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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-31-000-2011-00025-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2011-00025-02

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2011-00025-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, en cuanto declaró probada la excepción de caducidad respecto de los actos reseñados en la parte motiva. SEGUNDO: Modificar la referida sentencia, en cuanto no tuvo en cuenta que las resoluciones 039 de 22 de febrero y 068 de 5 de abril de 2010 no son demandables ante esta Jurisdicción y, en consecuencia, se INHIBE para pronunciarse de dichos actos, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. TERCERO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 49 Número único de radicación: 68001 23 31 000 2011 00025 02 Actora: AGREGADOS PALMARES S.A. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-31-000-2011-00025-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 68001 23 31 000 2011 00025 02
ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTORA: AGREGADOS PALMARES S.A.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA EN CUANTO
DECLARÓ PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD
RESPECTO DE ALGUNOS DE LOS ACTOS ACUSADOS. SE MODIFICA
LA REFERIDA SENTENCIA, RESPECTO DE QUE EL TRIBUNAL NO
TUVO EN CUENTA QUE LAS RESOLUCIONES NÚMS. 039 DE 22 DE
FEBRERO Y 068 DE 5 DE ABRIL DE 2010, SE TRATABAN DE ACTOS
NO ENJUICIABLES ANTE LA JURISDICCIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandante contra la sentencia de 25 de mayo de 2015, proferida

por el Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de

Descongestión1, por medio de la cual declaró probada, de oficio, la

excepción de caducidad de la acción.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 68001 23 31 000 2011 00025 02
Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La sociedad AGREGADOS PALMARES S.A., en ejercicio de la

acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el

artículo 85 del CCA, mediante apoderado, presentó demanda contra

el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 2 , en la que formuló las

siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA.- Que es NULO el acto administrativo contenido en
el Decreto 0212 del 16 de octubre de 2009, expedido por el señor
Alcalde Ad-hoc del Municipio de Bucaramanga, por medio del cual:
1) se declaró la existencia de condiciones de utilidad pública e interés
social de los inmuebles identificados con matrícula 300-136745, 300-
1311106, 300-11772, 300160656 y 300-95773, y con número
predial 00-01-0002-0093-000, 00-02-0005-0036-000, 00-01-
00020612-000, 00-01-00020011-000 y 00-01-0002-0112-000 en su
orden, todos ellos de propiedad de la sociedad actora AGREGADOS
PALMARES S.A. 2) se dispuso que los mismos serían adquiridos por
el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP para la
construcción del proyecto denominado EMBALSE DE BUCARAMANGA.

SEGUNDA.- Que es NULO el acto administrativo contenido en el
Decreto 0213 del 16 de octubre de 2009, expedido por el señor
Alcalde Ad-hoc del Municipio de Bucaramanga, por medio del cual:
se declaró la existencia de condiciones de urgencia que autoriza la
expropiación por vía administrativa, de acuerdo con lo señalado en
el artículo 64 de la Ley 388 de 1997, teniendo como criterio para la
declaratoria de urgencia lo señalado en el numeral 2 del artículo 65
ibídem.

TERCERA.- Que es NULO el acto administrativo contenido en el
Decreto 0306 del 3 de diciembre de 2009, expedido por el señor

2
En adelante el Municipio.

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Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.

Alcalde Ad-hoc del Municipio de Bucaramanga, notificado por edicto
por el término de diez (10) días hábiles contados a partir del 29 de
enero de 2009, por medio del cual se rechazó de plano por
improcedente el recurso de reposición impetrado contra del Decreto
0214 de 16 de octubre de 2009, proferido por el referido Alcalde Ad-
hoc Municipal de Bucaramanga.

CUARTA.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a
título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación de la
inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria de los cinco (5)
inmuebles referidos en la pretensión primera de esta demanda, en
lo que atañe con la declaratoria de utilidad pública e interés social a
que alude el Decreto 0212 de 16 de octubre de 2009, proferido por
el Alcalde Ad-hoc de Bucaramanga.

QUINTA.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a
título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación de la
inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria de los cinco (5)
inmuebles referidos en la pretensión primera de esta demanda, en
lo que atañe con la declaratoria de utilidad pública e interés social a
que alude el Decreto 0213 de 16 de octubre de 2009, proferido por
el Alcalde Ad-hoc de Bucaramanga.

SEXTA.- Que es NULO el acto administrativo contenido en la
Resolución 039 del veintidós (22) de febrero de 2010, expedido por
el señor Alcalde Ad-hoc de Bucaramanga, a través del cual determina
el carácter administrativo de la expropiación para la adquisición de
algunos predios destinados al proyecto de regulación del Río Tona-
Embalse de Bucaramanga y se formula una oferta de compra.

SÉPTIMA.- Que es NULO el acto administrativo contenido en la
Resolución 068 del cinco (5) de abril de 2010, expedido por el señor
Alcalde Ad-hoc de Bucaramanga, notificado por edicto por el término
de diez (10) días, mediante la cual desató el recurso de reposición
interpuesto contra la resolución indicada en el numeral anterior
confirmándola en todas sus partes.

OCTAVA.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a
título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación de la
inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria de los cinco (5)
inmuebles referidos en la pretensión primera de esta demanda, en
lo que atañe con la determinación del carácter administrativo de la
expropiación para la adquisición de algunos predios destinados al

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proyecto de regulación del Río Tona-Embalse de Bucaramanga y se
formula una oferta de compra, proferido por el Alcalde Ad-hoc de
Bucaramanga.

NOVENA.- Que es NULO el acto administrativo contenido en la
Resolución 0139 de veintiocho (28) de mayo de 2010, expedido por
el Señor Alcalde Ad-hoc de Bucaramanga mediante el cual se declara
la expropiación administrativa de los predios Andalucía, La
Providencia, Pradalandia, El Paraíso y Buenos Aires, ubicados en el
Municipio de Bucaramanga.

DÉCIMA.- Que es NULO el acto administrativo contenido en la
Resolución 0205 del pasado 14 de julio de 2010, expedido por el
señor Alcalde Ad-hoc de Bucaramanga, notificado por edicto por el
término de diez (10) días hábiles contados a partir del veintiséis (26)
de julio de 2010 mediante el cual desató el recurso de reposición
interpuesto contra la resolución señalada en el numeral anterior y la
confirma en todas sus partes.

