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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-01799-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-01799-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de febrero de 2019, proferida por la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 31 “[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”. 32 “[…] ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL. […] En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V. […]” 33 Atendiendo a que el proceso se presentó ante el Tribunal a quo el 30 de agosto de 2016 y la entidad demandada participó en esta instancia según se aprecia en el índice de SAMAI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 65 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01799-01 Actora: JEANNETE DEL SOCORRO BURGOS ESCAMILLA SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte demandante y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV al momento de la ejecutoria de esta decisión, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la señora Jeannete del Socorro Burgos Escamilla, parte actora. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2016-01799-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DECONTROL DENULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01799-01
Actora: JEANNETE DEL SOCORRO BURGOS ESCAMILLA

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE
ACTORA NO DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL
AVALÚO OFICIAL REALIZADO POR CATASTRO, COMO TAMPOCO EL
HECHO DE QUE NO SE HAYAN RESUELTO SUS INCONFORMIDADES
EN EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO. LA NO DISPOSICIÓN
INMEDIATA DE LOS DINEROS RECONOCIDOS NO ES CAUSAL DE
NULIDAD DEL ACTO DEMANDADO. LOS DESCUENTOS
EFECTUADOS EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRECIO INDEMNIZATORIO
TIENEN FUNDAMENTO LEGAL. EL AVALÚO SE REALIZÓ TENIENDO
EN CUENTA EL ESTRATO DEL INMUEBLE VIGENTE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la actora

contra la sentencia de 8 de febrero de 2019, proferida por la

Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo

De Cundinamarca1, que denegó las pretensiones de la demanda.

I.- LA DEMANDA

I.1. La señora Jeannete Del Socorro Burgos Escamilla, a través

de apoderada judicial, promovió demanda ante el Tribunal, en

1
En adelante el Tribunal.

2

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Actora: JEANNETE DEL SOCORRO BURGOS ESCAMILLA

ejercicio de la acción especial de nulidad y restablecimiento del

derecho, establecida en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en

concordancia con el artículo 138 del CPACA, en la que formuló las

siguientes pretensiones:

“[…] DECLARACIONES PRINCIPALES

1.- Que acorde con el Artículo 58 de la Constitución Política;
numeral segundo del Articulo 68 de la Ley 388 de 1997;
Sentencia 1074 de 2002 de la Corte Constitucional y Sentencia
C-476 del 2007, se declare la Nulidad Parcial de la Resolución
No. 427 del 13 de enero de 2016, "POR LA CUAL SE ORDENA
UNA EXPROPIACIÓN" Modificando los Artículos SEGUNDO,
TERCERO Y CUARTO. Parte Resolutiva -en lo que concierne al'
"VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.”, FORMA DE PAGO y
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. De las mismas, ordenando
pagar el Precio Justo.

2.- Que de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley
388 de 1997, se declare que mi mandante se encuentra exenta
de los pagos tributarios que por razones de expropiación
administrativa le obligaron a cancelar, toda vez que, si optó por
la vía contenciosa administrativa, fue por la necesidad a que la
llevo el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, al ofertar y pagar
un precio injusto, así como por la falta de negociación, más no
por capricho de la demandante.

3.- Que como consecuencia de lo anterior se condene al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el precio y
así pagar a mi mandante JEANNETTE DEL SOCORRO BURGOS
ESCAMILLA, los valores, que en adelante relaciono y/o de
conformidad con lo que resulte probado en el proceso, montos
que han de ser actualizados en su valor.

3.1. DAÑO EMERGENTE

3.1.1. La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS
CINCUENTA Y CUATROPESOS m/cte, ($238.356.654) por ajuste
al valor ordenado y pagado con la Resolución No. 427 del 13
enero de 2016, por concepto de terreno y construcción del
inmueble ubicado en la Calle 129 No. 91 22 de Bogotá,

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identificado con cédula catastral 009202213900000000, CHIP
AAA0129BAKC y matrícula inmobiliaria 50N-20260436.

3.1.2. La suma que corresponda al pago de Notaría y Registro
por la compra que deba realizar mi mandante en reposición del
bien expropiado, como gastos notariales proporcional al valor
que se declare en la sentencia, así:

Gastos Notariales: 3X1000

Iva Gastos Notariales: (16%)

Gastos de escrituración

Gastos de registro 0.5%

Beneficencia 1%

3.1.3. Los gastos de la desconexión de los servicios públicos
así:

• Energía Codensa. Retiro de dos acometidas y medidores.
Conexión residencial $91.472.00
• Acueducto EAAB, corte de servicio de acueducto desde la red,
incluye excavación, retiro de manguera, suspensión del registro
o colocación de tapón. Reconstrucción de andén y
levantamiento de escombros, desmonte de medidor.
$110.850.00
• Suministro de tapón macho de hg 6" 4; $60.610.00
• Gas Natural: suspensión definitiva de cuatro instalaciones
$131.032,00.

3.1.4. El valor de CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/cte
($4.481.045.00) equivalente al 2.5% que le retuvo el Instituto
de Desarrollo Urbano- IDU, por enajenación de bienes Raíces,
toda vez que el IDU aplica la tabla de la tarifa tributaria de
manera indebida, ya que mi mandante debe ser exenta de la
misma por ser expropiación por vía administrativa por la
decisión unilateral y arbitraria del precio ofertado y pagado por
parte del IDU, y que en el peor de los casos la retención
correspondería al 1.5%.
3.1.5. El valor que se determine a través de perito designado
por el Honorable Tribunal, donde se calcule el valor de la
Plusvalía no reconocido en la indemnización y que eleva el
precio del bien expropiado por el anuncio del proyecto de no
haber sido expropiado y que tienen derecho por haber
cancelado la valorización.

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4. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará
cumplimiento en los términos de los artículos 192 del C.C.A.
[…]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los

siguientes:

Indicó que el 4 de agosto de 1997 adquirió el bien inmueble

ubicado en la calle 124 núm. 91-14, identificado con el número de

matrícula inmobiliaria 50N-2026436, el cual para el momento en

que inició el trámite administrativo se encontraba conformado por

una estructura de tres plantas2.

Manifestó que la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital - CATASTRO realizó el avalúo comercial núm. 2014-1909

de 22 de octubre de 2014 con la finalidad de que el Instituto De

Desarrollo Urbano - IDU formulara oferta de compra sobre el

inmueble, en el que se indicó, entre otros, que este se encontraba

clasificado como de estrato 2.

Señaló que el 9 de diciembre de 2014 el IDU, mediante la

Resolución 106536 de esa fecha, determinó la adquisición del

inmueble y formuló oferta de compra por la suma de $175.738.000

2
Relaciona que la primera planta se conformaba de un local comercial y un baño con escaleras de
acceso, la segunda planta de un apartamento independiente con sala, comedor, cocina, 3 alcobas, 1
baño y cocina integral; mientas que la tercera planta constaba de una sala – comedor, dos alcobas,
un baño, una cocina, terraza semicubierta, zona de lavandería y lavadero.

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por concepto del terreno y su construcción; $10.726.500 por lucro

cesante; y $5.002.122 por daño emergente.

Afirmó que la demandada, a través de la Resolución núm. 427 de

13 de enero de 2016, ordenó la expropiación por vía administrativa

del inmueble y fijó como precio indemnizatorio la suma de

$193.540.588, la cual incluía los conceptos de terreno y

construcción, daño emergente y lucro cesante.

Expuso que renunció a interponer recurso de reposición contra la

Resolución núm. 427 de 2016, con la finalidad de que se agilizara el

pago del precio indemnizatorio fijado.

Adujo que, pese a lo anterior, a la fecha de radicación de la

demanda el IDU no efectuó el pago ordenado en la Resolución

núm. 427 de 2016.

I.3- Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora afirmó que el IDU trasgredió el artículo 70 de la Ley

388 de 1997, toda vez que no puso a su disposición de manera

inmediata los dineros ordenados en la Resolución núm. 427 de

2016.

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Sostuvo que no se tuvo en cuenta lo previsto en los artículos 23 y

37 de la Ley 1682 de 2014, que establecen que la indemnización

debe realizarse de manera integral.

Indicó que la demandada efectuó varios descuentos que redujeron

la suma de dinero que tendría que recibir, tales como la retención

del 2.5% y del 20% de lo que se otorgó a título de lucro cesante.

Señaló que, conforme con el avalúo comercial realizado por la firma

Sarmiento & Osorio soluciones inmobiliarias, el justo precio del

terreno y de sus construcciones era de $417.598.474.

Expuso que la demandada no llevo a cabo la etapa de negociación,

habida cuenta que se limitó a formular una resolución de oferta sin

darle la oportunidad para contradecir el valor ofertado.

Manifestó que la resolución demandada trasgredió los artículos 2º,

4º, 6º, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución Política, toda vez que la

demandada no cumplió con la carga de efectuar el pago de la suma

indemnizatoria.

Afirmó que la resolución demandada está falsamente motivada por

cuanto se basó en un avalúo que, a su juicio, contiene falencias

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respecto de las cuales no pudo ejercer derecho de contradicción

alguno.

Adujo que se trasgredió el artículo 68 de la Ley 388 de 1997, ya

que la indemnización otorgada debía tener en cuenta otros factores

adicionales al del avalúo comercial del bien, tales como los

“intereses del interesado”, en este caso los recursos que dejó de

percibir con ocasión de la imposibilidad de arrendar los dos

apartamentos que tenía en el inmueble y de encontrar un inmueble

de las mismas características por el valor pagado.

