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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2012-00381-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2012-00381-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de mayo de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2012-00381-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre del dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 05001-23-33-000-2012-00381-01
Demandante: Urbanización Portofino P.H.
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano y otros
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Expropiación por vía administrativa
Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia, pero por las
razones expuestas en esta providencia. Sin condena en costas
en esta instancia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 30 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Mediante dicha providencia el tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte actora.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 19 de septiembre de 20121, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), la Urbanización Portofino P.H., a través
de apoderado judicial, demandó a la Empresa de Desarrollo Urbano -E.D.U.-, al Municipio
de Medellín y al Fondo de Valorización del Municipio de Medellín -FONVAL-, con el objeto
de que se accediera a las siguientes pretensiones:

1. PRINCIPALES

1.1. DECLARAR la NULIDAD de las siguiente RESOLUCIONES:
1.1.1. RESOLUCIÓN No. GG 145 de 2012 expedida por la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU- de Medellín, "Por la cual se dispone la expropiación
por vía administrativa de tres Franjas de Terreno", de inmuebles de propiedad de la
Urbanización Portofino P.H.
1.1.2. RESOLUCIÓN No GG 961 de 2011, expedida por la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU- de Medellín, "Por la cual se inician diligencias
tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria o expropiación por vía
administrativa y se formula una oferta de compra" a la Urbanización Portofino P.H.
1.1.3. RESOLUCIÓN No 120 de 2010, expedida por la Dirección del Departamento
Administrativo de Planeación de Medellín, "Por medio de la cual se declara situación de

1 SAMAI, Índice 43, documento «CUADERNO TRIBUNAL». FL. 27.

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Radicado: 05001-23-33-000-2012-00381-01
Demandante: Urbanización Portofino P.H.
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano y otros

urgencia para adquisición de inmuebles con destino a la construcción de paso a desnivel
de la Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos"
1.1.4. Consecuencialmente, de la declaración de nulidad, se restablezca el derecho
de la Urbanización Portofino P.H., ordenando al Registrador de Instrumentos Públicos
de Medellín, la cancelación de los folios de matrícula inmobiliaria que se hayan abierto
y las anotaciones correspondientes, que se hayan hecho, con base en las disposiciones
de la ley 388 de 1997 y en las resoluciones declaradas nulas y que hayan implicado la
transferencia del derecho real de dominio sobre las tres (3) fajas de terreno, de
propiedad de la Urbanización Portofino P.H. y a favor del Fondo de Valorización
Municipal del Municipio de Medellín - FONVAL-
1.1.5. Consecuencialmente, condenar a la parte demandada, solidariamente, al
pago de las agencias en derecho.

2. SUBSIDIARIAS

2.1. Más en subsidio, de no accederse a la declaración de la pretensión principal,
en sentencia que cause ejecutoría, se condene a los entes municipales demandados a:
2.1.1. Pagar a favor de la URBANIZACIÓN PORTOFINO P.H., la INDEMNIZACIÓN
de todos los perjuicios materiales, conforme lo dispone el artículo 58 de la Constitución
y los precedentes jurisdiccionales sentados por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, sobre el punto.
2.1.2. Consecuencialmente, condenar a las entidades demandadas indexar las
sumas que como indemnización se les condene a pagar, al momento del pago.
2.1.3. Condenar a la parte demandada, solidariamente, al pago de las agencias en
derecho.2 [Se transcriben literalmente las pretensiones, conservando los errores
gramaticales y de sintaxis contenidos en el texto original.].

Mediante auto del 22 de octubre de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia
inadmitió la demanda en virtud de los siguientes argumentos:

En la presente demanda, existe una indebida acumulación de pretensiones teniendo
en cuenta que se solicita a la Magistratura declarar la nulidad de las Resoluciones N°
GG 145 de 2012 expedidas por la EDU "Por la cual se dispone la expropiación por
vía administrativa de tres franjas de terreno" propiedad de la Urbanización Portofino
P.H; y N° GG 961 de 2011 "Por la cual se inician diligencias tendientes a la adquisición
por enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa y se formula una
oferta de compra" a la Urbanización Portofino; actos administrativos enunciados de
carácter particular y susceptibles de ser cuestionada su legalidad de conformidad con
el procedimiento establecido por la Ley 388 de 1997 en su artículo 71.

Por su parte, otra de las pretensiones principales es la declaratoria de nulidad de la
Resolución N° 120 de 2010 expedida por la Dirección de Departamento Administrativo
de Planeación de Medellín "Por medio de la cual se declara situación de urgencia
para adquisición de inmuebles con destino a la construcción de paso a desnivel de la
Transversal Inferior con la Loma de los Balsos', acto administrativo este de carácter
general, susceptible de ser demandado a través del medio de control de nulidad
contemplado en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y cuyo trámite viene establecido en los artículo 171 y
siguientes ibidem.

2 SAMAI, Índice 43, documento «CUADERNO TRIBUNAL». FL. 13.

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Radicado: 05001-23-33-000-2012-00381-01
Demandante: Urbanización Portofino P.H.
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano y otros

En virtud de lo expuesto, las pretensiones de nulidad respecto a los actos
administrativos expedidos durante el procedimiento de expropiación por vía
administrativa, dado que deben ser tramitadas por el procedimiento enunciado en el
artículo 71 de la Ley 388 de 1997 que difiere del contemplado para procesos
ordinarios en la Ley 1437 de 2011, no pueden ser acumuladas a la pretensión de
nulidad contra un acto de carácter general. Así las cosas, deberá el apoderado
adecuar las pretensiones de la demanda. 3

En virtud del anterior auto donde se resolvió inadmisión de la demanda, la parte
demandante subsanó la demanda y modificó las pretensiones de la siguiente manera:

A. RESPECTO DE LAS PRETENSIONES.

Las PRETENSIONES de la DEMANDA, conforme a las exigencias hechas, quedan
así: PRETENSIONES.

1. PRINCIPALES

1.1. DECLARAR la NULIDAD de la SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

1.1.1. RESOLUCIÓN No. GG 145 de 2012, expedida por la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU- de Medellín, "Por la cual se dispone la expropiación
por vía administrativa de tres fajas de Terreno", de inmuebles de propiedad de la
Urbanización Portofino P.H.
1.1.1 Consecuencialmente, de la declaración de nulidad, se restablezca el
derecho de la Urbanización Portofino P.H., ordenando al Registrador de Instrumentos
Públicos de Medellín, la cancelación de los folios de matrícula inmobiliaria que se
hayan abierto y las anotaciones correspondientes, que se hayan hecho, con base en
las disposiciones de la ley 388 de 1997 y en la resolución que se declara nula y que
hayan implicado la transferencia del derecho real de dominio sobre las tres (3) fajas
de terreno, de propiedad de la Urbanización Portofino P.H., y a favor del Fondo de
Valorización Municipal, del Municipio de Medellín -FONVAL-.
1.1.1 Consecuencialmente condenar a la parte demandada, solidariamente, al
pago de las agencias en derecho.

2. SUBSIDIARIAS

2.1 Mas en subsidio, de no accederse a la declaración de la pretensión
principal, en sentencia que cause ejecutoria, se condene a los entes municipales
demandados a:

2.1.1 Pagar a favor de la URBANIZACIÓN PORTOFINO P.H., la
INDEMNIZACIÓN de todos los perjuicios materiales, conforme lo dispone el artículo
58 de la Constitución y los precedentes jurisdiccionales sentados por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, sobre el punto.
2.1.1 Consecuencialmente, condenar a las entidades demandadas a indexar, al
momento del pago, las sumas que, como indemnización, se les condene a pagar.
2.1.1 Condenar solidariamente a las demandadas, al pago de las agencias en
derecho. 4 [Se transcriben literalmente las pretensiones, conservando los errores
gramaticales y de sintaxis contenidos en el texto original.]

3 SAMAI, Índice 43, documento «CUADERNO TRIBUNAL». FL. 115.
4 SAMAI, Índice 43, documento «CUADERNO TRIBUNAL». FL.119.

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Radicado: 05001-23-33-000-2012-00381-01
Demandante: Urbanización Portofino P.H.
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano y otros

1.1.2. Fundamentos de hecho

En el acápite correspondiente de la demanda se señaló que, mediante el Acuerdo Municipal
núm. 16 de 2008, se estableció el Plan de Desarrollo de Medellín 2008-2011. Según el
demandante, durante ese período no se propuso al Concejo de Medellín ningún plan o
programa de obras públicas para la ciudad.

El 17 de marzo de 2010, mediante la Resolución núm. 120, se declaró la situación de
urgencia para la adquisición de inmuebles con destino a la «construcción del paso a desnivel
de la Transversal Inferior con la Loma de los Balsos».

El 9 de noviembre de 2011, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) expidió la
Resolución núm. 961, «Por la cual se inician diligencias tendientes a la adquisición por
enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa y se formula una oferta de
compra», dirigida a la Urbanización Portofino P.H., respecto de una franja de terreno de la
copropiedad.

Al no haberse llegado a un acuerdo entre la Empresa de Desarrollo Urbano y la
copropiedad, la primera expidió la Resolución núm. GG 145 de 2012, por medio de la cual
se dispuso la expropiación por vía administrativa de tres fajas de terreno. En dicho acto
administrativo se estableció una indemnización por valor de setenta y cinco millones de
pesos ($75.000.000).

