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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-08225-01

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-08225-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08225-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08225-01

Accionante: LUIS GERMÁN SALAZAR GUTIÉRREZ

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA PRIMERA DE
ORALIDAD

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. INMEDIATEZ-
Su desconocimiento desvirtúa el carácter urgente del amparo.

La Sala decide la impugnación interpuesta por Luis Germán Salazar Gutiérrez, contra
el fallo proferido el 23 de febrero de 2026, por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 19 de diciembre de 2025, Luis Germán Salazar Gutiérrez, actuando en nombre
propio, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso; que consideró vulnerado por el Consejo de Estado,
Sección Primera, y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad,
al haber proferido la sentencia del 20 de marzo de 2025, mediante la cual el Consejo

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-08225-01
Accionante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
Acción de tutela – Segunda Instancia

de Estado, Sección Primera, confirmó parcialmente la providencia del 5 de junio de
2023, en la que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad,
negó las pretensiones formuladas dentro del medio de control de expropiación
administrativa, promovida contra el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, y la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU.

En virtud del amparo, la parte accionante solicita expresamente:

«Solicito al Honorable Juez, Ordenar al Honorable Consejo de Estado Sección
primera emita una nueva decisión teniendo en cuenta l[a] ley 1682 de 2013 artículo
37, por ser est[a] más favorable para mis aspiraciones.»

2. Hechos relevantes

De acuerdo a las afirmaciones expuestas en el escrito de tutela y los documentos
allegados al expediente, se advierte que el Distrito de Medellín, mediante el Decreto
1189 del 9 de agosto de 2016, anunció la ejecución del proyecto denominado
corredor urbano de transporte de la avenida ochenta, iniciativa que comprendía la
adquisición y, de ser necesario, la expropiación de los inmuebles ubicados dentro de
la zona de influencia de la obra.

El accionante manifestó que el referido proyecto no fue objeto de una adecuada
socialización con los habitantes que resultarían impactados. Expuso que, durante la
realización de los estudios socioeconómicos efectuados en 2018, puso en
conocimiento de la administración la existencia de los pisos 4º y 5º de su inmueble,
los cuales contaban con licencia de construcción y estaban destinados a integrarse
al apartamento 302. Indicó que tales circunstancias fueron inicialmente reconocidas
mediante la Resolución No. 15802 del 28 de septiembre de 2018 sin embargo, afirmo
que dicho acto fue posteriormente revocado por la Resolución No. 7153 del 8 de julio
de 2019.

Señaló igualmente que la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín elaboró el avalúo
corporativo No. LPRV-IAV-1151-2019 del 19 de julio de 2019, documento en el que

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Acción de tutela – Segunda Instancia

se determinó el precio de compra del apartamento 302. No obstante, sostuvo que en
la elaboración de dicho avalúo no se observaron los parámetros previstos en el
artículo 37 de la Ley 1682 de 2013 para la valoración de inmuebles objeto de
adquisición o expropiación.

Expuso que, con fundamento en el avalúo referido, el Distrito de Medellín expidió la
Resolución No. SEC-201950002285 del 15 de enero de 2020, mediante la cual
formuló oferta de compra respecto del inmueble. A su juicio, dicha oferta se sustentó
en un área construida inferior a la realmente existente y reconocida, pese a los
avalúos alternativos que aportó al trámite. Agregó que durante el procedimiento se
incrementó el estrato socioeconómico y el impuesto predial del predio y que,
posteriormente, la administración ordenó la expropiación administrativa mediante la
Resolución No. SEC-202150003092 del 20 de enero de 2021, decisión frente a la
cual interpuso recurso de reposición, la cual fue resuelta desfavorablemente
mediante Resolución No. SEC-202150022257 del 24 de febrero de 2021.

Refirió que, con el fin de cuestionar la legalidad de los actos administrativos
expedidos dentro del trámite expropiatorio, promovió acción especial contencioso -
administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997. El conocimiento del
asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad, corporación que, mediante sentencia del 5 de junio de 2023, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que el actor no logró acreditar las causales
de nulidad invocadas ni desvirtuar el valor de adquisición fijado por la administración.

Inconforme con dicha determinación, el demandante interpuso recurso de apelación.
La controversia fue resulta por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante
sentencia del 20 de marzo de 2025, autoridad que revocó el ordinal 3º de la sentencia
proferida el 5 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión, y confirmó en lo demás dicha sentencia.

Indicó que las providencias judiciales proferidas desconocieron el alcance del
artículo 37 de la Ley 1682 de 2013.

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Accionante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
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El 19 de diciembre de 2025, formuló acción de tutela con el fin de obtener la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado
por el Consejo de Estado, Sección Primera, y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Oralidad, al haber proferido la sentencia del 20 de marzo de 2025,
mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, confirmó parcialmente la
providencia del 5 de junio de 2023, en la que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Oralidad.

Así, mediante sentencia del 23 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Subsección B, declaró improcedente la acción de tutela,
al considerar que no se satisfacía el requisito de inmediatez, toda vez la solicitud de
amparo fue presentada en un lapso superior a seis (6) meses siguientes a notificada
la sentencia en segunda instancia.