Manifestó que la autoridad demandada confundió el avaluó que

realizó con la suma que debía reconocer por indemnización, puesto

que no consultó sus intereses, su estado de salud y el hecho de que

es madre cabeza de hogar; omitió ponderar las circunstancias que

rodean su familia, los gastos en que incurrió para construir el

inmueble; no tuvo en cuenta que el valor de los inmuebles en la

ciudad se incrementó en un 83%, lo que le hace imposible adquirir

uno de características similares; y que se limitó a ordenar el pago

reportado en el avalúo, sin tener en cuenta que su predio estuvo

congelado en estrato 2 cuando en realidad debería ser 3.

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Citó una providencia de 24 de marzo de 20113, proferida por la

Sección Primera del Consejo de Estado, en la que se hace

referencia a la trasgresión de la Declaración de los derechos del

Hombre y del Ciudadano de 1789 y del pacto de San José de Costa

Rica, para indicar que el acto demandado era nulo, por cuanto no

se dio una indemnización previa y justa que cubra los perjuicios

ocasionados por la transferencia del dominio del bien inmueble que

era de su propiedad en favor del Estado.

I.4.- Contestación

I.4.1. El IDU contestó la demanda de forma extemporánea4.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 8 de febrero de 2019, el Tribunal denegó

las súplicas de la demanda.

Sostuvo que, contrario a lo afirmado por la parte actora, de la

revisión de los antecedentes administrativos de la resolución

demandada se desprendía que sí tuvo la oportunidad de

controvertir el precio señalado en la oferta de compra formulada

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 24 de
marzo de 2011, proceso núm.: 25000-23-24-000-2005-91365-01; M.P. Rafael Ostau de Lafont
Pianeta.
4
Conforme con lo considerado por el Tribunal en auto de 28 de agosto de 2017.

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por la demandada, circunstancia distinta es que no se hubiera

accedido al precio pretendido en su intervención.

Agregó que la parte actora, a través de los oficios núms.

20155260130742 de 3 de febrero y 20155260430892 de 26 de

marzo de 2015, solicitó la revisión técnica del avalúo comercial

núm. 2014-1909 y realizó unos requerimientos los cuales fueron

absueltos por la demandada mediante los oficios núms.

2015325080841 de 24 de febrero y 20153250464541 de 14 de

abril de 2015.

Posteriormente, comparó los 3 dictámenes periciales aportados al

proceso y realizados respecto del inmueble objeto de litigio así:

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Indicó que el avalúo presentado por la parte demandante utilizó el

método de costo de reposición para la determinación del precio del

terreno como de la construcción, el cual no resultaba aplicable para

el caso concreto, conforme con lo previsto en el artículo 13,

parágrafo, de la Resolución núm. IGAC 620 de 2008.

Resaltó que el método de costo de reposición debe usarse en caso

de que el bien objeto de avalúo no cuente con bienes comparables

por su naturaleza, como es el caso de colegios, hospitales y

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estadios, entre otros, que no se encuentren sujetas al régimen de

propiedad horizontal, circunstancia que no ocurría en el presente

caso.

Sostuvo que tampoco podía darse por valido el avalúo comercial

aportado al proceso, debido a que no indicó, en los términos

establecidos en los artículos 4º y 14 de la Resolución IGAC 620 de

2008, en qué criterios se basó para estimar el monto total de

ventas de un proyecto de construcción, acorde con la

reglamentación urbanística vigente, los inmuebles comparables y

semejantes al proyecto, así como las características de áreas,

valores de venta y elementos del proyecto, propios del método de

potencial o desarrollo residual para la determinación del costo del

m2 del terreno.

Adicionalmente, mencionó que de la revisión del avalúo comercial

se advertía que se habían confundido los conceptos de lucro

cesante y daño emergente.

Concluyó en que comoquiera que la parte actora no logró desvirtuar

que el avalúo efectuado por CATASTRO adolecía de falencia

alguna, no había lugar a acceder a sus pretensiones por dicha

circunstancia.

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En lo que tiene que ver con la trasgresión del artículo 70 de la Ley

388 de 1997, al no haberse puesto a disposición de manera

inmediata de la actora los dineros reconocidos en la resolución

demandada, advirtió que a través de la Resolución núm. 7878 de 3

de agosto de 2016 se modificó el artículo 3° del acto administrativo

demandado debido a que dentro del inmueble objeto de litigio se

canceló una anotación concerniente al registro de una hipoteca, por

lo que se ordenó poner a disposición de la actora el precio

indemnizatorio reconocido.

Señaló que dentro del proceso se acreditó que el 26 de agosto de

2016 se realizó el pago correspondiente al valor indemnizatorio

ordenado en la resolución demandada, mediante transferencia a la

cuenta bancaria indicada por la actora, previa realización de los

trámites administrativos correspondientes, toda vez que esta no

reclamó el precio indemnizatorio directamente.

Indicó que respecto de la presunta trasgresión de los artículos 2º,

4º, 6º, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución Política; la Declaración

de los derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; el pacto de

San José de Costa Rica y el artículo 68 de la Ley 388 de 1997, por

no haberle otorgado una indemnización justa ni tener en cuenta sus

condiciones de salud, edad, ingresos, situación familiar, tiempo que

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estuvo realizando la construcción, créditos e intereses que tuvo que

pagar, no había lugar a acceder a sus pretensiones, toda vez que

no acreditó dentro del proceso encontrarse en una situación de

especial protección, de acuerdo con lo considerado por la Corte

Constitucional en la sentencia C-750 de 2015, que ameritara el

reconocimiento de una indemnización superior a la otorgada a

través del acto demandado.

Sostuvo que si bien allegó prueba de padecer síndrome de

manguito rotatorio en abril de 2015 ello no acreditaba que se

encontrara discapacitada, que dependía de los arriendos de su

inmueble de forma exclusiva para vivir, ni que su edad incidiera en

ello, pues para la época de la expedición del acto demandado tenía

47 años.

Agregó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la

Resolución núm. 898 de 2014 el avalúo debe basarse en la

valoración comercial del terreno, construcciones y/o cultivos, de

conformidad con la información suministrada por los beneficiarios

de la indemnización, sin que deba tenerse en cuenta los demás

aspectos señalados por la actora.

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Expresó que en el caso concreto no era dable acudir a otros peritos

diferentes para calcular el precio indemnizatorio del predio

expropiado, toda vez que, conforme con lo establecido en los

artículos 61 de la Ley 388 de 1997, 2° del Decreto 583 de 2011; y

3°, numeral 5, del Acuerdo 004 de 2012 y 12 de Decreto 1420 de

1998, corresponde a CATASTRO la elaboración de los avalúos

comerciales de los inmuebles que requieran las entidades del

distrito para el cumplimiento de sus objetivos misionales sin que

sea dable a las entidades distritales solicitar otro avalúo a otra

autoridad autorizada mientras que el elaborado por CATASTRO

este vigente.

Respecto de los argumentos encaminados a afirmar que se

trasgredieron los artículos 23 y 37 de la Ley 1682 de 2014, por

cuanto fueron descontados valores inicialmente tenidos en cuenta

en el avalúo comercial, disminuyendo la suma reconocida por

concepto de daño emergente, puso de presente que la resolución

demandada efectivamente descontó valores correspondientes a

gastos de escrituración del predio, desconexión de servicios

públicos por taponamiento e impuesto predial, atendiendo a los

criterios previstos en los artículos 16 y 17 de la Resolución 427 de

2016 que reglamenta lo concerniente al cálculo del daño

emergente.

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Añadió que al no haberse realizado la enajenación voluntaria del

inmueble la actora no incurrió en gastos de escrituración ni debía

hacerse reconocimiento alguno por pago del impuesto predial, por

lo que mal podría reconocerse dichos rubros.

Sobre lo relacionado con los servicios públicos, indicó que,

conforme con lo previsto en el artículo 129 de la Ley 142 de 1994,

el propietario del inmueble es responsable de ellos hasta su

cancelación definitiva.

Sostuvo que los artículos 23 y 37 de la Ley 1682 de 2013

establecen que el valor comercial del inmueble se determina

teniendo en cuenta las indemnizaciones para afectar el patrimonio

del propietario del bien expropiado, lo cual incluye el

reconocimiento del valor del predio y el del daño emergente y lucro

cesante.

En cuanto a la retención del 2.5% por enajenación de bienes raíces

y la suma de 20% de los ingresos que se percibieron por lucro

cesante, advirtió que comoquiera que la actora no se sometió al

proceso de enajenación voluntaria no había lugar a otorgar los

beneficios tributarios previstos en el artículo 67, parágrafo segundo,

de la Ley 388 de 1997.

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En relación con la presunta trasgresión del artículo 22, numeral 7,

literal b), del Decreto 1420 de 1998, por haberse congelado la

estratificación económica del predio, toda vez que este se tuvo

como estrato 2 cuando según la secretaria de Planeación debía

considerarse como 3, advirtió que si bien mediante la Resolución

núm. 0039 de 5 de junio de 2015 se modificó el estrato de varios

inmuebles, incluyendo el del objeto de litigio, la realidad era que

conforme con lo previsto en el artículo 5°, numeral 2, parágrafo

primero, de la Resolución núm. 898 de 2014, el avalúo debía

realizarse con la información aportada y recopilada por el avaluador

el día de la visita al predio, lo cual ocurrió el 16 de octubre de

2014, esto es, con anterioridad al cambio de estrato del predio, por

lo que para efectos de determinar el precio indemnizatorio debía

tenerse en cuenta que este se encontraba clasificado como estrato

2 al momento de la visita.

Indicó que el avalúo aportado por la parte actora tampoco desvirtúa

la legalidad del efectuado por la demandada, toda vez que en este

también se tuvo el predio como perteneciente al estrato 2.