DÉCIMA PRIMERA.- Como consecuencia de la anteriores
declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se ordene
la cancelación de la inscripción en los folios de matrícula de los cinco
(5) inmuebles referidos en la pretensión primera de esta demanda,
en lo que atañe con la declaración de expropiación administrativa de
los predios Andalucía, La Providencia, Pradalandia, El Paraíso y
Buenos Aires, ubicados en el Municipio de Bucaramanga, proferido
por el Alcalde Ad-hoc de Bucaramanga […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los

siguientes:

Mediante la Resolución 0012 de 23 de enero de 2007, el alcalde del

Municipio de Bucaramanga, con fundamento en lo reglado en la Ley

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388 de 1997 3 , declaró la existencia de condiciones de utilidad

pública, para la ejecución del proyecto denominado Embalse de

Bucaramanga, entre otros, de los inmuebles con matrículas

inmobiliarias 300-136745, 300-1311106, 300-11772, 300-160656 y

300-95773, de propiedad de AGREGADOS PALMARES S.A.

Contra la anterior decisión la demandante interpuso recurso de

reposición, siendo resuelto de forma desfavorable a través de la

Resolución 0131 de 28 de mayo de 2007.

La sociedad actora, en ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, promovió demanda contra el Municipio

de Bucaramanga por la expedición de los actos mencionados y dentro

del trámite del proceso se ordenó su suspensión provisional.

No obstante, sin haberse proferido sentencia, mediante los Decretos

0212 y 0213 de 16 de octubre de 2009, el Municipio de Bucaramanga

declaró: i) una vez más, la existencia de condiciones de utilidad

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“Por la cual se modifica la Ley 9° y la Ley 3° de 1991 y se dictan otras
disposiciones”.

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pública e interés social de los inmuebles de propiedad de la

demandante y; ii) la existencia de condiciones de urgencia que

autorizaban su expropiación por vía administrativa, respectivamente,

a fin de que fueran adquiridos por el Acueducto Metropolitano de

Bucaramanga S. A. ESP para la construcción del Proyecto de Embalse

de Bucaramanga.

El Representante Legal de la sociedad demandante interpuso recurso

de reposición contra el Decreto 0213 de 16 de octubre de 2009, el

cual fue rechazado de plano a través del Decreto 0306 de 3 de

diciembre de ese año, por resultar improcedente.

Mediante la Resolución 039 de 22 de febrero de 2010, el alcalde del

Municipio de Bucaramanga determinó el carácter administrativo de

la expropiación para la adquisición de algunos predios destinados al

Proyecto de Regulación del Río Tona-Embalse de Bucaramanga y

formuló oferta de compra sobre los cinco (5) inmuebles de propiedad

de la actora.

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La sociedad demandante interpuso recurso de reposición contra la

anterior decisión, la cual fue confirmada en todas sus partes a través

de la Resolución 068 de 5 de abril de 2010.

Finalmente, el alcalde del Municipio de Bucaramanga expidió la

Resolución 0139 de 28 de mayo de 2010, conforme a la cual declaró

la expropiación administrativa de los predios Andalucía, La

Providencia, Pradalandia, El Paraíso y Buenos Aires, de propiedad de

AGREGADOS PALMARES S.A.

Contra el anterior acto administrativo la sociedad actora interpuso

recurso de reposición, siendo resuelto de forma adversa a sus

pretensiones por medio de la Resolución 0205 de 14 de julio de 2010.

I.3.- Fundamentos de derecho

En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo que los actos acusados

vulneraron los artículos 29 de la Constitución Política; 58, 59, 63, 64,

65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley 388 de 1997; y 49, 62 y 64 del CCA,

de la siguiente manera:

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“Cargos sobre el Decreto 0213 de 2009 que declara la

urgencia para expropiación”

Adujo que la competencia general para determinar las condiciones

de urgencia para la expropiación por vía administrativa recae sobre

el Concejo Municipal y no directamente sobre el alcalde.

1. “Ausencia de motivación del Decreto 0213 que declaró

las condiciones de urgencia para decretar la expropiación”

Señaló que en la parte resolutiva del Decreto referenciado no se

expresó cuál era la situación imprevista, circunstancia o situación

extraordinaria que hacía inaplazable la declaración de urgencia que

ameritaba la expropiación administrativa de los predios, lo que, a su

juicio, denota la improvisación y falta de cuidado de la Administración

con que adelantó el trámite expropiatorio, sin observancia de los

requisitos y procedimientos establecidos por la ley.

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2. “Violación de la prohibición contenida en el artículo 158

del CCA”

Informó que la norma en cita prohibió a las autoridades públicas

reproducir los actos administrativos que hayan sido suspendidos o

anulados y, en el presente caso, la Alcaldía de Bucaramanga expidió

los Decretos 0212 y 0213 de 16 de octubre de 2009, por los mismos

motivos previstos en las resoluciones 0012 de 23 de enero y 0131

de 28 de mayo de 2007, que se encontraban suspendidas por orden

proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del

proceso judicial que se adelantaba en su contra.

3. “Falta de agotamiento de la etapa de negociación

directa”

Por cuanto los Decretos 0212 y 0213 de 16 de octubre de 2009

fueron expedidos sin haberse constituido los actos de oferta de

compra y de forma de pago de los inmuebles que serían expropiados

por la vía administrativa, lo que imposibilitó el agotamiento de la

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etapa de negociación directa, al no presentarse los presupuestos

necesarios para adelantarla.

4. “Falta de motivación del funcionario que expidió el acto”

Indicó que como la expropiación por vía administrativa de los

inmuebles persigue la ejecución del proyecto denominado

“Regulación Río Tona-Embalse de Bucaramanga”, del cual es

propietario el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP y

no la Alcaldía del Municipio, debió suscribirse un convenio entre las

dos entidades, antes de que se diera inicio al proceso de

expropiación; sin embargo, dicho acuerdo se celebró de forma

posterior a la expedición de los Decretos 0212 y 0213 de 16 de

octubre de 2009.

“Cargos contra las resoluciones 039 de 22 de febrero de 2010,

068 de 5 de abril de 2010, 0139 de 28 de mayo de 2010 y 0205

de 14 de julio de 2010, todas expedidas por el alcalde Ad-hoc

de Bucaramanga”

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1. “Falta de motivación”

Recalcó que la competencia para establecer las condiciones de

urgencia para adelantar la expropiación administrativa de los

inmuebles recaía sobre el Concejo Municipal, razón por la que las

resoluciones referidas, al estar fundamentadas en los Decretos 0212

y 0213 de 16 de octubre de 2009, en los que se guardó silencio en

lo referente a los criterios o situaciones de urgencia, también

adolecen del mismo vicio.