Posteriormente, según la parte demandante, la Urbanización Portofino P.H. requirió la
entrega de la suma de $75.000.000, fijada como precio en la etapa de «enajenación
voluntaria», la cual le fue entregada mediante dos (2) cheques que resultaron impagados
por el banco girado, debido a la causal de «firmas no registradas», sin que la EDU, el
FONVAL o el Municipio de Medellín hubieran dado cumplimiento al procedimiento
establecido en la Ley 388 de 1997.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

En la demanda, se señaló que se violaron las siguientes normas: artículos 29, 58, 82, 63,
313 y 315 de la Constitución Política, las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997, 152 de 1994,
136 de 1994, el decreto 1504 de 1998, los siguientes acuerdos municipales: 046 de 2006,
16 de 2008 y 58 de 2008.

La demanda sostuvo que la expropiación por vía administrativa es inconstitucional porque
se utilizó como un mecanismo ordinario sin que existieran circunstancias objetivas de
urgencia, emergencia o calamidad pública que justificaran su carácter excepcional.
Además, se afirmó que la obra pública para la cual se pretendió la expropiación no fue
presentada por el alcalde ni aprobada por el Concejo Municipal mediante acuerdo, como
exigen los artículos 313 y 315 de la Constitución. Igualmente, se argumenta que los
antejardines, por ser bienes privados integrantes del espacio público, representan la
materialización del interés general y, por tanto, las autoridades tienen el deber
constitucional de protegerlos y conservarlos íntegramente.

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Radicado: 05001-23-33-000-2012-00381-01
Demandante: Urbanización Portofino P.H.
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano y otros

El escrito explicó que, conforme al artículo 58 de la Constitución, la expropiación solo es
legítima cuando concurren simultáneamente causas o motivos y fines de utilidad pública
o interés social. Señaló que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
expropiación es una herramienta excepcional destinada para garantizar el interés
general, por lo que debe cumplir estrictamente los requisitos constitucionales y legales.
En este sentido, se cuestionó la aplicación de disposiciones de la Ley 388 de 1997, al
considerar que confunden el objeto de la expropiación con las causas que la justifican y
no identifican de manera suficiente los motivos concretos de utilidad pública o interés
social.

Asimismo, se argumentó que la expropiación administrativa solo procede cuando existen
especiales condiciones de urgencia objetivamente demostrables, las cuales deben
evaluarse de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 388 de 1997, como el
carácter inaplazable de la solución, la prevención de perjuicios graves a la comunidad o
la necesidad de evitar demoras en la ejecución de proyectos prioritarios. Según la
demanda, en el caso concreto dichas condiciones nunca existieron, pues la obra
cuestionada formaba parte de una planeación ordinaria prevista para ejecutarse dentro
de un período de gobierno determinado, sin vínculo alguno con situaciones de
emergencia o calamidad pública, lo que configuraría una falsa motivación de los actos
administrativos que ordenaron la expropiación.

De otra parte, se alegó que la obra pública vial carece de sustento legal porque no fue
adoptada mediante un plan o programa de obras públicas aprobado por el Concejo de
Medellín a través de un acuerdo municipal independiente del Plan de Desarrollo. Según
la argumentación, entre 2008 y 2012 el Concejo no aprobó ningún plan de obras públicas
de esa naturaleza, por lo que la administración no podía ejecutar ni respaldar la
expropiación en una obra que no había sido sometida al debido control político. También
se destaca que la obra habría sido previamente rechazada en una consulta popular y que
diversos estudios técnicos concluían que no resolvería los problemas de movilidad,
además de generar impactos negativos sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de
vida de los residentes.

Finalmente, el escrito defendió que los antejardines de la Urbanización Portofino P.H.
constituyen espacio público protegido constitucionalmente y cuentan con garantías de
permanencia derivadas de los principios de seguridad jurídica, certeza y confianza
legítima. Al respecto:

Tanto es cierto lo anterior, que a los BIENES DEL ESPACIO PÚBLICO, se
extendieron las GARANTÍAS y PROTECCIONES de la INALIENABILIDAD,
INEMBARGABILIDAD e IMPRESCRIPTIBILIDAD, que establece el artículo 63 de la
Constitución, de tal modo que los ANTEJARDINES, aún como BIENES PRIVADOS
DEL ESPACIO PÚBLICO, devienen INALIENABLES, como en efecto así ocurre, de
tal modo que mientras exista MATERIAL Y JURÍDICAMENTE, como en el caso la
URBANIZACIÓN PORTOFINO, como PROPIEDAD HORIZONTAL, sus
ANTEJARDINES serán INALIENABLES, por expreso mandato de los artículos 82 y
63 de la Constitución, de tal modo que mucho menos puede el Estado a través de sus
autoridades públicas, pretender disminuir, limitar, destruir, cambiar, ocupar, etc., los
mismos, careciendo de facultades para ello al tenor de las mismas normas
constitucionales.

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1.1.4. Contestación de la demanda

• Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-

En la contestación de la demanda, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU),
sostuvo que la mayoría de los hechos planteados por la parte actora eran falsos o
constituían simples interpretaciones subjetivas de la normativa aplicable. La entidad
afirmó que la expropiación administrativa adelantada respecto de los terrenos de la
Urbanización Portofino P.H. se fundamentó en motivos de utilidad pública e interés social
expresamente previstos en la Constitución y en la Ley 388 de 1997, particularmente para
la ejecución del proyecto vial denominado «Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma
de Los Balsos».

La demandada argumentó que la declaratoria de urgencia y la utilización del mecanismo
de expropiación administrativa fueron plenamente legales. Señaló que el proyecto estaba
incorporado en instrumentos de planeación, acuerdos municipales y actos administrativos
expedidos con anterioridad, tales como la Resolución 120 de 2010 y las resoluciones que
desarrollaron el proyecto vial. Asimismo, sostuvo que la Constitución autoriza
excepcionalmente la expropiación por vía administrativa cuando concurren razones de
utilidad pública o interés social definidas por el legislador, sin que ello implique
vulneración del derecho de propiedad.

La entidad también rechazó las afirmaciones relacionadas con la naturaleza jurídica de
las áreas afectadas. Explicó que, aunque desde el punto de vista civil se trataba de bienes
privados, desde la perspectiva urbanística correspondían a zonas comunes no esenciales
susceptibles de desafectación y enajenación. Por ello, consideró válida su incorporación
al proyecto de infraestructura vial, enfatizando que la destinación de dichos espacios
estaba vinculada a intereses colectivos que prevalecen sobre el interés estrictamente
particular cuando concurren motivos de utilidad pública.

Como defensa principal, la EDU propuso la excepción de presunción de legalidad de los
actos administrativos, afirmando que las resoluciones que declararon la urgencia iniciaron
la adquisición de los predios y ordenaron la expropiación se encontraban en firme, no
habían sido suspendidas ni anuladas judicialmente y, por tanto, producían todos sus
efectos jurídicos. Igualmente formuló las excepciones de inexistencia del perjuicio y de
inexistencia de la obligación de indemnizar, al considerar que la parte demandante no
había demostrado ni cuantificado adecuadamente los daños cuya reparación reclamaba.

Finalmente, la demandada reiteró que todo el procedimiento de adquisición y
expropiación se adelantó con observancia del debido proceso, la publicidad, la
transparencia y el derecho de contradicción. Con fundamento en ello, solicitó negar las
pretensiones de la demanda, mantener la validez de los actos administrativos
cuestionados y reconocer que las actuaciones adelantadas por el Municipio de Medellín
y la EDU se ajustaron plenamente al ordenamiento jurídico y a los fines de utilidad pública
que justificaron la expropiación.

• Municipio de Medellín

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Radicado: 05001-23-33-000-2012-00381-01
Demandante: Urbanización Portofino P.H.
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano y otros

El Municipio de Medellín, por conducto de su apoderada, sostuvo que la expropiación
administrativa cuestionada se ajustó plenamente a la ley y negó que los actos
administrativos estuvieran desprovistos de motivación. Explicó que la Resolución GG-145
de 2012 indicó expresamente que los inmuebles expropiados serían destinados a la
ejecución del proyecto de utilidad pública denominado “Paso a desnivel de la Transversal
Inferior con Loma de Los Balsos”, iniciativa que, según la entidad, generaría importantes
beneficios para la movilidad de la ciudad.

La demandada afirmó que la declaratoria de urgencia también estaba debidamente
sustentada. Señaló que la Ley 388 de 1997 prevé varios criterios para adoptar dicha
medida y que basta la configuración de uno de ellos para justificar la expropiación por vía
administrativa. Indicó que el proyecto era prioritario para solucionar problemas de
movilidad, que se encontraba incorporado en los instrumentos de planeación municipal y
que su ejecución había sido prevista y ratificada en los distintos planes de desarrollo del
municipio.

Asimismo, sostuvo que el proyecto vial era compatible con el Plan de Ordenamiento
Territorial y con el sistema vial metropolitano. Para respaldar esta afirmación, explicó que
la ampliación de la Loma de Los Balsos y el paso a desnivel hacían parte de la planeación
vial de largo plazo del municipio y del Área Metropolitana, y que el diseño finalmente
adoptado obedeció a estudios técnicos y a las facultades otorgadas al Departamento
Administrativo de Planeación para ajustar los proyectos conforme a las necesidades de
movilidad.

La entidad también rechazó los argumentos de la parte actora relacionados con la
naturaleza del terreno afectado y con la supuesta vulneración del espacio público. Al
respecto, manifestó que varias afirmaciones de la demanda correspondían a
apreciaciones subjetivas o interpretaciones erróneas de la normativa. Además, recordó
que en una acción popular previamente decidida se había concluido que el área objeto
de expropiación no tenía acreditado el carácter de bien de uso público y que, una vez
culminado el procedimiento expropiatorio, estaría destinada precisamente al uso
colectivo derivado de la obra vial.