Afirmó que el avalúo oficial realizado tuvo en consideración las

características generales de la construcción del inmueble,

detallándola, así como y la distribución de cada uno de sus pisos,

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sin que se advierta su desconocimiento al momento de fijar el

precio indemnizatorio.

Manifestó que la demandada no desconoció los contratos de

arrendamiento celebrados en el inmueble, toda vez que el canon

equivalente a seis meses fue reconocido como lucro cesante.

Indicó que los cuestionamientos realizados por la parte demandada

sobre las calidades del perito que efectuó el avalúo decretado por el

Tribunal no eran válidos, toda vez que el auxiliar de la justicia fue

designado de acuerdo con lo previsto en los artículos 47 y 48,

numeral 5, del CGP.

Señaló que el hecho de que el perito elaborara el avalúo sin

encontrarse inscrito en el registro abierto de avaluadores no

afectaba la validez de su dictamen, habida cuenta que este fue

realizado dentro del plazo de transición para inscribirse en el

registro establecido en el artículo 6°, parágrafo primero, de la Ley

1673 de 2013.

Respecto del avalúo de parte, expuso que el traslado para alegar de

conclusión no era la oportunidad procesal para cuestionar la prueba

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aportada por la actora, toda vez que ello debió cuestionarse con la

contestación de la demanda.

Finalmente, condenó en costas a la parte actora.

III-. RECURSO DE APELACIÓN

La actora señaló que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, la

demandada no tuvo en cuenta las inconformidades presentadas en

el trámite administrativo sobre el avalúo oficial AV 2014-1909 ni las

resolvió de forma concreta, precisa y de fondo.

Indicó que en la providencia recurrida no se explicaron las razones

para considerar que no se quebrantó la ley al no poner a su

disposición, de manera inmediata, los dineros reconocidos con el

acto demandado.

Insistió en que sí se trasgredieron los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 58,

83 y 124 de la Constitución Política; la Declaración de los derechos

del Hombre y del Ciudadano de 1789; el pacto de San José de

Costa Rica y el artículo 68 de la Ley 388 de 1997, toda vez que, a

su juicio, no se pagó una indemnización justa, al desconocer sus

condiciones de edad, salud, ingresos, profesión, las circunstancias

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que rodean su familia, el tiempo que estuvo levantando la

construcción y los intereses que tuvo que pagar.

Reiteró que se trasgredieron los artículos 20, 24 y 25 del Decreto

1420 de 1998, toda vez que el precio indemnizatorio se fijó

únicamente con fundamento en el avalúo realizado por CATASTRO

sin realizar otra licitación pública para obtener otro avalúo y

promediar los resultados obtenidos.

Expuso que el Tribunal no tuvo en cuenta que se desconocieron los

artículos 23, 27, 28 y 37 de la Ley 1682 de 2013, pues no se

reconoció la totalidad del daño emergente causado, indicando en

especial los gastos para reemplazar el inmueble expropiado ni se

explicó la razón por la que debían descontarse otros rubros, tales

como la desconexión de los servicios públicos domiciliarios.

Afirmó que el Tribunal no tuvo en cuenta lo establecido en el

artículo 5° de la Resolución núm. 1044 de 29 de septiembre de

2014, sobre cómo debe reconocerse el pago del impuesto predial

en los casos de expropiación por vía administrativa.

Insistió en que se trasgredió el artículo 22 del Decreto 1420 de

1998, por congelarse la estratificación económica del bien

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expropiado, toda vez que el avalúo del inmueble se efectuó

teniéndolo como estrato 2 cuando según lo considerado en la

Resolución 039 de 2015, debía tenerse como estrato 3.

Señaló que era contradictorio sostener que el método de reposición

utilizado en el avalúo que presentó no era correcto, cuando de la

revisión del que fue realizado por CATASTRO se desprendía que

utilizó la misma metodología.

Finalmente, puso de presente que la demandada delegó sin

justificación alguna a CATASTRO la fijación del precio

indemnizatorio cuando únicamente le correspondía avaluar el bien

inmueble.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1- La actora señaló que dentro del proceso se encuentra

probado que la secretaria de Planeación Distrital mantuvo más de

10 años el estrato 2 en la zona del inmueble expropiado; y que solo

hasta el año 2015, a petición de parte, se logró establecer que la

zona pertenecía al estrato 3.

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Indicó que también acreditó que en Bogotá para el año 2014 el

valor del metro cuadrado se incrementó en un 207.7%, situación

que no tuvo en cuenta la demandada.

Manifestó que el avalúo oficial no tuvo en cuenta los valores de

transacción en el mercado, actualizado para la fecha de su

realización.

Anotó que CATASTRO no es una entidad imparcial que entregue

una valoración real de los predios a expropiar, toda vez que se

desconocen los insumos con los que aplicó el método de costo de

reposición para establecer el valor del inmueble expropiado.

Insistió en que se trasgredió el artículo 70 de la Ley 388 de 1997,

pues el dinero reconocido en la resolución demandada debió ser

puesto a su disposición de manera inmediata y no un año después

como ocurrió.

Indicó que el Tribunal no se pronunció sobre el hecho de que el

avalúo oficial no consultó al menos tres cotizaciones para

determinar el valor del metro cuadrado del terreno, conforme con lo

previsto en el artículo 17 del Decreto 898 de 2014.

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Resaltó que debía tenerse en cuenta que de los 3 avalúos obrantes

en el proceso existía una diferencia de 100.000.000 entre cada uno,

lo cual evidenciaba un detrimento en su patrimonio.

Resaltó que el Tribunal no se pronunció sobre las pruebas allegadas

con la demanda que influían en el valor del avalúo, de acuerdo con

lo considerado por la Corte Constitucional en sentencias C-1072 de

2002 y C-476 de 2007.

IV.2- El IDU solicitó confirmar el fallo de primera instancia, por

cuanto, a su juicio, la parte actora no acreditó que la resolución

demandada fuera ilegal ni que el procedimiento expropiatorio se

hubiera adelantado por fuera de las reglas establecidas en la ley.

Adujo que, contrario a lo afirmado por la actora, sí contestó de

manera concreta, precisa y de fondo las inconformidades

presentadas respecto del avalúo mediante los oficios núms.

2015325080841 de 24 de febrero y 20153250464541 de 14 de

abril de 2015.

Indicó que la parte actora no cumplió con la carga de interponer el

recurso de reposición que procedía contra la Resolución núm. 427

de 2006, perdiendo la oportunidad, en vía administrativa, de

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exponer los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso

de apelación.

Manifestó que el avalúo en que se fundó el acto demandado fue

elaborado por profesionales especializados e independientes que

realizaron su trabajo con imparcialidad y bajo los parámetros

legales y constitucionales establecidos para tal efecto.

Expuso que la entrega de dineros prevista en el artículo 70 de la

Ley 388 de 1997 hace referencia a un término que no es perentorio

o precluyente, por cuanto debe tenerse en cuenta que para realizar

dicha operación es necesario adelantar trámites presupuestales

para su desembolso y radicar la orden de pago en la Subdirección

Técnica de Presupuesto y Registro Contable de la Dirección Técnica

Administrativa y Financiera de la entidad.

Agregó que en el caso concreto debía tenerse en cuenta que por

existir un gravamen hipotecario sobre el inmueble expropiado se

realizaron trámites adicionales, pues encontrándose en trámite el

pago se allegó paz y salvo de la entidad financiera respecto del

gravamen mencionado por lo que se expidió la Resolución núm.

7878 de 3 de agosto de 2016.

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Adujo que, conforme con lo previsto en el artículo 2° del Decreto

núm. 583 de 2011, se encontraba habilitado para contratar la

realización del avalúo en el que se fundó la resolución demandada.

Afirmó que para la elaboración del avalúo si se tuvo en cuenta el

estrato socioeconómico del inmueble, el cual correspondía al estrato

2 para el momento de su realización.

Agregó que no es de su competencia la asignación de estratos

socioeconómicos de los predios, pues dicha función le corresponde

a la secretaria Distrital de Planeación.

Expreso que no se logró verificar que el cambio de estrato

modificara de forma significativa el valor del bien expropiado, pues

al momento de elaboración del avalúo se tienen en cuenta todas las

características físicas, normativas, económicas y de estrato que

corresponden al sector.

Afirmó que el avalúo aportado por la parte actora incurrió en error

grave al establecer el valor del inmueble, pues aplicó el método de

reposición sin tener en cuenta que este no se encontraba sometido

a propiedad horizontal, en los términos del artículo 13 de la

Resolución 620 de 2008.

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Señaló que, conforme con lo previsto en el artículo 2° del Decreto

583 de 2011, CATASTRO es competente para elaborar el avalúo de

los inmuebles que requieran las entidades de nivel distrital para el

cumplimiento de sus objetivos misionales, los cuales comprenden la

tasación del lucro cesante y el daño emergente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la

Resolución núm. 427 de 13 de enero de 2016, “Por la cual de

ordena una Expropiación por la vía Administrativa”, expedida

por el IDU, mediante la cual dispuso la expropiación administrativa

del inmueble de propiedad de la actora, identificado con cédula

catastral 009202213900000000, CHIP AAA0129BAKC y matrícula

inmobiliaria 50N-20260436, para lo cual fijó un precio

indemnizatorio de $193.540.588.

El Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda por

considerar que el IDU sí otorgó a la actora la posibilidad de

controvertir el avalúo y contestó sus inconformidades mediante los

oficios 2015325080841 de 24 de febrero y 20153250464541 de 14

de abril de 2015; con los dictámenes aportados al proceso no se

logró desvirtuar la legalidad del avalúo oficial practicado por

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CATASTRO; no se vulneró el artículo 70 de la Ley 388 de 1997,

toda vez que se acreditó que la demandada consignó los dineros

reconocidos en la Resolución 427 de 2016 con anterioridad a la

radicación de la demanda; no se trasgredieron los artículos 2º, 4º,

6º, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución Política, la Declaración de

los derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el pacto de San

José de Costa Rica y el artículo 68 de la Ley 388 de 1997, debido a

que no se acreditó dentro del proceso que la actora ostentara una

condición especial que ameritara una indemnización diferente a la

reconocida; no era dable solicitar un segundo peritaje con miras a

establecer el precio del inmueble expropiado, debido a que existía

uno vigente realizado por CATASTRO; era dable efectuar los

descuentos respecto de gastos de escrituración del predio,

desconexión de servicios públicos por taponamiento, impuesto

predial, la retención del 2.5% por enajenación de bienes raíces y la

suma de 20% de los ingresos que se percibieron por lucro cesante;

no se trasgredió el artículo 22, numeral 7, literal b), del Decreto

1420 de 1998, en la medida en que el avalúo fue practicado

teniendo en cuenta el estrato en que se encontraba el predio al

momento de la visita y verificación de datos del predio; y que el

avalúo oficial tuvo en cuenta las características del inmueble y la

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existencia de los contratos de arrendamiento celebrados para

establecer el precio indemnizatorio.

Inconforme con la decisión la demandante interpuso recurso de

apelación, para lo cual adujo que, contrario a lo afirmado por el a

quo, la demandada no tuvo en cuenta las inconformidades

manifestadas en el trámite administrativo respecto del avalúo

practicado sobre el inmueble; no se motivaron las razones por las

que no se trasgredió el artículo 70 de la Ley 388 de 1997 al no

poner inmediatamente a su disposición la indemnización reconocida

en la resolución acusada; se trasgredieron los artículos 2º, 4º, 6º,

13, 58, 83 y 124 de la Constitución Política; la Declaración de los

derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el pacto de San

José de Costa Rica y el artículo 68 de la Ley 388 de 1997 al no

tener en cuenta los factores enunciados en la demanda para

reconocerle una indemnización justa; se trasgredieron los artículos

20, 24 y 25 del Decreto 1420 de 1998 al fijar el valor de la

indemnización con fundamento en un solo avalúo, sin realizar otro

procedimiento para comparar resultados y promediar la suma de la

indemnización obtenida; no se le reconoció la totalidad del daño

emergente causado y no se tuvo en cuenta que no había lugar a

efectuar descuentos tales como los de desconexión de servicios

públicos y pago del impuesto predial; se realizó el avalúo teniendo

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el inmueble clasificado como estrato 2 cuando en realidad era 3; no

se dio validez al avalúo aportado con la demanda pese a que este

se efectuó con el mismo método que el oficial; y que no podía

delegarse en CATASTRO la fijación del precio indemnizatorio.

Precisado lo anterior, para la Sala se hace necesario traer a colación

los criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción

especial contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento

del derecho que procede contra la decisión de expropiación por vía

administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso

interpuesto. Al respecto, se ha señalado:

“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas y
las pruebas allegadas al proceso.

Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de
legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.

En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la legalidad

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de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de
legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no
implica, como aduce el recurrente, que la acción especial
contencioso administrativa se aborde como una acción
ordinaria de nulidad.
[…]

En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.

Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 5 (Destacado fuera del texto).

Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de

mayo de 20096, aleccionó sobre los elementos que debe contener la

indemnización, como consecuencia de una expropiación

administrativa, de la siguiente manera:

“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01.

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administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-
administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas
al texto)

En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien
expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y el
H. Consejo de Estado.

En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser
privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública,
debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)

El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte
del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé
igualmente en su artículo 21.2 el pago de una
indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los
perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un
bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior
significa que el valor que se determine con esa finalidad
debe ser comprensivo de todas las ablaciones
patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean
objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la
determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse
especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la
línea divisoria que marca las fronteras entre el
enriquecimiento y el menoscabo.

Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que los
daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad
mediante el cual se decrete la incorporación al dominio
público de bienes de propiedad particular para satisfacer
con ellos una necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que
ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y

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previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es
sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho
de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno
que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías
que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues
no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.

Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)

En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que
se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).

En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)

Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el

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daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.

Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente
respecto del precio, cuando el expropiado considere
incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y
plena. […].”

Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los

términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales

que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones

para el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el

artículo 61 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:

“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en relación
con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica.

La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el

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proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).

El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de

adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se

refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo

que para dichos efectos realice la entidad correspondiente, el

segundo, además de comprender aquel, contiene el daño

emergente y el lucro cesante, así como los demás perjuicios que

merezcan ser reparados para garantizar una indemnización plena.

En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de

manera que si este no cumple con los requisitos legales que

permitan inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio

técnico apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente

afectado7.

El acto acusado

La Resolución núm. 427 de 13 de enero de 2016, “por medio de

la cual se ordena una expropiación administrativa”, resolvió

lo siguiente:

7
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).

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“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del Instituto de Desarrollo Urbano — IDU
identificado con el NIT 899.999.081-6, del inmueble ubicado en
la CL 129 91 22 de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la
cédula catastral 009202213900000000, CHIP AAA0129BAKC,
matrícula inmobiliaria 50N-20260436 y Registro Topográfico
44164 elaborado por la Dirección Técnica de Predios en el mes
de mayo de 2014 donde aparece debidamente delimitado y
alinderado con un área de terreno de 67,23 M2, y un área
construida: […]. Cuyo titular inscrito del derecho de dominio del
inmueble objeto de expropiación es la señora JEANNETTE DEL
SOCORRO BURGOS ESCAMILLA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 51871946 expedida en Bogotá D.C.

ARTÍCULO SEGUNDO. - VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO.- El valor del precio indemnizatorio de la
expropiación que se ordena por la presente resolución es
CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (193.540.588.00)
MONEDA CORRIENTE, el citado valor incluye:

A) La suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE
PESOS ($179.241.820,00) MONEDA CORRIENTE, por concepto
de terreno y construcción conforme los avalúos comerciales
Nos. 2014-1909 del 22 de octubre de 2014, complementado
mediante los informes técnicos de avalúo Comercial Nos. 2014-
1909 del 18 de junio de 2015 y 2014-1909 del 21 de
septiembre de 2015, elaborados por la Unidad Administrativa
Especial Catastro Distrital - Gerencia de Información Catastral,
Subgerencia de Información Económica.

B) La suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL
QUINIENTOS PESOS ($10.726.500.00) MONEDA CORRIENTE,
por concepto de Lucro Cesante conforme los avalúos
comerciales Nos. 2014-1909 del 22 de octubre de 2014,
complementado mediante los informes técnicos de avalúo
Comercial Nos. 2014-1909 del 18 de junio de 2015 y 2014-
1909 del 21 de septiembre de 2015, elaborados por la Unidad
Administrativa Especial Catastro Distrital - Gerencia de
Información Catastral, Subgerencia de Información Económica.

C) La suma de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($3.572.268.00)
MONEDA CORRIENTE, por concepto de Daño emergente
conforme los avalúos comerciales Nos. 2014-1909 del 22 de
octubre de 2014, complementado mediante los informes
técnicos de avalúo Comercial Nos. 2014-1909 del 18 de junio

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de 15 y 2014-1909 del 21 de septiembre de 2015, elaborados
por la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital -
Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de Información
Económica y el informe de reconocimiento económico RT No
44164 elaborado por el grupo económico de la Dirección
Técnica de Predios- Instituto de Desarrollo Urbano de fecha 12
de enero de 2016.

PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación, no
implica la aplicación del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que
establece la cesión de los contratos de servicios públicos con
ocasión a la transferencia del dominio: "En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los
contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las
partes acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno derecho,
e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio", teniendo en cuenta
que los predios adquiridos por el IDU por motivos de utilidad
pública e interés social son destinados exclusivamente a la
construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un
inmueble con vocación de domicilio para convertirse en un bien
de uso público dejando por ello de ser destinatario de servicios
públicos domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo
responsable del consumo, deudas y demás cargos que se
generen hasta la cancelación de los mismos la señora
JEANNETTE DEL SOCORRO BURGOS ESCAMILLA, identificada
con cédula de ciudadanía No. 51871946 expedida en Bogotá
D.C.

ARTÍCULO TERCERO. - FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se
efectuará por la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano,
previa autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de
Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
Cien por Ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la
cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
(193.540.588.00) MONEDA CORRIENTE, el citado valor, será
puesto por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo
Urbano a disposición de la señora JEANNETTE DEL SOCORRO
BURGOS ESCAMILLA, identificada con cédula de ciudadanía No.
51871946 expedida en Bogotá D.C., y al BANCO CAJA SOCIAL,
identificado con NIT 860.0ô7.335-4, una vez ejecutoriada la
presente resolución y efectuados los respectivos trámites
financieros.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor del precio indemnizatorio,
una vez puesto a disposición de la señora JEANNETTE DEL

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SOCORRO BURGOS ESCAMILLA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 51871946 expedida en Bogotá D.C., y al BANCO
CAJA SOCIAL, identificado con NIT 860.007.335-4, no es
retirado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, este se
consignará en la entidad financiera autorizada para el efecto, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 70 de la
ley 388 de 1997, remitiendo copia de la consignación al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, considerándose que
de esta manera ha quedado formalmente efectuado el pago.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se efectuarán los descuentos correspondientes a
impuestos, tasas y contribuciones aplicables, contemplados en
la normatividad vigente.

PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de
dinero correspondiente al único contado, se deberá verificar el
estado de cuenta por la contribución de valorización, en caso de
existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a la
compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del
código civil colombiano.

