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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2015-02429-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2015-02429-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 28 de junio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará de la siguiente forma: PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones y, en consecuencia, INHIBIRSE para pronunciarse de fondo respecto del Acuerdo núm. 020 del 31 de agosto de 2013 y la Resolución núm. 118 del 12 de septiembre de 2014, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda instaurada por el señor Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy en contra del Municipio de Santo Domingo (Antioquia), conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2015-02429-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 05001233300020150242901
Demandantes: Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy
Demandados: Municipio de Santo Domingo (Antioquia)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Expropiación por vía administrativa. Indebida acumulación de
pretensiones. Presunción de legalidad del avalúo oficial
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia para declarar probada de
oficio la excepción de inepta demanda y, en consecuencia, inhibirse
de proferir pronunciamiento respecto de dos de los actos
demandados. Confirma negativa de las demás pretensiones de la
demanda. Sin condena en costas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 28 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual se negaron todas las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 21 de septiembre de 20151, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), en concordancia con el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997, el señor Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy, a través de apoderada
judicial demandó al Municipio de Santo Domingo (Antioquia), con el objeto de que se
accediera a las siguientes pretensiones:

PRETENSION PRINCIPAL

Primero:

A. DECLÁRESE LA NULIDAD del Acuerdo nro. 020 el 31 de agosto 2013 por medio del
cual se declara de utilidad pública e interés social un predio urbano y se faculta al alcalde
municipal para decretar la expropiación administrativa.

B. DECLÁRESE LA NULIDAD de la Resolución nro. 185 Por La Cual Se Declaran Las
Condiciones De Urgencia Para La Adquisición De Parte Del Inmueble identificado Con
La Matricula Inmobiliaria No 026-2909 De La Oficina De Registro E Instrumentos

1 SAMAI, Índice 22, documento «CUADERNO TRIBUNAL 1», FL. 3.

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Radicado: 05001233300020150242901
Demandante: Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy
Demandado: Municipio de Santo Domingo (Antioquia)

públicos Del Municipio De Santo Domingo - Antioquia - Inmueble Requerido Para
Ejecuta El Proyecto De Recreación En El Municipio, En Cumplimiento Del Plan De
Desarrollo 2012-2015: "Seguiremos Unidos Por El Desarrollo Social Dominicano"

C. DECLÁRESE LA NULIDAD de la RESOLUCION 069 del 04 de Mayo de 2015; por
medio de la cual se dispone la expropiación por vía Administrativa de un bien inmueble
y se dictan otras disposiciones. "Por medio de la cual se dispone la expropiación por vía
Administrativa de un bien inmueble"; expedida por el Alcalde Municipal de Santo
Domingo Antioquia "Del Inmueble Identificado Con La Matricula Inmobiliaria No 026-
2909 De La Oficina De Registro E Instrumentos públicos Del Municipio De Santo
Domingo -Antioquia -Así, también se declare COMO CONSECUENCIA DECLARAR LA
NULIDAD DE LOS ACTOS QUE SE DESPREDENDIERON, como la resolución 092 de
Junio 02 de 2015 que resolvió el recurso de Reposición presentado.

D. PRETENCION SUBSIDIARIA; En caso de no prosperar la nulidad se decrete y pague
al demandante el valor justo de acuerdo a las ultimas transacciones del mercado, por el
Municipio de Santo Domingo, por valor de $250.000.000. Correspondiente al valor de
sus derechos.

Segundo:

Como Restablecimiento del Derecho, se restablezca el derecho a la propiedad privada,
sobre el inmueble identificado con La Matricula Inmobiliaria No 026-2909 De La Oficina
De Registro E Instrumentos públicos Del Municipio De Santo Domingo - Antioquia - de
propiedad del Señor GABRIEL DE JESUS ARISMENDY ARISMENDY. y se proceda a
la cancelación de la anotación en la oficina de Registro E Instrumentos públicos Del
Municipio De Santo Domingo -Antioquia. [Se transcribe literalmente las pretensiones con
errores gramaticales y de sintaxis]

1.1.2. Fundamentos de hecho

La parte actora sostuvo que el 31 de agosto de 2013, que el Concejo Municipal de Santo
Domingo (Antioquia) emitió el Acuerdo núm. 020, por el cual se decidió declarar la utilidad
pública e interés social de unos bienes y facultó al alcalde de esa entidad territorial para que
«declare que existen las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía
administrativa de los derechos de propiedad, posesión y/o de mejoras sobre los predios que
revisados previamente se ajusten a las condiciones para adelantar proyectos de adecuación
de espacios físicos para la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre».

Señaló que el 12 de septiembre de 2014, el alcalde municipal expidió la Resolución núm.118
por la cual declaró las condiciones de urgencia para la adquisición de parte del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria núm. 026-2909 de la oficina de registro e instrumentos
públicos del Municipio de Santo Domingo (Antioquia). En ese acto administrativo se resolvió
lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar la existencia de condiciones de urgencia por razones
de utilidad pública e interés social para la adquisición, por parte del municipio de Santo
Domingo -Antioquia -, del derecho de propiedad y demás derechos reales sobre la parte
que más adelante se indicará del siguiente inmueble […]; que corresponde a la matrícula
inmobiliaria 026-2909, con un área aproximada de 24.839,47 hectáreas. […]

Parágrafo: La parte de este predio respecto a la cual se declara la urgencia para fines

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Radicado: 05001233300020150242901
Demandante: Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy
Demandado: Municipio de Santo Domingo (Antioquia)

expropiación, es la que corresponde a la conocida como cancha de futbol del municipio
de Santo Domingo. […] con un área aproximada de 20.000m².

Asimismo, que, el 21 de febrero de 2015, se expidió la Resolución núm. 023, por la cual se
dispuso la expropiación administrativa del bien con matrícula inmobiliaria núm. 026-2909.
En ese acto se resolvió:

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer la expropiación por vía administrativa del derecho de
propiedad y la posesión material que tienen y ejercen las siguientes personas:
Arismendy Arismendy Gabriel de Jesús, Valencia Alvarez Francisco Isaac, Valencia
Álvarez Janeth, Valencia Monsalve Carlos, Valencia Monsalve Hernando, Valencia
Monsalve Jorge, Valencia Álvarez Trinidad Patricia, Valencia Monsalve Ligia, Valencia
Monsalve Alonso, Valencia Monsalve Marta Elvia, sobre un inmueble ubicado en el
Municipio de Santo Domingo -Antioquia -Medellín, identificado con matrícula
inmobiliaria. N°026-2909 de la oficina de registro de instrumentos públicos del municipio
de Santo Domingo -Antioquia-, conforme al siguiente detalle:
[…]
El área total para expropiar equivale a 2 Has (20.000,0625 m²).

ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO: El precio del
inmueble requerido es de SESENTA Y UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M.L.
($61.700.000), conforme al avalúo comercial elaborado por avaluador inscrito en la Lonja
Colombiana de La Propiedad Raíz.

También que, el 4 de mayo de 2015, mediante la Resolución núm. 069 se derogó la
Resolución núm. 023 y resolvió lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer la expropiación por vía administrativa del derecho de
propiedad y la posesión material que tienen y ejercen las siguientes personas:
Arismendy Arismendy Gabriel de Jesús, Valencia Álvarez Francisco Isaac, Valencia
Álvarez Janeth, Valencia Monsalve Carlos, Valencia Monsalve Hernando, Valencia
Monsalve Jorge, Valencia Álvarez Trinidad Patricia, Valencia Monsalve Ligia, Valencia
Monsalve Alonso, Valencia Monsalve Marta Elvia, sobre un inmueble ubicado en el
Municipio de Santo Domingo -Antioquia -Medellín, identificado con matrícula
inmobiliaria. N°026-2909 de la oficina de registro de instrumentos públicos del municipio
de Santo Domingo -Antioquia-,
[…]
El área total a expropiar equivale a 2 Has (20.000,0625 m²).

ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO: El precio del
inmueble requerido es de SESENTA Y UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M.L.
($61.700.000), conforme al avalúo comercial elaborado por avaluador inscrito en la Lonja
Colombiana de La Propiedad Raíz.

El demandante señaló que contra esta última resolución interpuso recurso de reposición, el
cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 092 del 2 de junio de 2015, confirmando en
todas sus partes el acto recurrido.

El accionante sostuvo que la administración requirió un avalúo en 2012, en el cual se
manifestó que el área que se iba a expropiar del inmueble con matrícula inmobiliaria núm.
026-2909, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Municipio de Santo
Domingo -Antioquia-, era de apenas 12.253 metros cuadrados, y que en dicho avalúo cada
metro cuadrado tenía un valor de 4.120 pesos. Sin embargo, posteriormente la

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Demandante: Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy
Demandado: Municipio de Santo Domingo (Antioquia)

administración solicitó un nuevo avalúo en el que el área a expropiar incrementaba a 20.000
metros cuadrados y se le asignó un valor de apenas 3.085 pesos por metro cuadrado.

Además, se señaló que el Acuerdo núm. 20 de 2013 y la Resolución núm. 118 de 2014
sustentaron la decisión de expropiación en el artículo 65 de la Ley 388 de 1997, justificando
la misma para la renovación de la antigua cancha de fútbol del municipio. No obstante, en
la Resolución núm. 69 del 4 de mayo de 2014 se cambió arbitrariamente el fin de la
destinación del bien expropiado, señalando que el inmueble sería usado para la ejecución
de un proyecto de construcción de infraestructura social en el sector recreativo.

Finalmente, manifestó que la administración municipal incumplió, entre otros, el deber legal
consignado en el artículo 70 de la Ley 388 de 1997, respecto del pago inmediato por la
expropiación.

1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación

El demandante señaló que se violó la Convención Europea de derechos humanos, el
Pacto de San José y el artículo 58 de la Constitución Política.

