Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2021-01519-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2021-01519-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2021-01519-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2021-01519-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71
de la Ley 388 de 18 de julio de 19971
Número único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
Demandados: Municipio de Medellín y Empresa de Desarrollo Urbano -EDU2
Asunto: Indebida acumulación de actos administrativos de modificación de registro
catastral. Daño emergente incluye el valor indemnizatorio- Carga de la prueba
respecto de la incorrección del precio indemnizatorio. Reiteración Jurisprudencial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 5 de junio de 2023 por la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Luis Germán Salazar Gutiérrez3, en adelante la parte demandante, presentó
demanda contra el municipio de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU,
1 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
2 Cfr. Índice 1 Samai.
3 Por intermedio de apoderado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción especial contencioso
administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 19974.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“1) Que se declare la nulidad de las resoluciones números SEC- 202150003092 de
fecha 20 de enero de 2021, en la cual deciden expropiar el apartamento 302,
ubicado en la calle 50 No. 81-07, por el valor catastral, y la resolución número SEC-
202150022257, del 24 de febrero de 2021, que resuelve el recurso de reposición, y
resolución 7153 del 08 de julio de 2019 la cual desconoció derechos otorgados
mediante la resolución 15802 del 28 de septiembre de 2018.
2) Como consecuencia de la declaración anterior y a título de establecimiento del
derecho, se condene a las entidades demandadas a reconocer y pagar al señor
LUIS GERMÁN SALAZAR GUTIÉRREZ, el valor comercial del apartamento 302
ubicado en la calle 50 No. 81-07, contenido en el avalúo corporativo realizado por la
empresa lonja métrica.
3) Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del
derecho, se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar el daño
emergente, lucro cesante, de conformidad con lo señalado en la ley 1682 de 2013
artículo 37.
4) Como consecuencia de lo anterior se declare la pérdida de fuerza de ejecutoria
del avalúo corporativo de fecha 19 de julio de 2018, teniendo en cuenta que el mismo
tiene una vigencia de un año [sic].”5
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones6:
3.1. El municipio de Medellín, mediante el Decreto 1189 de 9 de agosto de 2016,
“anunci[ó] el proyecto del Corredor urbano de Transporte de la Avenida 80 y se
dictan otras disposiciones”, en el que se estableció que todas las propiedades
ubicadas dentro del ámbito de acción de este serían objeto de expropiación.
3.2. El municipio de Medellín celebró con la Empresa de Desarrollo Urbano el
contrato interadministrativo núm. 4600077225 de 2018, cuyo objeto era “[…]
4 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
5 Samai del Tribunal, archivo “8_DEMANDA APTO 302R.PDF”, página 3.
6 Samai del Tribunal, archivo “8_DEMANDA APTO 302R.PDF”, páginas 4 a 9.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
culminar las actividades inherentes a la adquisición de los predios y mejoras para
los intercambios viales del proyecto Corredor de la Avenida 80”.
3.3. Señaló que a pesar de haber sido anunciado el proyecto por parte de la alcaldía
de Medellín, este “nunca se socializó con la comunidad, solo en el año 2018,
llegaron a las viviendas a realizar los estudios socioeconómicos, pero nunca una
socialización como la que definió la Honorable Corte Constitucional, en donde
señaló que era obligación del estado realizar la socialización del proyecto donde se
llevarán a cabo las expropiaciones de los bienes inmuebles que componen ese
corredor vial, con la ciudadanía que sufriría los perjuicios en su entorno”.
3.4. La parte demandada, mediante la Resolución número 15802 de 28 de
septiembre de 2018, “se reconoce, que los pisos 4 y 5 [del inmueble ubicado en la
calle 50 No. 81-07], que tenían licencia de construcción, y que solo hacía falta las
escrituras, serían anexadas a los apartamentos 301, y 302 [este último de propiedad
del demandante e identificado con folio de matrícula inmobiliaria núm. 5187411], así
mismo que se reconocieron como bodegas los parqueaderos que venían
funcionando anexos a la ferretería el sótano, desde hace más de 20 años (sic)”.
3.5. La decisión anterior fue revocada unilateralmente, mediante la Resolución núm.
7153 de 8 de julio de 2019, con lo cual, a juicio de la parte demandante, se
desconocieron los derechos adquiridos de los propietarios, el principio de confianza
legítima y el artículo 97 de la Ley 1437.
3.6. La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, el 19 de julio de 2019, realizó el avalúo
corporativo núm. LPRV-IAV-1151-2019, en el cual se fijó el precio de compra del
apartamento 302, sin tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1682
de 2013, que establece los criterios para la valoración justa de los inmuebles en
procesos de expropiación.
3.7. El municipio de Medellín, mediante la Resolución núm. SEC-201950002285 de
15 de enero de 2020, realizó una oferta de compra que solo tuvo en cuenta 110.82
m² construidos, ignorando los 246.98 m² reconocidos en la Resolución núm. 15802
de 2018.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
3.8. Una vez notificada la oferta de compra, interpuso los recursos correspondientes
y presentó un avalúo comercial para que se modificara la oferta, en la medida que
esta no reflejaba el valor comercial del inmueble.
3.9. El municipio de Medellín, el 14 de diciembre de 2020 notificó la negativa a
modificar la oferta de compra, por lo cual, realizó un nuevo avalúo con la
empresa Lonja Métrica, por cuanto “NO se han Nivelado al Valor Comercial Justo”
(sic), el cual tampoco fue considerado por la parte demandada para modificar la
oferta de compra.
3.10. El municipio de Medellín, el 20 de enero de 2021, expidió la Resolución núm.
SEC-202150003092, mediante la cual expropió el apartamento 302 ubicado en la
calle 50 núm. 81-07 por el valor catastral y no el comercial, desconociendo lo
previsto en el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013.
3.11. La parte demandante interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de
manera desfavorable mediante la Resolución núm. SEC-202150022257 de 24 de
febrero de 2021.
3.12. La parte demandante reprocha que, durante el proceso de expropiación, el
municipio de Medellín incrementó el estrato de la propiedad del 4 al 5, lo que generó
“que el valor del inmueble se aumente a favor del Municipio, y ello se puede convertir
en un enriquecimiento sin causa para el municipio de Medellín, al adquirir un bien a
bajo costo para posterior cobrar impuesto predial en estrato 5”. Asimismo, sufrió un
detrimento patrimonial, ya que lo pagado por el inmueble fue un 50% inferior al valor
comercial de otras propiedades similares. Además, “no se trata de enriquecerse es
encontrar un precio justo”.
Normas violadas
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículos 13 y 58 de la Constitución Política.
• Artículo 1613 del Código Civil.
• Artículo 60 de la Ley 388 de 18 de julio de 19977.
7 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
• Artículo 18 de la Ley 56 de 1.° de septiembre de 19818.
• Artículos 26 y 27 de la Ley 9 de 11 de enero de 19899.
• Artículos 61, 62 y 67 de la Ley 388 de 18 de julio de 199710.
• Artículos 283, 399 y 626 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201211.
• Artículos 23 y 37 de la Ley 1682 de 22 de noviembre 201312.
• Artículos 2, 3, 21 y 24 del Decreto 1420 de 24 de julio de 199813.
• Artículos 2, 3, 8, 9, 10, 17 y 18 de la Resolución 0898 de 19 de agosto de
2014 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC14.
• Resolución 1044 de 29 de septiembre de 2014 del IGAC15.
• Resolución 0316 de 18 de marzo de 2015 del IGAC16.
Concepto de violación
5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la
violación, así:
Desconocimiento de normas en las que los actos acusados debían fundarse
5.1. El artículo 58 de la Constitución Política establece que en todo proceso de
expropiación debe mediar una indemnización previa, reconociendo los derechos
adquiridos conforme a las leyes civiles.
5.2. El artículo 37 de la Ley 1682 de 201317, modificado por la Ley 1742 de 2014,
establece que el precio de adquisición en la etapa de enajenación voluntaria o de
8 “Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica, y acueductos, sistemas de regadío
y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras.”
9
“por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y
se dictan otras disposiciones”.
10 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
11 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
12 “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se
conceden facultades extraordinarias”.
13 “por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley
2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del
Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.”
14 “Por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración
de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682
de 2013”.
15 “Por medio de la cual se modifica parcialmente y se adiciona la Resolución 898 del 2014 que fija normas,
métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales requeridos en los
proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013”.
16 “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 898 de 2014 que fija normas, métodos,
parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos
de infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013”.
17 “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se
conceden facultades extraordinarias”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
expropiación debe basarse en el valor comercial determinado por el IGAC o peritos
privados inscritos. Este valor debe incluir:
• Daño emergente: Valor del inmueble.
• Lucro cesante: Rendimientos reales del inmueble hasta por seis (6) meses.
• La fórmula aplicable es: PA = VCI (Valor Comercial del Inmueble) + DE
(Daño Emergente) + Lucro Cesante.
5.3. La expropiación administrativa realizada por el municipio de Medellín no aplicó
la fórmula anterior, la cual debe ser empleada independientemente de la naturaleza
judicial o administrativa del proceso expropiatorio.
5.4. La omisión ha ocasionado un detrimento en el patrimonio de la parte
demandante al no considerar la Resolución núm. 15802 de 2018 “en donde se
observa que el apartamento sería de 246,98 metros cuadrados, con el anexo del
apartamento 401, teniendo que tenía su licencia de construcción y que solo hacía
falta la escritura pública” (sic).
5.5. La parte demandante pone de presente jurisprudencia tanto de la Corte
Constitucional18 como del Consejo de Estado19 establecen que la expropiación debe
garantizar una indemnización justa, previa y proporcional, con inclusión del daño
emergente y el lucro cesante, dentro de un procedimiento especial con intervención
de peritos calificados; además, en este proceso se debe cumplir con el principio de
legalidad, estar sujeto a control judicial, garantizar el derecho a la indemnización y
la revisión de los motivos de utilidad pública o interés social.
Contestación de la demanda
6. El municipio de Medellín20 contestó la demanda, y se opuso a las pretensiones
de la parte demandante21, así:
6.1. Después de realizar un recuento de los hechos aclaró que la Resolución núm.
15802 de 28 de septiembre de 2018, expedida de manera oficiosa en virtud de la
Ley 14 de 1983, modificó la inscripción catastral de un predio. Sin embargo, fue
18 Corte Constitucional, sentencias C-153-94, T-638-11 y C-750-15.
19 Consejo Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de unificación del 11 de
diciembre del 2015, radicado: 25000-23-24-000-2006-01002-01.
20 Por medio de apoderado.
21 Samai del Tribunal, archivo “6_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_05-10-202 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
revocada por la Resolución núm. 7153 de 8 de julio de 2019 debido a errores en la
inclusión de “zona de circulación y parqueaderos comunes” en el cálculo del área
construida.
6.2. Adujo que el Decreto 1189 de 2016 fue debidamente publicado, cumpliendo
con el requisito de publicidad previsto en la Ley 1437. Además, por medio de las
actas de las reuniones se puede evidenciar que el proyecto fue socializado con la
comunidad, contradiciendo la afirmación de la parte demandante.
6.3. La Lonja de Medellín y Antioquia realizó un avalúo comercial del inmueble en
cuestión, utilizando el método comparativo de mercado. Este avalúo sirvió de base
para la oferta de compra a Luis Germán Salazar Gutiérrez, propietario del inmueble.
6.4. El municipio de Medellín hizo una oferta de compra basada en el avalúo
realizado. La parte demandante presentó un avalúo alternativo realizado por la
Lonja Métrica, pero la Lonja de Medellín y Antioquia se ratificó en su avalúo original,
argumentando que no había fundamentos técnicos para modificarlo.
6.5. Al no llegar a un acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, procedió a la
expropiación por vía administrativa, aplicando el artículo 6.º de la Ley 1742, que
establece que el pago del predio se realizará teniendo en cuenta el avalúo catastral
y la indemnización calculada al momento de la oferta de compra.
6.6. En la Resolución núm. SEC-202150003092 del 20 de enero de 2021, el
municipio de Medellín reconoció y pagó al demandante: i) $105’707.000 por el valor
del inmueble; ii) $5’194.200 por daño emergente (incluyendo desconexión de
servicios públicos, impuesto predial y trámites legales); y iii) $4’136.700 por lucro
cesante (pérdida de utilidad por contratos dependientes del inmueble).