ARTÍCULO CUARTO. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor total de la adquisición se ampara en el presupuesto del
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, según Certificado de
Registro Presupuestal Nos. 4914 del 11 de diciembre de 2014 Y
3941 del 2 de diciembre de 2015, emitidos por la Subdirección
Técnica de Presupuesto y Contabilidad de la Dirección Técnica
Financiera del IDU […]”.

Caso concreto

Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver los argumentos

expuestos en el recurso de apelación, de la siguiente manera:

• Sobre las inconformidades presentadas por la actora en el

trámite administrativo sobre el avalúo oficial

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La recurrente estima que debe declararse la nulidad del acto

demandado, habida cuenta que pese a que formuló

inconformidades respecto del avalúo oficial realizado por

CATASTRO dentro del trámite administrativo correspondiente estas

no fueron tenidas en cuenta al momento de determinar el valor

indemnizatorio por la expropiación de su inmueble.

Sobre el tema, el Tribunal consideró en primera instancia que no se

trasgredía el derecho invocado por la actora por cuanto de la

revisión del expediente administrativo se advertía que la

demandada absolvió las inquietudes formuladas por la actora,

mediante oficios núms. 2015325080841 de 24 de febrero y

20153250464541 de 14 de abril de 2015, circunstancia distinta es

que no hubiera accedido a sus pretensiones.

Revisado el expediente, en especial los antecedentes

administrativos de la resolución demandada, la Sala advierte que,

efectivamente, la parte actora formuló varias inconformidades

respecto del avalúo practicado por CATASTRO, tales como las

formuladas mediante oficio núm. 20155260130742 de 3 de febrero

de 20158, las cuales fueron resueltas en el sentido de ratificar el

avalúo comercial AV 2014-1909.

8
Cfr. 19_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOTRIBUNALANTE_6_20240805163040182, folio 45.

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Al respecto, se observa que el IDU, mediante oficio núm.

20153250280841 de 24 de febrero de 20159, contestó a sus

observaciones así:

“[…] Al hecho en donde indica que el señor Luis Felipe Bogoya
Burgos, ejerce una actividad económica, y por tanto solicita sea
indemnizado, tenemos que este no tiene la calidad de
propietario, razón por la cual no procede la indemnización por
Lucro Cesante en los términos que establece la Resolución No.
898 de 2014.

Cabe anotar que el señor Luis Felipe Bogoya Burgos, fue
identificado dentro del Censo Predial llevado a cabo por el
grupo social de la Dirección Técnica de Predios del IDU, como
miembro de la Unidad Social en calidad de hijo de la propietaria
JEANNETE DEL SOCORRO BURGOS ESCAMILLA, ejerciendo una
actividad económica (carro de comidas) que desarrolla en el
espacio público al frente del predio motivo de estudio, sin que
éste se puede tener en cuenta como destinatario de
compensación económica alguna.

Al hecho en donde afirma 'Además la actividad edificadora del
sector no solo se presenta desarrollo de edificaciones de tipo
unifamiliar como equivocadamente señala el avalúo, también
presenta edificaciones tipo multifamiliares que alcanzan en
ciertos casos los 5 pisos..." se aclara que el numeral 3.3
"Actividad Edificadora" establece que se presenta en una
existente actividad edificadora en el sector de edificaciones de
tipo de vivienda unifamiliar en lotes segregados de 50 hasta 90
metros cuadrados (M2) en casa de 1 hasta 4 pisos, pero a su
vez torres de hasta 5 pisos desarrolladas por construcciones e
inmobiliarios del sector, lo que quiere decir que efectivamente
existe una mayor proporción en edificaciones unifamiliares, y en
menor las edificaciones que alcanzan hasta 5 pisos, sin que
esto quiera decir que no exista.

Al hecho en donde indica el Estado de las vías o malla vía,
tenemos que el numeral 3.5 -vías de acceso": se mencionan las
vías de acceso al sector y en el numeral 8 “Consideraciones
Generales" en el párrafo 6 se describe la infraestructura y se
mencionan las vías describiendo que en algunos casos
presentan deterioro o carencia de pavimento, lo que
corresponde a lo observado por el perito en el momento de la
9
Cfr. 15_EXPEDIENTEDIGI_Cuaderno2TribunalAdm_2_20240805163038495 folios 111 a 116.

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visita, lo que no indica que estén en general en mal estado
como menciona el solicitante. no obstante, se aclara que para
llegar a la determinación del valor del terreno se tienen en
cuenta diferentes variables y es por esta razón que se realiza el
método de comparación de mercado con "Ofertas o
transacciones recientes de bienes semejantes y comparables al
del objeto de avalúo..." por lo que el anexo "tabla de mercado
asociada' muestra predios localizados en el mismo sector y con
características semejantes a las del objeto de avalúo.

[…]

Al hecho en donde manifiesta que el avalúo base de la oferta de
compra falta a la veracidad, es procedente señalar es que el
informe técnico de avalúo No. 20141909 del 22 de Octubre de
2014 toma como fundamento normativo lo dispuesto en el
decreto 1420 de 1998, así como con los parámetros para la
elaboración de avalúos establecidos en la Resolución 620 de
2008 "por la cual se establecen los procedimientos para los
avalúos ordenados dentro del marco de la ley 388 de 1997',
expedida por el Instituto Geográfico Agustin Codazzi aplicando
de manera clara y precisa los métodos allí definidos para la
determinación de los valores tanto de terreno como de
construcción, En este sentido, éstas disposiciones determinan
los criterios y metodologías para la realización de avalúos
comerciales.

Como se observa en el numeral 9 "Resultado del Avalúo" se
encuentran estimados tanto el valor del terreno como de la
construcción y, el uso y destinación van de acuerdo con lo
encontrado por el perito en terreno. No obstante, se aclara que
en el numeral 3.2 "actividad predominante" se menciona la -
condición del sector de uso Residencial, industrial de mediano
impacto y comercial de tipo local, adicionalmente en el numeral
6.1 "Descripción" se describen en detalle los materiales
constructivos y la distribución de la construcción en donde se
menciona el local comercial, por lo que se entiende que si fue
tenida en cuenta la condición de comercio que tiene el
inmueble.

Al hecho en donde cita inconsistencias respecto al tiempo de las
construcciones y diferencias con la tabla de mercado asociada,
se determinó que para dar respuesta concreta sobre las
inquietudes expuestas por el propietario es pertinente dar
traslado a la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, entidad avaluadora, mediante radicado IDU No.
20153250283491 de febrero 25 de 2015 para que se pronuncie

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a este respecto y de ser procedente se incluya en el precio
indemnizatorio.

Al hecho en donde menciona que existen inconsistencias sobre
las características de los pisos, tenemos que si bien la
distribución de cada una de las dependencia puede no
corresponder en forma estricta en cuanto descripción y la
distribución que se hace de los espacios, se aclara que estos
están siendo tenidos en cuenta y calculados de acuerdo con los
materiales constructivos y áreas correspondientes, y estas a su
vez corresponden con las que se encuentran consignadas en el
Registró Topográfico RT 44164, el cual a su vez está acorde con
las medidas hechas en terreno. base con que fue realizado el
cálculo del avalúo como se evidencia en los numerales 7.2
"para el valor de la construcción" y 9 "resultado del avalúo"

A la petición respecto a la elaboración de un nuevo avalúo, se
informa que la Ley 388 de 1997 no conceptúa la contra oferta
dentro de los procesos de adquisición predial.

A la petición incluir la actividad económica dentro de la
indemnización de lucro cesante y daño emergente, le decimos
que esta indemnización solo recae en quien detenta la calidad
de propietario.

A la Petición sobre la verificación de antigüedad e
inconsistencias sobre la tabla de mercado que se citarón en el
avalúo 2014-1909, se dio traslado a la Gerencia Comercial y de
Atención al Usuario de la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital, como quedo citado antes […]”.

Igualmente, CATASTRO, en oficio de 4 de mayo de 2015,

manifestó:

“[…] Nos permitimos precisar como se puede apreciar en el
registro fotográfico, que en la primera visita técnica para la
elaboración del Avalúo comercial del predio se pudo acceder
solamente al segundo y tercer piso. Efectivamente se programó
una segunda visita, pero no fue posible acceder al primer piso.
De acuerdo con lo informado por los acompañantes en la
inspección del inmueble, el nivel de acabados del primer piso es
similar al observado en los pisos superiores. Por lo anterior se
realizó el ejercicio de depreciación de edificaciones partiendo de
un costo de reposición a nuevo para una tipología general en
toda la construcción.

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La potencialidad de uso de comercio es medida en la
determinación del valor unitario de terreno. debido a que este
componente asume la capacidad normativa y condiciones de
explotación, identificadas en la consolidación de usos
comerciales; la dinámica de mercado define los diferentes
rangos de valor de acuerdo con el uso actual.

De acuerdo con lo observado e informado en la visita de campo,
la edad de la estructura original se remonta a 1996, y las obras
posteriores obedecen a remodelaciones e implementación de
una placa en el tercer piso; por lo anterior se asume una
edificación de 18 años con su totalidad de acabados y estado de
conservación bueno, ya que requiere reparaciones de poca
importancia. En el cálculo del valor de reposición a nuevo, se
define una tipología con todo el nivel de acabados, tal como se
encuentra actualmente la construcción.

En cuanto a la tabla de mercado, cada una de las ofertas están
debidamente soportadas con la dirección actual y número de
contacto, en los cuales se obtuvo la información relacionada.

Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos ratificar
el avalúo comercial AV 2014- 1909 de fecha 22 de
octubre de 2014, realizado para el predio localizado en la
calle 129 # 91-22 […]”.