Finalmente, la demandada reiteró que la expropiación perseguía la ejecución de una obra
de gran importancia para superar los conflictos de tránsito del sector y mejorar la
conectividad vial de la ciudad. Con fundamento en ello, mantuvo íntegramente los
argumentos expuestos en la contestación inicial de la demanda, solicitó practicar las
pruebas propuestas y pidió al despacho judicial desestimar las pretensiones formuladas
por la Urbanización Portofino P.H.

• El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín

En la contestación de la reforma de la demanda, el Fondo de Valorización del Municipio
de Medellín (FONVALMED) sostuvo que el acto administrativo de expropiación sí
contenía una motivación suficiente y ajustada a derecho. Indicó que la Resolución GG-
145 de 2012 expuso de manera expresa los fundamentos normativos y las razones de
utilidad pública e interés social que justificaban la intervención sobre los inmuebles
afectados, por lo que rechazó las afirmaciones de la parte actora acerca de una supuesta
falta de motivación.

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La entidad demandada explicó que los bienes expropiados fueron destinados a la
ejecución del proyecto vial denominado «Paso a desnivel de la Transversal Inferior con
la Loma de Los Balsos», obra declarada de utilidad pública. Señaló que la expropiación
encontraba respaldo en el principio según el cual el interés general prevalece sobre el
interés particular cuando se persiguen fines colectivos legalmente definidos por el
legislador.

Asimismo, afirmó que la declaratoria de urgencia se ajustó a los criterios previstos en la
Ley 388 de 1997 y que no era necesario acreditar simultáneamente todas las condiciones
mencionadas por los demandantes. Añadió que el Municipio de Medellín, mediante las
disposiciones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y diversos acuerdos
municipales, había facultado a la administración para acudir al mecanismo de
expropiación administrativa con el propósito de desarrollar proyectos de infraestructura y
espacio público de interés general.

La demandada también sostuvo que el proyecto vial hacía parte de la planeación urbana
y de los planes de desarrollo adoptados por la administración municipal. En ese sentido,
indicó que la obra había sido incorporada dentro del denominado Plan Vial de El Poblado
y que continuó siendo priorizada por las administraciones sucesivas, razón por la cual su
ejecución conservaba plena vigencia jurídica y presupuestal. Igualmente, rechazó varias
afirmaciones de la demanda por considerarlas apreciaciones subjetivas de los actores o
interpretaciones erróneas de la normativa aplicable.

Finalmente, el apoderado de FONVALMED manifestó que las franjas de terreno
adquiridas correspondían a bienes comunes no esenciales de la copropiedad y negó que
existieran las irregularidades alegadas por la parte demandante. Con fundamento en ello,
reiteró integralmente las razones de defensa expuestas en la contestación inicial de la
demanda y solicitó desestimar las pretensiones formuladas en su contra.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 30 de mayo de 20145,
profirió fallo de primera instancia en el cual resolvió lo siguiente:

PRIMERO. NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA promovida por la
Urbanización Portofino en ejercicio del medio de control especial de nulidad y
restablecimiento del derecho - expropiación por vía administrativa - contra Empresa de
Desarrollo Urbano, el Municipio de Medellín y el Fondo de Valorización del municipio de
Medellín.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la Urbanización Portofino P.H., conforme a los
artículos 188 del CPACA en armonía con el artículo 392 del C.P.C. Liquídense por
Secretaria. Por concepto de agencias en derecho, se fija el equivalente a 9 salarios
mínimos mensuales vigentes a favor de la parte demandada, así: 3 salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la fecha de proferirse la sentencia para cada una de las
entidades demandadas.

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

5 SAMAI, Índice 43, documento «EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOCONSEJODEEST». FL. 1

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Radicado: 05001-23-33-000-2012-00381-01
Demandante: Urbanización Portofino P.H.
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano y otros

Para resolver la controversia, el tribunal analizó diversos aspectos. En primer lugar, se refirió
a la protección constitucional del derecho de propiedad, en ese acápite hizo énfasis en que,
si bien el derecho de propiedad está amparado en nuestro ordenamiento, este no es
absoluto y tiene limitaciones y debe ejercerse de acuerdo con su función social y ecológica.

Posteriormente, el tribunal analizó la expropiación como potestad del Estado y señaló que
la expropiación es una institución de derecho público mediante la cual el Estado, por motivos
de utilidad pública o interés social definidos por la ley, priva a un particular de la propiedad
de un bien, siguiendo un procedimiento previo y con el pago de una indemnización. La
Constitución Política prevé tanto la expropiación judicial como la administrativa, las cuales
exigen la existencia de una causa legal de utilidad pública o interés social, la expedición de
una decisión judicial o administrativa respetuosa del debido proceso y el agotamiento previo
de una etapa de negociación directa. Además, la transferencia forzosa del dominio debe
estar precedida por el pago de una indemnización justa al propietario afectado.
Posteriormente, el tribunal profundizó en el análisis de la expropiación administrativa.

Ya respecto del caso concreto, el tribunal abordó cada uno de los cargos planteados por la
accionante de la siguiente manera:

Sobre la afirmación del demandante de que la obra que justificó la expropiación no se
contempló en un programa de obras públicas ni en el presupuesto del municipio para el año
2008. El tribunal señaló que el artículo 60 de la Ley 388 de 1997 exige que los procesos de
adquisición y expropiación de inmuebles sean coherentes con los objetivos, usos del suelo,
programas y proyectos previstos en los planes de ordenamiento territorial y en los planes
de desarrollo. No obstante, la norma no impone como requisito la previa presentación de un
programa de obras públicas que detalle el destino de los bienes objeto de expropiación.
Basta con que existan instrumentos de planificación que evidencien que el proyecto fue
concebido e incorporado por la administración y que la decisión expropiatoria guarde
correspondencia con dichos instrumentos.

El tribunal encontró que la obra sí estaba contemplada en múltiples instrumentos del orden
local, tales como: la Resolución núm. 120 de 2010, la Resolución núm. 0824 del 13 de mayo
de 2010, el Acuerdo núm. 046 de 2006 y el Acuerdo núm. 16 de 2008.

De lo anterior, el tribunal concluyó que los cargos relacionados con la finalización del
período del alcalde Alonso Salazar, la supuesta inexistencia de las condiciones de
urgencia, la alegada pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución núm. 120 de 2010 y la
falta de motivación del acto expropiatorio no tenían vocación de prosperidad.

Lo anterior, porque la prueba documental demostró que el proyecto vial hacía parte de
una política pública de largo plazo incorporada en el POT y en los planes de desarrollo
de Medellín, los cuales garantizaron la continuidad de las obras de infraestructura vial a
través de distintas administraciones. Asimismo, se acreditó que la ampliación de la red
vial era una prioridad para el municipio, existían estudios técnicos que justificaban la
urgencia de la adquisición de los predios y los fundamentos jurídicos y fácticos de la
Resolución núm. 120 de 2010 permanecían vigentes al momento de la expropiación. Por
ello, el juez de primera instancia consideró que el acto demandado estaba debidamente

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motivado y que la utilización de la expropiación administrativa se encontraba respaldada
por razones de utilidad pública e interés social. En ese sentido señaló:

De esta forma, para la Sala ha quedado acreditado en el proceso la prioridad con que
el municipio de Medellín ha asumido los proyectos de infraestructura vial que mejoren
la circulación vehicular, así lo ha plasmado en su plan de ordenamiento territorial y en
los planes de desarrollo, incluso en el plan actual, 2012-2015, los programas para el
mejoramiento de infraestructura vial y sistemas de transporte son denominados,
programas o proyectos bandera.

Respecto de lo señalado por el demandante sobre que la obra del paso a desnivel
Transversal Inferior con Loma los Balsos había sido negada por una consulta popular en el
año 1990. El tribunal consideró que la parte actora no cumplió con la carga de probar que
el proyecto vial para el cual fueron expropiadas las franjas de terreno hubiera sido
rechazado por la comunidad mediante una consulta popular realizada en 1990. En
consecuencia, al no acreditarse ese supuesto fáctico, no era posible derivar de él la nulidad
del acto administrativo de expropiación, por lo que el cargo no estaba llamado a prosperar.

Finalmente, señaló que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, es distinta la
naturaleza de los bienes de uso común de las propiedades horizontales y la de los bienes
de uso público, en ese sentido indicó que: las tres franjas de terreno expropiadas sí podían
ser objeto de la potestad expropiatoria del Estado, pues, aunque hacían parte de las zonas
comunes de la Urbanización Portofino P.H., mantenían la condición de bienes privados y
no podían equipararse a bienes de uso público.

En consecuencia, no gozaban de una protección que impidiera su expropiación. Además,
carecería de sentido acudir a la expropiación por motivos de utilidad pública o interés social
respecto de bienes que ya estuvieran destinados al uso público. Por el contrario, este
mecanismo recae sobre bienes privados para destinarlos a proyectos que satisfacen
necesidades colectivas y materializan la prevalencia del interés general sobre el particular.

III.- DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora interpuso recurso de apelación en los siguientes términos:

Cuestionó la decisión adoptada por el a quo al considerar que efectuó un análisis
insuficiente del marco constitucional y legal que gobierna las obras públicas, la
expropiación administrativa y la declaratoria de urgencia, y que, por tal razón, concluyó
erradamente que los actos administrativos demandados se ajustaban al ordenamiento
jurídico. En ese contexto, la sustentación del recurso de apelación se estructura,
esencialmente, sobre dos ejes argumentativos principales.