7. La Empresa de Desarrollo Urbano22 contestó la demanda, y se opuso a las
pretensiones de la parte demandante23, para el efecto reiteró los argumentos
expuestos por el municipio de Medellín en la contestación de la demanda, así:
22 Por intermedio de apoderado.
23 Samai del Tribunal, archivo “18-10-2021 CONTESTACION DEMANDA APODERADO DE LA EDU […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
7.1. Se efectuó un avalúo del predio de la parte demandante utilizando el método
comparativo o de mercado, basado en tres transacciones de inmuebles similares en
el mismo sector.
7.2. Respecto al avalúo presentado por la Lonja Métrica, se respondió que no había
argumentos para revisar el valor emitido, comoquiera que dicho avalúo no detallaba
de manera técnica y fundamentada la metodología, procedimiento o cálculos
utilizados.
7.3. Los cambios en la estratificación y avalúo catastral son competencia exclusiva
del municipio de Medellín y las actuaciones de la EDU se ajustaron a derecho,
siguiendo los lineamientos del artículo 6 de la Ley 1742 de 2014.
7.4. Adicionalmente, propuso las excepciones: i) presunción de legalidad de los
actos administrativos; ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; iii) falta de
causa para pedir; y iv) buena fe.
Llamamientos en garantía
8. El municipio de Medellín, el 5 de octubre de 202124 solicitó llamar en garantía a
la Empresa de Desarrollo Urbano, en virtud del contrato interadministrativo suscrito
para la adquisición de los predios y mejoras para la ejecución del proyecto de
corredor de la Avenida 80.
9. La Empresa de Desarrollo Urbano, el 6 de octubre de 202125, solicitó llamar en
garantía a la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, al
considerar que, en cumplimiento del contrato núm. 3302-763 de 2018 para la
realización de avalúos corporativos y cálculo de compensaciones económicas, esta
realizó el avalúo comercial del inmueble objeto de controversia.
10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 15 de octubre de
202126, admitió los llamamientos en garantía de la Empresa de Desarrollo Urbano
y de la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, por cuanto
podrían, eventualmente, exigirles la reparación de los perjuicios.
24 Samai del Tribunal, archivo “15,19.2021 - MUNICIPIO DE MEDELLIN ALLEGA CONTESTACION A LA
DEMANDA […]”.
25 Samai del Tribunal, archivo “12_LLAMAMIENTO LONJA”.
26 Samai del Tribunal, archivo “19_AUTOADMITELLAMAMIENTOENGARANTIA”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
11. Por un lado, la Empresa de Desarrollo Urbano27 presentó oposición al
llamamiento, argumentando que cumplió con las obligaciones establecidas en el
contrato interadministrativo núm. 4600077225 de 2018, relacionado con la
adquisición de predios para el proyecto del Corredor de la Avenida 80. Además, el
pago del justo precio que se determinara en una eventual sentencia condenatoria
debe ser asumido por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y
Antioquia, con la que suscribió el contrato núm. 3302-763 de 2018 para la
realización de avalúos corporativos y cálculo de compensaciones económicas, que
incluía una cláusula de indemnidad.
12. Por el otro, la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia se
opuso a las pretensiones de la parte demandante, al considerar lo siguiente:
13.1. La Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia limitó a la
elaboración de avalúos para la etapa de enajenación voluntaria, sin participar en el
acto administrativo de expropiación. Adicionalmente, emitió el avalúo corporativo
núm. LPRV-IAV-1151-2019 de 19 de julio de 2019, ajustándose a las resoluciones
del IGAC, e incluyó en el avalúo conceptos como notariado, registro, impuesto
predial, traslado de muebles, entre otros.
13.2. Respecto al área construida del inmueble en controversia, se basó en el
informe GT-2910 de 16 de julio de 2019, que indicaba un área de 110.82 m².
13.3. Por último, propuso las excepciones que denominó i) inexistencia del nexo
causal; ii) ausencia de causa para pedir; y iii) falta de legitimación por pasiva.
Sentencia apelada
13. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia proferida el 5 de junio de 202328, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARA PROBADA DE OFICIO la excepción de ineptitud de la
demanda por indebida acumulación de pretensiones, en relación con el acto
administrativo demandado contenido en la Resolución N° 7153 del 8 de julio de 2019,
de conformidad con los argumentos expuestos en esta decisión.
27 Cfr. Samai del Tribunal, archivo “30_10-11-2021 EDU ALLEGA CONTESTACIÓN LLAMAMIENTO EN
GARANTIA […]”.
28 Cfr. Samai del Tribunal, archivo “73_SENTENCIA”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme los argumentos
expuestos en la parte motiva de esta decisión.
TERCERO: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del
Proceso, se condena en costas de primera instancia a la parte demandante, las
cuales serán liquidadas por la Secretaría de la Corporación.
Las agencias en derecho se fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido, esto
es la diferencia entre el avalúo comercial de la Lonja Métrica ($273.625.000) y el valor
reconocido por la entidad ($105.707.000), de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura. […]”
Consideraciones del Tribunal
14. Respecto del acto acusado contenido en la Resolución núm. 7153 de 8 de julio
de 2019, por medio de la cual se resolvió la revocatoria directa de la Resolución
núm. 15802 de 2018 a través de la cual se había modificado una inscripción catastral
“no resulta susceptible de enjuiciamiento a través de la acción especial de
expropiación, en primer lugar por cuanto se repite, la misma está dirigida
únicamente a cuestionar la legalidad del acto que decide sobre la expropiación; y
en segundo lugar, por cuanto el mismo a pesar de versar sobre un aspecto que
incide en la determinación del precio a cancelar por concepto de la indemnización,
de modo alguno puede tenerse como constitutivo de un acto complejo con aquel”.
15. Conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 14 de 1983 el municipio de
Medellín realizó “la actualización y modificación de las inscripciones de unos bienes
ubicados en el área de influencia del proyecto denominado “Corredor Vial Avenida
80”, sin que ello quiera decir que dicha actualización se realizó únicamente para
efectos, de la determinación de las decisiones que en el marco de la expropiación
administrativa habrán de tomarse, sino que además, dicha actualización habrá de
impactar en general todas las acciones, gravámenes y derechos que sobre los
inmuebles recaen”.
16. Aunque la Resolución núm. 7153 de 8 de julio de 2019 configuró una situación
particular contra la parte demandante, esta era susceptible de ser cuestionada por
vía administrativa a través de los recursos de reposición y apelación o bien por vía
judicial, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
pero no bajo la acción especial que aquí se somete a consideración.
17. Por lo anterior, declaró probada de oficio la excepción de ineptitud de la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
demanda por indebida acumulación de pretensiones respecto de la Resolución núm.
7153 de 8 de julio de 2019.
18. Ahora, en cuanto a las Resoluciones núm. SEC-202150003092 de 20 de enero
y SEC-202150022257 de 24 de febrero de 2021, que también fueron objeto de
demanda, por medio de los cuales se expropió el apartamento 302 ubicado en la
Calle 50 núm. 81-07, el Tribunal Administrativo de Antioquia encontró probado que
el avalúo se ajustó a la determinación del área catastral real, en la medida que se
“realizó la actualización de las inscripciones catastrales de los predios […]
encontrando […] que si bien al momento de constitución del reglamento de
propiedad horizontal, se estableció únicamente la existencia de cuatro pisos, siendo
las últimas unidades inmobiliarias autorizadas los apartamentos 301 y 302, al
verificar de forma física el área se encontró que habían sido construidos además los
apartamentos 401, 402, 501 y 502, por lo que en un primer momento, a través de
Resolución N° 15802 del 28 de septiembre de 2018, se dispuso la modificación
catastral incluyendo las áreas de dichas unidades dentro de las matrículas de los
apartamentos 301 y 302. Sin embargo, al constatarse que dentro del reglamento de
propiedad horizontal no estaba autorizada la construcción de nuevas unidades
inmobiliarias, y con ello, que dicha construcción constituía una infracción
urbanística, mediante Resolución N° 7153 del 8 de julio de 2019, se decidió de
manera oficiosa la revocatoria de la anterior, reiterando la certificación de áreas
inicialmente contempladas en el reglamento de propiedad horizontal y determinando
tener las nuevas construcciones como mejoras, a las cuales a su vez se les asignó
una identificación predial […]. Es por ello que a partir de la determinación de áreas
prevista en la Resolución N° 7153 del 8 de julio de 2019, es claro que el inmueble
ubicado en la Calle 50 # 81- 07 apartamento 302 cuenta con un área total de
110,82m2, correspondientes a 109,45m2 autorizados en el reglamento de
propiedad horizontal más 1,37m2 correspondientes a un área de mejoras
encontrada en la visita física; mientras que los apartamentos construidos en los
pisos 4 y 5, respecto de los que el demandante se reputó propietario, fueron
identificados con los números de identificación 800019758 y 800019760”.
19. El avalúo comercial realizado por la Lonja Métrica, que la parte demandante
considera que da cuenta del mayor valor comercial de inmueble, no fue aceptado
por el municipio de Medellín en razón a que omitió determinar “la metodología y los
procedimientos aplicables, así como tampoco en su contenido coincidía con las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
características propias del bien”. Además, “en sede judicial, no se realizó ningún
esfuerzo ni argumentativo ni probatorio para desvirtuarlas, pues se repite, dicho
avalúo [realizado por la Lonja Métrica] se anexó al proceso como prueba
documental y el testigo Edwin Cardona, responsable de su realización solo dio
cuenta de las consideraciones en él contenidas, sin que se haya desvirtuado las
observaciones planteadas por la demandada- EDU- y la llamada en garantía Lonja
de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia”.
20. No obstante, el precio de adquisición del inmueble se fijó según el avalúo
catastral, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013,
modificado por la Ley 1742 de 2014, en la medida que no se logró un acuerdo entre
las partes.
21. El Avalúo LPR-IAV-1151-2019 “[…] fue emitido el 1 de octubre de 2019 y la
oferta de compra, contenida en la Resolución N° SEC-202050002285 se efectuó el
15 de enero de 2020, esto es dentro del término de un año previsto [en el 19 artículo
19 del Decreto 1420 de 1998], por lo que no puede predicarse la pérdida de vigencia
respecto de aquel”29.
22. Frente a las indemnizaciones reconocidas por daño emergente y lucro cesante
(desconexión de servicios públicos, impuesto predial, trámites legales de inmueble
de reposición, pérdida de utilidad por contratos que dependen del inmueble), la parte
demandante solo “realizó manifestación de desacuerdo dentro del escrito de
demanda”. Además, dentro de los ítems indemnizatorios, la entidad sí reconoció el
correspondiente al impuesto predial por valor de $1.680.000 “siendo que el
demandante no allegó prueba alguna que permita determinar que el valor por él
cancelado fuese superior, de forma que debiese ajustarse el reconocimiento en
dicho sentido” (sic).
Recurso de apelación
24. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 5 de junio de 2023
29 La Sala advierte que dicho cargo no fue expresamente propuesto por la parte demandante, pues, en el escrito
de la demanda, frente a este aspecto, se limitó a solicitarlo como una pretensión de restablecimiento del derecho
como consecuencia de la nulidad de los actos acusados, en los siguientes términos: “Como consecuencia de lo
anterior se declare la pérdida de fuerza de ejecutoria del avalúo corporativo de fecha 19 de julio de 2018,
teniendo en cuenta que el mismo tiene una vigencia de un año”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia; para lo
cual expone los siguientes argumentos30:
24.1. Adujo que no era procedente declarar probada la excepción de indebida
acumulación de pretensiones, en la medida que el municipio de Medellín, mediante
la Resolución núm. 15802 de 28 de septiembre de 2018, reconoció que los pisos 4
y 5 del edificio debían ser anexados al tercer piso, basándose en una visita de
campo y en el trámite de escrituración pendiente; sin embargo, mediante
la Resolución núm. 7153 de 8 de julio de 2019, el Municipio revocó unilateralmente
la Resolución núm. 15802, sin solicitar el consentimiento del afectado, Luis Germán
Salazar Gutiérrez, violando el artículo 97 de la Ley 1437, que exige el
consentimiento previo del titular para revocar actos administrativos que crean
derechos particulares.