Verificado lo anterior, la Sala considera que contrario a lo afirmado

por la recurrente, la demandada si le dio oportunidad de cuestionar

el contenido del avalúo oficial AV 2014-1909 realizado por

CATASTRO y estudió sus observaciones, circunstancia distinta es

que no haya accedido a sus peticiones, como lo afirmó el Tribunal

en la sentencia recurrida, por lo que el argumento expuesto no

tiene vocación de prosperidad.

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• Respecto de la vulneración del artículo 70, numeral 2, de la

Ley 388 de 1997, por no poner a disposición inmediata de la

actora la suma indemnizatoria reconocida

En lo que tiene que ver con los argumentos expuestos por la parte

actora sobre la trasgresión del artículo 70, numeral 2, de la Ley 388

de 1997, por cuanto el IDU no puso, de manera inmediata, a su

disposición la suma correspondiente a la indemnización otorgada a

través de la resolución demandada, la Sala advierte que, contrario

a lo afirmado por la recurrente, el Tribunal si expuso las razones

por las que no podía tenerse por trasgredida la mencionada

disposición, esto es, por cuanto sostuvo que en el caso concreto se

presentaron circunstancias de hecho que justificaron el tiempo que

tomó a la entidad demandada realizar el pago, tales como el

levantamiento de la garantía hipotecaria que afectaba el inmueble y

la circunstancia de que la actora no reclamó el precio

indemnizatorio pese a haber sido puesto a su disposición, por lo

que se procedió a efectuar la transferencia bancaria

correspondiente.

En efecto, verificado el expediente, la Sala advierte que: i) la

Resolución núm. 427 de 13 de enero de 2016 quedó ejecutoriada el

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4 de marzo de 201610; ii) la parte actora, a través de oficio núm.

20165260304962 de 20 de abril de 201611, informó a la

demandada que el Banco Caja Social había cancelado la hipoteca

que afectaba al bien inmueble expropiado; iii) la demandada,

mediante la Resolución núm. 7018 de 28 de junio de 2016,

reconoció a favor de la actora la suma de $189.972.018 con

ocasión de lo resuelto en el acto demandado; iv) igualmente, a

través de la Resolución 7878 de 3 de agosto de 2016, modificó lo

concerniente al pago de la indemnización reconocida en el acto

demandado por el levantamiento de la hipoteca que afectaba el

inmueble; y v) que el 26 de agosto de 201612 se entregó la suma

reconocida a la parte actora, circunstancias de las cuales se

desprende que el pago de la indemnización se realizó en un término

prudencial y razonable, teniendo en cuenta los trámites

administrativos surtidos al interior de la entidad demandada.

Ahora, cabe señalar que cuando el artículo 70 de la Ley 388 de

1997 hace referencia a que “en caso de que la entidad no ponga a

disposición del propietario el precio indemnizatorio, la decisión de

expropiación por vía administrativa no producirá ningún efecto y la

entidad deberá surtir nuevamente el procedimiento expropiatorio”,

10
Cfr. Cuaderno 15_EXPEDIENTEDIGI_Cuaderno2TribunalAdm_2_20240805163038495, folio 204.
11
Cfr. Cuaderno 15_EXPEDIENTEDIGI_Cuaderno2TribunalAdm_2_20240805163038495, folios 205 y
206.
12
Cfr. 17_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOCONTESTACION_4_20240805163039432, folio 288.

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la Sala de forma reiterada, entre otras en sentencia de 27 de

febrero de 202513, ha sostenido que dicha disposición hace

referencia a la eficacia del acto administrativo y no a una causal de

nulidad así:

“[…] 75. La parte demandante manifestó, en el recurso de
apelación, que una vez ejecutoriada la decisión por vía
administrativa se produce como efecto que “[…] la entidad que
ha dispuesto la expropiación pondrá a disposición inmediata del
particular expropiado, según sea el caso, el valor total
correspondiente o el porcentaje del precio indemnizatorio que
se paga de contado y los documentos de deber
correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales del
saldo […]”, para el apelante, “[…] significa que no puede poner
al ciudadano expropiado a que se tenga que supeditar a
trámites internos de la entidad […]”.

76. Visto el numeral 4° del artículo 70 de la Ley 388, en caso
de que la entidad no ponga a disposición del propietario el
precio indemnizatorio, la decisión de expropiación por vía
administrativa no producirá ningún efecto y la entidad deberá
surtir nuevamente el procedimiento expropiatorio.

77. Para la Sala, la norma indicada supra se refiere a la
eficacia del acto administrativo que declara la
expropiación y no a una causal de nulidad; en tal virtud,
en caso de verificarse la falta de pago, la administración no
puede ejecutar esa decisión ni exigir su cumplimiento porque
omitió adelantar las actuaciones indispensables para que el acto
existente y válido provoque los efectos jurídicos deseados, por
lo tanto, es un asunto que, en principio, debe resolverse en la
vía administrativa. […]”.

Así las cosas, la Sala considera que no le asiste la razón a la

recurrente.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 27 de
febrero de 2025. Proceso núm. 25000234100020150240201 M.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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• En cuanto a las inconformidades de la recurrente sobre el

avalúo oficial AV 2014-1909

La recurrente estima que el avalúo oficial AV 2014-1909 no tuvo en

cuenta todos los factores y circunstancias especiales en su caso

concreto para establecer el precio indemnizatorio, en especial en lo

que tiene que ver con el daño emergente reconocido.

Asimismo, sostiene que el Tribunal erró al no dar validez al avalúo

aportado con la demanda, por cuanto este fue realizado con el

mismo método empleado por el avalúo oficial.

Al respecto, se advierte que el Tribunal, en la sentencia de primera

instancia, efectuó un análisis comparativo del avalúo oficial y del

aportado por la parte actora, llegando a la conclusión de que no se

había logrado desvirtuar la presunción de legalidad del primero,

debido a que de la revisión del aportado por la actora se desprendía

que no se aplicaron debidamente los métodos para establecer el

precio indemnizatorio del terreno y de la construcción.

Cabe señalar que, conforme con la jurisprudencia reiterada de la

Sección, el avalúo comercial forma parte integral del acto

administrativo acusado, que decretó la expropiación, por lo que se

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encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y

certeza, que se predica de las decisiones definitivas de la

Administración, y debe tenerse como válido, creíble y

fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en este

caso, a los demandantes, demostrar en el proceso que el avalúo

oficial es equivocado, acreditando precisamente sus incorreciones.

En efecto, en la citada sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala

precisó:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante
a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el
precio del inmueble establecido por la administración se
determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el
precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de
inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de
tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se
asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos
recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de
Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los
avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer
la anunciada comparación, lo cual permite concluir que
contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal
cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la
mencionada información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.

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No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su incorrección
[…].” (Destacado fuera de texto).

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que el avalúo oficial

AV 2014-1909 aplicó el método comparativo o de mercado con la

finalidad de establecer el valor del terreno conforme con lo

establecido en el artículo 1° de la Resolución 620 de 2008, mientras

que para fijar el valor de las construcciones acudió al método de

costo de reposición previsto en el artículo 3° idem; para la

determinación de la indemnización del rubro de daño emergente

tuvo en cuenta los gastos en que debía incurrir la actora con

ocasión de la expropiación del inmueble; y para el lucro cesante el

valor de los contratos de arrendamiento de cada piso del inmueble

por un lapso de 6 meses.

Ahora, de la revisión del avalúo aportado por la parte actora y

elaborado por la sociedad Sarmiento y Osorio Soluciones

inmobiliarias de 26 de enero de 2015, la Sala observa que este fue

elaborado íntegramente utilizando el método de costo de

reposición, por lo que no resulta cierto, como lo afirmó la

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recurrente, que fue realizado en las mismas condiciones que el

avalúo oficial controvertido.

Adicional a lo anterior, la Sala advierte que el avalúo aportado por

la actora se limitó a señalar que el precio comercial del inmueble

expropiado era superior al valor indicado en el avalúo oficial, sin

que se señalara en parte alguna cuales eran los errores en que

incurrió CATASTRO al avaluar el inmueble, circunstancia que no

resulta suficiente para desvirtuar la legalidad del precio

indemnizatorio establecido en el acto demandado.

Sobre el tema, la Sección Primera, en sentencia de 31 de julio de

202514, sostuvo lo siguiente:

“[…] no es de recibo que los argumentos que sustentan la
incorrección del avalúo oficial, que fundamentaron la expedición
de los actos administrativos acusados, sean que al ser mayor el
precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente para
decretar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Así discurrió la Sección, en la citada providencia:

“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más allá de
controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo
AV-466-07-36549-IDU realizado por la Lonja Inmobiliaria de
Bogotá sobre el cual se sustentó la expedición de los actos
demandados, presentan características generales
correspondientes a cualquier avalúo; razón por la cual no le
asiste razón al accionante cuando indica que el a quo no tomó en
cuenta estos avalúos, puesto que los mismos no controvierten ni

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de
julio de 2025. Proceso núm.: 08001-23-31-000-2006-02656 -02; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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aportan pruebas sobre las cuales se pueda determinar que el
avalúo comercial realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá es
errado y no se encuentra ajustado a las normas sobre avalúos.,
valga decir, no desvirtúa la presunción de legalidad que los
cobija.

69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de
Estado ha indicado que se presume la legalidad del acto
administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando
en el informe técnico no se precisan las operaciones o la
forma como fueron calculados los valores
correspondientes, por ello la parte demandante debe
aportar las pruebas para demostrar los errores de este. En
este contexto, esta Sección, mediante sentencia proferida el 6 de
febrero de 2020, expuso lo siguiente:

“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca
de los avalúos comerciales practicados por las entidades
legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la
indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido
que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las
operaciones o la forma como fueron calculados los valores a
partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la
medida en que dicho precio hace parte del acto administrativo
mediante el cual se dispone la expropiación, se presume
ajustado o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde
al interesado desvirtuar tal presunción.