2. “Violación del debido procedimiento”

Afirmó que en el proceso adelantado por la Alcaldía del Municipio de

Bucaramanga no se surtieron las etapas que la ley dispone para la

declaración de condiciones de urgencia y la expropiación por vía

administrativa.

En esa línea, recordó que se echaron de menos la oferta de compra

y la estipulación de la forma de pago del valor de los inmuebles.

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I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Municipio de Bucaramanga, por intermedio de apoderado judicial,

contestó la demanda 4 y para oponerse a la prosperidad de las

pretensiones, después de realizar un recuento de los hechos y

concepto de la violación de las normas señaladas en la misma, adujo,

en esencia, lo siguiente:

Que la expedición de los actos administrativos demandados no

obedeció al capricho de la Administración; y que, por el contrario, se

llevó a cabo con la finalidad de construir un embalse del que se

obtendría el agua suficiente para el abastecimiento de la comunidad

del Municipio de Bucaramanga.

Aseveró que para que el procedimiento de la expropiación se

realizara de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales

y reglamentarias que regulan el tema, el Municipio contrató a “los

mejores doctrinantes”, quienes se encargaron de elaborar los

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Folios 206-221 C. 1.

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conceptos y recomendaciones que culminaron con la expedición de

los actos administrativos que ahora se demandan.

Señaló que el precio pagado por los inmuebles respondió a un avalúo

realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Santander; y que las

pretensiones de la demanda son “absurdas y exageradas” porque no

tienen sustento de los gastos y perjuicios que se causaron a la

demandante.

Por último, propuso la excepción de caducidad, en cuyos argumentos

hizo referencia a la acción contractual y no a la de nulidad y

restablecimiento del derecho.

II-. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de

Descongestión, mediante sentencia de 25 de mayo de 2015, declaró

probada, de oficio, la caducidad de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, habida cuenta que el apoderado del

Municipio de Bucaramanga propuso, en el escrito de contestación de

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la demanda, la misma excepción, pero respecto de la acción

contractual, la cual no correspondía al presente caso.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 136 del CCA, que

prevé que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca

al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de

la notificación de la decisión acusada, frente a cada uno de los actos

administrativos, sostuvo:

• Decreto 0212 de 16 de octubre de 2009, por medio del cual

se declaró la existencia de condiciones de utilidad pública e interés

social de algunos predios requeridos para la realización del Proyecto

de Regulación del Río Tona-Embalse de Bucaramanga.

• Decreto 0305 de 3 de diciembre de 2009, por medio del

cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la actora

contra el decreto anterior.

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En cuanto a este acto, señaló que aunque no se solicitó su nulidad

era necesario traerlo a colación a fin de determinar si la demanda

contra el Decreto 0212 se encontraba caducada.

En este sentido, teniendo en cuenta que dentro del expediente no

obraba constancia de notificación del decreto, tomó como fecha de

la misma la de las anotaciones realizadas al respecto en los folios de

matrícula de los inmuebles de propiedad de la actora, que

correspondían al 9 de diciembre de 2009.

Así, sostuvo que el término de la caducidad estuvo comprendido

entre el 10 de diciembre de 2009 y el 10 de abril de 2010, pero la

solicitud de conciliación prejudicial y la demanda se radicaron el 3 de

noviembre de 2010 ante la Procuraduría General de la Nación y el 17

de enero de 2011 ante el Tribunal, de forma extemporánea.

• Decreto 0213 de 16 de octubre de 2009, por medio del cual

se declaró la existencia de condiciones de urgencia que autorizaron

la expropiación, por vía administrativa, de algunos predios

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requeridos para la realización del Proyecto de Regulación del Río

Tona-Embalse de Bucaramanga.

• Decreto 0306 de 3 de diciembre de 2009, por medio del

cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior

decisión y que fue notificado por edicto que se fijó, por el lapso de

10 días, el 29 de diciembre de 2009.

En cuanto a este acto, indicó que como el edicto se desfijó el 13 de

enero de 2010 el término de caducidad corrió desde el 14 de enero

hasta el 14 de mayo de 2010; sin embargo, la solicitud de conciliación

prejudicial y la demanda se presentaron el 3 de noviembre de 2010

ante la Procuraduría General de la Nación y el 17 de enero de 2011

ante el Tribunal, de forma extemporánea.

• Resolución 039 de 22 de febrero de 2010, a través de la

cual se determinó el carácter administrativo de la expropiación de los

inmuebles de propiedad de la actora.

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• Resolución 068 de 5 de abril de 2010, por medio de la cual

se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior

decisión.

Dado que en el proceso no obraba su constancia de notificación, tomó

como fecha de la misma la de las anotaciones realizadas al respecto

en los folios de matrícula de los inmuebles de propiedad de la

sociedad demandante, que correspondían al 25 de mayo de 2010.

En tal sentido, aseveró que el término de la caducidad corrió desde

el 26 de mayo de 2010 hasta el 26 de septiembre de ese año, no

obstante, la solicitud de conciliación prejudicial y la demanda se

radicaron el 3 de noviembre de 2010 ante la Procuraduría General de

la Nación y el 17 de enero de 2011 ante el Tribunal, por fuera del

tiempo permitido.

• Resolución 0139 de 28 de mayo de 2010, por medio de la

cual se declaró la expropiación administrativa de los predios

Andalucía, La Providencia, Pradalandia, El Paraíso y Buenos Aires, de

propiedad de AGREGADOS PALMARES S.A.

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• Resolución 0205 de 14 de julio de 2010, mediante la cual

se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto

administrativo siendo notificada por edicto que se fijó, por el lapso

de 10 días, el 26 de julio de 2010.

En cuanto a esta resolución, explicó que como el edicto se desfijó el

6 de agosto de 2010 el término de caducidad debía correr, en

principio, desde el 7 de agosto hasta el 7 de diciembre de 2010.

Sin embargo, como la sociedad actora presentó solicitud de

conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación el 3

de noviembre de 2010, el término se interrumpió faltando 34 días

para cumplirse los cuatro meses.

Comoquiera que la audiencia de conciliación se llevó a cabo el 9 de

diciembre de 2010, al día siguiente se reinició el conteo de los 34

días faltantes para que caducara la acción, los cuales corrieron hasta

el 13 de enero de 2011, pero como la demanda se radicó hasta el día

17 de ese mes y año resultó extemporánea, esto es, por fuera del

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término de los cuatro meses de que trata el artículo 136, numeral 2,

del CCA.