El demandante indicó que la Resolución núm. 118 de 2014, en su numeral 6°, se limitó a
citar como fundamento los numerales 2 y 3 del artículo 65 de la Ley 388 de 1997, los
cuales establecen los criterios para determinar las condiciones de urgencia, sin explicar
las razones por las cuales la obra deportiva resulta inaplazable. Afirmó que no existen
circunstancias que permitan concluir la presencia de condiciones especiales de urgencia
para adelantar el proyecto de construcción de una cancha, máxime cuando el municipio
dispone de otros espacios deportivos y dicho escenario no ha sido necesario ni
indispensable para la práctica deportiva. Al respecto señaló:

Observe Señor Juez, que en la resolución No. 118 de 2014 numeral 6 se remite a
citar, como fundamento los numerales 2 y 3 del artículo 65 de la Ley 388 de 1997,
donde se señalan los criterio para determinar los condiciones que constituyen
urgencia, y no explica los motivo por los cuales es inaplazable dicha obra deportiva,
pues no existen los motivos por los cuales se pueda decir que se presentan
especiales condiciones de urgencia para adelantar el proyecto de la construcción de
cancha es inaplazable ni se desprenderían consecuencias lesivas para la comunidad
el que no se realice. Toda vez que en la municipalidad se cuenta con otros espacios
deportivos y este no ha sido ni necesario ni indispensable para adelantar las practica
deportivas, ya que como se dijo cuenta con otros espacios deportivos.

Expone que en el Acuerdo núm. 020 del 31 de agosto de 2013 se configura una violación
directa del artículo 63 de la Ley 388 de 1997, por falta de aplicación, ya que, pese a
tratarse de un acto de carácter general, debía estar debidamente motivado por expresa
disposición legal. Sostiene que el acto administrativo demandado se limita a señalar la
posibilidad jurídica de la expropiación por vía administrativa, sin motivar la existencia de
alguna de las situaciones especiales que la justifiquen en el caso concreto, esto es, no
hace referencia expresa a una condición que autorice la expropiación ni acredita la
existencia real, fáctica y verificable de alguna de dichas circunstancias.

Adicionalmente, argumenta que existe falta de motivación, por cuanto tanto el Acuerdo
núm. 020 de 2013 como la Resolución núm. 118 de 2014 carecen de fundamentos en su

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Demandante: Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy
Demandado: Municipio de Santo Domingo (Antioquia)

parte considerativa, a pesar de constituir una exigencia del artículo 63 de la Ley 388 de
1997. Según la parte demandante, se vulneró el principio de legalidad, en la medida en
que el Concejo Municipal otorgó facultades al alcalde para adelantar procesos de
expropiación por vía administrativa destinados a la ejecución de un proyecto deportivo,
pese a que dicha finalidad no se encuentra comprendida dentro de los supuestos de
urgencia previstos en el artículo 10 de la Ley 9 de 1989. Por el contrario, sostiene que la
norma excluye expresamente este tipo de proyectos de las hipótesis que habilitan el
ejercicio de la potestad expropiatoria por la vía administrativa.

Asimismo, aduce que la entidad demandada no cumplió a cabalidad con lo dispuesto por
el Concejo Municipal en el referido acuerdo, y que el alcalde municipal presentó un
proyecto solicitando facultades para expropiar un predio con unos argumentos y fines
determinados; sin embargo, mediante la Resolución núm. 069 del 4 de mayo de 2015, se
modificó arbitrariamente dicha finalidad, destinando el predio expropiado a la ejecución
de un proyecto de construcción de infraestructura social en el sector recreativo, con lo
cual excedió las facultades otorgadas por el Concejo Municipal. En ese sentido:

Que la finalidad corresponda a las señaladas en las letras a), b), c), d), e), h), j), k), I)
y m) del artículo 58 de la presente ley. Y el artículo 58 reza: Motivos de utilidad pública.
El artículo 10 de la Ley 9 de 1989, "Para efectos de decretar su expropiación y además
de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o
interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines SE
EXCLUYE DE EXPROCIACIÓN ADMISTRATIVA : f) Ejecución de proyectos de
ornato, turismo y deportes; razón por la cual la expropiación para este tipo de
proyectos deportivos, como se pretende en el numeral 10 de la resolución 023 del 21-
02-215, están excluidos tanto por la ley 388 de 1997, y que son estas las facultades
otorgadas por el Concejo municipal, razón por la cual se estaría violando el principio
de legalidad y el debido proceso, ya que constitucionalmente no está permitido que el
concejo municipal ni el alcalde municipal, pueda modificar este tipo de procedimiento
previsto en la ley.

1.1.5. Contestación de la demanda

El Municipio de Santo Domingo (Antioquia)2, se opuso a las pretensiones de la demanda,
en virtud de los siguientes argumentos:

En primer lugar, la parte demandada realizó una explicación donde realizó un recorrido
normativo y jurisprudencial respecto de la figura de la expropiación, con especial énfasis
en la apropiación administrativa.

Luego, expuso los actos administrativos que se expidieron en el proceso de expropiación
administrativa en el caso concreto. En este punto, manifestó que la Administración
Municipal expidió la Resolución núm. 069 del 4 de mayo de 2015, mediante la cual ordenó
la expropiación del inmueble de propiedad del actor y derogó la Resolución núm. 023 del
21 de febrero de 2015. Señaló que la citación para notificación fue enviada el 4 de mayo
de 2015, notificada el 6 del mismo mes y surtida el 12 de mayo, frente a lo cual interpuso
recurso de reposición, resuelto mediante la Resolución núm. 092 del 2 de junio de 2015,
que confirmó íntegramente el acto recurrido.

2 SAMAI, Índice 22, documento «CUADERNO TRIBUNAL 1», FL. 158.

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Demandado: Municipio de Santo Domingo (Antioquia)

Indicó que posteriormente se profirió la Resolución núm. 167 del 8 de septiembre de
2015, que complementó la Resolución núm. 069 en cuanto a la cancelación de la
inscripción de la oferta de compra. Finalmente, adujo que, en cumplimiento de la Ley 388
de 1997, se realizó el avalúo del bien mediante la contratación de un perito externo
debidamente calificado, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.

El demandado concluyó:

Como se ha podido observar, el procedimiento de enajenación voluntaria y/o
expropiación por vía administrativa realizado por el municipio de Santo Domingo se
ajustó a los parámetros establecidos en la norma que rige la materia, el avalúo fue
contratado con una persona externa a la Administración de las calidades suficientes
para emitir su concepto y con el ánimo de darle mayor transparencia al mismo, valga
reiterar, persona que goza de renombre en el sector por su profesionalidad al
momento de emitir conceptos como los aquí solicitados, lo que permite concluir que
en ningún momento se violó el debido proceso administrativo, ni se configuraron las
causales de desviación del poder y falsa motivación aducidas por la parte actora,
puesto que es claro en el sub-lite que la Administración todo lo realizó en atención a
las normas que rigen la materia.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 28 de junio de 2018, profirió
fallo de primera instancia, en el cual se resolvió lo siguiente:

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el señor GABRIEL
DE JESÚS ARISMENDY ARISMENDY en contra del MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO - ANTIOQUIA, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. SIN CONDENA en costas.

Para resolver la controversia el tribunal abordó el siguiente problema jurídico: «determinar
la legalidad de los actos administrativos demandados, por medio de los cuales se dispuso
la expropiación por vía administrativa de una parte del bien inmueble ubicado en el Municipio
de Santo Domingo - Antioquia de propiedad del demandante, identificado con el No de
matrícula 026-2909, en lo relativo al precio indemnizatorio; igualmente se analizarán
algunos aspectos a fin de determinar si en el proceso de expropiación, existió o no
desconocimiento del derecho al debido proceso del actor».

Con el fin de resolver dicho problema jurídico, el tribunal adelantó una explicación del marco
jurídico aplicable a la presente controversia, en especial hizo énfasis en el artículo 58
constitucional, y la Ley 388 de 1997. Luego realizó una descripción del proceso de
expropiación administrativa y finalmente enunció las normas que regulan lo correspondiente
a la elaboración de los avalúos necesarios para determinar el valor comercial de los bienes
inmuebles para su adquisición.

En la sentencia se hizo un especial énfasis en la diferencia que existe entre el precio de
adquisición y el precio indemnizatorio, exponiendo que el primero se refiere únicamente al

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valor del inmueble, mientras que el segundo incluye conceptos como el lucro cesante y el
daño emergente.

Respecto del caso concreto, el tribunal estudió cada uno de los reparos del demandante en
contra de los actos administrativos demandados. El primero de ellos, esto es, que la utilidad
pública alegada por la Administración Municipal no justificaba la expropiación por vía
administrativa, toda vez que el demandante sostenía que, según el literal f) del artículo 58
de la Ley 388 de 1997, estaba proscrita la finalidad de construir una cancha de fútbol para
acudir al mecanismo de expropiación administrativa.

Asimismo, el tribunal expuso que el Acuerdo núm. 020 del 31 de agosto de 2013 y la
Resolución núm. 118 del 12 de septiembre de 2014 dispusieron como finalidad de la
expropiación «lograr, a la mayor brevedad, la adecuación de espacios para la práctica del
deporte y el aprovechamiento del tiempo libre para que la población dominica», y que la
Resolución núm. 118 del 21 de septiembre de 2014 invocó como motivo de utilidad pública
el señalado en el literal a) de la Ley 388 de 1997; por lo tanto, consideró que no hubo un
cambio de destinación para el inmueble expropiado. Al respecto, el tribunal sostuvo lo
siguiente:

Al respecto, debe advertir la Sala que la construcción de una cancha de futbol si bien
hace relación a la práctica de un deporte, no la excluye de encontrarse en la ejecución
de un proyecto de construcción de infraestructura para recreación, tal y como lo dispone
el literal a) de dicho artículo, por lo que considera esta Corporación que la causal o el
motivo de utilidad pública invocado por la Administración Municipal en la Resolución
demandada, guarda coherencia con el fin para el que fue dispuesto el bien inmueble
objeto de expropiación. Así las cosas, el presente cargo no prospera.