En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala,
sobre el particular, expresó lo siguiente:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal,
obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se
anuncia que el precio del inmueble establecido por la
administración se determinó como resultado de la
aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”,
que “Consiste en deducir el precio por comparación de
transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y
localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se
han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la
de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad
Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos

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recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la
anunciada comparación, lo cual permite concluir que contra
el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio
demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido
por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada
información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de
Catastro Municipal también estaría desprovisto de
argumentos técnicos y de apoyo probatorio.

No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor
en el texto de los actos administrativos demandados,
debe entenderse que el mismo se encuentra amparado
por la misma presunción de legalidad y de certeza que se
predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección15 […].” (la Sala destaca)
[…]”16

74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y que
sustentó la expedición de los actos administrativos
acusados, sea que no se indicó los inmuebles con los
cuales se realizó la comparación y que al ser mayor el
precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente
para decretar la nulidad parcial de estos [...].” (Destacado
fuera de texto).

Por ello, la Sala considera que le asistió razón al Tribunal cuando

consideró que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de

legalidad del avalúo oficial AV 2014-1909 con el aportado con la

demanda.

15
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601

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Ahora, en lo que tiene que ver con la inconformidad de la actora

sobre la tasación del daño emergente reconocido en el acto

demandado, la Sala observa que la parte actora no acreditó la

existencia de un rubro adicional que no hubiera sido tenido en

cuenta por la demandada al momento de fijar el precio

indemnizatorio, pues de la revisión de las pruebas allegadas con la

demanda se advierte que se aportó constancia de que la actora era

deudora de un crédito hipotecario con el Banco Caja Social por la

suma de $12.976.771 y varios recibos que acreditan la compra de

materiales de construcción, elementos todos que fueron tenidos en

cuenta en el avalúo oficial elaborado por CATASTRO cuya legalidad

no fue desvirtuada por la actora.

Por lo anterior, no prospera el cargo.

• En cuanto a la Trasgresión de los artículos 20, 24 y 25 del

Decreto 1420 de 1998 por no practicar dos avalúos para

establecer el precio indemnizatorio del inmueble

La recurrente estima que debe revocarse la providencia recurrida

por cuanto la demandada fundó la indemnización reconocida a

través de la Resolución 427 de 13 de enero de 2016, solamente en

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el avalúo realizado por CATASTRO sin realizar otro procedimiento

para obtener otro avalúo o concepto y promediarlo.

Al respecto, sea lo primero señalar que los artículos 20, 24 y 25 del

Decreto 1420 de 1998 establecen el contenido que deben tener los

informes de avalúo, la forma en que se calcula el daño emergente

en la determinación del bien expropiado y cuáles son los métodos

aplicables a ellos, sin que en ninguna de las mencionadas

disposiciones se señale que para la determinación del precio

indemnizatorio por la expropiación por vía administrativa de un bien

inmueble prevista en la Ley 388 de 1997 se requiera la elaboración

de un avalúo adicional al realizado por CATASTRO.

Ahora, sobre la posibilidad de solicitar un segundo avalúo cuando se

encuentra vigente el realizado por CATASTRO, la Sala en sentencia

de 24 de julio de 202517, sostuvo lo siguiente:

“[…] 133. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 388 de 1997,
el precio de adquisición de los inmuebles corresponde a su valor
comercial, el cual debe ser determinado por el IGAC, por la
entidad que cumpla sus funciones en el territorio, o por peritos
privados inscritos en las respectivas lonjas o asociaciones
profesionales.

134. Por su parte, el artículo 2 del Decreto 583 de 15 de
diciembre de 2011 establece que las entidades y organismos
del orden distrital deben solicitar a la UAECD la elaboración de

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 24 de
julio de 2025. Proceso núm: 25000-23-41-000-2016-00605-01; M.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.

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los avalúos comerciales de los inmuebles requeridos para el
cumplimiento de sus funciones misionales.

135. En el mismo sentido, el numeral 5 del artículo 3 del
Acuerdo 004 de 2012 asigna como función de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital la elaboración de
avalúos comerciales solicitados por entidades distritales y
empresas privadas, siendo este el caso del avalúo requerido por
el IDU en el presente proceso de expropiación.

136. Además, el artículo 12 del Decreto 1420 de 1998 establece
que el avalúo puede ser solicitado tanto a lonjas de propiedad
raíz ubicadas en el municipio o distrito del inmueble como al
IGAC o a la entidad que cumpla sus funciones en la jurisdicción
correspondiente. El parágrafo de esta disposición aclara
que, mientras esté vigente el avalúo, no puede pedirse a
otra entidad, salvo que haya vencido el término legal
para su elaboración. Por su parte, el artículo 19 del
mismo decreto señala que los avalúos tienen una
vigencia de un año desde su expedición o desde la fecha
en que se resuelva su revisión o impugnación.

137. En este caso, el avalúo fue elaborado el 13 de
noviembre de 2014, por lo que, conforme a las normas
aplicables, no procedía que se solicitara otro avalúo a
una entidad diferente, pues la UAECD era competente
para realizarlo dentro del término legal […]”. (Destacado
de la Sala).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que no asiste

razón a la recurrente cuando estima que dentro del proceso de

expropiación por vía administrativa era necesario efectuar al menos

dos avalúos y ponderarlos para establecer el precio indemnizatorio,

por lo que tampoco prospera este cargo.

• Sobre los descuentos efectuados en la resolución
demandada

En lo que tiene que ver con la inconformidad de la actora respecto

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de los descuentos efectuados sobre la suma reconocida por

concepto de daño emergente, de la revisión de la resolución

demandada se observa que el IDU descontó lo correspondiente a

gastos de escrituración del predio expropiado, desconexión de los

servicios públicos domiciliarios y pago del impuesto predial.

En cuanto a la procedencia de dichos descuentos, la Sección

Primera, en sentencia de 27 de febrero de 202518, precisó lo

siguiente:

“[…] 103. En el caso concreto, en el avalúo de indemnización se
establecieron las siguientes deducciones: a) gastos por notaría
y registro; b) gastos por desconexión de servicios públicos y c)
el impuesto predial.

104. En la Resolución núm. 14406 de 2015 en el parágrafo del
artículo 2 se indicó que no se aplicaba el artículo 129 de la
Ley 142 de 1994, que establece la cesión de los contratos
de servicios públicos con ocasión a la transferencia del
dominio, teniendo en cuenta que los predios adquiridos
por el IDU por motivos de utilidad pública e interés social
son destinados exclusivamente a la construcción de
obras de infraestructura vial lo que implica un cambio en la
naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble con
vocación de domicilio para convertirse en un bien de uso
público dejando por ello de ser destinatario de servicios
públicos domiciliarios.

105. En relación con las deducciones realizadas por gastos de
registro, el artículo 4 de la Ley 1579 de 2012, indica que
están sujetos a registro: “[…] Todo acto, contrato,
decisión contenido (sic) en escritura pública, providencia
judicial, administrativa o arbitral que implique
constitución, declaración, aclaración, adjudicación,
modificación, limitación, gravamen, medida cautelar,

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 27 de
febrero de 2025. Proceso núm. 25000234100020150240201 M.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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traslación o extinción del dominio u otro derecho real
principal o accesorio sobre bienes inmuebles […]”.
(Destacado fuera de texto)

106. De acuerdo con lo anterior, el objeto del acto que se
pretende registrar es la transferencia de dominio de
bienes inmuebles, el cual está sujeto a registro en el folio
de matrícula inmobiliaria del bien inmueble expropiado,
por lo tanto, se causa el impuesto de registro como lo
indica el artículo 228 de la Ley 223 de 1995.

107. El artículo 229 de la mencionada ley indica que “[…] [e]n
los actos, contratos o negocios jurídicos sujetos al impuesto de
registro en los cuales participen entidades públicas y
particulares, la base gravable está constituida por el 50% del
valor incorporado en el documento que contiene el acto o por la
proporción del capital suscrito o del capital social, según el
caso, que corresponda a los particulares […]”. (Destacado fuera
de texto). Igualmente, el artículo 3 del Decreto 0650 de
199643 determina que tampoco genera el impuesto de registro,
el 50% del valor incorporado en el documento que contiene el
acto, contrato, o negocio jurídico o la proporción del capital
suscrito o capital social que corresponda a las entidades
públicas, cuando concurran entidades públicas y particulares. La
Sala considera, del análisis de las normas anteriores, que el
presupuesto sobre el que recae el impuesto de registro no es
otro que la naturaleza jurídica de las partes que intervienen en
el acto, contrato o negocio jurídico objeto del registro. En
consecuencia, la sujeción pasiva incide en los particulares, lo
que excluye a las entidades públicas del pago del impuesto
[…]”.

Adicionalmente, la Sala observa que la recurrente mencionó los

descuentos realizados por concepto de retención de 2.5% por

enajenación de bienes raíces y 20% por lucro cesante, respecto de

los cuales se le pone de presente que corresponde a descuentos de

ley a cargo de quien recibe una suma de dinero.

En efecto, la Sección Primera, en sentencia de 27 de febrero de

2025 anteriormente mencionada, sostuvo:

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“[…] 108. Adicionalmente, el demandante cuestiona los
descuentos realizados por la entidad expropiante al momento
del pago “[…] como una retención del 2.5% por enajenación de
bienes raíces, más la suma del 20% de los ingresos que
perciben por lucro cesante […]”. La Sala considera, que el
asunto referido tiene que ver con deducciones realizadas al
momento del pago por parte de la Subdirección Técnica de
Tesorería y Recaudo en relación con la imputación contable, los
cuales corresponden a descuentos de ley, a cargo de quién
recibe las sumas de dinero.