Por un lado, argumentó que la sentencia incurrió en error al considerar ajustada a derecho
la declaratoria de urgencia que sirvió de fundamento para adelantar la expropiación
administrativa de los inmuebles requeridos para la ejecución del proyecto vial
denominado «Paso a desnivel transversal inferior con Loma de los Balsos».

En criterio del apelante, la obra en cuestión no podía considerarse válidamente
incorporada a un programa o plan de obras públicas del Municipio de Medellín, pues
nunca fue objeto de adopción mediante el correspondiente acuerdo municipal.

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Según lo afirmó el recurrente, la Constitución Política distingue claramente entre los
planes de desarrollo económico y social y los planes o programas de obras públicas,
asignando al alcalde la iniciativa para presentar ambos proyectos, pero reservando al
concejo municipal la competencia para adoptar cada uno de ellos mediante acuerdos
independientes. Por ello, considera jurídicamente inadmisible que un listado de obras
incluido dentro del Plan de Desarrollo sustituya o absorba el acuerdo específico de obras
públicas exigido por el ordenamiento.

Sostiene igualmente que la sentencia confundió instrumentos de planificación distintos al
asumir que la inclusión de la obra en diversos documentos, tales como el Plan de
Ordenamiento Territorial, planes de desarrollo o instrumentos metropolitanos de
movilidad, resultaba suficiente para tener por cumplida la exigencia constitucional y legal
de adopción de un programa de obras públicas. Según el recurrente, dichos instrumentos
pueden servir como antecedentes técnicos o de planificación, pero no reemplazan el acto
jurídico formal mediante el cual el concejo municipal aprueba las obras públicas que
autorizan intervenciones sobre la propiedad privada.

En desarrollo de esta censura, el demandante enfatiza que el proyecto tuvo origen en
propuestas contempladas desde años atrás dentro de la planificación metropolitana, e
incluso recuerda que determinadas iniciativas viales de la zona fueron objeto de
controversias ciudadanas. Con fundamento en ello, afirma que la administración
municipal no podía acudir a referencias contenidas en instrumentos metropolitanos o en
estudios técnicos para suplir la inexistencia de un acuerdo municipal específico de obras
públicas.

A partir de esa premisa, concluye que tampoco se configuraban las condiciones que
permitían declarar la urgencia para los efectos expropiatorios previstos en la Ley 388 de
1997. En su entender, la ausencia de un programa de obras públicas válidamente
adoptado impedía predicar la prioridad institucional requerida para acudir a la
expropiación administrativa, razón por la cual los actos acusados carecían de soporte
jurídico suficiente y la sentencia debía haber declarado su nulidad.

Por otro lado, el demandante también señaló que la interpretación realizada por el tribunal
acerca de la naturaleza jurídica de los bienes afectados y del alcance de las potestades
estatales de expropiación fue equivocada.

El apelante parte de resaltar la especial protección constitucional del derecho de
propiedad y afirma que toda actuación encaminada a privar a un particular de sus bienes
exige una observancia rigurosa de las garantías propias del debido proceso
administrativo. En ese sentido, sostiene que la decisión de expropiar no podía justificarse
únicamente en estudios técnicos, diagnósticos de movilidad o consideraciones generales
sobre conveniencia urbanística, sino que requería una motivación específica y suficiente
acerca de las razones de utilidad pública o interés social que justificaban la afectación
concreta de los inmuebles involucrados.

El actor argumenta que, conforme a los artículos 58, 63 y 82 de la Constitución, el espacio
público está integrado tanto por bienes de uso público como por bienes privados del
espacio público, categoría dentro de la cual ubica los antejardines. Sostiene que estos
bienes son inalienables, imprescriptibles e inembargables mientras exista material y

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jurídicamente la propiedad horizontal a la que pertenecen, por lo que ni sus propietarios
ni las autoridades pueden modificar su destinación, transformarlos o eliminarlos.

Con base en esa premisa, afirma que la pretensión del Municipio de Medellín de expropiar
áreas correspondientes a los antejardines de la Urbanización Portofino P.H. para
destinarlas a la ampliación de vías vulnera el deber constitucional de protección e
integridad del espacio público. Señala además que, de haber sido necesaria la reserva
de terrenos para futuras obras viales, estas áreas debieron ser cedidas por los
urbanizadores al momento de obtener las licencias de construcción, en cumplimiento de
las obligaciones urbanísticas previstas en la Ley 388 de 1997, por lo que la expropiación
posterior desconoce los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

Finalmente, sostiene que los antejardines cumplen las funciones social y ecológica de la
propiedad y constituyen una manifestación del interés general y un derecho colectivo
protegido por la Constitución y la Ley 472 de 1998. Por ello, considera contrario al
ordenamiento jurídico admitir que puedan ser desafectados, enajenados, expropiados o
convertidos en bienes de uso público, ya que su única destinación legítima es la
conservación como elementos permanentes del espacio público.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. Mediante providencia del 31 de agosto de 20166 y 17 de septiembre de 20187 se
admitió el recurso de apelación y se corrió traslado para alegar de conclusión,
respectivamente.

4.2. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

• 4.2.1. El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín -FONVALMED-

En su escrito señaló que reiteraba lo sostenido en la contestación de la demanda.

• 4.2.2. Empresa de Desarrollo Urbano

Sostuvo que no se acreditó la ilegalidad de los actos administrativos que dispusieron la
expropiación por vía administrativa ni la alegada falsa motivación. Indicó que el proyecto
vial que justificó la adquisición de los predios estaba respaldado por diversos
instrumentos de planificación urbana vigentes, entre ellos el Plan de Desarrollo de
Medellín 2008-2011, acogido posteriormente por el Plan de Desarrollo 2012-2015, así
como por el POT ajustado mediante el Acuerdo 046 de 2006, que facultó al Departamento
Administrativo de Planeación para declarar las condiciones de urgencia requeridas para
acudir a la expropiación administrativa. En ese sentido, afirmó que los fundamentos
jurídicos de la Resolución núm. 120 de 2010 permanecían vigentes y que no se configuró
pérdida de fuerza ejecutoria.

Asimismo, señaló que los terrenos expropiados correspondían a zonas comunes no
esenciales de la Urbanización Portofino y que el demandante confundía los bienes de
uso público con bienes privados que hacen parte del espacio público. Por ello, sostuvo

6 SAMAI, Índice 43, documento «EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOCONSEJODEEST». FL. 144
7 SAMAI, Índice 43, documento «EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOCONSEJODEEST». FL. 177

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que dichas áreas podían ser expropiadas legítimamente en atención al interés general,
conforme al artículo 58 de la Constitución. Agregó que el proyecto del paso a desnivel de
la Transversal Inferior con Loma de los Balsos respondía a una necesidad histórica de
mejoramiento de la movilidad, identificada en distintos estudios, planes viales y actos
administrativos, los cuales evidenciaban la utilidad pública, el interés social y la urgencia
de la obra.

4.3. Los demás sujetos procesales no presentaron alegatos de conclusión en segunda
instancia.

4.4. El Ministerio Público no rindió concepto en el presente proceso.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA8 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

5.2 Exposición y planteamiento del caso

La Sala encuentra que la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación de
Medellín expidió la Resolución núm. 120 de 2010, «Por medio de la cual se declara situación
de urgencia para la adquisición de inmuebles con destino a la construcción de paso a
desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos».

De manera posterior, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) profirió la Resolución núm.
GG-961 del 9 de noviembre de 2011, «Por la cual se inician las diligencias tendientes a la
adquisición por enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa y se formula
una oferta de compra». En esta resolución se formuló una oferta por tres franjas de terreno
con áreas de 24,71 metros cuadrados, 9,97 metros cuadrados y 40,39 metros cuadrados,
las cuales sumaban un área total de 75,07 metros cuadrados. Dichas franjas hacían parte
de los bienes cuyas matrículas inmobiliarias correspondían a los predios identificados con
los números 001-934866, 001-899335 y 001-899336, sometidos al régimen de propiedad
horizontal y de propiedad de la Urbanización Portofino P.H. La oferta realizada ascendió a
la suma de setenta y cinco millones de pesos colombianos.

Al no haberse logrado un acuerdo para la enajenación voluntaria, la misma Empresa de
Desarrollo Urbano (EDU) expidió la Resolución núm. GG-145 del 29 de marzo de 2012, por
medio de la cual ordenó la expropiación administrativa de las franjas de terreno a las que

8 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO

DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. [Destaca la Sala].

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se refería la Resolución núm. GG-961 del 9 de noviembre de 2011 y reconoció un precio
indemnizatorio de setenta y cinco millones de pesos colombianos.

El 19 de septiembre de 2012, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138
del CPACA, la Urbanización Portofino P.H. demandó las Resoluciones núm. 120 del 17 de
marzo de 2010, núm. GG-961 del 9 de noviembre de 2011 y núm. GG-145 del 29 de marzo
de 2012.

En la demanda se sostuvo que no había lugar a decretar la situación de urgencia para
adelantar la obra pública denominada «Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la
Loma de Los Balsos», pues dicha obra carecía de sustento legal, por cuanto no fue
adoptada mediante un plan o programa de obras públicas aprobado por el Concejo de
Medellín a través de un acuerdo municipal independiente del Plan de Desarrollo.

Asimismo, el demandante señaló que a los bienes que conforman el espacio público se
les extienden las garantías propias de los bienes de uso público y que, por tanto, también
les son predicables las características de inalienabilidad, inembargabilidad e
imprescriptibilidad. En consecuencia, sostuvo que los antejardines de la Urbanización
Portofino P.H. constituían espacio público protegido constitucionalmente.

El Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la demanda en dos oportunidades. En
la segunda ocasión señaló que la demanda presentaba una indebida acumulación de
pretensiones, ya que solicitaba la nulidad de las Resoluciones núm. GG-145 de 2012 y
GG-961 de 2011, actos administrativos de carácter particular expedidos dentro de un
proceso de expropiación por vía administrativa, cuya legalidad debía controvertirse
mediante el procedimiento especial previsto en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.

Asimismo, se pretendía la nulidad de la Resolución núm. 120 de 2010, expedida por el
Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, la cual constituía un acto
administrativo de carácter general y debía demandarse a través del medio de control de
nulidad regulado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. Sostuvo que, dado que ambos
tipos de actos estaban sujetos a procedimientos distintos, no era procedente acumular
en una misma demanda las pretensiones de nulidad contra actos particulares derivados
del proceso expropiatorio y la nulidad de un acto de carácter general. En consecuencia,
correspondía a la parte demandante adecuar las pretensiones de la demanda.

Conforme a lo anterior, la Urbanización Portofino P.H. modificó sus pretensiones y solicitó
únicamente la nulidad de la Resolución núm. GG-145 del 29 de marzo de 2012. Con
dicha adecuación, el tribunal admitió la demanda y surtió el proceso de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia el 30 de
mayo de 2014, mediante la cual negó todas las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la parte demandante.

La parte demandante interpuso recurso de apelación y formuló los siguientes reparos
frente al análisis efectuado en la sentencia de primera instancia: i) señaló que el a quo se
equivocó al considerar que se configuraban los supuestos legales y constitucionales para
decretar la urgencia que habilitaba a la administración para adelantar los procesos de
expropiación administrativa; en especial, sostuvo que el tribunal confundió instrumentos
de planificación distintos al asumir que la inclusión de la obra en diversos documentos,

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tales como el Plan de Ordenamiento Territorial, los planes de desarrollo o los
instrumentos metropolitanos de movilidad, resultaba suficiente para justificar dicha
declaratoria; y ii) sostuvo que el tribunal erró al estudiar la naturaleza jurídica de los
bienes afectados y el alcance de las potestades estatales de expropiación sobre estos.

A partir de los cargos formulados en el recurso de apelación por la parte actora,
corresponde a la Sala determinar si le asiste razón a la demandante en cuanto a las
deficiencias que, en su criterio, presenta la sentencia de primera instancia, en especial
en lo concerniente al análisis efectuado sobre si se configuraban las condiciones que
permitían declarar la urgencia para los efectos expropiatorios previstos en la Ley 388 de
1997. No obstante, en ese acápite la Sala realizará de manera previa un análisis de la
congruencia entre las pretensiones de la demanda, la carga argumentativa asumida por
la parte demandante y los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de
apelación, así como de la naturaleza jurídica de los bienes afectados por la actuación
administrativa.

5.3 Acto demandado

Se tiene que en el sub judice es cuestionado únicamente el siguiente acto administrativo:

• Resolución núm. GG-145 del 29 de marzo de 2012. Mediante este acto administrativo,
la gerente general de la Empresa de Desarrollo Urbano decretó la expropiación administrativa
de tres franjas de terreno con áreas de 24,71 metros cuadrados, 9,97 metros cuadrados y
40,39 metros cuadrados, las cuales sumaban un área total de 75,07 metros cuadrados.
Dichas franjas hacían parte de los bienes cuyas matrículas inmobiliarias correspondían a los
predios identificados con los números 001-934866, 001-899335 y 001-899336, sometidos al
régimen de propiedad horizontal y de propiedad de la Urbanización Portofino P.H. La entidad
había formulado una oferta de compra por valor de setenta y cinco millones de pesos
colombianos. A través de dicho acto administrativo, se ordenó la expropiación de las
mencionadas franjas y se fijó una indemnización por valor de setenta y cinco millones de
pesos colombianos.

RESOLUCIÓN
GG-145
(29 DE MARZO DE 2012)

«Por la cual se decreta una expropiación por vía administrativa de tres franjas
de terreno»

LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

En uso de sus facultades legales de conformidad con el Decreto N° 0395 del 02 de
marzo de 2011"Por el cual se Delega facultades en materia de adquisición de predios
a la Empresa de Desarrollo Urbano y se dictan otras disposiciones.", y en especial las
otorgadas por la Ley 9ª de 1989 y los artículos 58, 63, 64 y 65 y siguientes de la Ley
388 de 1997 y el Acuerdo Municipal N° 46 de 2006 "Por e! cual se revisa y ajusta el
Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellin".

CONSIDERANDO
[…]

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Que el Concejo Municipal de la Ciudad de Medellin mediante el Acuerdo Municipal N°
46 de 2006 "Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el
Municipio de Medellin" en su artículo 485 facultó al Departamento Administrativo de
Planeación Municipal para declarar las condiciones de urgencia, de que trata el
artículo 64 de la Ley 388 de 1997, con el fin de utilizar el mecanismo de la
expropiación por vía administrativa. 8. Que el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas
en los artículos 58, 63, 64 у 65 de la Ley 388 de 1997, de conformidad con la
competencia asignada en el Acuerdo 46 de 2006, expidió la Resolución 120 del 17 de
marzo de 2010 "Por medio de la cual se declara situación de urgencia para
adquisición de inmuebles con destino a la construcción de paso a desnivel de la
Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos".

9. Que dentro de esta Administración se propone la estructuración y puesta en
operación del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, así como la
construcción de la infraestructura vial que genere nuevas conexiones, mejorando la
accesibilidad a nuevos servicios, sectores y lugares, prerrequisitos, tanto para la
habitabilidad del territorio municipal, como para la competitividad y el desarrollo, dado
que una ciudad moderna y en crecimiento demanda una movilidad y servicio de
transporte ágil, confortable y seguro, garantizando así, calidad de vida, ambiente sano
para lodos los ciudadanos. Por lo tanto, una mejor movilidad es determinante en la
competitividad de la ciudad.

10. Que desde la funcionalidad, y según el Acuerdo Municipal 46 de 2006, calle 12
sur, Loma de los Balsos, por su jerarquía se clasifica como vía arteria menor con
proyecto de ampliación, cuya función es distribuir y canalizar tránsito vehicular hacia
o desde el sistema arterial colector hasta diferentes sectores urbanos, en forma
directa o con intervención complementaria de vías de servicio. Con la solución a
desnivel en este cruce se mejora capacidad de esta intersección, dado que con la
doble calzada de Los Balsos puede movilizar mayor cantidad de vehículos con poca
interrupción, debido a que no habrá cruce semaforizado, porque el flujo de la
Transversal Inferior se hará a través del deprimido, sólo se tendrá el semáforo para
el atravesamiento del peatón. se la 11. Que mediante el Acuerdo número 47 de 2007,
el Concejo de Medellín aprobó el presupuesto general del Municipio de Medellín para
la vigencia fiscal de 2008, donde se incluyó este proyecto vial. Que mediante
Resolución Municipal N° 0725 del 29 de julio de 2009, se decretaron las obras
susceptibles de financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización, la
cual fuera modificada por Resolución N° 0824 del 13 de mayo de 2010, incluyéndose
para tal fin, en artículo 1 de las citadas resoluciones el "Paso a desnivel Transversal
Inferior con Loma los Balsos".

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 388 de 1997, se
expidió la Resolución N° GG-961 del 09 de noviembre de 2011 "Por la cual se inician
las diligencias tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria o expropiación
por vía administrativa y se formula una oferta de compra", sobre tres franjas de terreno
con un área discriminada para cada una de ellas de 24.71 mts², 9.97 mts2 y 40.39
mts², las cuales suman un área total de 75.07 mts² segregadas de un bien inmueble
de mayor extensión, ubicado en la Carrera 32 N° 6 Sur- 295. de esta ciudad,
propiedad de la URBANIZACIÓN PORTOFINO P.H.

[…]
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: Ordenar a expropiación por Vía Administrativa de
tres franjas de terreno con un área discriminada para cada una de 24.71 mts, 9.97

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Demandante: Urbanización Portofino P.H.
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano y otros

mts²y 40.35 mtsts², Las cuales suman un área Lote de 75.07 mts segregadas de un
bien inmueble de mayor extensión, ubicado en la Carrera 32 N 8 Sur - 295 de esta
ciudad, propiedad de la URBANIZACIÓN PORTOFINO P.H. - ALIANZA FIDUCIARIA
S.A. FIDEICOMISO ADM EL CIGARRAL- con identificación tributaria NIT 900051123-
3. representada legalmente por el señor CESAR ADOLFO CORDOBA GARCIA
identificado con cedula de ciudadanía N 3.302.354 la señora MARTHA LIGIA
ARANGO DE CORCOBA identificada con cédula de ciudadanía N° 32 079.507, quien
haga sus veces, de conformidad con el certificado ce Existencia y Representación
Legal expedido por la Subsecretaria del Orden Civil de Secretaría de Gobierno
Municipal, cuya descripción, áreas y linderos de los predios de mayor extensión y de
las franjas de terreno a adquirir son: […]
[…]
Parágrafo 1: El predio en el que se encuentra ubicado la URBANIZACIÓN
PORTOFINO P.H. ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISO ADM EL CIGARRAL-,
se compone de tres edificios, denominados etapa 1, etapa 2 y etapa 3, además se
compone de un lote de terreno destinado a zona común de dicha urbanización; los
cuales tienen Matriculas Inmobiliarias independientes e identificados con los números
001-934866, 001-899335 y 001-899336 respectivamente; pero la Subsecretaría
de Catastro del Municipio de Medellín los considera como una sola unidad predial
identificada con el COBAMA 14150010002, toda vez que el mismo fue sometido al
Régimen de Propiedad Horizontal.