El tribunal señaló que respecto de la Resolución núm. 118 de 2014 no emitiría
pronunciamiento alguno, toda vez que respecto a dicho acto administrativo evidenció que
operó el fenómeno de la caducidad. En ese sentido señaló:

Así las cosas, se observa a folio 52 la constancia de no conciliación extrajudicial, en
donde se evidencia que la parte actora elevó la solicitud el día 9 de febrero de 2015, es
decir, en término y faltando 2 días para que operara la caducidad; por lo que al haber
sido expedida la constancia el día 8 de mayo de 2015, la parte actora tenía hasta el 10
de mayo de 2015 para demandar dicho acto ante esta Jurisdicción; sin embargo, como
el 10 de mayo de dicho año fue domingo, tenía hasta día lunes 11 de mayo de 2015
para interponer la demanda, y de conformidad con el folio 21 del expediente, esta fue
presentada el 21 de septiembre de 2015, es decir cuando ya había operado la caducidad
para el acto administrativo en cuestión en lo que a los motivos de urgencia respecta.

Ahora bien, el a quo sostuvo que, en lo que respecta al Acuerdo núm. 020 del 31 de agosto
de 2013, dicho acto corresponde al instrumento mediante el cual se declaró de utilidad
pública e interés social el predio objeto de expropiación. En consecuencia, precisó que, al
no tratarse del acto administrativo por el cual se establecieron las condiciones de urgencia,
no le correspondía indicar los criterios para su declaratoria. Con fundamento en estas
consideraciones, concluyó que el segundo cargo formulado por la parte actora tampoco
estaba llamado a prosperar.

Respecto el tercer cargo, esto es que la administración municipal cambio la destinación del
bien, el tribunal señaló que, aunque en el proyecto No. 2012-05-690-M-041 la destinación

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del predio no se expresó en los mismos términos que en el acto de expropiación, ello no
evidenciaba un cambio en su uso, pues en ambos se contemplaba su destinación a un
proyecto recreativo, como la construcción de una cancha de fútbol, por lo que la diferencia
era meramente formal y no sustancial.

Respecto a la tardanza en el pago y la violación al artículo 70 de la Ley 388 de 1997, se
señaló lo siguiente:

Así las cosas, para la Sala es claro que si bien la Administración no canceló el valor
indemnizatorio dentro del tiempo estipulado para ello, no lo hizo actuando de mala fe,
puesto que a folio 251 del expediente, se evidencia un certificado de disponibilidad
presupuestal del 21 de febrero de 2015, por valor de $61.700.000, valor que concuerda
con el del avalúo realizado en el año 2014, y que deja ver entonces, que para la fecha
en que se profirió el auto por el Juzgado (15 de abril de 2015) y en ese orden de ideas,
para la fecha en que fue interpuesta la acción de tutela, la Administración Municipal ya
contaba con el dinero; por lo que el pago no se realizó en término, debido a la
interposición de una acción de tutela por parte del demandante y bajo circunstancias
que se escapaban de la órbita de la entidad demandada. Por lo anterior, para la Sala es
claro entonces que el cargo No. 4, tampoco está llamado a prosperar.

El a quo sostuvo que, frente al reparo por cambio en el área expropiada y al valor por metro
cuadrado entre los avalúos que realizó la administración, la parte actora no aportó dictamen
pericial que permitiera controvertirlos, de modo que no existía prueba en el expediente que
desvirtuara ni el precio fijado por el perito ni el área determinada para la expropiación.

Finalmente, sombre la alegada violación al debido proceso, el a quo señaló que «Sólo en
los casos en los cuales pasado un término máximo de tres (3) años contados a partir de la
fecha de inscripción de la decisión en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en
los cuales la entidad no haya utilizado el bien para fines de utilidad pública o interés social,
el titular podrá recuperar el bien expropiado».

Luego de lo expuesto, el tribunal concluyó:

La parte actora no adelantó la actividad probatoria tendiente a desvirtuar los avalúos
comerciales realizados sobre parte del terreno perteneciente al bien objeto de
expropiación. De igual forma no logró demostrar que la Administración Municipal violentó
su derecho al debido proceso administrativo o que dentro del proceso expropiatorio
hayan existido vicios que conllevaran a la anulación de los actos administrativos
demandados.

III.- DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora interpuso recurso de apelación3, en los siguientes términos:

En primer lugar, señaló que el Tribunal desconoció que respecto el Acuerdo núm. 20 del
31 de agosto de 2013 y la Resolución núm. 118 del 12 de septiembre de 2014, las
pruebas en el expediente dan cuenta de que no existía la necesidad de adelantar el
proyecto de la renovación de la cancha de fútbol, pues en el acervo probatorio hay

3 SAMAI, Índice 25, documento «CUADERNO TRIBUNAL 2», FL. 265 y siguientes.

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Demandado: Municipio de Santo Domingo (Antioquia)

testimonios que dan cuenta de que el municipio cuenta con otras canchas y escenarios
deportivos.

Asimismo, señaló que, de las pruebas, se desprende que los actos estaban viciados por
violación al principio de legalidad toda vez que el Concejo Municipal no estaba autorizado
por la ley para autorizar al alcalde para adelantar la expropiación administrativa. También
señaló que hubo una falsa de motivación porque los actos demandados no tuvieron
estudios previos.

Respecto a la caducidad, declarada por el Tribunal, la parte apelante sostuvo que esta
no existió, pues la Resolución núm. 118 del 12 de septiembre de 2014 fue
complementada por la Resolución núm. 55 del 14 de abril de 2015.

Respecto la falta de motivación de los actos demandados, el apelante señaló que existe
prueba documental que demuestra que la administración municipal no realizó estudios
previos para determinar la necesidad de la cancha; la decisión fue adoptada de manera
arbitraria por el alcalde, con fundamento en el Plan de Desarrollo Municipal 2012–2015,
el cual contemplaba la recuperación y adecuación de la cancha de fútbol debido a que la
existente no cumplía con las especificaciones requeridas, sin soportarlo.

Respecto la nulidad de la Resolución núm. 069 de mayo 4 de 2015, confirmada por la
Resolución núm. 092 del 2 de junio de 2015, señaló que el Tribunal se equivocó al no
encontrar probado que hubo un cambio en la destinación para la que se iba a utilizar el
inmueble expropiado. Además, sostuvo que lo que realmente ocurrió fue el
acondicionamiento de una cancha de futbol.

Respecto a la negativa de reconocerle el mayor valor por el predio expropiado, el apelante
señaló: «Dentro de la demanda se solicitó el pago del mayor valor y el despacho no lo
considero (sic) aun teniendo las pruebas pertinentes y conducentes por lo que se solicita
se pague a mi poderdante de acuerdo al avalúo de mayor valor y que reposa en el
expediente».

Además, sostuvo que el a quo se equivocó al no reconocer que de conformidad con el
artículo 70 de la Ley 388 de 1997, la administración municipal incumplió su deber legal,
dado que tanto la puesta a disposición como la consignación del valor indemnizatorio y
su notificación se realizaron por fuera de los términos establecidos.

Finalmente, señaló que el tribunal no decidió sobre la pretensión subsidiaria de la
demanda.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. Mediante providencias del 18 de diciembre de 20184 y 16 de octubre de 20205 se
admitió el recurso de apelación y se corrió traslado para alegar de conclusión,
respectivamente.

4 SAMAI, Índice 25, documento «CUADERNO CONSEJO DE ESTADO», FL. 4.
5 SAMAI, Índice 25, documento «CUADERNO CONSEJO DE ESTADO», FL. 11.

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4.2. Ninguna de las partes presentó alegatos de conclusión en segunda instancia.

4.3. Concepto del Ministerio Público

El procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado6 afirmó que no existían
elementos de juicio para declarar la nulidad de los actos administrativos que fueron objeto
de demanda, por lo que solicitó confirmar la sentencia proferida en primera instancia.
Conforme lo anterior, señaló:

De conformidad con los documentos allegados a la presente actuación, con las
consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría
Delegada no se demostró la ilegalidad de los actos administrativos atacados. Por lo tanto,
en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías
y de los derechos fundamentales, presenta su concepto SOLICITANDO LA
CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA.

El delegado del Ministerio Público sostuvo que, respecto del Acuerdo Municipal núm. 020
del 31 de agosto de 2013, operó la caducidad antes de que fuere elevada la demanda
por parte del accionante; por lo tanto, no debe ser objeto de censura en el presente
proceso.

Respecto del argumento consistente en que el predio expropiado fue destinado para
actividades deportivas, las cuales no están incluidas en el artículo 63 de la Ley 388 de
1997, el procurador señaló que la «finalidad de los referidos actos administrativos era la
de rehabilitar la cancha de fútbol ubicada en dicho predio para el uso deportivo y
recreacional de los habitantes del municipio»; por lo tanto, no se desbordó la Ley 388 de
1997, toda vez que esos escenarios sirven para múltiples propósitos, no solamente el
deportivo.

La Procuraduría indicó que los reparos consistentes en la indebida indemnización, por
haberse pagado al propietario del bien un valor inferior al valor comercial, no tienen
vocación de prosperidad, toda vez que la parte demandante no aportó ningún avalúo que
soporte un valor comercial distinto del predio al reconocido por las resoluciones
demandadas.

Finalmente, aseveró que en el trámite expropiatorio no se vulneró el debido proceso en
ninguna actuación.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA7 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024,

6 SAMAI, Índice 25, documento «CUADERNO CONSEJO DE ESTADO», FL. 45.
7 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO

DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas

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expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

5.2 Planteamiento del caso

El 21 de septiembre de 2015, en ejercicio del medio de control definido en el artículo 138
del CPACA, posteriormente adecuado a la acción especial contemplada en el artículo 71 de
la Ley 388 de 19978, el señor Gabriel de Jesús Arismendy Arismendy demandó los
siguientes actos administrativos:

1. El Acuerdo núm. 020 del 31 de agosto de 2013, «por medio del cual se declara de
utilidad pública e interés social un predio urbano y se faculta al alcalde municipal para
decretar la expropiación por vía administrativa», expedido por el Concejo Municipal de
Santo Domingo (Antioquia).
2. La Resolución núm. 118 del 2 de septiembre de 2014, «por la cual se declaran las
condiciones de urgencia para la adquisición de parte del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria núm. 026-2909 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos
del municipio de Santo Domingo (Antioquia), inmueble requerido para ejecutar el
proyecto de recreación en el municipio, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012-
2015 “Seguiremos Unidos por el Desarrollo Social Dominicano”», proferida por el alcalde
del municipio de Santo Domingo.
3. La Resolución núm. 069 del 4 de mayo de 2015, «por medio de la cual se dispone la
expropiación por vía administrativa de un bien inmueble y se dictan otras disposiciones»,
proferida por el alcalde del municipio de Santo Domingo.
4. La Resolución núm. 092 del 2 de junio de 2015, «por medio de la cual se resuelve un
recurso de reposición», proferida por el alcalde del municipio de Santo Domingo.

