordenado
en éste.
[…]
Como se lee en las sentencias transcritas, tanto en vigencia
del CCA como del CPACA, la ejecución hace referencia al
trámite o adopción de las actuaciones materiales necesarias
para lograr el cumplimiento de lo ordenado en el respectivo
acto administrativo. […]” .
De acuerdo con lo anterior, el término de caducidad no solo se puede
contar desde la notificación, comunicación o publicación del acto
administrativo demandado, sino también a partir de la ejecución del
mismo, lo cual, para el caso en cuestión, fue el día 9 de diciembre de
2009, fecha en que quedó efectuada la inscripción de la declaratoria
de utilidad pública o de interés social y de urgencia, ordenada en el
Decreto 0212 de 16 de octubre de 2009, en los folios de
matrículas inmobiliarias núms. 300-136745 (anotación 14), 300-
131106 (anotación 12), 300-117722 (anotación 21), 300-160656
(anotación 18), 300-95773 (anotación 19)20, expedidos por la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga.
20
Folios 6,8,10,13 y 16 del C.1.
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Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.
Al respecto, de la demanda, particularmente de lo narrado por la
parte actora en la pretensión cuarta21, se advierte que la declaratoria
de utilidad pública, ordenada a través del Decreto 0212 de 2009,
fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
En efecto, el referido Decreto fue ejecutado el día 9 de diciembre
de 2009, al cumplirse la inscripción de la declaratoria de utilidad
pública efectuada ante la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Bucaramanga, situación que se enmarca dentro de lo
establecido en el citado numeral 2 del artículo 136 del CCA.
Cabe mencionar que la actuación de la Administración reflejada en la
diligencia de inscripción de la declaratoria de utilidad pública es una
actuación que permite que la decisión de la Administración contenida
en el Decreto 0212 de 2009, que declara los motivos de utilidad
pública o de interés social y de urgencia, se ejecute materialmente,
por lo tanto, a partir de ese momento la parte demandante tuvo
pleno conocimiento de la existencia del acto administrativo definitivo
21
Folio 137 del C.1.
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Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.
que ahora demanda, a pesar de que el mismo no se le hubiera
notificado o comunicado.
No puede perderse de vista que de conformidad con lo previsto en el
primer inciso del artículo 37 de la Ley 9ª de 11 de enero de 198922,
toda afectación por causa de una obra pública, como lo es la
declaratoria de utilidad pública de un inmueble para efectos de su
adquisición mediante expropiación, deberá notificarse personalmente
al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matrícula
inmobiliaria, so pena de inexistencia.
En virtud de lo precedente, en el asunto bajo examen el término de
caducidad se debe empezar a contar a partir del 10 de diciembre de
2009, esto es, al día siguiente de la ejecución del Decreto 0212 de
2009, por lo que, en principio, vencería el 10 de abril de 2010.
Sin embargo, habida cuenta que el 3 de noviembre de 2010 la parte
demandante presentó la solicitud de conciliación prejudicial ante la
22
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”.
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Número único de radicación: 68001 23 31 000 2011 00025 02
Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.
Procuraduría General de la Nación y el 17 de enero de 2011 radicó la
demanda23, resulta evidente que no se logró suspender el término de
caducidad y que la presentación de la demanda se hizo por fuera del
mismo, esto es, se presentó de forma extemporánea, frente a este
decreto acusado y, en consecuencia, operó la caducidad.
Ahora, en cuanto al Decreto 0213 de 16 de octubre de 2009, la
Sala observa que el Decreto 306 de 3 de diciembre de 2009, por el
cual resolvió el recurso de reposición contra la anterior decisión, fue
notificado por edicto fijado el 29 de diciembre de 2009 y desfijado el
13 de enero de 201024.
Por lo tanto, a partir del día siguiente a esta fecha se debe computar
el término de caducidad de los cuatro (4) meses, establecido en el
artículo 136, numeral 2, del CCA para la acción de nulidad y
restablecimiento, el cual empezó a correr desde el 14 de enero de 2010
y venció el 14 de mayo de 2010.
23
Folio 1 del C.1.
24
Folio 43 del C.1.
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Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.
En atención a que el 3 de noviembre de 2010 se presentó la solicitud
de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación
y que la demanda fue presentada el 17 de enero de 201125, como
arriba se indicó, se advierte que dicha solicitud de conciliación no
logró suspender el término y que la presentación de la demanda se
hizo de forma extemporánea, frente a este acto administrativo y,
como consecuencia de ello, también operó la caducidad.
Ahora bien, respecto de las resoluciones 0139 de 28 de mayo de
2010, que declaró la expropiación administrativa, y 0205 de 14 de
julio de 2010, que resolvió el recurso de reposición contra la
anterior decisión, para la Sala se hace necesario traer a colación el
régimen especial aplicable a los casos de expropiación
administrativa, previsto en el Capítulo VIII de la Ley 388 de 1997,
que en su artículo 71 regula el término de caducidad de la acción
especial de nulidad y restablecimiento del derecho, que se invoca en
contra del acto administrativo que declara la expropiación de
un inmueble por vía administrativa, -Resolución 0139 de 28 de
mayo de 2010-, de la siguiente manera:
25
Folio 1 del C.1.
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Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.
“[…] Contra la decisión de expropiación por vía administrativa
procede acción especial contencioso-administrativa con el fin
de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho
lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio
reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los
cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la
respectiva decisión […]”. (Destacado fuera del texto).