III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la sociedad actora presentó escrito de apelación en

el que solicita REVOCAR la sentencia. Para ello planteó los siguientes

reproches:

Adujo que los actos administrativos mediante los cuales se declaró la

existencia de condiciones de utilidad pública y de urgencia, para

autorizar la expropiación de los inmuebles son actos preparatorios,

por lo cual el fenómeno de la caducidad de la acción solo puede

aplicarse a los términos transcurridos desde el acto definitivo, es

decir, a partir de la notificación de la Resolución 0205 de 14 de julio

de 2010, que puso fin a la vía gubernativa, y no como como lo hizo

el Tribunal, respecto de cada uno de los actos acusados.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 70 del Código Civil,

subrogado por el artículo 62 del Código de Régimen Político y

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Municipal, en el que se previó que en los plazos de días que se

señalen en las leyes, si el último día fuere feriado o vacante se

extenderá hasta el primer día hábil siguiente, de ahí que la demanda

se haya presentado en tiempo.

Explicó que si bien el edicto por medio del cual se notificó la

Resolución 0205 se desfijó el 6 de agosto de 2010, el término de

caducidad no podía empezar a contarse a partir del día siguiente,

sábado 7 de agosto, sino desde el lunes 9 de agosto de 2010.

De allí que como el 3 de noviembre de esa anualidad se solicitó la

audiencia de conciliación prejudicial “se suspendió el término de

caducidad, por lo que hasta el día 2 (sic) de diciembre habían

transcurrido 84 días completos del término de caducidad, entonces

no faltaban 34 días como mal lo señala el a-quo, sino 36 días para

vencerse el término de la caducidad”.

Así, en vista de que la audiencia de conciliación se celebró el 9 de

diciembre de 2010, afirmó que esos 36 días restantes se reanudaron

a partir del 10 de diciembre, de los cuales 6 se cumplieron el día 15

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de diciembre de 2010 y el último mes de caducidad corrió a partir del

16 de diciembre de esa anualidad hasta el 15 de enero de 2011.

Todo lo anterior para concluir que “como quiera que ese último día

del término de la caducidad de la acción -15 de enero de 2011-

correspondió a un sábado, según voces del artículo 62 del Código de

Régimen Político y Municipal, el plazo se extiende hasta el día hábil

siguiente, esto es, el lunes diecisiete (17) de enero de 2011 día

en que se presentó la demanda, por lo que la acción no

caducó”.

Aclarado lo anterior, realizó un recuento de los argumentos

relacionados con los cargos de la demanda y las razones por las que,

a su juicio, se debe declarar la nulidad de los actos acusados.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

.- La parte actora en esta etapa procesal se limitó a manifestar que

ratificaba “los argumentos sostenidos en el escrito mediante el cual

sustenté el recurso de alzada”.

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.- La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. ACTOS ACUSADOS

i) Decreto 0212 de 16 de octubre de 20095, “por medio del

cual se declara la existencia de condiciones de utilidad pública e

interés social de algunos predios requeridos para la realización del

Proyecto de Regulación del Río Tona-Embalse de Bucaramanga”,

expedido por el alcalde Ad-hoc de Bucaramanga.

ii) Decreto 0213 de 16 de octubre de 20096, “por medio del

cual se declara la existencia de condiciones de urgencia que autorizan

la expropiación por vía administrativa de algunos predios requeridos

para la realización del Proyecto de Regulación del Río Tona-Embalse

de Bucaramanga”, expedido por el alcalde Ad-hoc de Bucaramanga.

5
Folios 18-25 C. 1.
6
Folios 26-34 C. 1.

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iii) Decreto 0306 de 3 de diciembre de 20097, por medio del

cual se rechazó de plano, por improcedente, el recurso de reposición

interpuesto contra el Decreto 0213 de 16 de octubre de 2009,

proferido por el alcalde Ad-hoc de Bucaramanga.

iv) Resolución 039 de 22 de febrero de 20108, “a través de la

cual se determina el carácter administrativo de la expropiación para

la adquisición de algunos predios destinados al Proyecto de

Regulación del Río Tona-Embalse de Bucaramanga, y se formula una

oferta de compra”, expedida por el alcalde Ad-hoc de Bucaramanga.

v) Resolución 068 de 5 de abril de 20109, por medio de la cual

se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución

039 de 22 de febrero de 2010 y se confirmó en todas sus partes.

vi) Resolución 0139 de 28 de mayo de 201010, “por la cual se

declaró la expropiación administrativa de los predios Andalucía, La

7
Folios 35-41 C. 1.
8
Folios 82-89 C. 1.
9
Folios 98-106 C. 1.
10
Folios 107-119 C. 1.

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Providencia, Pradalandia, El Paraíso y Buenos Aires ubicados en el

Municipio de Bucaramanga”, de propiedad de la sociedad actora,

expedida por el alcalde Ad-hoc de Bucaramanga.

vii) Resolución 0205 de 14 de julio de 201011, por medio de la

cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la

Resolución 0139 de 28 de mayo de 2010 y se confirmó en todas sus

partes.

V.2. PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER

• Corresponde a la Sala establecer, si le asiste razón a la parte

apelante cuando afirma que debido a que los decretos mediante los

cuales se declaró la existencia de condiciones de utilidad pública y de

urgencia que autorizaron la expropiación son actos preparatorios; y

si el término para promover la demanda debe contabilizarse,

únicamente, a partir de la fecha de notificación de la Resolución 0205

de 14 de julio de 2010.

11
Folios 120-126 C. 1.

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• De ser así, la Sala deberá estudiar, a partir de la fecha de

notificación del citado acto, si la demanda se presentó o no en

tiempo.

V.3. CASO CONCRETO

Mediante los decretos 0212 y 0213 de 16 de octubre de 2009,

0306 de 3 de diciembre de 2009 y las resoluciones 039 de 22

de febrero de 2010 y 068 de 5 de abril de 2010 el Municipio de

Bucaramanga adelantó actuación administrativa que culminó con la

expedición de las resoluciones 0139 de 28 de mayo de 2010 y

0205 de 14 de julio de 2010, por medio de la cuales se decretó la

expropiación por vía administrativa por motivos de utilidad pública e

interés social, de los predios Andalucía, La Providencia, Pradalandia,

El Paraíso y Buenos Aires, de propiedad de la sociedad demandante,

y se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión,

respectivamente.

El Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de

Descongestión, mediante sentencia de 25 de mayo de 2015, declaró

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probada, de oficio, la excepción de caducidad de la acción de nulidad

y restablecimiento del derecho.

Para fundamentar su decisión, realizó el conteo de la caducidad a

partir de la notificación de cada uno de los actos, según lo establecido

en el artículo 136 del CCA12.

Por su parte, el apoderado de la demandante apeló la referida

decisión, toda vez que, a su juicio, el cómputo del término de la

caducidad debe iniciar a partir de la notificación de la decisión que

puso fin a la actuación administrativa, Resolución 0205 de 14 de julio

de 2010, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición que

interpuso la sociedad actora contra la resolución que decretó la

expropiación de sus predios.

12
“[…] 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4)
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

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En esa línea, explicó que como la desfijación del edicto por medio del

cual se notificó la Resolución 0205 se llevó a cabo el viernes 6 de

agosto de 2010, el término de los cuatro (4) meses de la caducidad:

i) empezó a correr a partir del lunes 9 de agosto de ese año; ii) se

interrumpió desde el 3 de noviembre al 9 de diciembre de 2010, por

el trámite de la conciliación prejudicial; y iii) se reanudó desde el 10

de diciembre hasta el 15 de enero de 2011, pero como ese último día

fue un sábado, el plazo se extendió hasta el día hábil siguiente, que

corresponde al lunes 17 de enero de 2011, día en que se radicó, en

tiempo, la presente demanda ante el Tribunal.

V.3.1. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS

Control judicial de los actos que se expiden dentro del proceso

de expropiación administrativa

En virtud de la argumentación expuesta, es pertinente advertir que

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que en sentencia de 11 de diciembre de 201513 esta Sala unificó su

criterio en el sentido de señalar que los actos que declaran las

condiciones de urgencia y los motivos de utilidad pública en un

proceso administrativo de expropiación crean una situación jurídica

concreta y, por lo tanto, pueden ser controvertidos a través de la

acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En la referida

providencia se explicó:

“[…] En este contexto y en lo atinente a los actos a través de los
cuales se declaran los motivos de utilidad pública o de
interés social, la Sala rectifica el criterio que sostiene que ellos
dentro del proceso expropiatorio sólo cumplen una función
preparatoria en la expedición de los actos que finalmente ordenan
la expropiación, dado que los mismos sí crean una situación
jurídica particular y concreta.

En efecto, se trata de un acto que produce efectos jurídicos
inmediatos y directos respecto del administrado, por cuanto
ordena adelantar e iniciar el trámite expropiatorio respecto de unos
bienes determinados.

Lo anterior cobra mayor fuerza en el entendido de que el mismo
constituye la etapa inicial del procedimiento expropiatorio sin el
cual no resulta posible habilitar a la autoridad para adelantarlo; no
puede olvidarse que entre al acto expropiatorio y el que declara las
condiciones de utilidad pública e interés social existe una relación
de causa a efecto, pues sin la existencia de los primeros no pueden
expedirse los segundos.

Bajo los conceptos que anteceden, el acto administrativo en

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
diciembre de 2015, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único radicación 25000-23-24-000-
2006-01002-01.

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estudio, al estar llamado a generar perjuicios al
administrado, es pasible de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo anterior sin perjuicio de los
instrumentos procesales de impugnación dispuestos en el
ordenamiento jurídico frente a la decisión de expropiación por vía
administrativa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
388 de 1997, el cual dispone:

[…]

En conclusión, la Sala adopta los siguientes criterios en aras de
unificar la jurisprudencia:

• Todo procedimiento expropiatorio debe respetar el principio de
legalidad como expresión democrática del Estado Social de
Derecho.

• No puede haber actos exentos de control judicial; se proscribe la
inexistencia de controles judiciales respecto de las actuaciones
resultantes del ejercicio del poder público en materia expropiatoria.

• Los actos que declaran los motivos de utilidad pública o de
interés social crean una situación jurídica particular y
concreta; producen efectos jurídicos inmediatos y directos
respecto del administrado.

• La revisión judicial de los motivos de utilidad pública o de
interés social se puede hacer vía judicial a través del
ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.

• La acción especial contencioso – administrativa también procede
contra el acto administrativo que decide la expropiación con el fin
de “obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado,
o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido”, al tenor
de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 […]”.
(Destacado fuera del texto).

De lo anterior, la Sala colige que, contrario a lo señalado por la

parte apelante, los actos administrativos que declaran los motivos

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de utilidad pública o de interés social y de urgencia, al igual que

el que ordena la expropiación, al crear una situación jurídica

particular y concreta, sí son autónomamente objeto de control

judicial por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho.

Al respecto, cabe señalar que esta Sección, posteriormente, en

providencia de 14 de abril de 201614, precisó que dichos actos son

de carácter mixto, por lo que la acción depende de los motivos y

finalidades del actor.

Así, discurrió la Sala:

“[…] El acto mediante el cual el ente territorial declara
la urgencia para la adquisición de inmuebles en el
marco de un proceso de expropiación es un acto mixto,
en tanto produce efectos generales representados por los
motivos de interés general que se invocan para calificar un
predio como de utilidad pública, pero también provocan
efectos particulares en la medida en que crean una situación
jurídica en relación con el derecho de propiedad, que ostenta
el particular sobre el predio objeto de esa decisión [….].
También se ha indicado que el carácter mixto de este
tipo de actos permite que sean impugnables por medio
de las acciones de nulidad simple o de nulidad y
restablecimiento del derecho, dependiendo de lo que
se pretenda en cada caso. Así, si lo que se busca es la

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril
de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2003-00103-01.

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desaparición de aquella parte que afecta de manera directa
y específica el inmueble de propiedad del demandante o la
indemnización de perjuicios, la acción procedente será la de
nulidad y restablecimiento del derecho en tanto que si lo
perseguido es la desaparición de los efectos jurídicos del acto
sin ninguna referencia a un interés subjetivo, entonces la
procedente es la acción de simple nulidad […]
Tal postura ha sido reiterada de manera pacífica y uniforme
por esta Sección en controversias semejantes a la que ahora
nos ocupa, al punto de determinar que los actos
administrativos mixtos deben ser publicados en cuanto a los
efectos generales que su expedición despliega y que también
deben ser notificados por los respectivos efectos particulares.
El control judicial entonces depende de la situación
jurídica en la que se encuentre el actor respecto del
acto censurado, de la pretensión formulada y de los
cargos esbozados para controvertir la legalidad de la
decisión, toda vez que se requiere que en uno y otro
caso se precisen de manera directa y detallada.
[…]
Es indudable que decisiones, como la contenida en la
Resolución No. 010 de 2002 a través de las cuales el
Estado declara la urgencia y utilidad pública de unos
inmuebles de particulares, son actos administrativos
mixtos […]
En conclusión, la Sala adopta los siguientes criterios en aras
de unificar la jurisprudencia:

• Todo procedimiento expropiatorio debe respetar el principio
de legalidad como expresión democrática del Estado Social
de Derecho.