24.2. Adujo que la revocatoria directa se realizó sin garantizar el debido proceso,
desconociendo el derecho de audiencia y defensa “al adoptar la decisión de revocar
de manera unilateral la resolución 7153 del 08 de julio de 2019, que no se puede
mirar de manera aislada por cuanto hace parte de un procedimiento administrativo
de expropiación fíjese, que una vez expedida la resolución 15802 del 28 de
septiembre de 2018, el procedimiento expropiatorio no continúo, y así lo señaló el
asesor jurídico de la alcaldía de Medellín, en su jurada cuando manifestó ´que fue
asesorado por parte de la lonja, que esos apartamentos no debían ser anexados al
apartamento 302, sino que se debían reconocer como mejoras, por lo que debieron
revocar la resolución 15802 de 2018, mediante resolución 7153 de 2019, de manera
unilateral´”.
24.3. La Resolución núm. 7153 de 2019 “nótese como esta es parte fundamental
del acto administrativo de expropiación, por cuanto se trae a colación en la
resolución por medio de la cual se adopta la expropiación del bien inmueble a mi
poderdante”. El procedimiento de expropiación inicia con el acto administrativo que
declara la utilidad pública e interés social “[…] y de ahí en adelante los demás actos
administrativos hacen parte de ese proceso administrativo, y de los cuales las
resoluciones, que se demanden no tienen la vocación de retrotraer el proceso de
expropiación de un determinado bien inmueble, tal como sucede con la resolución
7153 de 2019, en el evento de haberse sometido al medio de control de nulidad y
30 Cfr. Samai del Tribunal, archivo “76_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
restablecimiento del derecho en el año 2019, y de haber prosperado, no retrotrae el
proceso de expropiación al inicio por cuanto este tiene unos términos perentorios
[…]”. Así, las resoluciones de expropiación se expidieron de manera irregular, ya
que se basaron en un informe GT 5672 del 29 de octubre de 2019, en lugar del
informe original de 29 de octubre de 2018, que reconocía la integración de los pisos
4 y 5 al tercer piso y que fue el fundamento para la expedición de la resolución núm.
7153 de 2019.
24.5. Las resoluciones SEC-202150003092 de 20 de enero de 2021 y SEC-
202150022257 de 24 de febrero de 2021, que ordenaron la expropiación del
apartamento 302, se fundamentaron en un procedimiento viciado, toda vez que no
se aplicó correctamente el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, pues “el daño
emergente incluirá el valor del inmueble, se debe entender el valor que se cancela
por la expropiación del bien inmueble, sea catastral o comercial, esto a lo que
concierne al inciso tercero, en cuanto al quinto se puede observar que ordena pagar
según el avalúo catastral de forma previa esto es según lo señalado en el inciso
tercero, incluyendo el valor comercial o catastral como daño emergente”. Por lo
anterior, solicitó “[d]e manera Subsidiaria, de no prosperar las peticiones principales,
solicito se le pague como daño emergente el valor catastral” (sic).
24.6. En caso de que no se configure la responsabilidad por “falla en el servicio”, la
parte demandante solicitó subsidiariamente que se aplique “el título de imputación
objetiva riesgo excepcional y/o daño especial, para lo cual del material probatorio
arrimado en este medio de control, encontramos debidamente acreditados, que la
media (sic) expropiatoria se realizó con violación a los normas que al regulan, al
fundarse en actos administrativos que faltan a la verdad, y que violan el debido
proceso, al igual que el pago no se corresponde con lo señalado en la ley”.
24.7. La condena en costas “ya no se hace de manera objetiva, se debe realizar un
análisis ponderado del juez para determinar estas costas, ejemplo gastos, y que el
abogado haya entorpecido el proceso situación que dentro del mencionado
expediente no se dieron”. Por lo anterior, la parte demandante solicitó revocar la
condena en costas impuesta en primera instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
25. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de la
expropiación administrativa; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre
la posesión; y vi) el análisis del caso en concreto.
Competencia de la Sala
26. Vistos el artículo 15031 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en
segunda instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437, sobre
el régimen de transición y vigencia; y el artículo 1332 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera
del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en
segunda instancia.
27. Agotados los trámites inherentes a la acción especial contencioso administrativa
prevista en el artículo 71 de la Ley 388, sin que se observe causal de nulidad que
pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.
28. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos expuestos
por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida el 5 de junio de 2023 por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201233, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo34.
Actos acusados
29. Los actos acusados son los siguientes:
29.1. La Resolución núm. 7153 de 19 de septiembre de 201935 “[…] Por medio de
31 Modificado por el artículo 25 de la Ley 2080.
32 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, ”por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
33 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
34 “[…] Artículo 267. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo […]”
35 Samai del Tribunal, archivo “8_DEMANDA APTO 302R.PDF”, páginas 106 a 113.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
la cual se resuelve una revocatoria directa de manera oficiosa […]”, expedida por el
Subsecretario de Catastro de la Secretaría de Gestión y Control Territorial del
municipio de Medellín que, en lo pertinente a la parte demandante, resolvió:
“[…] Artículo 1° Revocar parcialmente la Resolución N°15802 de 2018, de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo, en cuanto al área
común y avalos del código de ubicación 1202022-0014, área construida de las
matrículas inmobiliarias […] 5187411, a partir del 10 de diciembre de 2018 (fecha de
expedición de la Resolución revocada), quedando de la siguiente manera:
Área lote: 367,50m2
Área total construida: 1.017,79m2
Área Común: 207,63 m2
Matricula Desenglobe Área Uso-Tipo- Avalúo Lote Avalúo Avalúo Total
Construida Puntaje Construcción
(m2)
[…]
5187411 13,75% 110,82 1-31-54 $32.513.000 $67.126.000 $99.639.000
(Residencial)
[…]
Artículo 3° Realizar la inscripción catastral del ID predio 800019758, a partir del 10 de
diciembre de 2018, (fecha de expedición de la Resolución N°15802 de 2018), por las
razones expuestas en la parte considerativa, con la siguiente información:
[…]
Artículo 5° Realizar la inscripción catastral del ID predio 800019760, a partir del 10 de
diciembre de 2018, (fecha de expedición de la Resolución N°15802 de 2018), por las
razones expuestas en la parte considerativa, con la siguiente información:
Artículo 6° La vigencia fiscal para los avalúos catastrales de los inmuebles
identificados con matrículas inmobiliarias […] 5187411 será a partir del 1° de enero
de 2019 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
29.2. La Resolución núm. SEC-202150003092 de 20 de enero de 202136, “[…] [p]or
la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de un inmueble identificado
con la matricula inmobiliaria número 01N-5187411, ubicado en la dirección CALLE
050 No. 081 - 007 (302), cuyo propietario es el señor LUIS GERMÁN SALAZAR
GUTIÉRREZ […]”, que resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en las
Leyes 9ª de 1989, 388 de 1997, 1682 de 2013, 1742 de 2014 y 1882 de 2018, la
Resolución 898 modificada por la Resolución N° 1044 de 2014 del 29 de Septiembre
de 2014 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Decreto Municipal 1091
de 2017 del 13 de Diciembre de 2017, el objeto del presente acto administrativo es
disponer la EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA, del 100% del derecho real de
dominio del inmueble con el número de identificación predial
050010104120200220014901030002, CBML 12020220014, e identificado con
matrícula inmobiliaria N° 01N-5187411, ubicado en la dirección CALLE 50 N°81 -
07 (0302) de la actual nomenclatura del municipio de Medellín, cuyo propietario es
el señor LUIS GERMÁN SALAZAR GUTIÉRREZ.
[…]
PARÁGRAFO 2: El Edificio al que pertenece el inmueble antes descrito, fue
sometido al Régimen de Propiedad Horizontal, por medio de la Escritura Pública
N4.145 del 27 de diciembre de 2000 otorgada en la Notaría Dieciocho (18) del
círculo de Medellín, registrada en la anotación N° 1 del folio de matrícula inmobiliaria
01N-5187411.
ARTÍCULO SEGUNDO: TRADICIÓN. El señor Luis Germán Salazar Gutiérrez,
adquirió el inmueble en adjudicación de liquidación de la comunidad realizada por
los señores Jaime Alberto Salazar Gutiérrez, Luis Germán Salazar Gutiérrez y
Carlos Andrés Salazar Gutiérrez, mediante escritura pública 4.145 del 27 de
diciembre de 2000 de la Notaría 18 de Medellín, debidamente registrada en la
anotación Nro. 2 del folio de matrícula inmobiliaria 01N - 5187411 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Norte.
ARTÍCULO TERCERO: PRECIO INDEMNIZATORIO. De conformidad con el
artículo 37 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 6 de la Ley 1742 de
2014, el valor indemnizatorio corresponderá al avalúo catastral según certificado N°
100018191325265 del 04 de enero de 2021 expedido por la Secretaría de Gestión
y Control Territorial - Subsecretaría de Catastro del Municipio de Medellín, así:
[…]
ARTÍCULO CUARTO: INDEMNIZACIONES. El Municipio de Medellín reconocerá
las indemnizaciones económicas al propietario del derecho real de dominio del
inmueble objeto de expropiación, que se encuentra debidamente identificado en la
ficha social N° 711300051 del 21 de agosto de 2018, de conformidad con la
Resolución 898 de 2014 "Por medio de la cual se fijan normas, métodos,
parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales
requeridos en los proyectos de infraestructura de trasporte a que se refiere la Ley
1682 de 2013" modificada por la Resolución 1044 de 2014 del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC) las cuales NO HACEN PARTE DEL PRECIO, de
conformidad con los artículos 17 y 18 de la citada Resolución y de acuerdo al avalúo
comercial corporativo LPR-IAV-1151-2019 del 1 de octubre de 2019, elaborado por
la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, con radicado y fecha de
recepción por parte de la EDU N° 201920018983 del 09 de octubre de 2019. La
36 Samai del Tribunal, archivo “8_DEMANDA APTO 302R.PDF”, páginas 197 a 213.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
indemnización está compuesta por el daño emergente y el lucro cesante que se
cause en el marco del proceso de adquisición, así:
A) INDEMNIZACIONES ECONÓMICAS POR CONCEPTO DE DAÑO
EMERGENTE:
• PROPIETARIO:
PARÁGRAFO 1: El pago por concepto de desconexión de servicios públicos que
aquí se relaciona corresponde a un rango de desconexión por este concepto ante
la Empresa de Servicios Públicos de Medellín, por lo que su pago se realizará por
el valor efectivamente cancelado y con posterioridad a la entrega de las facturas
expedidas por la empresa o autoridad prestadora del servicio público domiciliario,
por parte del beneficiario a la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU-
PARÁGRAFO 2: El valor relacionado por concepto de Impuesto predial
corresponde al año 2019, sin embargo, la compensación por este concepto, se
cancelará de manera proporcional, debiendo el propietario asumir el tiempo que
tenga a su cargo la propiedad y la entidad adquiriente el periodo restante del
correspondiente periodo fiscal, que le será reintegrado al propietario previa
presentación de la factura de impuesto predial anualizada debidamente cancelada.
PARAGRAFO 3: La indemnización por daño emergente en la modalidad de
"Perjuicios derivados de la terminación de contratos" corresponde a las erogaciones
de dinero que hará el beneficiario a favor de terceros, por cuenta de las sanciones
o indemnizaciones por terminación anticipada de contratos, tales como de arriendo
y aparcería, cuyo objeto sea el inmueble que será adquirido.
Se reconocerá en forma exclusiva para los casos en que el proceso de adquisición
predial se adelante por enajenación voluntaria. En caso de expropiación no podrán
tasarse perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones contractuales con
terceros, porque según lo previsto por la Ley 9a de 1989, artículo 26 inciso final, la
expropiación constituye fuerza mayor.
Para el cálculo de este concepto se tendrá en cuenta lo previsto en las cláusulas del
respectivo contrato con los terceros y la normatividad vigente sobre la materia.
[…]
B) INDEMNIZACIONES ECONÓMICAS POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE:
• PROPIETARIO:
PARÁGRAFO 7: Este concepto corresponde a las utilidades dejadas de percibir por
los beneficiarios, derivadas de contratos, tales como el de arrendamiento o
aparcería, sobre parte o la totalidad del inmueble. El pago por concepto de pérdida
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
de utilidades por contratos que dependen del inmueble objeto de adquisición se
cancela dentro de los 20 días hábiles siguientes al recibo del inmueble libre de
ocupantes y enseres, previa suscripción del acta por las partes".