Frente al fenómeno de la caducidad en casos de esta naturaleza, esta
Sección ha planteado que se trata de un término especial que
requiere determinar el momento en que los actos administrativos que
decretan la medida de expropiación adquieren firmeza. Al respecto,
de forma unánime, ha señalado26:
“[…] Es preciso señalar que en asuntos como el presente, esto
es, de expropiación administrativa, el término de caducidad de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se
contabiliza de forma diferente a lo previsto en el Código
Contencioso Administrativo.
Lo anterior debido a que en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997
se dispone una regla especial. La disposición prevé que
dicho término es de cuatro (4) meses contados a partir
de la ejecutoria del acto administrativo que dispone la
expropiación por vía administrativa.
De manera que para determinar si en el caso que se estudia la
demanda fue presentada en el término previsto en la norma
especial, resulta imperioso precisar sobre el momento en que
los actos administrativos adquieren firmeza […]” (Destacado
fuera de texto).
26
Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 20 de enero de 2011, Exp: 2009-
01080, M.P: Marco Antonio Velilla Moreno.
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Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del CCA
establece que una decisión queda en firme, entre otros eventos,
cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
Por su parte, el artículo 69 de la Ley 388 establece que contra el acto
administrativo de expropiación por vía administrativa solo procede el
recurso de reposición; y para determinar el momento en que este
adquiere firmeza, el artículo 70 del mismo cuerpo normativo, señala
los efectos de esa decisión y prevé dos supuestos para su ejecutoria,
de la siguiente manera:
“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía
administrativa, por no haberse formulado el recurso de
reposición dentro del término legal o por haber sido decidido
el recurso interpuesto en forma negativa, la decisión
producirá los siguientes efectos: […]” (Destacado fuera de
texto).
De lo que se extrae que la ejecutoria del acto administrativo de
expropiación se predica cuando no se formula el recurso de
reposición dentro del término legal, o se decide en forma negativa
dicho recurso, en este caso, con la Resolución 0205 de 14 de
julio de 2010, por lo que será a partir de la ejecutoria de esta
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decisión que empezará a correr el término de la caducidad de
la acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho.
De conformidad con lo anterior, para la Sala está claro que el término
de caducidad de los cuatro (4) meses con que contaba la sociedad
actora para ejercer la acción especial de nulidad y restablecimiento
del derecho, debe contabilizarse a partir del último día de ejecutoria
de la resolución por medio de la cual se resolvió desfavorablemente
el recurso de reposición interpuesto contra el acto que decretó la
expropiación por vía administrativa de los inmuebles de su
propiedad27, pues como se señaló, el artículo 71 de la Ley 388, prevé
que la acción especial de “[…] deberá interponerse dentro de los
cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva
decisión […]”.
En tales circunstancias, una vez revisado el expediente, la Sala da cuenta
de que la Resolución 0205 de 14 de julio de 2010 fue notificada
mediante edicto fijado en la Secretaría Administrativa de la Alcaldía de
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de diciembre de 2010,
C.P. Hernando Sánchez Sáchez, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2008-01082-01.
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Bucaramanga el 26 de julio de 2010 y desfijado el viernes 6 de agosto
de ese año28, fecha última en la que el término de caducidad de cuatro
meses comenzó a contabilizarse, conforme con lo previsto en el artículo
71 de la Ley 388; y como se trata de un plazo calendario, éste vencía el
6 de diciembre de 2010.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el referido acto administrativo de
expropiación quedó ejecutoriado el 6 de agosto de 2010, día en que se
desfijó el edicto que notificó la Resolución núm. 0205 de 2010, que
resolvió el recurso de reposición en forma negativa, lo cual conlleva como
consecuencia la firmeza de la decisión de la administración, en los
términos de lo establecido en el numeral 2 del artículo 62 del CCA29.
Ahora, como el 3 de noviembre de 2010 se presentó la solicitud de
conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación la
Sala advierte que para ese momento faltaba un mes y cuatro días
28
Constancia visible a folios 126-127 C. 1.
29
“[…] ARTÍCULO 62. Los actos administrativos quedarán en firme:
[…]
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
[…]”.
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para el vencimiento del término que habilitaba el ejercicio oportuno
de la acción.
Como la solicitud de conciliación fue declarada fallida por ausencia
de ánimo conciliatorio, el 9 de diciembre de 2010, el término para la
presentación oportuna de la demanda se reanudó a partir del día
siguiente, esto es, el 10 de diciembre. Desde esta perspectiva el
término se extendió hasta el 13 de enero de 2011.
Como quiera que la demanda se presentó el 17 de enero de 2011, lo
fue por fuera del término.
Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia apelada en lo que
respecta a los actos analizados, conforme a las razones expresadas
en la parte motiva de esta providencia.
En cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de conformidad
con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta asumida por las
partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal,
por lo que se abstendrá de condenar en costas.
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Número único de radicación: 68001 23 31 000 2011 00025 02
Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, en cuanto declaró
probada la excepción de caducidad respecto de los actos reseñados
en la parte motiva.
SEGUNDO: Modificar la referida sentencia, en cuanto no tuvo en
cuenta que las resoluciones 039 de 22 de febrero y 068 de 5 de abril
de 2010 no son demandables ante esta Jurisdicción y, en
consecuencia, se INHIBE para pronunciarse de dichos actos, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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Número único de radicación: 68001 23 31 000 2011 00025 02
Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de abril de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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