109. Por un lado, la retención en la fuente del 2.5% se
configura cuando el comprador es una persona jurídica, de
acuerdo con el artículo 4 del Decreto 260 de 2001 modificado
por el artículo 1 del Decreto Nacional 2418 de 2013; y por el
otro, la retención en la fuente del 20% lucro cesante de
residentes, constituye un ingreso gravado según el artículo
401-2 del Estatuto Tributario que señala: “[…] Los pagos o
abonos en cuenta por concepto de indemnizaciones diferentes a
las indemnizaciones salariales y a las percibidas por los
nacionales como resultado de demandas contra el Estado y
contempladas en los artículos 45 y 223 del Estatuto Tributario,
estará sometida a retención por concepto de renta […]. Si los
beneficiarios del pago son residentes en el país, la tarifa de
retención por este concepto será del veinte por ciento (20%)
[…]” (Destacado fuera de texto).

110. Para la Sala, no tienen vocación de prosperidad las
solicitudes realizadas por el demandante, de acuerdo con los
argumentos y las normas señaladas […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en el presente

caso era dable efectuar los descuentos correspondientes a gastos

de escrituración del predio expropiado, desconexión de los servicios

públicos domiciliarios, pago del impuesto predial y demás

descuentos de ley, por lo que tampoco prospera el argumento

expuesto por la recurrente.

• Respecto de la estratificación del bien inmueble expropiado

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La actora estima que el avalúo oficial realizado por CATASTRO no

tuvo en cuenta que durante el trámite de expropiación el sector en

el que se ubicaba el inmueble pasó del estrato socioeconómico 2 al

3, circunstancia que, a su juicio, debió incidir en el valor

indemnizatorio reconocido.

Al respecto, la Sala advierte que el avalúo oficial 2014-1909

realizado por CATASTRO frente al inmueble expropiado fue

efectuado el 22 de octubre de 2014 con fundamento en la visita

técnica de 16 de ese mes y año, momento para el cual el predio

expropiado se encontraba clasificado como estrato 2, por lo que el

avalúo debía realizarse con fundamento en dicha clasificación.

Ahora, el hecho de que posteriormente, mediante la Resolución

núm. 0039 de 5 de junio de 2015, se aceptara la solicitud de

cambio de estrato asignado al predio expropiado clasificándolo

como estrato 3 no afecta el precio indemnizatorio fijado por el acto

demandado, toda vez que este se determina con el estrato vigente

al momento de la realización del avalúo.

Sobre el tema, la Sección Primera, en sentencia de 24 de julio de

202519, señaló:

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
julio de 2025, MP Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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“[…] 122. En el momento en que se realizó el informe técnico
de avalúo comercial, el sector en el que se encontraba ubicado
el inmueble correspondía al estrato 2. Por lo tanto, el avalúo
debió realizarse conforme al estrato legalmente establecido en
ese entonces, tal como se procedió en este caso concreto.

123. Es importante precisar que, aunque mediante la
Resolución núm. 0053 de 9 de septiembre de 2015 el director
de Estratificación de la Secretaría Distrital de Planeación
modificó el estrato asignado por el Decreto Distrital de 26 de
junio de 2013 a la vivienda, este hecho no constituye un
argumento válido para modificar el valor de la indemnización,
en consideración a que conforme al numeral 8° del artículo 22
del Decreto 1420 de 1998, el estrato vigente para el predio en
el año 2014 era el estrato 2 y, en consecuencia, el avalúo debe
basarse en esa estratificación […]”.

Lo anterior, descarta los argumentos expuestos por la recurrente.

• Sobre la delegación a CATASTRO frente a la determinación

del daño emergente y lucro cesante

Ahora, en cuanto a que el IDU no podía delegar a CATASTRO la

función de establecer el daño emergente y el lucro cesante para

determinar el precio indemnizatorio, la Sala advierte que dicho

planteamiento solo fue aducido en el recurso de apelación, lo que

constituye un nuevo cargo contra el acto acusado, que no fue

invocado en la demanda, situación que a todas luces resulta

improcedente, no solo por extemporáneo, pues, se insiste, el

momento procesal oportuno era la demanda o su adición. De

acogerse su estudio se violaría el derecho de defensa y

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contradicción de la parte demandada en el proceso, siendo deber

del juez hacer efectiva la igualdad de estas en el mismo.

Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre

ellos, en sentencia de 31 de mayo de 201820, en la que se precisó:

“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de
inconformidad de la parte apelante involucran normas que no
fueron invocadas en la demanda como violadas, pues las
indicadas en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58
de la Constitución Política y 66 de la Ley 388.

A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia
significa, ni más ni menos, la formulación de nuevos
cargos contra los actos acusados, lo cual resulta a
todas luces improcedente, no solamente por
extemporáneos, pues el momento procesal es en la demanda
o su adición, sino en razón a que de acometer su estudio se
estaría violando el derecho de defensa de la parte
demandada en el proceso y el deber del juez de hacer
efectiva la igualdad de las partes en el mismo.

Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los
cuestionamientos que formula el recurrente con base en los
artículos 29 y 58 de la Constitución Política y 66 de la Ley
388, y no así a los artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo
de falsa motivación. […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en sentencia de 8 de octubre de 202021, la Sección

consideró que el ad quem no puede abordar materias o cuestiones

que se plantean en la apelación, que no hacen parte del concepto

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-
00074-02.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-
00135-01.

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de violación del libelo, ni de lo que la sentencia de primera instancia

estudió, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales

al debido proceso y de defensa de la contraparte en el proceso, en

los siguientes términos:

“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los
procesos ordinarios el recurso de apelación tiene límites,
toda vez que debe guardar correspondencia con el petitum
de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la
sustentan, los argumentos de oposición a la misma y las
consideraciones que sirven de sustento al a quo para
fundamentar la sentencia. Sobre el particular, esta Sección
precisó:

“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso,
pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el
marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
[…] Sobre el particular, esta Sección en diversas
oportunidades ha puesto de presente que “[…] el juez de la
segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que
esté facultado para pronunciarse sobre aspectos o puntos de
la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede
abordar materias o cuestiones que se plantean en la
apelación, pero que no hacen parte del concepto de
violación del libelo, ni que la sentencia de primera
instancia estudió” […] La Sala reitera que en virtud de
los principios de lealtad procesal, contradicción y de
defensa y la congruencia que debe existir entre el
recurso, la sentencia censurada, el concepto de
violación de la demanda y los argumentos expuestos
en la contestación de la misma, imponen que al
apelante le esté vedado exponer en el recurso de
apelación hechos, cargos y presentar pretensiones
nuevas que no alegó ni en la demanda ni en la
contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede
abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es
su deber salvaguardar los derechos fundamentales al

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debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso […]”22. (Resaltado fuera de texto).

Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y
probatorio, para que el superior funcional las revoque,
modifique o adicione; en esa medida, no es un
instrumento para incluir cargos nuevos en contra del
acto administrativo acusado porque ello desconocería los
principios de lealtad procesal, contradicción, defensa y
congruencia que debe existir entre el recurso y la sentencia
apelada. […]” (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo

alguno sobre el nuevo cargo, habida cuenta que solo fue invocado

como argumento de defensa en el recurso de apelación. Proceder

de manera contraria rompería el equilibrio procesal y la igualdad de

las partes, pues la parte demandada no tendría la posibilidad de

controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue

planteado en la demanda23.

• Conclusión

Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados

por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad

necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara al

acto administrativo acusado, toda vez que en el plenario no se

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
diciembre de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 08001 23 31 000
2009 01122 01.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación
23001233300420160014301.

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encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección

del avalúo oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio

indemnizatorio reconocido y pagado a los actores, con ocasión de la

expropiación administrativa dispuesta mediante las resoluciones

acusadas.

En consecuencia, la Sala ordenará confirmar la sentencia apelada,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este

proveído.

COSTAS PROCESALES

Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con

lo previsto en el artículo 18824 del CPACA en armonía con el

numeral 8 del artículo 365 del CGP25, esto es, en aplicación de un

criterio objetivo valorativo26, la Sala condenará a la señora

Jeannete Del Socorro Burgos Escamilla en los términos de los

24
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
25
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
26
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.

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numerales 1 y 2 del artículo 36527 ibidem, al pago de las costas en

esta instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso28 y por las agencias en derecho29”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención del IDU, parte demandada, a través de apoderado

judicial. Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación

se sujetará a la liquidación30 que realice el secretario de esta

Corporación y según la comprobación de que se incurrieron en

estos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

27
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella
[…]”.
28
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
29
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
30
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de esta
Corporación, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.

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artículo 366 del CGP31, se fijan como agencias en derecho, la suma

de 1 SMLMV a favor del IDU. Lo anterior, de conformidad con las

tarifas establecidas en el artículo 5°32 del Acuerdo PSAA16-10554

de 5 de agosto de 201633, expedido por el Consejo Superior de la

Judicatura, según la naturaleza del proceso, la calidad y duración

de la gestión realizada por la parte vencedora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de febrero de 2019,

proferida por la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de la

demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

31
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
32
“[…] ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS
EN GENERAL. […] En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V. […]”
33
Atendiendo a que el proceso se presentó ante el Tribunal a quo el 30 de agosto de 2016 y la
entidad demandada participó en esta instancia según se aprecia en el índice de SAMAI

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SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte

demandante y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano -

IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV al

momento de la ejecutoria de esta decisión, la cual deberá incluirse

en la liquidación de costas a pagar por la señora Jeannete del

Socorro Burgos Escamilla, parte actora.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de febrero de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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