ARTÍCULO SEGUNDO: TRADICION: Las Copropietarios y la persona denominada
URBANIZACION PORTCFINO P.4. - ALIANZA FDUCIARIA titularidad S.A.
FIDEICOMISO ADM EL CIGARRAL-, adquirieron la titularidad del Derecho de
Dominio en virtud de la Ley, las zonas comunes a someterse a copropiedad al
Reglamento de Propiedad Horizontal, según la escritura púbica N° 1.153 del 29 de
julio de 2005, otorgada en la Notaria Tercera del Círculo Notarial de Envigado,
reglamento de la escritura pública N° 215 de 22 de marzo de 2006, escritura otorgada
en la Notaría Tercera del círculo de Envigado y por la escritura pública N° 1 685 del
día 30 de septiembre de 2006.
[…]
ARTÍCULO TERCERO: INDEMNIZACIÓN: El valor total de la indemnización que se
reconoce por la presente Resolución, es conforme al avalúo comercial del día 27 de
julio de 2011, con radicación N° 8002011 ER 5318 del día 23 de mayo de 2011, el
cual fue ratificado mediante auto N° 002 del 12 de octubre de 2011, realizado por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC -, el cual fue notificado de manera
personal el día 20 de octubre de 2011, a la Coordinación General de la Unidad de
Reasentamiento Integral de la -EDU-, por la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES
SETENTA MIL PESOS M/L ($ 75.070.000), discriminados de la siguiente manera: […]

ARTÍCULO CUARTO: DESTINACIÓN. Las tres franjas de terreno con un área
discriminada para cada una de 24.71 mts², 5.57 mts² y 4C.39 mts², les cuales suman
área total de 75.07 mts segregadas con un inmueble de mayor extensión, ubicado en
la Carrera 32 N 5 Sur - 255 de esta ciudad, propiedad de LA URBANIZACIÓN
PORTOFINO P.H. -ALIANZA FIDUCIARIA S.A. ADM EL CIGARRAL- serán
destinadas para la ejecución del proyecto de utilidad pública denominado
“construcción de paso de la transversal inferior con la Loma de Los Balsos” según lo
establecido por la Resolución núm. 120 del 17 de marzo de 2020.

[…]

ARTÍCULO DECIMO. ORDEN DE NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. La presente
Resolución será notificada al representante legal y administrador (a) de la
URBANIZACIÓN PORTOFINO P.H. - ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISO

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Demandante: Urbanización Portofino P.H.
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano y otros

ADM EL CIGARRAL-, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo. Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición que deberá ser interpuesto ante la Gerente General de la Empresa de
Desarrollo Urbano - EDU-, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación personal o la desfijación del edicto, según el caso.

5.4 Análisis de la Sala

5.4.1. Del reparo relacionado con el análisis efectuado sobre la configuración de
las condiciones que permitían declarar la urgencia para adelantar la obra
denominada «Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de Los
Balsos» y de la ineptitud de la demanda por incongruencia entre su
fundamentación y las pretensiones

En este cargo, el apelante sostiene, en síntesis, que la obra denominada «construcción
de paso a desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos» no podía
justificar la declaratoria de urgencia que habilitó la expropiación administrativa, por cuanto
no se encontraba contemplada en un plan o programa de obras públicas. Al respecto,
afirma que, para el momento en que se declaró la urgencia para adelantar dicha obra, no
existía ningún acuerdo de obras públicas expedido por el Concejo de Medellín. Asimismo,
sostiene que el a quo erró al concluir que se cumplían los presupuestos legales para
decretar la urgencia que daba lugar a la expropiación administrativa, pues considera que
no bastaba con que el proyecto estuviera incluido en el Plan de Desarrollo del Municipio
de Medellín para el período 2008-2011.

En consecuencia, sería del caso determinar si, para la fecha en que el Municipio de
Medellín declaró la utilidad pública e invocó las condiciones de urgencia para adelantar
las expropiaciones requeridas para la ejecución de la obra denominada «construcción de
paso a desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos», se encontraban
acreditados los presupuestos previstos en los artículos 63 y 64 de la Ley 388 de 1997,
relativos, respectivamente, a los motivos de utilidad pública y a las condiciones de
urgencia que habilitan la expropiación por vía administrativa, en lugar de la judicial.

No obstante, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento de fondo sobre este
cargo, toda vez que, al revisar el acto demandado, advierte que no fue mediante este que
se declaró la situación de urgencia para la ejecución de la obra que requirió la
expropiación parcial de los inmuebles de propiedad de la demandante. En efecto, fue la
Resolución núm. 120 del 17 de marzo de 2010 la que declaró la «situación de urgencia
para la adquisición de inmuebles con destino a la construcción de paso a desnivel de la
Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos». Sin embargo, dicho acto administrativo
no hace parte del objeto de controversia en este proceso, pues, al subsanar la demanda,
la parte actora circunscribió sus pretensiones de nulidad a la Resolución núm. GG-145
del 29 de marzo de 2012.

En este punto, la Sala destaca que el acto administrativo mediante el cual se declara la
utilidad pública y la situación de urgencia que habilitan la expropiación administrativa sí
es susceptible de control judicial. No obstante, tal como lo advirtió el a quo en el auto
inadmisorio de la demanda, dicho control no se ejerce mediante la acción especial
prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, sino a través de los medios de control

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ordinarios establecidos en el CPACA. En ese sentido se ha pronunciado de manera
reiterada la jurisprudencia de esta Corporación:

Resulta necesario puntualizar que el acto mediante el cual el ente territorial declara la
urgencia para la adquisición de inmuebles en el marco de un proceso de expropiación
es un acto mixto, en tanto produce efectos generales representados por los motivos
de interés general que se invocan para calificar un predio como de utilidad pública,
pero también provocan efectos particulares en la medida en que crean una situación
jurídica en relación con el derecho de propiedad que ostenta el particular sobre el
predio objeto de esa decisión.
[…]
También se ha indicado que el carácter mixto de este tipo de actos permite que sean
impugnables por medio de las acciones de nulidad simple o de nulidad y
restablecimiento del derecho, dependiendo de lo que se pretenda en cada caso. Así,
si lo que se busca es la desaparición de aquella parte que afecta de manera directa y
específica el inmueble de propiedad del demandante o la indemnización de perjuicios
la acción procedente será la de nulidad y restablecimiento del derecho; en tanto que
si lo perseguido es la desaparición de los efectos jurídicos del acto sin ninguna
referencia a un interés subjetivo entonces la procedente es la acción de simple
nulidad.
[…]
El control judicial entonces depende de la situación jurídica en la que se encuentre
el actor respecto del acto censurado, de la pretensión formulada y de los cargos
esbozados para controvertir la legalidad de la decisión, toda vez que se requiere
que en uno y otro caso se precisen de manera directa y detallada9. [Destaca la Sala].

Así las cosas, el a quo acertó al negar la acumulación de pretensiones, pues la acción
especial contemplada en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 se encuentra sometida a
un procedimiento con términos y reglas procesales distintas de las previstas para el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Por esa razón, su acumulación
desconocería el requisito previsto en el artículo 165 del CPACA, según el cual las
pretensiones acumuladas deben tramitarse por el mismo procedimiento. En ese sentido:

Ahora bien, teniendo claridad sobre las acciones y medios de control a los que son
susceptibles cada uno de los actos administrativos demandados, la Sala observa que
la demanda adolece de una indebida acumulación de pretensiones, toda vez que el
proceso contemplado en el artículo 138 del CPACA tiene un trámite procedimental
distinto al previsto en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.

Así las cosas, no se cumple con el numeral cuarto del artículo 165 del CPACA,
conforme al cual la acumulación de pretensiones exige que todas deban tramitarse
por el mismo procedimiento. En ese sentido, la norma señala: «en la demanda se
podrán acumular las pretensiones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del
derecho […] siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisitos: […] 4.
Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento».

Lo anterior, porque, como ya se mencionó, las normas procesales contempladas en
el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 son distintas de aquellas que atañen al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de

2016, Radicación núm.: 05001233100020030010301. MP: Guillermo Vargas Ayala.

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Teniendo en cuenta que, en virtud del auto del 10 de mayo de 2016, el asunto bajo
estudio se tramita mediante la acción especial contemplada en el artículo 71 de la Ley
388 de 1997, la Sala se abstendrá de estudiar la pretensión tendiente a declarar la
nulidad del Acuerdo núm. 020 del 31 de agosto de 2013 y de la Resolución núm. 118
del 2 de septiembre de 2014; en su lugar, declarará probada de oficio la excepción de
inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones y se abstendrá de estudiar
los cargos que se encuentran relacionados con tales actos10.

Ahora bien, al adecuar la demanda, la parte actora pudo dirigir sus pretensiones contra
la Resolución núm. 120 del 17 de marzo de 2010, lo que habría resultado congruente con
el cargo encaminado a cuestionar la configuración de los presupuestos legales para
declarar la urgencia que permitió adelantar la expropiación por vía administrativa. Sin
embargo, optó por excluir de sus pretensiones la referida resolución y limitar el juicio de
legalidad a la Resolución núm. GG-145 del 29 de marzo de 2012. En consecuencia, la
legalidad de la Resolución núm. 120 de 2010 no constituye materia de debate en este
proceso.