PARÁGRAFO 8: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
indemnización contenida en la Resolución Nro. 898 de 2014 "Por medio de la cual
se fijan normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración
de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de trasporte
a que se refiere la ley 1682 de 2013 o el Decreto Municipal 1091 de 2017 "Por medio
del cual se regula el reconocimiento de indemnizaciones económicas dentro del
proceso de adquisición de bienes inmueble para proyectos de utilidad pública",
deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de adquisición.
[…]
ARTÍCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. El precio indemnizatorio del inmueble
determinado en el artículo tercero de este acto administrativo, será pagado por el
Municipio de Medellín a través de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, de
contado y puesto a disposición del propietario, el señor LUIS GERMÁN SALAZAR
GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.141.101, durante el
término de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo en la oficina de la EDU, ubicada en la Carrera 49 N° 44-94 de la
ciudad de Medellín.
PARÁGRAFO 1: En caso de que los valores correspondientes al precio
indemnizatorio no sean retirados por el destinatario de esta Resolución dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo,
el dinero será consignado en la entidad financiera autorizada, donde quedará a
disposición de este.
PARAGRAFO 2: La entidad financiera autorizada para lo relacionado con la
consignación indicada en el presente acto administrativo, es el BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA en la ciudad de Medellín, sucursal "Carabobo" ubicado en la Carrera
52 N° 49 - 66.
PARÁGRAFO 3: Copia de la consignación se entregará al Tribunal Administrativo
de Antioquia, considerándose que de esta manera ha quedado formalmente hecho
el pago de conformidad con la Ley […]”.
29.3. Y, la Resolución núm. SEC-202150022257 de 24 de febrero de 202137,
mediante la cual, se resolvió un recurso de reposición, así:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. DECISIÓN: NO REPONER la Resolución SEC -
202150003092 del 20 de enero de 2021, "Por la cual se dispone la expropiación por
vía administrativa de un inmueble identificado con la matricula inmobiliaria número
01N - 5187411, ubicado en la dirección CALLE 050 No. 081 - 007 (302), cuyo
propietario es el señor LUIS GERMÁN SALAZAR GUTIÉRREZ […]”.
Cuestión previa – indebida acumulación de pretensiones
30. Visto el artículo 165 de la Ley 1437, sobre la acumulación de pretensiones, se
podrán acumular pretensiones, entre otras, de nulidad y de nulidad y
37 Samai del Tribunal, archivo “8_DEMANDA APTO 302R.PDF”, páginas 218 a 225.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
restablecimiento del derecho, siempre que sean conexas y concurran los siguientes
requisitos: i) que el juez sea competente para conocer de todas; ii) que las
pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y
subsidiarias; iii) que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas; y
iv) que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento
31. Atendiendo a que la parte demandante indicó que no era procedente declarar
probada la excepción de indebida acumulación de pretensiones respecto de la
Resolución núm. 7153 de 19 de septiembre de 2019.
32. En esa medida, la Sala advierte que, en el caso sub examine, se acreditó que
en la Resolución núm. 15802 de 10 de diciembre de 2018, el Subsecretario de
Catastro de la Secretaría de Gestión y Control Territorial del municipio de Medellín,
en aplicación de la Ley 14 de 198338, modificó la inscripción catastral, entre otros,
del apartamento objeto de controversia con folio de matrícula inmobiliaria núm.
5187411, así:
“Artículo 2° Modificar […] la inscripción catastral, a partir de la fecha de expedición
del presente Acto Administrativo, del código de ubicación 1202022-0014, con la
siguiente información:
Área del lote: 367,50m2
Área total construida: 1.284,12 m2
Área Común: 36,42m2
Zona Geoeconómica: 480
Matricul Uso-Tipo- Área Patio Desenglo Avalúo Avalúo Avalúo
a Puntaje Construid (m2) be Lote ($) Construcción Total ($)
a (m2) ($)
[…]
518741 1-31-54 246,98 0,0, 13,750% 25.016.000 145.0244.000 170.260.00
1 (Residenci 0
al)
[…]”
33. Sin embargo, mediante la Resolución núm. 7153 de 19 de septiembre de 2019,
expedida por el Subsecretario de Catastro de la Secretaría de Gestión y Control
Territorial del municipio de Medellín y objeto de demanda por medio de la acción
especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18
de julio de 1997, se revocó, de oficio, la decisión anterior y se ordenó la inscripción
catastral del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria núm. 5187411 por un área
construida de 110,82 m2 y no como se había incrementado inicialmente en un área
38 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
construida de 246,98 m2. Lo anterior con fundamento en los siguientes argumentos:
“En visita realizada al inmueble, se procedió a rectificar el levantamiento de la
construcción del predio con código de ubicación 1202022-0014, encontrándose que
la edificación posee más área construida de la que se había reportado inicialmente
en el informe GT-5667 de 2018, toda vez que en la visita inicial no se había podido
ingresar a un quinto piso, el cual en esta visita se constató que posee mayor área
construida, igualmente se evidenció que en este predio hay una presunta infracción
urbanística desde hace mucho tiempo y que al momento de realizar los IEP, se
incurrió en el error de inscribir dichas áreas de más, en los IEP 6 y 7, correspondiente
a las matrículas 5187410 y 5187411 respectivamente.
[…]
Por lo tanto, por medio de este informe se solicita revocar la Resolución N°15802 de
2018 y se procede a rectificar dicha información relacionada a la inscripción de esas
áreas que no hacen parte jurídicamente de estos inmuebles, corrigiendo la edición
en GDB del IEP 1, cuya área adicional corresponde a la zona común y los IEP 6 y
7, inscribiendo esa área de más como mejoras en altura 2, 3, 4 y 5, correspondiente
a los pisos 4 y 5 de esta edificación […].
Teniendo en cuenta que las mejoras son en altura (4 piso y 5 piso), se realiza el
procedimiento de identificación de acuerdo a la metodología existente en la
Geodatabase, para estos casos.
Información de Mejoras - Código de ubicación 1202022-0014
[…]
[…]
[…]”
34. Además, la Sala advierte que la Empresa de Desarrollo Urbano pagó a la parte
demandante las mejoras núm. 3 y 5 establecida en la Resolución núm. 7153 de 19
de septiembre de 2019, según da cuenta copia de los comprobantes de pago núm.
196.026 y 196.060 del 24 de marzo de 202139, respectivamente.
35. La Sala advierte que la Resolución núm. 7153 de 19 de septiembre de 2019,
“[…] Por medio de la cual se resuelve una revocatoria directa de manera oficiosa
39 Índice 2 de Samai, archivo “50 AUDIENCIA PRUEBAS 2(.mp4)”. Los comprobantes de pago fueron tenidos
como prueba en la audiencia de pruebas, minuto 50 en adelante.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
[…]”, no puede ser objeto de control por medio de la acción especial contencioso
administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997 para
actos administrativos de expropiación.
36. En este sentido, esta Sección unificó su criterio en el sentido de señalar que: i)
los actos administrativos que declaran las condiciones de urgencia y los motivos de
utilidad pública en un proceso administrativo de expropiación crean una situación
jurídica concreta y, por lo tanto, pueden ser controvertidos a través de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho; y ii) los actos administrativo que decide la
expropiación son demandables por medio de la acción especial contencioso-
administrativa:
“En conclusión, la Sala adopta los siguientes criterios en aras de unificar la
jurisprudencia:
• Todo procedimiento expropiatorio debe respetar el principio de legalidad como
expresión democrática del Estado Social de Derecho.
• No puede haber actos exentos de control judicial; se proscribe la inexistencia de
controles judiciales respecto de las actuaciones resultantes del ejercicio del poder
público en materia expropiatoria.
• Los actos que declaran los motivos de utilidad pública o de interés social
crean una situación jurídica particular y concreta; producen efectos jurídicos
inmediatos y directos respecto del administrado.
• La revisión judicial de los motivos de utilidad pública o de interés social se
puede hacer vía judicial a través del ejercicio de acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
• La acción especial contencioso – administrativa también procede contra el
acto administrativo que decide la expropiación con el fin de “obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el
precio indemnizatorio reconocido”, al tenor de lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 […]. (negrillas fuera de texto)”
37. Y, aunque la jurisprudencia40 ha considerado que la revocatoria directa de los
actos administrativos tiene control judicial “por significar una nueva situación jurídica
frente a la del acto revocado, pasa a ser un nuevo acto administrativo, de allí que
se considere que la revocación directa es la sustitución o supresión de un acto
administrativo mediante otro acto administrativo”, lo cierto es que no se puede
ejercer mediante la acción especial el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de
1997, en la que se estudia la legalidad del acto administrativo que resuelve sobre la
expropiación bajo un trámite especial distinto al procedimiento ordinario del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
38. La parte demandante afirma que la Resolución núm. 7153 de 19 de septiembre
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de octubre de
2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicado: 25000-23-41-000-2014-00674-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
de 2019 “hace parte de un procedimiento administrativo de expropiación […] que
una vez expedida la resolución 15802 del 28 de septiembre de 2018, el
procedimiento expropiatorio no continúo” y “en el evento de haberse sometido al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el año 2019, y de
haber prosperado, no retrotrae el proceso de expropiación al inicio por cuanto este
tiene unos términos perentorios […]” (sic).
39. Sin embargo, la Sala advierte que la Resolución núm. 7153 de 19 de septiembre
de 2019 se expidió en desarrollo de la función catastral mediante el proceso
administrativo especial de formación, actualización y conservación catastral,
establecido en la Ley 14 de 1983.
40. Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado41 ha considerado:
“[…] Es decir que en esta etapa el propietario o poseedor puede solicitar la revisión
del avalúo en la Oficina de Catastro correspondiente, cuando demuestre que el valor
no se ajusta a las características y condiciones del predio, de manera que mientras
las etapas de formación y actualización son las que dan paso para que el interesado
pueda iniciar el procedimiento de revisión del avalúo, este último tiene lugar en la
etapa de conservación en la que la Administración profiere las decisiones de fondo,
susceptibles de recursos y de control judicial.
Del anterior recuento normativo es dable concluir que la formación catastral es el
proceso a través del cual se obtiene la información correspondiente a los predios de
una unidad orgánica catastral o parte de ella, teniendo como base sus aspectos
físico, jurídico, fiscal y económico; la actualización de la formación catastral, es el
conjunto de operaciones tendientes a renovar esos datos recolectados; y la
conservación tiene por objeto reflejar los cambios catastrales en los factores de
conocimiento de catastro que inciden en el valor del inmueble, con el fin de ser base
para liquidar el impuesto predial y demás tributos que se sirvan del avaluó.
Las resoluciones que se expiden en las etapas de formación y actualización son de
trámite y preceden a la etapa de conservación, la cual culmina con el acto de trámite
consistente en ordenar la inscripción en el catastro de dichos cambios, escenario en
el cual tiene lugar el procedimiento de revisión del avalúo, cuya decisión es la que
resulta pasible de los recursos administrativos y de control judicial […]”.
41. En ese orden de ideas, la Resolución núm. 7153 de 19 de septiembre de
2019 podía ser objeto de control judicial mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Además, la parte demandante tenía la facultad de
solicitar la reparación del daño en los términos del artículo 138 de la Ley 1437 de
2011, lo que permitiría no solo la anulación del acto administrativo, sino también la
indemnización por los perjuicios causados.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de agosto de
2023, radicado: 05001-23-33-000-2013-00919-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
42. Así las cosas, en el presente asunto se configura la excepción previa de
ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, toda vez que
las pretensiones de la demanda relativas a la nulidad de la Resolución núm. 7153
de 19 de septiembre de 2019 se debían tramitar bajo el procedimiento ordinario del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no por medio de la
acción especial prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 y, en esa medida,
se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia por este aspecto.
Problema jurídico
43. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, determinar si: i) el precio de adquisición en la etapa de
expropiación debe incluir el valor catastral como daño emergente, además de las
indemnizaciones por lucro cesante; y iii) la parte demandada debió ser condenada
en costas.
44. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho
solicitado y, en consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
45. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:
Marco normativo de la expropiación administrativa
46. Visto el artículo 58 de la Constitución Política, “[…] [p]or motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador,
dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior
acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. […]”.