• No puede haber actos exentos de control judicial; se
proscribe la inexistencia de controles judiciales respecto de
las actuaciones resultantes del ejercicio del poder público en
materia expropiatoria.

• Los actos que declaran los motivos de utilidad pública
o de interés social crean una situación jurídica

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particular y concreta; producen efectos jurídicos
inmediatos y directos respecto del administrado.

• La revisión judicial de los motivos de utilidad pública
o de interés social se puede hacer vía judicial a través
del ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento
del derecho.

La acción especial contencioso – administrativa también
procede contra el acto administrativo que decide la
expropiación con el fin de “obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir
el precio indemnizatorio reconocido”, al tenor de lo dispuesto
en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.”15 (Resaltado de la
Sala).
[…]
De lo expuesto hasta aquí se concluye que el acto por
medio del cual la administración pública expresa los
motivos de utilidad pública para adelantar el proceso
de expropiación es una decisión de carácter mixto
censurable de manera autónoma ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo […]” (Destacado fuera
de texto).

Por ello, en el presente caso, únicamente resultan demandables

los decretos 0212 y 0213 de 16 de octubre de 2009 y las

resoluciones 0139 de 28 de mayo y 0205 de 14 de julio de

2010.

En sentido contrario, no resulta demandable el acto mediante el

15
Consejo de Estado Sección Primera. Sentencia del 11 de diciembre de 2015. Proceso número
25000232400020060100201. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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cual se establece la adquisición de un predio por medio de la

expropiación administrativa y, por sustracción de materia, el que

resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra, -

resoluciones 039 de 22 de febrero y 068 de 5 de abril de 2010-,

toda vez que esta clase de actos no ponen fin a la actuación y solo

informan a los propietarios la necesidad de la medida, ofrecen por

parte del Estado un valor económico por la venta del bien

inmueble y permiten dar inicio a la etapa de la negociación.

Al respecto, la Sección Quinta de esta Corporación16, al resolver

un caso en el que también se demandó el acto por medio del cual

se determinó el carácter administrativo de una expropiación,

sostuvo17:

“[…] No ocurre lo mismo con la Resolución N° 2.839 del 27 de junio
de 2007, mediante la cual se estableció la adquisición del inmueble
en cuestión por el procedimiento de expropiación, pues mediante
dicha decisión se le informa al propietario del inmueble de la
necesidad que tiene el Estado de adquirir éste, se le hace una oferta
de compra por el mismo (art. 66 de la Ley 388 de 1997), y por

16
En cumplimiento al Acuerdo 357 de 5 de diciembre de 2017, celebrado entre las Secciones Quinta y
Primera ante la Sala Plena del Consejo de Estado, al resolver el recurso de apelación dentro de un
proceso a ella remitido en pro de la descongestión de la Sección Primera.
17
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de mayo de 2018, Exp. 2008-00089, M.P:
Rocío Araújo Oñate.

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consiguiente, se da lugar a la etapa de negociación, más no
constituye el acto que concluye dicho procedimiento, ni tampoco se
trata el que declaró los motivos de utilidad pública o de interés social
para la expropiación, que este caso fue el Decreto 410 del 4 de
noviembre de 2005 del Alcalde Mayor de Bogotá […]”.

En consecuencia, dado que el Tribunal pasó por alto que estos actos

no resultan ser susceptibles de control judicial, la Sala modificará la

sentencia objeto del recurso de apelación en dicho sentido y, en su

lugar, se inhibe para pronunciarse sobre dichos actos.

Caducidad de los decretos 0212 y 0213 de 16 de octubre de

2009, que declaran los motivos de utilidad pública o de interés

social y de urgencia, y del acto administrativo que declara la

expropiación administrativa

Una vez establecida la naturaleza mixta de los decretos 0212 y

0213 de 16 de octubre de 2009, que declaran los motivos de

utilidad pública o de interés social y de urgencia, y su posibilidad de

ser demandados a través de la acción de nulidad y restablecimiento

del derecho, se hace necesario analizar la caducidad tanto de los

mismos, como del acto administrativo que declara la expropiación

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administrativa.

En cuanto a la caducidad de la acción de restablecimiento del derecho,

el artículo 136, numeral 2, del CCA, dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES.
[…]

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo
de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación, notificación, comunicación o
ejecución del acto, según el caso […]”.

De conformidad con el citado numeral 2 del artículo 136 del CCA, el

término de los cuatro (4) meses comienza a partir de la notificación,

publicación, comunicación o ejecución, lo que significa que a partir

del día siguiente de surtida cualquiera de las formas de poner en

conocimiento del interesado el acto administrativo que pone fin a la

actuación administrativa, empieza a correr el término de caducidad.

En el presente caso, se observa que frente al Decreto 0212 de

2009 no obra prueba en relación con la notificación o comunicación

personal y directa del mismo a la parte demandante, razón por la

que resulta pertinente contar el término de caducidad de la acción a

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partir de la fecha de la ejecución del referido acto administrativo,

esto es, a partir de la fecha en que quedó efectuada la inscripción de

la declaratoria de utilidad pública o de interés social y de urgencia en

los folios de matrículas inmobiliarias ante la Oficina de Registro de

Instrumentos Públicos, conforme lo realizó el a quo.

Sobre la ejecución de los actos acusados, esta Sección, en auto de

24 de agosto de 199218, sostuvo lo siguiente:

“[…] La ejecución del acto, se presenta cuando un acto
de carácter general no se publica o uno de carácter
particular no se notifica, pero sí se ejecuta, es decir se
cumplen las ordenaciones en él previstas, se hace que
produzca la plenitud de sus efectos jurídicos.

La explicación precedente pone en evidencia que la
publicación o notificación atiende a la naturaleza del acto,
mientras que la ejecución está supeditada a que el acto
no haya sido objeto de publicación o notificación. Debe
entenderse que la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho caduca el mismo día del cuarto mes
siguiente a aquel en que se notificó o publicó el acto, o
a falta de éstos, en que se ejecutó. […]”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de 24 de agosto de 1992, C.P. Ernesto
18

Rafael Ariza Muñoz, núm. único de radicación 2062.