Finalmente, el accionante impugnó esta última la decisión.

3. Fundamentos de la tutela

La parte accionante sostuvo que las providencias judiciales cuestionadas vulneraron
su derecho fundamental al debido proceso, al omitir la aplicación del artículo 37 de
la Ley 1682 de 2013 dentro del proceso promovido con ocasión de la expropiación
de su inmueble.

En ese sentido, indicó que tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia como el
Consejo de Estado, fundamentaron sus decisiones en disposiciones normativas y
criterios de valoración que, a su juicio, no resultaban aplicables para determinar el
monto de la indemnización derivada de la adquisición y expropiación del bien.
Particularmente afirmó que las autoridades judiciales acudieron a las reglas
contenidas en la Ley 288 de 1997 y a resoluciones expedidas por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), desconociendo que el artículo 37 de la Ley 1682

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Accionante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
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de 2013 establecía un régimen especial para la determinación del daño emergente
en esta clase de actuaciones.

Asimismo, señaló que la interpretación adoptada por las autoridades accionadas
desconoció el principio de legalidad y las garantías inherentes al debido proceso,
toda vez que, en su criterio, la normativa vigente al momento de los hechos imponía
reconocer dentro de la indemnización el valor comercial del inmueble como
componente del daño emergente.

4. Trámite de primera instancia

El 14 de enero de 2026, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
admitió la acción de tutela 1 y ordenó su notificación al Consejo de Estado, Sección
Primera, y al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad.
Asimismo, dispuso vincular al Municipio de Medellín y a la Empresa de Desarrollo
Urbano – EDU, en calidad de terceros con interés; de igual forma solicitó allegar
copia del expediente de la acción contencioso – administrativa adelantada.

En su escrito de contestación2, el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, solicitó que declarar su improcedencia, al considerar que el accionante no
acreditó los requisitos de procedibilidad exigidos para cuestionar providencias
judiciales por esta vía excepcional. Sostuvo que el amparo constitucional no
constituye una instancia adicional para reabrir debates jurídicos ya resueltos ni un
mecanismo para controvertir la interpretación normativa o la valoración probatoria
efectuada por el juez natural. Finalmente, indicó que la controversia planteada por el
actor carece de relevancia constitucional.

Por su parte, en su escrito de contestación 3, la Empresa de Desarrollo Urbano –
EDU, solicitó que se declarara improcedente, por cuando la parte actora pretende

1 SAMAI, índice 5 de primera instancia.
2 SAMAI, índice 12 de primera instancia.
3 SAMAI, índice 13 de primea instancia.

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Accionante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
Acción de tutela – Segunda Instancia

utilizar este mecanismo para controvertir decisiones judiciales ejecutoriadas
proferidas dentro del proceso correspondiente. Manifestó que las providencias
cuestionadas fueron adoptadas en ejercicio de las competencias propias de las
autoridades judiciales accionadas, con plena observancia del debido proceso y con
fundamento en un análisis razonado de las normas y circunstancia relevantes al
caso. Agregó que no se configura defecto factico, sustantivo o procedimental que
habilite la intervención del juez constitucional, ni se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que justifique el amparo. De igual forma, indicó que el
accionante contó con los mecanismos ordinarios de defensa judicial, los ejerció
oportunamente y obtuvo decisiones motivadas en ambas instancias, razón por la
cual la tutela no puede emplearse para reabrir una controversia ya definida.

Finalmente, en su escrito de contestación 4, el Consejo de Estado, Sección Primera,
manifestó que la acción de tutela no satisface el requisito de inmediatez dado que
promovió después de seis (6) meses desde la notificación de la providencia que se
controvierte por esta vía constitucional, teniendo en cuenta que la solicitud de
amparo se radicó el 19 de diciembre de 2025, mientras que la sentencia del 20 de
marzo de 2025 se notificó el 4 de abril de ese mismo año. De igual forma, indicó que
la decisión cuestionada no resulta lesiva de los derechos fundamentales alegados
por la parte actora, por el contrario, se encuentra debidamente fundamentada por lo
que se encuentra amparada por los principios de independencia y autonomía
previstos en el artículo 228 de la Constitución Política.

El 23 de febrero de 2026 5, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subección B,
profirió sentencia de primera instancia, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela promovida por Luis Germán Salazar Gutierrez, contra el Consejo de
Estado, Sección Primera, y el Tribunal Administraivo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad, al concluir que no se cumplía el requisito de inmediatez para la procedencia
del amparo contra providencias judiciales.

4 SAMAI, índice 16 de primera instancia.
5 SAMAI, índice 22 de primera instancia.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-08225-01
Accionante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
Acción de tutela – Segunda Instancia

La Sala advirtió que la providencia cuestionada fue notificada el 4 de abril de 2025,
mientras que la acción de tutela fue presentada el 19 de diciembre de 2025, esto es,
transcurridos 8 meses y 15 días, superando ampliamente el término de seis (6)
meses que la jurisprudencia ha considerado como razonable para acudir a este
mecanismo; adicionalmente, no se evidenció justificación alguna que explicara la
tardanza en su interposición ni la configuración de circunstancias excepcionales que
permitieran flexibilizar dicho requisito.