47. El capítulo VIII de La Ley 388 regula la expropiación administrativa, la cual está
compuesta por varias etapas: i) la declaratoria de urgencia, de conformidad con los
artículos 63 a 65 ibidem, que indica que por motivos de utilidad pública o interés
social se puede expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
demás derechos reales sobre terrenos e inmuebles; ii) la oferta de compra, en los
términos del artículo 66 ibidem; iii) la negociación del precio; iv) la enajenación
voluntaria; y v) la decisión de expropiación, en caso de no lograrse un acuerdo en
la etapa de enajenación voluntaria, como se explicará infra.
48. Visto el artículo 66 ibidem, la decisión de expropiación por la vía administrativa
deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento correspondiente, mediante
acto administrativo formal, el cual se notificará al titular del derecho de propiedad
sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la entidad
expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto constituirá la oferta de
compra dirigida a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.
49. Visto el artículo 67 ibidem, en el acto que determine el carácter administrativo
de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se
reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza
para los efectos previstos en el artículo 61 ibidem42. Además, la entidad deberá
precisar las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán
prever el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento
(60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco
(5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés
bancario vigente en el momento de la adquisición voluntaria.
50. El pago del precio indemnizatorio se podrá realizar en dinero o títulos valores,
derechos de construcción y desarrollo, de participación en el proyecto o permuta.
En todo caso el pago se hará siempre en su totalidad de contado cuando el valor de
la indemnización sea inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
al momento de la adquisición voluntaria o de la expropiación.
51. Visto el artículo 68 de la Ley 388, sobre la decisión de la expropiación, que
dispone:
“[…] Artículo 68º.- Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose determinado
que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía administrativa, y
transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo de que trata el artículo 66 de la presente Ley, sin que se haya llegado
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de
promesa de compraventa, la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado
42 Artículo 67 Ley 388.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
la expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo
siguiente:
1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación.
2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.
3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de
utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las condiciones de
urgencia que se hayan declarado.
4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado en la
correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los efectos de
que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que
haya dispuesto la expropiación.
5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos
reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que legalmente
procedan en vía gubernativa […]”.
52. De acuerdo con las normas citadas supra, el Estado puede adquirir el bien
inmueble por medio de una enajenación voluntaria que implica un acuerdo formal
de voluntades entre las partes; sin embargo, si esto no es posible dentro del término
de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo
que determina que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía
administrativa, la autoridad competente, mediante un acto administrativo motivado,
debe ordenar la expropiación.
53. La expropiación por vía administrativa conlleva la obligación, a cargo de la
entidad, de reconocer una indemnización justa y plena que comprenda el valor del
bien inmueble objeto de expropiación y los perjuicios toda vez que esta “[…]
constituye “[…] un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral” […]”43.
54. La Ley 388 fue reglamentada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto
1420 de 1998, cuyas disposiciones regulan los procedimientos, parámetros y
criterios para la elaboración de los avalúos que determinan el valor comercial.
55. Visto el artículo 2.° ibidem, el valor comercial de un inmueble es el precio más
favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el
vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y
jurídicas que afectan el bien. En efecto, la determinación del valor comercial de los
inmuebles la debe realizar, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de febrero de
2020, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 08001233100019971225601.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de
carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar
donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración44.
56. Visto el artículo 20 ibidem, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad
que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y
autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método
utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las
edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal
estimación.
57. Visto el artículo 21 ibidem, para determinar el valor comercial se deben tener en
cuenta los siguientes parámetros:
“[…] La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.
La destinación económica del inmueble.
Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se
realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de
los coeficientes de copropiedad.
Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad
de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada
uno de ellos.
Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el
inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación
para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se
determinará en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte
afectada del inmueble para establecer su valor comercial.
Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de
ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se
dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.
Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado,
el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la
depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de
conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho
inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien,
utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse
en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.
La estratificación socioeconómica del bien […]”.
44 Artículo 3.° Decreto 1420 de 1998.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
58. Visto, el artículo 22 ibidem, para la determinación del valor comercial de los
inmuebles, se deberá tener en cuenta, por lo menos, las siguientes características:
59. Para el terreno:
59.1. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma.
59.2. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de
protección.
59.3. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio.
59.4. Tipo de construcciones en la zona.
59.5. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios
públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de transporte.
59.6. En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse en
cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
59.7. La estratificación socioeconómica del inmueble.
60. Para las construcciones:
60.1. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente.
60.2. Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados.
60.3. Las obras adicionales o complementarias existentes.
60.4. La edad de los materiales.
60.5. El estado de conservación física.
60.6. La vida útil económica y técnica remanente.
60.7. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido.
61. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
comunes.
62. Visto el artículo 25 ibidem, para la elaboración de los avalúos que se requieran
con fundamento en las Leyes 9.° de 1989 y 388, se deberá aplicar uno de los
siguientes métodos: el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual.
63. En suma, para elaborar el avalúo y determinar el valor del bien inmueble objeto
de expropiación administrativa, la autoridad debe tener en cuenta la reglamentación
urbanística municipal vigente y criterios de carácter objetivo; además, este no puede
incorporar meras expectativas sino hechos ciertos y verificables.
Precio indemnizatorio justo: Reconocimiento del daño emergente y el lucro
cesante
64. Visto el artículo 58 de la Constitución Política prevé que, por motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, el Estado podrá adelantar una
expropiación por vía judicial o administrativa, mediante una indemnización previa,
la cual se debe fijar consultado los intereses de la comunidad y del afectado.
65. Visto el artículo 67 de la Ley 388, sobre la indemnización y forma de pago, prevé
que en “[…] el mismo acto que determine el carácter administrativo de la
expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá
a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los
efectos previstos en el artículo 61 de la presente ley. Igualmente se precisarán las
condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el
pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento (60%)
del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco (5)
contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario
vigente en el momento de la adquisición voluntaria […]”.
66. La Corte Constitucional ha considerado que la indemnización debe ser justa y
ponderar los intereses de la persona afectada y de la comunidad; asimismo, es
necesario atender el principio de igualdad para que los particulares no tengan que
soportar una carga pública desproporcionada que afecte el acceso a la propiedad.
67. En la sentencia C - 476 de 2007, esa Corporación explicó que, por regla general,
la indemnización no se limita al precio del bien, toda vez que esta pude incluir los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la expropiación; sin embargo,
esta es diferente a la indemnización prevista en el artículo 90 de la Constitución
Política porque el artículo 58 ibidem no se refiere a un daño antijurídico, sino a una
carga que debe soportar el particular.
68. Además, reiteró que la indemnización que procede como consecuencia de la
expropiación no se fundamenta exclusivamente en los intereses privados, toda vez
que esta debe tener en cuenta el bienestar común. Por lo tanto, en algunos casos,
cuando los intereses de la comunidad asumen una relevancia especial, la
indemnización cumple una función compensatoria; no obstante, también puede
ocurrir que los intereses de la persona afectada tengan una importancia
constitucional especial y, en este caso, la indemnización tiene una función
restitutiva.
69. La Corte Constitucional explicó en la sentencia C-1074 de 2002 las reglas
generales que rigen la indemnización, en el marco de la expropiación, así:
“[…] De lo anterior, a la luz de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional en
la materia, se deducen las siguientes conclusiones:
1. No puede haber expropiación sin indemnización;
2. La indemnización debe ser previa al traspaso del dominio del bien del particular
al Estado;
3. La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser fijada teniendo en cuenta
los intereses de la comunidad y del afectado y, por lo tanto, esos intereses deben ser
ponderados caso por caso. La ponderación dentro del marco legal y constitucional la
hará el juez civil en el evento de expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante
o el juez contencioso en el evento de la expropiación por vía administrativa;
4. La función de la indemnización es, por regla general, de orden reparatorio.
Comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. No obstante, en algunas
circunstancias, al ser consultados los intereses de la comunidad y asumir dichos
intereses un peso especial, ésta puede reducirse y cumplir tan sólo una función
compensatoria. De otra parte, en circunstancias diversas, al ser consultados los
intereses del afectado y adquirir éstos una relevancia constitucional especial, como
en el evento de la vivienda familiar y en otros que serán precisados en esta sentencia,
la indemnización puede, tanto en su monto como en su forma de pago, asumir una
modalidad que la lleve a cumplir una función restitutiva.
5. La indemnización no tiene que ser siempre pagada en dinero en efectivo, pero
si se paga la indemnización con instrumentos distintos al dinero, éstos han de reunir
por lo menos las siguientes características: i) No pueden transformar el pago de la
indemnización previa, en un pago futuro, posterior a la trasmisión del dominio del bien
expropiado; (ii) deben garantizar un pago cierto de la obligación y no meramente
simbólico o eventual; (iii) deben constituir un medio legal de pago de obligaciones, de
tal forma que realmente constituyan para el afectado una indemnización; (iv) deben
permitir que el valor de la indemnización por expropiación reconocido como justo, en
el caso concreto, se mantenga en el tiempo, si el expropiado actúa en los negocios
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
diligentemente; (v) deben ser libre y efectivamente negociables, a fin de garantizar
que el afectado pueda convertirlos, en dinero en el momento en que lo desee,
inclusive al día siguiente del traspaso del dominio del bien; (vi) no pueden ser
revocados unilateralmente por la entidad que los emite […]”45.
70. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 6
de febrero de 2020, con fundamento en los artículos 21.246 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos47 y 1748 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, reiteró que la expropiación conlleva la obligación de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio. Además, esta Corporación explicó lo siguiente:
“[…] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un
bien del dominio privado comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por
defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o
que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado
por el constituyente.
[…]
No sobra precisar que, para poder obtener la reparación de los daños accesorios que
hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos
sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la
decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su
ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no
pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido
entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento,
pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar
lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos
aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe
ninguna duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta
completamente indiferente que aquél ya se haya presentado como un hecho existente
en el plano ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y directa de un
estado de cosas actual. Al fin y al cabo, el daño futuro no es sino una modalidad del
daño cierto, tal como lo ha sostenido, en reiteradas oportunidades esta Corporación.
En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser
acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de
lesiones ya causadas o de daños que, si bien no se han producido todavía, existe una
alta probabilidad en torno a su ocurrencia […]”49.
45 Corte Constitucional C-1074 de 4 de diciembre de 2002, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
46 “[…] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa,
por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley […]”
47 Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30 de
diciembre de 1972.
48 “[…] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo
cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya
una justa y previa indemnización […]”
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña
Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 08001233100019971225601
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
71. De acuerdo con lo expuesto, cuando la persona afectada acude a la jurisdicción
contenciosa administrativa porque, a su juicio, la indemnización no fue justa y plena,
le asiste la carga de probar la existencia de los perjuicios que reclama -daño
emergente y lucro cesante- y su nexo de casualidad con el acto administrativo que
dispuso la expropiación.
72. A su vez, el inciso 5.° del artículo 37 de la Ley 1682 de 201350, modificado por
la Ley 1742 de 2014 dispone que “[…] [e]n caso de no llegarse a acuerdo en la
etapa de enajenación voluntaria, el pago del predio será cancelado de forma previa
teniendo en cuenta el avalúo catastral y la indemnización calculada al momento de
la oferta de compra, en la etapa de expropiación judicial o administrativa […]”.
73. Sobre este particular, la Corte Constitucional51, al estudiar la constitucionalidad
de este inciso, señaló lo siguiente:
“[…] la disposición estudiada no afecta el artículo 58 de la Constitución, dado que,
de una lectura literal de la norma, el parámetro de precio que corresponde al avalúo
catastral es optativo, puesto que indica que la autoridad tendrá en cuenta ese valor
y no impide de manera expresa incluir otro ítem diferente. Esa premisa se encuentra
en el enunciado prescriptivo atacado al advertir que “En caso de no llegarse a
acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, el pago del predio será cancelado
de forma previa teniendo en cuenta el avalúo catastral”. Así, la disposición
censurada indica que el avalúo catastral deber ser revisado para fijar el precio de
compra del inmueble, empero ello no significa que se excluyan otras variables para
realizar ese cálculo. En caso de que el legislador hubiese querido circunscribir el
precio del predio a ese avalúo, él hubiese realizado una restricción en ese sentido,
cosa que no hizo de manera expresa.