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Número único de radicación: 68001 23 31 000 2011 00025 02
Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.

Posteriormente, en providencia de 12 de noviembre de 201519, la

Sección Primera señaló:

“[…] en auto de 16 de octubre de 2014, en el proceso
radicado con el núm. 2014-00165-01, con ponencia de la
Magistrada María Elizabeth García González, esta Sección
sostuvo lo siguiente:

“De lo narrado en el hecho sexto de la demanda, se advierte
que los actos demandados, incluyendo la Resolución núm.
360 de 4 de julio de 2013, que ordenaba el cierre definitivo
del establecimiento comercial del actor, fueron ejecutados el
día 8 de agosto de 2013, al cumplirse la diligencia de
sellamiento por parte de las autoridades competentes,
situación que se enmarca dentro de lo establecido en el literal
d) numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A., el cual
expresamente establece que uno de los eventos a
partir de los cuales se pueden contar los 4 meses para
instaurar la demanda, es el de la ejecución del acto
administrativo controvertido. El término de caducidad
no solo se puede contar desde la notificación,
comunicación o publicación del acto administrativo
demandado, como equivocadamente lo infiere el actor,
sino también a partir de la ejecución del mismo, lo
cual, para el caso en cuestión, fue el día 8 de agosto de
2013, con la diligencia o actuación que permitió el
cumplimiento de lo ordenado en la Resolución núm.
360 de 4 de julio de 2013. El término de caducidad
podía contarse a partir del día siguiente al 8 de agosto
de 2013, cuando las autoridades competentes, según
lo referenciado por el propio actor en su demanda,
realizaron la diligencia de sellamiento de su
establecimiento de comercio, por lo tanto, los 4 meses
de que habla el literal d) numeral 2º del artículo 164
del C.P.A.C.A., en principio, vencían el lunes 9 de
diciembre de 2013.” (Negrilla fuera del texto original)

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 12 de noviembre de 2015,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-41-000-2012-00159-01.

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Número único de radicación: 68001 23 31 000 2011 00025 02
Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.

De lo anterior, se desprende que la ejecución del acto
administrativo hace alusión al cumplimiento de lo ordenado
en éste.
[…]

Como se lee en las sentencias transcritas, tanto en vigencia
del CCA como del CPACA, la ejecución hace referencia al
trámite o adopción de las actuaciones materiales necesarias
para lograr el cumplimiento de lo ordenado en el respectivo
acto administrativo. […]” .

De acuerdo con lo anterior, el término de caducidad no solo se puede

contar desde la notificación, comunicación o publicación del acto

administrativo demandado, sino también a partir de la ejecución del

mismo, lo cual, para el caso en cuestión, fue el día 9 de diciembre de

2009, fecha en que quedó efectuada la inscripción de la declaratoria

de utilidad pública o de interés social y de urgencia, ordenada en el

Decreto 0212 de 16 de octubre de 2009, en los folios de

matrículas inmobiliarias núms. 300-136745 (anotación 14), 300-

131106 (anotación 12), 300-117722 (anotación 21), 300-160656

(anotación 18), 300-95773 (anotación 19)20, expedidos por la Oficina

de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga.

20
Folios 6,8,10,13 y 16 del C.1.

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Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.

Al respecto, de la demanda, particularmente de lo narrado por la

parte actora en la pretensión cuarta21, se advierte que la declaratoria

de utilidad pública, ordenada a través del Decreto 0212 de 2009,

fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

En efecto, el referido Decreto fue ejecutado el día 9 de diciembre

de 2009, al cumplirse la inscripción de la declaratoria de utilidad

pública efectuada ante la Oficina de Registro de Instrumentos

Públicos de Bucaramanga, situación que se enmarca dentro de lo

establecido en el citado numeral 2 del artículo 136 del CCA.

Cabe mencionar que la actuación de la Administración reflejada en la

diligencia de inscripción de la declaratoria de utilidad pública es una

actuación que permite que la decisión de la Administración contenida

en el Decreto 0212 de 2009, que declara los motivos de utilidad

pública o de interés social y de urgencia, se ejecute materialmente,

por lo tanto, a partir de ese momento la parte demandante tuvo

pleno conocimiento de la existencia del acto administrativo definitivo

21
Folio 137 del C.1.

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que ahora demanda, a pesar de que el mismo no se le hubiera

notificado o comunicado.

No puede perderse de vista que de conformidad con lo previsto en el

primer inciso del artículo 37 de la Ley 9ª de 11 de enero de 198922,

toda afectación por causa de una obra pública, como lo es la

declaratoria de utilidad pública de un inmueble para efectos de su

adquisición mediante expropiación, deberá notificarse personalmente

al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matrícula

inmobiliaria, so pena de inexistencia.

En virtud de lo precedente, en el asunto bajo examen el término de

caducidad se debe empezar a contar a partir del 10 de diciembre de

2009, esto es, al día siguiente de la ejecución del Decreto 0212 de

2009, por lo que, en principio, vencería el 10 de abril de 2010.

Sin embargo, habida cuenta que el 3 de noviembre de 2010 la parte

demandante presentó la solicitud de conciliación prejudicial ante la

22
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”.

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Procuraduría General de la Nación y el 17 de enero de 2011 radicó la

demanda23, resulta evidente que no se logró suspender el término de

caducidad y que la presentación de la demanda se hizo por fuera del

mismo, esto es, se presentó de forma extemporánea, frente a este

decreto acusado y, en consecuencia, operó la caducidad.

Ahora, en cuanto al Decreto 0213 de 16 de octubre de 2009, la

Sala observa que el Decreto 306 de 3 de diciembre de 2009, por el

cual resolvió el recurso de reposición contra la anterior decisión, fue

notificado por edicto fijado el 29 de diciembre de 2009 y desfijado el

13 de enero de 201024.

Por lo tanto, a partir del día siguiente a esta fecha se debe computar

el término de caducidad de los cuatro (4) meses, establecido en el

artículo 136, numeral 2, del CCA para la acción de nulidad y

restablecimiento, el cual empezó a correr desde el 14 de enero de 2010

y venció el 14 de mayo de 2010.

23
Folio 1 del C.1.
24
Folio 43 del C.1.

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En atención a que el 3 de noviembre de 2010 se presentó la solicitud

de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación

y que la demanda fue presentada el 17 de enero de 201125, como

arriba se indicó, se advierte que dicha solicitud de conciliación no

logró suspender el término y que la presentación de la demanda se

hizo de forma extemporánea, frente a este acto administrativo y,

como consecuencia de ello, también operó la caducidad.