La parte accionante impugnó la decisión6, argumentando que la sentencia de
primera instancia debía ser revocada, toda vez que, en su criterio, el requisito de
inmediatez sí se encontraba satisfecho. Señaló que el juez de tutela no tuvo en
cuenta que la jurisprudencia constitucional admite excepciones a dicho requisito
cuando la vulneración de los derechos fundamentales es permanente en el tiempo y
continúa produciendo efectos.

Al respecto, sostuvo que la afectación alegada no corresponde a un hecho superado,
sino a una situación que permanece vigente, derivada de la expropiación de su
inmueble y la presunta inaplicación del artículo 37 de la Ley 1682 de 2013 por parte
de las autoridades administrativas y judiciales que conocieron del asunto. Afirmó que
tal circunstancia comporta una vulneración continua del derecho fundamental al
debido proceso y del principio de legalidad, razón por la cual considera procedente
el estudio de fondo de la solicitud de amparo. En consecuencia, solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, conceder la protección de los derechos
fundamentales invocados.

Finalmente, el 20 de abril de 2026 se concedió 7 la impugnación.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

6 SAMAI, índice 26 de primera instancia.
7 SAMAI, índice 28 de primera instancia.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-08225-01
Accionante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
Acción de tutela – Segunda Instancia

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 23 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sala de Contencioso
Administrativo, Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela por falta
de inmediatez.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la
Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental 8. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la acción de tutela
señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela9.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;

8 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-08225-01
Accionante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
Acción de tutela – Segunda Instancia

trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Inmediatez

La acción de tutela es un mecanismo residual para la protección inmediata de
derechos fundamentales y un remedio de aplicación urgente. Si el amparo se dirige
contra una providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia que se impugna en tutela 10.

Caso concreto

La Sala observa que los argumentos expuestos por la parte accionante se dirigieron
a cuestionar la decisión adoptada por el Consejo de Estado, Sección Primera, y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, al haber proferido la
sentencia del 20 de marzo de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección
Primera, confirmó parcialmente la providencia del 5 de junio de 2023, en la que el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, negó las
pretensiones formuladas dentro del medio de control de expropiación administrativa,
promovida contra el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y la
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU. Sin embargo, antes de examinar los defectos
alegados, la Sala verificará si la acción de tutela cumplió el requisito de inmediatez,
presupuesto indispensable para la procedencia excepcional del amparo frente a
providencias judiciales.

Del expediente se acreditó que la sentencia de segunda instancia del Consejo de

10 Corte Constitucional, sentencia T-422 del 16 de octubre de 2018.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-08225-01
Accionante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
Acción de tutela – Segunda Instancia

Estado, Sección Primera, fue proferida el 20 de marzo de 2025 11, y se entendió
notificada el 4 de abril de 2025.

La acción de tutela se presentó el 19 de diciembre de 2025 12 , por lo que
efectivamente transcurrieron 8 meses y 15 días entre la notificación de la sentencia
de segunda instancia del proceso de expropiación administrativa y la radicación de
la acción de tutela.

La Sala estima que no es posible flexibilizar el requisito de inmediatez pues, en casos
como este, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, existe una
mayor protección y rigidez al requisito de inmediatez, el cual garantiza el
cumplimiento del principio de seguridad jurídica y cosa juzgada. Al respecto, la Corte
ha señalado que:

«El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá
interponerse “en todo momento y lugar”. La Corte Constitucional ha entendido que
por esa razón no es posible establecer un término de caducidad de la acción de
tutela, pues ello sería contrario al artículo citado. Con todo, ha aclarado que lo
anterior no debe entenderse como una facultad para presentar la acción de tutela en
cualquier momento, ya que ello sería contrario a la seguridad jurídica y
desnaturalizaría la acción, concebida como un remedio de aplicación urgente que
demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.

Por lo anterior, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término
razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente. No existen reglas
estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que
es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, lo que constituye un término
razonable.

La jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a evaluar, en
cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se
relacionan con: (i) La situación personal del peticionario, (ii) el momento en el que se
produce la vulneración, (iii) la naturaleza de la vulneración, (iv) los efectos de la tutela
y (v) la actuación contra la que se dirige la tutela.

Sobre esta última, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como
vulneradora de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado
que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el requisito de inmediatez

11 Actuación visible a índice 7 de SAMAI del proceso radicado 050012333000-2021-01519-01.
12 Actuación visible a índice 2 de SAMAI del proceso radicado 11001-03-15-000-2025-08225-00.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-08225-01
Accionante: Luis Germán Salazar Gutiérrez
Acción de tutela – Segunda Instancia

tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias judiciales,
de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse
en la incertidumbre indefinidamente (…)13»

Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 23 de febrero de 2026,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que declaró
improcedente el amparo, toda vez que no cumple con el requisito general de
inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de febrero de 2026 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

13 Corte Constitucional, Sentencia SU-391de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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