En primera instancia se negaron todas las pretensiones del demandante, esa parte
interpuso recurso de apelación y formuló los siguientes reparos frente al análisis efectuado
en la sentencia de primera instancia: respecto del estudio adelantado por el tribunal sobre
la legalidad del Acuerdo núm. 20 del 31 de agosto de 2013 y la Resolución núm. 118 del 12
de septiembre de 2014, señaló que no se tuvieron en cuenta los testimonios obrantes en el
proceso que demostraban que no existía una real urgencia que justificara la expropiación
administrativa; asimismo, indicó que no había operado la caducidad del medio de control
respecto de la Resolución núm. 118 del 12 de septiembre de 2014.

Por otro lado, respecto de la Resolución núm. 069 del 4 de mayo de 2015, señaló que el
tribunal se equivocó al no encontrar probado que hubo un cambio en la destinación para la
que se iba a utilizar el inmueble expropiado y que se desconoció que en el acervo probatorio
del proceso existían pruebas que acreditaban el mayor valor del inmueble. También
presentó reparo respecto del análisis del tribunal al no declarar la nulidad del proceso
expropiatorio, por incumplimiento del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, debido al pago
tardío de la indemnización por expropiación. Finalmente, indicó que el tribunal no se
pronunció sobre la pretensión subsidiaria.

en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. [Destaca la Sala]
8 SAMAI, Índice 22, documento «CUADERNO TRIBUNAL 2», FL. 214.

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Conforme los cargos formulados en el recurso de apelación por la parte actora, corresponde
a la Sala determinar si le asiste razón al demandante respecto de las deficiencias que afirma
presenta la sentencia de primera instancia.

No obstante, de manera previa a estudiar los reparos presentados por la accionante, y
debido a la naturaleza de los actos administrativos demandados, la Sala estudiará de oficio
la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones.
Posteriormente, se abordarán los siguientes puntos: i) el reparo consistente en la nulidad
por cambio en la destinación del inmueble expropiado; ii) el reparo relativo al mayor valor
comercial del bien inmueble expropiado; iii) el reparo relacionado con el incumplimiento del
artículo 70 de la Ley 388 de 1997, debido al pago tardío de la indemnización por
expropiación; y iv) el reparo por la supuesta omisión del a quo al no pronunciarse sobre la
pretensión subsidiaria.

5.3 Actos demandados

En el sub judice son cuestionados los siguientes actos administrativos:

• Acuerdo núm. 20 de 2013. Mediante este acto administrativo, el Concejo
Municipal de Santo Domingo (Antioquia) resolvió declarar de utilidad pública e interés
social el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 026-2909.

ACUERDO Nro. 020
POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS
SOCIAL UN PREDIO URBANO Y SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA
DECRETAR LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA. En uso de sus
atribuciones legales consagradas en el artículo 313 de nuestra Carta Constitucional y la
Ley 388 de 1997 y,
CONSIDERANDO:

Que la función social de la propiedad consagrada en nuestra Carta Magna, exige la toma
de decisiones urgentes en procura del mejoramiento de las condiciones de vida de la
población dominicana.

Que la expropiación puede ser definida como una operación de derecho público por la
cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del dominio privado al dominio
público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa
proceso que se podrá adelantar una vez se haya declarado un bien como de utilidad
pública e interés social y se haya propiciado una negociación directa.

Que es necesario disponer de mecanismos que permitan lograr a la mayor brevedad la
adecuación de espacios para la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo
libre para cue la población Dominicana hoy ocupados por particulares.

Para tal efecto es necesario disponer de medidas especiales de negociación directa de
expropiación que le permita al alcalde municipal adelantar los proyectos trazados en el
plan de desarrollo 2012-2015 “SEGUIREMOS unidos por el bienestar Dominicano”

RESUELVE:

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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar como de utilidad pública e interés social el siguiente
inmueble una finca situada en el Paraje El Edén del municipio de Santo Domingo con
los siguientes linderos de Domingo Duque; a encontrar lindero de Roberto Echeverry,
con éste a encontrar el lindero de propiedad de la Parroquia de Sarto Domingo; con
la parroquia a encontrar lindero de Alfonso Murillo y con éste a encontrar propiedad
de Francisco Hernández; y con éste a encontrar lindero Octavio Jaramillo y con éste
al lindero de don Pedro P. García en la Quebrada El Ávila; saliendo a camino que
conduce a San Roque, y vuelve a caer a la Quebrada El Ávila, quebrada abajo, a
encontrar el lindero de Luis Martin vereda el Eden, que corresponde a la matricula
inmobiliaria 025-2909, con un área aproximada de 24.6204 hectáreas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizase al señor Alcalde Municipal para que previas las
condiciones contempladas en la Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento territorial,
declare que existen las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía
administrativa de los derechos de propiedad, posesión y/o de mejoras sobre los
predios que revisados previamente se ajusten a las condiciones para adelantar
proyectos de adecuación de espacios físicos para la práctica del deporte y el
aprovechamiento del tiempo libre.

ARTÍCULO TERCERO: Sobre los lotes de terrenos cuya expropiación por vía
administrativa se autoriza, el municipio adelantará los proyectos de adecuación
espacios para la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.

ARTÍCULO CUARTO: La autorización para hacer la declaratoria de urgencia se
adelantará por el Alcalde Municipal, observando los criterios establecidos en el
artículo 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997 y demás normas existentes sobre
expropiación por vía administrativa.

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga aquellas normas que le sean contrarias, incluyendo el acuerdo
número 014 del año 2012.

• Resolución núm. 118 del 2 de septiembre de 2014. Mediante este acto
administrativo, el alcalde del municipio de Santo Domingo (Antioquia) declaró las
condiciones de urgencia para la adquisición parcial del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria núm. 026-2909.

Resolución No. 118
Fecha: Septiembre 12 de 2014

FOR LA CUAL SE DECLARAN LAS CONDICIONES DE URGENCIA PARA LA
ADQUISICIÓN DE PARTE DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA
INMOBILIARIA NO 026-2909 DE LA OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS
FÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO -ANTIOQUIA -, INMUEBLE
REQUERIDO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE RECREACIÓN EN EL
MUNICIPIO. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
"SEGUIREMOS UNIDOS POR EL DESARROLLO SOCIAL DOMINICANO"

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO-ANTIOQUIA - En uso de sus
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 58 de la
Constitución Nacional, y 56, 58. 63, 64, y 65 de la Ley 388 de 1997 y,

CONSIDERANDO

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Que el artículo 58 de la Constitución Política establece que podrá ordenarse la
expropiación por vía administrativa del derecho de propiedad sobre inmuebles o
zonas de terreno, cuando existan motivos de utilidad pública o de interés social en los
casos definidos por el legislador.

Que el inciso 1° del artículo 10° de la Ley 9a de mil novecientos ochenta y nueve
(1989), sustituido por el artículo 58 de la Ley 388 de mil novecientos noventa y siete
(1997), en su literal a), declara de utilidad pública o interés social la adquisición de
predios entre otros. para la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura
social en los sectores de la salud, educación, recreaciones centrales de abasto y
seguridad ciudadana".
[…]

7. Que para adelantar la expropiación administrativa para garantizar la ejecución de
los proyectos de recreación a cargo del municipio en cumplimiento del plan de
desarrollo 2012-2015: "LINEA ESTRATEGICA 01 "Seguiremos unidos por el
Desarrollo Social Dominicano" el municipio debe hacer la declaración de las
condiciones de urgencia.

8. Que la ejecución del proyecto de recreación se constituye en una actividad
prioritaria del plan de desarrollo 2012-2015: "LINEA ESTRATEGICA 01: "Seguiremos
unidos por el Desarrollo Social Dominicano", del municipio de Santo Domingo -
Antioquia-.

9. Que el plan de desarrollo 2012-2015: "LINEA ESTRATEGICA 01 Seguiremos
unidos por el Desarrollo Social Dominicano", en su línea estratégica: 7.1.4
COMPONENTE 4 - DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA Establece en
el Programa 2 - Infraestructura deportiva y recreativa
[…]

11. Que, por lo anterior, se hace necesario declarar las condiciones de urgencia para
la adquisición de parte del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No 026-
2909 de la oficina de registro e instrumentos públicos del municipio de Santo Domingo
– Antioquia -, el cual se encuentra ubicado en el área urbana del municipio.

12. Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar la existencia de condiciones de urgencia por razones
de utilidad pública e interés social para la adquisición, por parte del municipio de Santo
Domingo -Antioquia -, del derecho de propiedad y demás derechos reales sobre la
parte que más adelante se indicará del siguiente inmueble : Una finca situada en el
paraje el Edén del municipio de Santo Domingo con los siguientes linderos: Del lindero
de Domingo Duque a encontrar lindero de Roberto Echeverry, con este a encontrar el
lindero de propiedad de la parroquia de Santo Domingo; con la parroquia a encontrar
el lindero de Alfonso Murillo y con este a encontrar propiedad de Francisco
Hernández, y con este a encontrar lindero de Octavio Jaramillo y con este al lindero
de don Pedro P García en la quebrada el Ávila; saliendo al camino que conduce a
San Roque, y vuelve a caer a la quebrada el Ávila; quebrada abajo, a encontrar el
linero de Luis Martín aproximada de 24.839,47 hectáreas. Predio demarcado
catastralmente como, 690010000080000900000000 que corresponde al folio de
matrícula inmobiliaria No. 026-2909, predio situado en Zona rural ubicado en la vereda
Reyes, predio 09, según consta en la Ficha Predial Nro. 21500465.