Aunado a lo anterior, no se puede olvidar que el precio del inmueble es un
componente de la indemnización en la etapa de expropiación, puesto que a ese
valor se sumará el resarcimiento de los daños emergente y lucro cesante. Tales
elementos complementarán la indemnización, con lo cual se observa la justicia en
dicho pago, porque se corresponde con la función que por general tiene esa
institución, es decir, reparatoria.
La Sala considera pertinente someter esa medida a un análisis de proporcionalidad
con el fin de despejar cualquier duda que surja de la validez constitucional de la
disposición.
La medida propuesta intenta incentivar la etapa de arreglo directo, dado que ésta
disminuye los costos que se causan con la expropiación. Ese medio tiene una
finalidad constitucional valida y legítima, pues desarrolla el interés general de la
comunidad. Esa medida es proporcional y razonable en relación con la posible
afectación del derecho de propiedad.
El medio elegido por el legislador es idóneo para cumplir las metas propuestas,
50 “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte
y se conceden facultades extraordinarias.”
51 Corte Constitucional, sentencia C-750 de 2015.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
puesto que el mayor precio en la enajenación voluntaria es un incentivo para que el
propietario opte por esa vía y deseche la posibilidad de la expropiación forzosa.
Además, es necesaria, toda vez que no existe otra medida menos gravosa para los
derechos de los propietarios, máxime si se tiene en cuenta que el avalúo catastral
no es una camisa de fuerza para el tasador.
Finalmente, se estima que la medida es proporcional, como quiera que el logro de
promover el arreglo directo obtiene una mayor satisfacción a los principios de
celeridad, debido proceso y la satisfacción del interés general que la posible
afectación al artículo 58 de la Carta Política. Ello, en razón de que la supuesta lesión
a ese derecho tendría un impacto muy reducido. Dentro de las posibilidades
jurídicas, esta Corporación recuerda que la indemnización por regla general es
reparatoria, función que se alcanzaría cancelando al expropiado el avalúo catastral
sumado a los perjuicios por lucro cesante o daño emergente. Es más, el avalúo
catastral sirve para que el ciudadano cumpla con su carga impositiva, de modo que
es apenas justo que en algunos casos el precio se fije con base en su deber
tributario, siempre y cuando ese sea el resultado de la ponderación entre los
principios en tensión. Además, dicha regulación salvaguarda la directriz
constitucional que indica que la administración debe privilegiar el arreglo directo
antes que la expropiación, premisa defendida por la jurisprudencia de esta
Corporación.
Ahora bien, la Sala debe preguntarse si el hecho de que la ley establezca que la
cuantificación de la indemnización corresponderá con el momento de la oferta de
compra independientemente que la tasación se efectué en la etapa de expropiación
impide que las autoridades ponderen los intereses de la comunidad y del afectado.
La respuesta a ese cuestionamiento tiene dos interpretaciones. De un lado, se
estima que las expresiones censuradas impiden que se calculen dentro de la
indemnización los daños acaecidos con posterioridad a la fecha de la oferta de
compra, porque así lo dispone la norma. De otro lado, se considera que la
hermenéutica de la proposición acusada se refiere a la certeza del daño, sin que
impida que se cuantifiquen los perjuicios ciertos futuros del lucro cesante o del daño
emergente. Una muestra de ello, se identifica con el resarcimiento de los gastos de
abogado en que incurrió el particular derivado de los procesos de expropiación
administrativa y judicial. También, los costos de una vivienda de transición para una
persona discapacitada mientras se suerte todo el trámite.
Ante esa situación, la Corte adoptará la segunda posición, porque es la que protege
los contenidos constitucionales en discusión. De aceptar la primera interpretación,
el juez o la entidad expropiadora se verían en la disyuntiva de cumplir con el texto
de la ley aplicando reglas rígidas de manera mecánica, pero desconociendo la Carta
Política, estatuto que exige a la autoridad judicial ponderar y proteger los derechos
constitucionales de cierto tipo de sujetos especialmente vulnerables. La norma
superior no impide que se restringa la indemnización, porque ésta puede llegar a ser
compensatoria. Pero la Constitución sí proscribe que a las autoridades
expropiadoras les este vedado ponderar cuando la garantía de los derechos
constitucionales lo exija.
Por lo anterior, la interpretación del inciso 5º del artículo 6 de la Ley 1742 de 2014
que resulta conforme a la Carta es aquella que le permite al juez o la administración
calcular la indemnización con perjuicios causados con posterioridad a la oferta de
compra, lesiones que son consecuencia directa de la expropiación […]”.
74. En suma, la Corte Constitucional determinó que el uso del avalúo catastral como
referencia para fijar el precio en procesos de expropiación no viola el derecho de
propiedad, ya que el inciso 5.° del artículo 37 de la Ley 1682 no excluye la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
consideración de otros factores para calcular la indemnización, la cual incluye,
además del valor del inmueble, el resarcimiento por daño emergente y lucro
cesante. Además, la Corte precisó que la medida busca incentivar el arreglo directo,
reduciendo costos y privilegiando el interés general, y se considera proporcional y
necesaria, ya que el avalúo catastral no es restrictivo y permite ponderar los
derechos de los propietarios.
Acervo probatorio
75. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub examine
son las siguientes52:
75.1. Decreto 1189 de 9 de agosto de 2016 “por medio del cual se anuncia el
proyecto del Corredor urbano de Transporte de la Avenida 80 y se dictan otras
disposiciones”.
75.2. Avalúo comercial corporativo núm. LPR-IAV-1151-2019 de 1.° de octubre de
2019 de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia.
75.3. Resolución núm. SEC-202050002285 de 15 de enero de 2020 “por la cual se
inician las diligencias tendientes a la adquisición vía enajenación voluntaria o
expropiación administrativa y se formula una oferta de compra […]”.
75.4. Derecho de petición de 3 de marzo de 2020, por medio del cual la parte
demandante solicitó el incremento de la oferta de compra presentada y Oficio núm.
100.7.1 – 202030007363 del 14 de diciembre de 2020, a través del cual la Empresa
de Desarrollo Urbano da respuesta a la solicitud.
75.5. Resolución núm. SEC-202150003092 de 20 de enero de 2021 “[p]or la cual se
dispone la expropiación por vía administrativa de un inmueble identificada con la
matricula inmobiliaria número 01N-5187411 […]”.
75.6. Recurso de reposición formulado contra la Resolución núm.
SEC202150003092 de 20 de enero de 2021.
75.7. Resolución núm. SEC-202150022257 de 24 de febrero de 2021, por medio de
la cual se resuelve el recurso de reposición.
52 Cfr. Samai del Tribunal, archivo “8_DEMANDA APTO 302R.PDF”, páginas 95 a 241.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
75.8. Avalúo comercial corporativo núm. AVAL- 3899 de 19 de octubre de 2020 de
la Corporación Lonja Métrica.
75.9. Cheque de gerencia núm. 0270719 por valor de $104.649.930 a favor de la
parte de la parte demandante53.
75.10. Testimonios de: i) Jaime Alberto Berrío Marín, Líder de programa de la
unidad de conservación de la Subsecretaría de Catastro de Medellín; ii) Edwin
Cardona Pareja, perito avaluador de la Lonja Métrica quien rindió el dictamen
presentado por la parte demandante; y iii) Diana Milena Rodríguez, ingeniera
catastral y avaluadora de la Lonja de Propiedad Raíz Medellín y Antioquia54.
75.11. Declaración de parte de Luis Germán Salazar Gutiérrez55.
76. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas obrantes en el expediente,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.
Análisis del caso concreto
La improcedencia del estudio de argumentos que no fueron planteados por el
apelante en la oportunidad procesal correspondiente
77. La Sala deberá determinar si, en el caso sub examine, es procedente, o no, el
estudio de las solicitudes planteadas por la parte demandante sobre “[…] de no
prosperar las peticiones principales, solicito se le pague como daño emergente el
valor catastral […]” (sic) y se aplique “[…] el título de imputación objetiva riesgo
excepcional y/o daño especial, para lo cual del material probatorio arrimado en este
medio de control, encontramos debidamente acreditados, que la medida
expropiatoria se realizó con violación a los normas que al regulan, al fundarse en
actos administrativos que faltan a la verdad, y que violan el debido proceso, al igual
53 Cfr. Samai del Tribunal, archivo “2_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO […]”, página 26.
54 Cfr. Samai del Tribunal, archivo “56_AUDIENCIACELEBRADA […] 57_AUDIENCIACELEBRADA […]”, link
audiencia.
55 Cfr. Samai del Tribunal, archivo “56_AUDIENCIACELEBRADA […]”, link audiencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
que el pago no se corresponde con lo señalado en la ley […]”.
78. De conformidad con el artículo 281 de la Ley 1564, sobre congruencia, “[…] [l]a
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley
[…]”; asimismo, la norma establece que “[…] [n]o podrá condenarse al demandado
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa
diferente a la invocada en esta […]”.
79. Esta Sección56 en diversas oportunidades ha considerado que “[…] el juez de la
segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos
expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre
aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación. Igualmente, ha reiterado que no puede abordar materias o cuestiones
que se plantean en la apelación, pero que no hacen parte del concepto de violación
del libelo, ni que la sentencia de primera instancia estudió […]” porque ello
constituiría vulneración del principio de congruencia y, en consecuencia, de los
derechos del debido proceso, contradicción y de defensa de la parte que resulte
afectada.
80. La Sala advierte que los argumentos planteados por la parte demandante,
indicados en el numeral 76 supra, se adujeron por primera vez en el recurso de
apelación, sin estar contenido en la demanda que dio origen al proceso; es decir,
durante el curso de la actuación procesal no fue ventilado en el proceso; y por ende,
tampoco fue objeto de pronunciamiento en la sentencia que ahora se apela; en
consecuencia, se trata de un planteamiento nuevo en sede del recurso de apelación
que, como se dijo, debió ser expuesto en la demanda con el objeto de garantizar el
derecho del debido proceso, de contradicción y de defensa de las partes e
intervinientes y, en esa medida, no será objeto de pronunciamiento.
Precio de adquisición en la etapa de expropiación
81. De conformidad con los marcos normativos y desarrollos jurisprudenciales
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo: Sentencia de 7 de mayo de 2015,
Expediente: 2005-00270 y Sentencia de 8 de junio de 2016, Expediente 2006-00234, C.P. María
Claudia Rojas Lasso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
82. La parte demandante en el recurso de apelación manifestó que la decisión de
primera instancia no tuvo en cuenta que no se incluyó el “el valor [indemnizatorio]
comercial o catastral como daño emergente”.
83. Ahora bien, de conformidad con el marco de la apelación establecido en líneas
anteriores, los actos administrativos objeto de debate mediante la acción especial
de revisión son las Resoluciones núm. SEC-202150003092 de 20 de enero de 2021
y núm. SEC-202150022257 del 24 de febrero de 2021.
84. La Resolución núm. SEC-202150003092 de 20 de enero de 202157, “[…] [p]or
la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de un inmueble identificado
con la matricula inmobiliaria número 01N-5187411, ubicado en la dirección CALLE
050 No. 081 - 007 (302), cuyo propietario es el señor LUIS GERMÁN SALAZAR
GUTIÉRREZ […]”, adoptó la decisión anterior con fundamento en lo siguiente:
“[…] 7. La Ley 1682 de 2013, modificada por las Leyes 1742 de 2014 y 1882 de
2018 adoptó el proceso de adquisición de bienes inmuebles para proyectos de
infraestructura del transporte.
El artículo 19 de la Ley 1682 de 2013, desarrolló el literal e) del artículo 58 de la Ley
388 de 1997 que consagra la ejecución de programas y proyectos de infraestructura
vial y de sistemas de transporte masivo como motivo de utilidad pública, ampliando
su alcance original; el cual reza:
Artículo 19. Definir como un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución
y/o desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte a los que se refiere esta
ley, así como el desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción,
mantenimiento, rehabilitación o mejora, quedando autorizada la expropiación
administrativa o judicial de los bienes e inmuebles urbanos y rurales que se
requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución política.