En efecto, la Resolución núm. GG-145 del 29 de marzo de 2012 tuvo por objeto decretar
la expropiación parcial de los inmuebles de propiedad de la demandante, mas no declarar
la situación de urgencia para la adquisición de inmuebles con destino a la construcción
del paso a desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos, determinación
que ya había sido adoptada mediante un acto administrativo distinto.

Por consiguiente, acceder al estudio propuesto por la demandante implicaría someter a
control judicial la legalidad de un acto administrativo respecto del cual no se formuló
pretensión de nulidad. Ello desconocería el principio de congruencia que rige las
decisiones judiciales y la naturaleza rogada de esta jurisdicción. Además, supondría
enervar la presunción de legalidad que ampara a la Resolución núm. 120 de 2010 sin que
esta hubiera sido incorporada válidamente al litigio.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que el cargo carece de aptitud para provocar
un pronunciamiento de fondo, toda vez que hacerlo implicaría resolver una cuestión ajena
al objeto del proceso.

5.4.2 Del reparo respecto de la naturaleza jurídica de los bienes afectados y el
alcance de las potestades estatales de expropiación sobre estos

La sentencia impugnada sobre la naturaleza jurídica de los bienes expropiados sostuvo
lo siguiente:

De conformidad con el certificado de existencia y representación de la parte actora,
se trata de una propiedad horizontal Urbanización Portofino es una persona jurídica
sin ánimo de lucro.

La Corte Constitucional se pronunció en un asunto en el cual se partía de idéntica
afirmación como sucede en el presente caso, y en tal oportunidad distinguió de forma
diáfana junto al sustento jurídico, la naturaleza de los bienes comunes no esenciales
de las propiedades horizontales en relación con los bienes de uso público: […]

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de

2026, Radicación núm.: 05001233300020150242901. MP: Carlos Fernando Mantilla.

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Los considerandos de la sentencia enunciada responden claramente al problema
jurídico planteado en el sub lite, que consiste en sostener que las tres fajas de terreno
objeto de expropiación no podían ser afectadas por gozar de características
especiales lo cual normativamente no es cierto, constituyen bienes privados y la
potestad expropiatoria de Estado puede afectarlos, sin que puedan confundirse con
los bienes de uso público adicional a ello no es coherente entender que el Estado va
a hacer uso del instrumento de la expropiación para afectar bienes por motivos de
utilidad pública e interés social si estos ya se encuentran cumpliendo tales fines, por
el contrario, se afectan bienes privados cuyo uso y goce le está permitido a un limitado
número de sujetos, para que estos sean destinados a proyectos que concreten el
principio conforme al cual prima el interés general.

La parte demandante manifestó su desacuerdo con el análisis efectuado por el a quo y
en síntesis sostuvo que los antejardines de la Urbanización Portofino P.H., zona que fue
expropiada mediante la Resolución núm. 145 del 29 de marzo de 2012, eran bienes
privados que hacían parte del espacio público y, por ende, gozaban de las características
de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad previstas en los artículos 58, 63
y 82 de la Constitución, razón por la cual ni sus propietarios ni las autoridades pueden
modificar su destinación, transformarlos o eliminarlos.

A continuación, la Sala estudia el reparo del demandante, sin embargo, se pone de
presente desde este momento que el mismo no tiene vocación de prosperidad, pues el
demandante realiza un análisis que parte de una premisa equivocada, al confundir las
garantías que ostentan los bienes destinados al espacio público con la imposibilidad de
su expropiación.

Sea lo primero señalar que el objeto de la expropiación sea administrativa o judicial, es
la transferencia coactiva de la propiedad de un particular al Estado cuando median
motivos de utilidad pública o interés social. Así lo ha señalado la jurisprudencia:

Esta Corte ha establecido que la expropiación puede ser definida como una
operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a
cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en
beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa11. [Destaca la
Sala].

El fin de la expropiación es que un bien cuyo dominio está en cabeza de una persona de
derecho privado pase a la titularidad de una persona de derecho público. Es decir, que
se convierta en un bien público.

Los bienes públicos lo son porque su propietario no es un particular, sino una persona de
derecho público. El artículo 674 del Código Civil los define de la siguiente manera:

Artículo 674. Bienes públicos y de uso publico

Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República.

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles,
plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes
públicos del territorio.

11 Corte Constitucional, Sentencia C-1074 del 4 de diciembre de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.

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Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se
llaman bienes de la Unión o bienes fiscales.

Entonces, la característica principal de los bienes públicos es que pertenecen a la Nación.
Hoy, esa referencia a la Nación se entiende hecha a toda entidad de derecho público.
Dentro de los bienes públicos existe una división en virtud del uso que se les da, la cual
tiene importantes consecuencias jurídicas. Si el uso está destinado a todas las personas,
se trata de bienes públicos de uso público. Por el contrario, si el uso está restringido y no
es generalizado, se conocen como bienes fiscales. Al respecto:

De allí que los bienes de uso público se caractericen por: i) Pertenecer a una entidad
de derecho público; ii.) Destinarse al uso común de los habitantes y, en consecuencia,
iii.) Estar por fuera del comercio. Como se nota, la característica preponderante de
estos bienes proviene de la naturaleza misma de su destino o afectación, por cuanto
resulta apenas natural que no puedan ejecutarse actos que afecten el uso común,
precisamente, por motivos de interés general y de orden público y es tal la condición
que determina que sean inalienables e imprescriptibles. (…) Por su parte, los bienes
fiscales son aquellos respecto de los cuales el Estado detenta el derecho de dominio
como si se tratase de un bien de propiedad particular; son bienes que están dentro
del comercio y que son destinados, generalmente, al funcionamiento del ente público
al cual pertenecen o a la prestación de un servicio. Cabe decir que cuando sobre
esa materia se hace referencia a la noción de Estado se alude a los bienes que
poseen tanto la Nación, como los departamentos, los municipios, los distritos
y las entidades descentralizadas de aquellos. [Destaca la Sala]12.

Si bien esta summa divisio contemplada en el Código Civil ha sido ampliamente debatida
por la doctrina y, en la actualidad, se relativiza que todos los bienes de propiedad del
Estado puedan encontrarse en una u otra categoría, ello ocurre, por ejemplo, con los
baldíos, los cuales han sido ubicados en una subcategoría especial denominada bienes
fiscales adjudicables13. Lo cierto es que en nuestra legislación dicha división persiste14.

Respecto del caso bajo estudio, se tiene que los bienes expropiados mediante el acto
administrativo demandado, esto es, las tres franjas de terreno que se encontraban en los
predios identificados con las matrículas inmobiliarias núm. 001-934866, núm. 001-899335
y núm. 001-899336, al ser de propiedad de la Urbanización Portofino P.H., persona
jurídica de derecho privado, no podían ser considerados bienes públicos, pues la titular
del derecho de dominio no era una persona jurídica de derecho público sino privado.

Visto que los inmuebles expropiados de que trata el presente asunto, por la naturaleza
jurídica de su propietario, eran bienes privados, en principio podían ser objeto de

12 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia

del 6 de marzo de 2013 dentro del rad: 13001-23-31-000-2001-00051-01, CP Enrique Gil Botero.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-595 del 7 de diciembre de 1995, MP. Carlos Gaviria Diaz.
14 La Sala pone de presente que en la Jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte constitucional ha

hecho carrera la teoría de la afectación, la cual señala que la afectación se refiere al acto por el cual un
bien se incorpora o se destina al uso público, a partir de esa afectación el bien estará sometido a
determinado marco jurídico. Al respecto: Corte Constitucional, Sentencia T-150 del 4 de abril de 1995, MP:
Alejandro Martínez Caballero y Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, Sentencia del 9 de abril de 2025 dentro del rad: 25001-2336-000-2012-00670-01,
CP William Barrera Muñoz.

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expropiación. En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que el objeto de la
expropiación son los derechos en cabeza de los particulares:

La expropiación por vía administrativa no es otra cosa que la potestad que tiene la
Administración de “privar” del derecho a la propiedad a los particulares, dirigida a
desarrollar proyectos encaminados a la utilidad pública y al interés social, de acuerdo
con un procedimiento específico y previo pago de una indemnización, en la medida
que la persona natural o jurídica privada sacrifica sus derechos patrimoniales para
satisfacer fines estatales.

La expropiación comprende tres elementos característicos: 1. sujetos: El expropiante
es el sujeto activo, es decir quien tiene la potestad expropiatoria; el beneficiario, es
quien representa la razón de ser de la expropiación, el creador del motivo, de la
necesidad de satisfacer un interés público y/o utilidad pública y el expropiado, titular
de los derechos reales sobre los bienes requeridos por el Estado. 2. Objeto. Los
derechos de índole patrimonial que sacrifican los particulares a favor de la
Administración, sin incluir los derechos personales o personalísimos, para satisfacer
la causa expropiandi, de allí la necesidad de establecer los derechos patrimoniales
del sujeto expropiado sobre el objeto delimitado y, 3. La causa expropiandi o
justificación presentada por el Estado para utilizar la figura de la expropiación. 15
[Destaca la Sala].

Ahora bien, el demandante sostiene que los bienes expropiados, pese a ser de naturaleza
privada, correspondían a los antejardines de la copropiedad y, por tanto, hacían parte del
espacio público, razón por la cual no podían ser objeto de expropiación.

En relación con la naturaleza jurídica de los antejardines, la Sala encuentra que, aun
cuando estos puedan ser de propiedad privada, ello no excluye que formen parte del
espacio público desde el punto de vista urbanístico. En efecto, la normativa aplicable
reconoce que determinados elementos de propiedad privada pueden encontrarse
destinados al espacio público y sometidos a las limitaciones que de ello se derivan.