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Parágrafo: La parte de este predio respecto a la cual se declara la urgencia para fines
expropiación, es la que corresponde a la conocida como cancha de futbol del
municipio de Santo Domingo. […] con un área aproximada de 20.000m².

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente declaratoria surtirá los efectos consagrados en
los artículos 63, 64 y siguientes de la Ley 388 de 1997 para permitir que el municipio
de Santo Domingo -Antioquia -, mediante acto administrativo, surta los trámites de
expropiación por vía administrativa a efectos de adelantar las actuaciones necesarias
para ejecutar el proyecto recreativo contemplado en el plan de desarrollo.

ARTICULO TERCERO: Esta declaratoria surtirá los efectos consagrados en el
artículo 63 de la Ley 388 de 1997, para permitir que el municipio, adelante los trámites
de expropiación por vía administrativa respecto del inmueble referido.

ARTICULO CUARTO: Efectuado el registro de la Resolución que ordena la
expropiación administrativa, se procederá a adelantar los trámites de la expropiación
en sede administrativa por parte del municipio, quien exigirá la entrega material de
dicho inmueble expropiado sin necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá
acudir a las autoridades de policía, si fuere necesario.

ARTICULO CUARTO: Efectuado el registro de la Resolución que ordena la
expropiación administrativa, se procederá a adelantar los trámites de la expropiación
en sede administrativa por parte del municipio, quien exigirá la entrega material de
dicho inmueble expropiado sin necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá
acudir a las autoridades de policía, si fuere necesario.

• Resolución núm. 069 del 4 de mayo de 2015. Mediante este acto administrativo, el
alcalde del municipio de Santo Domingo (Antioquia) dispuso la expropiación del
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 026-2909 de la Oficina de
Registro e Instrumentos Públicos del municipio de Santo Domingo (Antioquia) y derogó
la Resolución núm. 023 del 21 de febrero de 2015.

Resolución No. 069
Fecha: 04 de Mayo de 2015

POR MEDIO DE LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA DE UN BIEN INMUEBLE Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.

El Alcalde Municipal de Santo Domingo Antioquia, en uso de sus atribuciones
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el artículo 315 de la
Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO
[…]
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer la expropiación por vía administrativa del
derecho de propiedad y la posesión material que tienen y ejercen las siguientes
personas: Arismendy Arismendy Gabriel de Jesús, Valencia Alvarez Francisco
Isaac, Valencia Álvarez Janeth, Valencia Monsalve Carlos, Valencia Monsalve
Hernando, Valencia Monsalve Jorge, Valencia Álvarez Trinidad Patricia, Valencia
Monsalve Ligia, Valencia Monsalve Alonso, Valencia Monsalve Marta Elvia, sobre
un inmueble ubicado en el Municipio de Santo Domingo -Antioquia -Medellin,
identificado con matrícula inmobiliaria. N°026-2909 de la oficina de registro de

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instrumentos públicos del municipio de Santo Domingo -Antioquia-, conforme al
siguiente detalle del polígono:
[…]
y otros (en proceso de sucesión) en una longitud de 122,11 mL y desde el mojón
099 hasta el mojón 091 linda por el costado suroriental con el predio 009 propiedad
Gabriel Arismendy y otros (en proceso de sucesión) con una longitud de 131,72
mL, desde el mojón 091 hasta el mojón 076 linda por el sur con el predio 006
propiedad del señor Alfonso Ramírez con una longitud de 47,41 mL y, desde el
mojón 76 hasta el 41 por el costado suroccidental linda por la quebrada Las Nutrias
con el predio 001 propiedad del municipio de Santo Domingo-Antioquia en una
longitud de 115,95 mL. El área total por expropiar equivale a 2 Has (20.000,0625
m²).

ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO: El precio del
inmueble requerido es de SESENTA Y UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS
M.L. ($61.700.000), conforme al avalúo comercial elaborado por avaluador inscrito
en Lonja Colombiana de La Propiedad Raíz.

ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO. El valor del precio indemnizatorio
indicado en el artículo anterior será pagado por el MUNICIPIO de Santo Domingo
-Antioquia -, en los términos y condiciones establecidos en la ley.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Este pago se hará
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 116 de 2015.

ARTÍCULO QUINTO: DESTINACION: EI inmueble objeto de esta expropiación
será destinado para la ejecución de un proyecto de construcción de infraestructura
social en el sector recreativo.

ARTÍCULO SEXTO: Orden de inscripción: Una vez ejecutoriada la presente
Resolución, se le solicita a la señora Registradora de instrumentos Públicos del
municipio de Santo Domingo -Antioquia -, inscribir la expropiación ordenada por
este Acto Administrativo en el folio Matrícula Inmobiliaria para que se surtan los
efectos atinentes a la transferencia del dominio en cabeza del Municipio de Santo
Domingo -Antioquia -, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo
68 de la Ley 388 de 1997 y numeral 1 artículo 70 de la misma ley.

ARTÍCULO SÉPTIMO: ENTREGA MATERIAL: efectuado el registro de la presente
resolución, se exigirá la entrega del bien inmueble expropiado sin necesidad de
intervención judicial, para lo cual se podrá acudir al auxilio de las autoridades de
policía, si ello fuera necesario.

ARTÍCULO OCTAVO: DEROGATORIA. Derogar el contenido de la resolución N°
023 del 21 de febrero de 2015

• Resolución núm. 092 del 2 de junio de 2015. Mediante este acto administrativo, se
confirmó la Resolución núm. 069 del 4 de mayo de 2015, incluida la indemnización por
valor de sesenta y un millones setecientos mil pesos, reconocida con ocasión de la
expropiación del inmueble.

Resolución No. 092
Fecha: 2 de junio de 2015

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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA, en uso de sus
atribuciones legales y el especial las conferidas por la Constitución Política, la Ley
136 de 1994 y la Ley 388 de 1997, у,

CONSIDERANDO
[…]
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: No reponer el contenido de la resolución N° 069 del 04 de
mayo de 2015 por las razones expuestas en la pare motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar con base en el procedimiento establecido en la
Ley 1437 de 20°1 el contenido del presente acto al Sr. Gabriel Arismendy
Arismendy identificado con la cedula de ciudadanía N° 3.602 629.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de
expedición.

5.4 Análisis de la Sala

5.4.1. Sobre la indebida acumulación de pretensiones

La Sala advierte que la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA, tuvo por objeto la declaratoria de nulidad de los siguientes actos
administrativos:

El Acuerdo núm. 020 del 31 de agosto de 2013, «por medio del cual se declara de utilidad
pública e interés social un predio urbano y se faculta al alcalde municipal para decretar la
expropiación por vía administrativa», expedido por el Concejo Municipal de Santo Domingo
(Antioquia).

La Resolución núm. 118 del 2 de septiembre de 2014, «por la cual se declaran las
condiciones de urgencia para la adquisición de parte del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria núm. 026-2909 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos del
municipio de Santo Domingo (Antioquia), inmueble requerido para ejecutar el proyecto de
recreación en el municipio, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012-2015 “Seguiremos
Unidos por el Desarrollo Social Dominicano”», proferida por el alcalde del municipio de
Santo Domingo.

La Resolución núm. 069 del 4 de mayo de 2015, «por medio de la cual se dispone la
expropiación por vía administrativa de un bien inmueble y se dictan otras disposiciones»,
proferida por el alcalde del municipio de Santo Domingo.

La Resolución núm. 092 del 2 de junio de 2015, «por medio de la cual se resuelve un
recurso de reposición», proferida por el alcalde del municipio de Santo Domingo.

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Radicado: 05001233300020150242901
Demandante: Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy
Demandado: Municipio de Santo Domingo (Antioquia)

Pese a que la parte demandante acudió a la Jurisdicción Contencioso Administrativa en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, durante el trámite
de la primera instancia, mediante auto del 10 de mayo de 2016, la magistrada ponente
del Tribunal Administrativo de Antioquia adecuó el trámite procesal de la controversia, al
considerar que, en atención a la naturaleza de los actos administrativos demandados, el
proceso debía surtirse conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, y
no con arreglo a las reglas que rigen el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA. En ese sentido:

Revisado el expediente, previo a celebrar audiencia inicial, se advierte que el
Despacho dio el trámite inadecuado al proceso en curso, razón por la cual se requiere
adecuar el procedimiento, según las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. El señor GABRIEL DE JESÚS ARISMENDY GIRALDO instauró demanda por
intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el objeto de que
se declare la nulidad del Acuerdo N° 020 de 31 de agosto de 2013 por medio del cual
se declara de utilidad pública e interés social un predio urbano, de la Resolución N°
188 por la cual se declaran las condiciones de urgencia para la adquisición del bien y
la Resolución No 069 de 4 de mayo de 2015 por medio del cual se dispone la
expropiación por vía administrativa.

En consecuencia, pretende que se restablezca el derecho de propiedad sobre el bien
inmueble, efectuando la cancelación de la anotación en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, o en subsidio, pague un mayor valor por compensación.

2. En razón de la naturaleza del citado proceso, debe advertirse que son aplicables
las disposiciones consagradas en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, que establecen
un procedimiento especial, regulando la competencia, los requisitos de la demanda y
el trámite de estos asuntos.

En este sentido, contra las decisiones de expropiación administrativa procede una
acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y
restablecimiento del derecho, y no el procedimiento ordinario regulado en la Ley 1437
de 2011.

3. En el caso bajo análisis, advierte el Despacho que el procedimiento adelantado en
el caso bajo análisis fue el ordinario establecido en la Ley 1437 de 2011, mientras que
procedía la aplicación de la Ley 388 de 1997.

4. Con la expedición del Código General del Proceso se modificaron las causales de
nulidad, eliminándose aquella que consagraba el trámite por procedimiento diferente
al que corresponda. A partir de la expedición del Código General del Proceso,
aplicable por remisión del artículo 208 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, no es causal de nulidad que el proceso se haya
tramitado por un procedimiento distinto.

RESUELVE:

PRIMERO. ADECUAR el trámite del presente proceso al establecido en el artículo 71
de la Ley 388 de 1997.