[…]
Por su parte, el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 6 de
la Ley 1742 de 2014, establece:
“Artículo 37. El precio de adquisición en la etapa de enajenación voluntaria
será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC), los catastros descentralizados o por peritos privados
inscritos en lonjas o asociaciones, de conformidad con las normas, métodos,
parámetros, criterios y procedimientos que sean fijados por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación
urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra
57 Cfr. Samai del Tribunal, archivo “8_DEMANDA APTO 302R.PDF”, páginas 197 a 213.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
en relación con el inmueble a adquirir y su destinación económica y, de ser
procedente, la indemnización que comprenderá el daño emergente y el lucro
cesante.
El daño emergente incluirá el valor del inmueble. El lucro cesante se
calculará según los rendimientos reales del inmueble al momento de la
adquisición y hasta por un término de seis (6) meses.
En la cuantificación del daño emergente solo se tendrá en cuenta el daño
cierto y consolidado.
En caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, el
pago del predio será cancelado de forma previa teniendo en cuenta el avalúo
catastral y la indemnización calculada al momento de la oferta de compra,
en la etapa de expropiación judicial o administrativa.
El valor catastral que se tenga en cuenta para el pago será proporcional al
área requerida a expropiar para el proyecto que corresponda.
Con el fin de evitar la especulación de valores en los proyectos de
infraestructura a través de la figura del autoavalúo catastral, la entidad
responsable del proyecto o quien haga sus veces, informará al IGAC o a los
catastros descentralizados el área de influencia para que proceda a
suspender los trámites de autoavalúo catastral en curso o se abstenga de
recibir nuevas solicitudes.
Para el cumplimiento de este artículo se deberá tener en cuenta lo
preceptuado por la Ley 1673 de 2013” [negrillas fuera de texto].
Para efectos de este acto administrativo, el valor del avalúo catastral es de acuerdo
al certificado N° 100018191325265 del 04 de enero de 2 021 expedido por la
Secretaría de Gestión y Control Territorial - Subsecretaria de Catastro del Municipio
de Medellín.
[…]
16. Que la Subsecretaria de Ejecución de la Contratación Secretarla de Suministros
y
Servicios del Municipio de Medellín expidió la Resolución SEC-202050002285 del
15 de enero de 2020 "Por la cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición
via = enajenación voluntaria o expropiación administrativa y se formula una oferta
de compra al señor LUIS GERMÁN SALAZAR GUTIÉRREZ, identificado con cédula
de ciudadanía N° 79.141.101 sobre un inmueble identificado con la matricula
inmobiliaria número 01N - 5187411 ubicado en la dirección CL 050 N°81 - 07 (302).
17. Que el día 28 de enero de 2020, mediante el oficio con radicado EDU
202030000656. se remitió citación para notificación personal a la dirección del
inmueble sobre el cual recae la oferta de compra, Calle 50 N°81 - 07 (302).
18. Que el señor LUIS GERMAN SALAZAR GUTIERREZ, identificado con cédula
de ciudadanía N° […], luego de recibir la citación, compareció a las instalaciones de
la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, el día 17 de febrero de 2020, para ser
notificado del contenido de la Resolución SEC-202050002285 del 15 de enero de
2020, la cual se realizó de forma personal de acuerdo a lo establecido en el artículo
67 de la Ley 1437 de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
19. Que mediante el oficio con radicado EDU 202030002012 del 10 de marzo de
2020, se solicitó ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín -
Zona Norte, la inscripción de la oferta de compra en el folio de matrícula inmobiliaria
N°01N - 5187411, en efecto registrada en la anotación No 3.
20. Que el término para manifestar la voluntad de aceptación a la Oferta de Compra
por el señor LUIS GERMAN SALAZAR GUTIERREZ, venció el día 9 de marzo de
2020, sin que a la fecha se haya aceptado y/o firmado contrato de promesa de
compraventa.
21. Que mediante la solicitud con radicado EDU 202020003580 del 3 de marzo de
2020, el señor LUIS GERMÁN SALAZAR GUTIERREZ, presentó derecho de
petición solicitando reconsiderar la oferta de compra.
22. Que el día 24 de marzo de 2020, mediante el oficio con radicado EDU
202030002334, se solicitó la ampliación del plazo para dar respuesta a la petición
con radicado EDU N° 202020003580 del 3 de marzo de 2020, toda vez que por la
orden de aislamiento obligatorio declarado por el Presidente de la República, se
generaron algunos impactos de orden administrativo y logístico que no permitieron
dar respuesta dentro del plazo inicial.
23. Que por medio de la Resolución SEC - 202050023420 del 24 de marzo de 2020,
fueron suspendidos los términos administrativos y los plazos de los trámites
adelantados dentro de los procesos de adquisición de bienes inmuebles por via
enajenación voluntaria y expropiación administrativa por el Municipio de Medellín a
través de la Subsecretaría de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de
Suministros y Servicios.
24. Que a través del oficio con radicado EDU 202030002958 del 14 de mayo de
2020, una vez se pronuncio (sic) la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia,
se dio respuesta de fondo a la solicitud con radicado EDU N°2020200035 80 del 3
de marzo de 2020, poniendo en conocimiento del peticionario los argumentos del
avaluador para no acceder a la solicitud de reconsideración del avalúo comercial.
Del mismo modo, se aclaró que el término para dar continuidad al proceso de
adquisición se encontraba suspendido en virtud de lo expuesto en la Resolución
SEC - 202050023420 del 24 de marzo de 2020, expedida por la Subsecretaría de
Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios del
Municipio de Medellín, producto de la contingencia por el COVID -19; advirtiendo
además que, una vez decretado por parte del Gobierno Nacional y Local la
normalidad en las actuaciones de la administración pública, se reanudarían los
términos administrativos.
25. Que a través de la Resolución SEC- 202050047608 del 02 de septiembre de
2020, publicada en la Gaceta Oficial Nº4754 del Municipio de Medellín, el día 4 de
septiembre de 2020, fueron reanudados los términos administrativos suspendidos
por medio de la Resolución SEC - 202050023420 del 24 de marzo de 2020.
26. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1682 de 2013,
modificado por el Art 4 de la Ley 1742 de 2014 y por el Art 10 de la Ley 1882 de
2018, el plazo establecido para la enajenación voluntaria ya está superado, en
atención a la reanudación de los términos administrativos y ante la imposibilidad de
adelantar el proceso por negociación directa, es obligatorio iniciar el trámite de
Expropiación Administrativa […]”.
85. Y, la Resolución núm. SEC-202150022257 de 24 de febrero de 202158,
mediante la cual negó el recurso de reposición con fundamento en lo siguiente:
58 Cfr. Samai del Tribunal, archivo “8_DEMANDA APTO 302R.PDF”, páginas 218 a 225.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
“[…] Ahora bien, frente al primer motivo por el cual expresa no estar de acuerdo con
la Expropiación de su propiedad, el cual radica en los valores dados al metro
cuadrado construido en el apartamento 302, referenciado en el avalúo comercial, es
menester reiterar la respuesta que se comunicó el día 14 de diciembre de 2020 […]
con radicado de salida EDU 202030007363 de la misma fecha, al derecho de
petición con radicado EDU 202020011852 del 3 de noviembre de 2020 interpuesto
por usted, en el cual afirmó que: ´(...) Como se puede observar la oferta presentada
por ustedes está muy por debajo del valor comercial, disminuyendo mi
patrimonio...´...no coincide el metro cuadrado con los valores actuales del mercado
inmobiliario de la zona´, y que en atención al mismo le fue comunicado el
pronunciamiento de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, en el cual
señaló:
Respuesta de la LONJA: ´(...) en la comunicación remitida por el señor LUIS
GERMÁN SALAZAR GUTIÉRREZ, no se hace referencia a la metodología, el
procedimiento o los cálculos de manera técnica, ni fundamentada en la normatividad
vigente sobre el contenido del avalúo realizado por la Lonja, por lo que no se
encuentran argumentos técnicos para proceder a revisarlo´.
En consecuencia, la Lonja se ratificó en el avalúo.
Con respecto a los argumentos del recurrente, en los cuales manifiesta que: ´(...) es
extraño que no se haya tenido en cuenta el Avalúo presentado en Oposición a la
Resolución de Oferta, realizado por La Corporación Lonja Métrica de Medellín ...´,
le reiteramos que si se dio traslado del avalúo a la Lonja de Propiedad Raíz de
Medellín y Antioquia, a través del oficio con radicado 202030006424 del 4 de
noviembre de 2020, quien se pronunció por medio del documento con radicado de
recibido EDU 202020012884 del 25 de noviembre de 2020 así:
´Aunque La Lonja no es la entidad competente para adelantar la revisión de avalúos
de terceros, analizamos el estudio de mercado contenido en el informe de la lonja
métrica y encontramos lo siguiente:
• Las ofertas 8 y 9 no se pudieron verificar, ya que quienes atendieron la llamada, no
las ubicaron.
• La oferta 1 tiene un área diferente.
• Las edades reportadas en la tabla no corresponde a la indicada por las personas
que atendieron la llamada, ya que la mayoría de las construcciones tienen entre 8 y
16 años.
• Algunas de las ofertas corresponden a apartamentos dentro de conjuntos
residenciales.
• Las ofertas verificadas, incluyen parqueaderos.
• Adicionalmente, el avalúo mencionado en la comunicación de EDU, realizado por la
Lonja Métrica, fue realizado en el mes de octubre de 2020, por ello, toda la
información corresponde a datos vigentes para ese mes, a diferencia de la fecha de
estimación del valor del informe realizado por La Lonja es 8 de octubre
Por lo anterior, las ofertas del estudio de mercado incluidas en el informe adjunto a
su solicitud, no son comparables´ […] (sic)”
86. De lo expuesto, la Sala advierte que el municipio de Medellín actuó conforme a
lo dispuesto en al artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, modificado por la Ley 1742
de 2014, al fundamentar la expropiación en el avalúo catastral determinado en la
inscripción catastral establecida en la Resolución 7153 de 19 de septiembre de 2019
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
y al calcular las indemnizaciones correspondientes por daño emergente y lucro
cesante, así:
“[…] ARTÍCULO TERCERO: PRECIO INDEMNIZATORIO. De conformidad con el
artículo 37 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 6 de la Ley 1742 de
2014, el valor indemnizatorio corresponderá al avalúo catastral según certificado N°
100018191325265 del 04 de enero de 2021 expedido por la Secretaría de Gestión
y Control Territorial - Subsecretaría de Catastro del Municipio de Medellín, así:
[…]
ARTÍCULO CUARTO: INDEMNIZACIONES. El Municipio de Medellín reconocerá
las indemnizaciones económicas al propietario del derecho real de dominio del
inmueble objeto de expropiación, que se encuentra debidamente identificado en la
ficha social N° 711300051 del 21 de agosto de 2018, de conformidad con la
Resolución 898 de 2014 "Por medio de la cual se fijan normas, métodos,
parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales
requeridos en los proyectos de infraestructura de trasporte a que se refiere la Ley
1682 de 2013" modificada por la Resolución 1044 de 2014 del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC) las cuales NO HACEN PARTE DEL PRECIO, de
conformidad con los artículos 17 y 18 de la citada Resolución y de acuerdo al avalúo
comercial corporativo LPR-IAV-1151-2019 del 1 de octubre de 2019, elaborado por
la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, con radicado y fecha de
recepción por parte de la EDU N° 201920018983 del 09 de octubre de 2019. La
indemnización está compuesta por el daño emergente y el lucro cesante que se
cause en el marco del proceso de adquisición, así:
A) INDEMNIZACIONES ECONÓMICAS POR CONCEPTO DE DAÑO
EMERGENTE:
• PROPIETARIO:
[…]”.
87. En este sentido, el inciso 3.° del artículo 37 de la Ley 1682 de 2013 dispone que
“[…] el daño emergente incluirá el valor del inmueble […]”.
88. La Sala destaca que la decisión de expropiación se adoptó después de agotar
el proceso de enajenación voluntaria y de considerar las observaciones del
demandante, las cuales fueron evaluadas y descartadas por la Lonja de Propiedad
Raíz de Medellín y Antioquia por falta de fundamento técnico. Sobre este particular,
la Resolución núm. SEC-202150003092 de 20 de enero de 2021, estableció que
“[…] el plazo establecido para la enajenación voluntaria ya está superado, en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
atención a la reanudación de los términos administrativos y ante la imposibilidad de
adelantar el proceso por negociación directa, es obligatorio iniciar el trámite de
Expropiación Administrativa […]”.