Así, respecto de la destinación de los antejardines como componentes del espacio
público, resulta pertinente acudir a lo dispuesto en el Decreto 1504 de 1998:

Artículo 5º.- El espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes
elementos constitutivos y complementarios:
I. Elementos constitutivos
[…]
Elementos constitutivos artificiales o construidos:
[…]
b. Son también elementos constitutivos del espacio público las áreas y elementos
arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad privada que, por su
localización y condiciones ambientales y paisajísticas, sean incorporadas como
tales en los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen,
tales como cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, antejardines, cerramientos;
c. De igual forma se considera parte integral del perfil vial, y por ende del espacio
público, los antejardines de propiedad privada. [Destaca la Sala].

No obstante, aunque los antejardines sí forman parte del espacio público, la Sala no
encuentra que, por esa sola circunstancia, estos no puedan ser objeto de expropiación ni

15
Corte Constitucional, Sentencia C-764 del 6 de noviembre de 2013, MP. Jorge Iván Palacio Palacio.

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que se les trasladen las garantías de los bienes de uso público consagradas en el artículo
63 constitucional16. Ello obedece, fundamentalmente, a que el hecho de que un bien
integre el espacio público no modifica su naturaleza jurídica ni implica, por sí mismo, que
deje de ser de propiedad privada para convertirse en un bien de naturaleza pública. La
titularidad del bien no se altera; lo que sucede es que este queda destinado, según el
artículo 2.º del Decreto 1504 de 1998, «a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes».

En consecuencia, los bienes expropiados mediante la Resolución GG-145 de 2012, antes
de la expedición de dicho acto administrativo y de la inscripción de la transferencia del
dominio en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, continuaban siendo de
propiedad de la persona jurídica Urbanización Portofino P.H. y, por ende, como bienes
privados podían ser objeto de expropiación. Cuestión distinta es que, en principio,
mantuvieran su destinación en favor del espacio público.

En ese sentido, tales bienes podían ser objeto de expropiación si la entidad administrativa
competente, en este caso la Empresa de Desarrollo Urbano del Municipio de Medellín,
consideraba necesaria su adquisición para la satisfacción de una finalidad de utilidad
pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la Ley 388 de 1997, tal como
sucedió en el presente caso.

Aceptar la postura del recurrente, según la cual los bienes privados afectados al espacio
público no pueden ser expropiados, conduciría a concluir que ningún bien de propiedad
privada que forme parte del espacio público podría ser objeto de expropiación. Bajo esa
lógica, elementos tales como las bahías de estacionamiento, las fachadas, los
antejardines o las áreas de cerramiento de propiedad privada quedarían excluidos de
cualquier proceso de adquisición forzosa por parte del Estado, aun cuando resultaran
indispensables para la ejecución de obras públicas.

Tal interpretación resultaría incompatible con la finalidad misma de la expropiación y la
función social de la propiedad, en la medida en que impediría la realización de múltiples
proyectos de infraestructura y desarrollo urbano. En efecto, por ejemplo, en los casos de
ampliación de vías públicas, son precisamente esos elementos los que, por encontrarse
ubicados en las franjas colindantes con las vías existentes, suelen requerirse para la
ejecución de las obras correspondientes, ya sea para la construcción o ampliación de
andenes, ciclorrutas, corredores de transporte masivo o vías destinadas al tránsito
vehicular.

Ahora bien, contrario a lo que sostiene el demandante, el espacio público no se vio
afectado negativamente por la expedición del acto de expropiación de las franjas de
terreno que eran de propiedad de la propiedad horizontal. En efecto, la circunstancia de
que dichos bienes hubieran sido incorporados al patrimonio de una entidad pública
mediante el mecanismo de la expropiación no implicó la pérdida de su destinación al uso
colectivo ni la alteración de las condiciones que permitían su integración al espacio
público.

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Por el contrario, la medida adoptada tuvo como efecto la transferencia de la titularidad
del derecho de dominio sobre tales bienes, sin que ello comportara, por sí mismo, una
afectación negativa del espacio público o de los intereses colectivos asociados a su
protección.

Respecto de la noción de espacio público, del deber estatal de garantizar su preservación
y de su protección como derecho e interés colectivo, la Corte Constitucional ha señalado
lo siguiente:

A partir de la Constitución de 1991 el concepto de espacio público adquiere, pues,
protección constitucional. Varios artículos de la Carta Política aluden
específicamente a esta materia, no sólo para señalar que los bienes de uso público
son inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículo 63 C.P.) sino al
especificar los referidos deberes de protección y conservación que se predican del
Estado respecto del espacio público en los términos del artículo 82 Superior:

"Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”

Este artículo guarda relación con otras disposiciones constitucionales conexas que
definen la naturaleza de los bienes de uso público (artículo 63 C.P.), la propiedad de
la Nación sobre los mismos (artículo 102 C.P.) y la posibilidad de imponer a la
propiedad inmueble contribuciones por concepto de valorización (artículo 317 C.P.).

De este modo, la posibilidad de gozar del espacio público se eleva al rango de
derecho colectivo específicamente consagrado en la Constitución, la cual exige al
Estado velar por su protección y conservación impidiendo, entre otras cosas, (i.) la
apropiación por parte de los particulares de un ámbito de acción que le pertenece a
todos, (ii.) decisiones que restrinjan su destinación al uso común o excluyan a algunas
personas del acceso a dicho espacio (iii.) la creación de privilegios a favor de los
particulares en desmedro del interés general17.

En ese sentido, es deber del Estado preservar el espacio público y cumplir los deberes
expuestos en la jurisprudencia transcrita. En el presente caso, la Sala encuentra que la
expropiación de los antejardines de la urbanización se realizó con la finalidad de ejecutar
una obra orientada al mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Medellín. En efecto,
según se desprende del propio acto administrativo demandado, la medida se adoptó por
las siguientes razones:

Que, desde la funcionalidad, y según el Acuerdo Municipal 46 de 2006, calle 12
sur, Loma de los Balsos, por su jerarquía se clasifica como vía arteria menor
con proyecto de ampliación, cuya función es distribuir y canalizar tránsito
vehicular hacia o desde el sistema arterial colector hasta diferentes sectores
urbanos, en forma directa o con intervención complementaria de vías de
servicio. Con la solución a desnivel en este cruce se mejora capacidad de esta
intersección, dado que con la doble calzada de Los Balsos puede movilizar
mayor cantidad de vehículos con poca interrupción, debido a que no habrá
cruce semaforizado, porque el flujo de la Transversal Inferior se hará a través
del deprimido, sólo se tendrá el semáforo para el atravesamiento del peatón.
[…]

17
Corte Constitucional, Sentencia C-265 del 16 de abril de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.

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Que de conformidad con el literal e), del artículo 58 de la ley 388 de 1997, se considera
motivo de utilidad pública o interés social, la ejecución de proyecto de infraestructura
vial. Asimismo, el numeral 4º del artículo 65 de la precitada ley, define como criterios
para la declaratoria de urgencia, la prioridad otorgada a las actividades que requieren
la utilización del sistema expropiatorio en los planes y programas de la respectiva
entidad.

En ese sentido, el fin de la expropiación decretada mediante la Resolución núm. 145 de
2012 era la construcción de un paso a desnivel en la intersección de la Transversal
Inferior con la Loma de Los Balsos. Es decir, la destinación de los terrenos al espacio
público se mantuvo, pues, lejos de sustraerse de dicho ámbito, continuaron con el
cumplimiento de una finalidad colectiva asociada a la movilidad y al desarrollo de
infraestructura urbana.

Conviene recordar que el artículo 5 del Decreto 1504 de 1998 establece que forman parte
del espacio público elementos tales como los «puentes peatonales, escalinatas,
bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos
marítimos, camellones, sardinales, cunetas, ciclopistas, ciclovías, estacionamientos para
bicicletas, estacionamientos para motocicletas, estacionamientos bajo espacio público,
zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad,
calzadas y carriles». En consecuencia, la ejecución de una obra pública destinada a
mejorar la infraestructura vial no resulta incompatible con la preservación del espacio
público, sino que constituye una de las manifestaciones de su adecuada gestión y
aprovechamiento en beneficio de la comunidad.

Así las cosas, la destinación de las franjas de terreno al espacio público se mantuvo. Lo
que cambió fue su titularidad, pues pasaron de estar en cabeza de un particular, en este
caso la Urbanización Portofino P.H., a ser de propiedad de una entidad de derecho
público. Lo anterior ocurrió a cambio de la correspondiente indemnización, determinada
en la Resolución núm. 145 de 2012, cuyo monto no constituye objeto de controversia en
el presente proceso.

En consecuencia, se tiene que la expropiación cuestionada no produjo una afectación
negativa del espacio público. Por el contrario, la transferencia del dominio se realizó con
el propósito de ejecutar una obra de interés general, preservando la destinación pública
de los terrenos expropiados. De esta manera, se observa el cumplimiento de lo dispuesto
en el inciso final del artículo 58 de la Constitución Política y en la Ley 388 de 1997.

En virtud de lo expuesto, la Sala no encuentra que este cargo tenga vocación de
prosperidad. En ese orden, se confirmará la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

5.5. Condena en costas

La Sala no condenará en costas en la presente instancia comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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27

Radicado: 05001-23-33-000-2012-00381-01
Demandante: Urbanización Portofino P.H.
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano y otros

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de mayo de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 17 de
septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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