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Radicado: 05001233300020150242901
Demandante: Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy
Demandado: Municipio de Santo Domingo (Antioquia)

Esa decisión no fue objeto de impugnación por ninguna de las partes. Por lo tanto, la
acción y el trámite procesal del sub judice es el especial contemplado en el artículo 71 de
la Ley 388 de 1997.

Ahora bien, teniendo claridad respecto del mecanismo procesal que guía la presente
controversia, la Sala encuentra que en el actual caso existe una indebida acumulación
de pretensiones, por las razones que se exponen a continuación.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los actos demandados, la Sala establece que tanto
la Resolución núm. 069 del 4 de mayo de 2015 como la Resolución núm. 092 del 2 de
junio de 2015 son susceptibles de control judicial por la acción especial contemplada en
el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.

No ocurre lo mismo respecto del Acuerdo núm. 020 del 31 de agosto de 2013 y de la
Resolución núm. 118 del 2 de septiembre de 2014, mediante los cuales, respectivamente,
se declaró la utilidad pública e interés social del predio expropiado y las condiciones de
urgencia para la adquisición del bien inmueble parcialmente expropiado, se pone de
presente que, antes de 2015, esta Sección no contaba con un criterio unificado en
relación con la posibilidad de someter a control judicial los actos administrativos mediante
los cuales se decretaba la utilidad pública de determinados inmuebles, se declaraban las
condiciones de urgencia y se establecían los motivos de utilidad pública dentro de un
proceso administrativo de expropiación.

No obstante, a partir de la Sentencia de Unificación del 11 de diciembre de 2015, proferida
dentro del radicado núm. 25000-23-24-000-2006-01002-01, dicha cuestión quedó
zanjada, al resolverse que tales actos sí son susceptibles de control judicial. Al respecto,
en la mencionada sentencia se señaló lo siguiente:

En conclusión, la Sala adopta los siguientes criterios en aras de unificar la
jurisprudencia:

• Todo procedimiento expropiatorio debe respetar el principio de legalidad como
expresión democrática del Estado Social de Derecho.
• No puede haber actos exentos de control judicial; se proscribe la inexistencia de
controles judiciales respecto de las actuaciones resultantes del ejercicio del poder
público en materia expropiatoria.
• Los actos que declaran los motivos de utilidad pública o de interés social crean
una situación jurídica particular y concreta; producen efectos jurídicos inmediatos y
directos respecto del administrado.
• La revisión judicial de los motivos de utilidad pública o de interés social se puede
hacer vía judicial a través del ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.
• La acción especial contencioso – administrativa también procede contra el acto
administrativo que decide la expropiación con el fin de “obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio
reconocido”, al tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.
Se hace énfasis que la decisión guarda relación con la expropiación administrativa
figura diferente a la expropiación judicial9. [Destaca la Sala]

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de Unificación del

11 de diciembre de 2015, Radicación núm.: 25000-23-24-000-2006-01002-01. MP: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

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Radicado: 05001233300020150242901
Demandante: Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy
Demandado: Municipio de Santo Domingo (Antioquia)

En sentencia posterior, esta Sección señaló que la naturaleza de los actos administrativos
mediante los cuales se decreta la utilidad pública y las condiciones de urgencia, en el
marco de un proceso de expropiación, corresponde a un acto administrativo de carácter
mixto. Por tanto, el medio de control que se ejerce respecto de estos actos depende de
la situación jurídica en la que se encuentre el actor frente al acto censurado, de la
pretensión formulada y de los cargos expuestos en la demanda para controvertir la
legalidad de la decisión administrativa. En ese sentido:

Resulta necesario puntualizar que el acto mediante el cual el ente territorial declara la
urgencia para la adquisición de inmuebles en el marco de un proceso de expropiación
es un acto mixto, en tanto produce efectos generales representados por los motivos
de interés general que se invocan para calificar un predio como de utilidad pública,
pero también provocan efectos particulares en la medida en que crean una situación
jurídica en relación con el derecho de propiedad que ostenta el particular sobre el
predio objeto de esa decisión.
[…]
También se ha indicado que el carácter mixto de este tipo de actos permite que sean
impugnables por medio de las acciones de nulidad simple o de nulidad y
restablecimiento del derecho, dependiendo de lo que se pretenda en cada caso. Así,
si lo que se busca es la desaparición de aquella parte que afecta de manera directa y
específica el inmueble de propiedad del demandante o la indemnización de perjuicios
la acción procedente será la de nulidad y restablecimiento del derecho; en tanto que
si lo perseguido es la desaparición de los efectos jurídicos del acto sin ninguna
referencia a un interés subjetivo entonces la procedente es la acción de simple
nulidad.
[…]
El control judicial entonces depende de la situación jurídica en la que se encuentre
el actor respecto del acto censurado, de la pretensión formulada y de los cargos
esbozados para controvertir la legalidad de la decisión, toda vez que se requiere
que en uno y otro caso se precisen de manera directa y detallada10. [Destaca la Sala]

En el presente caso, teniendo en cuenta la jurisprudencia citada y los criterios que esta
ha decantado para determinar qué medio de control procede en contra del acto
administrativo que decreta la utilidad pública y las condiciones de urgencia, se tiene que
el medio de control adecuado es el contemplado en el artículo 138 del CPACA.

Lo anterior, toda vez que, en relación con la situación jurídica del actor, se encuentra que
este es el directamente afectado por el Acuerdo núm. 020 del 31 de agosto de 2013 y la
Resolución núm. 118 del 2 de septiembre de 2014, y que, respecto de las pretensiones
formuladas, se observa que en la pretensión segunda de la demanda se señala que
«Como restablecimiento del derecho, se restablezca el derecho a la propiedad privada
sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 026-2909 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Santo Domingo - Antioquia».
Asimismo, en la pretensión subsidiaria se indicó: «se decrete y pague al demandante el
valor justo de acuerdo con las últimas transacciones del mercado por el Municipio de
Santo Domingo, por valor de $250.000.000, correspondiente al valor de sus derechos».

Sentencia del 11 de abril de 2024, Radicación núm.: 68001 23 31 000 2011 00025 02. MP: Nubia Margoth
Peña Garzón.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 14 de abril

de 2016, Radicación núm.: 05001233100020030010301. MP: Guillermo Vargas Ayala.

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Radicado: 05001233300020150242901
Demandante: Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy
Demandado: Municipio de Santo Domingo (Antioquia)

En consecuencia, se evidencia que el demandante buscaba la nulidad del acto
administrativo y el restablecimiento del derecho como consecuencia de dicha nulidad.

Ahora bien, teniendo claridad sobre las acciones y medios de control a los que son
susceptibles cada uno de los actos administrativos demandados, la Sala observa que la
demanda adolece de una indebida acumulación de pretensiones, toda vez que el proceso
contemplado en el artículo 138 del CPACA tiene un trámite procedimental distinto al
previsto en el artículo 71 de la Ley 388 de 199711.

Así las cosas, no se cumple con el numeral cuarto del artículo 165 del CPACA, conforme
al cual la acumulación de pretensiones exige que todas deban tramitarse por el mismo
procedimiento. En ese sentido, la norma señala: «en la demanda se podrán acumular las
pretensiones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho […] siempre que
sean conexas y concurran los siguientes requisitos: […] 4. Que todas deban tramitarse
por el mismo procedimiento».

Lo anterior, porque, como ya se mencionó, las normas procesales contempladas en el
artículo 71 de la Ley 388 de 1997 son distintas de aquellas que atañen al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Teniendo en cuenta que, en virtud del auto del 10 de mayo de 2016, el asunto bajo estudio
se tramita mediante la acción especial contemplada en el artículo 71 de la Ley 388 de
1997, la Sala se abstendrá de estudiar la pretensión tendiente a declarar la nulidad del
Acuerdo núm. 020 del 31 de agosto de 2013 y de la Resolución núm. 118 del 2 de
septiembre de 2014; en su lugar, declarará probada de oficio la excepción de inepta
demanda por indebida acumulación de pretensiones y se abstendrá de estudiar los
cargos que se encuentran relacionados con tales actos.

Bajo ese entendido, a continuación, se abordan únicamente los reparos dirigidos en
contra de la Resolución núm. 069 del 4 de mayo de 2015 y de la Resolución núm. 092
del 2 de junio de 2015.

5.4.2 Respecto del reparo consistente en la nulidad por cambio en la destinación del
inmueble expropiado

El demandante sostuvo que, en la Resolución núm. 069 del 4 de mayo de 2015, se
cambió arbitrariamente la destinación a la que iba a ser objeto el bien expropiado. Al
respecto, en la demanda sostuvo lo siguiente:

Según lo anterior El Alcalde presenta un proyecto de acuerdo solicitándole al honorable
concejo municipal le de facultades para proceder a expropiar un predio con unos
argumentos y en la resolución 069 de Mayo 04 de 2015; CAMBIA ARBITRARIAMENTE
TAL FIN Y TAL COMO LO EXPRESA EN EL ARTICULO 5º. LA DESTINACION: “El
inmueble objeto de esta expropiación será destinado para la ejecución de un proyecto
de Construcción de Infraestructura Social en el Sector recreativo" (mías las negrillas).;
por lo que se excede en las facultades dadas ya que no corresponden a las conferidas
toda vez que está cambiando la destinación.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 20 de marzo

de 2025, Radicación núm.: 05001233300020210151901. MP: Hernando Sánchez Sánchez.

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Radicado: 05001233300020150242901
Demandante: Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy
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Por su parte, La sentencia apelada analizó dicho reparo de la siguiente manera:

Observa la Sala que de la lectura del proyecto No. 2012-05-690-M-041 visible a folios
62 a 64, se puede determinar en los antecedentes del proyecto, que en el mismo "se
adelantarían las gestiones necesarias para legalizar el lote donde funcionó
antiguamente la cancha de futbol para habilitarla de nuevo, ya que la que funcionada
actualmente no cuenta con las especificaciones requeridas", y que a su vez, en la
Resolución No. 069 del 4 de mayo de 2015, por medio de la cual se dispuso expropiar
por vía administrativa el bien inmueble perteneciente al actor, se indicó en el artículo
quinto de la misma, que "e/ inmueble objeto de esta expropiación será destinado para la
ejecución de un proyecto de construcción de infraestructura social en el sector
recreativo".