Ahora bien, respecto de las resoluciones 0139 de 28 de mayo de

2010, que declaró la expropiación administrativa, y 0205 de 14 de

julio de 2010, que resolvió el recurso de reposición contra la

anterior decisión, para la Sala se hace necesario traer a colación el

régimen especial aplicable a los casos de expropiación

administrativa, previsto en el Capítulo VIII de la Ley 388 de 1997,

que en su artículo 71 regula el término de caducidad de la acción

especial de nulidad y restablecimiento del derecho, que se invoca en

contra del acto administrativo que declara la expropiación de

un inmueble por vía administrativa, -Resolución 0139 de 28 de

mayo de 2010-, de la siguiente manera:

25
Folio 1 del C.1.

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43

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“[…] Contra la decisión de expropiación por vía administrativa
procede acción especial contencioso-administrativa con el fin
de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho
lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio
reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los
cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la
respectiva decisión […]”. (Destacado fuera del texto).

Frente al fenómeno de la caducidad en casos de esta naturaleza, esta

Sección ha planteado que se trata de un término especial que

requiere determinar el momento en que los actos administrativos que

decretan la medida de expropiación adquieren firmeza. Al respecto,

de forma unánime, ha señalado26:

“[…] Es preciso señalar que en asuntos como el presente, esto
es, de expropiación administrativa, el término de caducidad de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se
contabiliza de forma diferente a lo previsto en el Código
Contencioso Administrativo.
Lo anterior debido a que en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997
se dispone una regla especial. La disposición prevé que
dicho término es de cuatro (4) meses contados a partir
de la ejecutoria del acto administrativo que dispone la
expropiación por vía administrativa.
De manera que para determinar si en el caso que se estudia la
demanda fue presentada en el término previsto en la norma
especial, resulta imperioso precisar sobre el momento en que
los actos administrativos adquieren firmeza […]” (Destacado
fuera de texto).

26
Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 20 de enero de 2011, Exp: 2009-
01080, M.P: Marco Antonio Velilla Moreno.

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En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del CCA

establece que una decisión queda en firme, entre otros eventos,

cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.

Por su parte, el artículo 69 de la Ley 388 establece que contra el acto

administrativo de expropiación por vía administrativa solo procede el

recurso de reposición; y para determinar el momento en que este

adquiere firmeza, el artículo 70 del mismo cuerpo normativo, señala

los efectos de esa decisión y prevé dos supuestos para su ejecutoria,

de la siguiente manera:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía
administrativa, por no haberse formulado el recurso de
reposición dentro del término legal o por haber sido decidido
el recurso interpuesto en forma negativa, la decisión
producirá los siguientes efectos: […]” (Destacado fuera de
texto).

De lo que se extrae que la ejecutoria del acto administrativo de

expropiación se predica cuando no se formula el recurso de

reposición dentro del término legal, o se decide en forma negativa

dicho recurso, en este caso, con la Resolución 0205 de 14 de

julio de 2010, por lo que será a partir de la ejecutoria de esta

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decisión que empezará a correr el término de la caducidad de

la acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho.

De conformidad con lo anterior, para la Sala está claro que el término

de caducidad de los cuatro (4) meses con que contaba la sociedad

actora para ejercer la acción especial de nulidad y restablecimiento

del derecho, debe contabilizarse a partir del último día de ejecutoria

de la resolución por medio de la cual se resolvió desfavorablemente

el recurso de reposición interpuesto contra el acto que decretó la

expropiación por vía administrativa de los inmuebles de su

propiedad27, pues como se señaló, el artículo 71 de la Ley 388, prevé

que la acción especial de “[…] deberá interponerse dentro de los

cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva

decisión […]”.

En tales circunstancias, una vez revisado el expediente, la Sala da cuenta

de que la Resolución 0205 de 14 de julio de 2010 fue notificada

mediante edicto fijado en la Secretaría Administrativa de la Alcaldía de

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de diciembre de 2010,
C.P. Hernando Sánchez Sáchez, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2008-01082-01.

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Bucaramanga el 26 de julio de 2010 y desfijado el viernes 6 de agosto

de ese año28, fecha última en la que el término de caducidad de cuatro

meses comenzó a contabilizarse, conforme con lo previsto en el artículo

71 de la Ley 388; y como se trata de un plazo calendario, éste vencía el

6 de diciembre de 2010.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el referido acto administrativo de

expropiación quedó ejecutoriado el 6 de agosto de 2010, día en que se

desfijó el edicto que notificó la Resolución núm. 0205 de 2010, que

resolvió el recurso de reposición en forma negativa, lo cual conlleva como

consecuencia la firmeza de la decisión de la administración, en los

términos de lo establecido en el numeral 2 del artículo 62 del CCA29.

Ahora, como el 3 de noviembre de 2010 se presentó la solicitud de

conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación la

Sala advierte que para ese momento faltaba un mes y cuatro días

28
Constancia visible a folios 126-127 C. 1.
29
“[…] ARTÍCULO 62. Los actos administrativos quedarán en firme:
[…]
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
[…]”.

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para el vencimiento del término que habilitaba el ejercicio oportuno

de la acción.

Como la solicitud de conciliación fue declarada fallida por ausencia

de ánimo conciliatorio, el 9 de diciembre de 2010, el término para la

presentación oportuna de la demanda se reanudó a partir del día

siguiente, esto es, el 10 de diciembre. Desde esta perspectiva el

término se extendió hasta el 13 de enero de 2011.

Como quiera que la demanda se presentó el 17 de enero de 2011, lo

fue por fuera del término.

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia apelada en lo que

respecta a los actos analizados, conforme a las razones expresadas

en la parte motiva de esta providencia.

En cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de conformidad

con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta asumida por las

partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal,

por lo que se abstendrá de condenar en costas.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, en cuanto declaró

probada la excepción de caducidad respecto de los actos reseñados

en la parte motiva.

SEGUNDO: Modificar la referida sentencia, en cuanto no tuvo en

cuenta que las resoluciones 039 de 22 de febrero y 068 de 5 de abril

de 2010 no son demandables ante esta Jurisdicción y, en

consecuencia, se INHIBE para pronunciarse de dichos actos, de

conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

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Actora: AGREGADOS PALMARES S.A.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al

Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de abril de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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