89. Por lo tanto, la Sala no se evidenció una infracción al artículo 37 de la Ley 1682
de 2013, contrario a lo señalado por la parte demandante, toda vez que el municipio
de Medellín reconoció el precio indemnizatorio por el valor catastral del inmueble,
así como los perjuicios causados, al no haber un acuerdo entre las partes en la
etapa de enajenación voluntaria.
90. Es más, el inciso 5.° del artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, modificado por la
Ley 1742 de 2014 dispone que “[…] [e]n caso de no llegarse a acuerdo en la etapa
de enajenación voluntaria, el pago del predio será cancelado de forma previa
teniendo en cuenta el avalúo catastral y la indemnización calculada al momento de
la oferta de compra, en la etapa de expropiación judicial o administrativa […]”. Sobre
este particular, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de este
aparte, señaló lo siguiente:
“[…] la disposición estudiada no afecta el artículo 58 de la Constitución, dado que,
de una lectura literal de la norma, el parámetro de precio que corresponde al avalúo
catastral es optativo, puesto que indica que la autoridad tendrá en cuenta ese valor
y no impide de manera expresa incluir otro ítem diferente. Esa premisa se encuentra
en el enunciado prescriptivo atacado al advertir que “En caso de no llegarse a
acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, el pago del predio será cancelado
de forma previa teniendo en cuenta el avalúo catastral”. Así, la disposición
censurada indica que el avalúo catastral deber ser revisado para fijar el precio de
compra del inmueble, empero ello no significa que se excluyan otras variables para
realizar ese cálculo. En caso de que el legislador hubiese querido circunscribir el
precio del predio a ese avalúo, él hubiese realizado una restricción en ese sentido,
cosa que no hizo de manera expresa.
Aunado a lo anterior, no se puede olvidar que el precio del inmueble es un
componente de la indemnización en la etapa de expropiación, puesto que a ese
valor se sumará el resarcimiento de los daños emergente y lucro cesante. Tales
elementos complementarán la indemnización, con lo cual se observa la justicia en
dicho pago, porque se corresponde con la función que por general tiene esa
institución, es decir, reparatoria.
La Sala considera pertinente someter esa medida a un análisis de proporcionalidad
con el fin de despejar cualquier duda que surja de la validez constitucional de la
disposición.
La medida propuesta intenta incentivar la etapa de arreglo directo, dado que ésta
disminuye los costos que se causan con la expropiación. Ese medio tiene una
finalidad constitucional valida y legítima, pues desarrolla el interés general de la
comunidad. Esa medida es proporcional y razonable en relación con la posible
afectación del derecho de propiedad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
El medio elegido por el legislador es idóneo para cumplir las metas propuestas,
puesto que el mayor precio en la enajenación voluntaria es un incentivo para que el
propietario opte por esa vía y deseche la posibilidad de la expropiación forzosa.
Además, es necesaria, toda vez que no existe otra medida menos gravosa para los
derechos de los propietarios, máxime si se tiene en cuenta que el avalúo catastral
no es una camisa de fuerza para el tasador.
Finalmente, se estima que la medida es proporcional, como quiera que el logro de
promover el arreglo directo obtiene una mayor satisfacción a los principios de
celeridad, debido proceso y la satisfacción del interés general que la posible
afectación al artículo 58 de la Carta Política. Ello, en razón de que la supuesta lesión
a ese derecho tendría un impacto muy reducido. Dentro de las posibilidades
jurídicas, esta Corporación recuerda que la indemnización por regla general es
reparatoria, función que se alcanzaría cancelando al expropiado el avalúo catastral
sumado a los perjuicios por lucro cesante o daño emergente. Es más, el avalúo
catastral sirve para que el ciudadano cumpla con su carga impositiva, de modo que
es apenas justo que en algunos casos el precio se fije con base en su deber
tributario, siempre y cuando ese sea el resultado de la ponderación entre los
principios en tensión. Además, dicha regulación salvaguarda la directriz
constitucional que indica que la administración debe privilegiar el arreglo directo
antes que la expropiación, premisa defendida por la jurisprudencia de esta
Corporación.
Ahora bien, la Sala debe preguntarse si el hecho de que la ley establezca que la
cuantificación de la indemnización corresponderá con el momento de la oferta de
compra independientemente que la tasación se efectué en la etapa de expropiación
impide que las autoridades ponderen los intereses de la comunidad y del afectado.
La respuesta a ese cuestionamiento tiene dos interpretaciones. De un lado, se
estima que las expresiones censuradas impiden que se calculen dentro de la
indemnización los daños acaecidos con posterioridad a la fecha de la oferta de
compra, porque así lo dispone la norma. De otro lado, se considera que la
hermenéutica de la proposición acusada se refiere a la certeza del daño, sin que
impida que se cuantifiquen los perjuicios ciertos futuros del lucro cesante o del daño
emergente. Una muestra de ello, se identifica con el resarcimiento de los gastos de
abogado en que incurrió el particular derivado de los procesos de expropiación
administrativa y judicial. También, los costos de una vivienda de transición para una
persona discapacitada mientras se suerte todo el trámite.
Ante esa situación, la Corte adoptará la segunda posición, porque es la que protege
los contenidos constitucionales en discusión. De aceptar la primera interpretación,
el juez o la entidad expropiadora se verían en la disyuntiva de cumplir con el texto
de la ley aplicando reglas rígidas de manera mecánica, pero desconociendo la Carta
Política, estatuto que exige a la autoridad judicial ponderar y proteger los derechos
constitucionales de cierto tipo de sujetos especialmente vulnerables. La norma
superior no impide que se restringa la indemnización, porque ésta puede llegar a ser
compensatoria. Pero la Constitución sí proscribe que a las autoridades
expropiadoras les este vedado ponderar cuando la garantía de los derechos
constitucionales lo exija.
Por lo anterior, la interpretación del inciso 5º del artículo 6 de la Ley 1742 de 2014
que resulta conforme a la Carta es aquella que le permite al juez o la administración
calcular la indemnización con perjuicios causados con posterioridad a la oferta de
compra, lesiones que son consecuencia directa de la expropiación […]”.
91. La Sala concluye que el municipio de Medellín actuó conforme a lo establecido
en el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, modificado por la Ley 1742 de 2014 tras
agotar la etapa de enajenación voluntaria y considerar las observaciones del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
demandante, las cuales fueron descartadas por falta de fundamento técnico.
92. Aunado a lo anterior, en el sub examine, la parte demandante aportó con la
demanda el avalúo comercial elaborado por la Corporación Lonja Métrica con núm.
AVAL- 3899 del 19 de octubre de 2020, el cual fue allegado como documento en la
etapa de negociación voluntaria del inmueble objeto de controversia.
93. Empero, la Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el
dictamen pericial es la prueba idónea para acreditar la incorrección del avalúo
oficial; en la sentencia proferida el 30 de abril de 2020, indicó lo siguiente:
“[…] Con fundamento en las anteriores premisas, en nuestro ordenamiento jurídico
la prueba idónea para demostrar la incorrección del avalúo oficial que determinó el
valor comercial de un bien inmueble objeto de expropiación es el dictamen pericial
y, en consecuencia, tal y como lo estimó el a quo, el avalúo presentado por el actor
con la demanda, siendo una prueba documental, no resulta conducente para esa
finalidad […]”59.
94. La determinación del valor comercial del bien inmueble tiene un carácter técnico,
toda vez que este se fundamenta en varios criterios y parámetros como la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente, la destinación económica
del inmueble, los valores unitarios para cada una de las construcciones del terreno,
aspectos físicos, la clase del suelo, las construcciones en la zona, la estratificación
socio económica del bien inmueble, las construcciones existentes, entre otros;
asimismo, para establecer el valor comercial del bien inmueble debe acudirse a los
métodos previstos en la normativa.
95. En este orden de ideas, la parte demandante debe realizar un esfuerzo
probatorio para desvirtuar la corrección del avalúo oficial.
96. Así las cosas, el avalúo comercial elaborado por la Corporación Lonja Métrica
con núm. AVAL- 3899 del 19 de octubre de 2020 resulta ser un documento que no
cumple con las características propias de una prueba pericial, de acuerdo con la
jurisprudencia citada supra. Por lo tanto, esta prueba es conducente a efectos de
acreditar la incorreción del avalúo oficial.
97. Al respecto, el a quo refirió que en el avalúo referido refirió que “[…] fue
igualmente presentado por el demandante como soporte de las solicitudes que en
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Roberto Augusto
Serrato Valdés; sentencia de 30 de abril de 2020; núm. único de radicación: 05001233100020030050001
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
ejercicio del derecho de petición elevó ante la EDU para obtener la revisión de la
oferta de compra y sobre el cual la entidad efectuó el correspondiente
pronunciamiento. Es así que, en su oportunidad, la entidad accionada EDU, indicó
al accionante la imposibilidad de modificar el avalúo comercial del bien teniendo
como fundamento aquel realizado por la Lonja Métrica, informándole que este
adolecía de las características propias de los avalúos requeridos en este tipo de
eventos, en tanto no determinó la metodología y los procedimientos aplicables, así
como tampoco en su contenido coincidía con las características propias del bien
[…]”.
98. En suma, la Sala considera que, el documento allegado no cumple con las
exigencias jurisprudenciales, y, por ende, no permita establecer que el valor
comercial del inmueble objeto de expropiación asciende realmente a la suma allí
consignada y no a la determinada por la entidad demandada mediante avalúo
técnico.
99. Así, se concluye que en la decisión adoptada en primera instancia se realizó un
adecuado análisis, pues la parte demandante no se realizó ningún esfuerzo ni
argumentativo ni probatorio para desvirtuar el avalúo técnico.
100. Por las razones expuestas anteriormente, el cargo no está llamado a prosperar.
Sobre la inconformidad de la condena en costas impuestas en primera
instancia.
101. El Tribunal, en la sentencia proferida en primera instancia, consideró que de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado60 y con el artículo 365 del
Código General del Proceso, procedía la condena en costas contra la parte vencida
en el proceso.
102. Al respecto, la parte demandada, en su recurso de apelación, indicó que la
condena en costas “ya no se hace de manera objetiva, se debe realizar un análisis
ponderado del juez para determinar estas costas, ejemplo gastos, y que el abogado
haya entorpecido el proceso situación que dentro del mencionado expediente no se
60 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencias 7 de abril de
2016. Radicado: 13001-23-33-000-2013-00022-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
dieron”. Por lo anterior, la parte demandante solicitó revocar la condena en costas
impuesta en primera instancia.
103. Vistos los artículos: i) 18861 de la Ley 1437; ii) 361 de la Ley 1564 sobre la
composición de las costas; iii) 365 ibidem en especial, su numeral 8.º62, sobre
condena en costas; iv) 366 ibidem, sobre liquidación de costas y agencias en
derecho y v) el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en especial, los artículos 2.°33
sobre criterios para la fijación de agencias en derecho y 5.°34 sobre las tarifas de las
agencias en derecho.
104. Atendiendo a que la condena en costas: i) está compuesta, por un lado, por la
totalidad de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y, por el
otro, por las agencias en derecho; ii) para su imposición debe tenerse en
consideración las reglas previstas en el artículo 365 de la Ley 1564; iii) de
conformidad con el numeral 8.° ibidem, solo habrá lugar cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación; y iv) en relación con
la determinación de las agencias en derecho tendrá en cuenta los criterios para su
fijación y las tarifas indicadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
105. La Sala considera que no hay lugar a imponer una condena en costas a la
parte demandante, en primera instancia, en la medida que, si bien se negaron las
pretensiones de la demanda, no se acreditó probatoriamente la causación de las
costas y, en consecuencia, se revocará el ordinal tercero de la sentencia apelada.
Conclusiones de la Sala
106. La Sala considera que la parte demandante no desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos acusados; en consecuencia, se confirmará la sentencia
proferida, en primera instancia.
Condena en costas
107. Vistos los artículos 18863 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564, sobre la condena
61 Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080.
62 […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]”.
63 Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
en costas y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a que, en esta
instancia no aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en costas a la
parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el 5 de junio de 2023
por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás la sentencia proferida el 5 de junio de 2023
por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
Núm. único de radicación: 050012333000 2021 01519 01
Demandante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.