Debe indicar esta Corporación, que si bien en el proyecto No. 2012-05-690-M-041 no se
indica en la misma forma, o en una forma textual la destinación como se hace en el acto
administrativo que dispuso expropiar, ello no quiere decir que haya existido un cambio
en la destinación del bien inmueble, puesto que se evidencia que en ambas se indicó
que el bien estaría destinado a habilitar una cancha de futbol, o un proyecto de
construcción en el sector recreativo. Considera la Sala que el hecho de no indicarse de
la misma forma la destinación de predio, ello no quiere decir que esta se haya cambiado,
puesto en el fondo, la destinación que se le daría o dará al bien para la construcción de
un espacio recreativo.

Así pues, frente al cargo tercero, debe señalar la Sala que no está llamado igualmente
a prosperar.

Contra dicho análisis, en su apelación el accionante sostuvo que el tribunal se equivocó
al desestimar ese reparo en su decisión al no haber adelantado un análisis correcto del
proceso expropiatorio.

Pues bien, para determinar si hubo un cambio de destinación del bien expropiado en la
Resolución núm. 069 del 4 de mayo de 2015, es necesario establecer si esta ignoró la
finalidad que le habían asignado los actos administrativos que la antecedieron en el
proceso de expropiación administrativa.

En ese sentido, el Acuerdo núm. 020 de 2013, expedido por el Concejo Municipal de
Santo Domingo (Antioquia), determinó la siguiente finalidad para el bien expropiado:

Para tal efecto es necesario disponer de medidas especiales de negociación directa de
expropiación que le permita al alcalde municipal adelantar los proyectos trazados en el
plan de desarrollo 2012-2015 “SEGUIREMOS unidos por el bienestar Dominicano” […]
Sobre los lotes de terrenos cuya expropiación por vía administrativa se autoriza, el
municipio adelantará los proyectos de adecuación de espacios para la práctica del
deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. [Destaca la Sala]

Por su parte, la Resolución núm. 118 del 2 de septiembre de 2014 previo esta destinación
para el bien expropiado: «Que para adelantar la expropiación administrativa para
garantizar la ejecución de los proyectos de recreación a cargo del municipio en
cumplimiento del plan de desarrollo 2012-2015: "LINEA ESTRATEGICA 01" Seguiremos
unidos por el Desarrollo Social Dominicano».

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Finalmente, la Resolución núm. 069 del 4 de mayo de 2015 determinó este propósito al
bien expropiado: « Que en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012-2015: "Seguiremos
unidos por el Bienestar Dominicano", en su línea estratégica 1-SEGUIREMOS UNIDOS
POR EL DESARROLLO SOCIAL DOMINICANO, componente 4-Deporte,[…] ARTÍCULO
QUINTO: DESTINACION: El inmueble objeto de esta expropiación será destinado para la
ejecución de un proyecto de construcción de infraestructura social en el sector recreativo. »

Así las cosas, de los apartados transcritos de los actos administrativos expedidos en el
marco del proceso de expropiación administrativa del inmueble identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria núm. 026-2909, la Sala advierte que todos ellos responden a
una misma finalidad: justificar la expropiación en función de la ejecución de un proyecto
de recreación a cargo del municipio, previsto en el plan de desarrollo «SEGUIREMOS
unidos por el bienestar Dominicano 2012-2015».

En ese contexto, se advierte una clara consistencia en la destinación atribuida al bien
inmueble objeto de expropiación a lo largo de los distintos actos que integraron el
procedimiento expropiatorio, la cual se mantuvo orientada a la ejecución del proyecto de
interés público previamente definido por la administración.

Por ello, la Sala comparte la conclusión alcanzada en primera instancia respecto de este
reparo del demandante y, en consecuencia, no hay lugar a revocar la decisión impugnada
en este punto.

5.4.3. Respecto del mayor valor comercial del bien inmueble expropiado

El accionante consideró que la indemnización reconocida por la expropiación parcial del
bien inmueble fue insuficiente, toda vez que se realizó un cálculo erróneo del valor por
metro cuadrado del mismo. Por su parte el tribunal concluyó lo siguiente sobre este cargo:

Ahora bien, es cierto que la Administración Municipal realizó dos avalúos del mismo
predio, uno en el año 2012 obrante a folios 81 a 87 del expediente, en el cual se
determinó como terreno a expropiar un área de 12.253 m2, calculando el valor del m2
en $4.120, para un total por indemnización de $ 50.482.360; y otro en el año 2014,
obrante a folios 144 a 149 del expediente, en donde se plasmó un área a expropiar
de 20.000 m2, calculando el valor del m2 en $3.085, lo cual arrojó un total de
$61.700.000; y que en efecto en ambos avalúos se indicó que se realizó el método
comparativo o de mercado, sin que exista dentro de los mismos referencia de otros
inmuebles sobre los cuales se hizo la comparación, no siendo claro así de donde se
determina el valor del m2, lo cual es exigido en la Resolución No. 620 del 23 de
septiembre de 2008, y fue puesto de presente en dos oportunidades por el actor, sin
que la Administración considerada necesario impugnar los avalúos frente al Agustín
Codazzi; sin embargo evidencia la Sala que la parte actora no allegó dictamen
pericial alguno con el cual pudiera controvertir lo señalado en dichos avalúos,
es decir, no allegó prueba con la cual la Sala pudiera determinar que en efecto
el precio del metro cuadrado determinado por el perito avaluador no era el
correcto o que el área a expropiar no era la indicada.

[…]

Bajo tales consideraciones, considera la Sala que el cargo No. 5 no está llamado a
prosperar.

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En su apelación el recurrente consideró que el tribunal se equivocó al no reconocer el
mayor valor, puesto que «el despacho no lo consideró aun teniendo las pruebas
pertinentes y conducentes por lo que se solicita se pague a mi poderdante de acuerdo
con el avalúo de mayor valor y que reposa en el expediente».

Sobre este punto, la Sala encuentra que el precio indemnizatorio establecido en la
Resolución núm. 069 del 4 de mayo de 2015 y confirmado en la Resolución núm. 092 del 2
de junio de 2015, es el mismo que el determinado por el avaluó oficial suscrito el 28 de abril
de 2014 por el señor Edgar de Jesús Tobón. En el mencionado avalúo se estableció el
precio del inmueble de la siguiente manera:

En este punto, resulta oportuno señalar que esta Sala ha sido constante en sostener que
el precio justo fijado en el acto administrativo de expropiación, en tanto se integra al
mismo acto que decide la expropiación administrativa, está amparado por la presunción
de legalidad de la que gozan los actos administrativos. Al respecto:

En todo caso, esta Sección también ha sostenido que el precio justo se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, al incorporarse el valor del avalúo oficial en el texto
de los actos que decretan la expropiación por vía administrativa.

Por lo tanto, es obligación de la parte demandante demostrar en el proceso judicial
los errores que le atribuya a dicho avalúo. En sentencia de 14 de septiembre de
2020, se expuso lo siguiente sobre el particular:

“[…] 5.2.3. [L]a Sala considera relevante precisar el alcance de la carga que
recae sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración; no basta entonces con que se argumente que

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los mismos no cumplieron con lo determinado en la norma para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo oficial. Resulta
indispensable que la parte demandante indique el defecto en que se ha
incurrido y cuál es el impacto en el precio que se ofreció por la
administración conforme las normas que regulan la materia […]”12.

En tal sentido, corresponde a la parte demandante asumir la carga de desvirtuar dicha
presunción mediante la aportación de elementos probatorios y argumentos técnicos
suficientes y debidamente sustentados.

Sobre esos requisitos, el demandante señaló que, dentro del acervo probatorio, obra un
avalúo de julio de 2012, suscrito también por el señor Edgar de Jesús Tobón, en el que
se efectuó un estudio del precio del mismo predio, aunque limitado a un área de 12.253
metros cuadrados, asignándosele un valor de $4.120 por metro cuadrado. En dicho
documento, el valor del inmueble se determinó de la siguiente manera:

Pues bien, la Sala advierte que el otro avalúo que reposa en el expediente, además de
que se realizó respecto un área distinta a la finalmente expropiada, se limita a proponer
valores distintos a los consignados en el avalúo oficial, sin justificar, de manera razonada
y técnicamente fundada, las supuestas falencias en las que habría incurrido el avalúo que
finalmente fue el tenido en cuenta para determinar el precio indemnizatorio. Por lo tanto,
no se satisface la debida carga probatoria que debía acometer el demandante para sacar
avante sus pretensiones. Así también lo ha considerado esta Sección en anteriores
oportunidades:

“[…] no es de recibo que los argumentos que sustentan la incorrección del
avalúo oficial, que fundamentaron la expedición de los actos administrativos
acusados, sean que al ser mayor el precio del avalúo comercial determinado en
los avalúos contratados por el demandante, ello resulte suficiente para decretar
la nulidad de los actos administrativos acusados.

Así discurrió la Sección, en la citada providencia:

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de marzo

de 2026, número único de radicación 25000-23-41-000-2016-00828-01. MP. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes, en la providencia se cita Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de septiembre
de 2020, radicación núm. 05001-2331-000-2007- 00419-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.

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Radicado: 05001233300020150242901
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“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más allá de controvertir o
desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo AV-466-07-36549-IDU realizado
por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá sobre el cual se sustentó la expedición de los
actos demandados, presentan características generales correspondientes a
cualquier avalúo; razón por la cual no le asiste razón al accionante cuando
indica que el a quo no tomó en cuenta estos avalúos, puesto que los mismos
no controvierten ni aportan pruebas sobre las cuales se pueda determinar
que el avalúo comercial realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá es
errado y no se encuentra ajustado a las normas sobre avalúos., valga decir,
no desvirtúa la presunción de legalidad que los cobija.

69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado ha indicado que
se presume la legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun
cuando en el informe técnico no se precisan las operaciones o la forma como
fueron calculados los valores correspondientes, por ello la parte demandante debe
aportar las pruebas para demostrar los errores de este. En este contexto, esta
Sección, mediante sentencia proferida el 6 de febrero de 2020, expuso lo
siguiente:

“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de los avalúos
comerciales practicados por las entidades legalmente autorizadas, a efectos de
fijar el valor de la indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido
que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las operaciones o la forma
como fueron calculados los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio
indemnizatorio, en la medida en que dicho precio hace parte del acto
administrativo mediante el cual se dispone la expropiación, se presume ajustado
o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde al interesado desvirtuar
tal presunción.

En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala, sobre el particular,
expresó lo siguiente:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo elaborado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno
principal, se anuncia que el precio del inmueble establecido por la
administración se determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el precio por
comparación de transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y localización entre
otros”, y aunque se asegura que “Se han consultado las estadísticas y
avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad
Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos efectuados
recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en ninguno de
los apartes de dicho documento ni en sus anexos se señalan cuáles
fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos
recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada
comparación, lo cual permite concluir que contra el justiprecio realizado por
esa dependencia municipal cabrían exactamente las mismas críticas que el
apoderado del Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada
información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de Catastro
Municipal también estaría desprovisto de argumentos técnicos y de
apoyo probatorio.

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Demandante: Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy
Demandado: Municipio de Santo Domingo (Antioquia)

No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el texto
de los actos administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y
de certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor
tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su incorrección13 […].” (la Sala
destaca) […]”

74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los argumentos que
sustentan la incorrección del avalúo realizado por la Lonja Inmobiliaria de
Bogotá D.C., y que sustentó la expedición de los actos administrativos
acusados, sea que no se indicó los inmuebles con los cuales se realizó la
comparación y que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el demandante, ello resulte
suficiente para decretar la nulidad parcial de estos [...].”14 (Destacado fuera
de texto).

Se concluye que, en el presente caso, la demandante no cumplió con la carga probatoria
que le correspondía para desvirtuar la presunción de legalidad del precio indemnizatorio.
En efecto, no identificó en su demanda ninguna inconsistencia técnica concreta del
avalúo oficial, ni aportó prueba pericial idónea que, además de asignar un mayor valor al
predio expropiado, explicara de manera razonada y con sustento técnico las supuestas
falencias en que habría incurrido la entidad expropiante al establecer dicho valor.

Por el contrario, su argumentación se limitó a poner de presente la existencia de un
avalúo previo elaborado por la administración que finalmente no fue tenido en cuenta
para efectos de fijar el precio indemnizatorio, sin desarrollar por qué esa prueba pericial
demostraba alguna inconsistencia en el avalúo oficial. En tales condiciones, no se
desvirtúa la validez del avalúo oficial ni la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos que lo incorporaron.

Por lo anterior, encuentra la Sala que no le asiste razón a la parte apelante respecto de
sus reparos sobre las conclusiones a las que arribó el tribunal en relación con el precio
indemnizatorio.

5.4.4. Del reparo relacionado con el incumplimiento del artículo 70 de la Ley 388 de
1997, debido al pago tardío de la indemnización por expropiación

En la demanda, la parte actora sostuvo que la administración desconoció lo dispuesto en
el artículo 70 de la Ley 388 de 1997, en tanto efectuó la consignación del valor de la
indemnización una vez vencido el término legal previsto para tal efecto.

Por su parte, el tribunal consideró que el cargo no tenía vocación de prosperidad porque
«sólo en los casos en los cuales pasado un término máximo de tres (3) años contados a
partir de la fecha de inscripción de la decisión en la Oficina de Registro de Instrumentos

13 Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-03509-

01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de

2025. Proceso núm.: 08001-23-31-000-2006-02656 -02; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Públicos, en los cuales la entidad no haya utilizado el bien para fines de utilidad pública
o interés social, el titular podrá recuperar el bien».

No obstante, lo expuesto por el a quo, en el escrito de apelación la parte demandante se
limitó a reproducir, en términos idénticos, los argumentos planteados en la demanda, sin
formular reparos concretos frente a la sentencia objeto de impugnación, tal como se
evidencia a continuación:

Pues bien, la Sala encuentra que la parte recurrente no formuló ningún motivo de
inconformidad respecto de los fundamentos de la providencia impugnada y se limitó a
reiterar de manera textual lo expuesto en la demanda. Por lo tanto, se tiene que no se
cumplió con la carga de sustentación del recurso de apelación exigida por el artículo 267
del CPACA y, se desconoció el objeto del recurso de apelación, el cual es, según el
artículo 320 del CGP: «El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine
la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión».

En el mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación:

Pues bien, encuentra la Sala que, tras examinar los fundamentos del fallo recurrido y
del recurso de apelación, dicha providencia debe confirmarse, como en efecto se
procederá en la parte resolutiva de esta sentencia, por cuanto el apelante no formula
ningún motivo de inconformidad respecto de los fundamentos del proveído
impugnado que permita a esta Corporación efectuar algún pronunciamiento; por el
contrario, lo que se observa es que limitó a indicar que se ratificaba en los cargos del
libelo introductorio.

En efecto, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 247 del CPACA, es menester
que el memorialista precise los motivos de inconformidad sobre el fallo, circunstancia
sin la cual el Juez de Segunda Instancia no puede entrar a hacer un estudio sobre el
fondo del asunto, pues se trata de una carga que le asiste al recurrente y que
constituye el lindero o el límite por medio del cual el superior puede dirimir el debate15.

Asimismo, en otra decisión esta Sala ha señalado:

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 2 de octubre

de 2025, Radicación núm.: 63001 23 33 000 2019 00216 01. MP: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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Demandado: Municipio de Santo Domingo (Antioquia)

En este sentido, es menester señalar que, la carga de sustentación que corresponde
cumplir a la parte recurrente, como bien se sabe, no se satisface con la simple
manifestación de disenso frente a la providencia recurrida, tampoco con la sola
solicitud de que se revoque para que, en su lugar, se acceda al reconocimiento de los
intereses de la parte inconforme o con la mera reiteración de las razones expuestas
en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o en la contestación,
pues, lo que la ley impone es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de
derecho que sirvieron de sustento a la providencia confutada en aquello que se
considere desfavorable, no solo porque la decisión sea contraria a los intereses de
quien la impugna, sino, porque exista en realidad, a su juicio, una o varias razones
por la que piense que lo resuelto en primera instancia no corresponde, en derecho, a
una decisión acertada16.

Por lo tanto, ante la falta de un reparo concreto en contra de la sentencia de primera
instancia y teniendo en cuenta el principio de justicia rogada que rige la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, la Sala no puede suplir las deficiencias del recurso de
apelación ni estudiar el cargo, pues no se sustentó ningún verdadero reparo en contra de
la sentencia recurrida.

En ese sentido, se encuentra que este reparo no está llamado a prosperar.

5.4.5. Del reparo por la supuesta omisión del a quo al no pronunciarse sobre la
pretensión subsidiaria

El apelante en la demanda presentó la siguiente pretensión subsidiaria:

PRETENCION (sic) SUBSIDIARIA; En caso de no prosperar la nulidad se decrete y
pague al demandante el valor justo de acuerdo a las ultimas transacciones del mercado,
por el Municipio de Santo Domingo, por valor de $250.000.000. Correspondiente al valor
de sus derechos.

En su recurso de apelación sostuvo que «el Juez de conocimiento no decidió sobre la
pretensión subsidiaria».

La Sala observa que este reparo carece de vocación de prosperidad, toda vez que en la
Sentencia del 28 de junio de 2018 el Tribunal de Antioquia sí se pronunció sobre la
pretensión subsidiaria de la siguiente manera:

Ahora bien, en lo que respecta a la pretensión subsidiaria, esto es, a determinar que el
precio justo por el bien expropiado asciende a la suma de $ 250.000.000, debe reiterar
la Sala, que dicha petición tampoco está llamada a prosperar en tanto la parte actora no
allegó dictamen pericial con el cual pudiera probar que en efecto el valor del bien era el
señalado por él y no el indicado por el perito contratado por la Administración.

Bajo ese entendido, además de no ser cierto que el a quo no se hubiere pronunciado
sobre la pretensión subsidiaria, esta Sala encuentra, al igual que el tribunal, que la misma
no estaba llamada a prosperar, dado que el demandante no probó el mayor valor del

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 5 de marzo

de 2026, Radicación núm.: 5000232400020110046303. MP: Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicado: 05001233300020150242901
Demandante: Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy
Demandado: Municipio de Santo Domingo (Antioquia)

inmueble expropiado, presupuesto indispensable para acceder a lo pretendido en dicha
pretensión.

Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados por la parte
demandante en el recurso de apelación desvirtúa la presunción de legalidad que ampara
los actos administrativos acusados, toda vez que en el plenario no se encuentran
elementos probatorios que demuestren la incorrección del avalúo oficial que sirvió de
sustento para la fijación del precio indemnizatorio reconocido y pagado a los actores, ni
del trámite de expropiación administrativa, ni de la sentencia proferida por el a quo.

Con todo, la Sala modificará la sentencia apelada en el sentido de declarar probada de
oficio la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, como
atrás quedó dicho, para, en consecuencia, inhibirse para pronunciarse de fondo respecto
del Acuerdo núm. 020 del 31 de agosto de 2013 y la Resolución núm. 118 del 12 de
septiembre de 2014. En lo demás, el fallo de primera instancia será confirmado en cuanto
negó las demás pretensiones de la demanda.

5.5. Condena en costas

En esta instancia la Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 28 de junio de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, la cual quedará de la siguiente forma:

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de inepta demanda por
indebida acumulación de pretensiones y, en consecuencia, INHIBIRSE para
pronunciarse de fondo respecto del Acuerdo núm. 020 del 31 de agosto de 2013 y la
Resolución núm. 118 del 12 de septiembre de 2014, conforme con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda instaurada por el señor
Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy en contra del Municipio de Santo Domingo
(Antioquia), conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Demandante: Gabriel De Jesús Arismendy Arismendy
Demandado: Municipio de Santo Domingo (Antioquia)

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 3 de
julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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